Tema 98 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera

La condición de funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente cuatro requisitos: superar el proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Quien, superado el proceso, no acredite reunir los requisitos de la convocatoria no podrá ser funcionario y sus actuaciones quedarán sin efecto.

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera

Cinco causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: la renuncia a la condición de funcionario; la pérdida de la nacionalidad; la jubilación total del funcionario; la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia

La renuncia voluntaria a la condición de funcionario se manifiesta por escrito y la Administración la acepta expresamente. No puede aceptarse si el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o se ha dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad

Perder la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento (la española, la de otro Estado miembro de la Unión Europea o la de Estados con libre circulación de trabajadores por tratados celebrados por la Unión Europea y ratificados por España) determina la pérdida de la condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público

La inhabilitación absoluta, como pena principal o accesoria, cuando la sentencia que la impone ha adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. La inhabilitación especial, también principal o accesoria y con sentencia firme, la produce solo respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Artículo 67. Jubilación

La jubilación del funcionario puede ser voluntaria (a solicitud suya, si reúne los requisitos del Régimen de Seguridad Social aplicable), forzosa (de oficio a los sesenta y cinco años) o por incapacidad permanente. Cabe solicitar la prolongación en el servicio activo como máximo hasta los setenta años; la Administración competente resuelve de forma motivada. Se excluye a quienes tengan normas estatales específicas de jubilación. En el Régimen General, la edad forzosa es la de sus normas para la pensión contributiva sin coeficiente reductor por edad.

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario

Hay dos vías de rehabilitación. Si la relación de servicios se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado puede solicitarla una vez desaparecida la causa objetiva, y le será concedida. Si la condición se perdió por condena a pena principal o accesoria de inhabilitación, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán concederla con carácter excepcional, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito; sin resolución expresa en plazo, se entiende desestimada.

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera se hallan en servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. Las leyes de Función Pública de desarrollo pueden regular otras situaciones cuando concurra, entre otras, alguna de estas circunstancias: imposibilidad transitoria de asignar puesto por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, o conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo; acceso a otros cuerpos o escalas, o paso al sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Artículo 86. Servicio activo

Están en servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública de desarrollo del Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad de destino, y no les corresponda otra situación. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a sus deberes y responsabilidades. Se rigen por el Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales

Pasa a servicios especiales, entre otros supuestos, quien es miembro del Gobierno o alto cargo, realiza una misión internacional superior a seis meses, es Diputado, Senador o parlamentario autonómico con retribuciones periódicas, desempeña cargos electivos locales retribuidos y de dedicación exclusiva, es personal eventual y no opta por el servicio activo, o es activado como reservista voluntario. Percibe las retribuciones del cargo, más los trienios; el tiempo computa para ascensos, trienios, promoción interna y Seguridad Social, y puede reingresar, al menos, en la misma localidad.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas

Quien obtiene destino en otra Administración por transferencias o por provisión de puestos queda en servicio en otras Administraciones Públicas. Los transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en su Función Pública, en servicio activo en ella, respetando Grupo o Subgrupo y derechos económicos, y mantienen sus derechos en origen. Los que obtuvieron puesto por provisión se rigen por la legislación de la Administración de destino, conservan su condición de funcionario de la de origen y pueden participar en sus convocatorias; ese tiempo computa como servicio activo en origen.

Artículo 89. Excedencia

Modalidades: voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por violencia de género o sexual y por violencia terrorista. Interés particular: cinco años de servicios inmediatamente anteriores, subordinada a las necesidades del servicio, sin retribuciones ni cómputo. Cuidado de hijo o de familiar hasta segundo grado: máximo tres años, computable, reserva del puesto al menos dos años. Violencia de género: reserva seis meses, prorrogable por tres meses hasta dieciocho, y retribuciones íntegras los dos primeros meses.

Artículo 90. Suspensión de funciones

El funcionario en suspensión queda privado, mientras dure, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. Si la suspensión excede de seis meses, pierde el puesto de trabajo. La suspensión firme se impone por sentencia dictada en causa criminal o por sanción disciplinaria; la disciplinaria no puede exceder de seis años. El suspenso no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en sus organismos, agencias o entidades de derecho público. Cabe también la suspensión provisional durante un procedimiento judicial o expediente disciplinario.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo

Los plazos, procedimientos y condiciones para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera se regulan reglamentariamente, según las situaciones administrativas de procedencia. Esa regulación ha de respetar el derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al Estatuto.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos que le sean de aplicación. Los convenios colectivos pueden determinar que este capítulo se aplique al personal incluido en su ámbito de aplicación, pero solo en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 116. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera

La condición de personal funcionario de carrera se adquiere cumpliendo sucesivamente: superación del proceso selectivo, incluidas, en su caso, prácticas o pruebas; acreditación, en su caso, de los requisitos de la convocatoria dentro del plazo que se establezca y siempre antes del nombramiento; nombramiento publicado en el BOJA o boletín correspondiente; acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía para Andalucía y del resto del ordenamiento jurídico; y toma de posesión en plazo. Quien no acredite los requisitos no puede ser nombrado y quedan sin efecto las actuaciones.

Artículo 117. Causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera

Son cinco las causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera: la renuncia a la condición de personal funcionario; la pérdida de la nacionalidad, salvo que no sea requisito de acceso, en los términos del artículo 119; la jubilación total; la sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tenga carácter firme.

Artículo 118. Renuncia a la condición de personal funcionario

La renuncia voluntaria a la condición de personal funcionario debe manifestarse por escrito y ser aceptada expresamente por la Administración. No puede aceptarse cuando la persona esté sujeta a procedimiento disciplinario o se haya dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la presunta comisión de algún delito. La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 119. Pérdida de la nacionalidad

Determina la pérdida de la condición de personal funcionario la pérdida de la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento: la española, la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, por tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, se aplique la libre circulación de personas trabajadoras. La excepción: que de forma simultánea se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 120. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo

El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía puede solicitar prolongar su permanencia en el servicio activo hasta el límite de los setenta años. Se concede por períodos de un año, renovables anualmente a solicitud de la persona interesada; si no lo solicita en plazo, se declara de oficio la jubilación forzosa. La resolución es motivada y se basa en algunos de estos criterios: razones organizativas, evaluación del desempeño, capacidad psicofísica e informe favorable del órgano de personal. Quedan excluidos los cuerpos con normas específicas de jubilación.

