Tema 79 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 134. Los Presupuestos Generales del Estado

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación. Tienen carácter anual, incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal y consignan el importe de los beneficios fiscales. El Gobierno debe presentarlos al Congreso al menos tres meses antes de expirar los del año anterior, y si no se aprueban antes del primer día del ejercicio se prorrogan automáticamente los anteriores. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos requiere la conformidad del Gobierno. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, y solo puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135. Estabilidad presupuestaria y deuda pública

Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes fijados por la Unión Europea, y una ley orgánica fijará el máximo permitido en relación con el producto interior bruto; las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las Comunidades necesitan autorización por ley para emitir deuda pública, cuyos créditos se entienden siempre incluidos en el estado de gastos y cuyo pago goza de prioridad absoluta. Los límites solo pueden superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria, apreciadas por mayoría absoluta del Congreso.

Artículo 31. Concepto de Presupuesto de la Junta de Andalucía

De conformidad con el Estatuto de Autonomía, el Presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y determinadas agencias públicas empresariales, y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio. Recoge también las estimaciones de gastos e ingresos del resto de agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades del artículo 5.3.

Artículo 32. Ámbito temporal

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A él se imputan dos cosas: los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los referidos créditos.

Artículo 33. Contenido del Presupuesto

El Presupuesto es único e incluye todos los gastos e ingresos de la Junta y demás entidades del artículo 31. Contiene: estados de gastos y de ingresos de la Junta y de sus agencias administrativas y de régimen especial; estados de gastos e ingresos de determinadas agencias públicas empresariales, de las instituciones y de los consorcios adscritos; presupuestos de explotación y de capital de las restantes agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades del artículo 5.3; y presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica.

Artículo 34. Estructura de los estados de gastos y de ingresos

La estructura del Presupuesto de gastos e ingresos la determina la Consejería competente en materia de Hacienda, según la organización de la Junta y sus entidades, la naturaleza económica de ingresos y gastos, los fines y objetivos de estos últimos y los programas de inversiones de los planes económicos vigentes. El estado de gastos aplica la clasificación orgánica, funcional por programas y económica, y los gastos de inversión se clasifican territorialmente; el de ingresos, la orgánica y económica. La clasificación económica contendrá las transferencias que financian agencias y consorcios.

Artículo 35. Procedimiento de elaboración

El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, el marco presupuestario a medio plazo y el límite de gasto no financiero. Consejerías y entidades remiten a esa Consejería sus anteproyectos antes del 1 de agosto. El estado de ingresos lo elabora dicha Consejería. El estado de gastos incluye el Fondo de Contingencia. El anteproyecto de Ley del Presupuesto se somete al Consejo de Gobierno previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos; al texto articulado se acompaña una memoria justificativa.

Artículo 36. Remisión al Parlamento

El proyecto de Ley del Presupuesto (texto articulado y estados de ingresos y de gastos) se remite al Parlamento de Andalucía al menos dos meses antes de expirar el Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación. Le acompañan diez documentos, letras a) a j): cuenta consolidada, memoria económica, liquidación del año anterior y avance de la del corriente, informe económico y financiero, clasificación por programas, informes de género, cambio climático e infancia, anexo de inversiones y anexo de personal. Todo se publica en el Portal de Transparencia tras su remisión.

Artículo 37. Prórroga del Presupuesto

Si el Parlamento de Andalucía no aprueba la Ley del Presupuesto antes del primer día del ejercicio en que ha de regir, se prorroga automáticamente el del ejercicio inmediatamente anterior, con la estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso, hasta que el nuevo se apruebe y se publique en el BOJA. La prórroga no afecta a las operaciones de capital y financieras de programas y servicios no incluidos en el Anexo de Inversiones del Presupuesto que se prorroga, ni a las transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios.

