C2 · Bloque I · Organización pública

Tema 15 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

El presupuesto del Estado en España. Contenido, elaboración y estructura. Fases del ciclo presupuestario.

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Constitución Española

En este tema: art. 134. Ver la norma

  1. Artículo 134. Los Presupuestos Generales del Estado

    Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación. Tienen carácter anual, incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal y consignan el importe de los beneficios fiscales. El Gobierno debe presentarlos al Congreso al menos tres meses antes de expirar los del año anterior, y si no se aprueban antes del primer día del ejercicio se prorrogan automáticamente los anteriores. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos requiere la conformidad del Gobierno. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, y solo puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

El presupuesto: concepto, principios y presupuesto por programas

En este tema: fichas 8–10, 1–6, 11–13. Ver las fichas

  1. Concepto de presupuesto: definiciones doctrinales y legales

    El DPEJ define el presupuesto (acepción financiera) como previsión de ingresos y programación de gasto de cualquier ente con actividad financiera, y el presupuesto público como expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que la administración puede, como máximo, reconocer y de los derechos que se prevean realizar en un ejercicio. Neumark (1976) lo ve como resumen sistemático y cifrado confeccionado en períodos regulares. La LGP (art. 32) y la LOFCA (art. 18.1) dan las definiciones legales estatal y autonómica.

  2. Características, marco jurídico y contenido del presupuesto

    Para la Universidad de Cantabria el presupuesto es norma legal y principal instrumento financiero, con seis características: orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad, regularidad y justicia impositiva. Su marco jurídico: CE (art. 134), Ley 47/2003 y LO 2/2012, más la Orden anual de elaboración. El Gobierno lo elabora; las Cortes lo examinan, enmiendan y aprueban. La LGP (art. 33.2) fija su contenido, incluidos los objetivos de los gestores y los beneficios fiscales.

  3. Clasificación de los principios presupuestarios; universalidad y anualidad

    La Universidad de Cantabria clasifica los principios presupuestarios en tres clases: políticos (universalidad, unidad presupuestaria, especialidad, anualidad, competencia y publicidad), contables (presupuesto bruto, unidad de caja, especificación y ejercicio cerrado) y económicos (limitación del gasto público, neutralidad impositiva, equilibrio presupuestario y autoliquidación de la deuda). El DPEJ define universalidad (totalidad de gastos e ingresos, art. 134.1 CE) y anualidad (previsión anual, art. 134.2 CE); el ejercicio coincide con el año natural.

  4. Las reglas de gestión presupuestaria del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria

    El art. 27 LGP fija, además del presupuesto anual, tres reglas: los créditos se destinan solo a la finalidad específica para la que se autorizaron, con carácter limitativo y vinculante según su nivel de especificación; los recursos atienden el conjunto de las obligaciones, salvo afectación por ley; y derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minorar derechos para atender obligaciones salvo autorización legal expresa (con excepciones como las devoluciones de ingresos indebidos).

  5. Estabilidad presupuestaria y demás principios de la programación presupuestaria

    La exposición de motivos de la LGP sitúa tres principios (plurianualidad, transparencia y eficiencia) al servicio de la estabilidad presupuestaria. Desde 2012 el art. 26.1 LGP enumera siete: estabilidad, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la LO 2/2012 (arts. 3 a 9), que desarrolla el art. 135 CE. El DPEJ define equilibrio (gastos no superiores a ingresos ordinarios), estabilidad (equilibrio o superávit estructural), plurianualidad y eficiencia.

  6. Del presupuesto tradicional al presupuesto por programas, el base cero y el orientado a resultados

    Para Lozano Peña, Aguilera Díaz y García de Bustos (2008) el presupuesto tradicional busca el control de la legalidad y prima los organismos destinatarios del gasto sobre los fines. Frente a él surgen en EE. UU. el presupuesto por programas (PPBS), que asigna programas a objetivos tras compararlos, con escasos frutos según Zapico Goñi (2000), y el base cero, donde el gestor justifica cada año toda su petición en «paquetes» por prioridad. Con Shick definen el presupuesto orientado a resultados.

  7. Implantación del presupuesto por programas en España: los Presupuestos de 1984

    La Ley 44/1983, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, inicia la transformación del presupuesto administrativo tradicional, parco en información para decidir, en un presupuesto por objetivos. Novedades: se construye desde los programas de gasto (las demás ordenaciones se obtienen por conversión), integra todos los organismos de la Administración del Estado y, por primera vez, atribuye los créditos de personal a los centros gestores donde se presta el servicio. Los programas son vinculantes.