Artículo 121. Rehabilitación de la condición de personal funcionario de carrera

Quien pierde la condición de funcionario de carrera por pérdida de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio puede solicitar la rehabilitación: la concede cada Consejería (o el órgano competente en las demás Administraciones), previa acreditación documental de que desapareció la causa. Si la pérdida fue por condena a inhabilitación, el Consejo de Gobierno puede concederla con carácter excepcional; el silencio es desestimatorio. Al rehabilitado se le adjudica un puesto provisional y debe concursar; el período intermedio no computa para ascensos ni trienios.

Artículo 122. Adquisición y pérdida de la condición de personal laboral fijo

La condición de personal laboral fijo se adquiere cumpliendo sucesivamente cinco requisitos: superar el proceso selectivo; formalizar el contrato por el órgano competente (su inscripción en el Registro General de Personal es el momento en que la Junta manifiesta su voluntad de contratar); acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento; incorporarse al puesto en plazo, y superar el período de prueba que corresponda. Se pierde por las causas de extinción del contrato de la normativa laboral y del convenio, incluida la no superación del período de prueba.

Artículo 144. Situaciones administrativas del personal funcionario de carrera

El personal funcionario de carrera se halla en alguna de estas siete situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia voluntaria, excedencia forzosa, expectativa de destino y suspensión de funciones, en los términos de la normativa estatal básica y con las particularidades del título. Quien no esté en servicio activo puede cambiar de situación si reúne los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingresar antes al servicio activo.

Artículo 145. Servicio activo

Está en servicio activo quien presta servicios como personal funcionario de carrera en la Administración pública, siempre que no le corresponda quedar en otra situación. Quien está en servicio activo disfruta de todos los derechos inherentes a su condición de personal funcionario de carrera y queda sujeto a los deberes y responsabilidades derivados de ella.

Artículo 146. Servicios especiales

Servicios especiales: se declara, entre otros, al ser miembro del Gobierno o alto cargo, por misión internacional de más de seis meses, parlamentario con retribución periódica, cargo electivo local retribuido y de dedicación exclusiva, personal eventual que no opte por el servicio activo o reservista voluntario activado. Se perciben las retribuciones del cargo, más los trienios. El tiempo computa para ascensos, carrera, trienios, promoción interna y Seguridad Social. Se reserva el mismo puesto si se obtuvo con carácter definitivo por concurso; en otro caso, reingreso en la misma localidad.

Artículo 147. Servicio en otras Administraciones públicas

Se declara en servicio en otras Administraciones públicas a quien obtiene destino en una Administración distinta por transferencias, concurso o libre designación. El transferido se integra plenamente en la función pública de destino, en servicio activo en ella, respetándose su grupo o subgrupo y los derechos económicos de su carrera. Quien llegó por concurso o libre designación se rige por la legislación de la Administración de destino, pero conserva su condición de funcionario de la Junta y el derecho a participar en sus convocatorias de provisión; ese tiempo le computa como servicio activo.

Artículo 148. Excedencia voluntaria

La excedencia voluntaria puede adoptar nueve modalidades: por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género, por razón de violencia terrorista, por prestación de servicios en el sector público andaluz, por incompatibilidad, con reserva de puesto e incentivada.

Artículo 149. Excedencia voluntaria por interés particular

Excedencia voluntaria por interés particular: exige dos años de servicios efectivos inmediatamente anteriores en cualquier Administración pública y obliga a permanecer en ella un mínimo de un año; para repetirla, dos años de servicios efectivos desde el final de la anterior. Queda subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas y no cabe con procedimiento disciplinario en instrucción o sanción pendiente de cumplir. También se declara si no se solicita el reingreso en plazo. No se devengan retribuciones ni computa para ascensos, trienios y Seguridad Social.

Artículo 150. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Excedencia voluntaria por agrupación familiar: puede concederse, sin el requisito de servicios efectivos previos y con permanencia mínima de un año, al funcionario de carrera cuyo cónyuge o pareja de hecho resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en las Administraciones y entidades que el precepto enumera. No se devengan retribuciones ni computa para ascensos, trienios y Seguridad Social; se puede participar en cursos de formación de la Administración, sin derecho a indemnización.

Artículo 151. Excedencia por cuidado de familiares

Excedencia por cuidado de familiares: derecho a un período no superior a tres años, sin servicios previos mínimos, para cuidar de cada hijo o hija (por naturaleza, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente) o del cónyuge, pareja de hecho o familiar a cargo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o persona bajo su guarda y custodia, que no pueda valerse por sí misma y no desempeñe actividad retribuida. Puede fraccionarse; el período es único por persona causante. Computa para trienios y carrera, con reserva del puesto definitivo.

Artículo 152. Excedencia por razón de violencia de género

Las funcionarias víctimas de violencia de género pueden solicitar la excedencia sin tiempo mínimo de servicios previos ni plazo de permanencia. Durante los doce primeros meses tienen reserva del puesto que desempeñen y el período computa para antigüedad y carrera profesional; si las actuaciones judiciales lo exigen, se puede prorrogar por tres meses hasta un máximo de dieciocho desde el inicio de la excedencia. Durante los cuatro primeros meses perciben las retribuciones íntegras. Pueden participar en cursos de formación de la Administración, sin derecho a indemnización.

Artículo 153. Excedencia por razón de violencia terrorista

El personal funcionario de carrera que haya sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, y también el personal amenazado en los términos dispuestos en la legislación estatal, tiene derecho a un período de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género, por el tiempo que resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede.

Artículo 154. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz

El funcionario de carrera que pase a prestar servicios como personal contratado de una agencia de régimen especial o de una agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía queda en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Ese trabajo se valora en los concursos de méritos de la Administración General de la Junta. La agencia le reconoce los servicios previos a efectos de antigüedad; al reingresar, el tiempo en la agencia computa para trienios. Reingresa en la misma localidad y con iguales retribuciones complementarias que su último puesto definitivo.