Artículo 38. Beneficios fiscales

Artículo 1. Objeto

La ley fija los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que debe adecuarse la política presupuestaria del sector público, orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo. También regula los procedimientos de aplicación: participación de los órganos de coordinación institucional, límites de déficit y deuda, supuestos excepcionales para superarlos, corrección de desviaciones y responsabilidad por incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo

A efectos de la ley, el sector público lo forman: 1) el sector Administraciones Públicas, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (Reglamento (CE) 2223/96), con cuatro subsectores: Administración central (Estado y organismos de la administración central), Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de Seguridad Social; y 2) el resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y entes de derecho público dependientes, sujetos solo a las normas de la ley que se refieran específicamente a ellos.

Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos se hará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea. Para las Administraciones Públicas, estabilidad es la situación de equilibrio o superávit estructural; para los entes del artículo 2.2, la posición de equilibrio financiero.

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera

Las actuaciones de las Administraciones y demás sujetos de la ley se someten al principio de sostenibilidad financiera: capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. Hay sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a proveedores no supera el plazo máximo de la normativa sobre morosidad. Las operaciones financieras se someten al principio de prudencia financiera.

Artículo 5. Principio de plurianualidad

Los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos de la ley se elaboran dentro de un marco presupuestario a medio plazo. Ese marco debe ser compatible con el principio de anualidad, que rige la aprobación y ejecución de los Presupuestos, y conforme con la normativa europea.

Artículo 6. Principio de transparencia

La contabilidad, los Presupuestos y las liquidaciones deben contener información suficiente para verificar la situación financiera, el cumplimiento de los objetivos y de los requerimientos europeos; los Presupuestos y cuentas generales integran a todos los sujetos de la ley. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera. Las Administraciones suministran la información necesaria. También son públicas las previsiones de la planificación presupuestaria, su metodología, supuestos y parámetros.

Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

Las políticas de gasto se encuadran en un marco de planificación plurianual, programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, los objetivos de política económica y los principios de estabilidad y sostenibilidad. La gestión de los recursos públicos se orienta por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, con políticas de racionalización del gasto. Las normas, actos, contratos, convenios y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos deben valorar sus repercusiones y supeditarse estrictamente a esos principios.

Artículo 8. Principio de responsabilidad

Las Administraciones que incumplan la ley o provoquen o contribuyan al incumplimiento de compromisos de España con la normativa europea o tratados asumen, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades derivadas, con audiencia garantizada de la afectada. El Estado no asume ni responde de los compromisos de Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y sus entes dependientes; las Comunidades no asumen los de las Corporaciones Locales y sus entes. Quedan a salvo las garantías financieras mutuas para proyectos específicos conjuntos.

Artículo 9. Principio de lealtad institucional

Las Administraciones Públicas actúan conforme al principio de lealtad institucional. Cada una debe: a) valorar el impacto de sus actuaciones en el resto de Administraciones; b) respetar el ejercicio legítimo de las competencias ajenas; c) ponderar todos los intereses públicos implicados, en especial los encomendados a otras Administraciones; d) facilitar a las demás la información que precisen, sobre todo la de suministro de información y transparencia; e) prestar la cooperación y asistencia activas que se le recaben.

Artículo 10. Disposiciones para la aplicación efectiva de la Ley y mecanismos de coordinación

Los sujetos de la ley deben incluir en sus normas presupuestarias los instrumentos y procedimientos para aplicar sus principios. Corresponde al Gobierno velar por esa aplicación en todo el ámbito subjetivo, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local y respetando la autonomía financiera de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. El Gobierno establecerá mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones.

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

Ninguna Administración puede incurrir en déficit estructural (déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales); con reformas estructurales, el conjunto puede llegar al 0,4 % del PIB nacional nominal o al límite europeo si es inferior. Excepcionalmente, Estado y Comunidades pueden tener déficit estructural por catástrofes, recesión grave o emergencia extraordinaria apreciadas por mayoría absoluta del Congreso, con plan de reequilibrio. Corporaciones Locales y Seguridad Social: equilibrio o superávit (la Seguridad Social, con excepción ligada a su Fondo de Reserva).

