Tema 14 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Artículo 14. Derechos individuales

Derechos individuales de los empleados públicos: inamovilidad del funcionario de carrera; desempeño efectivo de sus funciones; progresión en la carrera y promoción interna; retribuciones e indemnizaciones; participar en los objetivos de su unidad y ser informado; defensa jurídica ante cualquier orden jurisdiccional; formación continua, preferentemente en horario laboral; respeto a la intimidad y dignidad; no discriminación; conciliación; intimidad y desconexión digital; libertad de expresión; seguridad y salud; vacaciones y permisos; jubilación; Seguridad Social; libre asociación profesional.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente

Los empleados públicos tienen cinco derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y reunión, en los términos del artículo 46 del Estatuto.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera

Los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional. Carrera profesional: conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso. Las leyes de Función Pública pueden aplicar, aislada o simultáneamente: carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto), carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical (a un Subgrupo o Grupo superior) y promoción interna horizontal (cuerpos o escalas del mismo Subgrupo). Cabe progresar a la vez en ambas carreras si se implantan en un mismo ámbito.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera

Las leyes de Función Pública podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera aplicando, entre otras, dos reglas: a) un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, con remuneración fijada para cada uno y ascensos consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales; b) se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, y podrán incluirse otros méritos y aptitudes por la especificidad de la función y la experiencia adquirida.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera

La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que garanticen igualdad, mérito y capacidad y los principios del artículo 55.2. El funcionario debe poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener al menos dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo (o Grupo, si no tiene Subgrupo) y superar las pruebas selectivas. Las leyes de Función Pública articularán los sistemas de promoción interna y podrán determinar los cuerpos y escalas accesibles desde otros del mismo Subgrupo. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral

El personal laboral tiene derecho a la promoción profesional. Su carrera profesional y su promoción se hacen efectivas a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño

Las Administraciones Públicas establecerán sistemas de evaluación del desempeño, procedimiento que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Criterios: transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Sus efectos: carrera horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias. La continuidad en un puesto obtenido por concurso queda vinculada a la evaluación, con audiencia al interesado y resolución motivada. Carrera horizontal, complemento del 24 c) y cese del puesto de concurso exigen aprobar antes sistemas objetivos.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos

Para cada ejercicio presupuestario, la correspondiente ley de presupuestos debe reflejar tres cosas: las cuantías de las retribuciones básicas de los funcionarios, el incremento de las cuantías globales de sus retribuciones complementarias y el incremento de la masa salarial del personal laboral. Además, no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios

Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas y complementarias. Básicas: retribuyen según la adscripción del cuerpo o escala a un Subgrupo o Grupo y la antigüedad en él; incluyen sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Complementarias: retribuyen las características del puesto, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados. Pagas extraordinarias: dos al año, cada una de una mensualidad de básicas y todas las complementarias, salvo las del artículo 24 c) y d). No cabe percibir participación en tributos u otros ingresos públicos ni premio en multas.

Artículo 23. Retribuciones básicas

Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y están integradas única y exclusivamente por dos conceptos: el sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional (Grupo cuando no tenga Subgrupo), y los trienios, que son una cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo por cada tres años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias

La cuantía y la estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios las establecen las correspondientes leyes de cada Administración Pública, atendiendo, entre otros, a estos factores: a) la progresión alcanzada en el sistema de carrera administrativa; b) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad del puesto o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o resultados obtenidos; d) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos

Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias del Subgrupo o Grupo de adscripción (Grupo si no tiene Subgrupo). También perciben las retribuciones complementarias de los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en que se les nombre. Se reconocen los trienios por servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto, con efectos retributivos únicamente a partir de esa entrada en vigor.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas las determinan las Administraciones Públicas. El artículo solo fija un mínimo: deben corresponderse, al menos, con las del sueldo del Subgrupo o Grupo (Grupo cuando no tenga Subgrupo) en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral

Las retribuciones del personal laboral se determinan conforme a tres fuentes: la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo. En todo caso debe respetarse lo establecido en el artículo 21 del Estatuto.

Artículo 28. Indemnizaciones

Artículo 29. Retribuciones diferidas

Las Administraciones Públicas pueden destinar cantidades, hasta el porcentaje de la masa salarial que fijen las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos y conforme a la normativa reguladora de los Planes de Pensiones. Esas cantidades tienen a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones

La parte de jornada no realizada da lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tiene carácter sancionador y se aplica sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengan ni perciben las retribuciones del tiempo en que hayan permanecido en esa situación; esa deducción de haberes tampoco tiene carácter de sanción ni afecta al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

Artículo 31. Principios generales

Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para determinar sus condiciones de trabajo. Negociación colectiva: derecho a negociarlas. Representación: facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios de interlocución. Participación institucional: derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en órganos de control y seguimiento. Los sindicatos más representativos en la Función Pública pueden recurrir, en vía administrativa y jurisdiccional, las resoluciones de los órganos de selección.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo que expresamente se les aplican. Se garantiza el cumplimiento de sus convenios y acuerdos, salvo que, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones los suspendan o modifiquen en la medida estrictamente necesaria; entonces deben informar a las organizaciones sindicales de las causas.

Artículo 33. Negociación colectiva

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios se sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de Negociación están legitimados los representantes de la Administración y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y de comunidad autónoma y los sindicatos con el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Administraciones pueden encargar la negociación a órganos técnicos creados por ellas.

Artículo 34. Mesas de Negociación

Hay una Mesa General de Negociación en la Administración General del Estado, cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y Entidades Locales, competente en las condiciones de trabajo comunes a sus funcionarios. Por acuerdo de las Mesas Generales pueden constituirse Mesas Sectoriales, para los temas comunes del sector no decididos por la General o que esta les reenvíe o delegue. La negociación se abre en la fecha fijada de común acuerdo por la Administración y la mayoría de la representación sindical; sin acuerdo, en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una parte lo promueva.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación

Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración, las organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación del ámbito. Las variaciones de representatividad las acreditan las organizaciones sindicales interesadas con certificado de la Oficina Pública de Registro, cada dos años desde la constitución inicial. Cada parte designa a sus componentes y puede llevar asesores con voz pero sin voto. Ninguna parte puede superar los quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación

Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas: representación unitaria de estas, presidida por la Administración General del Estado, con representantes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones. Además, cada Administración tiene una Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales, donde también están los sindicatos de la primera con el 10 por 100.

Artículo 37. Materias objeto de negociación

Se negocian, entre otras materias: aplicación del incremento retributivo, retribuciones complementarias, criterios generales de acceso, carrera, provisión y ofertas de empleo, evaluación del desempeño, planes de Previsión Social Complementaria, formación, acción social, derechos sindicales, calendario, horarios, jornadas, vacaciones y permisos. Quedan excluidas: potestades de organización (pero si repercuten en condiciones de trabajo, estas se negocian), derechos de ciudadanos y usuarios, condiciones del personal directivo, poderes de dirección y control, y regulación concreta del acceso.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos

Los Pactos versan sobre materias del ámbito competencial del órgano administrativo que los suscribe y se aplican directamente. Los Acuerdos, sobre materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos expresa y formalmente; si hay reserva de ley carecen de eficacia directa y se remite un proyecto de ley. Sin ratificación, se renegocia en un mes si lo pide la mayoría de una parte. Sin acuerdo, los órganos de gobierno fijan las condiciones de trabajo. Se prorrogan de año en año salvo denuncia expresa y los posteriores derogan íntegramente a los anteriores, salvo lo que se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación

Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. Delegados: unidades de 6 a 49 funcionarios; uno hasta 30 y tres de 31 a 49, que actúan conjunta y mancomunadamente. Juntas: censo mínimo de 50 funcionarios; 5 representantes de 50 a 100, 9 hasta 250, 13 hasta 500, 17 hasta 750, 21 hasta 1.000 y, desde 1.001, dos por cada 1.000 o fracción, con máximo de 75. La Junta elige Presidente y Secretario y aprueba su reglamento por, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen seis funciones: recibir información sobre política de personal, retribuciones, empleo y programas de mejora del rendimiento; emitir informe, a solicitud de la Administración, sobre traslado de instalaciones y sistemas de organización y métodos de trabajo; ser informados de todas las sanciones por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos sobre jornada, horario, vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas y colaborar en la productividad. Las Juntas actúan colegiadamente y los Delegados mancomunadamente.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tienen: acceso y libre circulación por su unidad electoral; distribución libre de publicaciones profesionales y sindicales; audiencia en sus expedientes disciplinarios durante el mandato y el año posterior; crédito de horas mensuales retribuidas (15, 20, 30, 35 o 40 según el número de funcionarios), acumulables; y no ser trasladados ni sancionados por su mandato, ni durante este ni en el año siguiente, salvo extinción por revocación o dimisión. No pueden ser discriminados y guardan sigilo aun después del mandato.

Artículo 42. Duración de la representación

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal es de cuatro años, y pueden ser reelegidos. Si al terminar no se han promovido nuevas elecciones, el mandato se entiende prorrogado. Los representantes con mandato prorrogado no se contabilizan a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal

Pueden promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: los Sindicatos más representativos a nivel estatal; los más representativos a nivel de comunidad autónoma, si la unidad electoral está en su ámbito geográfico; los sindicatos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas; los que tengan al menos el 10 por 100 en la unidad electoral; y los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Todos ellos tienen derecho a que la Administración les suministre el censo de personal.

Artículo 44. Procedimiento electoral

El procedimiento electoral se fija reglamentariamente con estos criterios: sufragio personal, directo, libre y secreto, que puede emitirse por correo o medios telemáticos; electores y elegibles, los funcionarios en servicio activo, salvo los nombrados por real decreto o decreto de consejo de gobierno; candidaturas de organizaciones sindicales, coaliciones y grupos de electores que al menos tripliquen los miembros a elegir; Juntas por listas cerradas y sistema proporcional corregido, Delegados por listas abiertas y mayoritario; impugnaciones por procedimiento arbitral.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos

Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales pueden acordar sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos, excepto en materias con reserva de ley. Pueden integrar mediación y arbitraje. La mediación es obligatoria si la pide una de las partes, y sus propuestas se aceptan o rechazan libremente. En el arbitraje las partes encomiendan voluntariamente la resolución a un tercero y se comprometen de antemano a aceptarla. Lo acordado tiene la eficacia de Pactos y Acuerdos y es impugnable.

Artículo 46. Derecho de reunión

Además de las organizaciones sindicales (directamente o a través de los Delegados Sindicales), pueden convocar una reunión los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. La reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responden de su normal desarrollo.

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos

Las Administraciones Públicas establecen la jornada general y las especiales de sus funcionarios; la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Además, adoptarán medidas de flexibilización horaria para la conciliación de los empleados públicos con hijos e hijas menores de doce años a su cargo, y de quienes tengan necesidades de cuidado respecto de hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado u otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

Artículo 47 bis. Teletrabajo

El teletrabajo es la prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, si las necesidades del servicio lo permiten, fuera de las dependencias de la Administración mediante tecnologías de la información y comunicación. Requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y es voluntario y reversible salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. Quien teletrabaja tiene los mismos deberes y derechos, salvo los inherentes a la presencia. La Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos

Enfermedad grave u hospitalización de cónyuge, pareja, primer grado o conviviente, 5 días hábiles; segundo grado, 4. Fallecimiento: primer grado, 3 días hábiles en la misma localidad y 5 en distinta; segundo grado, 2 y 4. Traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Lactancia de hijo menor de doce meses, una hora de ausencia. Prematuros hospitalizados, hasta 2 horas diarias retribuidas. Familiar de primer grado con enfermedad muy grave, reducción de hasta el 50 %, retribuida, máximo un mes. Asuntos particulares, 6 días al año. Matrimonio o pareja de hecho, 15 días.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos

Nacimiento, adopción y progenitor distinto de la madre biológica: 19 semanas (32 en monoparentalidad): 6 obligatorias, 11 (22) dentro de los doce meses y 2 (4) hasta los ocho años. Hospitalización del neonato: hasta 13 semanas más. Discapacidad del hijo: 2 semanas más. Preaviso de quince días en el disfrute interrumpido. Adopción internacional: hasta dos meses con retribuciones básicas. Violencia de género: retribuciones íntegras si la jornada se reduce un tercio o menos. Cáncer: reducción de al menos la mitad, hasta los 23 años. Permiso parental: hasta ocho semanas, no retribuido.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos

Los funcionarios tienen derecho, cada año natural, a veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas, o a la parte proporcional si el tiempo de servicio fue menor; los sábados no son hábiles a estos efectos. Si un permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o el embarazo impide disfrutarlas, pueden disfrutarse después, siempre que no pasen más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron. No se sustituyen por dinero, salvo conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del funcionario.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral

El régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral no se detalla en este artículo: se limita a indicar que se estará a lo establecido en este capítulo del Estatuto y en la legislación laboral correspondiente. Son, por tanto, dos fuentes a la vez: el capítulo y la legislación laboral.