Artículo 155. Excedencia por incompatibilidad

Puede declararse la excedencia por incompatibilidad al funcionario de carrera que esté en servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o que pase a prestar servicios como laboral fijo o como directivo con contrato laboral de alta dirección en cualquier Administración pública, organismo o entidad del sector público y no le corresponda otra situación. En este segundo caso el tiempo computa para trienios al reingresar, salvo si los servicios se prestan en entidades del sector público con personalidad jurídica privada. Ser interino o laboral temporal no habilita para esta situación.

Artículo 156. Excedencia con reserva de puesto

Excedencia con reserva de puesto: puede solicitarse si las necesidades del servicio debidamente motivadas lo permiten y tras diez años de servicios efectivos en cualquier Administración pública; dura un mínimo de seis meses y un máximo de un año, y solo puede repetirse tras cinco años de servicios efectivos desde el final de la anterior. Durante ella no se puede prestar servicio en ninguna Administración pública, no se devengan retribuciones y el tiempo no computa para ascensos, trienios y Seguridad Social. No cabe con procedimiento disciplinario en instrucción o sanción pendiente.

Artículo 157. Excedencia voluntaria incentivada

El funcionario de carrera puede pedir la excedencia voluntaria incentivada si está afectado por una reasignación de efectivos derivada de un plan de ordenación de recursos humanos (desde la publicación del plan), en expectativa de destino o en excedencia forzosa por un plan de ordenación. Se concede a instancia de parte, con permanencia de cinco años. Da derecho, por una sola vez, a una mensualidad de las retribuciones periódicas del último puesto, sin pagas extraordinarias, por año completo de servicios, máximo doce meses. El tiempo no computa para carrera, trienios ni Seguridad Social.

Artículo 158. Excedencia forzosa

La excedencia forzosa se produce: a) para quien está en expectativa de destino, por transcurrir su período máximo o incumplir sus obligaciones; b) para quien procede de suspensión, pide el reingreso y no puede concedérsele en seis meses desde la extinción de la responsabilidad, por falta de vacante dotada. Se perciben las retribuciones básicas y, si corresponde, las prestaciones familiares por hijos a cargo, y el tiempo computa para carrera, trienios y Seguridad Social. No se pueden ocupar puestos en el sector público, salvo los supuestos de incompatibilidades y previa autorización.

Artículo 159. Expectativa de destino

El funcionario de carrera afectado por la reasignación de efectivos del artículo 133 que no obtenga destino podrá ser declarado en expectativa de destino. Percibe las retribuciones básicas, el tramo de carrera consolidado y el cincuenta por ciento del complemento del puesto que ejercía. Está obligado a aceptar destino en puestos similares ofrecidos en la misma localidad, a participar en los concursos de puestos adecuados situados en esa localidad y en los cursos de capacitación a los que se le convoque. Dura como máximo un año; después se pasa a excedencia forzosa.

Artículo 160. Suspensión de funciones

La suspensión de funciones puede ser provisional o firme y priva del ejercicio de las funciones y de los derechos inherentes a la condición. La provisional cabe en un procedimiento disciplinario, por un máximo de seis meses salvo paralización imputable a la persona interesada, y en un procedimiento penal; durante ella se cobran las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo, y se mantiene el puesto definitivo. La firme se impone por sentencia penal o sanción disciplinaria; por sanción no puede exceder de seis años y supone perder el puesto si excede de seis meses.

Artículo 161. Suspensión de funciones por razón de procedimiento o condena penal

Si en un procedimiento penal se acuerda prisión provisional u otras medidas que impidan desempeñar el puesto, se declara la suspensión provisional por todo ese tiempo, con las retribuciones básicas y, en su caso, prestaciones por hijo a cargo, y se mantiene el puesto definitivo. Sin esas medidas, la persona encausada puede ser suspendida, previa audiencia y motivadamente, si lo justifica la naturaleza de los hechos; entonces percibe la totalidad de sus retribuciones. La condena firme que impida desempeñar el puesto lleva a suspensión firme, con pérdida del puesto si excede de seis meses.

Artículo 162. Reingreso al servicio activo

El funcionario de carrera sin puesto reservado reingresa de forma ordinaria participando en las convocatorias de concurso o libre designación. También puede reingresar por adjudicación provisional de una vacante adecuada y dotada presupuestariamente, en los términos del artículo 134. Un reglamento regulará plazos, procedimientos y condiciones según la situación de procedencia, respetando la reserva de puesto cuando proceda; en los demás casos el reingreso depende de que exista vacante dotada. El reglamento fijará también el orden de prelación si coinciden varias solicitudes sin reserva.

Artículo 163. Situaciones administrativas del personal funcionario interino

El funcionario interino puede estar en servicio activo, excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género o por violencia terrorista, y suspensión de funciones. Cesa, esté en activo, excedente o suspendido, si su puesto se provee reglamentariamente o concurre una causa legal de cese; también por suspensión firme superior a seis meses. Su nombramiento puede suspenderse por designación por decreto del Consejo de Gobierno para un alto cargo, por nombramiento como eventual, por ser miembro del Parlamento de Andalucía o de las Cortes Generales o por cargo electivo local en Andalucía.

Artículo 164. Situaciones administrativas del personal laboral

Los convenios colectivos podrán determinar que al personal laboral incluido en su ámbito de aplicación se le apliquen las situaciones administrativas previstas en el título de la ley dedicado a ellas, pero solo en todo aquello que resulte compatible con la legislación laboral. Es una posibilidad que queda en manos del convenio, no una aplicación directa.

Artículo 1

Define al funcionario de la Administración pública con tres notas: es una persona incorporada a ella por una relación de servicios profesionales, esos servicios son retribuidos y la relación está regulada por el Derecho administrativo.

Artículo 2

Los funcionarios de la Administración civil del Estado se rigen por esta Ley, sin perjuicio de las normas especiales aplicables en virtud de ella. Quedan excluidos: los de la Administración de Justicia (disposiciones especiales), los de los Organismos autónomos del artículo 82 de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (su Estatuto) y los que no perciban sueldos o asignaciones con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado. Para los demás funcionarios, sea cual sea su clase y Entidad, la Ley es supletoria.

Artículo 3

Los funcionarios que se rigen por esta Ley pueden ser de carrera o de empleo. Los de carrera se integran en Cuerpos generales y Cuerpos especiales. Los de empleo pueden ser eventuales o interinos.

