Tema 78 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 133. La potestad tributaria

La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. Y las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134. Los Presupuestos Generales del Estado

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación. Tienen carácter anual, incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal y consignan el importe de los beneficios fiscales. El Gobierno debe presentarlos al Congreso al menos tres meses antes de expirar los del año anterior, y si no se aprueban antes del primer día del ejercicio se prorrogan automáticamente los anteriores. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos requiere la conformidad del Gobierno. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, y solo puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135. Estabilidad presupuestaria y deuda pública

Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes fijados por la Unión Europea, y una ley orgánica fijará el máximo permitido en relación con el producto interior bruto; las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las Comunidades necesitan autorización por ley para emitir deuda pública, cuyos créditos se entienden siempre incluidos en el estado de gastos y cuyo pago goza de prioridad absoluta. Los límites solo pueden superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria, apreciadas por mayoría absoluta del Congreso.

Artículo 136. El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se le rinden y son censuradas por él, y remite a las Cortes un informe anual comunicando, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades. Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces, y una ley orgánica regula su composición, organización y funciones.

Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley

La Ley regula cuatro regímenes —presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control— de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. También alcanza a los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a las fundaciones del sector público andaluz y a las demás entidades indicadas en la propia norma.

Artículo 2. Agencias

Cuatro clases de agencias se someten a la Ley, en los términos que la propia Ley establezca: las agencias administrativas; las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre; las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.b) de esa misma Ley; y las agencias de régimen especial.

Artículo 3. Instituciones

Las instituciones de la Junta de Andalucía se rigen por su legislación específica y por esta Ley en lo que les sea de aplicación. Sus bienes, derechos, acciones y recursos constituyen un patrimonio único afecto a sus fines.

Artículo 4. Consorcios

A los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 se les aplica el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad de esta Ley, en lo previsto en ella. Los que resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía durante un ejercicio mantienen hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio el régimen de sus Estatutos anteriores, excepto el de elaboración y aprobación de sus presupuestos. Su creación y extinción, y la adquisición y pérdida de la participación mayoritaria, requieren autorización del Consejo de Gobierno.

Artículo 5. Sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y otras entidades

Son sociedades mercantiles del sector público andaluz aquellas en que la Administración de la Junta, sus agencias y demás entidades de derecho público tienen más del cincuenta por ciento del capital, la mayoría de los votos o la facultad de nombrar al administrador único o a más de la mitad del órgano de administración. A las fundaciones y demás entidades con representación mayoritaria de la Junta se les aplica el régimen de la Ley; crearlas o extinguirlas exige autorización del Consejo de Gobierno, que también puede someter a control financiero a entidades ajenas al sector público andaluz.

Artículo 6. Hacienda de la Junta de Andalucía

A los efectos de la Ley, la Hacienda de la Junta de Andalucía es el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) de la Ley, y a las instituciones.

Artículo 7. Régimen jurídico de la actividad económico-financiera

Sin perjuicio de la legislación del Estado y de la normativa comunitaria aplicable, la actividad económico-financiera de la Hacienda de la Junta de Andalucía se regula por esta Ley y las normas dictadas en su desarrollo, por las leyes especiales en la materia dictadas por el Parlamento de Andalucía y por las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio. La Junta de Andalucía goza del mismo tratamiento que la ley establece para el Estado, tanto en sus prerrogativas como en sus beneficios fiscales.

Artículo 8. Principios rectores de la actividad económico-financiera

La Hacienda de la Junta de Andalucía cumple sus obligaciones económicas y las de sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c), e instituciones, mediante la gestión y aplicación de su haber, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia. Los gastos públicos del Presupuesto realizan una asignación equitativa de los recursos públicos; su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia y economía y a los principios de solidaridad y territorialidad. Los consorcios adscritos se atienen a esos mismos principios.

Artículo 9. Principios presupuestarios

La Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía se somete a ocho principios: estabilidad presupuestaria; eficiencia y economía; coordinación, transparencia y eficacia en la gestión; presupuesto anual; unidad de caja; intervención de todas las operaciones de contenido económico; contabilidad pública; y no afectación de los ingresos, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Las cuentas se rinden al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, que las censuran, y se someten al control del Parlamento de Andalucía.

Artículo 10. Principio de Presupuesto bruto

Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplican al Presupuesto por su importe íntegro. Queda prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. Se exceptúan las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el Tribunal o autoridad competente.

Artículo 11. Competencias del Parlamento de Andalucía

Corresponde al Parlamento el examen, enmienda, aprobación y control del Presupuesto. Se regulan por ley: créditos extraordinarios y suplementos de crédito; tributos propios; competencias normativas sobre tributos cedidos; recargos sobre tributos estatales; Deuda Pública; patrimonio y contratación; el régimen económico-financiero de las agencias administrativas y públicas empresariales y la autorización para crear las de régimen especial. El Parlamento goza de autonomía presupuestaria; Hacienda le libra sus dotaciones en el primer mes de cada trimestre, automáticamente y por cuartas partes.

