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Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía

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Art. 1ObjetoLa Ley 10/2018 tiene por objeto regular el régimen jurídico de la comunicación audiovisual en Andalucía. Lo hace de acuerdo con la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y sin perjuicio de la legislación estatal de aplicación.
Art. 2Principios inspiradoresEl apartado 1 enumera los principios inspiradores de la ley: libertad de comunicación audiovisual, libre elección, pluralismo, derechos fundamentales, protección de infancia, juventud y discapacidad, consumidores, propiedad intelectual y rectificación, veracidad, inclusión, accesibilidad, alfabetización mediática, igualdad, medioambiente y servicio público. La Junta tenderá a equilibrar prestadores públicos, comunitarios y comerciales según el espectro. El apartado 2 añade, para el servicio público: transparencia, cultura andaluza y proximidad, y buen uso del espacio radioeléctrico.
Art. 3DefinicionesDefine conceptos audiovisuales y cinematográficos a efectos de la ley. Datos clave: emiten en cadena quienes emiten el mismo contenido más del diez por ciento del tiempo total de emisión semanal; horario no residual, de 8:00 a 23:00 en televisión y radio; emisión en red, hasta 4 horas y media al día entre las 7:00 y las 00:00; títulos habilitantes, licencia y concesión; largometraje, sesenta minutos o más (o más de cuarenta y cinco en 70 mm con 8 perforaciones); película para televisión, más de 60 minutos; complejo cinematográfico, dos o más pantallas.
Art. 4Ámbito de aplicaciónLa ley se aplica a los servicios públicos audiovisuales de titularidad de la Junta; a los sujetos a autorización o comunicación previa de competencia de la Junta; a los prestados en Andalucía sin título habilitante o sin comunicación previa; y a quienes se relacionan con la prestación (anunciantes, agencias de publicidad y de medios, y obligados a colaborar según el artículo 81). Quedan excluidos quienes tengan título habilitante de cobertura estatal y quienes solo difundan o transporten la señal de terceros.
Art. 5Derechos de la ciudadaníaLas personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual son titulares de los derechos y facultades que recoge el título de la ley en que se integra el artículo. Ello se entiende sin perjuicio de los derechos que ya les reconocen la normativa de la Unión Europea y la estatal.
Art. 6Garantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisualSe garantiza a toda la población que los servicios de comunicación audiovisual sean accesibles, sin discriminación por discapacidad, circunstancias económicas o geográficas, ni por otra condición o circunstancia personal o social relacionada con el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la edad o la orientación sexual, facilitando el derecho a la información y a la comunicación en igualdad.
Art. 7Derecho a recibir una comunicación audiovisual pluralLas personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a recibir una comunicación audiovisual plural. Ese derecho se ejerce de acuerdo con el principio de pluralismo previsto en el artículo 5 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al que remite el precepto.
Art. 8Derechos de las personas menoresSin perjuicio de lo que reconozcan la legislación comunitaria y la estatal, las personas menores de edad tienen: los derechos del capítulo I del título VI de la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; el acceso a contenidos que fomenten valores educativos y formativos acordes con su edad y su desarrollo integral; y el fomento de estilos de vida saludables y de la dieta mediterránea como patrimonio de la humanidad.
Art. 9Derechos de las personas con discapacidadSe garantiza el acceso universal a los servicios audiovisuales de las personas con discapacidad visual o auditiva, según los avances tecnológicos. Las personas con discapacidad tienen derecho a una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada. Las de discapacidad auditiva, a programas subtitulados en los servicios radiofónicos de cobertura autonómica, públicos o comerciales, sintonizables en TDT y en Internet. Las de discapacidad intelectual, a subtitulado de lectura fácil en la televisión autonómica, pública o comercial.
Art. 10Derecho a la alfabetización mediática e informacional con carácter pedagógicoSe reconoce el derecho a la alfabetización mediática e informacional, que aumenta la capacidad crítica, facilita el acceso equitativo a la información y contribuye a medios libres, independientes y pluralistas. La ciudadanía andaluza puede adquirir conocimientos para formar juicios críticos y para un consumo responsable y una generación creativa de contenidos. La Junta elaborará las estrategias a través de las Consejerías competentes en educación y cultura, incluido el currículo escolar y los medios. Se atenderá especialmente a las personas mayores de las zonas rurales.
Art. 11Derecho de participación y acceso de los grupos socialesLas entidades representativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía y de cada territorio pueden acceder a los servicios audiovisuales públicos. El acceso se ejerce en espacios asignados, en horario no residual y con al menos doce horas semanales, según reglamento en dieciocho meses. Es grupo significativo la entidad inscrita en un registro público con sedes en más del 50 % del territorio de cobertura del operador. En licencias de prestadores comerciales se podrán incluir criterios que incentiven el acceso; en los comunitarios sin ánimo de lucro se incluirán.
