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Ley 47/2003, General Presupuestaria

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Art. 1ObjetoEl artículo 1 fija el objeto de la Ley 47/2003: regular el régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero. Su ámbito es el sector público estatal, no el de otras Administraciones. Hay que retener las cinco materias y el ámbito estatal.
Art. 2Sector público estatalSector público estatal = AGE + sector público institucional: organismos públicos (autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales), autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y fundaciones adscritos a la AGE, fondos sin personalidad, universidades no transferidas, entidades de la Seguridad Social y demás entes de derecho público dependientes. Incluye los órganos con dotación diferenciada sin personalidad, con contabilidad y control propios. No se aplica a las Cortes Generales.
Art. 3Sector público administrativo, empresarial y fundacionalA efectos de la ley, el sector público estatal se divide en tres: administrativo, empresarial y fundacional. El administrativo agrupa la AGE, organismos autónomos, autoridades administrativas independientes, universidades no transferidas, entidades de la Seguridad Social y entes de derecho público, consorcios y fondos que no producen en régimen de mercado o no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales. El empresarial, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y el resto. El fundacional, las fundaciones del sector público estatal.
Art. 4Régimen jurídico aplicableEl régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta ley, sin perjuicio de normas especiales y de la normativa comunitaria. Se rigen por su normativa específica, entre otros, el sistema tributario, la Seguridad Social, el patrimonio, las relaciones financieras con comunidades autónomas y entidades locales, las Haciendas locales, las subvenciones y la contratación. Son supletorias las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho común.
Art. 5Concepto y derechos integrantes de la Hacienda Pública estatalLa Hacienda Pública estatal es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos. Sus derechos son de naturaleza pública o privada. Son de naturaleza pública los tributos y los demás derechos económicos de la AGE y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas.
Art. 6Normas comunes a los derechos de la Hacienda Pública estatalLa administración de los derechos de la Hacienda Pública estatal corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias que esta u otras leyes den a otros departamentos o entidades. El manejo o custodia de fondos o valores públicos puede encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que fije el reglamento.
Art. 7Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatalLos derechos económicos de la Hacienda Pública estatal no pueden enajenarse, gravarse ni arrendarse fuera de los casos previstos en las leyes. Tampoco caben exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias salvo en los casos y formas legales (sin perjuicio del artículo 16). Y no se puede transigir judicial ni extrajudicialmente sobre ellos ni someterlos a arbitraje sino por real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno (sin perjuicio del artículo 10.2).
Art. 8Ejercicio de acciones judiciales por la Hacienda Pública estatal
Art. 9Normas generalesLos derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se rigen por esta sección y por sus normas especiales; la aplicación de los tributos, por la Ley General Tributaria. Si concurren organismos autónomos con la AGE, cobra con preferencia la AGE. La misma preferencia tienen los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta (con sus recargos o intereses). Si concurren créditos de la AGE con los de cuotas de la Seguridad Social, se imputan a prorrata de su importe.
Art. 10Prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatalLa cobranza de los derechos de naturaleza pública goza de las prerrogativas de los tributos en la Ley General Tributaria y de las del Reglamento General de Recaudación. Son responsables solidarios, hasta el valor de lo que se hubiera podido embargar o enajenar, quienes incurran en el artículo 42.2 LGT; la declaración corresponde a la AEAT si gestiona el cobro. En concursos, Hacienda puede abstenerse o suscribir acuerdos; autoriza la AEAT en los créditos que gestiona, el órgano del organismo en los del FOGASA y el Ministro de Hacienda (delegable en la AEAT) en los restantes.
Art. 11Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatalLos derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal nacen y se adquieren según la normativa de cada derecho. Se extinguen por las causas de la Ley General Tributaria y por las demás que prevean las leyes. El procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción se rigen por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, sin perjuicio de esta ley y de la normativa de cada derecho.
Art. 12Providencia de apremio y suspensión del procedimiento de apremioLa providencia de apremio es título suficiente para iniciar el apremio y tiene la fuerza ejecutiva de una sentencia. El apremio puede suspenderse por recursos o reclamaciones en la forma legal o reglamentaria, y se suspende de inmediato y sin garantía si se demuestra error material, aritmético o de hecho, prescripción, ingreso, condonación, compensación, aplazamiento o suspensión de la deuda. En la tercería de dominio se suspende solo respecto de los bienes controvertidos, tras asegurar; en la de mejor derecho prosigue hasta la realización y el producto se consigna en depósito.
Art. 13Aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatalLas cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal por una relación de derecho público pueden aplazarse o fraccionarse, con interés de demora, en los casos y por el procedimiento del reglamento. Deben garantizarse salvo: las de baja cuantía, inferiores a las cifras que fije el Ministro de Hacienda; y cuando el deudor carezca de bienes suficientes y la ejecución afectara sustancialmente a la capacidad productiva y al empleo, salvo grave quebranto para la Hacienda. Las deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales siguen su legislación específica.
Art. 14Compensación de deudasLas deudas públicas en gestión recaudatoria, voluntaria o ejecutiva, pueden compensarse total o parcialmente con créditos reconocidos al deudor, según el reglamento. Si se anula y sustituye una liquidación ingresada, la nueva se reduce en lo ingresado. Las deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales siguen su legislación. Las de organismos autónomos, Seguridad Social y demás entes de derecho público con la AGE se compensan si son vencidas, líquidas y exigibles, sin afectar a las cotizaciones sociales; igual entre entidades estatales de derecho público.
Art. 15Prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatalSalvo lo que digan las leyes de cada recurso, prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal a reconocer o liquidar créditos (desde que el derecho pudo ejercitarse) y a cobrar los reconocidos o liquidados (desde su notificación o, si no es preceptiva, desde su vencimiento). La prescripción se interrumpe según la Ley General Tributaria y se aplica de oficio. Los derechos prescritos se dan de baja en cuentas previo expediente, y las responsabilidades se rigen por la normativa de responsabilidad contable.
Art. 16Derechos económicos de baja cuantíaEl Ministro de Hacienda puede disponer que no se liquiden o, en su caso, que se anulen y den de baja en contabilidad las liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que él mismo fije como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación.
Art. 17Intereses de demoraLas cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal devengan interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento, incluidas las recaudadas por entidades colaboradoras, cuentas restringidas, oficinas liquidadoras y demás entidades recaudadoras que no se ingresen en el Tesoro en plazo. El interés de demora es el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para cada año o periodo del cálculo. Quedan a salvo las especialidades tributarias.
