Tema 77 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 69. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual

Corresponden a la Comunidad Autónoma: la competencia exclusiva sobre la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Junta y de los de ámbito local, respetando la autonomía local; el desarrollo legislativo y la ejecución sobre medios de comunicación social; y la competencia compartida sobre ordenación, regulación y control de los servicios audiovisuales dirigidos al público de Andalucía y de las ofertas distribuidas en su territorio. Podrá crear y mantener todos los medios de comunicación social necesarios para sus fines.

Artículo 76. Función pública y estadística

Función pública: la Comunidad tiene el desarrollo legislativo y la ejecución en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. A la Junta, respetando la autonomía local: exclusiva sobre planificación, organización general, formación y acción social de su función pública; compartida sobre el régimen estatutario del personal de las Administraciones andaluzas; exclusiva, en personal laboral, sobre su adaptación a la organización administrativa y su formación. Estadística para fines de la Comunidad: exclusiva; en la de alcance suprautonómico, participa y colabora.

Artículo 81. Juego

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía. La autorización de nuevas modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal, o la modificación de las existentes, requiere la deliberación en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado prevista en el Título IX y el informe previo de la Junta de Andalucía.

Artículo 207. Derecho a la información

Los poderes públicos de Andalucía velarán, mediante lo dispuesto en el Título VIII, por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente la libertad de expresión y el derecho a una información independiente, veraz y plural. Todos los medios de comunicación andaluces, públicos y privados, están sujetos a los valores constitucionales.

Artículo 208. Medios audiovisuales

Los medios audiovisuales de comunicación, tanto públicos como privados, en cumplimiento de su función social, deben respetar los derechos, libertades y valores constitucionales, especialmente en relación a la protección de la juventud y la infancia, así como velar por el cumplimiento del principio de igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación.

Artículo 209. Publicidad institucional

Artículo 210. Servicio público de radiotelevisión

El servicio y la gestión de la radiotelevisión de Andalucía tienen carácter público y se prestarán mediante gestión directa. Sin perjuicio de ello, se podrán otorgar concesiones administrativas para la gestión indirecta del servicio público de radiotelevisión a entidades y corporaciones públicas y a los particulares. La Junta de Andalucía gestionará directamente un servicio de radiotelevisión pública.

Artículo 211. Medios de comunicación públicos

Los medios de comunicación de gestión directa por la Junta de Andalucía y las Corporaciones locales orientarán su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad. Se garantiza el derecho de acceso a esos medios de las asociaciones, organizaciones e instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía, respetando el pluralismo de la sociedad.

Artículo 212. La cultura andaluza

Los medios de difusión públicos promoverán la cultura andaluza tanto en sus formas tradicionales como en las nuevas creaciones. Además, fomentarán el desarrollo audiovisual en Andalucía, así como su producción cinematográfica.

Artículo 213. Reconocimiento y uso de la modalidad lingüística andaluza

Artículo 214. Control parlamentario

El Parlamento controla los medios de comunicación social gestionados directamente por la Junta de Andalucía a través de una Comisión Parlamentaria, en los términos del Reglamento de la Cámara. El Pleno del Parlamento elige por mayoría cualificada al Director o Directora de la Radiotelevisión Pública Andaluza. Iguales funciones corresponden a los Plenos de las Corporaciones respecto de los medios públicos locales. El control vela por la independencia, el pluralismo y la objetividad, y por una óptima gestión económica y financiera.

Artículo 215. Nuevos canales audiovisuales

Artículo 216. Espacio radioeléctrico

Andalucía será consultada en cualquier decisión que afecte a la planificación o uso de su espacio radioeléctrico o de su sistema de telecomunicaciones. La consulta abarca cualquier decisión que afecte a la planificación o al uso, tanto del espacio radioeléctrico como del sistema de telecomunicaciones.

Artículo 217. Protección de los derechos en los medios audiovisuales

El artículo 217 atribuye al Consejo Audiovisual de Andalucía la tarea de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios de comunicación audiovisual. Esa función se ejerce en los términos establecidos en el artículo 131 del propio Estatuto, al que el precepto remite expresamente.

Artículo 1. Creación y naturaleza

Crea el Consejo Audiovisual de Andalucía como autoridad audiovisual independiente. Vela por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa audiovisual y de publicidad. Es una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad y autonomía orgánica y funcional. Se relaciona con la Administración de la Junta a través de la Consejería competente en materia audiovisual.

Artículo 2. Ámbito de actuación

El Consejo actúa sobre los medios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro sistema de transmisión de sonido o imagen, sea cual sea su forma de emisión o tecnología: los gestionados directamente por la Administración de la Junta, los gestionados con título habilitante otorgado por ella y los sometidos a su gestión y tutela por la normativa vigente. También, en los términos de la Ley, sobre otros medios que realicen emisiones específicas para Andalucía, respecto de esas emisiones.

Artículo 3. Principios de actuación

La actuación del Consejo y la de cada uno de sus miembros se inspira en el respeto a los principios de libertad de expresión, derecho al honor e intimidad, información veraz, difusión y comunicación, igualdad y no discriminación, y en su compatibilidad con los de pluralismo, objetividad y libre concurrencia en el sector audiovisual. Impulsará los valores de tolerancia, igualdad, solidaridad y respeto a la dignidad humana, velando por que los operadores contribuyan a reforzar la identidad del pueblo andaluz, su diversidad cultural y su cohesión social, económica y territorial.

Artículo 4. Funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía

Artículo 5. Composición

Nueve miembros, elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos y nombrados por el Consejo de Gobierno, entre personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social. Al Presidente lo propone el propio Consejo Audiovisual de entre sus miembros y lo nombra el Consejo de Gobierno. El Secretario General asiste con voz y sin voto: lo propone el Presidente y lo nombra el Consejo de Gobierno. La composición respeta la paridad de género, también en los sucesivos nombramientos.

Artículo 6. Duración del mandato de los miembros

Los miembros, incluida la Presidencia, se nombran por un periodo igual al de la legislatura y pueden ser reelegidos. Agotado el mandato, siguen ejerciendo sus funciones hasta la elección del nuevo Consejo, a la que el Parlamento de Andalucía procederá en el plazo máximo de un año desde su constitución. En caso de vacante sobrevenida, el nuevo miembro se nombra conforme al artículo anterior y su mandato concluye en la fecha en que debería haber finalizado el del miembro al que sustituye.

Artículo 7. Causas de cese de los miembros

Siete causas de cese: expiración del plazo del mandato, renuncia, fallecimiento, estar incurso en causa de incompatibilidad (sin perjuicio del artículo 8.3), incapacidad declarada por sentencia firme, incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones y condena por delito doloso declarada por sentencia firme. El cese lo acuerda el Consejo de Gobierno. En el incumplimiento grave se instruye el procedimiento que determine el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, con audiencia del interesado e informe favorable del Pleno, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 8. Estatuto personal de los miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía

Dedicación exclusiva, plena independencia y neutralidad, sin instrucción o indicación alguna. Régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Junta; además, incompatibilidad con cargos de elección o designación política, actividades en las Administraciones Públicas y funciones de dirección o ejecutivas en partidos, sindicatos u organizaciones empresariales. Sin intereses, directos ni indirectos, en empresas audiovisuales, de cine, vídeo, prensa, publicidad, informática, telecomunicaciones o internet. Dos meses desde el nombramiento para adecuar su situación si hay incompatibilidad.

Artículo 9. Régimen de funcionamiento

El órgano de gobierno es el Pleno: Presidente y Consejeros, asistido por el Secretario General. El Presidente tiene la representación legal, convoca y preside el Pleno y dirime los empates con voto de calidad. El Pleno debe convocarse si lo solicitan al menos cinco miembros y se constituye con el Presidente, al menos cinco Consejeros y la asistencia del Secretario General. Decide por mayoría simple, salvo mayoría absoluta de sus miembros para proponer al Presidente, aprobar el proyecto de Reglamento Orgánico y sus propuestas de modificación, el informe anual y el informe del artículo 7.2.

Artículo 10. Colaboración e información

La Administración de la Junta de Andalucía prestará al Consejo la colaboración necesaria para el mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones. El Consejo podrá recabar los datos e informes que estime necesarios de las Administraciones Públicas, de los agentes del sector audiovisual y de las asociaciones, instituciones y organismos relacionados con él. El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento preverá los mecanismos que garanticen el acceso de los ciudadanos a la información que genere el Consejo, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 11. Informe anual

Artículo 12. Régimen sancionador

El Consejo ejerce la potestad sancionadora que las leyes reguladoras de la comunicación audiovisual y de la publicidad otorguen a la Administración de la Junta de Andalucía, en lo referente al ámbito de actuación y a las funciones del Consejo establecidas en esta Ley. Elabora también las correspondientes propuestas de sanción.

Artículo 13. Régimen jurídico

El Consejo se rige por esta Ley, por su Reglamento Orgánico y de Funcionamiento y por las normas reguladoras del régimen jurídico y de los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Los actos del Consejo ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 14. Reglamento Orgánico y de Funcionamiento

El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento desarrolla, dentro del marco de la Ley, las funciones, el régimen interior y de administración y las demás previsiones necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo; puede crear las Comisiones que se consideren convenientes y regula las sustituciones del Presidente y del Secretario General. Al Consejo le corresponde elaborar y aprobar el proyecto de Reglamento y las propuestas de modificación; la aprobación del Reglamento y de sus modificaciones se hace por Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 15. Contratación y patrimonio

La contratación y el patrimonio del Consejo se ajustan, respectivamente, a las previsiones de la legislación de contratos y del patrimonio de las Administraciones Públicas. Su patrimonio lo integran los bienes y derechos que le adscriba o ceda la Comunidad Autónoma de Andalucía o cualquier otra Administración Pública, y cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título.

Artículo 16. Personal

El Consejo cuenta con el personal administrativo que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Ese personal puede ser tanto funcionario como laboral, en los mismos términos y condiciones que los establecidos para el resto del personal de la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 17. Recursos económicos

El Consejo se financia con seis clases de recursos: las asignaciones presupuestarias establecidas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las subvenciones que le sean concedidas; los rendimientos de las publicaciones, estudios y demás actuaciones del Consejo; las contraprestaciones derivadas de los convenios que firme; los rendimientos de los bienes o valores de su patrimonio; y cualesquiera otros que pudiera recibir en base a la normativa que le sea de aplicación.

Artículo 18. Régimen presupuestario y control

El Consejo aprueba el anteproyecto de su presupuesto, que se incorpora como sección al Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Está sometido al régimen de presupuestos de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio, y al régimen de intervención y contabilidad conforme a los Títulos V y VI de esa Ley 5/1983, a sus demás determinaciones y a las disposiciones que la desarrollan.

Artículo 1. Objeto

La Ley 10/2018 tiene por objeto regular el régimen jurídico de la comunicación audiovisual en Andalucía. Lo hace de acuerdo con la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y sin perjuicio de la legislación estatal de aplicación.

Artículo 2. Principios inspiradores

El apartado 1 enumera los principios inspiradores de la ley: libertad de comunicación audiovisual, libre elección, pluralismo, derechos fundamentales, protección de infancia, juventud y discapacidad, consumidores, propiedad intelectual y rectificación, veracidad, inclusión, accesibilidad, alfabetización mediática, igualdad, medioambiente y servicio público. La Junta tenderá a equilibrar prestadores públicos, comunitarios y comerciales según el espectro. El apartado 2 añade, para el servicio público: transparencia, cultura andaluza y proximidad, y buen uso del espacio radioeléctrico.

Artículo 3. Definiciones

Define conceptos audiovisuales y cinematográficos a efectos de la ley. Datos clave: emiten en cadena quienes emiten el mismo contenido más del diez por ciento del tiempo total de emisión semanal; horario no residual, de 8:00 a 23:00 en televisión y radio; emisión en red, hasta 4 horas y media al día entre las 7:00 y las 00:00; títulos habilitantes, licencia y concesión; largometraje, sesenta minutos o más (o más de cuarenta y cinco en 70 mm con 8 perforaciones); película para televisión, más de 60 minutos; complejo cinematográfico, dos o más pantallas.