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia sus tareas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. Principios de actuación: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios y reglas del capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.

Artículo 53. Principios éticos

Principios éticos: respetar la Constitución y el ordenamiento; perseguir los intereses generales con objetividad, imparcialidad e interés común; lealtad y buena fe; respeto de los derechos fundamentales sin discriminación; abstenerse si hay interés personal; no contraer obligaciones económicas con conflicto de intereses; no aceptar tratos de favor de personas físicas o entidades privadas; eficacia, economía y eficiencia; no influir en la agilización de trámites sin justa causa; diligencia y resolver en plazo; dedicación al servicio público; secreto de las materias clasificadas y discreción.

Artículo 54. Principios de conducta

Principios de conducta: tratar con atención y respeto a ciudadanos, superiores y demás empleados; cumplir jornada y horario; obedecer las órdenes profesionales salvo infracción manifiesta del ordenamiento, que se comunica inmediatamente a los órganos de inspección; informar a los ciudadanos; administrar los bienes públicos con austeridad; rechazar regalos que excedan de los usos habituales, sociales y de cortesía; garantizar la constancia de los documentos; mantener actualizada la formación; observar la seguridad y salud laboral; proponer mejoras; atender en la lengua oficial solicitada.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria

Funcionarios públicos y personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario de este título y a las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto. Quien induce a otros a cometer una falta disciplinaria incurre en la misma responsabilidad que éstos. También incurre en responsabilidad quien encubre faltas consumadas muy graves o graves, cuando de ellas se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. En lo no previsto en el título, el régimen disciplinario del personal laboral se rige por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria

Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones de su personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal. Principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Si hay indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se comunica al Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Artículo 95. Faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. El artículo enumera las muy graves (letras a a p), entre ellas la discriminación y el acoso, el abandono del servicio, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral. Las graves las establece la ley estatal o autonómica, o el convenio colectivo para el personal laboral, atendiendo a tres circunstancias: grado de vulneración de la legalidad, gravedad de los daños y descrédito para la imagen pública de la Administración. El régimen de las leves lo determinan las leyes de Función Pública.

Artículo 96. Sanciones

Sanciones: separación del servicio de los funcionarios (revocación del nombramiento en los interinos) y despido disciplinario del personal laboral, ambas solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el personal laboral, hasta 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito; apercibimiento, y cualquier otra que se establezca por ley. El despido comporta inhabilitación para un nuevo contrato con funciones similares. Si el despido del laboral fijo por falta muy grave se declara improcedente, procede la readmisión.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones

Infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Sanciones: las impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, o desde el cese de su comisión si son continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las faltas muy graves o graves solo se sancionan mediante el procedimiento previamente establecido; las leves, por procedimiento sumario con audiencia al interesado. Atiende a eficacia, celeridad y economía procesal y separa la fase instructora de la sancionadora en órganos distintos. La suspensión provisional en un expediente disciplinario no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado; el suspenso provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, devuelve lo percibido.

Artículo 1

El Reglamento de Régimen Disciplinario se aplica al personal funcionario comprendido en el artículo 1, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. El artículo no enumera a ese personal: delimita su ámbito de aplicación por remisión a esa ley.

Artículo 2

Los funcionarios en prácticas también están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento, pero solo en la medida que les sea de aplicación. Esa sujeción se entiende sin perjuicio de las normas especiales que regulen su procedimiento de selección.

Artículo 3

Para los demás funcionarios al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, las disposiciones de este tienen carácter supletorio.

Artículo 4

El régimen disciplinario del Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios. Esa responsabilidad civil o penal se hará efectiva en la forma que determine la Ley.

Artículo 5

Artículo 6

Son faltas muy graves: incumplir la fidelidad a la Constitución; discriminación; abandono de servicio; acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave; publicar o usar indebidamente secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento con inhibición; violar la neutralidad política para influir en procesos electorales; incumplir las incompatibilidades; obstaculizar libertades públicas y derechos sindicales; coartar la huelga; hacer huelga teniéndola prohibida por ley; desatender servicios esenciales en huelga; limitar la libre expresión; y tres faltas graves sancionadas en un año.

Artículo 7

Son faltas graves: desobediencia; abuso de autoridad; delito doloso ligado al servicio o dañoso; tolerar faltas muy graves o graves de subordinados; grave desconsideración; daños graves; no abstenerse; informes o acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio; falta de rendimiento; faltar al sigilo; plazos de incompatibilidades; diez horas al mes de jornada incumplida; tercera inasistencia en tres meses tras dos sancionadas como leves; grave perturbación; atentado grave a la dignidad; grave falta de consideración con administrados; evadir el control horario. Mes: del día primero al último.

Artículo 8

Son faltas leves cinco conductas: el incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave; la falta de asistencia injustificada de un día; la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados; el descuido o negligencia en el ejercicio de las funciones; y el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deba calificarse como falta muy grave o grave.

Artículo 9

Artículo 10

Los funcionarios en situación distinta de la de servicio activo pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas del Reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. Si la sanción no puede cumplirse cuando se dicta la resolución, porque la situación administrativa del funcionario lo impide, se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 11

No puede exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. En cambio, perder esa condición no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó.

Artículo 12

Los funcionarios que induzcan a otros a realizar actos o conducta constitutivos de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad que estos. Si la falta no llega a consumarse, también incurren en responsabilidad, de acuerdo con los criterios del artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

Artículo 13

También incurren en responsabilidad los funcionarios que encubran las faltas consumadas muy graves y graves, cuando de ese acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos. Serán sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el artículo anterior.

Artículo 14

Por razón de las faltas a que se refiere el Reglamento pueden imponerse cuatro sanciones: separación del servicio, suspensión de funciones, traslado con cambio de residencia y apercibimiento. La letra d) de la lista figura como derogada.

Artículo 15

Artículo 16

Las sanciones de los apartados b) o c) del artículo 14 pueden imponerse por faltas graves o muy graves. La suspensión de funciones por falta muy grave dura entre tres y seis años; por falta grave no excede de tres. Si la suspensión firme no excede del período de suspensión provisional, no comporta necesariamente pérdida del puesto. El sancionado con traslado con cambio de residencia no puede obtener nuevo destino en la localidad de origen durante tres años (falta muy grave) o uno (falta grave), contados desde que se efectuó el traslado.

Artículo 17

Artículo 18

Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden imponerse en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento del título II del Reglamento. Para sancionar faltas leves no es preceptiva la previa instrucción de ese expediente, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso.

Artículo 19

La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. Si durante el procedimiento sancionador el inculpado pierde la condición de funcionario, se dicta resolución que, invocando la causa, declara extinguido el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y ordena el archivo, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. A la vez quedan sin efecto las medidas provisionales adoptadas respecto del inculpado.

Artículo 20

Las faltas muy graves prescriben a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes, contados desde que la falta se hubiere cometido. La prescripción se interrumpe por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución de incoación del expediente debe ser debidamente registrada. El plazo vuelve a correr si el expediente permanece paralizado más de seis meses por causa no imputable al funcionario sujeto al procedimiento.

Artículo 21

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que impone la sanción, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado.

Artículo 22

Artículo 23

Si en cualquier momento del procedimiento el instructor aprecia que la presunta falta puede ser delito o falta penal, lo pone en conocimiento de la autoridad que ordenó la incoación del expediente, para su comunicación al Ministerio Fiscal. Regla general: el expediente disciplinario continúa hasta su resolución y sanción, si procede. Excepción: debe suspenderse hasta que recaiga resolución judicial cuando los hechos puedan ser delitos de funcionarios contra el ejercicio de los derechos de la persona o en el ejercicio de sus cargos (títulos II y VII del Libro segundo del Código Penal).

Artículo 24

El Subsecretario del Departamento puede acordar, como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, sea cual sea la causa de este, siempre que no la haya adoptado ya la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. Cuando la declara la autoridad administrativa, la suspensión se rige por los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y puede prolongarse durante todo el procesamiento.

Artículo 25

Artículo 26

La tramitación, las comunicaciones y las notificaciones se ajustan «en todo» a la Ley de Procedimiento Administrativo; en concreto, a su título IV, capítulo II, secciones primera y segunda. El artículo no contiene reglas propias: se limita a remitir a esa parte de la Ley.

Artículo 27

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Ese acuerdo puede nacer de la propia iniciativa del órgano o ser consecuencia de orden superior, de moción razonada de los subordinados o de denuncia. Si se inicia como consecuencia de denuncia, el acuerdo debe comunicarse al firmante de la misma.

Artículo 28

Artículo 29

Es competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, en todo caso, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario. También pueden acordarla los Directores generales, respecto del personal dependiente de su Dirección General, y los Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles, respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial. La incoación puede acordarse de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario.

Artículo 30

En la resolución por la que se incoa el procedimiento se nombra Instructor, que debe ser un funcionario público de un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Si depende de otro Departamento, se requiere la previa autorización del Subsecretario de este. El Secretario solo se nombra cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exija, y en todo caso debe tener la condición de funcionario.

Artículo 31

La incoación del procedimiento, junto con el nombramiento del Instructor y del Secretario, se notifica a dos tipos de destinatarios: al funcionario sujeto a expediente y a los designados para ostentar los cargos de Instructor y Secretario.

Artículo 32

Al Instructor y al Secretario se les aplican las normas de abstención y recusación de los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El derecho de recusación puede ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario. La abstención y la recusación se plantean ante la Autoridad que acordó el nombramiento, que debe resolver en el término de tres días.

Artículo 33

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación puede adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La suspensión provisional puede acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento, en los términos y con los efectos de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Límite: no caben medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.

Artículo 34

El Instructor ordena las diligencias adecuadas para determinar y comprobar los hechos y, en particular, las pruebas que puedan conducir a esclarecerlos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. Como primeras actuaciones, recibe declaración al presunto inculpado y evacua las diligencias que se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación y de lo alegado por aquel. Todos los Organismos y dependencias de la Administración deben facilitarle los antecedentes e informes necesarios y los medios personales y materiales que precise.

Artículo 35

El Instructor formula el pliego de cargos en un plazo no superior a un mes desde la incoación del procedimiento; por causas justificadas puede solicitar su ampliación. El pliego comprende los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones aplicables, conforme al artículo 14 del Reglamento. Se redacta de modo claro y preciso, en párrafos separados y numerados por cada hecho imputado. Al elaborarlo, el Instructor debe proponer el mantenimiento o levantamiento de la suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

Artículo 36

El pliego de cargos se notifica al inculpado y se le concede un plazo de diez días para contestarlo, con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y aportando cuantos documentos considere de interés. En este mismo trámite debe solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que crea necesarias para su defensa.

Artículo 37

Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor puede acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas y de todas aquellas que considere pertinentes. Para practicar las pruebas se dispone del plazo de un mes. El Instructor puede denegar la admisión y práctica de las pruebas dirigidas a averiguar cuestiones que considere innecesarias; debe motivar la denegación, y contra esa resolución no cabe recurso del inculpado.

Artículo 38

Artículo 39

Para la práctica de las pruebas propuestas, y también de las de oficio cuando se estime oportuno, se notifica al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que deberán realizarse. Debe incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.

Artículo 40

La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario. Ello no impide que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.

