Presup
El presupuesto: concepto, principios y presupuesto por programas
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Crear cuenta gratisResumen
El DPEJ define el (acepción financiera) como previsión de ingresos y programación de gasto de cualquier ente con actividad financiera, y el presupuesto público como expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que la administración puede, como máximo, reconocer y de los derechos que se prevean realizar en un ejercicio. Neumark (1976) lo ve como resumen sistemático y cifrado confeccionado en períodos regulares. La LGP (art. 32) y la LOFCA (art. 18.1) dan las definiciones legales estatal y autonómica.
Explicación sencilla
Sirve para distinguir en el examen de quién es cada definición: la del DPEJ para el en general y para el público, la doctrinal de Neumark, la legal estatal del artículo 32 de la Ley 47/2003, la autonómica de la LOFCA y la descripción del Ministerio de Hacienda como previsión anual de ingresos y gastos.
Regla mnemotécnica
público del DPEJ: obligaciones «como máximo» (techo de gasto) y derechos que se prevén (estimación de ingreso).
⚠️ Truco / trampa típica
Confundir la definición del público del DPEJ con la de Neumark: la de Neumark habla de un «resumen sistemático y cifrado» confeccionado en períodos regulares, no de obligaciones que se pueden reconocer como máximo.
El Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ, RAE) define el presupuesto, en su acepción financiera, como la «previsión de ingresos y programación de gasto durante un determinado período efectuados por cualquier ente que desarrolle una actividad financiera, ya sea Administración, empresa o familia». Del presupuesto público da una definición propia: «expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que la administración de que se trate puede, como máximo, reconocer y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante un ejercicio económico». En la doctrina, el material de Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria recoge la definición de Neumark (1976): «resumen sistemático y cifrado de las previsiones de gasto y de las estimaciones de ingresos previstos para financiar dicho gasto público, confeccionado en períodos regulares». La definición legal estatal está en el artículo 32 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: los Presupuestos Generales del Estado constituyen «la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal». Para las comunidades autónomas, el DPEJ recoge la del artículo 18.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas: expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la comunidad y sus organismos dependientes, y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio, que deberá atender al principio de estabilidad presupuestaria y en la que se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a la comunidad. Para el Ministerio de Hacienda, son el documento que recoge la previsión anual de los ingresos y gastos del sector público estatal. (DPEJ, RAE, entradas «presupuesto», «presupuesto público» y «presupuestos de las comunidades autónomas»; Universidad de Cantabria, OCW, Tema 6, diap. 11; Ley 47/2003, art. 32; Ministerio de Hacienda, Introducción a la lectura de los PGE 2021, pág. 15.)
Contrastada con: dpej.rae.es · ocw.unican.es · boe.es · sepg.pap.hacienda.gob.es
Resumen
Para la Universidad de Cantabria el es norma legal y principal instrumento financiero, con seis características: orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad, regularidad y justicia impositiva. Su marco jurídico: CE (art. 134), Ley 47/2003 y LO 2/2012, más la Orden anual de elaboración. El Gobierno lo elabora; las Cortes lo examinan, enmiendan y aprueban. La LGP (art. 33.2) fija su contenido, incluidos los objetivos de los gestores y los beneficios fiscales.
Explicación sencilla
Permite situar el como norma: quién lo elabora y quién lo aprueba, qué normas lo regulan y qué debe determinar según el artículo 33.2 de la LGP. El DPEJ añade, con Calvo Ortega, la noción de derecho presupuestario como conjunto de principios y normas sobre el gasto público.
Regla mnemotécnica
Seis rasgos, regla O-A-C-O-R-J: Orden, Anticipación, Cuantificación, Obligatoriedad, Regularidad y Justicia impositiva. Y el reparto: el Gobierno elabora, las Cortes examinan, enmiendan y aprueban.
⚠️ Truco / trampa típica
Atribuir al Gobierno la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: al Gobierno solo le corresponde su elaboración; el examen, la enmienda y la aprobación son de las Cortes Generales.