Artículo 12. Competencias del Consejo de Gobierno

En las materias de la Ley, corresponde al Consejo de Gobierno: acordar la tramitación y aprobar el proyecto de Ley del Presupuesto y su remisión al Parlamento; aprobar los reglamentos de aplicación de la Ley; determinar las directrices de la política económico-financiera de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos; autorizar con carácter previo los actos o negocios jurídicos que conlleven gastos, en los supuestos previstos legalmente; y las demás funciones que le atribuyan las leyes y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 13. Competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda

Compete a la Consejería de Hacienda: proponer al Consejo de Gobierno disposiciones y acuerdos; elaborar y someterle el anteproyecto de Ley del Presupuesto; dictar disposiciones y resoluciones; administrar, gestionar y recaudar los derechos económicos, salvo lo atribuido a agencias administrativas y de régimen especial; velar por la ejecución del Presupuesto; ordenar los pagos; tutela financiera de los entes locales; impulsar la aplicación de las normas de estabilidad presupuestaria; proponer modificaciones de crédito que afecten a varias secciones para cubrir créditos ampliables insuficientes.

Artículo 14. Competencias de las Consejerías

Las Consejerías elaboran las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su Presupuesto (en la forma del artículo 35), administran los créditos para gastos y sus modificaciones, aprueban cuando les corresponda los actos o negocios que conlleven gastos y, en su caso, los elevan al Consejo de Gobierno para autorización previa, disponen o comprometen los gastos de su competencia, contraen o reconocen obligaciones en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía y proponen el pago a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 15. Competencias de las agencias administrativas, de régimen especial, y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), y consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía

Las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c), y los consorcios, elaboran el anteproyecto de su estado de gastos; administran, gestionan y recaudan sus propios derechos económicos, sin perjuicio de las competencias de la Agencia Tributaria de Andalucía; aprueban los actos o negocios que conlleven gastos y, en su caso, los elevan al Consejo de Gobierno por conducto de la persona titular de la Consejería; disponen gastos según el Presupuesto aprobado, reconocen obligaciones y ordenan los pagos.

Artículo 16. Recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

Recursos de la Hacienda Pública andaluza: los tributarios (producto de tributos propios, cedidos por el Estado y recargos sobre tributos estatales); las asignaciones y transferencias con cargo a recursos del Estado; la Deuda Pública y el recurso al crédito; la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial y otros fondos; otras asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado; las transferencias de la Unión Europea u otras Administraciones; los rendimientos del patrimonio e ingresos de derecho privado; las multas y sanciones; y cualquier otro que le pertenezca por ley.

Artículo 17. Órganos competentes para la administración de los recursos

Los recursos de la Hacienda de la Junta de Andalucía los administra la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda; los de las agencias e instituciones, las personas titulares de su Presidencia o Dirección, sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a otros órganos. Quienes administren esos recursos dependen de dicha Consejería o del órgano, agencia o institución correspondiente en su gestión, entrega o aplicación y en la rendición de cuentas. Las entidades privadas o particulares que manejen o custodien fondos o valores públicos deben prestar fianza.

Artículo 18. Regulación y aplicación de los tributos y demás ingresos

La Comunidad Autónoma establece, regula, gestiona, liquida, recauda, inspecciona y revisa sus tributos propios; en los estatales totalmente cedidos ejerce competencias normativas y, por delegación del Estado, de gestión, liquidación, recaudación, inspección y, en su caso, revisión. Su aplicación corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, que también recauda en periodo ejecutivo los demás ingresos de derecho público. La Consejería de Hacienda fija la política tributaria según las directrices del Consejo de Gobierno; este, a propuesta de su titular, organiza los servicios.

Artículo 19. Participaciones en el capital de las sociedades mercantiles

Las participaciones que la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias e instituciones tengan en el capital de las sociedades mercantiles forman parte de sus respectivos patrimonios. El artículo alcanza a las tres clases de titulares que nombra: la Administración, sus agencias y sus instituciones.

Artículo 19 bis. Fondos propios de las agencias públicas empresariales

Los fondos propios de las agencias públicas empresariales, que expresan las aportaciones de capital hechas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, forman parte del patrimonio de estas. Se registran en su contabilidad patrimonial como el capital aportado, en su caso, para la constitución o modificación de las agencias públicas empresariales. Generan a favor de la Administración y, en su caso, de sus agencias, derechos de participación en el reparto de las ganancias de la entidad y en el patrimonio resultante de su liquidación.

Artículo 20. Otros recursos económicos

Los restantes derechos económicos, es decir, los no mencionados en los artículos 18 y 19, se gestionan, recaudan, liquidan e inspeccionan con sujeción a tres referencias por este orden: los principios de la propia Ley, las leyes especiales que resulten aplicables y, solo supletoriamente, la normativa estatal sobre la materia.

Artículo 21. Régimen de los derechos económicos de la Hacienda Pública

No cabe enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda, ni conceder exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias, salvo por ley. Transigir o arbitrar exige Decreto acordado en Consejo de Gobierno y autorización del Parlamento si la cuantía litigiosa supera ocho millones de euros o, siendo inferior, si se acredita motivadamente que puede incidir en la estabilidad presupuestaria o la afectación de ingresos o que concurren los requisitos de un crédito extraordinario o suplemento. Los convenios concursales los autoriza el titular de la Consejería de Hacienda.