Art. 18Gestión de derechos de naturaleza pública de la Seguridad Social y de las entidades del sector público estatal no integrantes de la Hacienda Pública estatalLos demás ingresos de derecho público de las entidades del sector público estatal que no integran la Hacienda Pública estatal se gestionan según esta sección, sin perjuicio de su normativa propia. Las cuotas y demás ingresos de derecho público de la Seguridad Social se rigen por la Ley General de la Seguridad Social y sus disposiciones especiales y, en su defecto, por esta sección; en ese caso, las referencias al Ministerio de Hacienda se entienden hechas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Art. 19Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatalLos derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado. Las deudas de derecho privado pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y condiciones que fije el Ministro de Hacienda para las de la AGE y, conjuntamente, el Ministro de Hacienda y el del ministerio de adscripción para las de los organismos autónomos.
Art. 20Fuentes de las obligaciones
Art. 21Exigibilidad de las obligacionesLas obligaciones de la Hacienda Pública estatal solo son exigibles si resultan de la ejecución de los presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. Si se deben por prestaciones o servicios, no se paga sin que el acreedor cumpla o garantice. En convenios y encomiendas no hay pago anticipado sin ejecutar y justificar, salvo ley especial; pero cabe pactar un anticipo para operaciones preparatorias de hasta el 10 % del total, con garantía salvo que el acreedor sea del sector público estatal o la normativa del gasto disponga otra cosa.
Art. 22Extinción de las obligacionesLas obligaciones de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas del Código Civil y del resto del ordenamiento jurídico. La gestión de los créditos presupuestarios para extinguirlas se hace conforme al título II de esta ley y a sus disposiciones de desarrollo.
Art. 23PrerrogativasNingún tribunal ni autoridad puede embargar ni despachar ejecución contra bienes afectados a un servicio o función pública, bienes cuyos rendimientos o producto de enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, ni títulos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Las condenas a la Hacienda las cumple el órgano competente por razón de la materia, con cargo al crédito correspondiente; si hace falta modificar el presupuesto, el procedimiento debe concluir en tres meses desde la notificación.
Art. 24Intereses de demoraSi la Administración no paga al acreedor de la Hacienda Pública estatal en los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, debe abonarle sobre la cantidad debida el interés del artículo 17.2, desde que el acreedor, pasado ese plazo, reclame por escrito el cumplimiento. En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa rige su legislación específica.
Art. 25Prescripción de las obligacionesSalvo leyes especiales, prescriben a los cuatro años: el derecho a que la Hacienda Pública estatal reconozca o liquide una obligación no solicitada con documentos justificativos (desde que concluyó el servicio o prestación o desde que el derecho pudo ejercitarse) y el derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas o liquidadas no reclamado por los acreedores o sus derechohabientes (desde la notificación del reconocimiento o liquidación). La prescripción se interrumpe según el Código Civil. Las obligaciones prescritas se dan de baja en cuentas previo expediente.
Art. 26Principios y reglas de programación presupuestariaLa programación presupuestaria se rige por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la Ley Orgánica 2/2012. Toda norma en elaboración, acto, contrato, convenio o actuación del sector público estatal que afecte a los gastos públicos debe valorar sus efectos y supeditarse estrictamente a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios plurianuales.
Art. 27Principios y reglas de gestión presupuestariaLa gestión del sector público estatal se somete a un presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en un escenario plurianual. Los créditos de los entes con presupuesto limitativo se destinan solo a la finalidad para la que se autorizaron, con el carácter limitativo y vinculante de su nivel de especificación. Los recursos atienden al conjunto de obligaciones, salvo afectación por ley. Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minoraciones salvo autorización legal expresa y las excepciones tasadas.
Art. 28Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidadLos escenarios presupuestarios plurianuales enmarcan cada año los Presupuestos Generales del Estado: programan la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo y fijan límites para los tres ejercicios siguientes. Se ajustan al objetivo de estabilidad del Estado y de la Seguridad Social, los confecciona el Ministerio de Hacienda, que da cuenta al Consejo de Ministros antes de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos, y constan de un escenario de ingresos y otro de gastos.
Art. 29Programas plurianuales ministerialesLos escenarios plurianuales contienen la distribución orgánica de los recursos y se desarrollan en programas plurianuales a tres ejercicios, donde por centros gestores se fijan objetivos, acciones y dotaciones. Se remiten cada año al Ministerio de Hacienda. El de cada ministerio lo aprueba el Ministro; el de la Seguridad Social se elabora por separado. Los de entidades sin presupuesto limitativo se integran a efectos informativos. Contienen objetivos mensurables, actividad, medios, inversiones e indicadores de ejecución.
Art. 30Programas plurianuales de los centros gestoresLos programas plurianuales de los centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada ministerio, los elaboran los titulares de esos centros y su contenido se ajusta al fijado para el programa plurianual en el apartado 6 del artículo 29 de la Ley. Su procedimiento de elaboración y su estructura se establecen por orden del Ministro de Hacienda.
Art. 31Asignación presupuestaria y objetivosLos Presupuestos Generales del Estado se adecuan a los escenarios plurianuales y atienden a los objetivos de los programas plurianuales de los departamentos ministeriales, sujetos siempre a las restricciones que el Gobierno determine para cumplir los objetivos de política económica del ejercicio. Las asignaciones a los centros gestores tienen en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de objetivos en ejercicios anteriores. Los objetivos instrumentales se relacionan con los finales en cuya consecución participan.
Art. 32DefiniciónEl artículo 32 define los Presupuestos Generales del Estado como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Retén los tres adjetivos (cifrada, conjunta, sistemática), los dos objetos (derechos y obligaciones) y el ámbito: todo el sector público estatal.
Art. 33Alcance subjetivo y contenidoLos PGE integran los presupuestos de los órganos del artículo 2.3 y de las entidades con régimen de especificaciones y modificaciones de la ley o con presupuesto limitativo por su normativa, y los presupuestos estimativos de los sectores empresarial y fundacional, consorcios, universidades no transferidas, fondos sin personalidad jurídica y demás entidades del sector público administrativo. Determinan obligaciones máximas, derechos a reconocer, operaciones de las entidades estimativas, objetivos de los gestores y beneficios fiscales de los tributos del Estado.
Art. 34Ámbito temporalEl ejercicio presupuestario coincide con el año natural. Se le imputan los derechos liquidados en él, sea cual sea el período del que deriven, y las obligaciones reconocidas hasta fin de diciembre por gastos realizados en el ejercicio. Los atrasos del personal y las obligaciones nacidas de resoluciones judiciales se aplican al presupuesto vigente al expedir las órdenes de pago. Las obligaciones de ejercicios anteriores no previstas en los apartados anteriores requieren norma con rango de ley para imputarse.