Artículo 41

Cumplimentadas las diligencias previstas en el título, se da vista del expediente al inculpado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se le facilita copia completa del expediente cuando así lo solicite.

Artículo 42

El Instructor formula la propuesta de resolución dentro de los diez días siguientes. En ella fija con precisión los hechos, motiva, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado y hace la valoración jurídica de los hechos para determinar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer.

Artículo 43

La propuesta de resolución la notifica el Instructor al interesado. Con ella se abre un plazo de diez días para que el interesado pueda alegar, ante el propio Instructor, cuanto considere conveniente en su defensa. Tres datos que retener: quién notifica (el Instructor), cuánto tiempo hay (diez días) y ante quién se alega (el Instructor).

Artículo 44

Oído el inculpado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, el expediente completo se remite con carácter inmediato al órgano que acordó la incoación del procedimiento. Ese órgano tiene dos salidas: remitirlo al órgano competente para que dicte la decisión que corresponda o, en su caso, ordenar al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.

Artículo 45

La resolución pone fin al procedimiento disciplinario y debe adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del servicio. Resuelve todas las cuestiones planteadas en el expediente, ha de ser motivada y no puede aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, aunque sí puede darles una valoración jurídica distinta.

Artículo 46

El órgano competente para imponer la sanción puede devolver el expediente al Instructor para que practique las diligencias que resulten imprescindibles para la resolución. En ese caso, antes de remitir de nuevo el expediente a dicho órgano, se da vista de lo actuado al funcionario inculpado para que en diez días alegue cuanto estime conveniente.

Artículo 47

Separación del servicio: la impone el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, que antes oye a la Comisión Superior de Personal. Sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14: Ministros y Secretarios de Estado del Departamento de destino, o Subsecretarios por delegación; si son faltas de incompatibilidades con actividades en diferentes Ministerios, el Ministro de la Presidencia. Sanciones de los apartados d) y e): Subsecretario en todo caso, Directores generales para su personal y Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en su ámbito territorial.

Artículo 48

La resolución debe determinar con toda precisión la falta cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción, y declarar expresamente sobre las medidas provisionales adoptadas. Si aprecia que no hay falta o responsabilidad, hace las declaraciones pertinentes sobre esas medidas. Se notifica al inculpado con los recursos que quepan, el órgano ante el que presentarlos y los plazos; si hubo denuncia, debe notificarse al firmante de esta.

Artículo 49

Las sanciones disciplinarias se ejecutan según los términos de la resolución que las impone y en el plazo máximo de un mes. Ese plazo solo cede cuando, por causas justificadas, la propia resolución establece otro distinto.

Artículo 50

El Ministro de la Presidencia puede acordar la inejecución de la sanción; el órgano competente para resolver puede acordar su suspensión temporal, por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción es de separación del servicio, el acuerdo de inejecución o de suspensión corresponde al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos se adoptan de oficio o a instancia del interesado, siempre que medie causa fundada.

Artículo 51

Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios se anotan en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación de esas anotaciones se produce de oficio o a instancia del interesado, en la forma prevista en el número 2 del artículo 93 de la Ley de Funcionarios, de 7 de febrero de 1964. Las sanciones canceladas, o que hubieran podido serlo, en ningún caso se computan a efectos de reincidencia.

Artículo 23. Conceptos retributivos

Las retribuciones de los funcionarios son básicas y complementarias. Básicas: sueldo, trienios (cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio) y pagas extraordinarias (dos al año, de importe mínimo de una mensualidad de sueldo y trienios, en junio y diciembre). Complementarias: complemento de destino, complemento específico (no más de uno por puesto), complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo. Además se perciben indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 24. Determinación de la cuantía de los conceptos retributivos

Las cuantías de las retribuciones básicas de los párrafos a) y b) del artículo 23.2 son iguales en todas las Administraciones públicas para cada grupo de clasificación. También lo son las de las pagas extraordinarias, para cada grupo según el nivel del complemento de destino que se perciba. El sueldo del grupo A no puede exceder en más de tres veces al del grupo E. Las retribuciones básicas y los complementos de destino, específicos y de productividad se reflejan cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y figuran en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas.

Artículo 1. Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

El Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado se rige por tres fuentes: esta Ley (el texto refundido), sus normas de aplicación y desarrollo y, además, la legislación de Clases Pasivas del Estado.

Artículo 2. Mecanismos de cobertura

El Régimen especial tiene dos mecanismos de cobertura: el Régimen de Clases Pasivas del Estado (según sus normas específicas) y el Régimen del Mutualismo Administrativo regulado en esta Ley. Excepción: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011 quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones.

Artículo 3. Campo de aplicación

Quedan obligatoriamente incluidos: los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en Cuerpos de esa Administración. Quedan excluidos (con sus normas propias): los de Administración Local, organismos autónomos, Administración Militar, Administración de Justicia, Administración de la Seguridad Social, los de nuevo ingreso y en prácticas de las Comunidades Autónomas, los transferidos que ingresen en Cuerpos propios de la Comunidad Autónoma y el personal de administración y servicios propio de las universidades.

Artículo 4. Competencia y adscripción

El mutualismo administrativo se gestiona y presta a través de MUFACE, que depende del ministerio que indica el texto (el de Administraciones Públicas). La gestión es unitaria y corresponde a MUFACE, sin perjuicio de las obligaciones de las Comunidades Autónomas respecto a los funcionarios civiles del Estado transferidos y adscritos a su servicio.

Artículo 5. Naturaleza y régimen jurídico

MUFACE es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión; se rige por las previsiones de la Ley 6/1997 sobre organismos autónomos. Su régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable, de control de prestaciones y de conciertos sanitarios y farmacéuticos se rige por esta Ley y su desarrollo, por la Ley General Presupuestaria en lo aplicable y, supletoriamente, por la Ley 6/1997. Goza del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Artículo 6. Régimen de personal

El personal al servicio de MUFACE puede ser funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado. No hay un régimen de personal propio de la Mutualidad: se aplica el de la Administración General del Estado.

Artículo 7. Afiliación y altas

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado se incorporan obligatoriamente a MUFACE al tomar posesión, ser rehabilitados o reingresar, y siguen siendo mutualistas en servicios especiales (con salvedades), servicios en Comunidades Autónomas, expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de familiares y suspensión provisional o firme; también los jubilados, según el Reglamento. Quien accede por promoción interna a Escalas de organismos autónomos o a Cuerpos autonómicos pasa al Régimen General, pero puede seguir de mutualista optando en quince días.

Artículo 8. Baja, mantenimiento facultativo y suspensión de la situación de alta

Causan baja como mutualistas obligatorios: los que pasan a excedencia voluntaria (salvo opción del artículo 7.3), los que pierden la condición de funcionario, los que transfieren derechos al régimen de las Comunidades Europeas y los afiliados obligatoriamente al régimen de las Fuerzas Armadas. Los tres primeros pueden seguir como mutualistas voluntarios pagando a su cargo las cuotas del funcionario y del Estado. Quien sirva en la Unión Europea u otra organización internacional, acogido a su previsión, puede suspender el alta mientras dure esa situación.

Artículo 9. Afiliación a más de un Régimen de la Seguridad Social

El Reglamento General del Mutualismo Administrativo regula a quienes pasan de un Cuerpo a otro y a quienes ocupan varias plazas compatibles; por reglamento se fija cómo conservar derechos en curso al pasar del Mutualismo a otros regímenes y a la inversa. Si una única prestación de servicios obliga a estar en más de un régimen, el funcionario puede optar, una sola vez, por pertenecer solo al régimen especial de funcionarios que le corresponda; si son dos regímenes especiales de funcionarios, puede optar también una sola vez por uno de ellos.

Artículo 10. Régimen de cotización de los mutualistas

Cotizar a MUFACE es obligatorio para todos los mutualistas salvo los jubilados y los excedentes voluntarios por cuidado de hijos o familiares. La base es el haber regulador y el tipo lo fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuota mensual se obtiene dividiendo por catorce el resultado anual y se paga doble en junio y diciembre. La obligación de pago prescribe a los cuatro años desde que debieron ingresarse las cuotas, y el derecho a la devolución de ingresos indebidos se ejerce en cuatro años desde que se hicieron efectivas.

Artículo 11. Contingencias protegidas

Los mutualistas y, en su caso, sus familiares o asimilados a cargo están protegidos en cinco contingencias: necesidad de asistencia sanitaria; incapacidad temporal por enfermedad común o profesional o por accidente común o en acto de servicio; incapacidad permanente en esos mismos supuestos; cargas familiares; y la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para trasplante.

Artículo 12. Prestaciones

Prestaciones: asistencia sanitaria; subsidios por incapacidad temporal (incluida la donación de órganos), riesgo en embarazo o lactancia; prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez; pago a quien asiste al gran inválido; indemnizaciones por lesiones; servicios sociales; asistencia social; hijo a cargo minusválido; y parto múltiple. Se pagan solo en cuenta o libreta a nombre del perceptor. En las periódicas o vitalicias anteriores a 2011, el habilitado de Clases Pasivas entrega el importe íntegro y cobra aparte.

Artículo 13. Objeto

La asistencia sanitaria tiene por objeto prestar servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos para conservar o restablecer la salud de los beneficiarios y su aptitud para el trabajo. Además, proporciona los servicios convenientes para completar esas prestaciones y atiende de modo especial a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los incapacitados con derecho a ella.

Artículo 14. Contingencias protegidas

La asistencia sanitaria cubre: la enfermedad común o profesional; las lesiones por accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él (por accidente o riesgo específico del cargo); la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos; y el embarazo, el parto y el puerperio, con la extensión que fijen esta Ley y el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 15. Beneficiarios de asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria se presta a los mutualistas en alta, a los jubilados mutualistas y a sus beneficiarios. El Reglamento General del Mutualismo Administrativo fija quién es beneficiario y la asistencia a viudos y huérfanos. Ser beneficiario de MUFACE es incompatible con ser asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud por otro organismo. MUFACE no atiende a familiares no reconocidos como beneficiarios, salvo al recién nacido de madre mutualista o beneficiaria y en adopción o acogimiento, durante los primeros quince días desde el parto o la decisión correspondiente.

Artículo 16. Contenido de la asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria comprende: atención primaria (incluida la urgente ambulatoria o a domicilio) y especializada (ambulatoria u hospitalaria, con urgencias hospitalarias), con contenido análogo al del Sistema Nacional de Salud; la prestación farmacéutica (fórmulas magistrales, especialidades y efectos y accesorios), en la que los beneficiarios pagan una cantidad porcentual por receta o por medicamento fijada reglamentariamente, con receta oficial establecida por la Mutualidad en papel o electrónica; y las prestaciones complementarias que se determinen reglamentariamente.

Artículo 17. Forma de la prestación

MUFACE presta la asistencia sanitaria directamente o mediante conciertos con entidades o establecimientos públicos o privados, preferentemente con instituciones de la Seguridad Social. No paga los gastos cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, usa servicios médicos distintos de los asignados, salvo en los casos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 18. Contingencias protegidas

Determinan la incapacidad temporal la enfermedad, el accidente y los períodos de observación por enfermedad profesional. Es situación especial de incapacidad temporal la del personal del artículo 3.1 donante de órganos o tejidos, tanto los días de asistencia por la preparación de la cirugía como desde el ingreso hasta el alta por curación. Los permisos por parto, adopción, acogimiento y paternidad del artículo 49 del EBEP no son incapacidad temporal; si al acabar el permiso por parto sigue sin poder incorporarse, se inician las licencias de incapacidad temporal.

Artículo 19. Situación de incapacidad temporal

Hay incapacidad temporal si una enfermedad o lesión impide temporalmente trabajar, o hay observación por enfermedad profesional, con asistencia sanitaria de MUFACE y licencia por enfermedad. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. MUFACE puede controlar la situación desde el inicio con sus Unidades Médicas de Seguimiento: esos reconocimientos son potestativos, pero sus resultados vinculan para conceder o denegar licencias y prórrogas, respetando la intimidad y la confidencialidad.