  8. Programa presupuestario, crédito y gestión por objetivos en la Ley General Presupuestaria

    La LGP define el programa presupuestario, plurianual y a cargo del titular del centro gestor, como el conjunto de gastos para actividades orientadas a objetivos preestablecidos (producir bienes y servicios, cumplir obligaciones específicas u otras actividades). Los créditos son asignaciones individualizadas de gasto. El programa anual concreta el plurianual; su cumplimiento se comprueba por resultados si son mensurables e identificables y, si no, con indicadores de medición indirecta. Los plurianuales abarcan los tres ejercicios siguientes.

  9. La clasificación por programas en los Presupuestos Generales del Estado

    Según el Ministerio de Hacienda, los gastos se clasifican por programas (la principal, por mostrar la finalidad), orgánica y económica. Los programas son finalistas (objetivos cuantificables) o instrumentales y de gestión. Se agrupan en grupos de programas, políticas de gasto y cinco áreas (1, 2, 3, 4 y 9). El código tiene tres dígitos y una letra: área, política, grupo; la letra A-L indica programa finalista y M-Z instrumental. Hay unos 292 programas, 112 grupos y 27 políticas.

  10. El ciclo presupuestario y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado

    Según la SEPG, el Gobierno elabora los PGE y las Cortes los examinan, enmiendan y aprueban. Fases del ciclo: actualización del Programa de Estabilidad (a la UE, proyecciones a 3 años), informe de situación de la economía, orden de elaboración (inicia formalmente el proceso; la dicta el ministro de Hacienda), acuerdo de objetivos de estabilidad y deuda y del límite de gasto no financiero (primer semestre), aprobación del proyecto y remisión a las Cortes, plan presupuestario a la UE (a más tardar el 15 de octubre) y aprobación de la ley para que entre en vigor el 1 de enero. Los objetivos los fija el Consejo de Ministros para tres ejercicios, previo informe del CPFF y de la CNAL; Congreso y Senado los aprueban o rechazan.

  11. La aprobación parlamentaria de los Presupuestos y su prórroga

    El Gobierno presenta los PGE al Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior (CE); la LGP concreta: antes del 1 de octubre, con la documentación del art. 37. En el Congreso tienen preferencia; las enmiendas a la totalidad solo las presentan los Grupos Parlamentarios y, si el Pleno acuerda la devolución, el proyecto queda rechazado; en el debate de totalidad se fijan las cuantías globales. Las enmiendas que aumentan créditos exigen una baja igual en la misma Sección; las que minoran ingresos, conformidad del Gobierno. El Senado tiene dos meses (veinte días naturales si es urgente). La ley no crea tributos. Sin ley el 1 de enero, prórroga automática de los presupuestos iniciales del ejercicio anterior.

  12. Ejecución, control y rendición de cuentas: la Cuenta General del Estado

    El presupuesto de gastos del Estado se gestiona en cinco fases (LGP): aprobación del gasto (reserva crédito, sin relación con terceros), compromiso (importe determinado o determinable, con relevancia jurídica para terceros), reconocimiento de la obligación (crédito exigible contra la Hacienda Pública), ordenación del pago y pago material. Aprueban, comprometen y reconocen los ministros y titulares de órganos con dotaciones diferenciadas (salvo lo reservado al Consejo de Ministros). Control externo: Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes. Control interno: IGAE (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública). La IGAE forma la Cuenta General; el Gobierno la remite al Tribunal antes del 31 de octubre del año siguiente.

Ley 47/2003, General Presupuestaria

En este tema: arts. 26–41, 69–81 y 130–132. Ver la norma

  1. Artículo 26. Principios y reglas de programación presupuestaria

    La programación presupuestaria se rige por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la Ley Orgánica 2/2012. Toda norma en elaboración, acto, contrato, convenio o actuación del sector público estatal que afecte a los gastos públicos debe valorar sus efectos y supeditarse estrictamente a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios plurianuales.