El material de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria presenta el presupuesto como la norma legal y el principal instrumento financiero donde se refleja la actividad a llevar a cabo por las Administraciones Públicas, y le atribuye seis características: orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad, regularidad y justicia impositiva. Según el Ministerio de Hacienda, el marco jurídico de los Presupuestos Generales del Estado lo forman fundamentalmente tres normas: la Constitución Española, que dedica su artículo 134 a regularlos; la Ley 47/2003, General Presupuestaria; y la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Lo completan la Orden anual del Ministerio de Hacienda de elaboración y otras disposiciones de menor rango. Corresponde al Gobierno su elaboración y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. La Ley General Presupuestaria (art. 33.2) dispone que los Presupuestos Generales del Estado determinarán: - las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos del art. 33.1.a: órganos del art. 2.3 y entidades sujetas al régimen de especificaciones y modificaciones de la ley o con presupuesto limitativo por su normativa; - los derechos a reconocer durante el ejercicio por esos mismos entes; - las operaciones no financieras y financieras de las entidades con presupuestos estimativos (sectores empresarial y fundacional, consorcios, universidades no transferidas, fondos sin personalidad jurídica y otras); - los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el presupuesto les asigna; - la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El DPEJ define el derecho presupuestario, con cita de Calvo Ortega (1997), como el «conjunto de principios y normas que regulan el gasto de los recursos dinerarios de los entes públicos para la realización de sus actividades». (Universidad de Cantabria, OCW, Tema 6, diaps. 4 y 12; Ministerio de Hacienda, Introducción a la lectura de los PGE 2021, págs. 15-16; Ley 47/2003, art. 33; DPEJ, RAE, entrada «derecho presupuestario».)
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Resumen
La Universidad de Cantabria clasifica los principios presupuestarios en tres clases: políticos (universalidad, unidad presupuestaria, especialidad, anualidad, competencia y publicidad), contables ( bruto, unidad de caja, especificación y ejercicio cerrado) y económicos (limitación del gasto público, neutralidad impositiva, equilibrio presupuestario y autoliquidación de la deuda). El DPEJ define universalidad (totalidad de gastos e ingresos, art. 134.1 CE) y anualidad (previsión anual, art. 134.2 CE); el ejercicio coincide con el año natural.
Explicación sencilla
La clasificación ayuda a ordenar los principios que luego desarrollan las normas: la universalidad explica que la LGP enumere todas las entidades del sector público estatal, y la anualidad se concreta en el anual dentro de un escenario plurianual y en un ejercicio que coincide con el año natural.
Regla mnemotécnica
Ojo al par parecido: especialidad es política; especificación es contable. Los contables suenan a contabilidad: bruto, caja, especificación y ejercicio cerrado.
⚠️ Truco / trampa típica
Colocar la especialidad entre los principios contables por confundirla con la especificación: en la clasificación de la Universidad de Cantabria la especialidad es un principio político y la especificación, uno contable.
El material de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria (tema 6, «El presupuesto del Sector Público») agrupa los principios presupuestarios en tres clases: - Principios políticos: universalidad, unidad presupuestaria, especialidad, anualidad, competencia y publicidad. - Principios contables: presupuesto bruto, unidad de caja, especificación y ejercicio cerrado. - Principios económicos: limitación del gasto público, neutralidad impositiva, equilibrio presupuestario y autoliquidación de la deuda. El Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) define dos de ellos con apoyo en el artículo 134 de la Constitución: - Principio de universalidad: «principio conforme al cual los presupuestos de las administraciones públicas incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público de cada una de ellas» (el DPEJ lo apoya en el art. 134.1 CE). - Principio de anualidad: «principio conforme al cual los presupuestos de las administraciones públicas deben contener la previsión anual de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio en curso» (CE, art. 134.2). La exposición de motivos de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, explica que la ley hace una enumeración completa de las entidades que integran el sector público estatal «como reflejo del principio de universalidad del presupuesto, consagrado en el artículo 134 de la Constitución española». La anualidad se concreta en la misma ley: la gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual (art. 27.1), y el ejercicio presupuestario coincide con el año natural (art. 34.1). A él se imputan los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven, y las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre que correspondan a gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. (Universidad de Cantabria, OCW, Tema 6, diap. 12; DPEJ, RAE, entradas «principio de universalidad» y «principio de anualidad»; Ley 47/2003, exposición de motivos, apartado II, y arts. 27.1 y 34.1.)