Artículo 20. Duración y extinción

Duración y extinción, como en el Régimen General, con particularidades. Cada licencia dura lo previsiblemente necesario para curar. Hay nuevo proceso si las enfermedades son distintas o sin relación directa y, en todo caso, tras 6 meses de interrupción de las licencias. Si se prevé incapacidad definitiva, el órgano de jubilación inicia la jubilación por incapacidad permanente. Agotado el plazo máximo del Régimen General, se examina la incapacidad; la calificación puede demorarse sin rebasar ese máximo, prorrogándose la incapacidad temporal.

Artículo 21. Prestación económica

Los tres primeros meses se cobran todas las retribuciones, a cargo del órgano de personal. Desde el cuarto mes: retribuciones básicas, prestación por hijo a cargo y un subsidio fijo de MUFACE, el mayor entre el 80 % de las básicas (más 1/6 de paga extra) y el 75 % de las complementarias, ambos del tercer mes. Por donación de órganos o tejidos, el subsidio es el 100 % de las complementarias. Nunca se supera lo cobrado en el tercer mes, y el derecho se extingue al agotar el plazo máximo del Régimen General.

Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural

El riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de 9 meses se trata como incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional: sin periodo de carencia. Las licencias y prórrogas las conceden los órganos con competencia en gestión de personal. El reglamento regulará la evaluación médica del riesgo y su acreditación. Los derechos económicos son los del artículo 21, pero el subsidio de MUFACE es el 100 % de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.

Artículo 23. Concepto y grados de la incapacidad permanente

Incapacidad permanente es la del funcionario que, tras el tratamiento y el alta médica, tiene reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad; no la impide una recuperación incierta o a largo plazo, y debe derivar de una incapacidad temporal. Grados: parcial (limita sin llegar a total), total (inhabilita para todas o las fundamentales funciones de su Cuerpo, Escala o plaza), absoluta (inhabilita para toda profesión u oficio) y gran invalidez (absoluta que además necesita ayuda de otra persona para los actos más elementales).

Artículo 24. Efectos de la incapacidad permanente parcial

El funcionario con incapacidad permanente parcial cobra la totalidad de los haberes del puesto de trabajo que efectivamente desempeñe. En los supuestos que señale el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, deberá someterse a procesos de rehabilitación.

Artículo 25. Efectos de la incapacidad permanente total y absoluta

La incapacidad permanente total y la absoluta llevan a la jubilación del funcionario conforme a la legislación en vigor. Si hay posibilidad razonable de recuperación, el funcionario tiene además derecho a prestaciones recuperadoras a cargo de MUFACE.

Artículo 26. Efectos de la gran invalidez

La gran invalidez produce la jubilación del funcionario y le da derecho a una cantidad mensual igual al 50 por 100 de la pensión de jubilación que le corresponda por Clases Pasivas, destinada a pagar a la persona encargada de su asistencia.

Artículo 27. Revisión de las situaciones de incapacidad permanente

La calificación y la revisión de la incapacidad permanente siguen las normas del sistema de derechos pasivos y, cuando proceda, las de rehabilitación de funcionarios de la Administración General del Estado, y producen efectos respecto de todas las prestaciones que puedan derivarse de esa situación. En las incapacidades no previstas en Clases Pasivas, califican los órganos que fije el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

Artículo 28. Lesiones permanentes no invalidantes

Las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas causadas por enfermedad profesional o en acto de servicio (por accidente o riesgo específico del cargo) que, sin llegar a incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, alteren o disminuyan la integridad física del funcionario dan derecho a cobrar, por una sola vez, las cantidades que fije el reglamento.

Artículo 29. Prestaciones económicas

Las prestaciones familiares son periódicas (hijo a cargo) o de pago único (parto múltiple y nacimiento), e incompatibles con otras análogas de otros regímenes. La de hijo menor de 18 años no minusválido la gestionan las unidades de la antigua ayuda familiar (a pensionistas les paga Clases Pasivas); la de hijo a cargo minusválido la gestiona MUFACE. El subsidio especial por maternidad en parto múltiple es como en el Régimen General, y el pago único por parto múltiple es compatible con él.

Artículo 30. Servicios sociales

La acción protectora de este Régimen puede incluir los servicios sociales del Sistema de la Seguridad Social, siempre que las contingencias que atiendan no estén cubiertas por otras prestaciones. Su incorporación se decide por Orden ministerial (el texto cita al Ministro de Administraciones Públicas), previo informe del ministerio de trabajo y asuntos sociales, y en ella se regulan su alcance y su régimen financiero.

Artículo 31. Asistencia social

MUFACE dispensa servicios y auxilios económicos ante estados y situaciones de necesidad. Su límite son los créditos consignados en su presupuesto de gastos, y su concesión no puede comprometer recursos del ejercicio siguiente. Las ayudas incluyen, entre otras, las de tratamientos o intervenciones especiales excepcionales por un facultativo, las debidas a falta o insuficiencia de prestaciones, los gastos urgentes de importancia extraordinaria justificados y otras análogas no reguladas. Son independientes de las del artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Artículo 32. Beneficiarios

Pueden acogerse a las prestaciones de servicios sociales y asistencia social (sección 5.ª), siempre que reúnan las condiciones exigidas en cada caso, todos los mutualistas y los beneficiarios que el reglamento determine para cada prestación.

Artículo 33. Régimen financiero

Salvo las excepciones de sus normas reguladoras, el sistema financiero del Régimen especial es de reparto, con cuota revisable periódicamente. Cuando la naturaleza de las prestaciones lo requiera, se constituirán fondos de garantía para cubrir posibles déficit de cotización o casos anormales de siniestralidad.

Artículo 34. Recursos económicos

Los recursos económicos de MUFACE son: las aportaciones del Estado del artículo 35; las cuotas de los mutualistas; las subvenciones estatales y otros recursos públicos que le correspondan; los bienes, derechos y acciones de las Mutualidades y Montepíos integrados en su Fondo especial; los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales; y cualesquiera otros recursos privados obtenidos para sus fines.

Artículo 35. Aportaciones y subvenciones estatales

El Estado consigna de modo permanente en sus presupuestos las aportaciones anuales a MUFACE para financiar las prestaciones del artículo 12, salvo la de hijo a cargo minusválido (letra h). Su cuantía se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como porcentaje sobre los haberes reguladores. Aparte se consignan subvenciones para las prestaciones por hijo a cargo minusválido y para el déficit del Fondo especial; las aportaciones son independientes de estas y de otras subvenciones.

Artículo 36. Régimen patrimonial

El régimen patrimonial de MUFACE es el del artículo 48 de la Ley 6/1997, y puede disponer de sus bienes patrimoniales propios que resulten innecesarios para sus fines. En lo no regulado allí, su patrimonio se rige por esta Ley y su desarrollo y, en defecto de estas, por la legislación del Patrimonio del Estado; las competencias que esa legislación atribuye a Hacienda y a la Dirección General del Patrimonio se entienden referidas al ministerio del que depende MUFACE y a su Dirección General, sin perjuicio de delegaciones y de las competencias del Consejo General de MUFACE.

Artículo 37. Recursos y régimen jurisdiccional

Los actos del Director general de MUFACE no agotan la vía administrativa: cabe alzada ante el ministro (el texto cita el de Administraciones Públicas) y, después, contencioso. Agotan la vía las resoluciones de los párrafos a) y b) del artículo 109 de la Ley 30/1992 y las del Director general en materia de personal: contra ellas, reposición potestativa y contencioso. La revisión sigue el artículo 118 de esa Ley. Las reclamaciones previas civiles y laborales las resuelve el Director general.

Artículo 1. Régimen de Clases Pasivas del Estado

Por el Régimen de Clases Pasivas, el Estado protege al personal del artículo 2 frente a tres riesgos: vejez, incapacidad, y muerte y supervivencia. Para el personal de las letras a), b), c), f), g) y h) del artículo 2.1, este Régimen es uno de los mecanismos de cobertura de los Regímenes Especiales de Seguridad Social creados por las Leyes 28/1975 y 29/1975, de 27 de junio, y el Real Decreto-ley 16/1978, de 7 de junio.

Artículo 2. Ámbito personal de cobertura

Enumera el personal cubierto por el Régimen de Clases Pasivas: funcionarios de carrera civiles del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales si su legislación lo prevé; personal militar de carrera; ciertos interinos; personal transferido a las Comunidades Autónomas; funcionarios en prácticas y alumnos militares desde su promoción; ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros y otros cargos del artículo 51, entre otros. Este ámbito solo puede ampliarse o restringirse por Ley.

Artículo 3. Legislación reguladora

Reparte la legislación aplicable según la fecha. Por el título I se rigen, entre otros, los funcionarios que después del 31-12-1984 no hubieran sido jubilados o retirados antes de esa fecha, los funcionarios en prácticas desde el 1-1-1986, los alumnos militares desde el 1-1-1985 y los interinos con hecho causante posterior al 31-12-1985. Los derechos anteriores se rigen por la legislación vigente a 31-12-1984, con las modificaciones del título II.

Artículo 4. Gestión unitaria del Régimen de Clases Pasivas del Estado

De acuerdo con el artículo 25.3 de la Ley 12/1983, del Proceso Autonómico, el Régimen de Clases Pasivas del Estado se gestiona de forma unitaria por los órganos de la Administración del Estado que correspondan según la legislación aplicable a cada derecho. Ello no afecta a las obligaciones que contraen las Comunidades Autónomas respecto del personal del Estado transferido y adscrito a su servicio, enumeradas en los artículos 13.1.c), 23.3 y 28.3.c).

Artículo 5. Legalidad en la materia

Rige el principio de legalidad: solamente una Ley puede establecer derechos pasivos distintos de los recogidos en el texto refundido, y también solo por Ley pueden ampliarse, mejorarse, reducirse o alterarse los derechos pasivos ya recogidos en él.

Artículo 6. Naturaleza

Los derechos pasivos son inembargables, irrenunciables e inalienables: no pueden ser objeto de cesiones, convenios ni contratos, y solo nacen, se transmiten y se extinguen por las causas del texto. Además son imprescriptibles, aunque sus efectos pueden caducar en los términos del artículo 7.

Artículo 7. Ejercicio

El reconocimiento de derechos pasivos lo instan los propios interesados o sus representantes legales, por sí o mediante mandatario, salvo los casos en que el reglamento prevea la incoación de oficio. Puede pedirse desde el día siguiente al hecho causante, pero los efectos económicos tienen una retroactividad máxima de tres meses, contados desde el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

Artículo 8. Sucesión en el ejercicio

Si el interesado fallece durante el procedimiento y parte legítima pide continuarlo, se resuelve y lo devengado se abona a los herederos por derecho civil. Los haberes devengados y no percibidos por un beneficiario fallecido se pagan a sus herederos a instancia de parte legítima; resuelven los servicios de Clases Pasivas, y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social puede dictar instrucciones. La solicitud debe hacerse en cinco años desde el día siguiente al fallecimiento; después, el derecho prescribe.

Artículo 9. Derecho de opción por razón de incompatibilidad

Cuando una persona tenga derecho a cobrar más de una prestación de Clases Pasivas, o una de estas y otra del sistema público de protección social, y sean incompatibles en su percibo simultáneo, o cuando, disfrutando de una, adquiera derecho a otra incompatible, el interesado puede optar por cobrar la prestación que estime más conveniente.

Artículo 10

Artículo 11. Competencia para el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce los derechos pasivos y concede las prestaciones de Clases Pasivas causadas por el personal del artículo 3.1, en su favor o en el de sus familiares. Si vence el plazo máximo para resolver y notificar sin resolución expresa, la petición se entiende desestimada por silencio administrativo. Quedan a salvo las funciones de los Servicios Jurídicos, Fiscales o Intervenciones Delegadas.

Artículo 12. Competencia para el pago de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce las obligaciones, propone los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas y administra y dispone de sus créditos. La Tesorería General de la Seguridad Social ordena el pago de esas prestaciones y realiza su pago material.