  2. Artículo 27. Principios y reglas de gestión presupuestaria

    La gestión del sector público estatal se somete a un presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en un escenario plurianual. Los créditos de los entes con presupuesto limitativo se destinan solo a la finalidad para la que se autorizaron, con el carácter limitativo y vinculante de su nivel de especificación. Los recursos atienden al conjunto de obligaciones, salvo afectación por ley. Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minoraciones salvo autorización legal expresa y las excepciones tasadas.

  3. Artículo 28. Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad

    Los escenarios presupuestarios plurianuales enmarcan cada año los Presupuestos Generales del Estado: programan la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo y fijan límites para los tres ejercicios siguientes. Se ajustan al objetivo de estabilidad del Estado y de la Seguridad Social, los confecciona el Ministerio de Hacienda, que da cuenta al Consejo de Ministros antes de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos, y constan de un escenario de ingresos y otro de gastos.

  4. Artículo 29. Programas plurianuales ministeriales

    Los escenarios plurianuales contienen la distribución orgánica de los recursos y se desarrollan en programas plurianuales a tres ejercicios, donde por centros gestores se fijan objetivos, acciones y dotaciones. Se remiten cada año al Ministerio de Hacienda. El de cada ministerio lo aprueba el Ministro; el de la Seguridad Social se elabora por separado. Los de entidades sin presupuesto limitativo se integran a efectos informativos. Contienen objetivos mensurables, actividad, medios, inversiones e indicadores de ejecución.

  5. Artículo 30. Programas plurianuales de los centros gestores

    Los programas plurianuales de los centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada ministerio, los elaboran los titulares de esos centros y su contenido se ajusta al fijado para el programa plurianual en el apartado 6 del artículo 29 de la Ley. Su procedimiento de elaboración y su estructura se establecen por orden del Ministro de Hacienda.

  6. Artículo 31. Asignación presupuestaria y objetivos

    Los Presupuestos Generales del Estado se adecuan a los escenarios plurianuales y atienden a los objetivos de los programas plurianuales de los departamentos ministeriales, sujetos siempre a las restricciones que el Gobierno determine para cumplir los objetivos de política económica del ejercicio. Las asignaciones a los centros gestores tienen en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de objetivos en ejercicios anteriores. Los objetivos instrumentales se relacionan con los finales en cuya consecución participan.

  7. Artículo 32. Definición

    El artículo 32 define los Presupuestos Generales del Estado como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Retén los tres adjetivos (cifrada, conjunta, sistemática), los dos objetos (derechos y obligaciones) y el ámbito: todo el sector público estatal.

  8. Artículo 33. Alcance subjetivo y contenido

    Los PGE integran los presupuestos de los órganos del artículo 2.3 y de las entidades con régimen de especificaciones y modificaciones de la ley o con presupuesto limitativo por su normativa, y los presupuestos estimativos de los sectores empresarial y fundacional, consorcios, universidades no transferidas, fondos sin personalidad jurídica y demás entidades del sector público administrativo. Determinan obligaciones máximas, derechos a reconocer, operaciones de las entidades estimativas, objetivos de los gestores y beneficios fiscales de los tributos del Estado.

  9. Artículo 34. Ámbito temporal

    El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. Se le imputan los derechos liquidados en él, sea cual sea el período del que deriven, y las obligaciones reconocidas hasta fin de diciembre por gastos realizados en el ejercicio. Los atrasos del personal y las obligaciones nacidas de resoluciones judiciales se aplican al presupuesto vigente al expedir las órdenes de pago. Las obligaciones de ejercicios anteriores no previstas en los apartados anteriores requieren norma con rango de ley para imputarse.

  10. Artículo 35. Los créditos y programas presupuestarios

    Los créditos presupuestarios son asignaciones individualizadas de gasto puestas a disposición de los centros gestores, especificadas por agrupación orgánica, por programas y económica. Los programas plurianuales, bajo la responsabilidad del titular del centro gestor del gasto, agrupan los gastos dirigidos a objetivos preestablecidos. El programa anual es el conjunto de créditos puestos a disposición del gestor responsable. Su cumplimiento se mide por resultados si son mensurables y, si no, por indicadores de medición indirecta.

  11. Artículo 36. Procedimiento de elaboración

    El procedimiento de elaboración de los PGE se fija por orden del Ministro de Hacienda. Este determina las directrices de distribución del gasto y, con ese fin, se constituye la Comisión de Políticas de Gasto, cuya composición fija también por orden. Ministerios y órganos con dotación diferenciada remiten sus propuestas a Hacienda ajustadas a esas directrices. El Ministerio de Hacienda elabora el presupuesto de ingresos de la AGE, y el Ministro de Hacienda eleva al Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos.