Artículo 4. Ámbito de aplicación

La ley se aplica a los servicios públicos audiovisuales de titularidad de la Junta; a los sujetos a autorización o comunicación previa de competencia de la Junta; a los prestados en Andalucía sin título habilitante o sin comunicación previa; y a quienes se relacionan con la prestación (anunciantes, agencias de publicidad y de medios, y obligados a colaborar según el artículo 81). Quedan excluidos quienes tengan título habilitante de cobertura estatal y quienes solo difundan o transporten la señal de terceros.

Artículo 5. Derechos de la ciudadanía

Las personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual son titulares de los derechos y facultades que recoge el título de la ley en que se integra el artículo. Ello se entiende sin perjuicio de los derechos que ya les reconocen la normativa de la Unión Europea y la estatal.

Artículo 6. Garantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisual

Se garantiza a toda la población que los servicios de comunicación audiovisual sean accesibles, sin discriminación por discapacidad, circunstancias económicas o geográficas, ni por otra condición o circunstancia personal o social relacionada con el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la edad o la orientación sexual, facilitando el derecho a la información y a la comunicación en igualdad.

Artículo 7. Derecho a recibir una comunicación audiovisual plural

Las personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a recibir una comunicación audiovisual plural. Ese derecho se ejerce de acuerdo con el principio de pluralismo previsto en el artículo 5 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al que remite el precepto.

Artículo 8. Derechos de las personas menores

Sin perjuicio de lo que reconozcan la legislación comunitaria y la estatal, las personas menores de edad tienen: los derechos del capítulo I del título VI de la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; el acceso a contenidos que fomenten valores educativos y formativos acordes con su edad y su desarrollo integral; y el fomento de estilos de vida saludables y de la dieta mediterránea como patrimonio de la humanidad.

Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad

Se garantiza el acceso universal a los servicios audiovisuales de las personas con discapacidad visual o auditiva, según los avances tecnológicos. Las personas con discapacidad tienen derecho a una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada. Las de discapacidad auditiva, a programas subtitulados en los servicios radiofónicos de cobertura autonómica, públicos o comerciales, sintonizables en TDT y en Internet. Las de discapacidad intelectual, a subtitulado de lectura fácil en la televisión autonómica, pública o comercial.

Artículo 10. Derecho a la alfabetización mediática e informacional con carácter pedagógico

Se reconoce el derecho a la alfabetización mediática e informacional, que aumenta la capacidad crítica, facilita el acceso equitativo a la información y contribuye a medios libres, independientes y pluralistas. La ciudadanía andaluza puede adquirir conocimientos para formar juicios críticos y para un consumo responsable y una generación creativa de contenidos. La Junta elaborará las estrategias a través de las Consejerías competentes en educación y cultura, incluido el currículo escolar y los medios. Se atenderá especialmente a las personas mayores de las zonas rurales.

Artículo 11. Derecho de participación y acceso de los grupos sociales

Las entidades representativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía y de cada territorio pueden acceder a los servicios audiovisuales públicos. El acceso se ejerce en espacios asignados, en horario no residual y con al menos doce horas semanales, según reglamento en dieciocho meses. Es grupo significativo la entidad inscrita en un registro público con sedes en más del 50 % del territorio de cobertura del operador. En licencias de prestadores comerciales se podrán incluir criterios que incentiven el acceso; en los comunitarios sin ánimo de lucro se incluirán.

Artículo 12. Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía

Por decreto del Consejo de Gobierno, en un plazo máximo de dieciocho meses desde la aprobación de la ley, se creará el Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía: órgano colegiado participativo, consultivo y asesor de la Junta, adscrito al Consejo Audiovisual de Andalucía. Será cauce de participación de usuarios y agentes del sector, y elaborará y propondrá las normas de desarrollo del derecho de acceso del artículo 11. Lo integran, entre otros, agentes sociales, consumidores, universidades, grupos parlamentarios y un representante del Consejo Audiovisual.

Artículo 13. Derecho a la información de las personas usuarias de servicios de comunicación audiovisual

Las personas usuarias tienen derecho a conocer los contenidos de los servicios de televisión y su horario de emisión con antelación suficiente; el Consejo Audiovisual de Andalucía establece el procedimiento para hacerlo efectivo. También pueden dirigirse al Consejo Audiovisual de Andalucía si consideran vulnerados sus derechos o incumplida la regulación de contenidos y de publicidad.

Artículo 14. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía

Consejo de Gobierno: directrices de la política audiovisual y otorgamiento de licencias y concesiones. Titular de la Consejería de medios de comunicación social: proponer al Consejo de Gobierno la estrategia, los reglamentos y la concesión de licencias; recibir la comunicación previa; ejecutar programas; propuestas de gasto; planificación del espacio radioeléctrico y contrato programa plurianual con la RTVA. Titular del órgano directivo: autorizar negocios jurídicos sobre licencias y nuevos formatos, dictar instrucciones y requerimientos, e inspeccionar y sancionar.

Artículo 15. Competencias de las entidades locales

Las entidades locales deciden si prestan el servicio público audiovisual en su ámbito, solas o en colaboración mediante instrumentos asociativos. Controlan a sus prestadores públicos locales con una comisión de control y seguimiento que refleja la composición del pleno, con representación equilibrada de mujeres y hombres. La Junta publicará la relación de prestadores con título habilitante para promover que la publicidad institucional local se haga con ellos; si la Junta subvenciona la campaña como mínimo en un 51 %, solo podrá hacerse con prestadores con título.

Artículo 16. Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual

Se crea el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de Andalucía, dependiente del órgano directivo competente en medios de comunicación social. El prestador inscribe, como mínimo, los titulares de participaciones significativas con su porcentaje, el número y proporción de mujeres en el órgano de administración y un punto de contacto. Es público, administrativo y único, con inscripciones meramente declarativas y acceso por el Portal de Transparencia. Su organización se regulará en doce meses desde la aprobación de la ley.

Artículo 17. Protección de datos personales en el ámbito audiovisual

Las personas físicas prestadoras facilitarán los datos personales que requieran el órgano directivo de medios de comunicación social y el Consejo Audiovisual de Andalucía para el Registro y sus competencias. Nunca se tratan categorías especiales de datos, solo identificativos, de contacto, económicos, de inmuebles, de transacciones, comerciales, mercantiles y societarios. Fuera de las cesiones obligatorias, solo se ceden a órganos judiciales, a otras Administraciones o al Consejo Audiovisual, para fines compatibles. Solo se publican los datos para identificar y contactar con los inscritos.

Artículo 18. Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía

El Consejo de Gobierno aprobará cada cuatro años un Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía con seis objetivos: potenciar los servicios públicos y de proximidad; empleo estable y apoyo a la economía social y a las pymes; medición transparente de audiencias; independencia y profesionalidad; medioambiente; y cultura de la paz. Contemplará un reparto equilibrado de licencias entre comerciales privadas y economía social. Reglamento en doce meses; aprobación con informe preceptivo y motivado del Consejo de Participación Audiovisual; evaluación y publicación de resultados.

Artículo 19. Fomento del sector audiovisual

En el marco del Plan Estratégico, la Junta formulará un Plan bienal de ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, con primera aprobación en un plazo no superior a dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley. Sus bases incluyen formación e innovación, accesibilidad, indicadores de rentabilidad social para los incentivos, competitividad, internacionalización, obras andaluzas, servicios comunitarios, equilibrio en el espectro, participación ciudadana y empleo estable. Su procedimiento se regulará en doce meses desde la aprobación de la ley.

Artículo 20. Patrimonio audiovisual de Andalucía

Los documentos audiovisuales con interés para la Comunidad por su origen, antigüedad o valor se protegen conforme a la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En doce meses desde la entrada en vigor se regularán su recuperación, preservación, conservación y acceso. Los archivos de la RTVA tienen protección especial, acceso gratuito para investigadores y comunidad universitaria, gestión por personal propio de la RTVA bajo supervisión del personal técnico de la Consejería de patrimonio histórico y dotación presupuestaria específica e independiente.

Artículo 21

Artículo 22. Fomento de la cultura cinematográfica y audiovisual en la Radio y Televisión de Andalucía

La RTVA fomentará la producción y promoción del cine y el audiovisual andaluz, atendiendo a la igualdad entre profesionales hombres y mujeres. Coordinará con la Consejería competente en cultura las actuaciones para aumentar su presencia y la de espacios de análisis del sector en su programación y para difundir los festivales andaluces, participe o no en ellos la Administración autonómica. Para impulsar la coproducción internacional, intensificará su papel de operador o coproductor local de proyectos andaluces.

Artículo 23. Colaboración de la Radio y Televisión pública andaluza con la industria cinematográfica y audiovisual

La Radio y Televisión pública andaluza propiciará en su parrilla, tanto en televisión como en radio, una programación sobre la industria cinematográfica y audiovisual, para promocionar los trabajos de producción andaluza y la cultura cinematográfica y audiovisual en general. Además, la RTVA desempeñará un papel importante en la coproducción internacional, colaborando como coproductor local.

Artículo 24. Colaboración con la Agencia Pública Empresarial de la RTVA

La Consejería competente en cultura, sin perjuicio de las competencias de la Consejería a la que esté adscrita la RTVA, podrá: fomentar convenios y otros instrumentos de cooperación entre la RTVA y las empresas andaluzas del cine y la producción audiovisual para producir, coproducir y difundir producciones andaluzas; llevar a cabo con la RTVA planes de internacionalización; y fomentar con ella programas de televisión y radio sobre la cultura del cine andaluz.

Artículo 25. Promoción de la marca «Cine andaluz»

La Consejería competente en cultura promoverá la marca «Cine andaluz» para promocionar a creadores, productores, distribuidores y exhibidores que trabajan en Andalucía. El fomento del cine andaluz dará atención preferente a las obras y al trabajo hechos bajo esta marca. En la RTVA se fomentará la marca con presencia del cine andaluz en radio, televisión y nuevas tecnologías, con programas específicos y apoyo constante a sus protagonistas.

Artículo 26. Fomento de los festivales andaluces

La Administración autonómica establecerá medidas de apoyo económico a los festivales andaluces: líneas específicas de subvenciones mediante convocatoria pública de ayudas, apoyo mediático o cesión de teatros públicos, entre otros recursos. Además, trabajará para propiciar la inversión privada en ellos y una mayor implicación de la Radio y Televisión pública de Andalucía en su difusión.

Artículo 27. Derechos y obligaciones de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual

Las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual son titulares de los derechos y obligaciones que fijan dos fuentes: la legislación básica y la propia Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía. El artículo no enumera ninguno: abre el título III y remite a ambas normas.

Artículo 28. Derecho a la emisión en cadena

Las prestadoras privadas de carácter comercial de ámbito autonómico y local tienen derecho a emitir en cadena. Antes de empezar o de introducir cambios significativos (una modificación igual o superior al 20% del tiempo de emisión en cadena) deben comunicarlo al órgano competente en materia de medios de comunicación social, con sus principales parámetros. Lo comprometido en la oferta con la que se obtuvo la licencia no requiere comunicación previa y se emite desde el inicio. No se admiten comunicaciones hasta pasados dos años desde la acreditación de la emisión continuada.

Artículo 29. Derecho a emitir en nuevos formatos e innovación tecnológica audiovisual

Se reconoce el derecho a emitir en nuevos formatos y a la innovación tecnológica, dentro de los límites del título habilitante o de la comunicación previa. Si el uso de nuevos formatos implica modificar las condiciones de prestación fijadas en los títulos habilitantes, hace falta autorización del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social.

Artículo 30. Derecho a actualizar el proyecto audiovisual

Las prestadoras de ámbito autonómico y local pueden actualizar el proyecto audiovisual vinculado a su título habilitante, con dos límites: que no se desvirtúen los compromisos asumidos al obtenerlo ni sus condiciones. Requiere comunicación previa al órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social, conforme a la ley y su normativa de desarrollo.

Artículo 31. Obligaciones ante la ciudadanía

Enumera las obligaciones de las prestadoras ante la ciudadanía (apartado 1, letras a a l) y frente a la violencia de género (apartado 2, letras a a e). Entre las primeras: respetar derechos y libertades, transparencia, accesibilidad de los estudios, lenguaje inclusivo y no sexista, protección de menores, programación accesible y alfabetización mediática con al menos 30 segundos por hora de emisión. Entre las segundas: no difundir contenidos sexistas, presentar a hijas e hijos menores como víctimas directas y no publicitar la prostitución o la trata.