Art. 12Consejo de Participación Audiovisual de AndalucíaPor decreto del Consejo de Gobierno, en un plazo máximo de dieciocho meses desde la aprobación de la ley, se creará el Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía: órgano colegiado participativo, consultivo y asesor de la Junta, adscrito al Consejo Audiovisual de Andalucía. Será cauce de participación de usuarios y agentes del sector, y elaborará y propondrá las normas de desarrollo del derecho de acceso del artículo 11. Lo integran, entre otros, agentes sociales, consumidores, universidades, grupos parlamentarios y un representante del Consejo Audiovisual.
Art. 13Derecho a la información de las personas usuarias de servicios de comunicación audiovisualLas personas usuarias tienen derecho a conocer los contenidos de los servicios de televisión y su horario de emisión con antelación suficiente; el Consejo Audiovisual de Andalucía establece el procedimiento para hacerlo efectivo. También pueden dirigirse al Consejo Audiovisual de Andalucía si consideran vulnerados sus derechos o incumplida la regulación de contenidos y de publicidad.
Art. 14Competencias de la Administración de la Junta de AndalucíaConsejo de Gobierno: directrices de la política audiovisual y otorgamiento de licencias y concesiones. Titular de la Consejería de medios de comunicación social: proponer al Consejo de Gobierno la estrategia, los reglamentos y la concesión de licencias; recibir la comunicación previa; ejecutar programas; propuestas de gasto; planificación del espacio radioeléctrico y contrato programa plurianual con la RTVA. Titular del órgano directivo: autorizar negocios jurídicos sobre licencias y nuevos formatos, dictar instrucciones y requerimientos, e inspeccionar y sancionar.
Art. 15Competencias de las entidades localesLas entidades locales deciden si prestan el servicio público audiovisual en su ámbito, solas o en colaboración mediante instrumentos asociativos. Controlan a sus prestadores públicos locales con una comisión de control y seguimiento que refleja la composición del pleno, con representación equilibrada de mujeres y hombres. La Junta publicará la relación de prestadores con título habilitante para promover que la publicidad institucional local se haga con ellos; si la Junta subvenciona la campaña como mínimo en un 51 %, solo podrá hacerse con prestadores con título.
Art. 16Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisualSe crea el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de Andalucía, dependiente del órgano directivo competente en medios de comunicación social. El prestador inscribe, como mínimo, los titulares de participaciones significativas con su porcentaje, el número y proporción de mujeres en el órgano de administración y un punto de contacto. Es público, administrativo y único, con inscripciones meramente declarativas y acceso por el Portal de Transparencia. Su organización se regulará en doce meses desde la aprobación de la ley.
Art. 17Protección de datos personales en el ámbito audiovisualLas personas físicas prestadoras facilitarán los datos personales que requieran el órgano directivo de medios de comunicación social y el Consejo Audiovisual de Andalucía para el Registro y sus competencias. Nunca se tratan categorías especiales de datos, solo identificativos, de contacto, económicos, de inmuebles, de transacciones, comerciales, mercantiles y societarios. Fuera de las cesiones obligatorias, solo se ceden a órganos judiciales, a otras Administraciones o al Consejo Audiovisual, para fines compatibles. Solo se publican los datos para identificar y contactar con los inscritos.
Art. 18Plan Estratégico Audiovisual de AndalucíaEl Consejo de Gobierno aprobará cada cuatro años un Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía con seis objetivos: potenciar los servicios públicos y de proximidad; empleo estable y apoyo a la economía social y a las pymes; medición transparente de audiencias; independencia y profesionalidad; medioambiente; y cultura de la paz. Contemplará un reparto equilibrado de licencias entre comerciales privadas y economía social. Reglamento en doce meses; aprobación con informe preceptivo y motivado del Consejo de Participación Audiovisual; evaluación y publicación de resultados.
Art. 19Fomento del sector audiovisualEn el marco del Plan Estratégico, la Junta formulará un Plan bienal de ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, con primera aprobación en un plazo no superior a dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley. Sus bases incluyen formación e innovación, accesibilidad, indicadores de rentabilidad social para los incentivos, competitividad, internacionalización, obras andaluzas, servicios comunitarios, equilibrio en el espectro, participación ciudadana y empleo estable. Su procedimiento se regulará en doce meses desde la aprobación de la ley.
Art. 20Patrimonio audiovisual de AndalucíaLos documentos audiovisuales con interés para la Comunidad por su origen, antigüedad o valor se protegen conforme a la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En doce meses desde la entrada en vigor se regularán su recuperación, preservación, conservación y acceso. Los archivos de la RTVA tienen protección especial, acceso gratuito para investigadores y comunidad universitaria, gestión por personal propio de la RTVA bajo supervisión del personal técnico de la Consejería de patrimonio histórico y dotación presupuestaria específica e independiente.