  12. Artículo 37. Remisión a las Cortes Generales

    El proyecto de Ley de PGE (articulado, anexos y estados de ingresos y gastos) se remite a las Cortes Generales antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera. Le acompañan, entre otros documentos, las memorias de los programas, los informes de impacto de género, de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia y de alineamiento con los ODS de la Agenda 2030, el anexo plurianual de inversiones con clasificación territorial, la liquidación del año anterior, los estados consolidados, el informe económico y financiero y la memoria de beneficios fiscales.

  13. Artículo 38. Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado

    Si la Ley de PGE no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta que se aprueben y publiquen los nuevos en el BOE. La prórroga no alcanza a los créditos de programas o actuaciones que terminen en el ejercicio prorrogado ni a obligaciones que se extingan en él. La estructura orgánica se adapta a la organización vigente sin alterar la cuantía total. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acuerda los criterios de aplicación.

  14. Artículo 39. Estructura de los presupuestos del sector público estatal

    La estructura de los Presupuestos Generales del Estado y de sus anexos la determina el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la ley, teniendo en cuenta tres criterios: la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir.

  15. Artículo 40. Estructura de los estados de gastos de los Presupuesto Generales del Estado

    Los estados de gastos se estructuran en tres clasificaciones: orgánica (por secciones y servicios), por programas (los centros gestores agrupan créditos y fijan objetivos de acuerdo con el Ministerio de Hacienda) y económica (por capítulos: operaciones corrientes, de capital, financieras y Fondo de Contingencia). Los capítulos se desglosan en artículos, conceptos y subconceptos. Además, los créditos se identifican funcionalmente según su finalidad, deducida del programa o, excepcionalmente, de su naturaleza.

  16. Artículo 41. Estructura de los estados de ingresos

    Los estados de ingresos se estructuran con dos clasificaciones: orgánica (AGE, cada organismo autónomo, Seguridad Social y otras entidades) y económica, que separa corrientes, de capital y operaciones financieras. Corrientes: impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. De capital: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. Financieras: activos y pasivos financieros. Los capítulos se desglosan en artículos, conceptos y subconceptos.

  17. Artículo 69. Principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera

    El sector público estatal ajusta su gestión económico-financiera a la eficacia en los objetivos y a la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con objetividad y transparencia. Su programación y ejecución buscan desarrollar objetivos y controlar resultados, según las políticas de gasto del Gobierno y los recursos disponibles. El Estado coopera y se coordina con otras Administraciones para racionalizar recursos. Los titulares de los entes y órganos del sector público estatal responden de la consecución de los objetivos fijados.

  18. Artículo 70. Sistema de objetivos

    Los centros gestores del gasto responsables de los programas presupuestarios establecen un sistema de objetivos para su área de actuación, adecuado a su naturaleza y características, mediante la elaboración de los programas plurianuales del art. 30. Los sistemas de gestión y control del gasto público deben orientarse a asegurar los objetivos finales de los programas y a informar de su cumplimiento, de las desviaciones y de sus causas.

  19. Artículo 71. Balance de resultados e informe de gestión

    Los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los programas presupuestarios formulan un balance de resultados y un informe de gestión sobre el cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio en el programa plurianual de su centro. Ambos documentos se incorporan a la memoria de las correspondientes cuentas anuales, en los términos del art. 128.

  20. Artículo 72. Evaluación de políticas de gasto

    El Ministerio de Hacienda, en colaboración con los centros gestores de gastos, impulsa y coordina la evaluación continuada de las políticas de gasto, para asegurar que alcanzan sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden. La iniciativa y coordinación son del Ministerio; los centros gestores colaboran.

  21. Artículo 73. Fases del procedimiento de la gestión de los gastos

    La gestión del gasto del Estado, sus organismos autónomos, entidades con presupuesto limitativo y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social sigue cinco fases: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. La aprobación autoriza el gasto y reserva crédito, sin relación con terceros; el compromiso acuerda su realización y vincula frente a terceros; el reconocimiento declara un crédito exigible, previa acreditación de la prestación. Las fases pueden acumularse en un solo acto.