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Resumen
El art. 27 LGP fija, además del anual, tres reglas: los créditos se destinan solo a la finalidad específica para la que se autorizaron, con carácter limitativo y según su nivel de especificación; los recursos atienden el conjunto de las obligaciones, salvo afectación por ley; y derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minorar derechos para atender obligaciones salvo autorización legal expresa (con excepciones como las devoluciones de ingresos indebidos).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 27 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, («Principios y reglas de gestión presupuestaria») fija, además del presupuesto anual del apartado 1, estas reglas, a las que la ley no da nombre propio: - Destino de los créditos (27.2): los créditos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades estatales con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por sus modificaciones. Su carácter limitativo y vinculante es el del nivel de especificación con que aparezcan. - Destino de los recursos (27.3): los recursos de esos mismos entes se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. - Importe íntegro (27.4): los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. La ley exceptúa las devoluciones de ingresos declarados indebidos, el reembolso del coste de las garantías aportadas para obtener la suspensión cautelar del pago, una vez firme la declaración de su improcedencia, y las participaciones en la recaudación de tributos previstas legalmente. Los reintegros de pagos indebidos de prestaciones de la Seguridad Social (y sus impagados y retrocesiones) se imputan como minoración de las obligaciones satisfechas en el ejercicio en que se reintegren. Importe íntegro es el resultante tras aplicar exenciones y bonificaciones. Con otro enfoque, el DPEJ define el principio de especialidad, en su acepción financiera, como aquel «conforme al cual las previsiones de ingresos de los presupuestos deben estar especificadas diferenciándose cada grupo de ellos y los gastos deben estar desagregados según las clasificaciones orgánica, económica y por programas del mismo» (LGP, arts. 40, 41 y 43). (Ley 47/2003, art. 27; DPEJ, RAE, entrada «principio de especialidad», acepción 2.)
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Resumen
La de la LGP sitúa tres principios (plurianualidad, transparencia y eficiencia) al servicio de la estabilidad presupuestaria. Desde 2012 el art. 26.1 LGP enumera siete: estabilidad, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la LO 2/2012 (arts. 3 a 9), que desarrolla el art. 135 CE. El DPEJ define equilibrio (gastos no superiores a ingresos ordinarios), estabilidad (equilibrio o superávit estructural), plurianualidad y eficiencia.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa exposición de motivos de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, señala que los principios rectores, todos al servicio del principio general de estabilidad presupuestaria, son tres: plurianualidad, que refuerza la previsión presupuestaria; transparencia, elemento garante de la verificación y el escrutinio del cumplimiento de la estabilidad; y eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos. Tras su reforma de 2012, el artículo 26.1 de la ley dispone que la programación presupuestaria se regirá por siete principios: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esa ley orgánica, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución, los regula en sus artículos 3 a 9. El Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) define: - Equilibrio presupuestario: «principio que exige la nivelación de los presupuestos públicos, prohibiéndose la previsión de gastos superiores a los ingresos ordinarios». - Estabilidad presupuestaria: principio que rige la actividad financiera de todas las administraciones públicas, conforme al cual sus presupuestos deben cerrarse con equilibrio o superávit estructural (salvo autorización expresa del Estado); es un «concepto de claro origen comunitario» fundado en la idea de disciplina presupuestaria (TFUE, art. 126; CE, art. 135.1; LO 2/2012, art. 3.2). - Principio de plurianualidad: la elaboración de los presupuestos debe encuadrarse en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad y de conformidad con la normativa europea. - Principio de eficiencia: lograr «la mejor relación posible entre los resultados obtenidos» por una entidad, programa o actividad públicos «y los recursos empleados para conseguirlos». (Ley 47/2003, exposición de motivos, apartado I, y art. 26.1; DPEJ, RAE, entradas «equilibrio presupuestario», «estabilidad presupuestaria», «principio de plurianualidad» y «principio de eficiencia».)