Artículo 13. Competencia para el reconocimiento de servicios

El reconocimiento de servicios a efectos de Clases Pasivas corresponde a distintos órganos según dónde se prestaron: en la Administración Civil, a los Subsecretarios (servicios centrales) o a los Delegados del Gobierno o Gobernadores civiles (periféricos); en la militar, al Consejo Supremo de Justicia Militar; en las Administraciones Territoriales, a sus autoridades de personal; en Justicia, al CGPJ o a la Dirección General correspondiente del Ministerio de Justicia. El cómputo de los servicios reconocidos es competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Artículo 14. Revisión de actos administrativos por vía de recurso

Los acuerdos del Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de Clases Pasivas ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; antes puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el propio Instituto. No son recursos las solicitudes de reconocimiento o modificación basadas en la desaparición de una incompatibilidad o en hechos o derechos no tenidos en cuenta o inexistentes al dictar el acuerdo primitivo.

Artículo 15. Revisión de oficio de actos administrativos en materia de Clases Pasivas

La revisión de oficio de actos de Clases Pasivas se ajusta a los artículos 109 a 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y sus normas de adaptación militar. La Administración puede reformar en cualquier tiempo, por acuerdo motivado, los actos revisables, condicionales o provisionales que resulten indebidos, si ese carácter consta en el acto o en una disposición general. También puede revisar en cualquier momento la prestación en favor de familiares si el beneficiario es condenado por sentencia firme por homicidio doloso del causante, y reclamar lo percibido.

Artículo 16. Reintegro al Tesoro Público de las cantidades indebidamente percibidas

Lo cobrado indebidamente por los beneficiarios de prestaciones de Clases Pasivas se reintegra según la normativa de reintegro de prestaciones indebidas de la Seguridad Social. Si el perceptor sigue cobrando esa prestación u otra de clases pasivas, puede acordarse el pago de la deuda con cargo a sus sucesivas mensualidades de pensión. No puede exigirse el reintegro sin revisar o reformar antes el acto que originó el pago.

Artículo 17. Interdicción de declaraciones preventivas

Están prohibidas las declaraciones preventivas de derechos pasivos: no proceden en ningún caso si se solicitan antes de que ocurra el hecho causante, ni cuando el eventual titular no reúna todos los requisitos que exige el texto para ser titular de esos derechos.

Artículo 18. Prestaciones de Clases Pasivas

El personal del artículo 3.1, al ser jubilado o retirado, o al fallecer o ser declarado fallecido, causa derecho a prestaciones en su favor o en el de sus familiares, con los requisitos del texto. Estas prestaciones son exclusivamente de carácter económico y pago periódico y consisten en pensiones de jubilación o retiro, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres.

Artículo 19. Clases de pensiones

Las pensiones son ordinarias si el hecho causante se produce en circunstancias ordinarias, y extraordinarias si se debe a lesión, muerte o desaparición en acto de servicio o como consecuencia de él. Las prestaciones reconocidas por Ley a favor de persona determinada dan lugar a pensiones excepcionales, que se rigen primero por su Ley de concesión y, en lo no previsto, por el texto refundido.

Artículo 20. Devengo de las pensiones

Las pensiones se devengan desde el primer día del mes siguiente: al de la jubilación o retiro, en las de jubilación; al del fallecimiento del causante, en las de viudedad y orfandad. En las pensiones en favor de padres, desde el mes siguiente al fallecimiento del causante si no hay cónyuge viudo ni huérfanos con aptitud legal para cobrar, o desde el mes siguiente a la muerte o pérdida de aptitud de estos si existen. Todo ello sin perjuicio de la caducidad del artículo 7.2.

Artículo 21. Embargo de las pensiones y suspensión de su pago

Las pensiones solo pueden embargarse en los casos, proporción y preferencia de las leyes civiles; el juez debe expresar que no hay otros bienes preferentes y que no se excede la porción embargable. Puede suspenderse el pago si el titular, requerido individualmente, incumple deliberadamente el requerimiento. Quien cobre complementos condicionados a residir en España puede ser citado; si no comparece o no aporta la documentación, el complemento se suspende cautelarmente, y si lo hace pasados más de 90 días, puede rehabilitarse con retroactividad máxima de 90 días.

Artículo 22. Percepciones anejas a las pensiones de Clases Pasivas

Con la pensión se cobran las prestaciones de ayuda familiar que correspondan. Además de las doce mensualidades ordinarias hay dos extraordinarias, que se devengan el primer día de junio y de diciembre y se pagan en la nómina de esos meses; tienen la misma cuantía que las ordinarias. En la primera paga tras el arranque o la rehabilitación, y en la siguiente al fallecimiento o pérdida del derecho, se abona una sexta parte por cada mes. Las pensiones compatibles con otras o con salarios públicos lo son en devengos ordinarios y extraordinarios.

Artículo 23. Cuota de derechos pasivos

El personal del artículo 3.1 paga una cuota de derechos pasivos del 3,86 por 100 del haber regulador; es del 1,93 por 100 para el militar profesional que no sea de carrera y el de Escalas de Complemento o Reserva Naval, salvo que haya cubierto la carencia o proceda de Escalas Profesionales. La cuota mensual es la anual dividida entre catorce y se paga doble en junio y diciembre. Se retiene en nómina. Corresponde al Gobierno establecer en lo sucesivo los tipos porcentuales.

Artículo 24. Reglas sobre nacionalidad

Perder la nacionalidad española no hace perder al personal del artículo 3.1 los derechos pasivos que haya causado para sí o para sus familiares. Tampoco pierden sus derechos pasivos los familiares de ese personal que no tengan la nacionalidad española o la pierdan.

Artículo 25. Incompatibilidad interna de pensiones

Es incompatible cobrar a la vez más de tres pensiones ordinarias de Clases Pasivas (jubilación, viudedad, orfandad o en favor de los padres) causadas por personas diferentes. Y es incompatible cobrar a la vez dos o más pensiones ordinarias causadas por la misma persona, en su favor o en el de sus familiares.

Artículo 26. Principio de no duplicidad de cobertura

Quien cause pensión en un Régimen de la Seguridad Social y también en Clases Pasivas por una única prestación de servicios a la Administración debe optar por la que considere más conveniente, sin cobrar ambas. Si opta por la pensión ajena a Clases Pasivas pero acredita otro periodo de servicios no simultáneo, cobra de Clases Pasivas lo que se deduzca exclusivamente de ese periodo.

Artículo 27. Revalorización de pensiones, complementos económicos y limitaciones en el crecimiento de las mismas

Las pensiones de clases pasivas, incluida la mínima, y los haberes reguladores mantienen su poder adquisitivo. Se revalorizan al comienzo de cada año según el valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior; si ese valor es negativo, no varían. Las que no alcancen el mínimo de la Ley de Presupuestos pueden complementarse si el beneficiario reside en España, con el tope de la pensión no contributiva de jubilación e invalidez.

Artículo 28. Hecho causante de las pensiones

El hecho causante es la jubilación o retiro, que puede ser: forzosa, al cumplir la edad legal (con posible prórroga si se tienen 12 años de servicios y faltan para los 15 de carencia); voluntaria, a instancia de parte, con 60 años de edad y 30 de servicios efectivos, o antes si una Ley lo prevé; o por incapacidad permanente para el servicio. La acuerdan, según los casos, el Subsecretario, el Delegado del Gobierno, la Consejería de Función Pública, el Ministro de Defensa (retiros), el CGPJ y otros órganos.

Artículo 29. Período de carencia

Para causar en su favor derecho a la pensión ordinaria de jubilación o retiro, el personal comprendido en este capítulo debe haber completado quince años de servicios efectivos al Estado. Es el periodo de carencia.

Artículo 30. Haberes reguladores

Los haberes reguladores se fijan cada año en la Ley de Presupuestos. Para el personal ingresado después del 1-1-1985 se asignan según el grupo de clasificación por titulación del Cuerpo o Escala; para el ingresado antes, según el índice de proporcionalidad y grado o índice multiplicador a 31-12-1984. Los servicios en jornada reducida durante un año o más minoran proporcionalmente el haber regulador. Las pensiones anejas a cruces, medallas y recompensas no lo incrementan.

Artículo 31. Cálculo de pensiones

Si siempre se ha servido en el mismo Cuerpo, la pensión anual es el haber regulador por el porcentaje de la tabla según los años completos de servicio (100 % con 35 o más). Si se ha servido en varios, se aplica la fórmula P = R1C1 + (R2-R1)C2 + … En la incapacidad permanente se suman los años que faltaban para la jubilación forzosa, salvo excedencia voluntaria o suspensión firme. La pensión mensual es la anual dividida entre catorce. Pueden excluirse periodos que rebajen la pensión.

Artículo 32. Servicios efectivos al Estado

Son años de servicio efectivo al Estado, entre otros: el servicio activo; los servicios especiales, excedencia forzosa y situaciones asimilables; los servicios previos de la Ley 70/1978 no computados en otro régimen; los reconocidos por indulto y amnistía; las cotizaciones a otros regímenes no simultáneas; el tiempo en prácticas o como alumno militar, con un máximo de tres; y los reconocidos por convenio internacional. No cuenta el servicio militar obligatorio ni la prestación social sustitutoria. La lista es taxativa.

Artículo 33. Incompatibilidades

La pensión de jubilación o retiro es incompatible con un puesto o alto cargo en el sector público y con actividades que den alta en la Seguridad Social. Si es forzosa y se accede al menos un año después de la edad, cabe la jubilación activa: 45 % con un año de demora, 55 % con dos, 65 % con tres, 80 % con cuatro y 100 % con cinco, más 5 puntos por cada 12 meses. La actividad artística es compatible. En incapacidad no total, se reduce al 75 % o al 55 % según se superen o no 20 años de servicios.

Artículo 34. Hecho causante de las pensiones

Las pensiones en favor de familiares se causan con el fallecimiento. La declaración de ausencia legal no basta: los derechos nacen con la declaración de fallecimiento y se retrotraen a la fecha de muerte fijada por el juez. Pero si el ausente cobraba jubilación o tenía derecho a ella, los familiares pueden obtener la pensión con carácter provisional desde el día 1 del mes siguiente al de la declaración de ausencia legal. Si reaparece el declarado fallecido, los efectos cesan desde el mes siguiente a que la Administración lo sepa con certeza.

Artículo 35. No exigencia de período de carencia

Para que los familiares del personal comprendido en este capítulo causen sus derechos pasivos (pensiones ordinarias en favor de familiares) no se exige ningún período de carencia: basta con el fallecimiento, sin que el causante tenga que haber completado ningún periodo mínimo de prestación de servicios efectivos al Estado.

Artículo 36. Igualdad jurídica

Igualdad jurídica en Clases Pasivas: la mujer causa en favor de sus familiares los mismos derechos que el varón. Los familiares del causante tienen los mismos derechos cualquiera que sea su sexo o filiación, y la adquisición y pérdida de esos derechos se condicionan por iguales circunstancias en todos los casos.

Artículo 37. Concurrencia con derechohabientes desconocidos o sobrevenidos

Si, ya señaladas las pensiones de familiares, aparecen nuevos derechohabientes, sus efectos económicos se cuentan solo desde el primer día del mes siguiente a su solicitud; lo anterior lo pueden reclamar ante la jurisdicción ordinaria. Los titulares iniciales reintegran lo percibido en más desde esa fecha. No obstante, sin perjuicio de la caducidad del art. 7.2, la Administración abona al nuevo titular las diferencias entre el nacimiento del derecho y los efectos del nuevo señalamiento.

Artículo 37 bis. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares

Sin perjuicio de la disposición adicional primera de la LO 1/2004, no puede ser beneficiario de las prestaciones en favor de familiares quien sea condenado por sentencia firme por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas contra el causante. La Administración puede revisar de oficio y en cualquier momento el reconocimiento y el condenado devuelve lo cobrado; al iniciar la revisión se acuerda, si no se hizo antes, la suspensión cautelar del percibo hasta la resolución.

Artículo 37 ter. Suspensión cautelar del abono de las prestaciones en favor de los familiares, en determinados supuestos

El INSS suspende cautelarmente las prestaciones a favor de familiares si hay resolución judicial con indicios de homicidio doloso del causante por el beneficiario, desde el día 1 del mes siguiente a la comunicación, y hasta sentencia o resolución firme. Si hay condena: revisión y reintegro (art. 37 bis). Si no: se rehabilita el pago. La absolución recurrida alza la suspensión hasta sentencia firme. Durante la suspensión, las demás pensiones se fijan provisionalmente como si no existiera esa persona.