Artículo 22. Recaudación de los ingresos de Derecho Público

La recaudación puede ser en periodo voluntario o en ejecutivo (pago espontáneo o apremio). Liquidaciones de la Administración: notificadas del 1 al 15, hasta el día 20 del mes posterior; del 16 al último, hasta el día 5 del segundo mes posterior. Providencia de apremio: del 1 al 15, hasta el día 20 de ese mes; del 16 al último, hasta el día 5 del mes siguiente; siempre con prórroga al inmediato hábil siguiente. En sanciones no tributarias los plazos corren desde el día siguiente a la firmeza administrativa. La providencia de apremio tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.

Artículo 22 bis. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública

Los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho Privado. Las cantidades que se adeuden a la Hacienda Pública en virtud de una relación jurídica de Derecho Privado pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y con las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 23. Intereses de demora

Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Junta de Andalucía devengan intereses de demora cuando no se ingresan en plazo, en la forma y por el procedimiento de la normativa reguladora del ingreso. El interés de demora resulta de aplicar, para cada año o periodo del período de cálculo, el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Todo ello sin perjuicio de las especialidades tributarias, de lo dispuesto en la propia ley sobre reintegro y devoluciones voluntarias de subvenciones y de lo que prevean otras normas con rango de ley.

Artículo 24. Prescripción de los derechos

Salvo lo que establezcan las leyes reguladoras de cada recurso, prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda a reconocer o liquidar créditos a su favor (desde el día en que el derecho pudo ejercitarse) y a exigir el pago de los reconocidos o liquidados (desde la fecha de su vencimiento). La prescripción se aplica de oficio, sin que la persona interesada tenga que invocarla. Al cómputo y la interrupción se aplican la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. Los derechos declarados prescritos causan baja en cuentas, previo expediente.

Artículo 24 bis. Derechos económicos de baja cuantía

No se liquidan las deudas de Derecho Público inferiores a la cuantía que cada año fije la Ley del Presupuesto como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación, salvo tasas, precios públicos, sanciones, recargos e intereses asociados a fraccionamientos. Además, la Intervención General anula y da de baja en contabilidad lo pendiente de cobro de un mismo deudor si el acumulado es inferior a la cuantía mínima fijada por esa Ley y son deudas en periodo ejecutivo con antigüedad superior a seis meses desde el vencimiento del periodo voluntario.

Artículo 25. Compensación de deudas

La compensación de deudas se rige por la Ley 58/2003, General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y la normativa propia andaluza aplicable. Son compensables, de oficio o a instancia de la persona o entidad obligada al pago, las deudas a favor de la Hacienda de la Junta derivadas de ingresos tributarios de gestión propia y demás ingresos de derecho público con los créditos reconocidos a favor de los deudores. Se efectúa mediante retención en las órdenes de pago expedidas a su favor, previo acuerdo de compensación notificado.

Artículo 26. Fuentes y exigibilidad de las obligaciones

Las obligaciones económicas nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen. Solo son exigibles cuando resulten de la ejecución del Presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas. Si derivan de prestaciones o servicios, no se paga hasta que el acreedor cumpla o garantice su obligación, salvo excepción en encargos a Administraciones o entidades instrumentales: anticipo máximo del 50 por 100 del encargo y, en obras, de hasta el 10 por 100 de la primera anualidad.

Artículo 27. Prerrogativas de la Hacienda Pública

Ningún Tribunal ni autoridad administrativa puede dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra bienes y derechos patrimoniales en tres supuestos alternativos: que estén materialmente afectados a un servicio o función pública, que sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o que sean valores o títulos del capital de sociedades mercantiles del sector público andaluz que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Los recursos financieros de la Tesorería General, incluidos los saldos de sus cuentas, se consideran siempre afectados.

Artículo 28. Cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas

El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda corresponde al órgano administrativo competente por razón de la materia, que acuerda el pago dentro de los límites y en la forma que establezca el Presupuesto. La ejecución de las órdenes de retención de órganos judiciales o administrativos sobre derechos de cobro corresponde a la Dirección General competente en materia de Tesorería; las agencias y consorcios determinan, en su ámbito, si existen derechos de cobro susceptibles de retención.

Artículo 29. Interés de demora

Si la Junta no paga a la persona o entidad acreedora dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o del reconocimiento de la obligación, debe abonarle el interés señalado en el apartado 2 del artículo 23 sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación; todo ello sin perjuicio de las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. En contratación del sector público y en expropiación forzosa se aplica su legislación específica.

Artículo 29 bis. Interés aplicable a devoluciones de ingresos indebidos no tributarios

En las devoluciones de ingresos indebidos no tributarios, el derecho a la devolución integra el importe ingresado más el resultado de aplicarle el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada periodo. Ese interés se calcula desde la fecha del ingreso hasta la fecha en la que se realice la propuesta de pago.