Artículo 4

Son funcionarios de carrera quienes reúnen cuatro notas: nombramiento legal, desempeño de servicios de carácter permanente, figurar en las correspondientes plantillas y percibir sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 5

El apartado 1 está derogado. Son interinos quienes, por justificada necesidad y urgencia, con nombramiento legal y habiendo puestos dotados presupuestariamente, desarrollan funciones retribuidas mientras no puedan hacerlo funcionarios de carrera y sigan esas razones. Cesan si la plaza se provee por funcionario de carrera, se extingue la reserva del sustituido, se amortiza la plaza o la Administración considera que ya no hay necesidad o urgencia. Sus plazas van a la oferta de empleo público inmediatamente posterior al año de permanencia, salvo las de sustitución de funcionarios con reserva.

Artículo 6

Artículo 7

Son trabajadores al servicio de la Administración civil los contratados por ella con dicho carácter, de acuerdo con la legislación laboral, que les es plenamente aplicable. En todo caso, su admisión debe estar autorizada reglamentariamente.

Artículo 8

La competencia en materia de personal al servicio de la Administración Civil del Estado la ejercen: el Consejo de Ministros; el Presidente del Gobierno; el Ministro de Economía y Hacienda; los Ministros, Subsecretarios y Directores Generales; y la Comisión Superior de Personal. Las resoluciones relativas a personal que dicte cualquiera de ellos, en la esfera de su respectiva competencia, ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 9

La Comisión Superior de Personal, en la Presidencia del Gobierno, la preside el Ministro Subsecretario. Vocales natos: los Subsecretarios de los Ministerios civiles, los Directores generales del Tesoro y de Presupuestos, el Secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno, el Presidente del Patronato y el Director del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Un Vicepresidente (tratamiento y retribución de Subsecretario), un Secretario general (de Director general) y tres Vocales Permanentes se designan por Decreto, a propuesta de la Presidencia del Gobierno.

Artículo 10

Para estudiar las cuestiones de la competencia de la Comisión Superior de Personal, el Presidente o, en su caso, el Vicepresidente pueden designar Ponencias de trabajo, que actúan bajo su presidencia y se componen de los Vocales que se determinen en cada caso y del Secretario general de la Comisión. A efectos de información y coordinación, la Comisión puede convocar a los Oficiales Mayores o Jefes de Secciones de Personal de los Departamentos ministeriales.

Artículo 11

Impone una obligación general: todos los Organismos y Dependencias de la Administración deben facilitar a la Comisión Superior de Personal cuantos antecedentes e informes sean precisos para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 12

En la Secretaría General de la Comisión Superior existe un Registro de personal al servicio de la Administración civil del Estado. La Autoridad que acuerde un nombramiento o contratación debe comunicarlo a esa Secretaría General, que inscribe al interesado y le notifica el número de inscripción. La inscripción es requisito indispensable para acreditar haberes. También se le comunican los nombres de los funcionarios civiles que cesen por cualquier causa. Las normas del Registro las dicta la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal.

Artículo 13

La competencia en materia de funcionarios públicos del Consejo de Ministros, del Presidente del Gobierno, de los Ministros, de los Subsecretarios y de los Directores generales se ejerce de acuerdo con las reglas de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y con las de los artículos siguientes.

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Compete a los Ministros la dirección, gobierno y régimen disciplinario del personal adscrito al Departamento y, en especial: convocar, previo informe de la Comisión Superior de Personal, las pruebas de ingreso en los Cuerpos especiales del Departamento; nombrar a los funcionarios de Cuerpos especiales, dando cuenta a dicha Comisión; aprobar las relaciones de funcionarios de esos Cuerpos; comunicar a la Presidencia del Gobierno las vacantes de Cuerpos generales en su Departamento; proveer las plazas de libre designación; y aprobar las comisiones de servicio con derecho a indemnizaciones.

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Al Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios le competen las tareas de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración civil del Estado, además de cuantas le confiere la presente Ley.

Artículo 23

Los Cuerpos Generales ejercen las funciones comunes a la actividad administrativa, salvo las plazas reservadas a otra clase de funcionarios. Son: Técnico (gestión, estudio y propuesta de nivel superior; enseñanza superior universitaria o técnica; plazas de mayor responsabilidad, para quienes tengan diploma de directivos), Administrativo (trámite y colaboración; Bachillerato superior o equivalente, o condiciones del artículo 31), Auxiliar (taquigrafía, mecanografía, cálculo sencillo; enseñanza media elemental) y Subalterno (vigilancia, custodia, porteo; certificado de enseñanza primaria).

Artículo 24

Son funcionarios de Cuerpos especiales los que ejercen actividades que constituyen el objeto de una peculiar carrera o profesión y los que tienen asignado ese carácter por las circunstancias de la función administrativa encomendada. Los nuevos Cuerpos especiales deben crearse por Ley. Se rigen por sus disposiciones específicas y por las normas de esta Ley referidas a ellos; en todo caso se les aplica el presente título, salvo la sección 2.ª de este capítulo, las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo II (excepto el artículo 34, que sí se aplica) y la sección 2.ª del capítulo V.

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Para cada Cuerpo se forma una relación circunstanciada de todos sus funcionarios, cualquiera que sea su situación, excepto los jubilados. Se ordenan por la fecha de su nombramiento, respetando el orden de promoción obtenido en las pruebas selectivas. Las relaciones se rectifican con la periodicidad que se determine y se publican en el «Boletín Oficial del Estado». En ellas constan las circunstancias que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 28

Cada funcionario tiene una hoja de servicios. La de los Cuerpos generales la lleva la Comisión Superior de Personal y de ella se remite copia al Departamento de destino; la de los Cuerpos especiales la abren los Ministerios de que dependan, que remiten copia a la Comisión. En ella constan los servicios prestados, los actos sobre nombramiento, situación, plazas, comisiones de servicios, remuneración, diplomas, premios, sanciones y licencias, las circunstancias personales, los títulos académicos y profesionales y los méritos. Cualquier anotación se comunica a la Comisión Superior de Personal.

Artículo 29

La selección de los aspirantes al ingreso en los Cuerpos de la Administración civil del Estado se hace mediante convocatoria pública y la práctica de las pruebas selectivas correspondientes. Si se trata de ingreso en los Cuerpos generales, las pruebas se efectúan a través del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, ante un Tribunal cuya composición se determina reglamentariamente.