Art. 21Artículo 21
Art. 22Fomento de la cultura cinematográfica y audiovisual en la Radio y Televisión de AndalucíaLa RTVA fomentará la producción y promoción del cine y el audiovisual andaluz, atendiendo a la igualdad entre profesionales hombres y mujeres. Coordinará con la Consejería competente en cultura las actuaciones para aumentar su presencia y la de espacios de análisis del sector en su programación y para difundir los festivales andaluces, participe o no en ellos la Administración autonómica. Para impulsar la coproducción internacional, intensificará su papel de operador o coproductor local de proyectos andaluces.
Art. 23Colaboración de la Radio y Televisión pública andaluza con la industria cinematográfica y audiovisualLa Radio y Televisión pública andaluza propiciará en su parrilla, tanto en televisión como en radio, una programación sobre la industria cinematográfica y audiovisual, para promocionar los trabajos de producción andaluza y la cultura cinematográfica y audiovisual en general. Además, la RTVA desempeñará un papel importante en la coproducción internacional, colaborando como coproductor local.
Art. 24Colaboración con la Agencia Pública Empresarial de la RTVALa Consejería competente en cultura, sin perjuicio de las competencias de la Consejería a la que esté adscrita la RTVA, podrá: fomentar convenios y otros instrumentos de cooperación entre la RTVA y las empresas andaluzas del cine y la producción audiovisual para producir, coproducir y difundir producciones andaluzas; llevar a cabo con la RTVA planes de internacionalización; y fomentar con ella programas de televisión y radio sobre la cultura del cine andaluz.
Art. 25Promoción de la marca «Cine andaluz»La Consejería competente en cultura promoverá la marca «Cine andaluz» para promocionar a creadores, productores, distribuidores y exhibidores que trabajan en Andalucía. El fomento del cine andaluz dará atención preferente a las obras y al trabajo hechos bajo esta marca. En la RTVA se fomentará la marca con presencia del cine andaluz en radio, televisión y nuevas tecnologías, con programas específicos y apoyo constante a sus protagonistas.
Art. 26Fomento de los festivales andalucesLa Administración autonómica establecerá medidas de apoyo económico a los festivales andaluces: líneas específicas de subvenciones mediante convocatoria pública de ayudas, apoyo mediático o cesión de teatros públicos, entre otros recursos. Además, trabajará para propiciar la inversión privada en ellos y una mayor implicación de la Radio y Televisión pública de Andalucía en su difusión.
Art. 27Derechos y obligaciones de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisualLas personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual son titulares de los derechos y obligaciones que fijan dos fuentes: la legislación básica y la propia Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía. El artículo no enumera ninguno: abre el título III y remite a ambas normas.
Art. 28Derecho a la emisión en cadenaLas prestadoras privadas de carácter comercial de ámbito autonómico y local tienen derecho a emitir en cadena. Antes de empezar o de introducir cambios significativos (una modificación igual o superior al 20% del tiempo de emisión en cadena) deben comunicarlo al órgano competente en materia de medios de comunicación social, con sus principales parámetros. Lo comprometido en la oferta con la que se obtuvo la licencia no requiere comunicación previa y se emite desde el inicio. No se admiten comunicaciones hasta pasados dos años desde la acreditación de la emisión continuada.
Art. 29Derecho a emitir en nuevos formatos e innovación tecnológica audiovisualSe reconoce el derecho a emitir en nuevos formatos y a la innovación tecnológica, dentro de los límites del título habilitante o de la comunicación previa. Si el uso de nuevos formatos implica modificar las condiciones de prestación fijadas en los títulos habilitantes, hace falta autorización del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social.
Art. 30Derecho a actualizar el proyecto audiovisualLas prestadoras de ámbito autonómico y local pueden actualizar el proyecto audiovisual vinculado a su título habilitante, con dos límites: que no se desvirtúen los compromisos asumidos al obtenerlo ni sus condiciones. Requiere comunicación previa al órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social, conforme a la ley y su normativa de desarrollo.
Art. 31Obligaciones ante la ciudadaníaEnumera las obligaciones de las prestadoras ante la ciudadanía (apartado 1, letras a a l) y frente a la violencia de género (apartado 2, letras a a e). Entre las primeras: respetar derechos y libertades, transparencia, accesibilidad de los estudios, lenguaje inclusivo y no sexista, protección de menores, programación accesible y alfabetización mediática con al menos 30 segundos por hora de emisión. Entre las segundas: no difundir contenidos sexistas, presentar a hijas e hijos menores como víctimas directas y no publicitar la prostitución o la trata.