Art. 35Los créditos y programas presupuestariosLos créditos presupuestarios son asignaciones individualizadas de gasto puestas a disposición de los centros gestores, especificadas por agrupación orgánica, por programas y económica. Los programas plurianuales, bajo la responsabilidad del titular del centro gestor del gasto, agrupan los gastos dirigidos a objetivos preestablecidos. El programa anual es el conjunto de créditos puestos a disposición del gestor responsable. Su cumplimiento se mide por resultados si son mensurables y, si no, por indicadores de medición indirecta.
Art. 36Procedimiento de elaboraciónEl procedimiento de elaboración de los PGE se fija por orden del Ministro de Hacienda. Este determina las directrices de distribución del gasto y, con ese fin, se constituye la Comisión de Políticas de Gasto, cuya composición fija también por orden. Ministerios y órganos con dotación diferenciada remiten sus propuestas a Hacienda ajustadas a esas directrices. El Ministerio de Hacienda elabora el presupuesto de ingresos de la AGE, y el Ministro de Hacienda eleva al Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos.
Art. 37Remisión a las Cortes GeneralesEl proyecto de Ley de PGE (articulado, anexos y estados de ingresos y gastos) se remite a las Cortes Generales antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera. Le acompañan, entre otros documentos, las memorias de los programas, los informes de impacto de género, de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia y de alineamiento con los ODS de la Agenda 2030, el anexo plurianual de inversiones con clasificación territorial, la liquidación del año anterior, los estados consolidados, el informe económico y financiero y la memoria de beneficios fiscales.
Art. 38Prórroga de los Presupuestos Generales del EstadoSi la Ley de PGE no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta que se aprueben y publiquen los nuevos en el BOE. La prórroga no alcanza a los créditos de programas o actuaciones que terminen en el ejercicio prorrogado ni a obligaciones que se extingan en él. La estructura orgánica se adapta a la organización vigente sin alterar la cuantía total. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acuerda los criterios de aplicación.
Art. 39Estructura de los presupuestos del sector público estatalLa estructura de los Presupuestos Generales del Estado y de sus anexos la determina el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la ley, teniendo en cuenta tres criterios: la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir.
Art. 40Estructura de los estados de gastos de los Presupuesto Generales del EstadoLos estados de gastos se estructuran en tres clasificaciones: orgánica (por secciones y servicios), por programas (los centros gestores agrupan créditos y fijan objetivos de acuerdo con el Ministerio de Hacienda) y económica (por capítulos: operaciones corrientes, de capital, financieras y Fondo de Contingencia). Los capítulos se desglosan en artículos, conceptos y subconceptos. Además, los créditos se identifican funcionalmente según su finalidad, deducida del programa o, excepcionalmente, de su naturaleza.
Art. 41Estructura de los estados de ingresosLos estados de ingresos se estructuran con dos clasificaciones: orgánica (AGE, cada organismo autónomo, Seguridad Social y otras entidades) y económica, que separa corrientes, de capital y operaciones financieras. Corrientes: impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. De capital: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. Financieras: activos y pasivos financieros. Los capítulos se desglosan en artículos, conceptos y subconceptos.
Art. 42Especialidad de los créditosLos créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que los autorizó la Ley de Presupuestos, o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a la Ley General Presupuestaria. Cambiar el destino de un crédito exige, por tanto, una modificación aprobada conforme a la ley.
Art. 43Especificación de los presupuestos del EstadoEn el presupuesto del Estado los créditos se especifican a nivel de concepto, salvo los de gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios (a nivel de artículo) y las inversiones reales (a nivel de capítulo). Se especifican al nivel de su concreta clasificación económica los créditos de atenciones protocolarias y representativas y gastos reservados, arrendamientos de edificios, ampliables, los que identifican perceptor o beneficiario (salvo transferencias al exterior), los que fije la Ley de Presupuestos y los créditos extraordinarios del ejercicio.
Art. 44Especificación del presupuesto de los organismos autónomos y de la Seguridad SocialEn organismos autónomos, Seguridad Social y demás entidades del artículo 3.1 (salvo las del artículo anterior), los créditos se especifican a nivel de concepto, pero gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales van a nivel de capítulo. Ciertos créditos (protocolarios, arrendamientos, ampliables, con perceptor identificado, los que fije la Ley de Presupuestos y extraordinarios) van al nivel de su clasificación económica. En la Seguridad Social: grupo de programas, y programa para la acción protectora no contributiva y universal.
Art. 45Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatalEl Ministro de Hacienda puede declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital a entidades del sector público estatal cuando, por tener disponibilidades líquidas suficientes, no les resulten necesarias. También puede requerirles el ingreso en el Tesoro de toda o parte de esas disponibilidades, salvo las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta. Si la entidad tiene órganos colegiados de administración, el ingreso debe acordarlo previamente ese órgano.
Art. 46Limitación de los compromisos de gastoLos créditos para gastos son limitativos: no pueden adquirirse compromisos de gasto ni obligaciones por cuantía superior a los créditos autorizados en los estados de gastos. Los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades del título VII de la ley.
Art. 47Compromisos de gasto de carácter plurianualPueden adquirirse compromisos de gasto plurianuales si su ejecución empieza en el propio ejercicio. Como máximo cuatro ejercicios, y el gasto de cada ejercicio posterior no puede pasar del crédito inicial multiplicado por: 70 % el inmediato siguiente, 60 % el segundo y 50 % el tercero y el cuarto. En obras plurianuales (salvo abono total del precio) se retiene además un 10 % del importe de adjudicación. Estos límites no se aplican a la carga financiera de la Deuda ni a los arrendamientos de inmuebles. El Gobierno puede modificar porcentajes y anualidades en casos especialmente justificados.
Art. 47 bisModificación y resolución de compromisos de gasto plurianualesSi en un ejercicio posterior la Ley de Presupuestos no autoriza créditos suficientes para obligaciones plurianuales ya comprometidas: 1.º el órgano competente lo comunica al tercero tan pronto como lo sepa; 2.º si los créditos lo permiten, se reprograman las obligaciones con reajuste de anualidades; 3.º si no es posible, se acuerda la resolución del negocio fijando las compensaciones que procedan. Si la obligación estaba condicionada a la existencia de crédito, antes de resolver se valoran soluciones alternativas y se notifica de forma fehaciente al tercero.
Art. 48Adquisiciones, obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianualPuede diferirse el pago del precio de inmuebles adquiridos directamente cuando su importe exceda de seis millones de euros. El desembolso inicial a la firma de la escritura no puede ser, en ningún caso, inferior al 25 % del precio, y el resto puede distribuirse en los cuatro ejercicios siguientes dentro de los límites porcentuales del artículo 47. Ese mismo procedimiento del artículo 47 se aplica a los contratos de obras bajo la modalidad de abono total.