Contrastada con: boe.es · boe.es · dpej.rae.es
Resumen
Para Lozano Peña, Aguilera Díaz y García de Bustos (2008) el tradicional busca el control de la legalidad y prima los organismos destinatarios del gasto sobre los fines. Frente a él surgen en EE. UU. el presupuesto por programas (PPBS), que asigna programas a objetivos tras compararlos, con escasos frutos según Zapico Goñi (2000), y el base cero, donde el gestor justifica cada año toda su petición en «paquetes» por prioridad. Con Shick definen el presupuesto orientado a resultados.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Lozano Peña, Aguilera Díaz y García de Bustos (2008), el modelo o técnica presupuestaria tradicional está inspirado por una interpretación del control enfocada a garantizar el cumplimiento de la legalidad, en especial en cuanto a la estructura contable y el principio de anualidad. Es una técnica sencilla que facilita la discusión parlamentaria al identificar el gasto con las unidades administrativas a las que se asigna, pero en ella, siguiendo a Gómez Castañeda, se prima el conocimiento de los organismos destinatarios del gasto sobre los fines que se persiguen. En respuesta a sus limitaciones surgen técnicas alternativas, entre las que las más conocidas son el Presupuesto por Programas (PPBS) y el Presupuesto en Base Cero, nacidas ambas en los Estados Unidos: - En el presupuesto por programas se trata de asignar un programa de gasto a un objetivo determinado, como resultado de un análisis comparado entre programas, de modo que se seleccione el que alcanza el objetivo en mejores condiciones de eficiencia y eficacia. Los autores le reconocen ventajas (reflexión de los órganos gestores sobre los fines, superación de la perspectiva anual, valoración del método más efectivo), pero, citando a Zapico Goñi (2000), su aplicación práctica ha dado escasos frutos por limitaciones conceptuales, falta de apoyo político y liderazgo o carencia de estrategias de implantación. - En el presupuesto en base cero el gestor debe justificar anualmente toda su petición presupuestaria y elaborar un documento en el que cada uno de los «paquetes» que la integran se clasifica en función de su prioridad. Sus resultados han sido, para los autores, más modestos aún. Siguiendo a Shick, definen el presupuesto orientado a resultados como «el concepto en el cual cada incremento del gasto se vincula expresamente a un incremento de la producción o del desempeño», y aprecian un consenso en desplazar el centro de gravedad de la técnica presupuestaria desde el control de los recursos hacia la medida de los resultados. (Lozano Peña, Aguilera Díaz y García de Bustos, «Hacia un presupuesto orientado a resultados en Andalucía», Presupuesto y Gasto Público 51/2008, págs. 362-363.)