  22. Artículo 74. Competencias en materia de gestión de gastos

    Los Ministros y titulares de órganos con dotaciones diferenciadas aprueban y comprometen gastos y reconocen obligaciones (salvo lo reservado al Consejo de Ministros) y fijan los límites por debajo de los cuales esas competencias pasan a Secretarios de Estado y Subsecretario. En organismos autónomos compete a sus presidentes o directores, incluido el pago. Cabe desconcentrar por real decreto o delegar. Los convenios y contratos-programa de más de doce millones de euros requieren autorización del Consejo de Ministros, que implica la aprobación del gasto.

  23. Artículo 75. Ordenación de pagos

    Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, el Director General del Tesoro y Política Financiera es Ordenador General de pagos del Estado; bajo la del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social lo es de las entidades gestoras y servicios comunes. Las órdenes de pago se expiden a favor del acreedor de la propuesta de pago, aunque una Orden del Ministro de Economía puede permitir expedirlas a favor de intermediarios (habilitaciones, cajas pagadoras…).

  24. Artículo 76. Embargo de derechos de cobro

    Los embargos, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de compensación y actos análogos sobre derechos de cobro de particulares frente a la AGE o la Seguridad Social, pagaderos por sus Ordenaciones de Pagos, se comunican necesariamente a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la Tesorería General de la Seguridad Social. Deben identificar al afectado (nombre y NIF), el importe del embargo y el derecho de cobro afectado. Otros órganos de la AGE que los reciban solo los remiten al Tesoro si cumplen esos requisitos; si no, los devuelven motivadamente.

  25. Artículo 77. Pagos indebidos y demás reintegros

    Pago indebido: el hecho por error material, aritmético o de hecho a quien no tiene derecho de cobro o por cuantía superior a la reconocida. El perceptor debe restituirlo, y el órgano que cometió el error dispone de inmediato, de oficio, la restitución. Los demás reintegros se revisan por los procedimientos de revisión de oficio o los específicos de cada ingreso. Salvo normativa propia, el reintegro devenga el interés del art. 17 desde el pago hasta que se acuerde su procedencia o hasta la devolución voluntaria sin requerimiento; también si se incumplen las condiciones de entrega de fondos.

  26. Artículo 78. Anticipos de caja fija y fondos de maniobra

    Ministros y presidentes o directores de organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada, dictan las normas de pagos por anticipos de caja fija: provisiones extrapresupuestarias y permanentes a pagadurías, cajas y habilitaciones para gastos periódicos o repetitivos del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. En la Seguridad Social, los fondos de maniobra los regula el Director General de la TGSS. Límite global de anticipos: 7 % de ese capítulo (AECI hasta el 14 %; 10 % en el art. 23 del programa 222A de Interior). Fondos de maniobra: 3 %, elevable al 7 %.

  27. Artículo 79. Pagos a justificar

    Se libran fondos a justificar cuando, excepcionalmente, no puede aportarse la documentación justificativa al reconocer la obligación, cuando los servicios se prestan en el extranjero o en localidades sin dependencia del órgano. Solo se imputan obligaciones del ejercicio del libramiento; el Consejo de Ministros puede permitir atender con ellos gastos en el extranjero del año siguiente. La cuenta justificativa se rinde en tres meses (seis en expropiaciones y pagos en el extranjero), ampliables excepcionalmente a seis y doce. La cuenta se aprueba o repara en los dos meses siguientes.

  28. Artículo 80. Gestión de Presupuestos de ingresos

    La gestión del presupuesto de ingresos tiene dos fases, sucesivas o simultáneas: reconocimiento y extinción del derecho. El reconocimiento declara y liquida un crédito a favor de la AGE, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La extinción se produce por cobro en metálico o en especie, o por compensación en los casos previstos. Las extinciones por otras causas se contabilizan por separado: anulación de la liquidación, o prescripción, condonación o insolvencia en la recaudación.

  29. Artículo 81. Devoluciones de ingresos

    En las devoluciones de ingresos se distinguen el reconocimiento del derecho a la devolución (por ingreso indebido u otra causa legal) y el pago de la devolución. Salvo especialidades tributarias, cuando la devolución deriva de la revisión administrativa o judicial del acto del que nació la obligación de ingresar, se devuelve el importe ingresado más el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos de cada periodo, desde el ingreso indebido en el Tesoro hasta la propuesta de pago de la devolución.