Art. 49Temporalidad de los créditosCon cargo a los créditos de cada presupuesto solo pueden contraerse obligaciones por adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos realizados en el propio ejercicio, salvo lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 34. Los créditos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58.
Art. 50Fondo de Contingencia de ejecución presupuestariaEl presupuesto del Estado incluye el «Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria», del 2 % del gasto para operaciones no financieras (excluida la financiación de comunidades autónomas y entidades locales), para necesidades inaplazables y no discrecionales. Solo financia ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos e incorporaciones, nunca gastos de decisiones discrecionales sin cobertura. Su aplicación la aprueba el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, y el Gobierno informa trimestralmente a las Cortes.
Art. 51Modificación de los créditos inicialesLa cuantía y la finalidad de los créditos de los presupuestos de gastos solo pueden modificarse durante el ejercicio, dentro de los límites y con el procedimiento de los artículos siguientes, mediante cinco figuras: transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, e incorporaciones.
Art. 52Transferencias de créditoLas transferencias traspasan dotaciones entre créditos, incluso creando créditos nuevos, con restricciones: no desde operaciones financieras al resto ni desde capital a corrientes; no entre secciones distintas, salvo el programa de contratación centralizada; no minorar créditos extraordinarios, suplementados o ampliados, salvo ampliables de la Seguridad Social y sección 06 Deuda Pública. No rigen en reorganizaciones, traspasos a comunidades autónomas, convenios, Patrimonio Histórico y programa de imprevistos. Las subvenciones nominativas tienen límite propio.
Art. 53Generaciones de créditoLas generaciones incrementan créditos por ingresos no previstos o superiores a los presupuestados: aportaciones para financiar gastos conjuntamente, ventas de bienes y servicios, enajenaciones de inmovilizado, reembolsos de préstamos, ingresos legalmente afectados y reintegros de pagos indebidos. Solo se generan una vez efectuado el ingreso, salvo las aportaciones en organismos autónomos y Seguridad Social. Cada ingreso genera en créditos de su misma naturaleza, y excepcionalmente cuentan los ingresos del último trimestre del ejercicio anterior.
Art. 54Créditos ampliablesSon ampliables, excepcionalmente, los créditos de pensiones de Clases Pasivas, los de obligaciones derivadas de normas con rango de ley relacionadas taxativamente en el estado de gastos y los de la Deuda del Estado y sus organismos autónomos; en la Seguridad Social, entre otros, pensiones, incapacidad temporal, ingreso mínimo vital y cese de actividad. En el Estado se financian con el Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos no financieros; en organismos autónomos y Seguridad Social, también con remanente o mayores ingresos.
Art. 55Créditos extraordinarios y suplementos de crédito del EstadoSi un gasto del Estado no puede esperar al ejercicio siguiente, falta crédito o es insuficiente y no ampliable, y no cabe otra figura del artículo 51, se tramita un crédito extraordinario o suplementario: en operaciones no financieras, con baja en el Fondo de Contingencia u otros no financieros; en financieras, con Deuda Pública o baja de la misma naturaleza. Unos supuestos exigen proyecto de ley, con informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado; el Consejo de Ministros autoriza los financiados con el Fondo.
Art. 56Reglas para los créditos extraordinarios y suplementarios de los organismos autónomosLos créditos extraordinarios y suplementarios de organismos autónomos se financian solo con remanente de tesorería no aplicado o mayores ingresos. Autoriza el Presidente o Director hasta el 10 % del capítulo y sin superar 500.000 euros (excluido personal y créditos del artículo 44.2); el Ministro de Hacienda por debajo del 20 % y de 1.000.000 de euros; el Consejo de Ministros en los demás casos. Los límites se computan por el conjunto del ejercicio, y el Ministro de Hacienda remite un informe trimestral a las Cortes.
Art. 57Créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Seguridad SocialLos créditos extraordinarios y suplementarios de la Seguridad Social se financian con remanente de tesorería no aplicado o mayores ingresos. Los autoriza el Gobierno si superan el 2 % del presupuesto inicial de gastos de la entidad y, si no, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (o el de Sanidad y Consumo para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, no preceptivo para las Mutuas. El límite se computa por el conjunto del ejercicio y hay informe trimestral a las Cortes.
Art. 58Incorporaciones de créditoPese a la anulación de créditos del artículo 49, se incorporan al ejercicio siguiente los remanentes cuando lo disponga una norma de rango legal, los de generaciones del artículo 53.2 a) y e), los de retenciones para créditos extraordinarios o suplementos con pago anticipado y ley pendiente, y los de créditos concedidos por ley en el último mes del ejercicio anterior. En el Estado se financian con baja en el Fondo de Contingencia u otros no financieros; en organismos autónomos y Seguridad Social, solo con remanente de tesorería.
Art. 59Exclusión de la aplicación de determinadas modificaciones al Fondo de ContingenciaTres clases de modificaciones quedan fuera, en cuanto a su financiación, de lo establecido en los artículos 50, 54 y 58: las relativas al pago de la Deuda Pública, las que afectan a los créditos para financiar a comunidades autónomas y entidades locales según sus sistemas de financiación y las que no reducen la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio. Se exceptúan los créditos extraordinarios y suplementos a que se refiere el artículo 58.c).
Art. 60Anticipos de TesoreríaCon carácter excepcional, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, puede conceder anticipos de Tesorería para gastos inaplazables, con un límite anual del 1 % de los créditos autorizados al Estado, en dos casos: si, iniciado el expediente de crédito extraordinario o suplemento, el Consejo de Estado ha dictaminado favorablemente, o si se ha promulgado una ley que obligue a concederlo. Si las Cortes no aprueban el proyecto, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, cancela el anticipo.
Art. 61Competencias del GobiernoCorresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los ministros afectados, autorizar: las transferencias entre distintas secciones presupuestarias por reorganizaciones administrativas; en organismos autónomos, las modificaciones del artículo 56.3 c); en la Seguridad Social, las reservadas al Gobierno en el artículo 57.2; y los créditos extraordinarios y suplementarios del artículo 55.3.
Art. 62Competencias del Ministro de HaciendaCorresponde al Ministro de Hacienda autorizar las transferencias no reservadas al Consejo de Ministros que no puedan acordar los titulares de los departamentos, ciertas generaciones del artículo 53.2, las incorporaciones de remanentes del artículo 58, las ampliaciones del artículo 54.1 y las del artículo 56.3 b) en organismos autónomos. También acuerda o deniega las modificaciones de competencia de ministros y organismos autónomos cuando hay informe negativo de la Intervención Delegada y el titular lo remite en discrepancia.