Artículo 30. Prescripción de las obligaciones

Salvo leyes especiales, prescriben a los cuatro años: a) el derecho al reconocimiento o liquidación de toda obligación no solicitada con la presentación de los documentos justificativos, desde que concluyó el servicio o la prestación; b) el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas no reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes, desde la notificación del reconocimiento o liquidación. La prescripción se interrumpe según el Código Civil, salvo leyes especiales. Lo prescrito es baja en cuentas previo expediente con audiencia.

Artículo 1. Objeto

El artículo 1 fija el objeto de la Ley 47/2003: regular el régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero. Su ámbito es el sector público estatal, no el de otras Administraciones. Hay que retener las cinco materias y el ámbito estatal.

Artículo 2. Sector público estatal

Sector público estatal = AGE + sector público institucional: organismos públicos (autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales), autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y fundaciones adscritos a la AGE, fondos sin personalidad, universidades no transferidas, entidades de la Seguridad Social y demás entes de derecho público dependientes. Incluye los órganos con dotación diferenciada sin personalidad, con contabilidad y control propios. No se aplica a las Cortes Generales.

Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional

A efectos de la ley, el sector público estatal se divide en tres: administrativo, empresarial y fundacional. El administrativo agrupa la AGE, organismos autónomos, autoridades administrativas independientes, universidades no transferidas, entidades de la Seguridad Social y entes de derecho público, consorcios y fondos que no producen en régimen de mercado o no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales. El empresarial, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y el resto. El fundacional, las fundaciones del sector público estatal.

Artículo 4. Régimen jurídico aplicable

El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta ley, sin perjuicio de normas especiales y de la normativa comunitaria. Se rigen por su normativa específica, entre otros, el sistema tributario, la Seguridad Social, el patrimonio, las relaciones financieras con comunidades autónomas y entidades locales, las Haciendas locales, las subvenciones y la contratación. Son supletorias las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho común.

Artículo 5. Concepto y derechos integrantes de la Hacienda Pública estatal

La Hacienda Pública estatal es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos. Sus derechos son de naturaleza pública o privada. Son de naturaleza pública los tributos y los demás derechos económicos de la AGE y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 6. Normas comunes a los derechos de la Hacienda Pública estatal

La administración de los derechos de la Hacienda Pública estatal corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias que esta u otras leyes den a otros departamentos o entidades. El manejo o custodia de fondos o valores públicos puede encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que fije el reglamento.

Artículo 7. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal

Los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal no pueden enajenarse, gravarse ni arrendarse fuera de los casos previstos en las leyes. Tampoco caben exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias salvo en los casos y formas legales (sin perjuicio del artículo 16). Y no se puede transigir judicial ni extrajudicialmente sobre ellos ni someterlos a arbitraje sino por real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno (sin perjuicio del artículo 10.2).

Artículo 8. Ejercicio de acciones judiciales por la Hacienda Pública estatal

Artículo 9. Normas generales

Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se rigen por esta sección y por sus normas especiales; la aplicación de los tributos, por la Ley General Tributaria. Si concurren organismos autónomos con la AGE, cobra con preferencia la AGE. La misma preferencia tienen los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta (con sus recargos o intereses). Si concurren créditos de la AGE con los de cuotas de la Seguridad Social, se imputan a prorrata de su importe.

Artículo 10. Prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal

La cobranza de los derechos de naturaleza pública goza de las prerrogativas de los tributos en la Ley General Tributaria y de las del Reglamento General de Recaudación. Son responsables solidarios, hasta el valor de lo que se hubiera podido embargar o enajenar, quienes incurran en el artículo 42.2 LGT; la declaración corresponde a la AEAT si gestiona el cobro. En concursos, Hacienda puede abstenerse o suscribir acuerdos; autoriza la AEAT en los créditos que gestiona, el órgano del organismo en los del FOGASA y el Ministro de Hacienda (delegable en la AEAT) en los restantes.

Artículo 11. Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal

Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal nacen y se adquieren según la normativa de cada derecho. Se extinguen por las causas de la Ley General Tributaria y por las demás que prevean las leyes. El procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción se rigen por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, sin perjuicio de esta ley y de la normativa de cada derecho.

Artículo 12. Providencia de apremio y suspensión del procedimiento de apremio

La providencia de apremio es título suficiente para iniciar el apremio y tiene la fuerza ejecutiva de una sentencia. El apremio puede suspenderse por recursos o reclamaciones en la forma legal o reglamentaria, y se suspende de inmediato y sin garantía si se demuestra error material, aritmético o de hecho, prescripción, ingreso, condonación, compensación, aplazamiento o suspensión de la deuda. En la tercería de dominio se suspende solo respecto de los bienes controvertidos, tras asegurar; en la de mejor derecho prosigue hasta la realización y el producto se consigna en depósito.