Artículo 32. Normas de programación y limitaciones de las comunicaciones comerciales

La programación de las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual autonómicos o locales en Andalucía, y sus contenidos, deben ajustarse a lo establecido en la Ley 13/2022, de 7 de julio. El artículo no fija normas propias: remite por entero a esa ley.

Artículo 33. Obligaciones ante la Administración audiovisual de Andalucía

Obligaciones de las prestadoras ante la Administración audiovisual andaluza: cumplir el título habilitante; prestar el servicio de forma continuada (procedimiento y causas de fuerza mayor de interrupción, por reglamento); facilitar comprobaciones e inspecciones; justificar canon y tasas; difundir gratis y con indicación de su origen los comunicados oficiales; poner sus medios técnicos en emergencias; facilitar la información que se les pida; e incluir la variable sexo y la perspectiva de género.

Artículo 34. Obligación de difusión de productos audiovisuales

Respecto de la reserva del tiempo de emisión anual a la que se refieren los artículos 115.2 y 116.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, el cinco por ciento de ese tiempo queda reservado a producciones o coproducciones que difundan la cultura andaluza.

Artículo 35. Obligación de financiación de productos audiovisuales

Dentro de la obligación de financiación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al menos el 50% debe aplicarse, en el cómputo anual, a obras que difundan la cultura andaluza y estén realizadas por empresas radicadas en Andalucía, priorizando a las entidades de economía social. Quedan exentas las prestadoras que sean microempresas. El Consejo Audiovisual de Andalucía elabora un informe anual sobre su cumplimiento por las prestadoras públicas y privadas de ámbito autonómico; procedimiento y cómputo, por reglamento.

Artículo 36. Obligaciones de las personas prestadoras privadas de carácter comercial

Obligaciones específicas de las prestadoras privadas comerciales: comunicar al órgano competente en medios de comunicación social los cambios de capital y de titularidad de acciones; emitir al menos 7 horas semanales de informativos de su ámbito entre las 8:00 y las 23:00; y, en cable, satélite e Internet, no limitar las instalaciones preexistentes. Deben publicar en el Portal de la Junta su accionariado y datos de contacto, y facilitar la cesión de sus canales en abierto previa negociación; el órgano directivo media si ambas partes lo piden.

Artículo 37. Obligaciones de las personas prestadoras del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local

Obligaciones específicas del servicio público local: garantizar el derecho de acceso; poder emitir en cadena o en red con título habilitante; emitir preferentemente programación de interés local, con redifusiones identificadas que no superen el 60% del tiempo de emisión e informativos locales de al menos diez horas semanales; favorecer a los profesionales de la información; cumplir lo electoral; tener reglamento interno y un teléfono de participación sin coste adicional; y, en municipios de gran población, un consejo de participación audiovisual local.

Artículo 38. Obligaciones de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro

Las prestadoras comunitarias sin ánimo de lucro están sujetas a las obligaciones de las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo y, además, a dos específicas: ser vehículo del derecho de participación y acceso del artículo 11, con especial atención a grupos vulnerables, discriminados o sin acceso a otros prestadores; y fomentar la participación ciudadana y el tejido asociativo, asignando espacios de programación a asociaciones sin ánimo de lucro de la localidad.

Artículo 39. Restricciones a las comunicaciones comerciales audiovisuales

Las comunicaciones comerciales deben distinguirse claramente del resto de contenidos y respetar la integridad de los programas y la normativa de publicidad y consumo; se vigila especialmente la publicidad ilícita o prohibida y la protección de menores. Los textos sobreimpresionados deben ser legibles, claros y comprensibles, sin abreviaturas ni acotaciones que dificulten su lectura. En televisión, la letra pequeña no puede matizar o restringir de manera esencial el mensaje principal, esté o no en el mismo campo visual.

Artículo 40. Comunicaciones comerciales audiovisuales prohibidas

Se prohíbe incluir o difundir comunicaciones comerciales en emisiones de prestadoras que carezcan del título habilitante o no hayan cumplido la comunicación previa. A efectos de este artículo y de la infracción de la letra b) del artículo 74, la prohibición alcanza también a anunciantes, agencias de publicidad, agencias de medios y terceros que posibiliten esa inclusión o difusión.

Artículo 41. Publicidad y protecciones específicas

Las comunicaciones comerciales no pueden ser abusivas ni engañosas ni afectar a aspectos psicológicos sensibles de las personas mayores. En horario de protección de menores: se prohíben las que fomenten la desigualdad o estereotipos sexistas; se prohíbe el emplazamiento de producto en programas con importante audiencia infantil; se limitan las que fomenten la alimentación no saludable; y se prohíben las que cosifiquen a la mujer o sexualicen a menores. Tampoco pueden transmitir estereotipos negativos o paternalistas de colectivos con discapacidad.

Artículo 42. Otras formas de comunicaciones comerciales audiovisuales

Publirreportajes, telepromociones, sobreimpresiones y transparencias, publicidad virtual, pantalla dividida, publicidad interactiva, patrocinio virtual y otras fórmulas no convencionales que puedan confundir sobre su carácter publicitario deben llevar superpuesta una sobreimpresión permanente y legible con la indicación «publicidad», conforme al artículo 136.1 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

Artículo 43. Corregulación y fomento de la autorregulación en materia de publicidad

Los códigos de conducta del artículo 15 de la Ley 13/2022 deben prever mecanismos de resolución de reclamaciones y pueden dotarse de autocontrol previo. Abarcan en particular la publicidad inadecuada de alimentos y bebidas con grasas, ácidos grasos trans, sal o sodio y azúcares en programas con importante audiencia infantil. Prestadoras, anunciantes y agencias pueden suscribir voluntariamente convenios con el Consejo Audiovisual de Andalucía para que arbitre o medie. El Consejo elabora anualmente un informe sobre contenidos y publicidad relativos a personas con discapacidad.

Artículo 44. Definición y alcance del servicio público de comunicación audiovisual

El servicio público de comunicación audiovisual en Andalucía es un servicio esencial de titularidad pública, de interés económico general: produce, edita y difunde en abierto programaciones y canales, generalistas y temáticos, de radio, televisión y nuevos soportes, para atender las necesidades democráticas, sociales y culturales de la población andaluza. Pueden prestarlo la Administración de la Junta, las entidades locales, las universidades públicas y los centros docentes públicos no universitarios. Se rige por los principios del artículo 2 y se orienta a los fines del artículo 45.

Artículo 45. Fines de las personas prestadoras del servicio público audiovisual

Fines específicos del servicio público, local o autonómico: 1) información veraz, plural, equitativa, crítica y participativa; 2) favorecer emprendimiento, talento y creatividad, y la educación permanente; 3) atender a audiencias amplias y diversas, en especial a los colectivos vulnerables, con transversalidad de género; 4) promover la igualdad entre mujeres y hombres y la diversidad; 5) divulgar los principales acontecimientos y sus raíces históricas; 6) impulsar la producción cultural andaluza; 7) promocionar la sociedad del conocimiento y acercar la Administración a la ciudadanía.

Artículo 46. Gestión del servicio público

El servicio público audiovisual autonómico y el local se prestan mediante gestión directa, que incluye la propiedad, financiación y explotación de instalaciones, la comercialización y los recursos por publicidad. La gestión económica se rige por el equilibrio presupuestario. Cabe colaboración de terceros si faltan medios propios, con decisión motivada y conforme a la contratación pública, sin merma de capacidad, recursos o calidad. El servicio local se otorga por quince años, con renovaciones automáticas por periodos iguales si se cumplen las condiciones del artículo 29 de la Ley 13/2022.

Artículo 47. Control de las personas prestadoras del servicio público audiovisual de titularidad pública

Una comisión del Parlamento de Andalucía ejerce el control parlamentario de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus filiales; en gestión y presupuesto, las prestadoras autonómicas están sujetas al control parlamentario y del Consejo Audiovisual de Andalucía. Las locales las controla, en lo presupuestario y en principios y fines, la comisión de control y seguimiento de los entes locales del artículo 15.3. Esas funciones corresponden también a los consejos sociales de las universidades y a los consejos escolares de los centros públicos no universitarios.

Artículo 48. Medidas financieras del servicio público de comunicación audiovisual

La financiación pública no puede sostener actividades ni contenidos ajenos a la función de servicio público y se sujeta a la legislación básica. Al asignar fondos públicos a las prestadoras públicas se tienen en cuenta, entre otros criterios, el cumplimiento de los principios inspiradores de la ley, los estudios de evaluación de la responsabilidad social y las recomendaciones sobre los informes de audiencia del Observatorio Público de Audiencias de Andalucía.

Artículo 49. Suspensión temporal del servicio y extinción de las concesiones

El servicio público puede suspenderse temporalmente por un plazo no superior a un año, previa comunicación justificada de la concesionaria al órgano directivo competente en materia de comunicación social; los términos de la suspensión y de la reanudación los fijará el reglamento. También por reglamento se fijarán las causas de extinción de las concesiones, que incluirán en todo caso las del artículo 31 de la Ley 13/2022 y el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión.

Artículo 50. Competencia

Corresponde a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) la función y misión de servicio público de radio y televisión, según su legislación de gestión directa. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía atribuye la prestación del servicio público prevista en el artículo 54 y otorga las concesiones del servicio público de ámbito local.

Artículo 51. El servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico

El servicio público autonómico se rige por la legislación básica, esta ley y la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA. La Administración de la Junta fija los objetivos de actividad y técnicos del servicio. En la radio autonómica, el órgano directivo competente en comunicación audiovisual determina las necesidades de frecuencias y las traslada a la Administración General del Estado para su asignación o modificación.

Artículo 52. El servicio público televisivo de ámbito local

Las entidades locales pueden acordar prestar el servicio público de televisión pidiendo la concesión al órgano directivo competente en medios de comunicación social; la solicitud la formula la alcaldía-presidencia, previo acuerdo del pleno, dentro del plazo fijado. En demarcaciones plurimunicipales, la concesión se otorga a una entidad pública de gestión que represente a los municipios que decidan prestar el servicio, salvo que el canal se asigne a un único municipio. Criterios de población, plazos e incorporación, por reglamento.

Artículo 53. El servicio público radiofónico de ámbito local

Las entidades locales pueden acordar prestar el servicio público de radio pidiendo la concesión al órgano directivo competente en medios de comunicación social; la solicitud la formula la alcaldía-presidencia, previo acuerdo del pleno, con la memoria del proyecto y en plazo. El órgano directivo la traslada a la Administración General del Estado para asignar frecuencia y características técnicas. Recibida su respuesta, el Consejo de Gobierno adopta el acuerdo en dos meses.

Artículo 54. Los servicios públicos de las universidades y de centros docentes no universitarios

Al amparo del artículo 53.2 de la Ley 13/2022, la Administración de la Junta puede atribuir, previa solicitud de su órgano de gobierno, el servicio público de emisión en abierto de contenidos temáticos educativos y de divulgación cultural a universidades públicas andaluzas y a centros docentes públicos no universitarios. Se rigen por los mismos principios y obligaciones que el resto del servicio público. Tienen prohibida la publicidad, pero pueden recibir contribuciones de instituciones, empresas o fundaciones para obras de temática cultural, social o deportiva.

Artículo 55. Condiciones generales de la prestación del servicio

Además de las de los artículos 49 y 81 de la Ley 13/2022, el servicio comunitario sin ánimo de lucro tiene dos condiciones generales: perseguir objetivos de interés general, como la libertad de expresión, la diversidad cultural, la inclusión social y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; y una gestión participativa, plural y transparente.

Artículo 56. Licencia para la prestación del servicio

El servicio comunitario sin ánimo de lucro requiere licencia previa otorgada por concurso público por el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano directivo competente en medios de comunicación social. Las licencias se inscriben de oficio en el Registro de personas prestadoras, con una sección para depositar la memoria económica. Estas prestadoras tienen acceso a financiación pública (transporte de señal, equipos, formación) y están exentas de tasas por la adjudicación o inscripción de la licencia.

Artículo 57. Extinción de la licencia

La licencia se extingue si: la titular deja de ser entidad privada o pierde la consideración legal de entidad sin ánimo de lucro; el servicio incumple las condiciones generales del artículo 55; los contenidos no se emiten en abierto; o se incumple alguna de las condiciones esenciales de las letras a), b) y d) del artículo 62.