Art. 63Competencias de los ministrosLos ministros pueden autorizar, previo informe favorable de la Intervención Delegada, transferencias dentro de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, con límites, y generaciones de los supuestos a), d) y f) del artículo 53.2. Presidentes y directores de organismos autónomos ejercen estas competencias en sus presupuestos, avocables por los ministros. Los de la Seguridad Social autorizan generaciones (salvo 53.2 c), ampliaciones y ciertas transferencias. Los acuerdos se remiten a la Dirección General de Presupuestos.
Art. 64PresupuestoLas sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales (y las entidades de los párrafos g) y h) del art. 2.1 del sector público empresarial, los fondos del art. 2.2 y las fundaciones estatales) elaboran un presupuesto de explotación y otro de capital, que se integran en los PGE. Están constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo; como anexo, una previsión del balance. Se remiten también referidos a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance del corriente, junto con una memoria explicativa.
Art. 65Programa de actuación plurianualLas entidades obligadas a elaborar presupuestos de explotación y de capital formulan además, cada año, un programa de actuación plurianual (con las excepciones del art. 66.2). Lo integran los estados financieros del art. 64 y recoge los datos económico-financieros previstos para el ejercicio del proyecto de PGE y los dos siguientes. Se acompaña de: hipótesis macroeconómicas, premisas estratégicas, previsiones plurianuales de objetivos, memoria de actuaciones, programa de inversiones, plan financiero y la documentación que determine el Ministerio.
Art. 66TramitaciónLos presupuestos de explotación y de capital y los programas plurianuales se remiten telemáticamente, a través del departamento de dependencia funcional, al Ministerio de Economía y Hacienda, que fija estructura, documentación y plazo. No presentan programa plurianual las sociedades con cuentas abreviadas (salvo que reciban aportaciones de los PGE), las fundaciones estatales, las sociedades anónimas cotizadas y las tenedoras de sus acciones. Los grupos (art. 42.1 Código de Comercio) pueden presentarlos consolidados, con excepciones y casos de presentación individual obligatoria.
Art. 67Modificaciones PresupuestariasSi las sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales o fundaciones estatales reciben aportaciones de los PGE, se financian con tributos o con la explotación del dominio público, o al menos el 75 % de su cifra de negocios procede del sector público estatal: la modificación de aportaciones estatales se entiende autorizada con la del crédito; la variación del endeudamiento la autoriza el Ministerio de dependencia (más de 300.000 hasta 600.000 €), el de Hacienda (más de 600.000 hasta 12.000.000 €) o el Consejo de Ministros (más de 12.000.000 €).
Art. 68Contratos-Programa con el EstadoLos Contratos-Programa con el Estado que den lugar a regímenes especiales, suscritos por las entidades del art. 64.1 o por otras que reciban aportaciones de los PGE, incluirán como mínimo cláusulas sobre: hipótesis macroeconómicas y sectoriales, objetivos y sus indicadores, aportaciones de los PGE, medios para adaptar objetivos, efectos del incumplimiento y control del Ministerio de Economía y Hacienda (puede excluirse alguna si el objeto no la requiere). Ese control no excluye el del departamento de dependencia, y el contrato no exime de elaborar presupuestos ni programa plurianual.
Art. 69Principios de funcionamiento de la gestión económico-financieraEl sector público estatal ajusta su gestión económico-financiera a la eficacia en los objetivos y a la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con objetividad y transparencia. Su programación y ejecución buscan desarrollar objetivos y controlar resultados, según las políticas de gasto del Gobierno y los recursos disponibles. El Estado coopera y se coordina con otras Administraciones para racionalizar recursos. Los titulares de los entes y órganos del sector público estatal responden de la consecución de los objetivos fijados.
Art. 70Sistema de objetivosLos centros gestores del gasto responsables de los programas presupuestarios establecen un sistema de objetivos para su área de actuación, adecuado a su naturaleza y características, mediante la elaboración de los programas plurianuales del art. 30. Los sistemas de gestión y control del gasto público deben orientarse a asegurar los objetivos finales de los programas y a informar de su cumplimiento, de las desviaciones y de sus causas.
Art. 71Balance de resultados e informe de gestiónLos titulares de los centros gestores del gasto responsables de los programas presupuestarios formulan un balance de resultados y un informe de gestión sobre el cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio en el programa plurianual de su centro. Ambos documentos se incorporan a la memoria de las correspondientes cuentas anuales, en los términos del art. 128.
Art. 72Evaluación de políticas de gastoEl Ministerio de Hacienda, en colaboración con los centros gestores de gastos, impulsa y coordina la evaluación continuada de las políticas de gasto, para asegurar que alcanzan sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden. La iniciativa y coordinación son del Ministerio; los centros gestores colaboran.
Art. 73Fases del procedimiento de la gestión de los gastosLa gestión del gasto del Estado, sus organismos autónomos, entidades con presupuesto limitativo y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social sigue cinco fases: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. La aprobación autoriza el gasto y reserva crédito, sin relación con terceros; el compromiso acuerda su realización y vincula frente a terceros; el reconocimiento declara un crédito exigible, previa acreditación de la prestación. Las fases pueden acumularse en un solo acto.
Art. 74Competencias en materia de gestión de gastosLos Ministros y titulares de órganos con dotaciones diferenciadas aprueban y comprometen gastos y reconocen obligaciones (salvo lo reservado al Consejo de Ministros) y fijan los límites por debajo de los cuales esas competencias pasan a Secretarios de Estado y Subsecretario. En organismos autónomos compete a sus presidentes o directores, incluido el pago. Cabe desconcentrar por real decreto o delegar. Los convenios y contratos-programa de más de doce millones de euros requieren autorización del Consejo de Ministros, que implica la aprobación del gasto.
Art. 75Ordenación de pagosBajo la superior autoridad del Ministro de Economía, el Director General del Tesoro y Política Financiera es Ordenador General de pagos del Estado; bajo la del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social lo es de las entidades gestoras y servicios comunes. Las órdenes de pago se expiden a favor del acreedor de la propuesta de pago, aunque una Orden del Ministro de Economía puede permitir expedirlas a favor de intermediarios (habilitaciones, cajas pagadoras…).
Art. 76Embargo de derechos de cobroLos embargos, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de compensación y actos análogos sobre derechos de cobro de particulares frente a la AGE o la Seguridad Social, pagaderos por sus Ordenaciones de Pagos, se comunican necesariamente a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la Tesorería General de la Seguridad Social. Deben identificar al afectado (nombre y NIF), el importe del embargo y el derecho de cobro afectado. Otros órganos de la AGE que los reciban solo los remiten al Tesoro si cumplen esos requisitos; si no, los devuelven motivadamente.