Art. 32Normas de programación y limitaciones de las comunicaciones comercialesLa programación de las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual autonómicos o locales en Andalucía, y sus contenidos, deben ajustarse a lo establecido en la Ley 13/2022, de 7 de julio. El artículo no fija normas propias: remite por entero a esa ley.
Art. 33Obligaciones ante la Administración audiovisual de AndalucíaObligaciones de las prestadoras ante la Administración audiovisual andaluza: cumplir el título habilitante; prestar el servicio de forma continuada (procedimiento y causas de fuerza mayor de interrupción, por reglamento); facilitar comprobaciones e inspecciones; justificar canon y tasas; difundir gratis y con indicación de su origen los comunicados oficiales; poner sus medios técnicos en emergencias; facilitar la información que se les pida; e incluir la variable sexo y la perspectiva de género.
Art. 34Obligación de difusión de productos audiovisualesRespecto de la reserva del tiempo de emisión anual a la que se refieren los artículos 115.2 y 116.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, el cinco por ciento de ese tiempo queda reservado a producciones o coproducciones que difundan la cultura andaluza.
Art. 35Obligación de financiación de productos audiovisualesDentro de la obligación de financiación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al menos el 50% debe aplicarse, en el cómputo anual, a obras que difundan la cultura andaluza y estén realizadas por empresas radicadas en Andalucía, priorizando a las entidades de economía social. Quedan exentas las prestadoras que sean microempresas. El Consejo Audiovisual de Andalucía elabora un informe anual sobre su cumplimiento por las prestadoras públicas y privadas de ámbito autonómico; procedimiento y cómputo, por reglamento.
Art. 36Obligaciones de las personas prestadoras privadas de carácter comercialObligaciones específicas de las prestadoras privadas comerciales: comunicar al órgano competente en medios de comunicación social los cambios de capital y de titularidad de acciones; emitir al menos 7 horas semanales de informativos de su ámbito entre las 8:00 y las 23:00; y, en cable, satélite e Internet, no limitar las instalaciones preexistentes. Deben publicar en el Portal de la Junta su accionariado y datos de contacto, y facilitar la cesión de sus canales en abierto previa negociación; el órgano directivo media si ambas partes lo piden.
Art. 37Obligaciones de las personas prestadoras del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito localObligaciones específicas del servicio público local: garantizar el derecho de acceso; poder emitir en cadena o en red con título habilitante; emitir preferentemente programación de interés local, con redifusiones identificadas que no superen el 60% del tiempo de emisión e informativos locales de al menos diez horas semanales; favorecer a los profesionales de la información; cumplir lo electoral; tener reglamento interno y un teléfono de participación sin coste adicional; y, en municipios de gran población, un consejo de participación audiovisual local.
Art. 38Obligaciones de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucroLas prestadoras comunitarias sin ánimo de lucro están sujetas a las obligaciones de las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo y, además, a dos específicas: ser vehículo del derecho de participación y acceso del artículo 11, con especial atención a grupos vulnerables, discriminados o sin acceso a otros prestadores; y fomentar la participación ciudadana y el tejido asociativo, asignando espacios de programación a asociaciones sin ánimo de lucro de la localidad.
Art. 39Restricciones a las comunicaciones comerciales audiovisualesLas comunicaciones comerciales deben distinguirse claramente del resto de contenidos y respetar la integridad de los programas y la normativa de publicidad y consumo; se vigila especialmente la publicidad ilícita o prohibida y la protección de menores. Los textos sobreimpresionados deben ser legibles, claros y comprensibles, sin abreviaturas ni acotaciones que dificulten su lectura. En televisión, la letra pequeña no puede matizar o restringir de manera esencial el mensaje principal, esté o no en el mismo campo visual.
Art. 40Comunicaciones comerciales audiovisuales prohibidasSe prohíbe incluir o difundir comunicaciones comerciales en emisiones de prestadoras que carezcan del título habilitante o no hayan cumplido la comunicación previa. A efectos de este artículo y de la infracción de la letra b) del artículo 74, la prohibición alcanza también a anunciantes, agencias de publicidad, agencias de medios y terceros que posibiliten esa inclusión o difusión.
Art. 41Publicidad y protecciones específicasLas comunicaciones comerciales no pueden ser abusivas ni engañosas ni afectar a aspectos psicológicos sensibles de las personas mayores. En horario de protección de menores: se prohíben las que fomenten la desigualdad o estereotipos sexistas; se prohíbe el emplazamiento de producto en programas con importante audiencia infantil; se limitan las que fomenten la alimentación no saludable; y se prohíben las que cosifiquen a la mujer o sexualicen a menores. Tampoco pueden transmitir estereotipos negativos o paternalistas de colectivos con discapacidad.
