Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía
Artículo 35. Obligación de financiación de productos audiovisuales
En pocas palabras
Dentro de la obligación de financiación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al menos el 50% debe aplicarse, en el cómputo anual, a obras que difundan la cultura andaluza y estén realizadas por empresas radicadas en Andalucía, priorizando a las entidades de economía social. Quedan exentas las prestadoras que sean microempresas. El Consejo Audiovisual de Andalucía elabora un informe anual sobre su cumplimiento por las prestadoras públicas y privadas de ámbito autonómico; procedimiento y cómputo, por reglamento.
Explicación sencilla
Da tres datos examinables: el porcentaje mínimo (50%), la exención de las microempresas y el órgano que vigila el cumplimiento con un informe anual, el Consejo Audiovisual de Andalucía.
Regla mnemotécnica
Mitad para lo andaluz; las micro quedan exentas; el Consejo Audiovisual de Andalucía lo vigila cada año.
Trampa típica de examen
Exigir solo uno de los dos requisitos: las obras deben difundir la cultura andaluza y, además, estar realizadas por empresas radicadas en Andalucía.
Texto del artículo 35 de la Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía
1. En relación con la obligación de financiación a la que hace referencia la Sección 3.ª del Capítulo III del Título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al menos el 50% de la financiación deberá aplicarse en el conjunto del cómputo anual a obras que difundan la cultura andaluza y estén realizadas por empresas radicadas en Andalucía, priorizando a las entidades de economía social. 2. Estarán exentas del cumplimiento de la obligación de financiación de obras que difundan la cultura andaluza establecida en el apartado anterior las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual que tengan la consideración de microempresas. 3. El Consejo Audiovisual de Andalucía elaborará un informe anual acerca del cumplimiento de esta obligación por las personas prestadoras públicas y privadas de ámbito autonómico. Reglamentariamente se establecerán el procedimiento, los mecanismos de cómputo y la información que podrá recabarse de las personas prestadoras.
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