Art. 77Pagos indebidos y demás reintegrosPago indebido: el hecho por error material, aritmético o de hecho a quien no tiene derecho de cobro o por cuantía superior a la reconocida. El perceptor debe restituirlo, y el órgano que cometió el error dispone de inmediato, de oficio, la restitución. Los demás reintegros se revisan por los procedimientos de revisión de oficio o los específicos de cada ingreso. Salvo normativa propia, el reintegro devenga el interés del art. 17 desde el pago hasta que se acuerde su procedencia o hasta la devolución voluntaria sin requerimiento; también si se incumplen las condiciones de entrega de fondos.
Art. 78Anticipos de caja fija y fondos de maniobraMinistros y presidentes o directores de organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada, dictan las normas de pagos por anticipos de caja fija: provisiones extrapresupuestarias y permanentes a pagadurías, cajas y habilitaciones para gastos periódicos o repetitivos del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. En la Seguridad Social, los fondos de maniobra los regula el Director General de la TGSS. Límite global de anticipos: 7 % de ese capítulo (AECI hasta el 14 %; 10 % en el art. 23 del programa 222A de Interior). Fondos de maniobra: 3 %, elevable al 7 %.
Art. 79Pagos a justificarSe libran fondos a justificar cuando, excepcionalmente, no puede aportarse la documentación justificativa al reconocer la obligación, cuando los servicios se prestan en el extranjero o en localidades sin dependencia del órgano. Solo se imputan obligaciones del ejercicio del libramiento; el Consejo de Ministros puede permitir atender con ellos gastos en el extranjero del año siguiente. La cuenta justificativa se rinde en tres meses (seis en expropiaciones y pagos en el extranjero), ampliables excepcionalmente a seis y doce. La cuenta se aprueba o repara en los dos meses siguientes.
Art. 80Gestión de Presupuestos de ingresosLa gestión del presupuesto de ingresos tiene dos fases, sucesivas o simultáneas: reconocimiento y extinción del derecho. El reconocimiento declara y liquida un crédito a favor de la AGE, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La extinción se produce por cobro en metálico o en especie, o por compensación en los casos previstos. Las extinciones por otras causas se contabilizan por separado: anulación de la liquidación, o prescripción, condonación o insolvencia en la recaudación.
Art. 81Devoluciones de ingresosEn las devoluciones de ingresos se distinguen el reconocimiento del derecho a la devolución (por ingreso indebido u otra causa legal) y el pago de la devolución. Salvo especialidades tributarias, cuando la devolución deriva de la revisión administrativa o judicial del acto del que nació la obligación de ingresar, se devuelve el importe ingresado más el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos de cada periodo, desde el ingreso indebido en el Tesoro hasta la propuesta de pago de la devolución.
Art. 130Contenido de la Cuenta General del EstadoConsolida las cuentas anuales del sector público estatal en seis estados: balance, resultado económico patrimonial, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo, liquidación del presupuesto y memoria. Informa de la situación patrimonial y financiera, del resultado y de la ejecución del presupuesto. Se acompañan las cuentas de gestión de tributos cedidos. El Ministro de Hacienda puede integrar entidades controladas ajenas al sector, multigrupo y asociadas, que remiten sus cuentas a la IGAE en siete meses.
Art. 131Formación y remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de CuentasLa Cuenta General del Estado de cada año la forma la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la eleva al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente. La IGAE puede recabar de las entidades la información necesaria para consolidar. Si faltan cuentas, la IGAE puede formar la Cuenta con las recibidas. Pueden consolidarse cuentas con auditoría denegada, desfavorable o con salvedades, haciéndolo constar en la memoria explicativa.
Art. 132Examen y comprobación de la Cuenta General del EstadoEl Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, examina y comprueba la Cuenta General del Estado en el plazo de seis meses desde que la recibe. Después, el Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva y la eleva a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.
Art. 140Del control de la gestión económico-financiera del sector público estatalEl control externo del sector público estatal corresponde al Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, en los términos de la Constitución, su ley orgánica y demás leyes. El control interno de la gestión económica y financiera lo ejerce la Intervención General de la Administración del Estado, con plena autonomía respecto de las autoridades y entidades cuya gestión controla.
Art. 141Control de subvenciones y ayudasLa Intervención General de la Administración del Estado controla a las entidades colaboradoras y a los beneficiarios de las subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal, y de las financiadas con fondos comunitarios, conforme a la Ley General de Subvenciones y a la normativa comunitaria.
Art. 142Objetivos del controlEl control tiene cuatro objetivos: verificar el cumplimiento de la normativa, verificar el registro y contabilización de las operaciones y su reflejo en las cuentas, evaluar la buena gestión financiera (en especial la de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria) y verificar los objetivos de los centros gestores. Se realiza mediante la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. Para actuaciones automatizadas, puede adaptar los controles por resolución en el BOE, previa auditoría.
Art. 143Ámbito y ejercicio de controlLa Intervención General de la Administración del Estado ejerce el control sobre todos los órganos y entidades del sector público estatal, a través de sus servicios centrales o de sus Intervenciones Delegadas. Si falta puesto específico, el Interventor General hace las designaciones funcionales precisas. En Defensa y en la Seguridad Social el control se ejerce a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social, dependientes funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado.
Art. 144Principios de actuación y prerrogativasLa Intervención General ejerce el control según los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna. Sus funcionarios gozan de independencia funcional respecto de los titulares controlados y siguen la normativa y las instrucciones de la Intervención General. Las discrepancias en la función interventora se resuelven por procedimiento contradictorio (art. 155). Por convenio, con contraprestación económica, la Intervención General puede asumir actuaciones de mejora de la gestión ajenas al control.
Art. 145Deberes y facultades del personal controlador, deber de colaboración y asistencia jurídicaLos funcionarios de control guardan confidencialidad y secreto, y los datos obtenidos solo sirven para el control o para denunciar infracciones, responsabilidad contable o delito. Autoridades y personal del sector público deben colaborar, y cualquier persona debe facilitar datos con trascendencia para el control, previo requerimiento. Los servicios jurídicos del Estado asisten a los funcionarios citados judicialmente. La documentación de auditorías y control financiero se custodia cinco años desde el informe, ampliables si hay litigio.
Art. 146Informes generales de controlLa Intervención General presenta cada año al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, un informe general con los resultados más significativos del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías, incluida la corrección de debilidades mediante planes de acción, y puede añadir otros controles. Una vez presentados, los informes generales se publican en la página web de la Intervención General. Puede además elevar al Consejo de Ministros informes cuyo conocimiento convenga anticipar.