Artículo 12. Regla de gasto

El gasto computable de la Administración Central, Comunidades y Corporaciones Locales no puede crecer más que la tasa de referencia del PIB de medio plazo; si hay desequilibrio estructural o deuda por encima del objetivo, se sigue la senda de los planes económico-financieros y de reequilibrio. Gasto computable: empleos no financieros SEC, sin intereses, desempleo no discrecional, fondos finalistas ni transferencias de financiación. La tasa la calcula el Ministerio de Economía. Los cambios normativos en la recaudación mueven el gasto en igual cuantía. Los ingresos extra reducen deuda.

Artículo 13. Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera

La deuda del conjunto de Administraciones no puede superar el 60 % del PIB nacional nominal (o el límite europeo): 44 % Administración central, 13 % Comunidades y 3 % Corporaciones Locales; cada Comunidad, máximo 13 % de su PIB regional. Quien supere su límite no puede endeudarse en términos netos. Solo cabe superarlo en los casos del artículo 11.3, con plan de reequilibrio. Estado y Comunidades necesitan autorización por Ley para emitir deuda o contraer crédito. Las Administraciones publican su periodo medio de pago y tienen plan de tesorería.

Artículo 14. Prioridad absoluta de pago de la deuda pública

Los créditos para pagar intereses y capital de la deuda pública se entienden siempre incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos y no pueden ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El pago de intereses y capital de la deuda pública goza de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Artículo 15. Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas

En el primer semestre, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, fija los objetivos de estabilidad y de deuda para los tres ejercicios siguientes, en % del PIB. Antes del 1 de abril el Ministerio remite las propuestas y esos órganos informan en 15 días desde su recepción. El acuerdo va a las Cortes: Congreso y Senado se pronuncian; si el Senado rechaza, el Congreso puede ratificar por mayoría simple; si se rechazan, el Gobierno remite nuevo acuerdo en un mes.

Artículo 16. Establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas

Aprobados por el Gobierno los objetivos generales del artículo 15, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, propone objetivos de estabilidad y de deuda para cada Comunidad Autónoma. Después, el Gobierno los fija, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe pronunciarse en el plazo improrrogable de quince días desde que recibe la propuesta en su Secretaría.

Artículo 17. Informes sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto

Antes del 15 de octubre, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hace público su informe sobre la adecuación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a los objetivos y a la regla de gasto. Antes del 1 de abril eleva al Gobierno un informe sobre el cumplimiento de los objetivos en los Presupuestos iniciales. El Ministro de Hacienda eleva al Gobierno dos informes sobre el ejercicio anterior: el primero antes del 15 de abril y el segundo antes del 15 de octubre, que incluye además una previsión para el ejercicio corriente. Los informes se publican.

Artículo 18. Medidas automáticas de prevención

Las Administraciones siguen la ejecución y ajustan el gasto para no incumplir el objetivo al cierre, y vigilan el riesgo de sus avales. Si la deuda supera el 95 % de los límites del artículo 13.1, solo se permiten operaciones de tesorería. Los mecanismos de revalorización y ajuste de la Seguridad Social se fijan por norma con rango de Ley. El Ministerio de Hacienda sigue el periodo medio de pago de las Comunidades y el órgano interventor el de la Corporación Local; si se supera en más de 30 días el plazo de morosidad dos meses seguidos, hay comunicación de alerta y medidas.

Artículo 19. Advertencia de riesgo de incumplimiento

Si se aprecia riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto de una Comunidad Autónoma o una Corporación Local, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, formula una advertencia motivada, previa audiencia de la Administración. Da cuenta al Consejo de Política Fiscal y Financiera (si es Comunidad) o a la Comisión Nacional de Administración Local (si es Corporación Local), y la advertencia se hace pública. La advertida tiene un mes para adoptar medidas; si no lo hace o son insuficientes, se aplican medidas correctivas.