Artículo 58. Obligaciones de la actividad económica y presupuestaria

Las comunitarias justifican ante el órgano competente la procedencia de sus fondos y el desglose de gastos e ingresos. Con ingresos de más de 50.000 euros, memoria económica anual en los seis meses siguientes al año natural; el resto, cada dos años. La memoria se deposita en el Registro. Salvo autorización expresa, el gasto de explotación no puede superar 100.000 euros anuales en televisión y 50.000 en radio. No pueden emitir publicidad, aunque sí recibir contribuciones, y destinan sus fondos a sus proyectos sociales y a la emisora.

Artículo 59. Control de las condiciones de la prestación del servicio

La supervisión y el control del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios comunitarios sin ánimo de lucro en Andalucía corresponden al órgano competente en materia de medios de comunicación social y, en materia de contenidos y publicidad, al Consejo Audiovisual de Andalucía.

Artículo 60. Régimen jurídico del servicio de comunicación audiovisual privado comercial

Los servicios privados comerciales por ondas hertzianas terrestres requieren licencia previa otorgada por concurso público por el Consejo de Gobierno. El concurso se rige por publicidad, transparencia y competencia, con instrucción por un órgano distinto del que resuelve, y debe resolverse en doce meses como máximo desde la publicación de la convocatoria. Es requisito indispensable abonar, en su caso, el valor de la licencia. En los demás casos, como el cable exclusivamente en Andalucía, basta comunicación fehaciente y previa al órgano directivo.

Artículo 61. Régimen jurídico de la comunicación previa

La comunicación fehaciente y previa se hace mediante escrito dirigido al órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social. Una vez verificada, la información sobre la prestadora titular se anota en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 62. Condiciones esenciales de las licencias

Son condiciones esenciales de las licencias otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía: el ámbito de cobertura territorial; la modalidad de servicio de comunicación audiovisual; el porcentaje de emisiones en abierto y en acceso condicional mediante pago; y la tipología del servicio: público, privado o comunitario sin ánimo de lucro.

Artículo 63. Negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual

Se prohíbe el subarriendo y cualquier acto del arrendatario que traspase a un tercero el control efectivo de la licencia. Requisitos del negocio: solicitud suscrita por las partes; capacidad, solvencia y proyecto audiovisual; no haber sido sancionadas con revocación en los dos últimos años; no tener actividades prohibidas en otro Estado del EEE en dos años; y que la titular no esté incursa en expediente por infracción muy grave que pueda llevar a la revocación. Autoriza el órgano directivo; la eficacia exige documento público y pago de tributos.

Artículo 64. Especialidades en caso de arrendamiento de licencias

El período de validez de las autorizaciones de arrendamiento de licencias se fija por reglamento. Las prórrogas por sucesivas anualidades exigen presentar, antes de que acabe el período, una comunicación conjunta de arrendador y arrendatario al órgano directivo competente que confirme la relación contractual. Si no se presenta, la persona titular del órgano directivo dicta resolución revocando la autorización.

Artículo 65. Competencias para el ejercicio de las potestades de inspección y sanción

La Junta de Andalucía ejerce la inspección y la sanción sobre los servicios cuyo título habilitante haya otorgado o que deban comunicarse ante ella, sea cual sea el medio de transmisión, y sobre los que presta ella o las entidades a las que confirió su gestión en el ámbito autonómico. También sobre los prestados en Andalucía sin título o sin comunicación previa. Estas potestades se ejercen con carácter exclusivo, promoviendo la cooperación con otras Administraciones.

Artículo 66. Órganos competentes

La inspección corresponde al órgano directivo de la Consejería competente en medios de comunicación social y al Consejo Audiovisual de Andalucía, con mecanismos de colaboración mutua. La sanción se reparte por infracciones: la persona titular del órgano directivo sanciona las de la lista de la letra a) y el Consejo Audiovisual las de la letra c). La revocación definitiva de la habilitación para emitir por infracciones muy graves la acuerda el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería.

Artículo 67. La actividad inspectora

La actividad inspectora verifica cómo se prestan los servicios audiovisuales, también los que carecen de título o de comunicación previa, y asesora y orienta al sector para cumplir la normativa y alcanzar estándares mínimos de calidad. Debe determinar con la mayor precisión posible los hechos posiblemente infractores, los presuntos responsables y las circunstancias relevantes, sin perder su carácter preventivo. Su organización y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 68. El personal inspector

La inspección la realiza personal funcionario adscrito al órgano con potestad inspectora y acreditado, que presta servicio en cada provincia formando las Unidades Provinciales de Inspección. La persona titular del órgano directivo puede atribuir funciones expresamente a otro personal funcionario de la Junta, indicando motivo y plazo. Los inspectores son agentes de la autoridad y deben acreditar su condición, si se les requiere, fuera de las oficinas públicas.

Artículo 69. Facultades de la Inspección

El personal inspector puede: acceder libremente, con autorización administrativa y sin previo aviso, a las instalaciones vinculadas al servicio (en domicilio protegido, consentimiento o autorización judicial); practicar diligencias de investigación; medir, fotografiar, grabar y levantar planos; requerir la identificación; exigir comparecencia, acceso y datos, salvo los privados no patrimoniales y los confidenciales de clientes; y precintar e incautar temporalmente equipos cuando lo ordene el órgano sancionador.

Artículo 70. Auxilio a la labor inspectora

Los inspectores pueden pedir apoyo a cualquier autoridad y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; colabora la unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. Las Administraciones, quienes ejercen funciones públicas y las organizaciones del sector deben facilitar información, incluidos datos identificativos sin consentimiento del afectado; es reservada. Las Administraciones comprueban el título habilitante al conceder licencias de obras y actividades. Los inspectores pueden ir asistidos por personas con conocimientos técnicos.

Artículo 71. Disposiciones generales

La potestad sancionadora se ejerce conforme a esta ley, la normativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo común y la demás aplicable. Las infracciones de la ley y de la legislación básica se sancionan previa instrucción de expediente, sin perjuicio de otras responsabilidades. El plazo máximo para notificar la resolución expresa es de un año, y el de alegaciones del artículo 76 de la Ley 39/2015 no puede ser inferior a un mes.

Artículo 72. Infracciones muy graves

Además de las del artículo 157 de la Ley 13/2022, son infracciones muy graves: incumplir las condiciones esenciales de la licencia o concesión tres veces en seis meses; celebrar negocios jurídicos sobre licencias sin los requisitos del artículo 63; e incumplir en más de un diez por ciento el deber de reserva del artículo 34, así como la obligación de financiación del artículo 35.

Artículo 73. Infracciones graves

Además de las del artículo 158 de la Ley 13/2022, son infracciones graves: incumplir instrucciones y decisiones del órgano directivo competente o del Consejo Audiovisual; no colaborar con la inspección en los términos del artículo 81; la cooperación necesaria de terceros que difundan o transporten señales de servicios sin título o sin comunicación previa; reincidir en noventa días en la conducta que dio lugar a una terminación convencional del artículo 77; e incumplir el deber de inscripción en el Registro o aportarle datos falsos.

Artículo 74. Infracciones leves

Además de las del artículo 159 de la Ley 13/2022, son infracciones leves: no atender requerimientos de información o envío de material, o retrasarlos sin justificación (también si no se atienden en su totalidad, a juicio de la autoridad); difundir o contratar publicidad con servicios sin título o sin comunicación previa; la reiteración de incidencias de continuidad y calidad técnica; y el incumplimiento de los demás deberes no tipificados como graves o muy graves.

Artículo 75. Graduación de las sanciones

Las sanciones deben guardar adecuación con la gravedad del hecho. Además de los criterios del artículo 166 de la Ley 13/2022, son circunstancias atenuantes o agravantes: el ánimo de lucro; la capacidad económica del infractor según sus ingresos devengados; el ámbito territorial y la población afectada; el cumplimiento voluntario de medidas cautelares; la negativa u obstrucción a la inspección; y el cese de la actividad infractora. Solo se aplican si no forman parte del tipo de infracción.

Artículo 76. Sanciones

Multas (televisión/radio): muy graves, hasta 1.000.000 y 200.000 euros; graves, hasta 60.000 y 20.000; leves, hasta 20.000 y 10.000. Las muy graves pueden llevar además la revocación de la licencia (tres sanciones firmes en dos años por las letras b y c del artículo 72) o la extinción de la comunicación previa (tercera comisión de la letra c en cuatro años). Cabe publicar la sanción firme. A representantes de personas jurídicas privadas: hasta 5.000, 10.000 o 20.000 euros. El Consejo de Gobierno actualiza las cuantías por decreto.

Artículo 77. Terminación convencional de procedimientos sancionadores

La autoridad audiovisual competente puede pactar con la prestadora la modificación de una conducta que incumpla la legislación. Si el acuerdo se cumple efectivamente, se pone fin al procedimiento sancionador iniciado por esa conducta, cuando los hechos puedan ser infracción grave o leve. Reincidir en un comportamiento análogo en noventa días se considera infracción grave.

Artículo 78. Medidas provisionales

Antes de incoar el procedimiento, la autoridad audiovisual puede adoptar las medidas del artículo 163 de la Ley 13/2022 en casos de urgencia inaplazable, previa audiencia del interesado y de forma motivada. Incoado el expediente por infracciones muy graves o graves, cabe adoptar medidas provisionales: cese temporal, precintado provisional, incautación temporal de equipos, protección activa del espectro y requerir la interrupción de suministros básicos. El Consejo Audiovisual puede requerir, motivadamente, el cese de contenidos contrarios a la normativa.

Artículo 79. Medidas sancionadoras accesorias

Sanciones accesorias: precintado provisional e incautación temporal de equipos (muy graves); inhabilitación de uno a dos años (muy graves) o hasta un año (graves); suspensión de la autorización o de la comunicación previa de uno a cuatro años (muy graves) o hasta un año (graves); y sin ayudas públicas audiovisuales tres años (muy graves) o uno (graves). Los plazos de d) y e) acaban al abonarse la sanción. Los gastos corren a cargo del infractor, y quedan sin efecto si repone voluntariamente o se regulariza.

Artículo 80. Responsabilidad por los hechos infractores

Por regla general responde la prestadora, salvo en las infracciones de las letras a), b) y c) del artículo 73 y a) y b) del artículo 74. En el servicio público responden directamente las personas físicas que, desde la dirección, determinaron la infracción. Responden también los destinatarios de instrucciones y requerimientos, los obligados a colaborar, quienes difunden o transportan la señal y quienes difunden o contratan publicidad en esas condiciones. Varios infractores responden solidariamente; si se extingue la persona jurídica, responden sus directivos.

Artículo 81. Deber de colaboración

Deben colaborar con la Junta, permitiendo las facultades de inspección del artículo 69: las prestadoras, tengan o no título o comunicación previa; los poseedores de los inmuebles con centro emisor o estudios; la comunidad de propietarios si están en propiedad horizontal; los responsables de instalaciones e infraestructuras, incluso acatando órdenes de interrupción del servicio; quienes trabajen allí durante la inspección; y quienes mantengan relaciones económicas o profesionales con la prestadora, incluida la publicidad.

Artículo 82. Colaboración con otras Administraciones

Se establecerán mecanismos de colaboración con las Administraciones competentes en materia urbanística, medioambiental, de salud pública, de telecomunicaciones y laboral, para que la información de la inspección audiovisual sobre infraestructuras de telecomunicaciones que puedan infringir esas legislaciones llegue a la autoridad competente y esta adopte las medidas oportunas para restablecer la legalidad.

Artículo 1. Objeto y definiciones

La Ley regula la actividad estadística para fines de la Comunidad Autónoma, la planificación estadística y el Sistema Estadístico de Andalucía, conjunto de entidades y órganos que recogen, almacenan, tratan, compilan, analizan y difunden la información estadística. Principios: idoneidad de los recursos, imparcialidad y objetividad, metodología fundada, carga de respuesta no excesiva y eficacia en función del coste. Define la actividad estadística, exige que sea exacta, oportuna y comparable, también con la Unión Europea, y fomenta la cooperación con otras administraciones y organismos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica a la actividad estadística que desarrollan los órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y los Organismos o Empresas dependientes de ella. También se aplica a las actividades de coordinación en materia estadística con las restantes Entidades públicas.