Art. 147Control de las entidades que integran el sistema de la Seguridad SocialEl Gobierno, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado y a iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social, aprueba las normas con que esta última controla las entidades del sistema de la Seguridad Social. Esas normas se basan en el título VI de la ley, que se aplica supletoriamente y, cuando proceda, directamente; sus referencias a órganos de la AGE se entienden hechas a los del Ministerio de Trabajo y a las entidades gestoras y servicios comunes.
Art. 148DefiniciónLa función interventora controla, antes de su aprobación, los actos del sector público estatal que reconocen derechos o generan gastos, los ingresos y pagos derivados y la inversión o aplicación de sus fondos públicos, para que su gestión se ajuste a las normas. La fiscalización previa de los derechos e ingresos del Tesoro puede sustituirse reglamentariamente por las comprobaciones del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en la ordenación del pago y el pago material de devoluciones de ingresos indebidos.
Art. 149Ámbito de aplicaciónLa función interventora la ejercen la Intervención General de la Administración del Estado y sus interventores delegados sobre los actos de la AGE, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General, puede acordar motivadamente sustituirla por control financiero permanente en determinados tipos de expedientes, órganos u organismos, o en organismos autónomos cuya actividad lo justifique. Si participan varias Administraciones, se limita a las actuaciones de las citadas.
Art. 150Modalidades de ejercicioLa función interventora tiene dos modalidades: formal (verificar los requisitos legales del acuerdo examinando los documentos preceptivos del expediente) y material (comprobar la real y efectiva aplicación de los fondos). Comprende la fiscalización previa de actos que reconocen derechos, aprueban gastos, comprometen o mueven fondos; la intervención del reconocimiento de obligaciones y de la inversión; la formal de la ordenación del pago y la material del pago. El representante responde en proporción a sus medios, no de vicios ocultos.
Art. 150 bisCompetenciasLa distribución de competencias entre el Interventor General de la Administración del Estado y los interventores delegados se fija por vía reglamentaria. Las competencias del Interventor General en materia de función interventora pueden delegarse en los interventores delegados, y el Interventor General puede avocar para sí cualquier acto o expediente que considere oportuno.
Art. 151No sujeción a fiscalización previaNo se someten a fiscalización previa: los contratos menores y asimilados; los gastos periódicos y de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el periodo inicial; los gastos menores de 5.000 euros pagados por anticipo de caja fija; los de procesos electorales; las subvenciones nominativas; los contratos de acceso a bases de datos y suscripción a publicaciones no armonizados; y los gastos de emergencia (salvo la orden de pago a justificar). Tampoco los gastos menores de 5.000 euros con fondos a justificar por servicios en el extranjero.
Art. 152Fiscalización e intervención previa de requisitos básicosEl Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General, puede limitar la fiscalización previa a requisitos básicos: crédito adecuado y suficiente (y el art. 47 en plurianuales o tramitación anticipada), órgano competente, competencia del órgano que dicta el acto, que las obligaciones correspondan a gastos fiscalizados, autorizaciones del Consejo de Ministros o del titular del departamento o Secretaría de Estado y otros extremos que fije el Consejo de Ministros. Se aplica el régimen general a los gastos que apruebe el Consejo de Ministros. Puede acordarse la validación automática.
Art. 153Fiscalización previa e Intervención de pagos a justificar y anticipos de caja fijaEl artículo remite al reglamento la determinación de tres cosas: los requisitos que se verifican en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar; los de la constitución o modificación de los anticipos de caja fija y de sus reposiciones de fondos; y el procedimiento para intervenir sus cuentas justificativas.
Art. 154ReparosSi la Intervención discrepa del contenido de los actos o del procedimiento, formula reparo por escrito con cita de los preceptos legales; el reparo suspende la tramitación hasta que se subsane o, si no se acepta, se resuelva la discrepancia. En el régimen general caben cinco casos de reparo. Si los defectos son no esenciales puede emitir informe favorable condicionado a subsanar antes de aprobar el expediente; si no se subsana, se tiene por formulado el reparo. En el régimen especial de requisitos básicos solo hay reparo si falta un extremo del artículo 152.1.
Art. 155DiscrepanciasSi el órgano gestor no acepta el reparo, plantea discrepancia motivada por escrito ante la IGAE, por conducto de la Subsecretaría en los ministerios y de presidentes o directores en organismos y entidades. Reparo de una intervención delegada: resuelve la IGAE, y su resolución es obligatoria. En Defensa y en entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social conocen la Intervención General de la Defensa o la de la Seguridad Social; si estas formulan o confirman el reparo, resuelve la IGAE. Si el reparo es de la IGAE o lo confirma, resuelve definitivamente el Consejo de Ministros.
Art. 156Omisión de fiscalizaciónSi la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente hasta subsanarlo. El órgano de la IGAE que lo conozca emite un informe, sin naturaleza de fiscalización, para la autoridad que inició las actuaciones, con al menos: infracciones, prestaciones realizadas, procedencia de revisar los actos y existencia de crédito. El titular del departamento, sin poder delegar, acuerda en su caso someter el asunto al Consejo de Ministros, cuyo acuerdo favorable no exime de responsabilidades.
Art. 157DefiniciónEl control financiero permanente se ejerce en los órganos y entidades del artículo siguiente. Consiste en verificar de forma continua, a través de la intervención delegada correspondiente, la situación y el funcionamiento económico-financiero de las entidades del sector público estatal, para comprobar que cumplen la normativa y directrices que les rigen, que su gestión se ajusta a la buena gestión financiera y, en particular, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero.
Art. 158Ámbito de aplicaciónEl control financiero permanente se ejerce sobre la AGE, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes (salvo que su ley disponga otra cosa), entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados cuando estén en los supuestos del artículo 100 LGSS, y entes del artículo 2.2.i) salvo norma específica. El Consejo de Ministros, a propuesta de Hacienda y a iniciativa de la IGAE, puede sustituirlo por auditoría pública en ciertas entidades públicas empresariales y entes del 2.2.i).
Art. 159Contenido del control financiero permanenteEl control financiero permanente incluye: verificar la normativa en lo que no alcanza la función interventora; seguir la ejecución presupuestaria y los objetivos; informar la distribución de resultados; comprobar la tesorería; otras actuaciones de las intervenciones delegadas; analizar operaciones y procedimientos; y, en ministerios y entidades de la Seguridad Social, verificar la información contable con técnicas de auditoría. Se documenta en informes, con uno anual, y se programa en el plan anual de control financiero permanente de la IGAE, modificable si hay causa que lo justifique.
Art. 160Informes de control financiero permanenteLos informes referidos en el párrafo e) del artículo 159.1 siguen, en elaboración, contenido y destinatarios, sus propias normas reguladoras. Los demás informes se rigen por las normas que apruebe la IGAE, que fijan su periodicidad, contenido, destinatarios y procedimiento de elaboración.