Art. 42Otras formas de comunicaciones comerciales audiovisualesPublirreportajes, telepromociones, sobreimpresiones y transparencias, publicidad virtual, pantalla dividida, publicidad interactiva, patrocinio virtual y otras fórmulas no convencionales que puedan confundir sobre su carácter publicitario deben llevar superpuesta una sobreimpresión permanente y legible con la indicación «publicidad», conforme al artículo 136.1 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.
Art. 43Corregulación y fomento de la autorregulación en materia de publicidadLos códigos de conducta del artículo 15 de la Ley 13/2022 deben prever mecanismos de resolución de reclamaciones y pueden dotarse de autocontrol previo. Abarcan en particular la publicidad inadecuada de alimentos y bebidas con grasas, ácidos grasos trans, sal o sodio y azúcares en programas con importante audiencia infantil. Prestadoras, anunciantes y agencias pueden suscribir voluntariamente convenios con el Consejo Audiovisual de Andalucía para que arbitre o medie. El Consejo elabora anualmente un informe sobre contenidos y publicidad relativos a personas con discapacidad.
Art. 44Definición y alcance del servicio público de comunicación audiovisualEl servicio público de comunicación audiovisual en Andalucía es un servicio esencial de titularidad pública, de interés económico general: produce, edita y difunde en abierto programaciones y canales, generalistas y temáticos, de radio, televisión y nuevos soportes, para atender las necesidades democráticas, sociales y culturales de la población andaluza. Pueden prestarlo la Administración de la Junta, las entidades locales, las universidades públicas y los centros docentes públicos no universitarios. Se rige por los principios del artículo 2 y se orienta a los fines del artículo 45.
Art. 45Fines de las personas prestadoras del servicio público audiovisualFines específicos del servicio público, local o autonómico: 1) información veraz, plural, equitativa, crítica y participativa; 2) favorecer emprendimiento, talento y creatividad, y la educación permanente; 3) atender a audiencias amplias y diversas, en especial a los colectivos vulnerables, con transversalidad de género; 4) promover la igualdad entre mujeres y hombres y la diversidad; 5) divulgar los principales acontecimientos y sus raíces históricas; 6) impulsar la producción cultural andaluza; 7) promocionar la sociedad del conocimiento y acercar la Administración a la ciudadanía.
Art. 46Gestión del servicio públicoEl servicio público audiovisual autonómico y el local se prestan mediante gestión directa, que incluye la propiedad, financiación y explotación de instalaciones, la comercialización y los recursos por publicidad. La gestión económica se rige por el equilibrio presupuestario. Cabe colaboración de terceros si faltan medios propios, con decisión motivada y conforme a la contratación pública, sin merma de capacidad, recursos o calidad. El servicio local se otorga por quince años, con renovaciones automáticas por periodos iguales si se cumplen las condiciones del artículo 29 de la Ley 13/2022.
Art. 47Control de las personas prestadoras del servicio público audiovisual de titularidad públicaUna comisión del Parlamento de Andalucía ejerce el control parlamentario de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus filiales; en gestión y presupuesto, las prestadoras autonómicas están sujetas al control parlamentario y del Consejo Audiovisual de Andalucía. Las locales las controla, en lo presupuestario y en principios y fines, la comisión de control y seguimiento de los entes locales del artículo 15.3. Esas funciones corresponden también a los consejos sociales de las universidades y a los consejos escolares de los centros públicos no universitarios.
Art. 48Medidas financieras del servicio público de comunicación audiovisualLa financiación pública no puede sostener actividades ni contenidos ajenos a la función de servicio público y se sujeta a la legislación básica. Al asignar fondos públicos a las prestadoras públicas se tienen en cuenta, entre otros criterios, el cumplimiento de los principios inspiradores de la ley, los estudios de evaluación de la responsabilidad social y las recomendaciones sobre los informes de audiencia del Observatorio Público de Audiencias de Andalucía.
Art. 49Suspensión temporal del servicio y extinción de las concesionesEl servicio público puede suspenderse temporalmente por un plazo no superior a un año, previa comunicación justificada de la concesionaria al órgano directivo competente en materia de comunicación social; los términos de la suspensión y de la reanudación los fijará el reglamento. También por reglamento se fijarán las causas de extinción de las concesiones, que incluirán en todo caso las del artículo 31 de la Ley 13/2022 y el incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión.
Art. 50CompetenciaCorresponde a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) la función y misión de servicio público de radio y televisión, según su legislación de gestión directa. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía atribuye la prestación del servicio público prevista en el artículo 54 y otorga las concesiones del servicio público de ámbito local.
Art. 51El servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómicoEl servicio público autonómico se rige por la legislación básica, esta ley y la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA. La Administración de la Junta fija los objetivos de actividad y técnicos del servicio. En la radio autonómica, el órgano directivo competente en comunicación audiovisual determina las necesidades de frecuencias y las traslada a la Administración General del Estado para su asignación o modificación.