Artículo 3. Planificación, ejecución y fundamento de la actividad estadística

La actividad estadística andaluza se hace de forma planificada y con las garantías técnicas y jurídicas de la ley. Las estadísticas para fines de la Comunidad las realizan sus órganos estadísticos, que pueden firmar convenios con otras Administraciones y contratos con personas físicas o jurídicas. Se basa en datos requeridos con fines exclusivamente estadísticos y en datos administrativos existentes en la Administración Andaluza. Una acción tiene finalidad estadística si busca obtener estadísticas necesarias para la Comunidad.

Artículo 4. Plan Estadístico de Andalucía

Para planificar la actividad estadística de competencia exclusiva de Andalucía se elabora el Plan Estadístico de Andalucía, marco obligado de esa actividad. Se aprueba mediante Ley, dura cuatro años salvo que la Ley diga otra cosa y se prorroga hasta que entra en vigor el siguiente. Contiene como mínimo: las estadísticas del período, los sujetos obligados a informar y plazos de entrega, cómo se incorporan los datos administrativos y las previsiones presupuestarias.

Artículo 5. Programas Estadísticos Anuales

Cada año se elabora un Programa Estadístico Anual que concreta la actividad estadística del ejercicio, tomando como referencia el Plan Estadístico de Andalucía vigente. Lo aprueba el Consejo de Gobierno y debe contener, para ese año, las especificaciones que el artículo 4.3 exige al Plan.

Artículo 6. Actividades estadísticas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía

Además de lo incluido en planes y programas, los órganos estadísticos de las Consejerías y sus entidades pueden hacer otras actividades de interés para la Comunidad si son objetivas, técnicamente correctas y homologadas por el Instituto de Estadística de Andalucía. La corrección técnica exige proyecto técnico, conceptos normalizados y comparables, periodicidad y no duplicidad. Corporaciones Locales, Universidades, Cámaras, entidades públicas y organizaciones sindicales y empresariales actúan mediante convenio. El Consejo de Gobierno puede autorizar otras por oportunidad o urgencia.

Artículo 7. Estadísticas oficiales

Solo son estadísticas oficiales las actividades estadísticas de interés para la Comunidad Autónoma incluidas en los planes y programas estadísticos anuales, y las demás que el Instituto de Estadística de Andalucía declare de interés para la Comunidad o que autorice el Consejo de Gobierno conforme al artículo 6.

Artículo 8. Principios de la actividad estadística

La actividad estadística andaluza se ajusta siempre a seis principios: respeto a la intimidad, secreto estadístico, obligatoriedad del suministro de información, rigor y corrección técnica, difusión de resultados y seguridad en el almacenamiento y transmisión de la información.

Artículo 9. Concepto y ámbito

Secreto estadístico: conocimiento obtenido por actividad estadística que no puede divulgarse, comunicarse ni usarse. Ampara todos los datos privados, personales, familiares, económicos y financieros de personas físicas y jurídicas. El amparo empieza al suministrar los datos o, si son administrativos, al entrar en los órganos estadísticos. Solo pueden consultarse con autorización escrita del afectado o pasados al menos veinticinco años desde su muerte o cincuenta desde el suministro. Para personas jurídicas caben plazos menores, previo informe del Consejo Andaluz de Estadística.

Artículo 10. Suministro de datos individuales

Está prohibido suministrar o difundir datos individuales de personas físicas o jurídicas, salvo en los casos del artículo 25.2. La prohibición alcanza también a los datos que, por su estructura o grado de desagregación, permitan obtener información individualizada.

Artículo 11. Utilización de los datos

Los datos pedidos con fines estadísticos no pueden usarse para otros fines, salvo lo dispuesto en el artículo 25.3. Antes de procesar la información se separan los datos que permitan la identificación individual. Solo quedan fuera del secreto estadístico los ficheros que contengan únicamente relaciones de personas jurídicas con su nombre, emplazamiento, actividad y características generales.

Artículo 12. Sujetos obligados

Deben guardar el secreto estadístico todas las personas, órganos e instituciones de la Administración Andaluza que intervengan en las operaciones de la ley. Los resultados estadísticos de difusión obligada están amparados por el secreto hasta que se anuncien como oficiales en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Artículo 13. Colaboraciones temporales

El secreto estadístico obliga también a las personas físicas o jurídicas ajenas a la Administración Andaluza que colaboren temporalmente con ella en actividades estadísticas mediante contratos, acuerdos o convenios. La obligación sigue vigente aunque estos hayan concluido.

Artículo 14. Ámbito de la obligación

Es obligatorio suministrar la información necesaria para elaborar las estadísticas oficiales, y no se pedirán más datos que los estrictamente necesarios. Están obligadas todas las personas privadas, físicas o jurídicas, con domicilio, residencia o actividad en Andalucía, y las Administraciones y entidades públicas por las actividades realizadas en Andalucía, sin perjuicio del artículo 149.1.31 de la Constitución.

Artículo 15. Límites

Cualquier petición de información con fines estadísticos debe respetar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que recoge el artículo 18 de la Constitución. Es el límite de la obligación de suministrar información.

Artículo 16. Datos especialmente protegidos

No se puede exigir información individual sobre ideología ni sobre creencias religiosas, políticas o filosóficas. Esta información solo se recoge, en su caso, con autorización expresa y escrita del interesado.

Artículo 17. Derecho a información en la recogida de datos

Al pedir información estadística hay que informar al interesado del destino y la finalidad de los datos, del carácter voluntario u obligatorio de sus respuestas, de las consecuencias de negarse o de informar de forma parcial o incorrecta, y de que los datos están amparados por el secreto estadístico. Si la petición es por escrito, todo ello debe figurar en el cuestionario.

Artículo 18. Metodología

Toda actividad estadística oficial desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía debe seguir una metodología que garantice, científicamente, su corrección y su exactitud. Es la regla básica de la sección dedicada a metodología, normalización y coordinación.

Artículo 19. Unificación de conceptos

Debe elaborarse un sistema de directorios, definiciones, clasificaciones y códigos de uso obligatorio en la actividad estadística de los distintos órganos de la Comunidad Autónoma. Su objetivo es garantizar que los datos y resultados andaluces puedan compararse e integrarse con los de otras Administraciones u Organismos.

Artículo 20. Homogeneización de conceptos y metodologías

Se fomentarán los contactos con los órganos estadísticos de otras Comunidades Autónomas, de la Administración Central del Estado y de otras Instituciones para homogeneizar, en lo posible, los conceptos del artículo anterior (directorios, definiciones, clasificaciones y códigos) y las metodologías utilizadas.

Artículo 21. Convenios con otras Administraciones

El organismo estadístico de la Comunidad Autónoma Andaluza puede establecer convenios y acuerdos con el de la Administración Central del Estado y con los de otras Administraciones para garantizar el máximo aprovechamiento de la actividad estadística en competencias e intereses comunes.

Artículo 22. Publicación y difusión

Como servicio al ciudadano, los resultados de las estadísticas oficiales deben publicarse y difundirse. Se publican tras su anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», y desde entonces son de aplicación obligatoria en las relaciones jurídicas en que la Comunidad tenga competencia para imponerlo. Cualquier persona puede pedir los resultados oficiales una vez públicos. Las estadísticas realizadas o encargadas por el Instituto de Estadística de Andalucía son documento del Gobierno andaluz, a disposición de los Diputados del Parlamento de Andalucía.

Artículo 23. Conservación

Los órganos estadísticos regulados en el capítulo I del título III de la ley conservan y custodian la información recogida para elaborar estadísticas, y deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar los principios de la ley.

Artículo 24. Destrucción de la información

Cuando se considere que una información carece de utilidad, podrá acordarse su destrucción en la forma que se establezca reglamentariamente. Es una facultad, no un deber, y el modo de destruirla lo fija el reglamento, no la ley.

Artículo 25. Transmisión de la información

La transmisión de información también está sujeta al secreto estadístico y se prohíbe por cualquier medio que no lo garantice. La información sometida al secreto solo puede transmitirse entre organismos o unidades creados para fines exclusivamente estadísticos, y para elaborar estadísticas. Puede autorizarse el acceso de entidades de investigación científica e investigadores a datos amparados si no permiten la identificación directa y se cumplen condiciones de protección física e informática; el procedimiento de cesión lo regula el reglamento.

Artículo 26. Organización del Sistema Estadístico y Cartográfico

Integran el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía: el Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía, la Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica, la Comisión Técnica Estadística y Cartográfica, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, las comisiones y unidades estadísticas y cartográficas y los puntos de información. Cada Consejería tiene una comisión estadística y una unidad estadística; los organismos dependientes pueden tener unidad estadística, creada por Orden. Los órganos consultivos deben ser paritarios.

Artículo 27. Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía y personal estadístico

En el Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía se inscriben las personas físicas que, por su trabajo, acceden a información protegida por el secreto estadístico; su organización, funcionamiento y adscripción se fijan por Decreto. Es Agente Estadístico el personal del Sistema inscrito en el Registro. También lo es, temporalmente, el personal inscrito de empresas y entidades con contratos, convenios o acuerdos para elaborar estadísticas, que pierde esa condición al terminar el plazo establecido.

Artículo 28. Composición y funciones

La Comisión Interdepartamental de Estadística es el órgano de dirección y coordinación del Sistema. Entre sus funciones: informar el Anteproyecto de Ley del Plan, aprobar la propuesta de programas anuales para elevarla al Consejo de Gobierno y aprobar, al menos anualmente, la memoria del Instituto para el Parlamento. La preside la persona titular de la consejería competente; la Vicepresidencia, la del Instituto; vocales, quienes presiden la Comisión Estadística de cada Consejería; la secretaría, con voz y sin voto, un funcionario del Instituto designado por la presidencia.

Artículo 29. Naturaleza y régimen jurídico

El Instituto de Estadística de Andalucía es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión; su adscripción se fija por Decreto. Se rige por esta Ley y su desarrollo, y está sujeto a la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, a la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y a la demás normativa aplicable a las entidades de Derecho público de igual naturaleza de la Junta.

Artículo 30. Competencias y funciones

Funciones del Instituto, entre otras: elaborar el Anteproyecto del Plan Estadístico y los programas anuales; coordinar la actividad estadística del Sistema; elaborar la memoria anual en coordinación con la Comisión Estadística de cada Consejería; informar preceptivamente normas sobre comisiones y unidades estadísticas, sobre registros administrativos y los convenios de estadística; usar datos administrativos, incluidos los tributarios; homologar y declarar de interés actividades estadísticas; vigilar el secreto estadístico; difundir resultados y elaborar el calendario de difusión.

Artículo 31. Organización y dirección

El órgano de gobierno del Instituto es la Dirección. Su estructura y funcionamiento se fijan en un Estatuto aprobado por Decreto, a propuesta de la persona titular de la Consejería de adscripción. La persona titular de la Dirección la nombra el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería,, con la alta dirección y gestión directa. Le corresponde, entre otras: velar por el Plan y los programas, representar al Instituto, contratar y convenir, dirigir el personal, aprobar el anteproyecto de presupuesto, disponer gastos y ordenar pagos y aprobar el calendario de difusión.

Artículo 32. Recursos económicos

Los recursos del Instituto son: las consignaciones de las leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma; los que deba percibir de otras secciones presupuestarias por convenios con órganos y entidades dependientes de la Junta; los procedentes de sus servicios y de convenios con entidades públicas y privadas; los productos y rentas de su patrimonio; las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades públicas y privadas; y cualquier otro ingreso que le corresponda conforme a la normativa.

Artículo 33

Artículo 34. Las comisiones estadísticas de las Consejerías

La Comisión Estadística es el órgano de coordinación estratégica de toda la actividad estadística de la Consejería y de sus organismos autónomos y entidades dependientes. La preside una persona con rango, al menos, de titular de Dirección General, y su composición se fija por Orden de la Consejería. Funciones: analizar necesidades, aprobar propuestas para los planes y programas, garantizar los acuerdos de la Comisión Interdepartamental, dirigir y evaluar la actividad estadística, fijar las formas de difusión, velar por los recursos y dar directrices para registros administrativos.