Artículo 30

Para ser admitido a las pruebas selectivas previas al ingreso en la Administración hace falta: ser español; tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad que se establezca para cada Cuerpo; poseer el título exigible o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias; no padecer enfermedad o defecto físico que impida las funciones; y no haber sido separado por expediente disciplinario del servicio del Estado o de la Administración local ni hallarse inhabilitado. La mujer puede participar conforme a la Ley 56/1961.

Artículo 31

Artículo 32

Quienes superan las pruebas selectivas son nombrados funcionarios en prácticas, con los efectos económicos que se determinen, si ya no lo fueran en propiedad. Deben seguir con resultado satisfactorio un curso selectivo y un período de práctica administrativa; al finalizarlos se establece el orden de los ingresados en cada promoción, que queda reflejado en su hoja de servicios. Superados ambos, el Ministro Subsecretario de la Presidencia confiere a los candidatos calificados como aptos el nombramiento de funcionarios de carrera.

Artículo 33

Los funcionarios de los Cuerpos generales tienen el deber de asistir a cursos de perfeccionamiento, previa autorización del Subsecretario del Departamento en que presten sus servicios. La periodicidad y las características de esos cursos las establece la Presidencia del Gobierno. Todo ello sin perjuicio de las enseñanzas que se organicen en cada Ministerio en relación con la materia de su competencia.

Artículo 34

Los diferentes Departamentos ministeriales podrán organizar cursos de perfeccionamiento para los funcionarios de los Cuerpos especiales, y lo harán en colaboración con el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. El artículo lo formula como una posibilidad («podrán») y lo refiere a los Cuerpos especiales.

Artículo 35

Se anotan en la hoja de servicios de los interesados los distintos grados y cursos de perfeccionamiento seguidos por los funcionarios, y también los certificados de aptitud y de estudios. Son, por tanto, cuatro cosas las que se anotan: grados, cursos de perfeccionamiento, certificados de aptitud y certificados de estudios.

Artículo 36

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de estos requisitos: superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos de formación que sean procedentes; nombramiento conferido por la autoridad competente; y tomar posesión dentro del plazo de un mes, a contar de la notificación del nombramiento. La letra c) está derogada.

Artículo 37

La condición de funcionario se pierde por renuncia, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria de separación del servicio y pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta; también por inhabilitación especial en las funciones del puesto o empleo especificado en la sentencia. La relación funcionarial cesa además por jubilación forzosa o voluntaria. Puede solicitarse la rehabilitación tras cambio de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente; los Órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas podrán concederla al condenado a inhabilitación.

Artículo 38

La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para nuevo ingreso en la función pública. Si una mujer casada con extranjero recupera la nacionalidad española, se podrá solicitar la rehabilitación de la cualidad de funcionario. En cambio, la pérdida de la condición de funcionario por separación del servicio tiene carácter definitivo.

Artículo 39

Procede también la jubilación cuando el funcionario padezca incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, bien por inutilidad física o debilitación apreciable de facultades; exige instrucción previa de expediente, que puede iniciarse de oficio o a instancia del funcionario interesado. Subsiste la posibilidad de prórroga en el servicio activo, en las condiciones y con los requisitos actualmente exigibles, para alcanzar el mínimo de servicios computables para causar haberes pasivos de jubilación. Los apartados 1 y 3 están derogados.

Artículo 40

Los funcionarios pueden hallarse en alguna de estas cuatro situaciones: servicio activo, excedencia en sus diversas modalidades, supernumerario y suspensión. El artículo se limita a enumerarlas; la excedencia figura como una sola situación, aunque con diversas modalidades.

Artículo 41

Hay servicio activo cuando el funcionario ocupa plaza de la plantilla de su Cuerpo o de la que sea titular; cuando por decisión ministerial sirve un puesto de libre designación en el propio Departamento; y cuando tiene conferida una comisión de servicio temporal, en su Ministerio o en otro, o para misiones de cooperación internacional. Esta última no da lugar a dietas y, salvo casos excepcionales, no dura más de seis meses. Las licencias o permisos reglamentarios no alteran el servicio activo, en el que se tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades.

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

La excedencia forzosa se produce por reforma de plantilla o supresión de la plaza que signifiquen el cese obligado en el servicio activo, y por imposibilidad de obtener el reingreso cuando se cesa con carácter forzoso como supernumerario. Los excedentes forzosos perciben un sueldo personal y el complemento familiar, con abono del tiempo a efectos pasivos y de trienios; igual los diplomáticos disponibles. La Presidencia del Gobierno (Cuerpos generales) y los Ministerios (Cuerpos especiales) podrán disponer su incorporación obligatoria a puestos de su Cuerpo si el servicio lo exige.

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

El funcionario declarado en la situación de suspenso queda privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos y prerrogativas anejas a su condición de funcionario. La suspensión puede ser de dos clases: provisional o firme.

Artículo 48

La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación del procedimiento judicial o disciplinario que se instruya al funcionario. La declara la autoridad u órgano competente para ordenar la incoación del expediente.

Artículo 49

El suspenso provisional percibe el 75 por 100 de su sueldo y la totalidad del complemento familiar; no se le acredita haber alguno en caso de incomparecencia o declaración de rebeldía. La suspensión provisional por expediente disciplinario no puede exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado, que determina la pérdida de toda retribución hasta que el expediente sea resuelto. Si la suspensión no se declara firme, su tiempo se computa como de servicio activo y se acuerda la inmediata reincorporación, con todos los derechos económicos y demás que procedan.

Artículo 50

La suspensión es firme cuando se impone por condena criminal o sanción disciplinaria, y determina la pérdida del puesto de trabajo. La inhabilitación especial para la carrera de funcionario o la absoluta para funciones públicas, si son perpetuas, determinan la baja definitiva, sin otra reserva de derechos que los consolidados a efectos pasivos. La suspensión firme por sanción disciplinaria no puede exceder de seis años, y se abona el tiempo pasado en suspensión provisional. Durante el cumplimiento, el funcionario está privado de todos los derechos inherentes a su condición.

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

La Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministerios interesados, publica convocatoria común de las vacantes de los Cuerpos generales, que no tiene que determinar necesariamente el puesto de trabajo. Los Ministerios pueden proponerle incluir en las bases condiciones de capacidad, méritos o requisitos para las plazas de su Departamento y, en su caso, un curso de especialización para los funcionarios procedentes de distintos Departamentos. Resuelve la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, y asigna a cada Departamento los funcionarios correspondientes.