Contrastada con: juntadeandalucia.es
Resumen
Lozano Peña, Aguilera Díaz y García de Bustos (2008) ven el andaluz como pionero en perspectiva de género y agrupan en seis ejes su orientación a resultados. El punto de decisión presupuestaria (PDP) agrupa gastos que revelan objetivos y prioridades. El presupuesto con perspectiva de género analiza los impactos diferenciales para hombres y mujeres. El Proyecto G+ clasifica cada programa por cuatro criterios en una escala g0, g1, G y G+, en tres etapas.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLozano Peña, Aguilera Díaz y García de Bustos (2008) presentan el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía como pionero en la inserción de la perspectiva de género, enfoque que consideran a la vez un objetivo y una oportunidad. Agrupan en seis ejes o vectores de avance las actuaciones de la Comunidad para orientar el Presupuesto a resultados: - Del control a la capacidad de gestión estratégica del gasto. - Visión plurianual de presupuesto: el análisis permanente. - Burocracia automatizada - asignación gestionada. - Un método de trabajo participativo. - Aprendizaje organizativo. - Perspectiva de género: objetivo y oportunidad. Una herramienta de ese proceso es el punto de decisión presupuestaria (PDP), que los autores definen como agrupaciones de gasto que revelan objetivos y prioridades, sirven de base para una asignación más racional y permiten un mejor seguimiento de la ejecución; lo comparan, sin ser tan pretencioso, con los paquetes de decisión del base cero. Definen el presupuesto con perspectiva de género como «aquél en el que han sido analizados, de forma pormenorizada, los impactos diferenciales que para hombres y mujeres tienen los ingresos y gastos públicos». La metodología andaluza para integrarlo es el Proyecto G+, que clasifica cada programa presupuestario según cuatro criterios (poder transformador, capacidad de impacto, relevancia funcional y gestión de personal) en una escala de cuatro posiciones: g0, g1, G y G+. Prevé tres etapas: clasificación de los programas, avances en evaluabilidad y una metodología de seguimiento y control de los logros. (Lozano Peña, Aguilera Díaz y García de Bustos, «Hacia un presupuesto orientado a resultados en Andalucía», Presupuesto y Gasto Público 51/2008, págs. 361, 369, 372, 375 y 379-381.)
Contrastada con: juntadeandalucia.es
Resumen
La Ley 44/1983, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, inicia la transformación del administrativo tradicional, parco en información para decidir, en un presupuesto por objetivos. Novedades: se construye desde los programas de gasto (las demás ordenaciones se obtienen por conversión), integra todos los organismos de la Administración del Estado y, por primera vez, atribuye los créditos de personal a los centros gestores donde se presta el servicio. Los programas son vinculantes.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa exposición de motivos de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, anuncia que con esos Presupuestos se inicia un camino de reforma presupuestaria para «transformar nuestro tradicional presupuesto administrativo en un presupuesto por objetivos». La ley critica el presupuesto administrativo tradicional por ser «sumamente parco en cuanto a información relevante para la adopción de decisiones»: anuncia exhaustivamente los departamentos, órganos y servicios que efectúan el gasto, pero deja a la intuición el propósito o destino de dicho gasto. Los Presupuestos, dice, deben construirse desde la racionalidad de unos objetivos explícitos y en ningún caso desde una estructura administrativa a perpetuar. El Presupuesto para 1984 introduce tres novedades: - Está construido desde los programas de gasto, que son su núcleo. Los presupuestos tradicionales ofrecían una triple visión de los créditos (orgánica, económica y funcional), pero la funcional no puede confundirse con un presupuesto por programas: se construían desde los órganos gestores y se pasaba a la clasificación funcional mediante una clave de conversión. En 1984 se elabora desde los programas y se llega a las demás ordenaciones por conversión. - Integra todos los organismos de la Administración del Estado. - Por primera vez, los créditos de personal figuran atribuidos a los centros gestores en los que ese personal presta sus servicios, además de imputarse al programa correspondiente. La ley otorga a los programas carácter vinculante, configurándolos como auténticos compromisos que vinculan a los órganos gestores, y anuncia que la nueva lógica operativa y de control deberá materializarse en la próxima reforma de la Ley General Presupuestaria. (Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984, exposición de motivos.)