Artículo 37 quáter. Abono de las pensiones en favor de familiares en determinados supuestos

Si hay beneficiarios menores o incapacitados judicialmente cuya patria potestad o tutela tiene una persona con resolución judicial de indicios racionales de criminalidad o sentencia condenatoria firme por homicidio doloso, la pensión no se le abona a esa persona. El INSS comunica al Ministerio Fiscal la pensión y esas resoluciones para que inste medidas; adoptadas estas, la Administración le comunica también el fin del proceso penal y la firmeza o no de la resolución.

Artículo 38. Condiciones del derecho a la pensión

Viudedad: la cobra el cónyuge supérstite. Si la muerte es por enfermedad común previa al matrimonio, se exige un año de matrimonio, salvo hijos comunes o convivencia previa que sumada supere dos años; si falta, prestación temporal de igual cuantía durante dos años. Separados o divorciados: necesitan pensión compensatoria (salvo víctimas de violencia de género); con concurrencia, reparto por tiempo convivido con el 40 % garantizado al cónyuge o pareja actual. Pareja de hecho: cinco años de convivencia (salvo hijos comunes) e inscripción o documento público con dos años de antelación.

Artículo 39. Cálculo de la misma

La base reguladora de la viudedad es la pensión de jubilación o retiro del fallecido (la señalada, actualizada, o la teórica a la edad de jubilación forzosa); si murió en excedencia voluntaria o suspensión firme, solo cuentan los servicios hasta ese pase. Porcentaje: 50 % (25 % si había pensión extraordinaria por inutilidad en acto de servicio), incrementado en 8 o 4 puntos si el beneficiario tiene 65 años o más, no tiene otra pensión pública, no trabaja y no supera el límite de rentas de la pensión mínima. No caben ayudas o subsidios de Clases Pasivas.

Artículo 40

Artículo 41. Condiciones del derecho a la pensión

Pensión de orfandad: hijos menores de 21 años o incapacitados para todo trabajo antes de esa edad o del fallecimiento, haya o no cónyuge supérstite. Hasta 25 años si no trabajan o sus ingresos anuales no llegan al SMI (con estudios, hasta el día 1 del mes siguiente al inicio del siguiente curso). Incapacidad antes de 25: vitalicia. La adopción extingue la pensión desde el día 1 del mes siguiente a la resolución, salvo hijos de víctima de violencia sobre la mujer, cuya pensión solo se suspende si las rentas por miembro superan el 75 % del SMI.

Artículo 42. Cálculo de la misma

Base reguladora de la orfandad: la pensión de jubilación o retiro del fallecido (reglas del art. 39.1 y 2). Porcentaje por pensión: 25 % si hay un solo hijo; 10 % si hay varios, más el prorrateo por cabeza de un único 15 %. Tras pensión extraordinaria por inutilidad en acto de servicio: 12,50 %, 5 % y 7,50 %. Tope conjunto: 50 % o 100 % según haya o no cónyuge (25 % o 50 % si la jubilación fue extraordinaria por acto de servicio). Sin acrecimiento. Hijos de víctimas de violencia contra la mujer: incremento de orfandad absoluta y conjunto hasta el 118 %.

Artículo 43. Incompatibilidades

La pensión de orfandad es incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, entendido según el art. 1.1, párrafo segundo, de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades, con las excepciones del art. 33.1 de este texto. Además se aplican a la orfandad los números 1, 4 y 5 del art. 33.

Artículo 44. Condiciones del derecho a la pensión

Pensión en favor de los padres: la tienen, indistintamente, el padre y la madre del causante, si dependían económicamente de él al fallecer y no hay cónyuge supérstite ni hijos con derecho a pensión. Si los hay, los padres solo la tienen desde que fallece el cónyuge o el último hijo con derecho, o desde que el último beneficiario pierde la aptitud para ser pensionista. La relación paterno-filial incluye la matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva.

Artículo 45. Cálculo de la misma

La base reguladora de la pensión en favor de los padres es la pensión de jubilación o retiro del causante (reglas del art. 39.1 y 2). A cada pensión se aplica el 15 %, o el 7,5 % si el funcionario falleció tras ser declarado inutilizado en acto de servicio con pensión extraordinaria señalada. Si uno de los padres fallece o cesa, su pensión no acrece la del otro. No se abonan con ella ayudas ni subsidios (art. 39.4).

Artículo 46

Artículo 47. Pensiones extraordinarias y hecho causante de las mismas

Las pensiones extraordinarias son de jubilación o retiro y de viudedad, orfandad o a favor de los padres. Las causa la incapacidad o inutilidad, o el fallecimiento, por accidente o enfermedad en acto de servicio o como consecuencia del mismo; la enfermedad debe constar adquirida directamente en acto de servicio o por la naturaleza del servicio. El INSS tiene competencia exclusiva para conceder o no la pensión, sin perjuicio de la del Ministerio de Defensa sobre el acto de servicio. Se presume el acto de servicio, salvo prueba en contrario, si ocurre en el lugar y tiempo de trabajo.

Artículo 48. Condiciones para el disfrute de las pensiones extraordinarias

La pensión extraordinaria de jubilación o retiro se causa sea cual sea el tiempo de servicios prestados. Las extraordinarias en favor de familiares corresponden al cónyuge viudo, huérfanos o padres con la aptitud de los arts. 38, 41 y 44, sin período mínimo de servicio. Si derivan de terrorismo, la orfandad alcanza a hijos menores de 23 años o incapacitados antes; hasta 25 si no trabajan o sus ingresos no llegan al SMI; y es permanente si se incapacitan entre los 23 y los 25. Rigen las incompatibilidades de los arts. 33 y 43.

Artículo 49. Cuantía de las pensiones y cálculo de las mismas

La pensión extraordinaria de jubilación se calcula como la ordinaria (arts. 30 y 31), contando como servidos los años completos que faltaban hasta la jubilación forzosa y tomando los haberes reguladores al 200 %. En favor de familiares, igual (arts. 39, 42 y 45) con la base reguladora al 200 %. Por terrorismo: 200 % del haber regulador para el causante y 200 % de la pensión ordinaria para los familiares; si concurren cónyuge e hijos, la mitad al cónyuge y la otra mitad a partes iguales entre los hijos, con derecho de acrecer. No se suman indemnizaciones, ayudas ni subsidios de Clases Pasivas.

Artículo 50. Régimen de las pensiones extraordinarias

Las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas son incompatibles con las ordinarias que sus beneficiarios pudieran pedir por los mismos hechos causantes. Las originadas en terrorismo son además incompatibles con las extraordinarias que, por los mismos hechos y sin su motivación terrorista, pudieran corresponder. Las de terrorismo no están sujetas a las normas limitativas del número 3 del artículo 27.

Artículo 1. Principios generales

Dan derecho a indemnización o compensación, en las condiciones y límites del Real Decreto: las comisiones de servicio con derecho a indemnización, los desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio, los traslados de residencia y las asistencias (consejos de administración u órganos colegiados, tribunales de oposiciones y concursos, y colaboración en centros de formación del personal). Toda indemnización concedida sin ajustarse a su cuantía o requisitos es nula y no surte efectos en cajas pagadoras, pagadurías, habilitaciones u órganos análogos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica al personal civil y militar de la AGE y sus organismos públicos, al de la Seguridad Social, al de los organismos de las disposiciones adicionales novena y décima de la Ley 6/1997, a jueces, fiscales y personal de Justicia y de Corporaciones locales según su legislación, y a la UNED. Incluye al personal permanente, interino, temporal o en prácticas, salvo el laboral, que se rige por su convenio colectivo o normativa específica, y al no vinculado jurídicamente que preste servicios indemnizables. Los Expertos Nacionales en la Comisión Europea se rigen por la Decisión de la Comisión.

Artículo 3. Definición de las comisiones de servicio con derecho a indemnización

Comisión indemnizable es el cometido especial ordenado circunstancialmente fuera del término municipal de la residencia oficial (el de la oficina del puesto habitual, salvo residencia autorizada que conste en la orden). El desplazamiento habitual desde la residencia autorizada al trabajo nunca es comisión. Si el servicio ya se paga por importe igual o superior, no hay indemnización; si es inferior, se abona la diferencia. Tampoco se indemnizan las comisiones a iniciativa propia, salvo decisiones obligadas de alto cargo, ni si se renuncia expresamente.

Artículo 4. Designación de las comisiones de servicio

Designa las comisiones el Subsecretario de cada ministerio o la autoridad superior del organismo; en Defensa, además, los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Si la comisión se desarrolla para un órgano de otro ámbito, su titular propone la designación y se ocupa de anticipos, abono y justificación. La orden o pasaporte indica la comisión, si da dietas o residencia eventual, el viaje por cuenta del Estado, destino y lugar, día y hora de inicio y fin; la autoridad que la designó puede modificarlo ante situaciones no previsibles.

Artículo 5. Duración de las comisiones de servicio

Salvo casos excepcionales, una comisión con derecho a indemnización no dura más de un mes en territorio nacional ni más de tres en el extranjero. Si antes de vencer ese plazo resulta insuficiente para cumplir el servicio, el Jefe correspondiente puede proponer de forma razonada a la autoridad competente una prórroga por el tiempo estrictamente indispensable.

Artículo 6. Comisiones con la consideración de residencia eventual

Las comisiones previstas, excepcionalmente, por encima de los límites del artículo 5, y las prórrogas que los superen, son residencia eventual desde el inicio de la comisión o de la prórroga. La residencia eventual no puede pasar de un año, salvo prórroga por el tiempo estrictamente indispensable acordada por la autoridad que designó la comisión, que tampoco puede exceder de un año. Si desde el inicio se prevé más de un año, se tramita la creación del puesto de trabajo correspondiente.

Artículo 7. Comisiones derivadas de la asistencia a cursos convocados por la Administración

Los cursos de capacitación o perfeccionamiento convocados por las Administraciones, los de ascenso en Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los selectivos de promoción interna, autorizados y fuera del término municipal, se indemnizan como comisión o como residencia eventual según la Orden de designación. Si se vuelve a pernoctar a casa no hay indemnización, salvo el 50 por 100 de manutención si hay que almorzar allí y los gastos de viaje. Siempre son residencia eventual las pruebas previas al ascenso por antigüedad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cursos selectivos de promoción interna.

Artículo 8. Régimen de resarcimiento de los altos cargos e integrantes de delegaciones presididas por los mismos, e indemnizaciones de quienes actúan en otras delegaciones oficiales

Miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, Jefes de Misión residentes, Subsecretarios, Generales y Almirantes Jefes de Regiones y Zonas y asimilados cobran el gasto exacto justificado. Los Ministros pueden autorizarlo expresamente en cada ocasión para sus Directores generales. Cabe optar por el régimen general, salvo imposición en supuestos extraordinarios. Quienes forman parte de delegaciones presididas por esos altos cargos cobran gasto exacto, con justificación visada por el propio alto cargo o, si preside un miembro del Gobierno, por un comisionado de rango al menos Subdirector general; en las presididas por Directores generales, perciben las indemnizaciones del grupo de estos.

Artículo 9. Concepto de las distintas clases de indemnización

Dieta es la cantidad diaria para los gastos de estancia fuera de la residencia oficial en los casos del artículo 5; si la comisión la desempeña personal de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad formando unidad, se llama «plus». Indemnización de residencia eventual es la cantidad diaria para esos gastos en los casos de los artículos 6 y 7. Gastos de viaje es lo que se abona por usar cualquier medio de transporte por razón del servicio.

Artículo 10. Indemnización por dietas de alojamiento y manutención

En las comisiones (salvo el caso del artículo 14) se cobran dietas según el grupo del anexo I y las cuantías de los anexos II (nacional) y III (extranjero), que cubren comida y cena y los máximos diarios de alojamiento, desayuno y teléfono. Si dura más de cuatro días, cabe autorizar el lavado y planchado exacto; las llamadas oficiales justificadas se resarcen siempre. Sin concierto, el alojamiento es lo gastado y justificado, con los topes de los anexos. En buques, manutención real con límites del anexo III. Hay retención de IRPF si se superan los límites.