Art. 52El servicio público televisivo de ámbito localLas entidades locales pueden acordar prestar el servicio público de televisión pidiendo la concesión al órgano directivo competente en medios de comunicación social; la solicitud la formula la alcaldía-presidencia, previo acuerdo del pleno, dentro del plazo fijado. En demarcaciones plurimunicipales, la concesión se otorga a una entidad pública de gestión que represente a los municipios que decidan prestar el servicio, salvo que el canal se asigne a un único municipio. Criterios de población, plazos e incorporación, por reglamento.
Art. 53El servicio público radiofónico de ámbito localLas entidades locales pueden acordar prestar el servicio público de radio pidiendo la concesión al órgano directivo competente en medios de comunicación social; la solicitud la formula la alcaldía-presidencia, previo acuerdo del pleno, con la memoria del proyecto y en plazo. El órgano directivo la traslada a la Administración General del Estado para asignar frecuencia y características técnicas. Recibida su respuesta, el Consejo de Gobierno adopta el acuerdo en dos meses.
Art. 54Los servicios públicos de las universidades y de centros docentes no universitariosAl amparo del artículo 53.2 de la Ley 13/2022, la Administración de la Junta puede atribuir, previa solicitud de su órgano de gobierno, el servicio público de emisión en abierto de contenidos temáticos educativos y de divulgación cultural a universidades públicas andaluzas y a centros docentes públicos no universitarios. Se rigen por los mismos principios y obligaciones que el resto del servicio público. Tienen prohibida la publicidad, pero pueden recibir contribuciones de instituciones, empresas o fundaciones para obras de temática cultural, social o deportiva.
Art. 55Condiciones generales de la prestación del servicioAdemás de las de los artículos 49 y 81 de la Ley 13/2022, el servicio comunitario sin ánimo de lucro tiene dos condiciones generales: perseguir objetivos de interés general, como la libertad de expresión, la diversidad cultural, la inclusión social y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; y una gestión participativa, plural y transparente.
Art. 56Licencia para la prestación del servicioEl servicio comunitario sin ánimo de lucro requiere licencia previa otorgada por concurso público por el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano directivo competente en medios de comunicación social. Las licencias se inscriben de oficio en el Registro de personas prestadoras, con una sección para depositar la memoria económica. Estas prestadoras tienen acceso a financiación pública (transporte de señal, equipos, formación) y están exentas de tasas por la adjudicación o inscripción de la licencia.
Art. 57Extinción de la licenciaLa licencia se extingue si: la titular deja de ser entidad privada o pierde la consideración legal de entidad sin ánimo de lucro; el servicio incumple las condiciones generales del artículo 55; los contenidos no se emiten en abierto; o se incumple alguna de las condiciones esenciales de las letras a), b) y d) del artículo 62.
Art. 58Obligaciones de la actividad económica y presupuestariaLas comunitarias justifican ante el órgano competente la procedencia de sus fondos y el desglose de gastos e ingresos. Con ingresos de más de 50.000 euros, memoria económica anual en los seis meses siguientes al año natural; el resto, cada dos años. La memoria se deposita en el Registro. Salvo autorización expresa, el gasto de explotación no puede superar 100.000 euros anuales en televisión y 50.000 en radio. No pueden emitir publicidad, aunque sí recibir contribuciones, y destinan sus fondos a sus proyectos sociales y a la emisora.
Art. 59Control de las condiciones de la prestación del servicioLa supervisión y el control del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios comunitarios sin ánimo de lucro en Andalucía corresponden al órgano competente en materia de medios de comunicación social y, en materia de contenidos y publicidad, al Consejo Audiovisual de Andalucía.
Art. 60Régimen jurídico del servicio de comunicación audiovisual privado comercialLos servicios privados comerciales por ondas hertzianas terrestres requieren licencia previa otorgada por concurso público por el Consejo de Gobierno. El concurso se rige por publicidad, transparencia y competencia, con instrucción por un órgano distinto del que resuelve, y debe resolverse en doce meses como máximo desde la publicación de la convocatoria. Es requisito indispensable abonar, en su caso, el valor de la licencia. En los demás casos, como el cable exclusivamente en Andalucía, basta comunicación fehaciente y previa al órgano directivo.
Art. 61Régimen jurídico de la comunicación previaLa comunicación fehaciente y previa se hace mediante escrito dirigido al órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social. Una vez verificada, la información sobre la prestadora titular se anota en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Art. 62Condiciones esenciales de las licenciasSon condiciones esenciales de las licencias otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía: el ámbito de cobertura territorial; la modalidad de servicio de comunicación audiovisual; el porcentaje de emisiones en abierto y en acceso condicional mediante pago; y la tipología del servicio: público, privado o comunitario sin ánimo de lucro.