Artículo 13. Aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal

Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal por una relación de derecho público pueden aplazarse o fraccionarse, con interés de demora, en los casos y por el procedimiento del reglamento. Deben garantizarse salvo: las de baja cuantía, inferiores a las cifras que fije el Ministro de Hacienda; y cuando el deudor carezca de bienes suficientes y la ejecución afectara sustancialmente a la capacidad productiva y al empleo, salvo grave quebranto para la Hacienda. Las deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales siguen su legislación específica.

Artículo 14. Compensación de deudas

Las deudas públicas en gestión recaudatoria, voluntaria o ejecutiva, pueden compensarse total o parcialmente con créditos reconocidos al deudor, según el reglamento. Si se anula y sustituye una liquidación ingresada, la nueva se reduce en lo ingresado. Las deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales siguen su legislación. Las de organismos autónomos, Seguridad Social y demás entes de derecho público con la AGE se compensan si son vencidas, líquidas y exigibles, sin afectar a las cotizaciones sociales; igual entre entidades estatales de derecho público.

Artículo 15. Prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal

Salvo lo que digan las leyes de cada recurso, prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal a reconocer o liquidar créditos (desde que el derecho pudo ejercitarse) y a cobrar los reconocidos o liquidados (desde su notificación o, si no es preceptiva, desde su vencimiento). La prescripción se interrumpe según la Ley General Tributaria y se aplica de oficio. Los derechos prescritos se dan de baja en cuentas previo expediente, y las responsabilidades se rigen por la normativa de responsabilidad contable.

Artículo 16. Derechos económicos de baja cuantía

El Ministro de Hacienda puede disponer que no se liquiden o, en su caso, que se anulen y den de baja en contabilidad las liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que él mismo fije como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación.

Artículo 17. Intereses de demora

Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal devengan interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento, incluidas las recaudadas por entidades colaboradoras, cuentas restringidas, oficinas liquidadoras y demás entidades recaudadoras que no se ingresen en el Tesoro en plazo. El interés de demora es el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para cada año o periodo del cálculo. Quedan a salvo las especialidades tributarias.

Artículo 18. Gestión de derechos de naturaleza pública de la Seguridad Social y de las entidades del sector público estatal no integrantes de la Hacienda Pública estatal

Los demás ingresos de derecho público de las entidades del sector público estatal que no integran la Hacienda Pública estatal se gestionan según esta sección, sin perjuicio de su normativa propia. Las cuotas y demás ingresos de derecho público de la Seguridad Social se rigen por la Ley General de la Seguridad Social y sus disposiciones especiales y, en su defecto, por esta sección; en ese caso, las referencias al Ministerio de Hacienda se entienden hechas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Artículo 19. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal

Los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado. Las deudas de derecho privado pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y condiciones que fije el Ministro de Hacienda para las de la AGE y, conjuntamente, el Ministro de Hacienda y el del ministerio de adscripción para las de los organismos autónomos.

Artículo 20. Fuentes de las obligaciones

Artículo 21. Exigibilidad de las obligaciones

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal solo son exigibles si resultan de la ejecución de los presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. Si se deben por prestaciones o servicios, no se paga sin que el acreedor cumpla o garantice. En convenios y encomiendas no hay pago anticipado sin ejecutar y justificar, salvo ley especial; pero cabe pactar un anticipo para operaciones preparatorias de hasta el 10 % del total, con garantía salvo que el acreedor sea del sector público estatal o la normativa del gasto disponga otra cosa.

Artículo 22. Extinción de las obligaciones

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas del Código Civil y del resto del ordenamiento jurídico. La gestión de los créditos presupuestarios para extinguirlas se hace conforme al título II de esta ley y a sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 23. Prerrogativas

Ningún tribunal ni autoridad puede embargar ni despachar ejecución contra bienes afectados a un servicio o función pública, bienes cuyos rendimientos o producto de enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, ni títulos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Las condenas a la Hacienda las cumple el órgano competente por razón de la materia, con cargo al crédito correspondiente; si hace falta modificar el presupuesto, el procedimiento debe concluir en tres meses desde la notificación.

Artículo 24. Intereses de demora

Si la Administración no paga al acreedor de la Hacienda Pública estatal en los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, debe abonarle sobre la cantidad debida el interés del artículo 17.2, desde que el acreedor, pasado ese plazo, reclame por escrito el cumplimiento. En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa rige su legislación específica.

Artículo 25. Prescripción de las obligaciones

Salvo leyes especiales, prescriben a los cuatro años: el derecho a que la Hacienda Pública estatal reconozca o liquide una obligación no solicitada con documentos justificativos (desde que concluyó el servicio o prestación o desde que el derecho pudo ejercitarse) y el derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas o liquidadas no reclamado por los acreedores o sus derechohabientes (desde la notificación del reconocimiento o liquidación). La prescripción se interrumpe según el Código Civil. Las obligaciones prescritas se dan de baja en cuentas previo expediente.

Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario

La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad; se prohíbe cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que minore la deuda devengada. La aplicación del sistema se basa en proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos de las obligaciones formales, respetando los derechos y garantías de los obligados.

Artículo 4. Potestad tributaria

La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las comunidades autónomas y las entidades locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las demás entidades de derecho público solo pueden exigir tributos cuando una ley así lo determine.