  30. Artículo 130. Contenido de la Cuenta General del Estado

    Consolida las cuentas anuales del sector público estatal en seis estados: balance, resultado económico patrimonial, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo, liquidación del presupuesto y memoria. Informa de la situación patrimonial y financiera, del resultado y de la ejecución del presupuesto. Se acompañan las cuentas de gestión de tributos cedidos. El Ministro de Hacienda puede integrar entidades controladas ajenas al sector, multigrupo y asociadas, que remiten sus cuentas a la IGAE en siete meses.

  31. Artículo 131. Formación y remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas

    La Cuenta General del Estado de cada año la forma la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la eleva al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente. La IGAE puede recabar de las entidades la información necesaria para consolidar. Si faltan cuentas, la IGAE puede formar la Cuenta con las recibidas. Pueden consolidarse cuentas con auditoría denegada, desfavorable o con salvedades, haciéndolo constar en la memoria explicativa.

  32. Artículo 132. Examen y comprobación de la Cuenta General del Estado

    El Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, examina y comprueba la Cuenta General del Estado en el plazo de seis meses desde que la recibe. Después, el Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva y la eleva a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.

La clasificación económica del gasto y del ingreso del Estado

En este tema: todas las fichas. Ver las fichas

  1. La Resolución de 20 de enero de 2014 y las órdenes anuales de elaboración de los Presupuestos

    La Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, fija los códigos de la clasificación económica de gastos e ingresos de los Presupuestos Generales del Estado y sustituyó a la de 19 de enero de 2009. Tiene cuatro anexos: I clasificación de ingresos, II del gasto, III código de ingresos y IV código de gastos. Llevó las pensiones a funcionarios o familias del capítulo 1 al capítulo 4 y suprimió los artículos de ingresos 57 y 58. Las órdenes anuales, hoy la Orden HAC/557/2026 para 2027, pueden actualizarla.

  2. Capítulos, artículos, conceptos y subconceptos: operaciones corrientes, de capital y financieras

    La clasificación económica agrupa los créditos por capítulos y separa operaciones corrientes (1 personal, 2 bienes y servicios, 3 financieros, 4 transferencias corrientes), el capítulo 5 Fondo de contingencia, operaciones de capital (6 inversiones reales, 7 transferencias de capital) y financieras (8 activos, 9 pasivos). Capítulo un dígito, artículo dos, concepto tres y subconcepto dos más tras punto (221.03 Combustible). La diferencia entre los capítulos 6 de gastos e ingresos da la Formación Bruta de Capital; la de los 7, el saldo neto de transferencias de capital.

  3. Desarrollo por sectores, conceptos definidos y conceptos no tipificados

    Si un concepto se desarrolla por sectores, el dígito identifica el sector: 0 Administración del Estado, 1 Organismos Autónomos, 2 Seguridad Social, 3 Agencias estatales y otros Organismos Públicos, 4 Sociedades y resto del sector público, 5 Comunidades Autónomas, 6 Corporaciones Locales, 7 Empresas privadas, 8 Familias e ISFL, 9 Exterior (00 a 09 en la Orden HAC/557/2026). Solo los conceptos y subconceptos del Código son definidos; los nuevos de los capítulos 4 y 7 exigen modificación presupuestaria; los no tipificados de los capítulos 1, 2, 3 y 6, la Dirección General de Presupuestos.

  4. Capítulo 1. Gastos de personal: contenido, altos cargos, eventuales y funcionarios

    El capítulo 1 recoge retribuciones e indemnizaciones (incluidas aportaciones a planes de pensiones) de todo el personal por razón del trabajo y, en su caso, de la residencia obligada, y las cotizaciones obligatorias; no las indemnizaciones por razón del servicio. Artículos 10 a 16. En el 12 «Funcionarios»: 120 retribuciones básicas (sueldos por grupo 120.00-120.04, 120.05 trienios, también de altos cargos y eventuales, 120.06 pagas extraordinarias) y 121 complementarias (destino, específico, residencia, otros). Productividad de altos cargos y eventuales, al 150.