Art. 63Negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisualSe prohíbe el subarriendo y cualquier acto del arrendatario que traspase a un tercero el control efectivo de la licencia. Requisitos del negocio: solicitud suscrita por las partes; capacidad, solvencia y proyecto audiovisual; no haber sido sancionadas con revocación en los dos últimos años; no tener actividades prohibidas en otro Estado del EEE en dos años; y que la titular no esté incursa en expediente por infracción muy grave que pueda llevar a la revocación. Autoriza el órgano directivo; la eficacia exige documento público y pago de tributos.
Art. 64Especialidades en caso de arrendamiento de licenciasEl período de validez de las autorizaciones de arrendamiento de licencias se fija por reglamento. Las prórrogas por sucesivas anualidades exigen presentar, antes de que acabe el período, una comunicación conjunta de arrendador y arrendatario al órgano directivo competente que confirme la relación contractual. Si no se presenta, la persona titular del órgano directivo dicta resolución revocando la autorización.
Art. 65Competencias para el ejercicio de las potestades de inspección y sanciónLa Junta de Andalucía ejerce la inspección y la sanción sobre los servicios cuyo título habilitante haya otorgado o que deban comunicarse ante ella, sea cual sea el medio de transmisión, y sobre los que presta ella o las entidades a las que confirió su gestión en el ámbito autonómico. También sobre los prestados en Andalucía sin título o sin comunicación previa. Estas potestades se ejercen con carácter exclusivo, promoviendo la cooperación con otras Administraciones.
Art. 66Órganos competentesLa inspección corresponde al órgano directivo de la Consejería competente en medios de comunicación social y al Consejo Audiovisual de Andalucía, con mecanismos de colaboración mutua. La sanción se reparte por infracciones: la persona titular del órgano directivo sanciona las de la lista de la letra a) y el Consejo Audiovisual las de la letra c). La revocación definitiva de la habilitación para emitir por infracciones muy graves la acuerda el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería.
Art. 67La actividad inspectoraLa actividad inspectora verifica cómo se prestan los servicios audiovisuales, también los que carecen de título o de comunicación previa, y asesora y orienta al sector para cumplir la normativa y alcanzar estándares mínimos de calidad. Debe determinar con la mayor precisión posible los hechos posiblemente infractores, los presuntos responsables y las circunstancias relevantes, sin perder su carácter preventivo. Su organización y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.
Art. 68El personal inspectorLa inspección la realiza personal funcionario adscrito al órgano con potestad inspectora y acreditado, que presta servicio en cada provincia formando las Unidades Provinciales de Inspección. La persona titular del órgano directivo puede atribuir funciones expresamente a otro personal funcionario de la Junta, indicando motivo y plazo. Los inspectores son agentes de la autoridad y deben acreditar su condición, si se les requiere, fuera de las oficinas públicas.
Art. 69Facultades de la InspecciónEl personal inspector puede: acceder libremente, con autorización administrativa y sin previo aviso, a las instalaciones vinculadas al servicio (en domicilio protegido, consentimiento o autorización judicial); practicar diligencias de investigación; medir, fotografiar, grabar y levantar planos; requerir la identificación; exigir comparecencia, acceso y datos, salvo los privados no patrimoniales y los confidenciales de clientes; y precintar e incautar temporalmente equipos cuando lo ordene el órgano sancionador.
Art. 70Auxilio a la labor inspectoraLos inspectores pueden pedir apoyo a cualquier autoridad y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; colabora la unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. Las Administraciones, quienes ejercen funciones públicas y las organizaciones del sector deben facilitar información, incluidos datos identificativos sin consentimiento del afectado; es reservada. Las Administraciones comprueban el título habilitante al conceder licencias de obras y actividades. Los inspectores pueden ir asistidos por personas con conocimientos técnicos.
Art. 71Disposiciones generalesLa potestad sancionadora se ejerce conforme a esta ley, la normativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo común y la demás aplicable. Las infracciones de la ley y de la legislación básica se sancionan previa instrucción de expediente, sin perjuicio de otras responsabilidades. El plazo máximo para notificar la resolución expresa es de un año, y el de alegaciones del artículo 76 de la Ley 39/2015 no puede ser inferior a un mes.
Art. 72Infracciones muy gravesAdemás de las del artículo 157 de la Ley 13/2022, son infracciones muy graves: incumplir las condiciones esenciales de la licencia o concesión tres veces en seis meses; celebrar negocios jurídicos sobre licencias sin los requisitos del artículo 63; e incumplir en más de un diez por ciento el deber de reserva del artículo 34, así como la obligación de financiación del artículo 35.
Art. 73Infracciones gravesAdemás de las del artículo 158 de la Ley 13/2022, son infracciones graves: incumplir instrucciones y decisiones del órgano directivo competente o del Consejo Audiovisual; no colaborar con la inspección en los términos del artículo 81; la cooperación necesaria de terceros que difundan o transporten señales de servicios sin título o sin comunicación previa; reincidir en noventa días en la conducta que dio lugar a una terminación convencional del artículo 77; e incumplir el deber de inscripción en el Registro o aportarle datos falsos.