Artículo 7. Fuentes del ordenamiento tributario

Los tributos se rigen, por este orden, por la Constitución; los tratados o convenios con cláusulas tributarias (en especial los de doble imposición, art. 96 CE); las normas de la UE y otros organismos con competencias atribuidas (art. 93 CE); la LGT, las leyes de cada tributo y demás leyes tributarias; y los reglamentos de desarrollo y, en lo local, las ordenanzas fiscales. En el Estado, el Ministro de Hacienda dicta disposiciones de desarrollo por orden ministerial cuando lo prevea la ley o reglamento. Son supletorios el derecho administrativo general y el derecho común.

Artículo 8. Reserva de ley tributaria

Deben regularse siempre por ley, entre otros: los elementos que determinan la cuantía de la deuda (hecho imponible, devengo, bases, tipo) y las presunciones sin prueba en contrario; los pagos a cuenta y su importe máximo; obligados y responsables; los beneficios fiscales; recargos e intereses de demora; plazos de prescripción y caducidad y causas de interrupción de la prescripción; infracciones y sanciones; la obligación de declarar; la condonación, moratorias y quitas; los actos reclamables en vía económico-administrativa; y las intervenciones permanentes.

Las reglas de gestión presupuestaria del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria

El art. 27 LGP fija, además del presupuesto anual, tres reglas: los créditos se destinan solo a la finalidad específica para la que se autorizaron, con carácter limitativo y vinculante según su nivel de especificación; los recursos atienden el conjunto de las obligaciones, salvo afectación por ley; y derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minorar derechos para atender obligaciones salvo autorización legal expresa (con excepciones como las devoluciones de ingresos indebidos).

La Hacienda Pública y la actividad financiera

La Ley General Presupuestaria (art. 5.1) define la Hacienda Pública estatal como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos; derechos y obligaciones equivalen a ingresos y gastos. La actividad financiera es obtener ingresos para gastarlos en las necesidades del común. Según la Universidad de Cantabria es pública, reglada, medial o instrumental, presupuestada, de triple contenido, cíclica y esencialmente política.

Concepto y autonomía del Derecho financiero

Sobre la actividad financiera concurren la Economía financiera (ciencia positiva, análisis económico), la Política financiera (ciencia normativa, elección de medios para los fines fijados), la Sociología financiera (repercusiones sociales) y el Derecho financiero (aspectos jurídicos). Ingresos, gastos y presupuesto se estudian juntos bajo los principios de justicia financiera. Para Calvo Ortega, la autonomía nace de unas relaciones sociales que necesitan ordenamiento propio y de principios específicos.

Contenido del Derecho financiero: Derecho tributario y Derecho financiero no tributario

El Derecho financiero tiene dos partes. El Derecho tributario, su contenido principal, estudia los ingresos tributarios en una Parte General y una Parte Especial (impuestos, tasas y contribuciones especiales). El Derecho financiero no tributario abarca ingresos no tributarios (crédito público, patrimonio público, precios públicos, monopolios y transferencias entre Administraciones), gastos y presupuesto. Las multas y sanciones quedan fuera: su función es reprimir y prevenir, no recaudar.

El artículo 31 de la Constitución: contenido, ubicación y antecedentes

El artículo 31 CE recoge en su apartado 1 los criterios de reparto de la carga tributaria (capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad y no confiscación), en el 2 la justicia material del gasto y en el 3 la legalidad tributaria. Está en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I, con las garantías del artículo 53.1. El deber de contribuir tiene antecedentes desde 1812; el gasto y la reserva de ley, no. Fuentes Quintana enmendó el apartado segundo.

El principio de generalidad

La generalidad nace del «Todos contribuirán…» del artículo 31.1 CE. Según la STC 96/2002, «todos» incluye a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio exteriorizan capacidad económica. Tiene doble significado: el deber no se limita a los españoles y se prohíben los privilegios. No impide exenciones: según la STC 10/2005 son válidas si responden a fines de interés general; no caben las intuitu personae.

El principio de igualdad tributaria

La igualdad (arts. 9 y 14 CE) exige en lo tributario tratar igual situaciones económicamente iguales. No prohíbe toda desigualdad, solo la artificiosa o injustificada (STC 76/1990). La lección 3 de la Universidad de Cantabria describe el razonamiento del Tribunal Constitucional en cuatro pasos: situaciones homogéneas, trato distinto, ausencia de justificación objetiva y razonable, y proporcionalidad. La STC 62/2023 lo resume en tres exigencias. También rige la igualdad en la aplicación de la ley.

El principio de capacidad económica

La capacidad económica es la regla básica del reparto de la carga tributaria. Cumple tres funciones: fundamento de la imposición (buscar la riqueza donde está), límite para el legislador (solo gravar circunstancias reveladoras de capacidad y modular la carga según su intensidad) y programa u orientación (el sistema debe reflejar la capacidad global). Índices: renta, patrimonio y consumo; Arranz añade el tráfico de riqueza. Hay que respetar el mínimo vital.