  5. Capítulo 1. Laborales, otro personal, incentivos y cuotas y gastos sociales (162.04 Acción social)

    Artículo 13 «Laborales»: retribuciones del personal laboral según convenio (130 fijo, con 130.01 que incluye incentivos; 131 eventual; 132 en especie; 137 planes de pensiones); el vestuario y las dietas y locomoción van al capítulo 2. Artículo 14 «Otro personal», sin los interinos. Artículo 15: 150 Productividad, 151 Gratificaciones (ni fijas ni periódicas), 153 Dedicación especial militar. Artículo 16: 160 cuotas sociales (Seguridad Social, MUFACE, ISFAS, MUGEJU) y 162 gastos sociales: formación, economatos y comedores con vales de comida, transporte, acción social, seguros y otros.

  6. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: contenido, arrendamientos y reparaciones

    El capítulo 2 recoge gastos corrientes en bienes y servicios que no aumentan el capital o el patrimonio público: bienes fungibles, de duración previsible inferior al ejercicio, no inventariables o reiterativos, e inmateriales reiterativos y no amortizables. No se imputa ninguna retribución al personal. Artículo 20 «Arrendamientos y cánones» (incluye el leasing si no se ejercita la opción de compra; 202 edificios aunque el alquiler incluya calefacción, agua o limpieza). Artículo 21, reparaciones y conservación (210 a 219). Las grandes reparaciones que alargan la vida útil, al capítulo 6.

  7. Capítulo 2. Artículo 22: material de oficina, suministros (221.03 Combustible), comunicaciones, transportes, seguros y tributos

    Artículo 22. 220 Material de oficina: ordinario no inventariable, prensa y libros (salvo fondos de bibliotecas, capítulo 6), material informático no inventariable y en el exterior. 221 Suministros (energía, agua, gas, combustible, vestuario, alimentación…), con 221.99 para los lubricantes y aditivos de vehículos. 222 Comunicaciones, 223 Transportes (Parque Móvil, salvo los sociales y los de comisiones de servicio), 224 Primas de seguros (sin vida, accidente o responsabilidad civil, que van al capítulo 1) y 225 Tributos estatales, autonómicos, locales y en el exterior.

  8. Capítulo 2. Gastos diversos (226) y trabajos realizados por otras empresas y profesionales (227)

    El 226 «Gastos diversos» recoge lo corriente sin otro encaje en el capítulo 2: protocolo (sin retribuciones al personal), publicidad y propaganda (las campañas de sensibilización plurianuales van al artículo 64), jurídicos, reuniones, pruebas selectivas (salvo dietas y asistencias a tribunales, artículo 23), gastos reservados y otros. El 227 recoge trabajos contratados con empresas o profesionales: limpieza, seguridad, peritajes, custodia, procesos electorales y estudios técnicos (si son para inversión, capítulo 6). La Orden HAC/557/2026 añade el 227.07.

  9. Capítulo 2. Indemnizaciones por razón del servicio (23), publicaciones (24), conciertos sanitarios (25) y artículo 27

    El artículo 23 «Indemnizaciones por razón del servicio» resarce gastos de todo el personal; las asistencias a tribunales, órganos colegiados y reuniones; los honorarios por impartir clases y la manutención, alojamiento y locomoción por impartir cursos. Conceptos: 230 Dietas (también la comida de escoltas y conductores de autoridades), 231 Locomoción, 232 Traslado, 233 Otras indemnizaciones (asistencias a tribunales y órganos colegiados…). No van al capítulo 1. Artículos 24 publicaciones, 25 conciertos sanitarios y 27, de las Agencias Estatales.

  10. Capítulo 3. Gastos financieros y capítulo 5. Fondo de contingencia

    El capítulo 3 recoge la carga financiera por intereses de las deudas, sus gastos de emisión, modificación y cancelación, los intereses de depósitos y fianzas, diferencias de cambio, rendimientos implícitos (diferencia entre precio de emisión y de reembolso) e intereses de demora. Artículos 30 a 35. El 352 excluye los intereses de demora de inversiones, que son mayor coste de la inversión; el 359 recoge transferencias bancarias, avales y la carga financiera del leasing. El capítulo 5 dota el Fondo de Contingencia (concepto 500); la Orden añade el 51 «Otros imprevistos».

  11. Capítulo 4. Transferencias corrientes (artículo 41, a organismos autónomos)

    El capítulo 4 recoge pagos, condicionados o no, sin contrapartida directa de los receptores, que los destinan a gastos corrientes; también ciertas indemnizaciones por el funcionamiento de los servicios, las pensiones a funcionarios y familias y las subvenciones corrientes en especie. Se imputan por el beneficiario final. Artículos por agente: 40 Estado, 41 organismos autónomos, 42 Seguridad Social, 43 agencias y otros organismos, 44 sociedades y resto del sector público, 45 CCAA, 46 entidades locales, 47 empresas privadas, 48 familias e ISFL (con las pensiones de funcionarios), 49 exterior.

