Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía

Artículo 53. El servicio público radiofónico de ámbito local

En pocas palabras

Las entidades locales pueden acordar prestar el servicio público de radio pidiendo la concesión al órgano directivo competente en medios de comunicación social; la solicitud la formula la alcaldía-presidencia, previo acuerdo del pleno, con la memoria del proyecto y en plazo. El órgano directivo la traslada a la Administración General del Estado para asignar frecuencia y características técnicas. Recibida su respuesta, el Consejo de Gobierno adopta el acuerdo en dos meses.

Explicación sencilla

Describe el circuito de la radio pública local y su único plazo: dos meses para que el Consejo de Gobierno acuerde, contados tras la recepción de la respuesta de la Administración General del Estado.

Regla mnemotécnica

Radio local: pleno → alcaldía → órgano directivo → Estado → Consejo de Gobierno (2 meses).

Trampa típica de examen

Contar los dos meses desde la solicitud de la entidad local; corren tras la recepción de la respuesta de la Administración General del Estado.

Texto del artículo 53 de la Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía

1. Las entidades locales podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico según lo establecido en la legislación estatal básica mediante solicitud de la correspondiente concesión administrativa dirigida al órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social, formulada por las alcaldías-presidencias de las corporaciones, previo acuerdo del pleno, acompañando a la solicitud la memoria del proyecto, dentro del plazo establecido al efecto. 2. Tras la recepción de la solicitud de concesión, el órgano directivo competente en materia de comunicación social la trasladará a la Administración General del Estado para la correspondiente asignación de frecuencia y la determinación de las restantes características técnicas que haya de cumplir la emisora. El Consejo de Gobierno, en el plazo de dos meses tras la recepción de la respuesta de la Administración General del Estado, adoptará el acuerdo que proceda.

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