Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Artículo 1. Objeto

En pocas palabras

La ley fija los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que debe adecuarse la política presupuestaria del sector público, orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo. También regula los procedimientos de aplicación: participación de los órganos de coordinación institucional, límites de déficit y deuda, supuestos excepcionales para superarlos, corrección de desviaciones y responsabilidad por incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución.

Explicación sencilla

Es la puerta de la ley: delimita su doble contenido (principios rectores y procedimientos para aplicarlos) y deja claro que desarrolla el artículo 135 de la Constitución y se enmarca en la normativa europea. Sirve para situar el resto del texto.

Regla mnemotécnica

Objeto = principios + procedimientos, al servicio del crecimiento y del empleo, y siempre en desarrollo del 135 de la Constitución.

Trampa típica de examen

Afirmar que los principios rectores vinculan solo a las Administraciones Públicas: el artículo dice que vinculan a todos los poderes públicos.

Texto del artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF)

Constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española. Asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, en los que se garantiza la participación de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera; el establecimiento de los límites de déficit y deuda, los supuestos excepcionales en que pueden superarse y los mecanismos de corrección de las desviaciones; y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española y en el marco de la normativa europea.

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