Artículo 59

La resolución de los concursos entre funcionarios se ajusta a las bases de la convocatoria, que tendrán en cuenta: antigüedad; servicios prestados en el propio Departamento de la vacante; eficacia demostrada en los destinos anteriores; posesión de diplomas, estudios o publicaciones directamente relacionados con la función; y, en su caso, la residencia previa del cónyuge funcionario en el lugar de la vacante. En cualquier caso, para aspirar a plaza de distintos Ministerios es condición indispensable haber servido durante los últimos tres años en el Ministerio del que se depende.

Artículo 60

Las vacantes que resulten una vez realizado el concurso entre funcionarios del Cuerpo llamado a desempeñarlas se incluyen en las convocatorias para el ingreso en ese Cuerpo. La adjudicación de las plazas a los funcionarios de nuevo ingreso se hace de acuerdo con las peticiones de los interesados, según el orden obtenido en las pruebas de selección.

Artículo 61

Si un concurso para cubrir una vacante queda desierto y, a juicio del Subsecretario del Departamento correspondiente, es urgente para el Servicio cubrirla, puede destinarse con carácter forzoso, en comisión de servicio, a un funcionario que sirva en el mismo Ministerio del que dependa la plaza y reúna las condiciones necesarias para ocuparla: el que tenga menor antigüedad de servicios en el Departamento o menores cargas familiares.

Artículo 62

El Subsecretario, en su Departamento, y el Vicepresidente de la Comisión Superior de Personal, entre Ministerios distintos, pueden autorizar excepcionalmente permutas entre funcionarios en activo o en excedencia especial si: los puestos son de igual naturaleza e idéntica forma de provisión; sus años de servicio no difieren en más de cinco; y hay informe previo de los jefes o de los Subsecretarios respectivos. No cabe otra permuta en diez años, ni si a alguno le faltan menos de diez para la jubilación forzosa. Se anulan si en los dos años siguientes un permutante se jubila voluntariamente.

Artículo 63

El Estado dispensa a los funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos y les otorga los tratamientos y consideraciones sociales debidos a su jerarquía y a la dignidad de la función pública. Tienen derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, incluida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por los motivos que enumera. A los de carrera se les asegura el derecho al cargo y, siempre que el servicio lo consienta, la inamovilidad en la residencia.

Artículo 64

Al incorporarse a su puesto de trabajo, los funcionarios deben ser informados por sus Jefes inmediatos de los fines, la organización y el funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y, en especial, de su dependencia jerárquica y de las atribuciones, deberes y responsabilidad que les incumben.

Artículo 65

Los Jefes deben solicitar periódicamente el parecer de cada uno de sus subordinados inmediatos acerca de las tareas que tienen encomendadas e informarse de sus aptitudes profesionales. El objeto es doble: poder asignarles los trabajos más adecuados y llevar a cabo un plan que complete su formación y mejore su eficacia.

Artículo 66

Los funcionarios que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus deberes pueden ser premiados, entre otras recompensas, con mención honorífica, premios en metálico y condecoraciones y honores. Se anotan en la hoja de servicios y cuentan como mérito en los concursos. Los Presupuestos Generales del Estado consignan créditos para conceder, con carácter extraordinario, premios en metálico por iniciativas y sugerencias de mejora de la Administración, servicios eminentes y méritos relevantes; su concesión se verifica en la forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 67

El Estado facilitará a sus funcionarios adecuada asistencia social, fomentando la construcción de viviendas, residencias de verano, instalaciones deportivas, instituciones educativas, sociales, cooperativas y recreativas y cuanto contribuya al mejoramiento de su nivel de vida, condiciones de trabajo y formación profesional y social. El régimen de seguridad social de los funcionarios será el que se establezca por ley especial.

Artículo 68

Todos los funcionarios tienen derecho, por año completo de servicios, a una vacación retribuida de un mes natural o de veintidós días hábiles anuales, o a los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos. A estos efectos los sábados no se consideran días hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. El apartado 2 está derogado.

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Por razón de matrimonio, el funcionario tiene derecho a una licencia de quince días. En caso de embarazo se concederán licencias por el plazo que reglamentariamente se determine. Las licencias reguladas en este artículo no afectan a los derechos económicos de los funcionarios.

Artículo 72

Pueden concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente; el funcionario tiene derecho al percibo del sueldo y complemento familiar. Igualmente se concede a los funcionarios en prácticas que ya prestasen servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos, durante el curso selectivo o periodo de prácticas, percibiendo las retribuciones que la normativa vigente establezca para los funcionarios en prácticas.

Artículo 73

Pueden concederse licencias por asuntos propios. Estas licencias se conceden sin retribución alguna y su duración acumulada no puede exceder, en ningún caso, de tres meses cada dos años.

Artículo 74

Tanto el período en que se disfruten las vacaciones como la concesión de licencias por razones de estudios y por asuntos propios, cuando proceda, se subordinan a las necesidades del servicio. El artículo solo menciona esas dos clases de licencia.

Artículo 75

Artículo 76

Los funcionarios vienen obligados a acatar los principios fundamentales del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino, al fiel desempeño de la función o cargo, a colaborar lealmente con sus jefes y compañeros, y a cooperar al mejoramiento de los servicios y a la consecución de los fines de la unidad administrativa en la que se hallen destinados.

Artículo 77

Los funcionarios deben residir en el término municipal donde radique la oficina, dependencia o lugar donde presten sus servicios. Por causas justificadas, el Subsecretario del Departamento puede autorizar la residencia en lugar distinto, siempre y cuando ello sea compatible con el exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo.

Artículo 78

La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración del Estado es la que reglamentariamente se determine. Su adaptación para puestos de trabajo concretos se consigna en la clasificación de esos puestos y requiere, consiguientemente, la aprobación de la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal.

Artículo 79

Los funcionarios deben respeto y obediencia a las autoridades y superiores jerárquicos y han de acatar sus órdenes con exacta disciplina. Deben además tratar con esmerada corrección al público y a los funcionarios subordinados, y facilitar a estos últimos el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 80

Los funcionarios han de observar en todo momento una conducta de máximo decoro, guardar sigilo riguroso respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo y esforzarse en la mejora de sus aptitudes profesionales y de su capacidad de trabajo.