Contrastada con: boe.es
Resumen
La LGP define el programa presupuestario, plurianual y a cargo del titular del centro gestor, como el conjunto de gastos para actividades orientadas a objetivos preestablecidos (producir bienes y servicios, cumplir obligaciones específicas u otras actividades). Los créditos son asignaciones individualizadas de gasto. El programa anual concreta el plurianual; su cumplimiento se comprueba por resultados si son mensurables e identificables y, si no, con indicadores de medición indirecta. Los plurianuales abarcan los tres ejercicios siguientes.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP), define los programas presupuestarios, de carácter plurianual y bajo la responsabilidad del titular del centro gestor del gasto, como «el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos», que pueden tener por finalidad: a) la producción de bienes y servicios; b) el cumplimiento de obligaciones específicas; c) la realización de las demás actividades encomendadas a los centros gestores (art. 35.2). Es la definición que recoge el Diccionario panhispánico del español jurídico. Los créditos presupuestarios son cada una de las asignaciones individualizadas de gasto puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados (art. 35.1). Las actividades de servicios horizontales y las instrumentales pueden configurarse como programas de apoyo (art. 35.3). El programa de gasto del presupuesto anual es el conjunto de créditos que se ponen a disposición del gestor responsable para el logro de los objetivos anuales, y es la concreción anual del programa plurianual. Su cumplimiento se comprueba en función de los resultados cuando sean mensurables e identificables; si no lo son, mediante indicadores que permitan su medición indirecta (art. 35.4). Los programas plurianuales se refieren a los tres ejercicios siguientes y contienen objetivos expresados de forma objetiva, clara y mensurable; la actividad a realizar; los medios necesarios; las inversiones reales y financieras; y los indicadores de ejecución para medir el resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad (art. 29). Las asignaciones a los centros gestores tienen en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores (art. 31.2). La exposición de motivos resume que la ley establece un sistema de gestión por objetivos e introduce el principio de responsabilidad de los centros gestores. (Ley 47/2003, exposición de motivos, apartado I, y arts. 29, 31 y 35; DPEJ, RAE, entrada «programa presupuestario».)
Contrastada con: boe.es · dpej.rae.es
Resumen
Según el Ministerio de Hacienda, los gastos se clasifican por programas (la principal, por mostrar la finalidad), orgánica y económica. Los programas son finalistas (objetivos cuantificables) o instrumentales y de gestión. Se agrupan en grupos de programas, políticas de gasto y cinco áreas (1, 2, 3, 4 y 9). El código tiene tres dígitos y una letra: área, política, grupo; la letra A-L indica programa finalista y M-Z instrumental. Hay unos 292 programas, 112 grupos y 27 políticas.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún el Ministerio de Hacienda, el presupuesto de gastos sigue una triple clasificación: por programas (las finalidades u objetivos que se pretenden conseguir), orgánica (la organización del sector público estatal) y económica (la naturaleza económica de los gastos). La clasificación por programas es la principal, porque permite identificar la finalidad a la que se destinan los recursos públicos. Los programas de gasto son de dos tipos: - Finalistas: aquellos a los que se pueden asignar objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables (por ejemplo, Creación de infraestructuras de carreteras). - Instrumentales y de gestión: tienen como finalidad la administración de recursos para actividades generales de ordenación, regulación y planificación, la realización de una actividad para la que no se pueden establecer objetivos cuantificables o el apoyo a un programa finalista (por ejemplo, Dirección y servicios generales de Asuntos Exteriores). Se estructuran en árbol: los programas se agrupan en grupos de programas, estos en políticas de gasto y estas en cinco áreas de gasto: 1, Servicios públicos básicos; 2, Actuaciones de protección y promoción social; 3, Producción de bienes públicos de carácter preferente; 4, Actuaciones de carácter económico; y 9, Actuaciones de carácter general. La estructura es flexible y puede modificarse según las necesidades de cada año; los Presupuestos Generales del Estado, siguiendo la estructura de los últimos ejercicios, contienen aproximadamente 292 programas, 112 grupos de programas, 27 políticas de gasto y 5 áreas. El código de programa tiene tres dígitos y una letra: el primer dígito designa el área, los dos primeros la política y los tres el grupo de programas; la letra identifica el programa, de la A a la L si es finalista y de la M a la Z si es instrumental y de gestión. Así, el programa 453C pertenece al grupo 453, a la política 45 «Infraestructuras» y al área 4, y es finalista. Al proyecto de ley le acompañan, entre otros documentos, las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales. (Ministerio de Hacienda, Introducción a la lectura de los PGE 2021, págs. 28-33 y 49.)