Artículo 11. Autorizaciones excepcionales para la modificación de las cuantías de las dietas

Hacienda y Administraciones Públicas, conjuntamente, pueden autorizar excepcionalmente, en épocas y ciudades del territorio nacional y casos concretos motivados, elevar la dieta de alojamiento y, en su caso, manutención hasta lo necesario. También pueden aplicar al alojamiento de los grupos 2 y 3 del anexo III, en países de muy escasa oferta hotelera, la dieta del grupo inmediatamente superior. El Ministro de Hacienda actualiza el anexo III al menos cada año y ante desviaciones u oscilaciones del cambio; los cambios de denominación o nuevos países, el Consejo de Ministros. Va al BOE.

Artículo 12. Criterios para el devengo y cálculo de las dietas

Comisión de un día natural o menos: no hay alojamiento ni manutención, salvo que dure al menos cinco horas, empiece antes de las 14 h y acabe después de las 16 h (50 % de la manutención). Hasta 24 horas en dos días: alojamiento de un día y manutención como en salida y regreso. Más de 24 horas: día de salida, alojamiento y manutención al 100 % si se sale antes de las 14 h o al 50 % entre 14 y 22 h; regreso, solo 50 % de manutención si se vuelve después de las 14 h; días intermedios al 100 %. Regreso después de las 22 h: 50 % adicional por la cena con factura. Reglas propias para el extranjero.

Artículo 13. Comisiones de servicio en representación o por delegación de cargo con clasificación en un grupo superior

Ningún comisionado puede cobrar dietas o pluses de un grupo superior al suyo, aunque haga el servicio por delegación o en representación de una autoridad o funcionario clasificado en un grupo superior. La regla se aplica sin perjuicio de lo que establece el apartado 3 del artículo 8 del mismo Real Decreto.

Artículo 14. Conciertos y contratos con Empresas de los gastos de alojamiento y viajes

Los gastos de alojamiento y de viaje pueden concertarse o contratarse con empresas de servicios con carácter general por el Ministerio de Hacienda, o directamente por los Departamentos previo informe favorable de Hacienda. En el concierto de alojamiento se fija el precio por día y tipo de alojamiento, según grupos; las cuantías del Real Decreto son orientativas, pero los precios pactados nunca pueden superarlas.

Artículo 15. Cuantía de los pluses

A los pluses se aplican las cuantías y condiciones generales de las dietas, con tres ajustes: el personal en comisión formando unidad que usa establecimientos del Estado cobra como plus la cuantía que fije la autoridad que autoriza la comisión, con el tope de la dieta de manutención del anexo II; si se aloja en establecimientos privados, cobra dietas de alojamiento y manutención generales; y no hay plus por el concepto que pague el Estado.

Artículo 16. Cuantía de la indemnización por residencia eventual

La indemnización por residencia eventual la fija la misma autoridad que confiere la comisión, sin justificación documental y con un máximo del 80 % de las dietas enteras de los anexos II (territorio nacional) o III (extranjero). El porcentaje, aunque sea el máximo, debe constar expresamente en la orden. Si desde la residencia eventual hay que desplazarse, se cobran además, esos días, dietas solo de alojamiento y los gastos de viaje.

Artículo 17. Indemnizaciones por gastos de viaje

Toda comisión da derecho a viajar por cuenta del Estado, ida y vuelta, en el medio que fije la autorización, preferentemente en líneas regulares; si no lo fija, en medios regulares. Billete según grupo: avión, turista o inferior; alta velocidad, preferente el 1.º y turista el 2.º y 3.º; nocturnos, cama preferente el 1.º y cama turista o literas el 2.º y 3.º; convencionales, primera o preferente el 1.º y 2.º y segunda o turista el 3.º. Por urgencia, representación o duración, quien ordena la comisión puede autorizar clase superior. Con medios gratuitos del Estado no hay indemnización.

Artículo 18. Utilización de vehículos particulares y otros medios especiales de transporte

Excepcionalmente, si lo dice la orden de comisión, pueden usarse vehículos particulares u otros medios especiales en los recorridos de la comisión. La orden puede autorizar que taxis o vehículos de alquiler en destino se paguen por lo gastado y justificado, y los taxis entre estaciones, puertos o aeropuertos y el destino o la residencia, y en gestiones del servicio, si los medios regulares son claramente inadecuados. En comisiones de hasta 24 horas cabe pagar el aparcamiento en vez del taxi. Peajes: con justificante, si el órgano que designa la comisión los ve necesarios y los prevé.

Artículo 19. Derecho de anticipo y justificación de la indemnización

Quien recibe una comisión de servicio de las del artículo 3 tiene derecho a cobrar por adelantado el importe aproximado de las dietas, pluses, residencia eventual y gastos de viaje, y debe devolver lo que proceda al terminar la comisión. Los anticipos y su justificación, y la de las comisiones y gastos de viaje, se rigen por la normativa vigente en cada momento.

Artículo 20. Regulación general de los desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio

El personal tiene derecho a que se le paguen los desplazamientos por razón del servicio dentro del término municipal donde tiene sede su centro de destino, si cuentan con la conformidad expresa del Jefe de la unidad administrativa. Se harán preferentemente en transporte público colectivo con vehículos autorizados para cobro individual y de más de nueve plazas, salvo que ese jefe autorice otro medio dentro de las disponibilidades presupuestarias. Si se autoriza vehículo particular u otro medio especial, se paga lo previsto para las comisiones de servicio.

Artículo 21. Pago de las indemnizaciones por desplazamientos dentro del término municipal

Las indemnizaciones por desplazamientos dentro del término municipal se reclaman, con su documentación justificativa, a las cajas pagadoras, pagadurías, habilitaciones u órganos análogos. Para que el pago sea inmediato al gasto, debe preverse el pago con cargo al anticipo de caja fija o, en su caso, con fondos a justificar. El capítulo se aplica también a los funcionarios de la Administración de Justicia dentro de su partido judicial, sin perjuicio de otras indemnizaciones si salen del término municipal.

Artículo 22. Normas generales

En los traslados, la familia son los que conviven con el interesado y a sus expensas al trasladarse, justificándolo; el cónyuge y los hijos menores de 21 años, siempre; los demás, también hijos de 21 o más, deben justificarlo y no ingresar más del doble del SMI. Cónyuges trasladados a la misma localidad con tomas de posesión separadas menos de tres meses: gastos para uno; con tres meses o más, mobiliario para ambos e instalación y viaje de familiares para uno. Cuantía según el grupo. El derecho caduca al año, con prórrogas semestrales hasta dos años más, y puede anticiparse.

Artículo 23. Tipos de traslados e indemnización correspondiente

El traslado forzoso con cambio de término municipal en España da derecho a viaje propio y familiar, mudanza y tres dietas por el titular y cada familiar que se traslade. Es forzoso el impuesto sin petición (no el de concurso o libre designación), el de cambio o supresión de unidades, ciertos casos militares y policiales y la jubilación o reserva o retiro forzosos, una vez. El siguiente traslado voluntario se indemniza si es retorno en cinco años y tras un año de permanencia. Por sanción no hay indemnización. Si fallece, su familia cobra una vez viaje, tres dietas por miembro y mudanza.

Artículo 24. Otras normas generales sobre traslados al extranjero

Quien va destinado al extranjero, cambia de país o población por nuevo destino o regresa por nuevo destino, cese definitivo o jubilación cobra su viaje; si el destino se prevé por más de dieciocho meses, también el de su familia y la mudanza, plazo que el Subsecretario o autoridad superior puede exceptuar. En el viaje cobra, por sí y por cada familiar con pasaje, la manutención del país de destino si no va en el billete. Si cesa a petición propia antes de dieciocho meses, salvo enfermedad o razones familiares graves, reintegra pasajes familiares y mudanza y pierde los de regreso.

Artículo 25. Gastos de instalación del personal destinado en el extranjero

Al destinado de España al extranjero por más de dieciocho meses previstos, o que cambia allí de población en esas condiciones, se le pagan gastos de instalación una vez por traslado: hasta el 8 % de sus devengos anuales (retribuciones sin antigüedad más la indemnización del art. 4 del RD 6/1995) si se trasladan uno o dos miembros de la familia, el 10 % si son tres o cuatro y el 12 % si son más de cuatro. También al que vuelve a España tras al menos cuatro años efectivos o al cumplir la permanencia máxima. No procede si hay alojamiento oficial o residencia amueblada a cargo del Estado.

Artículo 26. Normas particulares sobre traslados al extranjero

Destinado en el extranjero por más de dieciocho meses que se casa fuera: viaje del cónyuge con 100 kilos de carga aérea. Si por razones sanitarias el hijo nace en otro país, el superior jerárquico puede autorizar viaje, alojamiento y manutención de padres e hijo, con hasta 50 kilos. Una vez al año se paga el viaje de vacaciones a España del interesado y su familia, desde la toma de posesión del primer destino exterior; el año puede adelantarse con causa justificada y autorización. Se paga el traslado del cadáver de familiares y, si fallece el destinado, su familia cobra lo del art. 24.1 y 2.

Artículo 27. Normas generales sobre asistencias

Asistencia es la indemnización por concurrir a órganos colegiados de la Administración, organismos públicos y consejos de administración de empresas con capital o control públicos; por tribunales de oposiciones y concursos o de pruebas para profesiones o actividades; y por colaborar, sin permanencia ni habitualidad, en formación del personal público. Quien paga informa semestralmente a Hacienda y Administraciones Públicas. Para el conjunto de los tres tipos de asistencias, el total no puede superar al año del 50 % de las retribuciones del puesto, sin antigüedad; el exceso va al Tesoro. Son compatibles con las dietas y con retención de IRPF.

Artículo 28. Asistencias por la concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos y de consejos de administración de empresas con capital o control públicos

Las asistencias por concurrir, personalmente o por representación, a órganos colegiados de la Administración y organismos públicos solo se pagan excepcionalmente, si lo autoriza el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que a iniciativa del Departamento fija cuantías máximas para el ejercicio en curso y el siguiente; la continuidad bienal se autoriza a solicitud del órgano. Las empresas con capital o control públicos fijan las de sus consejos según sus Estatutos, dentro de los máximos de Hacienda. Tope anual: 40 % de las retribuciones del puesto principal, sin antigüedad.

Artículo 29. Autorización de asistencias por la participación en tribunales y órganos de selección de personal

Se pagan asistencias a los miembros de tribunales de oposiciones y concursos de selección de personal, o de pruebas necesarias para ejercer profesiones o realizar actividades, siempre que el proceso incluya ejercicios escritos u orales, así como a sus colaboradores técnicos, administrativos y de servicios, en los casos en que lo autorice expresamente el Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del Ministerio de Hacienda.

Artículo 30. Regulación de las asistencias de los miembros de tribunales y concursos

El Ministerio de Administraciones Públicas clasifica los tribunales en tres categorías (primera: grupo A; segunda: grupos B y C; tercera: grupos D y E, o laborales asimilables), con las cuantías del anexo IV, que suben un 50 % en sábados o festivos. Por complejidad y dificultad, con informe de Hacienda, puede autorizar un incremento de hasta el 50 %. Conocidos los aspirantes, fija el número máximo de asistencias por convocatoria, y el Presidente reparte las de cada miembro según las actas. Una asistencia por sesión aunque dure más de un día, y una sola si hay varias el mismo día.

Artículo 31. Fijación de las asistencias de los colaboradores de los tribunales y órganos de selección de personal

El abono de asistencias a los colaboradores técnicos, administrativos y de servicios de los tribunales y órganos de selección, mencionados en el artículo 29, lo regulan conjuntamente los Ministerios de Administraciones Públicas y de Hacienda, dentro del régimen de resarcimiento de la disposición adicional sexta del Real Decreto.

Artículo 32. Límites de los importes a percibir por las asistencias en tribunales y órganos de selección de personal

Por las asistencias a tribunales y órganos de selección (artículos 29 a 31) no puede cobrarse al año natural más del 20 % de las retribuciones anuales del puesto principal, sin las personales de antigüedad, sea cual sea el número de tribunales. Si se supera por participar en más de uno, el interesado lo comunica a aquel en que se produce el exceso, que lo traslada al centro pagador para que se aplique el artículo 27.3.