Artículo 81

Los funcionarios son responsables de la buena gestión de los servicios a su cargo, sin que su responsabilidad excluya la que pueda corresponder a otros grados jerárquicos. La responsabilidad civil y penal se hace efectiva en la forma que determina la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. La administrativa se exige con arreglo al capítulo VIII de este título, al título IV, capítulo II, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y al título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 82

El desempeño de la función pública es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario. Basta con que lo menoscabe: el texto no exige que lo impida.

Artículo 83

1.ª Ningún funcionario puede ejercer otra profesión salvo que, tras expediente con audiencia, el Subsecretario del Departamento declare que no perjudica el servicio; en principio no hace falta expediente si es la profesión propia del título exigido para el cargo o si las normas del Cuerpo ya declaran la compatibilidad o incompatibilidad, pero las actividades externas se declaran al Subsecretario. 2.ª No cabe trabajar para terceros en asuntos de su cargo u oficina. 3.ª Salvo jubilados y excedentes voluntarios, tampoco representar ni defender a terceros en pleitos en que el Estado sea parte.

Artículo 84

Que el funcionario ejerza actividades profesionales o privadas compatibles no le sirve de excusa frente al deber de residencia que le sea exigible, ni frente a la asistencia a la oficina que requiera su cargo, ni para el retraso, negligencia, descuido o informalidad en el desempeño de los asuntos. Esas faltas deben calificarse y sancionarse conforme a las normas del capítulo VIII del mismo título.

Artículo 85

Los órganos de la Administración Civil del Estado a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los servicios deben cuidar de prevenir y, en su caso, corregir las incompatibilidades de sus funcionarios, promoviendo expediente de sanción disciplinaria cuando proceda. La incursión voluntaria en cualquiera de las incompatibilidades de la Ley se califica de falta grave, salvo que concurran además circunstancias que obliguen a calificarla de muy grave.

Artículo 86

Los funcionarios no pueden ocupar simultáneamente varias plazas de la Administración del Estado, salvo que la compatibilidad esté expresamente establecida por Ley o se establezca por ese mismo procedimiento, previo informe de la Comisión Superior de Personal. Aceptar un cargo incompatible presume la petición de excedencia voluntaria en el que antes se desempeñaba, a no ser que se solicite expresamente en el nuevo. Los interesados en su provisión pueden pedir que se declare vacante.

Artículo 87

Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos pueden ser de tres clases: leves, graves y muy graves. Cada clase tiene su propio plazo de prescripción: las faltas leves prescriben al mes; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los seis años.

Artículo 88

Artículo 89

La gravedad o levedad de las faltas no enumeradas en el artículo anterior se fija reglamentariamente en función de cinco elementos: a) intencionalidad; b) perturbación del servicio; c) atentado a la dignidad del funcionario o de la Administración; d) falta de consideración con los administrados; e) la reiteración o reincidencia.

Artículo 90

La responsabilidad por una falta no alcanza solo a sus autores. También incurren en responsabilidad los jefes que la toleren, los funcionarios que la encubran y quienes induzcan a su comisión. Son, por tanto, cuatro posiciones: autor, jefe que tolera, funcionario que encubre e inductor.

Artículo 91

Sanciones: a) separación del servicio, b) suspensión de funciones, c) traslado con cambio de residencia y f) apercibimiento; d) y e) están derogadas. La separación solo se impone por faltas muy graves y la acuerda el Gobierno, a propuesta del Ministro correspondiente, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Las sanciones de los apartados b), c) y d) las impone el Ministerio del que dependa el funcionario, por faltas graves o muy graves. Las faltas leves solo se corrigen con las de los apartados e) y f), impuestas por el jefe de la oficina o del centro sin expediente previo.

Artículo 92

Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden imponerse en virtud de expediente instruido al efecto, con audiencia del interesado y de conformidad con el título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario el Jefe del Centro u Organismo en que preste servicios el funcionario o sus superiores jerárquicos. Si la falta presenta caracteres de delito, se da cuenta al Tribunal competente.

Artículo 93

Las sanciones se anotan en la hoja de servicios con indicación de las faltas que las motivaron. Pasados dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción, según la falta sea grave o muy grave no sancionada con separación del servicio, puede cancelarse la anotación a instancia del interesado que acredite buena conducta desde que se le impuso. Las de apercibimiento y de pérdida de uno a cuatro días de remuneraciones se cancelan a petición del interesado a los seis meses de su fecha. La cancelación no impide apreciar reincidencia; en ese caso los plazos de las nuevas anotaciones son dobles.

Artículo 94

Con independencia de lo dispuesto en los artículos anteriores, puede seguirse procedimiento ante Tribunales de Honor para conocer y sancionar los actos deshonrosos cometidos por los funcionarios que les hagan desmerecer en el concepto público o indignos de seguir desempeñando sus funciones. La organización y el procedimiento de esos Tribunales de Honor vienen determinados por sus disposiciones peculiares.

Artículo 95

Artículo 101

Artículo 102

Los funcionarios de empleo pueden ser nombrados y también separados libremente. No se exigen para ello más requisitos que los que, en su caso, establezcan disposiciones especiales. La libertad alcanza, por tanto, a las dos decisiones: el nombramiento y la separación.

Artículo 103

Artículo 104

Para nombrar funcionarios interinos es condición inexcusable que no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionarios de carrera, lo que debe justificarse ante la Comisión Superior de Personal. El nombrado debe reunir las condiciones exigidas para el ingreso en el Cuerpo a que pertenezca el puesto. El nombramiento debe revocarse en todo caso cuando la plaza sea provista por procedimiento legal. Perciben el sueldo correspondiente al Cuerpo a que pertenezca la vacante.

Artículo 105

A los funcionarios de empleo se les aplica por analogía, y en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. Quedan exceptuados tres derechos: el derecho a la permanencia en la función, el derecho a niveles de remuneración determinados y el régimen de clases pasivas.

Artículo 102. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera

La condición de personal funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de estos requisitos: superación del proceso selectivo (incluidos, en su caso, prácticas o pruebas); acreditación, en su caso, de los requisitos de la convocatoria, siempre antes del nombramiento; nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía para Andalucía y del resto del ordenamiento jurídico; y toma de posesión en el plazo que fije la resolución de nombramiento.