Contrastada con: sepg.pap.hacienda.gob.es
Resumen
Según la SEPG, el Gobierno elabora los PGE y las Cortes los examinan, enmiendan y aprueban. Fases del ciclo: actualización del Programa de Estabilidad (a la UE, proyecciones a 3 años), informe de situación de la economía, orden de elaboración (inicia formalmente el proceso; la dicta el ministro de Hacienda), acuerdo de objetivos de estabilidad y deuda y del límite de gasto no financiero (primer semestre), aprobación del proyecto y remisión a las Cortes, plan presupuestario a la UE (a más tardar el 15 de octubre) y aprobación de la ley para que entre en vigor el 1 de enero. Los objetivos los fija el Consejo de Ministros para tres ejercicios, previo informe del CPFF y de la CNAL; Congreso y Senado los aprueban o rechazan.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (SEPG), el Gobierno elabora los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las Cortes Generales los examinan, enmiendan y aprueban (CE, art. 134.1); el ciclo presupuestario se sintetiza en estas fases: - Actualización del Programa de Estabilidad, que se presenta cada año a la Unión Europea, con proyecciones presupuestarias a medio plazo (3 años). - Informe de situación de la economía española, que sirve para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria. - Orden de elaboración de los PGE: con ella «se inicia formalmente el proceso de elaboración presupuestaria». - Acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Estado, en el primer semestre de cada año. - Aprobación del proyecto de ley por el Gobierno y remisión a las Cortes. - Plan presupuestario, que se presenta a la UE a más tardar el 15 de octubre. - Aprobación de la Ley de PGE, para que entre en vigor el 1 de enero. Los objetivos se fijan para los tres ejercicios siguientes por acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, y el Congreso y el Senado los aprueban o rechazan; el límite de gasto no financiero «marcará el techo de asignación de recursos» del presupuesto (LO 2/2012, arts. 15 y 30). La orden de elaboración la dicta el ministro de Hacienda (LGP, art. 36). La de 2027, Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, regula dos comisiones: - Comisión de Políticas de Gasto, presidida por el ministro de Hacienda e integrada por los titulares de los ministerios. - Comisiones de Análisis de Programas: reuniones bilaterales del Ministerio de Hacienda con cada ministerio, presididas por el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Los centros gestores remitieron sus propuestas a la Dirección General de Presupuestos antes del 29 de junio de 2026; esta elabora los estados de gastos e ingresos y el ministro de Hacienda somete el anteproyecto al acuerdo del Gobierno. (SEPG, Introducción a la lectura de los PGE 2021, págs. 16-17; LO 2/2012, arts. 15 y 30; Orden HAC/557/2026, arts. 4, 5 y 7.)