Art. 74Infracciones levesAdemás de las del artículo 159 de la Ley 13/2022, son infracciones leves: no atender requerimientos de información o envío de material, o retrasarlos sin justificación (también si no se atienden en su totalidad, a juicio de la autoridad); difundir o contratar publicidad con servicios sin título o sin comunicación previa; la reiteración de incidencias de continuidad y calidad técnica; y el incumplimiento de los demás deberes no tipificados como graves o muy graves.
Art. 75Graduación de las sancionesLas sanciones deben guardar adecuación con la gravedad del hecho. Además de los criterios del artículo 166 de la Ley 13/2022, son circunstancias atenuantes o agravantes: el ánimo de lucro; la capacidad económica del infractor según sus ingresos devengados; el ámbito territorial y la población afectada; el cumplimiento voluntario de medidas cautelares; la negativa u obstrucción a la inspección; y el cese de la actividad infractora. Solo se aplican si no forman parte del tipo de infracción.
Art. 76SancionesMultas (televisión/radio): muy graves, hasta 1.000.000 y 200.000 euros; graves, hasta 60.000 y 20.000; leves, hasta 20.000 y 10.000. Las muy graves pueden llevar además la revocación de la licencia (tres sanciones firmes en dos años por las letras b y c del artículo 72) o la extinción de la comunicación previa (tercera comisión de la letra c en cuatro años). Cabe publicar la sanción firme. A representantes de personas jurídicas privadas: hasta 5.000, 10.000 o 20.000 euros. El Consejo de Gobierno actualiza las cuantías por decreto.
Art. 77Terminación convencional de procedimientos sancionadoresLa autoridad audiovisual competente puede pactar con la prestadora la modificación de una conducta que incumpla la legislación. Si el acuerdo se cumple efectivamente, se pone fin al procedimiento sancionador iniciado por esa conducta, cuando los hechos puedan ser infracción grave o leve. Reincidir en un comportamiento análogo en noventa días se considera infracción grave.
Art. 78Medidas provisionalesAntes de incoar el procedimiento, la autoridad audiovisual puede adoptar las medidas del artículo 163 de la Ley 13/2022 en casos de urgencia inaplazable, previa audiencia del interesado y de forma motivada. Incoado el expediente por infracciones muy graves o graves, cabe adoptar medidas provisionales: cese temporal, precintado provisional, incautación temporal de equipos, protección activa del espectro y requerir la interrupción de suministros básicos. El Consejo Audiovisual puede requerir, motivadamente, el cese de contenidos contrarios a la normativa.
Art. 79Medidas sancionadoras accesoriasSanciones accesorias: precintado provisional e incautación temporal de equipos (muy graves); inhabilitación de uno a dos años (muy graves) o hasta un año (graves); suspensión de la autorización o de la comunicación previa de uno a cuatro años (muy graves) o hasta un año (graves); y sin ayudas públicas audiovisuales tres años (muy graves) o uno (graves). Los plazos de d) y e) acaban al abonarse la sanción. Los gastos corren a cargo del infractor, y quedan sin efecto si repone voluntariamente o se regulariza.
Art. 80Responsabilidad por los hechos infractoresPor regla general responde la prestadora, salvo en las infracciones de las letras a), b) y c) del artículo 73 y a) y b) del artículo 74. En el servicio público responden directamente las personas físicas que, desde la dirección, determinaron la infracción. Responden también los destinatarios de instrucciones y requerimientos, los obligados a colaborar, quienes difunden o transportan la señal y quienes difunden o contratan publicidad en esas condiciones. Varios infractores responden solidariamente; si se extingue la persona jurídica, responden sus directivos.
Art. 81Deber de colaboraciónDeben colaborar con la Junta, permitiendo las facultades de inspección del artículo 69: las prestadoras, tengan o no título o comunicación previa; los poseedores de los inmuebles con centro emisor o estudios; la comunidad de propietarios si están en propiedad horizontal; los responsables de instalaciones e infraestructuras, incluso acatando órdenes de interrupción del servicio; quienes trabajen allí durante la inspección; y quienes mantengan relaciones económicas o profesionales con la prestadora, incluida la publicidad.
Art. 82Colaboración con otras AdministracionesSe establecerán mecanismos de colaboración con las Administraciones competentes en materia urbanística, medioambiental, de salud pública, de telecomunicaciones y laboral, para que la información de la inspección audiovisual sobre infraestructuras de telecomunicaciones que puedan infringir esas legislaciones llegue a la autoridad competente y esta adopte las medidas oportunas para restablecer la legalidad.