Artículo 33. Asistencias por la colaboración en actividades de formación y perfeccionamiento

Pueden pagarse asistencias por colaborar, sin permanencia ni habitualidad, en conferencias, cursos, congresos, ponencias, seminarios y similares de los centros de formación del personal público, dentro del presupuesto y sin superar 75 horas al año por persona. Se pagan según baremos que aprueban los centros, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda, que también fija las equivalencias horarias; su continuidad sigue el artículo 28.1. Tope anual: 25 % de las retribuciones del puesto principal, sin antigüedad. Si colabora en varios centros, el colaborador debe informarles.

Anexo I. Clasificación de personal

El anexo I reparte al personal en tres grupos. Grupo 1: altos cargos de los artículos 25, 26 y 31.dos de la Ley 13/2000, Oficiales Generales, Magistrados del Supremo, Presidentes de TSJ, Embajadores, Ministros Plenipotenciarios de primera clase, Rectores, Subdirectores generales y adjuntos. Grupo 2: personal de los grupos A y B, Carreras Judicial y Fiscal, Secretarios de la Administración de Justicia, Médicos Forenses y Técnicos Facultativos. Grupo 3: grupos C, D y E y Oficiales, Auxiliares y Agentes de Justicia.

Anexo II. Dietas en territorio nacional

El anexo II fija en euros las dietas en territorio nacional. Grupo 1: alojamiento 102,56; manutención 53,34; dieta entera 155,90. Grupo 2: alojamiento 65,97; manutención 37,40; dieta entera 103,37. Grupo 3: alojamiento 48,92; manutención 28,21; dieta entera 77,13. En los tres grupos la dieta entera coincide con la suma de alojamiento y manutención.

Anexo III. Dietas en el extranjero según grupos y países

El anexo III fija, en euros, las dietas en el extranjero por países, desde Alemania hasta Zimbawe, y cierra con un apartado «Resto del mundo». Para cada país hay una línea por grupo (1, 2 y 3) con la cuantía por alojamiento, la de manutención y la dieta entera. «Resto del mundo»: grupo 1, 127,41 + 46,88 = 174,29; grupo 2, 108,78 + 40,87 = 149,65; grupo 3, 95,56 + 37,26 = 132,82.

Anexo IV. Asistencias por participación en tribunales de oposición o concurso u otros órganos encargados de personal

El anexo IV fija, en euros, la cuantía por asistencia a tribunales de oposición o concurso u otros órganos encargados de personal, por categoría y cargo. Primera: Presidente y Secretario 45,89; Vocales 42,83. Segunda: Presidente y Secretario 42,83; Vocales 39,78. Tercera: Presidente y Secretario 39,78; Vocales 36,72. Presidente y Secretario perciben siempre lo mismo.

Artículo 116. La evaluación del desempeño. Concepto y fines

La evaluación del desempeño es el procedimiento por el que, anualmente, se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados, para mejorar la productividad y la calidad de los servicios. Parte de la planificación estratégica y tiene en cuenta recursos, objetivos y resultados de cada unidad. Debe contribuir a seis fines, entre ellos los objetivos estratégicos, el trabajo en equipo, la promoción profesional y la formación. Las normas con sus criterios y mecanismos generales se negocian colectivamente.

Artículo 117. Ámbito de aplicación de la evaluación del desempeño

Participar en los procedimientos de evaluación del desempeño es obligatorio para todo el personal que se encuentre en situación de servicio activo o en una situación asimilada. No es una opción voluntaria ni se limita a una clase concreta de personal.

Artículo 118. Principios y criterios orientadores de la evaluación del desempeño

Un reglamento fijará el modelo general y el procedimiento de evaluación, basado en objetivos colectivos e individuales. Los modelos son transparentes y participados y siguen cinco criterios: planificación, participación, fiabilidad, mejora continua y mensurabilidad (revisión de modelos con los sindicatos) y revisión de resultados. La conducta profesional se valora conforme al código de conducta del TREBEP y se presume positiva salvo valoración negativa expresa y motivada. Habrá comisiones de seguimiento con la Administración y los sindicatos más representativos.

Artículo 119. Efectos de la evaluación del desempeño

Los resultados de la evaluación afectan a las retribuciones complementarias variables, la progresión en la carrera, la provisión de puestos, la continuidad en el puesto y las necesidades formativas. La evaluación positiva de cada período cuenta en el mérito de experiencia en selección y provisión y en el ascenso de tramos de carrera horizontal. Los resultados los conoce la persona evaluada y se informa a los sindicatos. El complemento de desempeño retribuye el rendimiento del funcionario y sus cuantías son conocidas por el resto del personal y los sindicatos.

Artículo 120. Requisitos para el establecimiento de un modelo de evaluación del desempeño

Para que un modelo de evaluación del desempeño funcione y produzca efectos, los departamentos ministeriales y sus organismos y entidades deben haber implantado antes, y de forma efectiva, su instrumento de planificación estratégica. Además, una vez validado el modelo por la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, las evaluaciones no tendrán consecuencias en las dos primeras anualidades tras su implementación.

Artículo 121. La Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño

Para coordinar la implantación de la evaluación del desempeño en la Administración del Estado se crea la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño. Su composición y sus funciones las determinará la persona titular del departamento ministerial con competencias en materia de función pública.

Artículo 122. Carrera horizontal

La carrera horizontal reconoce el desarrollo profesional del funcionario de carrera por ascenso en tramos, sin cambiar de puesto. Es voluntaria: 4 tramos por grupo o subgrupo, ascensos consecutivos con un mínimo de cinco años de servicios efectivos en el primer tramo y seis en los siguientes, a solicitud del interesado. Computan servicios especiales y ciertas excedencias. La convocatoria es anual, y los efectos económicos se producen desde el 1 de enero del año siguiente. Se retribuye con un complemento de carrera igual por grupo y tramo.

Artículo 123. Concepto de personal directivo público profesional

Es personal directivo público profesional quien desempeña funciones directivas para desarrollar políticas y programas públicos, con margen de autonomía, siguiendo criterios e instrucciones de sus superiores y con responsabilidad por la gestión y los objetivos. Lo son los titulares de subdirecciones generales y, en la periferia, los titulares de unidades asimiladas por el departamento de función pública. Las subdirecciones generales adjuntas y los puestos asimilados son predirectivos. Se vela por la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Artículo 124. Función directiva pública profesional y principios de actuación del personal directivo público profesional

La función directiva pública profesional, con competencias propias o delegadas, exige especial responsabilidad y competencia técnica y alguna o todas estas actuaciones: establecer objetivos e impulsar decisiones, asesorar, planificar y coordinar, evaluar objetivos e impulsar la innovación, gestionar personal y medios, y dirigir o coordinar unidades. Sus principios: objetividad e integridad, aprendizaje continuo, transparencia y responsabilidad, eficacia sujeta a control y evaluación de resultados, eficiencia e igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 125. Régimen jurídico del personal directivo público profesional

La relación del personal directivo público profesional es, con carácter general, de derecho administrativo; si es personal laboral, se somete a la relación laboral especial de alta dirección. El departamento de función pública adapta los procedimientos de provisión y gestiona el repertorio de puestos directivos, independiente de las relaciones de puestos de trabajo, con el perfil de cada puesto. Habrá un directorio de inscripción voluntaria. El personal directivo y predirectivo debe seguir la formación que se defina como obligatoria.

Artículo 126. Requisitos para la designación de personal directivo público profesional

Para ser nombrado personal directivo público profesional hay que acreditar: ser funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales del subgrupo A1 (en puestos de régimen laboral no se exige, pero sí el mismo nivel de titulación); tener la experiencia y antigüedad suficientes que se requieran, y poseer la formación requerida según el perfil del puesto.

Artículo 127. Nombramiento, duración del nombramiento y cese del personal directivo público

El personal directivo público profesional se nombra y cesa siempre por libre designación, sin cobertura provisional. Las solicitudes se presentan en diez días naturales como máximo desde la convocatoria, con justificación escrita de la idoneidad. El nombramiento dura como máximo cinco años, renovables por periodos idénticos si se mantienen los requisitos y no hay evaluaciones negativas. Cesa el mismo órgano que nombra, de forma motivada, por siete causas, entre ellas fin del plazo, petición propia, evaluación negativa, reorganización y, excepcionalmente, pérdida de la confianza.

Disposición transitoria sexta. Intervalos de niveles

Mientras no se apruebe el reglamento correspondiente, los intervalos de niveles de puesto por grupo o subgrupo son: A1, del 24 al 30; A2, del 20 al 26; B, del 18 al 24; C1, del 16 al 22, y C2, del 14 al 18. Cada grupo tiene así un nivel mínimo y un nivel máximo de puesto.

Artículo 1. Revisión del importe de la indemnización

La Orden HFP/793/2023 actualiza la indemnización por el uso de vehículo particular en comisión de servicio, que se percibe como gasto de viaje y está prevista en el artículo 18.1 del Real Decreto 462/2002. Queda fijada en 0,26 euros por kilómetro recorrido con automóvil y en 0,106 euros por kilómetro recorrido con motocicleta.

Disposición adicional tercera. Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos y de otro personal de nuevo ingreso

Con efectos de 1 de enero de 2011, el personal del art. 2.1 de la Ley de Clases Pasivas (salvo la letra i) que acceda a su condición desde esa fecha entra obligatoriamente en el Régimen General. Se respetan la edad de jubilación forzosa y los tribunales médicos de cada colectivo, lo propio del militar no permanente y las pensiones extraordinarias de Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Quien estaba en Clases Pasivas a 31-12-2010 y pasa sin solución de continuidad a otro Cuerpo de ese régimen sigue en él, igual que el personal de la letra i).

La prórroga de los Presupuestos de 2023 y el Real Decreto-ley 14/2025

Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del 1 de enero, se prorrogan automáticamente los del año anterior (art. 134.4 CE). En 2026 sigue prorrogada la Ley 31/2022, de Presupuestos del Estado de 2023. La subida la aprobó el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que cumple el Acuerdo de 27 de noviembre de 2025 con UGT y CSIF (2025-2028): 2,5 % en 2025, 1,5 % en 2026 y un 0,5 % adicional consolidable si el IPC de 2026 llega al 1,5 %, que se abonaría en el primer trimestre de 2027.

Sueldo y trienios de los funcionarios del Estado en 2026

El sueldo y los trienios de los funcionarios del Estado dependen del grupo o subgrupo en que esté clasificado su Cuerpo o Escala (Ley 31/2022, art. 23.Uno.A). Con el 1,5 % del Real Decreto-ley 14/2025, la Dirección General de Costes de Personal actualizó las cuantías con efectos de 1 de enero de 2026. Sueldo anual (12 mensualidades): A1 16.646,88; A2 14.394,24; B 12.582,60; C1 10.807,56; C2 8.994,96; E 8.232,84. Correspondencias: A→A1, B→A2, C→C1, D→C2, E→agrupaciones profesionales.

Las pagas extraordinarias y el total anual de sueldo y trienios en 2026

Hay dos pagas extraordinarias al año, en junio y en diciembre, que se devengan según el art. 33 de la Ley 33/1987. Cada una incluye sueldo y trienios (cuantías propias de paga extra) y el complemento de destino mensual. Si hubo jornada reducida en los seis meses anteriores a junio o diciembre, la paga se reduce proporcionalmente. El complemento específico anual se cobra en catorce pagas iguales: doce mensuales y dos adicionales en junio y diciembre. Total anual de sueldo en 2026: A1 18.358,98; C1 12.364,40; C2 10.480,46.

El complemento de destino por niveles en 2026

El complemento de destino depende del nivel del puesto de trabajo que se desempeña (Ley 31/2022, art. 23.Uno.C); la ley fija su cuantía en doce mensualidades, pero la tabla de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos da también un importe anual con 14 percepciones, porque cada paga extraordinaria incluye el complemento de destino mensual. En 2026 va de 1.211,77 euros al mes (nivel 30) a 114,81 (nivel 1). El grupo E que ingresó desde el 31 de mayo de 2010 cobra el de la escala general por niveles.