Contrastada con: sepg.pap.hacienda.gob.es · boe.es · boe.es · boe.es · boe.es
Resumen
El Gobierno presenta los PGE al Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior (CE); la LGP concreta: antes del 1 de octubre, con la documentación del art. 37. En el Congreso tienen preferencia; las enmiendas a la totalidad solo las presentan los Grupos Parlamentarios y, si el Pleno acuerda la devolución, el proyecto queda rechazado; en el debate de totalidad se fijan las cuantías globales. Las enmiendas que aumentan créditos exigen una baja igual en la misma Sección; las que minoran ingresos, conformidad del Gobierno. El Senado tiene dos meses (veinte días naturales si es urgente). La ley no crea tributos. Sin ley el 1 de enero, prórroga automática de los presupuestos iniciales del ejercicio anterior.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl Gobierno debe presentar los PGE ante el Congreso de los Diputados «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior» (CE, art. 134.3); la Ley General Presupuestaria lo concreta: el proyecto se remite a las Cortes «antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera», con la documentación complementaria que enumera su art. 37 (memorias de los programas, informe de impacto de género, liquidación del año anterior, entre otros). En el Congreso se sigue el procedimiento legislativo común con las especialidades de los arts. 133 a 135 de su Reglamento: - El proyecto goza de preferencia en la tramitación sobre los demás trabajos de la Cámara. - Enmiendas a la totalidad: versan sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto y piden su devolución al Gobierno o proponen un texto alternativo; solo pueden presentarlas los Grupos Parlamentarios. Si el Pleno acuerda la devolución, el proyecto queda rechazado. - En el debate de totalidad, en el Pleno, «quedarán fijadas las cuantías globales de los estados de los Presupuestos»; después el proyecto pasa a la Comisión de Presupuestos. - Las enmiendas que aumenten créditos en algún concepto solo se admiten si proponen una baja de igual cuantía en la misma Sección; las que minoren ingresos requieren la conformidad del Gobierno. - El debate final en el Pleno diferencia el conjunto del articulado y cada una de sus Secciones. El Senado dispone, con carácter general, de dos meses para oponer su veto o introducir enmiendas, plazo que se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes (CE, art. 90). La Ley de Presupuestos no puede crear tributos; puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea (CE, art. 134.7). Si la ley no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se consideran automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el BOE. La prórroga no afecta a los créditos de programas o actuaciones que terminen en el ejercicio prorrogado (CE, art. 134.4; LGP, art. 38). (Constitución, arts. 90 y 134; Ley 47/2003, arts. 37 y 38; Reglamento del Congreso, arts. 110, 112, 133 y 134.)
Resumen
El de gastos del Estado se gestiona en cinco fases (LGP): aprobación del gasto (reserva crédito, sin relación con terceros), compromiso (importe determinado o determinable, con relevancia jurídica para terceros), reconocimiento de la obligación (crédito exigible contra la Hacienda Pública), ordenación del pago y pago material. Aprueban, comprometen y reconocen los ministros y titulares de órganos con dotaciones diferenciadas (salvo lo reservado al Consejo de Ministros). Control externo: Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes. Control interno: IGAE (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública). La IGAE forma la Cuenta General; el Gobierno la remite al Tribunal antes del 31 de octubre del año siguiente.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa gestión del presupuesto de gastos del Estado, sus organismos autónomos, las entidades con presupuesto limitativo y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se realiza en cinco fases (LGP, art. 73): - Aprobación del gasto: autoriza un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservando crédito; no implica relaciones con terceros. - Compromiso de gasto: acuerda la realización de gastos aprobados por importe determinado o determinable; tiene relevancia jurídica para con terceros. - Reconocimiento de la obligación: declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal. - Ordenación del pago. - Pago material. Aprobar y comprometer gastos y reconocer obligaciones compete, salvo lo reservado al Consejo de Ministros, a los ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas, que interesan los pagos del Ordenador general de pagos del Estado; en los organismos autónomos y demás entidades, a sus presidentes o directores (art. 74). El control tiene dos planos (LGP, art. 140): - Externo: el Tribunal de Cuentas, «supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público», depende directamente de las Cortes Generales (CE, art. 136). - Interno: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con plena autonomía, mediante la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública (LGP, art. 142). Rendición de cuentas: el sector público estatal rinde cuentas al Tribunal de Cuentas por conducto de la IGAE, que forma la Cuenta General del Estado consolidando sus cuentas anuales (balance, cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación del presupuesto y memoria), y el Gobierno la remite al Tribunal antes del 31 de octubre del año siguiente. Este, por delegación de las Cortes, la examina en seis meses, y su Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva y la eleva a las Cámaras (LGP, arts. 130-132 y 137). (Ley 47/2003, arts. 73, 74, 130-132, 137, 140 y 142; Constitución, art. 136.)
Contrastada con: boe.es · boe.es · hacienda.gob.es