Artículo 35. Las unidades estadísticas de las Consejerías, organismos autónomos y demás entidades públicas dependientes

Las unidades estadísticas coordinan técnicamente la ejecución de las actividades estadísticas de las Consejerías y de sus organismos y entidades dependientes; su composición se fija por Orden. Les corresponde: proponer, coordinar técnicamente, evaluar y ejecutar actividades estadísticas según las directrices de la Comisión Estadística; elaborar la propuesta del calendario de difusión; participar en el diseño de registros administrativos y organizar la incorporación de información administrativa; canalizar los flujos de información preservando el secreto; y lo que consolide el Sistema.

Artículo 36. La Comisión Técnica Estadística

La Comisión Técnica Estadística es el órgano de asesoramiento técnico y participación entre el Instituto y las unidades estadísticas de las Consejerías y sus entidades dependientes, sobre todo en la homogeneización y normalización de la actividad estadística y en la elaboración y ejecución de los planes y programas anuales. Su composición se fija por Decreto y en ella pueden estar las Corporaciones Locales con actividades estadísticas incluidas en los planes o declaradas de interés. El Instituto le facilita los medios.

Artículo 37. Los puntos de información estadística de Andalucía

La Ley prevé la existencia de puntos de información estadística de Andalucía, cuyo cometido es acercar a la ciudadanía las actividades estadísticas. A través de ellos se puede acceder a la información y a los servicios que presta el Sistema Estadístico de Andalucía.

Artículo 38. Naturaleza y Funciones

El Consejo Andaluz de Estadística es el órgano consultivo y de participación del Sistema; relaciona a los órganos estadísticos entre sí y con informantes y usuarios. Informa el Anteproyecto del Plan, los programas anuales y otras propuestas; los aspectos metodológicos y de normalización y los de igualdad de género; la evaluación del Plan al final de su vigencia o en otro momento; y lo que le sometan el Consejo de Gobierno, la Comisión Interdepartamental o el Instituto. Recomienda sobre el secreto estadístico y dirime los conflictos que las partes le sometan voluntariamente.

Artículo 39. Composición

Preside el Consejo Andaluz de Estadística la persona titular de la Consejería de adscripción del Instituto (puede delegar en la Dirección del Instituto); vicepreside la Dirección del Instituto; la secretaría es la de la Comisión Interdepartamental. Vocales: los de la Comisión Interdepartamental; 6 de las Universidades; 3 sindicales; 3 empresariales; 2 de municipios y 2 de diputaciones; 2 del IGN y del Catastro; 7 designados por el Parlamento; 1 de las Cámaras; 1 de consumidores; 7 expertos; y 1 ecologista. Cada vocal representante tiene suplente.

Artículo 40. Canalización de relaciones

El Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) es el órgano que canaliza las relaciones en materia de estadística entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto de las Administraciones Públicas. La interlocución estadística exterior de la Comunidad pasa, por tanto, por el Instituto.

Artículo 41. Representación de la Comunidad Autónoma

El Director del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), o la persona en quien en su caso delegue, representa oficialmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía en los actos o reuniones de trabajo que tengan como finalidad tratar temas estadísticos.

Artículo 42. Información de las remisiones de datos estadísticos

Cuando cualquier órgano de la Administración de la Junta de Andalucía, o un Organismo o Empresa dependiente de ella, deba remitir datos estadísticos del ámbito de esta Ley a la Administración Central del Estado o a otros Organismos, debe dar cuenta de ello al Instituto de Estadística de Andalucía, que puede recabar copia de los datos enviados.

Artículo 43. Delimitación

Constituye infracción administrativa en materia de estadística en la Comunidad Autónoma de Andalucía el incumplimiento de las normas de esta ley y de las que la complementen y desarrollen.

Artículo 44. Responsabilidad

Responden de las infracciones de esta ley las personas físicas o jurídicas a quienes sea imputable la acción u omisión constitutiva de infracción. Las personas jurídicas responden del pago de las sanciones por las infracciones cometidas por sus órganos, empleados o agentes.

Artículo 45. Infracciones

Las infracciones son leves, graves o muy graves. Leves: no suministrar información obligatoria o darla tarde, inexacta o incompleta sin perjuicio grave. Graves: esas mismas conductas con perjuicio grave, incumplir el secreto en otros casos, las normas técnicas o el deber de difusión, reincidir en leves en un año y negarse a exhibir el documento de agente estadístico. Muy graves: incumplir el secreto con perjuicio a la Administración o daños a personas, dar información falsa, reincidir en graves en dos años y alegar ser agente sin estar inscrito en el Registro General.

Artículo 46. Sanciones

Multas: leves, hasta 50.000 pesetas; graves, de 50.001 a 500.000; muy graves, de 500.001 a 5.000.000 de pesetas. El Gobierno puede revisar esas cuantías según la variación del IPC. Si el infractor obtuvo un beneficio superior al tope máximo, la multa puede llegar al doble del beneficio. Se gradúan por la gravedad, los daños y perjuicios y la conducta anterior, salvo que ya se hubiera tenido en cuenta para calificar. Si el infractor es una persona física al servicio de la Comunidad, se aplica el régimen disciplinario de la función pública.

Artículo 47. Suministro de información en forma inadecuada

Las sanciones por suministrar información en forma inadecuada solo pueden imponerse cuando conste que se ha hecho el requerimiento correspondiente. Sin ese requerimiento previo acreditado no cabe sancionar esa conducta.

Artículo 48. Procedimiento

Las sanciones del artículo 46 las impone el Director del IEA, según el texto del artículo. Las infracciones graves y muy graves requieren expediente instruido conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. Para las leves no es preceptivo el expediente previo, pero el trámite de audiencia al inculpado debe evacuarse en todo caso.

Artículo 49. Prescripción

Artículo 50. Otras responsabilidades

Las sanciones administrativas del régimen sancionador de la ley se imponen con independencia de las responsabilidades civiles, penales o de cualquier otro orden que puedan existir por los mismos hechos.

Artículo 1

La ley regula, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, todas las actividades relativas a casinos, juego y apuestas. Lo hace porque la Comunidad tiene competencia exclusiva sobre esa materia según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 2

La competencia autonómica alcanza todos los juegos de azar, las apuestas y, en general, cualquier actividad en que se arriesgue dinero u objetos evaluables económicamente sobre unos resultados y que permita transferirlos entre los participantes. Da igual que predomine la habilidad, destreza o maestría o que sean de suerte, envite o azar, y que se hagan con máquinas automáticas, medios informáticos o actividades humanas.

Artículo 3

Entran en la ley: las actividades de juegos y apuestas; las empresas que los gestionan o explotan o que comercializan o distribuyen material de juego; los locales donde se desarrollan esas actividades y se producen los resultados condicionantes; y las personas físicas y jurídicas que intervienen en su gestión, explotación y práctica. Se excluyen los juegos de puro pasatiempo o recreo de usos sociales o familiares, sin transferencias económicas entre participantes y sin explotación lucrativa.

Artículo 4

Necesitan autorización administrativa previa: los juegos exclusivos de casinos, el bingo, las máquinas recreativas con premio en dinero y las de azar, los boletos y las rifas y tómbolas, incluidas las loterías; y las apuestas hípicas (internas, externas y telemáticas), de galgos y cualesquiera otras deportivas o de competición. No la necesitan las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales si la participación es gratuita y no hay sobreprecio ni tarificación adicional alguna.

Artículo 5

Son juegos prohibidos los no incluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y también los que, estando incluidos, se practican sin autorización o en forma, lugar o por personas distintas de las que fijan los reglamentos. El dinero, efectos, instrumentos y útiles destinados a juegos no autorizados caen en comiso, estén donde estén.

Artículo 6

Los juegos y apuestas de la ley solo pueden practicarse con material ajustado a modelos homologados, que se considera material de comercio restringido. El material no homologado que se use se reputa material clandestino. La comercialización, distribución y mantenimiento del material de juego y apuestas requiere autorización administrativa previa, conforme a la legislación vigente.

Artículo 7

Todas las actividades necesarias para practicar los juegos permitidos requieren autorización administrativa. Cada autorización debe señalar sus titulares, los juegos autorizados y sus condiciones, el establecimiento o local y, en su caso, el aforo máximo. Las de establecimiento siguen en vigor mientras se cumplan los requisitos y solo se transmiten con autorización expresa. Las de acto único terminan con la celebración del hecho o actividad. Los reglamentos propios regulan autorización, organización y desarrollo.

Artículo 8

Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía le corresponde: 1) aprobar el Catálogo de Juegos y Apuestas, con denominaciones, modalidades, elementos, reglas esenciales, condicionamientos y prohibiciones; y 2) planificar los juegos y apuestas atendiendo a la realidad e incidencia social, a sus repercusiones económicas y tributarias y a la necesidad de diversificar el juego. La planificación fija los criterios para conceder autorizaciones: distribución territorial, número y condiciones objetivas.

Artículo 9

A la Consejería competente en materia de juego y apuestas le corresponde: 1) dictar las normas de cada juego del catálogo, con un contenido mínimo (régimen y ámbito, requisitos de las personas autorizadas, tramitación y extinción de autorizaciones, normas técnicas de locales, horarios, admisión, gestión y explotación, y documentación y control contable); 2) fijar las condiciones de la publicidad; 3) conceder las autorizaciones y fijar procedimientos y controles; 4) controlar los aspectos administrativos y técnicos.

Artículo 10

Los juegos permitidos solo pueden practicarse en locales expresamente autorizados que reúnan los requisitos de la ley y de sus reglamentos. La práctica del juego puede autorizarse en cuatro establecimientos: casinos de juego, salas de bingo, salones de juego y tiendas de apuestas. Además, con las limitaciones que se fijen en cada caso, puede autorizarse la explotación de máquinas recreativas y de azar con premio en establecimientos de hostelería.

Artículo 11

Son casinos los locales autorizados para los juegos que sus normas les reserven en exclusiva; con autorización específica pueden ofrecer también los de bingo y salones. Pueden instalarse en toda Andalucía. La concesión se da por concurso público (interés turístico, solvencia de promotores, inversiones y condiciones de la convocatoria) y no excluye las licencias. Deben ofrecer al menos bar, restaurante, salas de estar y de espectáculos o fiestas; la sala principal tendrá aforo mínimo de quinientas personas y, abierto el casino, funcionará al menos una mesa de cada juego.

Artículo 12

Las salas de bingo son locales o establecimientos específicos autorizados para el juego del bingo. Su sala de juego no puede tener un aforo inferior a cien jugadores ni superior a mil, y la sala de bingo tendrá, como mínimo, una superficie superior a un tercio a la sala de juego. En ellas pueden instalarse máquinas de tipo «B» en las condiciones que fije el reglamento.

Artículo 13

Los salones de juego son establecimientos destinados específicamente a explotar máquinas recreativas con premio tipo «B», y en ellos pueden instalarse terminales de apuestas deportivas. Deben instalar como mínimo diez máquinas; el máximo, el aforo y la superficie permitidos son los que se establezcan por reglamento.

Artículo 14

Artículo 15

Los locales y dependencias destinados a bares, cafeterías o similares pueden ser autorizados para instalar máquinas de tipo «B». No es automático: requiere autorización y queda sujeto a las condiciones que se determinen por reglamento.

Artículo 16

Puede autorizarse el cruce de apuestas, que también han de estar previamente autorizadas, en tres tipos de lugares: dentro de los locales o recintos donde se celebren determinadas competiciones, en otros locales que expresamente se determinen y en los salones de juego regulados en el artículo 13 de la ley.

Artículo 17

También pueden autorizarse locales, recintos o espacios para celebrar rifas o tómbolas. Las condiciones de esa autorización no las fija la ley: se remiten a lo que se establezca por vía reglamentaria.

Artículo 18

A efectos de la ley, los hipódromos son de tipo «A» o «B», con características que fija el reglamento. En los de tipo «B» las apuestas hípicas solo pueden hacerse en su interior; las apuestas externas quedan reservadas a los de tipo «A». La concesión de ambos tipos exige concurso, en el que se valoran el interés turístico del proyecto global, la solvencia de los promotores, el programa de inversiones, el cumplimiento de las bases y los incentivos y beneficios económicos y sociales para la zona.