Artículo 103. Causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera

Son causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera: la renuncia; la pérdida de la nacionalidad española, de otro Estado miembro de la Unión Europea o de Estados con libre circulación de personas trabajadoras, tenida en cuenta para el nombramiento, salvo que simultáneamente se adquiera la de alguno de esos Estados y sin que se aplique cuando la nacionalidad no sea requisito de acceso; la jubilación total; la sanción disciplinaria de separación del servicio firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público firme.

Artículo 104. Renuncia a la condición de personal funcionario de carrera

La renuncia voluntaria se manifiesta por escrito y la acepta expresamente la Consejería competente en materia de función pública, salvo que la persona esté sujeta a procedimiento disciplinario o tenga auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Se solicita en el Registro Electrónico Único con al menos dos meses de antelación. Tramita la Dirección General competente en materia de función pública y resuelve la persona titular de la Secretaría General competente en materia de función pública. Duración máxima: dos meses; el silencio es estimatorio. No inhabilita para ingresar de nuevo.

Artículo 105. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo

El personal funcionario puede solicitar, con al menos dos meses de antelación a la edad de jubilación forzosa, prolongar el servicio activo hasta el límite de setenta años. Se concede dentro de dos meses desde la solicitud, por períodos de un año renovables anualmente; las prórrogas se piden con al menos dos meses de antelación. Duración máxima del procedimiento: dos meses, con silencio desestimatorio. Resuelve de forma motivada la Consejería a la que esté adscrito el puesto ocupado al formular la solicitud. No conlleva la pérdida del premio de jubilación.

Artículo 106. Supuestos de rehabilitación

Pueden solicitar la rehabilitación quienes perdieron la condición de personal funcionario de carrera por: a) pérdida de la nacionalidad, si recuperan la española o adquieren otra que permita el acceso al cuerpo o especialidad a que pertenecían; b) jubilación por incapacidad permanente para el servicio, si desaparece la causa que la motivó; c) condena a pena principal o accesoria de inhabilitación por sentencia judicial firme, cuando se hayan extinguido la responsabilidad penal y, en su caso, también la civil derivadas del delito.

Artículo 107. Órganos competentes

La competencia para conceder la rehabilitación depende de la situación de la persona al perder la condición de personal funcionario de carrera. Si estaba en servicio activo o en situación con reserva de puesto, es competente la Consejería a la que, en el momento de solicitarse la rehabilitación, esté adscrito el último puesto que hubiese ocupado, de forma provisional o definitiva. Si estaba en situación sin reserva de puesto, o si ese último puesto está suprimido al solicitarse la rehabilitación, la concede la Dirección General competente en materia de función pública.

Artículo 108. Procedimiento

El procedimiento de rehabilitación se inicia por solicitud en el Registro Electrónico Único y se tramita íntegramente de forma electrónica. La solicitud indica causa y fecha de la pérdida, último puesto ocupado y supuesto de rehabilitación. Se acompaña de certificación literal de nacimiento del Registro Civil (recuperación de la nacionalidad española), certificación del órgano competente del Estado (otra nacionalidad) o dictamen médico del Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Duración máxima: seis meses; silencio estimatorio.

Artículo 109. Resolución

Cuando se acredita y se comprueba documentalmente que han desaparecido las causas objetivas que motivaron la pérdida, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.5, el resultado es la concesión de la rehabilitación. El verbo del precepto es imperativo: esa acreditación y comprobación documental «conllevará» la concesión.

Artículo 110. Efectos

La resolución de concesión asigna, provisionalmente, un puesto del cuerpo o especialidad y del mismo nivel que el último desempeñado, debiendo participar en los procesos ordinarios de provisión hasta obtener uno definitivo; si hay vacante dotada, adecuada y de cobertura necesaria, preferentemente en la localidad del último puesto definitivo. Toma de posesión: diez días desde el día siguiente a la notificación; si no, excedencia voluntaria por interés particular desde el día siguiente a la fecha de la resolución. Conserva los derechos de carrera consolidados; el tiempo intermedio no computa.

Artículo 111. Órgano competente

La competencia para conceder la rehabilitación corresponde al Consejo de Gobierno. Lo hace a propuesta de la Consejería competente en materia de función pública. Dos datos que retener: quién concede (Consejo de Gobierno) y quién propone (Consejería competente en materia de función pública).

Artículo 112. Procedimiento

Se aplica el artículo 108.1, 2 y 4. La solicitud se dirige a la Consejería competente en materia de función pública, con la documentación que acredite la extinción de la responsabilidad penal y, en su caso, civil. Instruye la Dirección General competente en materia de función pública, que formula propuesta de resolución y da quince días para alegaciones; después la eleva, a través de la persona titular de la Consejería de la que dependa, al Consejo de Gobierno, que dicta la resolución definitiva. Duración máxima: seis meses; sin resolución expresa dictada y notificada, silencio desestimatorio.

Artículo 113. Resolución

Aunque se acredite documentalmente la extinción de la responsabilidad en la forma del artículo 112.2, la concesión tiene carácter excepcional y atiende a las circunstancias y la entidad del delito. Criterios orientadores (artículo 121.3 de la Ley 5/2023, de 7 de junio): conducta y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida; daño y perjuicio para el servicio público; relación del hecho con el cargo; gravedad de los hechos y duración de la condena; tiempo desde el delito; informes de los titulares de los órganos donde prestó servicios, y cualquier otro criterio objetivo.

Artículo 114. Efectos

En cuanto a los efectos de la rehabilitación, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 110.1, 3, 4 y 5 (la remisión no incluye el apartado 2). Si la solicitud se desestima, no puede volver a presentarse una nueva hasta que transcurran dos años desde la fecha de la notificación de la resolución denegatoria.

Artículo 115. Adquisición y pérdida de la condición de personal laboral fijo

La condición de personal laboral fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de cinco requisitos: superar el proceso selectivo; formalización del contrato por el órgano competente (su inscripción en el Registro General de Personal es el momento en que la Junta manifiesta su voluntad de contratar); acatamiento; incorporación en plazo, y superar el período de prueba que, en su caso, corresponda. Se pierde por las causas de extinción de la normativa laboral y del convenio aplicable, incluida la no superación del período de prueba. Readmisión: Estatuto de los Trabajadores y convenios aplicables.