Los principios de progresividad y de no confiscatoriedad

Progresividad: al aumentar la riqueza, la contribución crece en proporción superior; cumple función redistributiva y se predica del sistema en su conjunto, por lo que un tributo proporcional no es inconstitucional. Su límite es no tener alcance confiscatorio. No confiscatoriedad: ligada a la capacidad económica y a la propiedad (art. 33 CE), impide agotar la riqueza imponible. Según la STC 150/1990, un IRPF con tipo medio del 100 % sería confiscatorio. Afecta a cada tributo y al sistema.

El principio de legalidad tributaria: fundamento y ámbito

La reserva de ley tributaria exige una ley para establecer tributos (arts. 31.3 y 133 CE). Se funda en la autoimposición («No taxation without representation»), la democracia en el reparto, la igualdad y la garantía de la propiedad. El artículo 31.3 habla de «prestación patrimonial de carácter público», concepto más amplio que «tributo», cuya nota es la coactividad (STC 185/1995): solicitud o recepción obligatoria, bien o servicio indispensable, o prestación en monopolio de hecho o de derecho.

El principio de legalidad tributaria: reserva relativa y colaboración del reglamento

Para el Tribunal Constitucional la reserva de ley tributaria es relativa: por ley van la creación del tributo, sus elementos esenciales (hecho imponible, sujeto pasivo, base, tipo y cuota) y las exenciones y beneficios fiscales. La concreción exigida a la ley es máxima en el hecho imponible y menor en el tipo o la base. Cabe la colaboración del reglamento si es indispensable y subordinada; es mayor en las tasas, en los elementos del quantum y en los municipios.

Principios del gasto público: asignación equitativa, eficiencia y economía, y legalidad

El artículo 31.2 CE pide una asignación equitativa de los recursos públicos y que la programación y ejecución del gasto respondan a la eficiencia y la economía. Según la sinopsis, es más un principio de ordenación del gasto que de justicia tributaria, con dos postulados: equidad en la asignación (juicio de valor sobre los fines, guiado por los arts. 39 a 52 CE) y eficiencia y economía (principio técnico). El artículo 133.4 CE añade la legalidad del gasto y de las obligaciones financieras.

La Constitución, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea

La Constitución fija las fuentes formales y materiales y recoge las bases financieras: justicia tributaria (art. 31), reserva de ley (31.3 y 133), potestad tributaria (133), sin iniciativa popular tributaria (87.3), Hacienda general exclusiva del Estado (149.1.14.ª), autonomía financiera autonómica (156 y 157). Tras ella, los tratados: por ley orgánica si atribuyen competencias (art. 93) y con autorización de las Cortes si afectan al deber de contribuir u obligan a la Hacienda. También son fuente las normas de la Unión.

La ley, el decreto-ley y el decreto legislativo en materia financiera

La ley es la fuente interna de máximo rango. El artículo 133.1 CE reserva al Estado, mediante ley, la potestad originaria para establecer tributos; el 133.2 permite a Comunidades Autónomas y corporaciones locales establecer y exigir tributos. No hay reserva de ley orgánica tributaria salvo previsión expresa (LOFCA). Cabe el decreto legislativo con una ley de bases precisa. El decreto-ley no puede afectar al deber de contribuir: no puede alterar el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos.

El reglamento, las órdenes interpretativas, las circulares y las demás fuentes

No hay reserva de reglamento: lo que puede regular se define por lo reservado a la ley; su objeto típico son las materias formales, de gestión o procedimiento y los detalles secundarios. Las órdenes interpretativas las dicta el Ministro de Hacienda y, publicadas en el BOE, vinculan a los órganos de gestión. Las circulares son internas y no vinculan a particulares ni a tribunales. Costumbre, uso y precedente administrativo no son fuente. Son supletorios el Derecho administrativo y el común.

Concepto, notas y clasificaciones de los ingresos públicos

Los ingresos públicos son cantidades de dinero que percibe un ente público para financiar su gasto y atender necesidades públicas. Notas (tema 2 de Arranz): son siempre dinero (en especie solo si está previsto), los percibe un ente público (lo «público» es el titular, no el régimen) y financian el gasto. Se clasifican por régimen jurídico (público o privado), por origen, por el ente que los percibe y por periodicidad (ordinarios y extraordinarios). Entre los de Derecho público, los tributarios son los de más volumen.

Ingresos de Derecho privado, de monopolio y transferencias

Ingresos patrimoniales: proceden de la explotación y enajenación de los bienes patrimoniales (los no afectados al uso general o al servicio público), e incluyen herencias, legados y sucesiones. Si el Estado participa como accionista en sociedades privadas, los beneficios que percibe son ingresos de Derecho privado. Del monopolio derivan ingresos tributarios, patrimoniales y monopolísticos en sentido estricto (Sainz de Bujanda). Las transferencias, entregas de dinero entre entes, comprenden participaciones en tributos y subvenciones.