Art. 161Planes de acción y seguimiento de medidas correctorasCada ministerio elabora un Plan de Acción para corregir las deficiencias relevantes de los informes de control financiero permanente de la IGAE, propias y de sus entes adscritos, dependientes o tutelados. Lo remite a la IGAE en 3 meses desde que su titular recibe los informes y sigue su ejecución. La IGAE lo valora; si no lo ve adecuado, el ministro tiene un mes para modificarlo. Si no lo hace y las deficiencias son graves, o si no se remite el Plan, la IGAE lo eleva al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, para su toma de razón.
Art. 162DefiniciónLa auditoría pública es la verificación posterior y sistemática de la actividad económico-financiera del sector público estatal. Se hace aplicando los procedimientos de revisión selectivos que contienen las normas de auditoría y las instrucciones que dicte la IGAE.
Art. 163ÁmbitoLa auditoría pública se ejerce, según lo previsto en el plan anual de auditorías del artículo 165, sobre todos los órganos y entidades del sector público estatal. Ello sin perjuicio de la función interventora, del control financiero permanente y de la auditoría privada de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, que la legislación mercantil impone a las sociedades mercantiles estatales.
Art. 164Formas de ejercicioLa auditoría pública tiene tres modalidades: de regularidad contable (revisa la información y documentación contable para comprobar su adecuación a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria); de cumplimiento (verifica que actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se ajustan a sus normas); y operativa (examen sistemático y objetivo de operaciones y procedimientos para valorar su racionalidad económico-financiera y su adecuación a la buena gestión, detectar deficiencias y recomendar correcciones). La IGAE puede combinar los tres objetivos.
Art. 165Plan anual de auditoríasLa IGAE elabora cada año un plan de auditorías con las actuaciones del ejercicio: las que realiza directamente y las que se ejecutan a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social. El plan incluye también las actuaciones sobre ayudas y subvenciones públicas. La IGAE puede modificar las auditorías previstas cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
Art. 166Informes de auditoríaCada auditoría termina en un informe escrito según normas de la IGAE. Se remite siempre al titular de la entidad controlada, al Ministro de Hacienda y al del departamento de dependencia o adscripción; los presidentes de entes con consejo de administración o comité de auditoría deben remitírselos. Los de mutuas, a su titular y al órgano de dirección y tutela. Rigen los planes de acción del artículo 161. Los de cuentas anuales se rinden al Tribunal de Cuentas con las cuentas, y la IGAE envía cada año al Consejo de Ministros un informe resumen con las salvedades.
Art. 167DefiniciónLa auditoría de las cuentas anuales es una modalidad de la de regularidad contable: verifica si las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultados y, en su caso, ejecución del presupuesto. En entidades con el Plan General de Contabilidad de la empresa revisa además que concuerde la información del informe del artículo 129.3. En fundaciones verifica, si lo determina el plan anual de auditorías, los fines fundacionales y principios de personal, contratación y ayudas, y siempre la ejecución de los presupuestos de explotación y capital. La IGAE puede ampliarla.
Art. 168Ámbito de la auditoría de cuentas anualesLa IGAE audita cada año las cuentas de organismos autónomos, agencias, entidades públicas empresariales, autoridades independientes, entes del 2.2.i), universidades no transferidas y mutuas. También de las fundaciones que reúnan al cierre dos de tres circunstancias: activo superior a 11.400.000 euros, ingresos superiores a 22.800.000 euros o más de 250 trabajadores de media; el cambio solo surte efecto si se repite dos ejercicios. El resto de fundaciones y las sociedades no obligadas, si están en el plan anual; los consorcios obligados y los fondos sin personalidad, salvo norma específica.
Art. 169Auditoría de cumplimientoLa IGAE realiza la auditoría de cumplimiento de los órganos y entidades del sector público estatal incluidos en el Plan anual de Auditorías. Comprende la verificación selectiva de la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, y de cualquier otro aspecto de la actividad económico-financiera de las entidades auditadas.
Art. 170Auditoría operativaLa IGAE realiza la auditoría operativa de los órganos y entidades incluidos en el Plan Anual de Auditorías, con el alcance que este fije, en tres modalidades: de programas presupuestarios (objetivos, seguimiento, fiabilidad de balances de resultados e informes de gestión y evaluación de resultados); de sistemas y procedimientos (estudio exhaustivo de un procedimiento de gestión financiera para detectar deficiencias u obsolescencia y proponer correcciones o su sustitución); y de economía, eficacia y eficiencia (valoración independiente del uso de los recursos públicos).
Art. 171Auditoría de contratos-programas y de seguimiento de planes de equilibrio financieroCuando, por contratos-programa u otros convenios con las entidades del artículo 68, las aportaciones del Estado dependan en su importe del cumplimiento de objetivos, de magnitudes financieras o de hipótesis macroeconómicas, la IGAE audita si la propuesta de liquidación formulada por el órgano previsto en el convenio se ajusta a esas condiciones. El Plan anual de Auditorías contemplará especialmente el control financiero de las entidades sometidas al Plan de Saneamiento del artículo 18 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria.
Art. 172Auditoría de los Planes iniciales de actuaciónLa IGAE revisa el cumplimiento de las previsiones de los planes iniciales de actuación de los organismos públicos (artículos 61 y 62 de la Ley 6/1997) para informar sobre si sus objetivos se ajustan a la realidad y si siguen existiendo las circunstancias que motivaron su creación. Con el mismo objetivo revisa las memorias de las fundaciones del sector público estatal (artículo 45.2 y 3 de la Ley 50/2002) y la de las sociedades mercantiles estatales de la disposición adicional duodécima.
Art. 173Auditoría de la cuenta de los tributos estatalesLa cuenta de los tributos estatales y de los recursos de otras administraciones y entes públicos que gestiona la Agencia Estatal de Administración Tributaria se audita cada año, siguiendo el procedimiento que establezca al efecto la IGAE.
Art. 174Auditoría de las empresas colaboradoras de la Seguridad SocialLa auditoría pública de las empresas colaboradoras la ejerce la Intervención General de la Seguridad Social, y se refiere a la gestión de la acción protectora a la que alude el artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social.
Art. 175Auditoría de privatizacionesLa IGAE audita las operaciones de transmisión de sociedades mercantiles estatales, participaciones, acciones o unidades o ramas de negocio cuando representen una participación significativa en el patrimonio de la sociedad y, en todo caso, cuando supongan perder el control político sobre ellas. La auditoría recae sobre la cuenta del resultado económico y contable y la memoria explicativa que deben emitirse en cada operación de enajenación.