Artículo 20. Medidas automáticas de corrección

Constatado el incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto, el endeudamiento y avales de la Comunidad necesitan autorización del Estado; con plan idóneo, el crédito a corto plazo que no sea financiación exterior no la precisa. En Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 TRLRHL que incumplan estabilidad o deuda, su endeudamiento a largo plazo requiere autorización. Subvenciones y convenios de la Administración Central con Comunidades incumplidoras exigen informe favorable del Ministerio. Las medidas por morosidad cesan tras seis meses seguidos en plazo.

Artículo 21. Plan económico-financiero

Si se incumple el objetivo de estabilidad, el de deuda o la regla de gasto, la Administración incumplidora formula un plan económico-financiero que permita cumplir en el año en curso y el siguiente. Contenido mínimo: a) causas del incumplimiento; b) previsiones tendenciales de ingresos y gastos sin cambios de políticas; c) descripción, cuantificación y calendario de las medidas; d) previsiones de variables económicas y presupuestarias y sus supuestos; e) análisis de sensibilidad con escenarios alternativos. Si hay Procedimiento de Déficit Excesivo, se añade la información exigida.

Artículo 22. Plan de reequilibrio

La administración que haya incurrido en los supuestos del artículo 11.3 presenta un plan de reequilibrio con el contenido del artículo 21.2 y la senda para alcanzar el objetivo de estabilidad, desagregando ingresos, gastos y sus principales partidas. La que haya incurrido en los del artículo 13.3 incluye además la senda para alcanzar el objetivo de deuda, desagregando sus factores, y un análisis de la dinámica de la deuda con sus variables, otros factores de riesgo y la vida media de la deuda. Si hay Procedimiento de Déficit Excesivo, se añade la información exigida.

Artículo 23. Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio

Los planes se presentan, con informe previo de la Autoridad Independiente cuando sea preceptivo, en un mes desde que se constata el incumplimiento o se aprecian las circunstancias del artículo 11.3 se aprueban en dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no puede exceder de tres meses. Administración central: los elabora el Gobierno y los aprueban las Cortes. Comunidades: el Consejo de Política Fiscal y Financiera comprueba su idoneidad y puede pedir otro plan. Corporaciones Locales: aprueba el Pleno y, en las de los artículos 111 y 135, el Ministerio o la Comunidad tutelar.

Artículo 24. Informes de seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio

El Ministerio de Hacienda elabora trimestralmente un informe de seguimiento de los planes económico-financieros y de reequilibrio en vigor y el Ministro lo remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local. Si hay desviación, el Ministro requiere a la Administración que la justifique, aplique las medidas o incluya otras; si en el informe del trimestre siguiente persiste el incumplimiento, se aplican medidas coercitivas. En las Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 TRLRHL el seguimiento es semestral. Los informes se publican.

Artículo 25. Medidas coercitivas

Si el plan económico-financiero o de reequilibrio no se presenta, no se aprueba o se incumple, o si persiste la morosidad de la Comunidad en los términos del artículo, la Administración debe: a) aprobar en 15 días la no disponibilidad y retención de créditos; b) constituir, si lo pide el Ministerio, un depósito con intereses en el Banco de España del 0,2 % de su PIB nominal, que deja de devengar intereses a los 3 meses y puede convertirse en multa coercitiva tras otros 3. Si no basta, el Gobierno puede enviar una comisión de expertos, cuyas medidas son obligatorias.

Artículo 26. Medidas de cumplimiento forzoso

Si una Comunidad Autónoma no adopta la no disponibilidad de créditos, no constituye el depósito o no aplica las medidas de la comisión de expertos, el Gobierno, conforme al artículo 155 de la Constitución, requiere a su Presidente que lo haga en el plazo que indique; si no atiende, el Gobierno, con aprobación por mayoría absoluta del Senado, adopta las medidas de ejecución forzosa. Con las Corporaciones Locales actúa el Gobierno o la Comunidad con tutela financiera. La persistencia puede considerarse gestión gravemente dañosa y llevar a disolver los órganos de la Corporación.