Artículo 19

Explotar juegos y apuestas, o comercializar, distribuir o mantener su material y máquinas, solo pueden hacerlo empresas inscritas en el registro. La Junta puede asumirlo directamente o mediante órganos de gestión, empresas públicas o sociedades mixtas de capital público mayoritario. Las empresas deben ser sociedades anónimas o limitadas con objeto exclusivo, notificar la transmisión de acciones o participaciones, y nadie puede estar en más de tres sociedades explotadoras. Las entidades benéficas, deportivas, culturales y turísticas con más de tres años son preferentes en el bingo.

Artículo 20

Para garantizar sus obligaciones, las sociedades de juego y apuestas deben constituir fianza en metálico o aval bancario en la tesorería de la Consejería competente en hacienda, a disposición de la competente en juego; su cuantía la fija el reglamento. La fianza responde de las infracciones y de los tributos impagados en materia de juego. No constituirla, o no actualizarla en un mes desde el requerimiento, es causa de revocación del título habilitante.

Artículo 21

El capital social y las fianzas deben mantenerse siempre en la cuantía que corresponda. Si disminuyen por disposiciones hechas en los procedimientos reglamentarios, deben reponerse dentro de los ocho días siguientes; si no, la autorización queda en suspenso de inmediato. Pasados tres meses sin reponer, se anula la autorización y se cancela la inscripción en el Registro de Empresas de Juego y Apuestas.

Artículo 22

Quien trabaje en empresas de juego no puede estar inhabilitado judicialmente para profesiones u oficios relacionados con el juego; lo mismo se exige a socios, partícipes, administradores, directores, gerentes y apoderados. El reglamento fijará qué procedimientos van por declaración responsable o comunicación previa. Los empleados que participen directamente en el juego deben ser de la plantilla y no pueden participar en la sociedad titular; también deben ser de plantilla quienes controlan la admisión. El personal extranjero se rige por la legislación vigente.

Artículo 23

Los menores de edad no pueden participar en los juegos y apuestas de la ley ni acceder a los establecimientos a que se refiere el artículo 10.2. Las mismas limitaciones se aplican a quienes figuren en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso a los Establecimientos dedicados a la práctica de los juegos y apuestas, creado por el Decreto 410/2000, de 24 de octubre, en los términos de su inscripción.

Artículo 24

Los reglamentos que desarrollen la ley pueden imponer condiciones especiales de acceso y de uso a los locales de juego y apuestas. Además, en todo establecimiento autorizado para la práctica de juegos o apuestas debe existir un libro de reclamaciones a disposición de los jugadores.

Artículo 25

Máquinas de juego son aparatos automáticos que, a cambio de un precio, permiten eventualmente obtener un premio en dinero. Se clasifican en tipo «B» o recreativas con premio (tiempo de juego y, eventualmente, premio en dinero) y tipo «C» o de azar (el premio depende siempre del azar). El reglamento puede regular las máquinas progresivas interconexionadas. Todas deben estar inscritas en el Registro de Modelos, perfectamente identificadas y con boletín de instalación autorizado.

Artículo 26

Quedan fuera de la ley las máquinas expendedoras que se limitan a vender mecánicamente productos o mercancías, siempre que el dinero depositado corresponda al valor de mercado de lo que entregan; también las máquinas tocadiscos o video-discos y las de competencia pura o deporte que expresamente se determinen.

Artículo 27

Es infracción administrativa incumplir las normas de la ley, las de sus disposiciones de desarrollo y los demás actos administrativos de ejecución. Las infracciones administrativas en materia de juego y apuestas se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 28

Son muy graves: explotar juegos sin ninguna autorización o consentirlos en locales o con personas no autorizadas; fabricar o comercializar máquinas no autorizadas o manipular su material; que jueguen empleados o directivos de la empresa; asociarse para fomentar juego ilegal; ceder autorizaciones o alterar sus condiciones esenciales; obstaculizar la inspección; manipular el juego; no pagar premios; prestar dinero a jugadores; dejar entrar o jugar a quien lo tenga prohibido; publicidad sin autorización previa; incumplir horarios; y tres infracciones graves en un año.

Artículo 29

Son graves: explotar juegos careciendo de alguna autorización o consentirlos en locales o con personas no autorizadas; obtener o intentar obtener autorizaciones con documentos o datos no conformes con la realidad; explotar máquinas o elementos no autorizados; superar en un cien por cien los límites de apuestas; usar la autorización para otra actividad; transferir acciones sin notificar o faltar los libros; jugar sin autorización en establecimientos, círculos o clubes; fallos graves de seguridad; exceder el aforo; trato desconsiderado a jugadores; y tres infracciones leves en un año.

Artículo 30

Son leves: no tener en el local, o instalado en la máquina, el documento acreditativo de la autorización y los demás que se establezcan; no proporcionar la información requerida al amparo del artículo 19.6 o darla incorrectamente; e incumplir requisitos o prohibiciones de la ley, sus reglamentos y disposiciones de desarrollo no señalados como infracciones muy graves o graves.

Artículo 31

Multas: muy graves, de 10.001 a 300.000 euros; graves, de 601 a 10.000; leves, hasta 600. Con fraude, la multa no baja del quíntuple de lo defraudado. Accesorias: devolver beneficios ilícitos; en graves y muy graves, suspender o cancelar la autorización y clausurar el local (con cancelación, cinco años sin actividad de juego; si el juego no es la actividad principal, clausura máxima de seis meses); precinto de máquinas; retirada de documentos profesionales. Caben comiso cautelar y medidas provisionales; se gradúa por circunstancias, antecedentes, reincidencia e incidencia.

Artículo 32

Los funcionarios de la Junta encargados del control y la inspección del juego y las apuestas son agentes de la autoridad, con la protección que da la legislación vigente y las facultades que fije el reglamento. Pueden examinar locales, máquinas, documentos y todo lo que sirva a su tarea. Los titulares de autorizaciones o establecimientos y sus representantes legales, entre otros, deben facilitar a los inspectores y a su personal auxiliar el acceso a locales y dependencias y el examen de libros, registros y documentos.

Artículo 33

Las sanciones por infringir la ley, sus reglamentos y normas de desarrollo se imponen mediante el procedimiento sancionador regulado en este título de la propia ley. No obstante, el reglamento puede disponer que en determinados supuestos se siga el procedimiento sancionador contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 34

El procedimiento sancionador en materia de juego se inicia por providencia del órgano competente en cada caso o por denuncia de los inspectores. Los inspectores tienen, a efectos de la tramitación del procedimiento que su denuncia motive, la consideración de instructores del expediente.

Artículo 35

Las actas de los inspectores, como agentes de la autoridad, contienen el pliego de cargos y deben notificarse a los interesados para surtir efectos. Las denuncias de otros agentes de la autoridad ante la Junta pueden servir a los inspectores, como instructores, para formular pliegos de cargos. Las denuncias de particulares motivan la intervención directa de los inspectores y deben contener firma, nombre y apellidos del denunciante, los hechos, el lugar y la fecha.

Artículo 36

El acta-pliego de cargos debe recoger la relación circunstanciada del hecho y sus fundamentos de derecho, con expresión del lugar, la fecha y la hora en que se apreció, y además la identificación personal del inspector-instructor.

Artículo 37

Los interesados disponen de diez días desde la notificación del acta-pliego de cargos para alegar descargos y aportar y proponer pruebas. En ese escrito pueden recusar al inspector actuante; resuelve la recusación el órgano al que esté adscrito. Además, el órgano competente para resolver puede acordar el cambio de instructor en un expediente concreto si hay causa justificada.

Artículo 38

Pasado el plazo de diez días, vistos los descargos y documentos, practicadas las pruebas y resuelta la recusación si la hubo, el instructor eleva propuesta de resolución al órgano competente para resolver. La propuesta se funda en los hechos que dieron lugar al pliego de cargos, considera las alegaciones presentadas y determina con precisión la falta cometida, el responsable al que se imputa y la sanción que se propone.

Artículo 39

La conformidad del órgano competente para resolver eleva a resolución la propuesta de los inspectores. Las resoluciones tienen plena eficacia una vez notificadas y son ejecutivas aunque se interpongan recursos. El órgano competente puede suspender la sanción, de oficio o a instancia del interesado, oído el inspector actuante, si media causa justa y con medidas cautelares que garanticen la ejecución.

Artículo 40

Artículo 41

Se crea la Comisión del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, órgano de estudio, coordinación y control del juego, presidida por el Consejero de Gobernación y con la composición que fije el reglamento. Le corresponde emitir los informes que le pidan organismos de la Junta, informar las propuestas de sanción por infracciones muy graves que deba resolver el Consejo de Gobierno, elaborar la estadística e informe anual, proponer la planificación del juego y lo que le atribuya el Consejo de Gobierno, que dicta las normas de su funcionamiento.

Artículo 42

Artículo 43

La tasa de servicios sobre salones de juego tiene dos hechos imponibles: la autorización de apertura y funcionamiento del salón y la expedición de cualquier documento complementario de esa autorización.

Artículo 44

Artículo 45

La tasa por autorización de apertura y funcionamiento de salones de juego es de 100.000 pesetas hasta 50 máquinas y de 150.000 pesetas si hay más de 50. La expedición de cualquier documento complementario de esa autorización cuesta 10.000 pesetas. La cuantía se revisa cada año en la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 46

Artículo 1. Objeto

La Ley 18/2007 tiene por objeto regular la gestión directa de la prestación del servicio público esencial de radio y televisión de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esa gestión se realiza a través de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus sociedades filiales.

Artículo 2. Encomienda del servicio público de radio y televisión

Se encomienda a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) la función y misión de servicio público de radio y televisión. También se le atribuye la gestión directa de ese servicio, que se ejerce de forma efectiva por medio de las sociedades mercantiles del sector público andaluz adscritas a ella.

Artículo 3. Ámbito territorial de cobertura

El servicio público de radio y televisión por ondas radioeléctricas terrestres que gestiona la RTVA cubre el ámbito geográfico coincidente con el territorio de Andalucía. Puede alcanzar también otros territorios, siempre que lo permita la legalidad vigente.

Artículo 4. Principios inspiradores y función del servicio público de radio y televisión

La RTVA y sus filiales se inspiran en nueve principios, entre ellos el respeto a la Constitución y al Estatuto, el pluralismo, la separación entre información y opinión, la protección de la juventud y la infancia, la igualdad y la objetividad, veracidad, imparcialidad, independencia, pluralidad y neutralidad informativas. El servicio público es un servicio esencial de producción, edición y difusión de programaciones equilibradas. Las programaciones compatibilizan rentabilidad social y eficiencia económica y deben cumplir quince objetivos.

Artículo 5. Naturaleza jurídica y adscripción

La RTVA, creada por la Ley 8/1987, es una Agencia Pública Empresarial que ejerce las funciones de la Comunidad Autónoma en la gestión directa del servicio público de radio y televisión. Tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar y patrimonio propio. Está adscrita a la Consejería competente en materia de medios de comunicación social. Goza de autonomía de gestión, organización y funcionamiento y, en el marco de un Contrato-Programa, actúa con independencia funcional respecto del Consejo de Gobierno y de las Administraciones Públicas.

Artículo 6. Régimen jurídico

La RTVA se rige por esta Ley, sus normas complementarias y de desarrollo, la legislación audiovisual básica estatal y autonómica y la de comunicaciones electrónicas aplicables. También le son de aplicación la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 5/1983 General de la Hacienda Pública andaluza, la Ley 4/1986 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y la normativa general de las Agencias Públicas Empresariales. En lo demás, se rige por el ordenamiento jurídico privado. De los acuerdos de sus órganos de gobierno conoce la jurisdicción que corresponda en cada caso.

Artículo 7. Carta del Servicio Público

La Carta del Servicio Público fija las prioridades de actuación de la RTVA y sus filiales para cumplir la función de servicio público y las estrategias para sus objetivos generales, teniendo en cuenta estimaciones de escenarios de competencia en el mercado audiovisual. La aprueba el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Consejo de Gobierno. Cada Carta tiene una vigencia de seis años.

Artículo 8. Contrato-Programa

Cada tres años, un Contrato-Programa acordado por el Consejo de Gobierno con la RTVA desarrolla la Carta del Servicio Público. Contenido mínimo: actividades y objetivos; compensaciones económicas anuales con cargo a los Presupuestos de la Comunidad; mecanismos de adaptación del coste; y mecanismos de control de ejecución y resultados. La persona titular de la Consejería competente en medios de comunicación social pide informe al Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el proyecto e informa al Parlamento de su ejecución.