El tributo: notas características, coactividad y fines

El tributo es el ingreso de Derecho público más característico (art. 2.1 LGT): prestación pecuniaria exigida por una Administración por realizar el supuesto al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de sostener el gasto público. Es obligación pecuniaria, a favor de un ente público, nacida del hecho imponible definido por ley. Rasgos: coactividad (obligación ex lege) y fundamento en la capacidad económica. Especies: impuesto, tasa y contribución especial, diferenciadas por el hecho imponible.

El impuesto y sus clases

Impuestos (art. 2.2.c LGT): tributos sin contraprestación cuyo hecho imponible pone de manifiesto la capacidad económica. Son el tributo más sofisticado, más usado y de más recaudación. Clases: directos (renta, patrimonio) e indirectos (consumo); instantáneos (se agotan) y periódicos (tracto sucesivo por períodos); objetivos (no atienden a circunstancias personales y familiares) y subjetivos (sí); reales (cada manifestación por separado) y personales (acumulan en un sujeto). También fiscales y extrafiscales.

La tasa y la contribución especial

Tasa: tributo por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o por servicios o actividades en régimen de Derecho público que afecten o beneficien de modo particular al obligado, si no son de solicitud o recepción voluntaria o no los presta el sector privado. Su núcleo es una actividad administrativa provocada por el particular; el servicio debe prestarse efectivamente (si no, por causa no imputable, se devuelve) y su importe no puede superar el coste. Contribución especial: beneficio o aumento de valor por obras o servicios públicos.

El precio público y las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias

El precio público es un ingreso de Derecho público no tributario (art. 24 Ley 8/1989): contraprestación por servicios o actividades en régimen de Derecho público que, prestándose también por el sector privado, son de solicitud voluntaria. Frente a la tasa: es ex contractu, no ex lege; no le son aplicables los principios tributarios (reserva de ley, capacidad económica); y debe cubrir como mínimo los costes, mientras que el coste es el máximo de la tasa. La STC 185/1995 anuló parte de su regulación original.

Los ingresos crediticios: la Deuda pública

Los ingresos crediticios proceden de operaciones de crédito en que el prestatario es un ente público. El artículo 135.3 CE exige autorización por ley al Estado y a las Comunidades para emitir deuda o contraer crédito; el pago de intereses y capital tiene prioridad absoluta. Maastricht fijó el límite del 60 % del PIB. Según la fuente, la Deuda es un contrato real, unilateral, de Derecho público. Por plazo: Letras del Tesoro (hasta doce meses), Bonos (hasta cinco años) y Obligaciones (más de cinco).

El poder tributario del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales

Según la sinopsis del artículo 133 CE, Estado, Comunidades Autónomas y entes locales son titulares del poder financiero, pero no con la misma naturaleza. Sainz de Bujanda distinguió el poder originario del Estado y el derivado de Comunidades y entes locales; Cazorla Prieto, Martín Queralt y Lozano Serrano ven desfasado ese debate; Ferreiro Lapatza considera originario el del Estado y las Comunidades y derivado el local. Los tres sistemas forman un todo unitario y coordinado.

Los impuestos estatales y la recaudación tributaria

La sinopsis del artículo 31 CE enumera las leyes de los principales impuestos estatales (IRPF, No Residentes, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IVA, Especiales, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Transacciones Financieras y el temporal de solidaridad de las grandes fortunas), más la Ley de Tasas y Precios Públicos y los regímenes especiales. Según la AEAT, en 2025 los ingresos tributarios llegaron a 325.356 millones, un 10,4 % más que en 2024.

Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas

Las Comunidades de régimen común se financian según la Ley 22/2009 y cuentan con tributos estatales cedidos: Transmisiones Patrimoniales y AJD, Sucesiones y Donaciones, juego, tasas de servicios transferidos, Medios de Transporte, el 50 % del IRPF (tarifa autonómica), el 50 % del IVA, el 58 % de los Especiales de Fabricación y el 100 % de la Electricidad. La Ley 14/1996 les dio por primera vez competencias normativas, ampliadas por la Ley 21/2001. El juego es el cedido con más capacidad normativa.

Los tributos propios de las Comunidades Autónomas y los recargos

Las Comunidades pueden establecer tributos propios con los límites del artículo 157.2 CE y de la LOFCA, pero su recurso principal es la cesión de tributos estatales. Según Medidas 2025, todas las de régimen común salvo Madrid tienen impuestos propios: sobre el agua, emisión de gases, tierras en deficiente aprovechamiento (Andalucía y Asturias) y bolsas de plástico (solo Andalucía). Si el Estado grava el mismo hecho imponible, la Comunidad debe dejar sin efecto el suyo, con compensación (art. 6.2 LOFCA).

Los tributos locales en el sistema tributario

Los entes locales tienen autonomía financiera (art. 142 CE) y pueden establecer y exigir tributos, pero no crearlos ex novo: carecen de potestad legislativa. La ley, estatal o autonómica, fija hecho imponible y sujeto pasivo, y la corporación decide su entrada en vigor y los reglamenta. Sus tributos propios son tasas, contribuciones especiales e impuestos, más recargos. Son obligatorios tres impuestos (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica) y potestativos dos (Construcciones e Incremento de Valor de los Terrenos).