Ley 47/2003, General Presupuestaria
Artículo 7. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal
En pocas palabras
Los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal no pueden enajenarse, gravarse ni arrendarse fuera de los casos previstos en las leyes. Tampoco caben exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias salvo en los casos y formas legales (sin perjuicio del artículo 16). Y no se puede transigir judicial ni extrajudicialmente sobre ellos ni someterlos a arbitraje sino por real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno (sin perjuicio del artículo 10.2).
Explicación sencilla
Protege los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal: exige ley para disponer de ellos o perdonarlos y eleva la transacción y el arbitraje a una decisión del Consejo de Ministros por real decreto, con audiencia del Consejo de Estado en pleno.
Regla mnemotécnica
Transacción o arbitraje: RD + CM + CE en pleno = Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno.
Trampa típica de examen
Atribuir la autorización para transigir o someter a arbitraje al Ministro de Hacienda por orden, o rebajar la audiencia a la Comisión Permanente: hace falta real decreto en Consejo de Ministros con audiencia del Consejo de Estado en pleno.
Texto del artículo 7 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria
1. No se podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal fuera de los casos regulados por las leyes. 2. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen las leyes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de esta ley. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.
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