Artículo 9. Gestión de los servicios por las sociedades filiales y régimen jurídico aplicable

Prestan el servicio Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión, S.A., sociedades del sector público andaluz adscritas a la RTVA. Su capital lo suscribe íntegramente la Junta a través de la RTVA y no puede enajenarse, hipotecarse, gravarse, pignorarse ni cederse. Las rige un Administrador único, que es también su Director. Otras filiales (comercialización, producción, comunicación, servicios digitales u análogas) las autoriza el Consejo de Gobierno, a iniciativa de la Dirección General de la RTVA y de acuerdo con su Consejo de Administración.

Artículo 10. Estatuto profesional de los medios de comunicación de la RTVA

El Estatuto profesional de los medios de comunicación de la RTVA garantiza la profesionalidad e independencia de los profesionales de la información y de los contenidos informativos. El personal laboral con función informativa elige democráticamente a sus representantes, que forman el Consejo Profesional de Canal Sur Radio, el de Canal Sur Televisión y la Comisión Permanente de la RTVA, con funciones de interlocución con la dirección y de control del Estatuto. El Estatuto fija su ámbito, esos órganos y el mandato de sus miembros.

Artículo 11. Código de Conducta Comercial

La RTVA y sus filiales actúan conforme a un Código de Conducta Comercial que regula, entre otras materias, la contratación de publicidad y espacios comerciales, la publicidad institucional, las licitaciones públicas, la gestión comercial de sus soportes, la emisión de publicidad y los criterios de tarifas y precios. Sus normas prevén el control de calidad y contenidos de los mensajes publicitarios y la adecuación del tiempo legal de publicidad. El control externo de su cumplimiento corresponde al Consejo Audiovisual de Andalucía.

Artículo 12. Convenios de colaboración

La RTVA y sus filiales pueden federarse y asociarse con otras entidades de gestión directa del servicio público de radio y televisión, y con sus sociedades prestadoras, mediante convenios de colaboración. También pueden suscribir convenios u otros acuerdos con Administraciones Públicas, sus organismos y otras entidades nacionales e internacionales. La cooperación con otras entidades de radio y televisión puede abarcar emisiones en cadena ocasional, intercambio de programas y servicios o cesión temporal de recursos, medios y equipos.

Artículo 13. Órganos de la RTVA

Artículo 14. Composición y funcionamiento

El Consejo de Administración tiene nueve miembros, con paridad de género. Los sindicatos pueden proponer un representante permanente de los trabajadores, que no es Consejero y tiene voz sin voto; el Consejo ratifica su nombramiento en la primera sesión. Preside el miembro elegido para ello por el Parlamento. Quórum: mayoría absoluta; acuerdos por mayoría simple salvo mayoría cualificada legal, con voto de calidad de la Presidencia. Sesión ordinaria al menos una vez al mes. La Secretaría tiene voz sin voto y no puede ser Consejero.

Artículo 15. Elección, mandato e incompatibilidades de los Consejeros y Consejeras

El Parlamento elige a los miembros del Consejo de Administración por tres quintos, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, y los nombra el Consejo de Gobierno; también por tres quintos elige, entre los nueve, a la Presidencia. El mandato acaba con la publicación en el BOJA del decreto de disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones; siguen en funciones hasta los nuevos nombramientos, que el Parlamento hace en un año máximo desde su constitución. Las vacantes se cubren por el tiempo restante.

Artículo 16. Cese de los Consejeros y Consejeras

Los Consejeros cesan por: renuncia notificada fehacientemente a la Presidencia; fin del mandato; incapacidad física o enfermedad grave de más de tres meses continuos; incumplimiento grave; condena firme por delito doloso; incompatibilidad; inhabilitación en sentencia firme; incapacidad declarada por sentencia; y fallecimiento. Por enfermedad, incumplimiento grave o incompatibilidad, hace falta propuesta del Consejo de Administración por tres quintos, previo expediente con audiencia. El cese lo acuerda el Consejo de Gobierno.

Artículo 17. Competencias del Consejo de Administración

El Consejo de Administración vela por el cumplimiento de la ley; aprueba plan de actividades, memoria, plantillas, retribuciones, anteproyectos de presupuestos, convenios, Código de Conducta Comercial, normas del derecho de acceso, su Reglamento y el Estatuto profesional; fija el porcentaje anual de producción propia y propone ceses. Plan de actividades, plantillas, presupuestos, Código de Conducta Comercial y normas de acceso exigen mayoría absoluta; si no se alcanza en presupuestos, se remiten con el voto de cada miembro.

Artículo 18. Persona titular de la Dirección General de la RTVA

La persona titular de la Dirección General de la RTVA la elige el Pleno del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios; si no se alcanza en primera votación, por tres quintos. La nombra y cesa el Consejo de Gobierno. Mandato: la legislatura, renovable; sigue en funciones hasta su relevo, que el Parlamento elige en un año como máximo desde su constitución. Si hay vacante o cese (salvo el art. 16.1.b), el Parlamento elige por tres quintos en un mes como máximo y, entretanto, actúa el directivo de mayor nivel. Rigen las incompatibilidades de altos cargos.

Artículo 19. Competencias y funciones

La persona titular de la Dirección General ejerce la dirección ejecutiva ordinaria y la representación legal de la RTVA. Entre otras funciones, es órgano de contratación, autoriza gastos y ordena pagos, nombra y cesa a los directivos (previa información al Consejo de Administración), ordena la programación, ostenta la jefatura superior del personal y aprueba las cuentas anuales. El Consejo de Administración puede delegarle funciones con tres quintos de sus miembros, salvo las de las letras f), i), l) y ñ) del art. 17.1. Asiste al Consejo con voz y voto.

Artículo 20. Composición y actuación

El Consejo Asesor es el órgano de participación de la sociedad en la RTVA. Tiene quince miembros, con composición equilibrada de hombres y mujeres: 1 sindical, 1 empresarial, 3 locales (designados por la FAMP), 2 de la Junta y 8 a propuesta de consejos sociales, estos 10 designados por el Consejo de Gobierno. Lo convoca el Consejo de Administración y dictamina cuando este lo pide y siempre en materia de programación. Mandato: la legislatura. No hay remuneración ni relación laboral.

Artículo 21. Régimen presupuestario, económico-financiero, contable y control financiero

El régimen presupuestario, económico-financiero, contable, de intervención y de control financiero de la RTVA y sus filiales se somete a la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, demás normas aplicables y esta Ley. Los presupuestos siguen el principio de equilibrio presupuestario. La RTVA elabora cada año un presupuesto de explotación y otro de capital, y un programa de actuación, inversión y financiación. Sus cuentas anuales y las de sus filiales las revisan auditores de cuentas externos.

Artículo 22. Presupuesto consolidado

Además del presupuesto de la RTVA y del presupuesto separado de cada sociedad filial, debe establecerse un presupuesto de explotación y de capital consolidado, conforme a la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía. La propia Ley autoriza el régimen de minoración de ingresos respecto al presupuesto de la RTVA.

Artículo 23. Financiación

La RTVA se financia con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, mediante los instrumentos previstos para entidades de su tipo, y con los ingresos y rendimientos de sus actividades. Sus sociedades se financian con fondos aportados por la RTVA, la venta de sus productos y una participación en el mercado publicitario. Las compensaciones por el servicio público no pueden superar su coste neto, que es la diferencia entre los costes totales de cada sociedad prestadora y sus otros ingresos distintos de las compensaciones.

Artículo 24. Operaciones de crédito

La RTVA y sus sociedades filiales pueden concertar operaciones de crédito, con la medida y los límites máximos de la normativa vigente, solo para dos fines: financiar sus inversiones en inmovilizado material e inmaterial y atender desfases temporales de tesorería.

Artículo 25. Patrimonio

El patrimonio de la RTVA y el de sus sociedades se considera dominio público por estar afecto a un servicio público, y goza de exenciones tributarias conforme a la legalidad vigente que resulte aplicable.

Artículo 26. Contratación

En materia de contratación, la RTVA y sus sociedades filiales se rigen por la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas, en la medida en que les resulte de aplicación.

Artículo 27. Personal laboral de la RTVA y sus sociedades filiales

El personal de la RTVA y de sus filiales es laboral: se rige por sus contratos, el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos y demás normas aplicables. El personal laboral fijo se contrata según igualdad, mérito, capacidad y publicidad, mediante pruebas definidas, establecidas y convocadas por la persona titular de la Dirección General, de acuerdo con el Consejo de Administración. Sus retribuciones se someten a las leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Artículo 28. Principios de programación y de producción

Todas las producciones y programaciones de radio y televisión de las filiales de la RTVA, la guía electrónica de programación, los servicios conexos e interactivos y lo difundido en nuevos soportes deben cumplir la misión de servicio público (arts. 2 y 4), la Carta del Servicio Público y el Contrato-Programa, también en las emisiones a comunidades andaluzas de fuera. Son servicios conexos el teletexto, la guía electrónica y lo que el usuario percibe como un servicio audiovisual único, sin ser servicio de la sociedad de la información.

Artículo 29. Medidas para la accesibilidad de personas con discapacidad sensorial

La RTVA y sus filiales deben favorecer la integración de las personas con discapacidad auditiva y visual con subtitulado y lengua de signos española para personas sordas, y audiodescripción para personas ciegas. Producirán programas específicos accesibles para personas con discapacidad sensorial, con especial atención a la infancia, la juventud y las personas mayores, y fomentarán archivos comunes de subtitulación, lengua de signos y audiodescripción en el sector audiovisual andaluz, colaborando con el sector industrial tecnológico.

Artículo 30. Órgano de comunicación en procesos electorales

Artículo 31. Comunicaciones de interés público

El Gobierno de la Nación y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pueden disponer que se difundan las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público que crean necesarias, indicando su origen. Si hay urgencia, apreciada por el órgano de procedencia, la difusión tiene efecto inmediato.

Artículo 32. Garantías de pluralismo

En todas las producciones y programaciones de radio y televisión de las filiales de la RTVA, y en sus contenidos, servicios conexos e interactivos y nuevos soportes, se asegura y garantiza la libre expresión de la pluralidad social, cultural, ideológica y política de la sociedad andaluza y la libre formación de la opinión pública.

Artículo 33. Derecho de acceso

Se garantiza el derecho de acceso a las emisiones de la RTVA y sus filiales a los grupos sociales y políticos significativos radicados en Andalucía y a las asociaciones, organizaciones e instituciones representativas de su diversidad, respetando el pluralismo. El Consejo de Administración aprueba las normas internas de procedimiento, que fijan tipos de espacios, horarios y tiempos de emisión con criterios objetivos como la representación parlamentaria o la implantación territorial, sin menoscabo de la independencia y la profesionalidad.

Artículo 34. Derecho de rectificación y acción de cesación

El derecho de rectificación sobre las informaciones difundidas por la radio, la televisión o los soportes y medios electrónicos de la RTVA y sus filiales se ejerce según la normativa estatal y la autonómica que la desarrolle. Las personas consumidoras y usuarias, individual o colectivamente, pueden ejercer la acción de cesación de contenidos y servicios con los requisitos de la legislación vigente.

Artículo 35. Comisión de control del Parlamento de Andalucía

Conforme al artículo 214.1 del Estatuto de Autonomía, una Comisión del Parlamento de Andalucía ejerce el control parlamentario de la actuación de la RTVA y sus filiales, en los términos del Reglamento de la Cámara y especialmente sobre el cumplimiento de la función de servicio público. La persona titular de la Dirección General rinde cuentas de la gestión presupuestaria ante esa Comisión.

Artículo 36. Supervisión por el Consejo Audiovisual de Andalucía

El Consejo Audiovisual de Andalucía supervisa el cumplimiento de la misión de servicio público de radio y televisión que presta la RTVA a través de sus sociedades filiales, en los términos de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación de dicho Consejo.

Artículo 37. Rendición de cuentas

Conforme al artículo 87 de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, la RTVA y sus sociedades filiales rinden cuentas de sus operaciones a tres destinatarios: el Parlamento de Andalucía, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía.