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Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

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Art. 1ObjetoLa ley fija los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que debe adecuarse la política presupuestaria del sector público, orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo. También regula los procedimientos de aplicación: participación de los órganos de coordinación institucional, límites de déficit y deuda, supuestos excepcionales para superarlos, corrección de desviaciones y responsabilidad por incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución.
Art. 2Ámbito de aplicación subjetivoA efectos de la ley, el sector público lo forman: 1) el sector Administraciones Públicas, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (Reglamento (CE) 2223/96), con cuatro subsectores: Administración central (Estado y organismos de la administración central), Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de Seguridad Social; y 2) el resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y entes de derecho público dependientes, sujetos solo a las normas de la ley que se refieran específicamente a ellos.
Art. 3Principio de estabilidad presupuestariaLa elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos se hará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea. Para las Administraciones Públicas, estabilidad es la situación de equilibrio o superávit estructural; para los entes del artículo 2.2, la posición de equilibrio financiero.
Art. 4Principio de sostenibilidad financieraLas actuaciones de las Administraciones y demás sujetos de la ley se someten al principio de sostenibilidad financiera: capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. Hay sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a proveedores no supera el plazo máximo de la normativa sobre morosidad. Las operaciones financieras se someten al principio de prudencia financiera.
Art. 5Principio de plurianualidadLos Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos de la ley se elaboran dentro de un marco presupuestario a medio plazo. Ese marco debe ser compatible con el principio de anualidad, que rige la aprobación y ejecución de los Presupuestos, y conforme con la normativa europea.
Art. 6Principio de transparenciaLa contabilidad, los Presupuestos y las liquidaciones deben contener información suficiente para verificar la situación financiera, el cumplimiento de los objetivos y de los requerimientos europeos; los Presupuestos y cuentas generales integran a todos los sujetos de la ley. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera. Las Administraciones suministran la información necesaria. También son públicas las previsiones de la planificación presupuestaria, su metodología, supuestos y parámetros.
Art. 7Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicosLas políticas de gasto se encuadran en un marco de planificación plurianual, programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, los objetivos de política económica y los principios de estabilidad y sostenibilidad. La gestión de los recursos públicos se orienta por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, con políticas de racionalización del gasto. Las normas, actos, contratos, convenios y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos deben valorar sus repercusiones y supeditarse estrictamente a esos principios.
Art. 8Principio de responsabilidadLas Administraciones que incumplan la ley o provoquen o contribuyan al incumplimiento de compromisos de España con la normativa europea o tratados asumen, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades derivadas, con audiencia garantizada de la afectada. El Estado no asume ni responde de los compromisos de Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y sus entes dependientes; las Comunidades no asumen los de las Corporaciones Locales y sus entes. Quedan a salvo las garantías financieras mutuas para proyectos específicos conjuntos.
Art. 9Principio de lealtad institucionalLas Administraciones Públicas actúan conforme al principio de lealtad institucional. Cada una debe: a) valorar el impacto de sus actuaciones en el resto de Administraciones; b) respetar el ejercicio legítimo de las competencias ajenas; c) ponderar todos los intereses públicos implicados, en especial los encomendados a otras Administraciones; d) facilitar a las demás la información que precisen, sobre todo la de suministro de información y transparencia; e) prestar la cooperación y asistencia activas que se le recaben.
Art. 10Disposiciones para la aplicación efectiva de la Ley y mecanismos de coordinaciónLos sujetos de la ley deben incluir en sus normas presupuestarias los instrumentos y procedimientos para aplicar sus principios. Corresponde al Gobierno velar por esa aplicación en todo el ámbito subjetivo, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local y respetando la autonomía financiera de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. El Gobierno establecerá mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones.
Art. 11Instrumentación del principio de estabilidad presupuestariaNinguna Administración puede incurrir en déficit estructural (déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales); con reformas estructurales, el conjunto puede llegar al 0,4 % del PIB nacional nominal o al límite europeo si es inferior. Excepcionalmente, Estado y Comunidades pueden tener déficit estructural por catástrofes, recesión grave o emergencia extraordinaria apreciadas por mayoría absoluta del Congreso, con plan de reequilibrio. Corporaciones Locales y Seguridad Social: equilibrio o superávit (la Seguridad Social, con excepción ligada a su Fondo de Reserva).
Art. 12Regla de gastoEl gasto computable de la Administración Central, Comunidades y Corporaciones Locales no puede crecer más que la tasa de referencia del PIB de medio plazo; si hay desequilibrio estructural o deuda por encima del objetivo, se sigue la senda de los planes económico-financieros y de reequilibrio. Gasto computable: empleos no financieros SEC, sin intereses, desempleo no discrecional, fondos finalistas ni transferencias de financiación. La tasa la calcula el Ministerio de Economía. Los cambios normativos en la recaudación mueven el gasto en igual cuantía. Los ingresos extra reducen deuda.