Artículo 27. Instrumentación del principio de transparencia

Los Presupuestos se acompañan de información que relacione su saldo con la capacidad o necesidad de financiación según el SEC. Antes del 1 de octubre, Comunidades y Corporaciones Locales remiten al Ministerio de Hacienda las líneas fundamentales de sus Presupuestos. El Ministerio puede recabar información; como mínimo: proyectos iniciales, Presupuesto general y cuentas anuales, liquidaciones de las Corporaciones Locales, liquidaciones mensuales de las Comunidades, detalle de Corporaciones dependientes y otra información. Todas publican su periodo medio de pago.

Artículo 28. Central de información

El Ministerio de Hacienda mantiene una central de información pública sobre la actividad económico-financiera de las Administraciones. Bancos, cajas, demás entidades financieras y Administraciones remiten los datos. El Banco de España colabora suministrando la información sobre operaciones de crédito de Comunidades y Corporaciones Locales, y el Ministerio puede requerirle otros datos sobre su endeudamiento. La información está a disposición del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local. Una Orden ministerial fija datos, plazos y publicación.

Artículo 29. Plan presupuestario a medio plazo

Se elabora un plan presupuestario a medio plazo, incluido en el Programa de Estabilidad, que enmarca los presupuestos anuales y asegura su coherencia con los objetivos de estabilidad, de deuda y la regla de gasto. Abarca un periodo mínimo de tres años y contiene, entre otros: a) objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto; b) proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos, tendenciales y con el impacto de las medidas; c) supuestos de esas proyecciones; d) evaluación del efecto de las medidas en la sostenibilidad a largo plazo. Toda modificación o desviación debe explicarse.

Artículo 30. Límite de gasto no financiero

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprueban, cada uno en su ámbito, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, que marca el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos y excluye las transferencias de los sistemas de financiación de Comunidades y Corporaciones Locales. Antes del 1 de agosto, el Ministerio de Hacienda informa al Consejo de Política Fiscal y Financiera del límite del Estado y las Comunidades le remiten el que hayan aprobado.

Artículo 31. Fondo de contingencia

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluyen en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos (fondo de contingencia) para atender, cuando proceda, necesidades no discrecionales y no previstas en el Presupuesto inicial que surjan durante el ejercicio. Cada Administración fija su cuantía y condiciones de aplicación en el ámbito de sus competencias.

Artículo 32. Destino del superávit presupuestario

Si la liquidación presupuestaria arroja superávit, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales lo destinan a reducir su endeudamiento neto, con el límite del volumen de endeudamiento si fuera inferior al superávit. En la Seguridad Social, el superávit se aplica prioritariamente al Fondo de Reserva para atender necesidades futuras del sistema. Superávit es la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas, y endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo.

Concepto de presupuesto: definiciones doctrinales y legales

El DPEJ define el presupuesto (acepción financiera) como previsión de ingresos y programación de gasto de cualquier ente con actividad financiera, y el presupuesto público como expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que la administración puede, como máximo, reconocer y de los derechos que se prevean realizar en un ejercicio. Neumark (1976) lo ve como resumen sistemático y cifrado confeccionado en períodos regulares. La LGP (art. 32) y la LOFCA (art. 18.1) dan las definiciones legales estatal y autonómica.

Características, marco jurídico y contenido del presupuesto

Para la Universidad de Cantabria el presupuesto es norma legal y principal instrumento financiero, con seis características: orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad, regularidad y justicia impositiva. Su marco jurídico: CE (art. 134), Ley 47/2003 y LO 2/2012, más la Orden anual de elaboración. El Gobierno lo elabora; las Cortes lo examinan, enmiendan y aprueban. La LGP (art. 33.2) fija su contenido, incluidos los objetivos de los gestores y los beneficios fiscales.

Clasificación de los principios presupuestarios; universalidad y anualidad

La Universidad de Cantabria clasifica los principios presupuestarios en tres clases: políticos (universalidad, unidad presupuestaria, especialidad, anualidad, competencia y publicidad), contables (presupuesto bruto, unidad de caja, especificación y ejercicio cerrado) y económicos (limitación del gasto público, neutralidad impositiva, equilibrio presupuestario y autoliquidación de la deuda). El DPEJ define universalidad (totalidad de gastos e ingresos, art. 134.1 CE) y anualidad (previsión anual, art. 134.2 CE); el ejercicio coincide con el año natural.

Las reglas de gestión presupuestaria del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria

El art. 27 LGP fija, además del presupuesto anual, tres reglas: los créditos se destinan solo a la finalidad específica para la que se autorizaron, con carácter limitativo y vinculante según su nivel de especificación; los recursos atienden el conjunto de las obligaciones, salvo afectación por ley; y derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minorar derechos para atender obligaciones salvo autorización legal expresa (con excepciones como las devoluciones de ingresos indebidos).

Estabilidad presupuestaria y demás principios de la programación presupuestaria

La exposición de motivos de la LGP sitúa tres principios (plurianualidad, transparencia y eficiencia) al servicio de la estabilidad presupuestaria. Desde 2012 el art. 26.1 LGP enumera siete: estabilidad, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la LO 2/2012 (arts. 3 a 9), que desarrolla el art. 135 CE. El DPEJ define equilibrio (gastos no superiores a ingresos ordinarios), estabilidad (equilibrio o superávit estructural), plurianualidad y eficiencia.

Artículo 26. Principios y reglas de programación presupuestaria

La programación presupuestaria se rige por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la Ley Orgánica 2/2012. Toda norma en elaboración, acto, contrato, convenio o actuación del sector público estatal que afecte a los gastos públicos debe valorar sus efectos y supeditarse estrictamente a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios plurianuales.

Artículo 27. Principios y reglas de gestión presupuestaria

La gestión del sector público estatal se somete a un presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en un escenario plurianual. Los créditos de los entes con presupuesto limitativo se destinan solo a la finalidad para la que se autorizaron, con el carácter limitativo y vinculante de su nivel de especificación. Los recursos atienden al conjunto de obligaciones, salvo afectación por ley. Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minoraciones salvo autorización legal expresa y las excepciones tasadas.

Artículo 28. Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad

Los escenarios presupuestarios plurianuales enmarcan cada año los Presupuestos Generales del Estado: programan la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo y fijan límites para los tres ejercicios siguientes. Se ajustan al objetivo de estabilidad del Estado y de la Seguridad Social, los confecciona el Ministerio de Hacienda, que da cuenta al Consejo de Ministros antes de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos, y constan de un escenario de ingresos y otro de gastos.

Artículo 29. Programas plurianuales ministeriales

Los escenarios plurianuales contienen la distribución orgánica de los recursos y se desarrollan en programas plurianuales a tres ejercicios, donde por centros gestores se fijan objetivos, acciones y dotaciones. Se remiten cada año al Ministerio de Hacienda. El de cada ministerio lo aprueba el Ministro; el de la Seguridad Social se elabora por separado. Los de entidades sin presupuesto limitativo se integran a efectos informativos. Contienen objetivos mensurables, actividad, medios, inversiones e indicadores de ejecución.

Artículo 30. Programas plurianuales de los centros gestores

Los programas plurianuales de los centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada ministerio, los elaboran los titulares de esos centros y su contenido se ajusta al fijado para el programa plurianual en el apartado 6 del artículo 29 de la Ley. Su procedimiento de elaboración y su estructura se establecen por orden del Ministro de Hacienda.

Artículo 31. Asignación presupuestaria y objetivos

Los Presupuestos Generales del Estado se adecuan a los escenarios plurianuales y atienden a los objetivos de los programas plurianuales de los departamentos ministeriales, sujetos siempre a las restricciones que el Gobierno determine para cumplir los objetivos de política económica del ejercicio. Las asignaciones a los centros gestores tienen en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de objetivos en ejercicios anteriores. Los objetivos instrumentales se relacionan con los finales en cuya consecución participan.