  12. Capítulo 6. Inversiones reales: contenido, leasing e inversiones en bienes de uso general (60 y 61)

    El capítulo 6 recoge la creación o adquisición de bienes de capital, de bienes inventariables para el funcionamiento de los servicios y los inmateriales amortizables (los que mantienen la actividad en ejercicios futuros). Incluye el leasing que transfiere los riesgos y ventajas, sobre todo si se ejercita la opción de compra: al capítulo 6 solo la recuperación del coste; la carga financiera, al 359. Incluye los intereses de demora de las inversiones. Artículos 60 (nueva, uso general, con jurados de expropiación), 61 (reposición), 62-63, 64 inmaterial y 65-67 militares.

  13. Capítulo 6. Inversión nueva (62), de reposición (63, concepto 630), inmaterial (64) y militar

    Artículo 62, inversión nueva para el funcionamiento interno: incrementa el stock de capital público; su concepto 620 recoge edificios, maquinaria, transporte, mobiliario, equipos y software y fondos de bibliotecas. Artículo 63, reposición: mantener o reponer bienes deteriorados, prorrogar su vida útil o reponer los inútiles por uso normal; el 630 recoge lo mismo que el 620 si se sustituyen bienes por otros análogos. Artículo 64, inmaterial: gastos con efectos plurianuales e intangibles. Los 65, 66 y 67 son los militares.

  14. Gasto corriente (capítulo 2) o inversión (capítulo 6): criterios de la Resolución

    Al capítulo 2 van los bienes fungibles, de duración inferior al ejercicio, no inventariables o reiterativos; al 6, los bienes de capital, los inventariables y los inmateriales amortizables. Reglas: reparación ordinaria al artículo 21 y gran reparación al 6; sustitución por bienes análogos al 630 y ampliación al 620; libros al 220.01 salvo fondos de bibliotecas; material informático no inventariable y software standard al 220.02, equipos al 620 y programas plurianuales al 64; estudios al 227.06; publicidad al 226.02; leasing al 20 o al 6.

  15. Capítulo 7. Transferencias de capital

    El capítulo 7 recoge pagos, condicionados o no, sin contrapartida directa de los receptores, que los destinan a operaciones de capital (las del capítulo 4 financian gasto corriente). Incluye las subvenciones en especie de capital: bienes que adquiere la Administración para entregarlos a beneficiarios de una subvención ya concedida. Se imputan por el beneficiario final, con los artículos 70 a 79 en el mismo orden de agentes que el capítulo 4. La cuota patronal de becarios va al 7 o al 4 según la beca; las aportaciones patrimoniales sin expectativa de recuperación son transferencias de capital.

  16. Capítulos 8 y 9. Activos financieros y pasivos financieros

    El capítulo 8 «Activos financieros» recoge adquisición de activos y constitución de depósitos y fianzas: 80-81 deuda y obligaciones (corto plazo, no más de 12 meses; largo, superior), 82-83 préstamos (los anticipos al personal, subconcepto 08), 84 depósitos y fianzas, 85-86 acciones, 87 aportaciones patrimoniales con contrapartida y expectativa de recuperación y 89 instituciones financieras internacionales. El capítulo 9 «Pasivos financieros» recoge la amortización de deudas por su valor efectivo (rendimientos implícitos al capítulo 3) y la devolución de depósitos y fianzas (90 a 94).

  17. Clasificación económica de los ingresos: capítulos 1 a 9

    La clasificación económica de ingresos separa corrientes, de capital y financieros. Capítulos: 1 Impuestos directos y cotizaciones sociales (renta, capital, cotizaciones); 2 Impuestos indirectos (gravan la circulación de bienes o el gasto de la renta: IVA, consumos específicos, tráfico exterior); 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos; 4 Transferencias corrientes; 5 Ingresos patrimoniales; 6 Enajenación de inversiones reales; 7 Transferencias de capital; 8 Activos financieros, con el artículo 87 Remanente de tesorería; 9 Pasivos financieros (deuda y préstamos por su importe efectivo).

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