Art. 13Instrumentación del principio de sostenibilidad financieraLa deuda del conjunto de Administraciones no puede superar el 60 % del PIB nacional nominal (o el límite europeo): 44 % Administración central, 13 % Comunidades y 3 % Corporaciones Locales; cada Comunidad, máximo 13 % de su PIB regional. Quien supere su límite no puede endeudarse en términos netos. Solo cabe superarlo en los casos del artículo 11.3, con plan de reequilibrio. Estado y Comunidades necesitan autorización por Ley para emitir deuda o contraer crédito. Las Administraciones publican su periodo medio de pago y tienen plan de tesorería.
Art. 14Prioridad absoluta de pago de la deuda públicaLos créditos para pagar intereses y capital de la deuda pública se entienden siempre incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos y no pueden ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El pago de intereses y capital de la deuda pública goza de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
Art. 15Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones PúblicasEn el primer semestre, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, fija los objetivos de estabilidad y de deuda para los tres ejercicios siguientes, en % del PIB. Antes del 1 de abril el Ministerio remite las propuestas y esos órganos informan en 15 días desde su recepción. El acuerdo va a las Cortes: Congreso y Senado se pronuncian; si el Senado rechaza, el Congreso puede ratificar por mayoría simple; si se rechazan, el Gobierno remite nuevo acuerdo en un mes.
Art. 16Establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades AutónomasAprobados por el Gobierno los objetivos generales del artículo 15, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, propone objetivos de estabilidad y de deuda para cada Comunidad Autónoma. Después, el Gobierno los fija, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe pronunciarse en el plazo improrrogable de quince días desde que recibe la propuesta en su Secretaría.
Art. 17Informes sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gastoAntes del 15 de octubre, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hace público su informe sobre la adecuación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a los objetivos y a la regla de gasto. Antes del 1 de abril eleva al Gobierno un informe sobre el cumplimiento de los objetivos en los Presupuestos iniciales. El Ministro de Hacienda eleva al Gobierno dos informes sobre el ejercicio anterior: el primero antes del 15 de abril y el segundo antes del 15 de octubre, que incluye además una previsión para el ejercicio corriente. Los informes se publican.
Art. 18Medidas automáticas de prevenciónLas Administraciones siguen la ejecución y ajustan el gasto para no incumplir el objetivo al cierre, y vigilan el riesgo de sus avales. Si la deuda supera el 95 % de los límites del artículo 13.1, solo se permiten operaciones de tesorería. Los mecanismos de revalorización y ajuste de la Seguridad Social se fijan por norma con rango de Ley. El Ministerio de Hacienda sigue el periodo medio de pago de las Comunidades y el órgano interventor el de la Corporación Local; si se supera en más de 30 días el plazo de morosidad dos meses seguidos, hay comunicación de alerta y medidas.
Art. 19Advertencia de riesgo de incumplimientoSi se aprecia riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto de una Comunidad Autónoma o una Corporación Local, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, formula una advertencia motivada, previa audiencia de la Administración. Da cuenta al Consejo de Política Fiscal y Financiera (si es Comunidad) o a la Comisión Nacional de Administración Local (si es Corporación Local), y la advertencia se hace pública. La advertida tiene un mes para adoptar medidas; si no lo hace o son insuficientes, se aplican medidas correctivas.
Art. 20Medidas automáticas de correcciónConstatado el incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto, el endeudamiento y avales de la Comunidad necesitan autorización del Estado; con plan idóneo, el crédito a corto plazo que no sea financiación exterior no la precisa. En Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 TRLRHL que incumplan estabilidad o deuda, su endeudamiento a largo plazo requiere autorización. Subvenciones y convenios de la Administración Central con Comunidades incumplidoras exigen informe favorable del Ministerio. Las medidas por morosidad cesan tras seis meses seguidos en plazo.
Art. 21Plan económico-financieroSi se incumple el objetivo de estabilidad, el de deuda o la regla de gasto, la Administración incumplidora formula un plan económico-financiero que permita cumplir en el año en curso y el siguiente. Contenido mínimo: a) causas del incumplimiento; b) previsiones tendenciales de ingresos y gastos sin cambios de políticas; c) descripción, cuantificación y calendario de las medidas; d) previsiones de variables económicas y presupuestarias y sus supuestos; e) análisis de sensibilidad con escenarios alternativos. Si hay Procedimiento de Déficit Excesivo, se añade la información exigida.
Art. 22Plan de reequilibrioLa administración que haya incurrido en los supuestos del artículo 11.3 presenta un plan de reequilibrio con el contenido del artículo 21.2 y la senda para alcanzar el objetivo de estabilidad, desagregando ingresos, gastos y sus principales partidas. La que haya incurrido en los del artículo 13.3 incluye además la senda para alcanzar el objetivo de deuda, desagregando sus factores, y un análisis de la dinámica de la deuda con sus variables, otros factores de riesgo y la vida media de la deuda. Si hay Procedimiento de Déficit Excesivo, se añade la información exigida.
Art. 23Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrioLos planes se presentan, con informe previo de la Autoridad Independiente cuando sea preceptivo, en un mes desde que se constata el incumplimiento o se aprecian las circunstancias del artículo 11.3 se aprueban en dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no puede exceder de tres meses. Administración central: los elabora el Gobierno y los aprueban las Cortes. Comunidades: el Consejo de Política Fiscal y Financiera comprueba su idoneidad y puede pedir otro plan. Corporaciones Locales: aprueba el Pleno y, en las de los artículos 111 y 135, el Ministerio o la Comunidad tutelar.
Art. 24Informes de seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrioEl Ministerio de Hacienda elabora trimestralmente un informe de seguimiento de los planes económico-financieros y de reequilibrio en vigor y el Ministro lo remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local. Si hay desviación, el Ministro requiere a la Administración que la justifique, aplique las medidas o incluya otras; si en el informe del trimestre siguiente persiste el incumplimiento, se aplican medidas coercitivas. En las Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 TRLRHL el seguimiento es semestral. Los informes se publican.
Art. 25Medidas coercitivasSi el plan económico-financiero o de reequilibrio no se presenta, no se aprueba o se incumple, o si persiste la morosidad de la Comunidad en los términos del artículo, la Administración debe: a) aprobar en 15 días la no disponibilidad y retención de créditos; b) constituir, si lo pide el Ministerio, un depósito con intereses en el Banco de España del 0,2 % de su PIB nominal, que deja de devengar intereses a los 3 meses y puede convertirse en multa coercitiva tras otros 3. Si no basta, el Gobierno puede enviar una comisión de expertos, cuyas medidas son obligatorias.
Art. 26Medidas de cumplimiento forzosoSi una Comunidad Autónoma no adopta la no disponibilidad de créditos, no constituye el depósito o no aplica las medidas de la comisión de expertos, el Gobierno, conforme al artículo 155 de la Constitución, requiere a su Presidente que lo haga en el plazo que indique; si no atiende, el Gobierno, con aprobación por mayoría absoluta del Senado, adopta las medidas de ejecución forzosa. Con las Corporaciones Locales actúa el Gobierno o la Comunidad con tutela financiera. La persistencia puede considerarse gestión gravemente dañosa y llevar a disolver los órganos de la Corporación.
Art. 27Instrumentación del principio de transparenciaLos Presupuestos se acompañan de información que relacione su saldo con la capacidad o necesidad de financiación según el SEC. Antes del 1 de octubre, Comunidades y Corporaciones Locales remiten al Ministerio de Hacienda las líneas fundamentales de sus Presupuestos. El Ministerio puede recabar información; como mínimo: proyectos iniciales, Presupuesto general y cuentas anuales, liquidaciones de las Corporaciones Locales, liquidaciones mensuales de las Comunidades, detalle de Corporaciones dependientes y otra información. Todas publican su periodo medio de pago.
Art. 28Central de informaciónEl Ministerio de Hacienda mantiene una central de información pública sobre la actividad económico-financiera de las Administraciones. Bancos, cajas, demás entidades financieras y Administraciones remiten los datos. El Banco de España colabora suministrando la información sobre operaciones de crédito de Comunidades y Corporaciones Locales, y el Ministerio puede requerirle otros datos sobre su endeudamiento. La información está a disposición del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local. Una Orden ministerial fija datos, plazos y publicación.
Art. 29Plan presupuestario a medio plazoSe elabora un plan presupuestario a medio plazo, incluido en el Programa de Estabilidad, que enmarca los presupuestos anuales y asegura su coherencia con los objetivos de estabilidad, de deuda y la regla de gasto. Abarca un periodo mínimo de tres años y contiene, entre otros: a) objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto; b) proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos, tendenciales y con el impacto de las medidas; c) supuestos de esas proyecciones; d) evaluación del efecto de las medidas en la sostenibilidad a largo plazo. Toda modificación o desviación debe explicarse.
Art. 30Límite de gasto no financieroEl Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprueban, cada uno en su ámbito, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, que marca el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos y excluye las transferencias de los sistemas de financiación de Comunidades y Corporaciones Locales. Antes del 1 de agosto, el Ministerio de Hacienda informa al Consejo de Política Fiscal y Financiera del límite del Estado y las Comunidades le remiten el que hayan aprobado.
Art. 31Fondo de contingenciaEl Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluyen en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos (fondo de contingencia) para atender, cuando proceda, necesidades no discrecionales y no previstas en el Presupuesto inicial que surjan durante el ejercicio. Cada Administración fija su cuantía y condiciones de aplicación en el ámbito de sus competencias.
Art. 32Destino del superávit presupuestarioSi la liquidación presupuestaria arroja superávit, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales lo destinan a reducir su endeudamiento neto, con el límite del volumen de endeudamiento si fuera inferior al superávit. En la Seguridad Social, el superávit se aplica prioritariamente al Fondo de Reserva para atender necesidades futuras del sistema. Superávit es la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas, y endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo.