Tema 48 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 133. La potestad tributaria

La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. Y las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134. Los Presupuestos Generales del Estado

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación. Tienen carácter anual, incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal y consignan el importe de los beneficios fiscales. El Gobierno debe presentarlos al Congreso al menos tres meses antes de expirar los del año anterior, y si no se aprueban antes del primer día del ejercicio se prorrogan automáticamente los anteriores. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos requiere la conformidad del Gobierno. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, y solo puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135. Estabilidad presupuestaria y deuda pública

Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes fijados por la Unión Europea, y una ley orgánica fijará el máximo permitido en relación con el producto interior bruto; las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Estado y las Comunidades necesitan autorización por ley para emitir deuda pública, cuyos créditos se entienden siempre incluidos en el estado de gastos y cuyo pago goza de prioridad absoluta. Los límites solo pueden superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria, apreciadas por mayoría absoluta del Congreso.

Artículo 136. El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se le rinden y son censuradas por él, y remite a las Cortes un informe anual comunicando, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades. Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces, y una ley orgánica regula su composición, organización y funciones.

Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley

La Ley regula cuatro regímenes —presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control— de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. También alcanza a los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a las fundaciones del sector público andaluz y a las demás entidades indicadas en la propia norma.

Artículo 2. Agencias

Cuatro clases de agencias se someten a la Ley, en los términos que la propia Ley establezca: las agencias administrativas; las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre; las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.b) de esa misma Ley; y las agencias de régimen especial.

Artículo 3. Instituciones

Las instituciones de la Junta de Andalucía se rigen por su legislación específica y por esta Ley en lo que les sea de aplicación. Sus bienes, derechos, acciones y recursos constituyen un patrimonio único afecto a sus fines.

Artículo 4. Consorcios

A los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 se les aplica el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad de esta Ley, en lo previsto en ella. Los que resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía durante un ejercicio mantienen hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio el régimen de sus Estatutos anteriores, excepto el de elaboración y aprobación de sus presupuestos. Su creación y extinción, y la adquisición y pérdida de la participación mayoritaria, requieren autorización del Consejo de Gobierno.

Artículo 5. Sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y otras entidades

Son sociedades mercantiles del sector público andaluz aquellas en que la Administración de la Junta, sus agencias y demás entidades de derecho público tienen más del cincuenta por ciento del capital, la mayoría de los votos o la facultad de nombrar al administrador único o a más de la mitad del órgano de administración. A las fundaciones y demás entidades con representación mayoritaria de la Junta se les aplica el régimen de la Ley; crearlas o extinguirlas exige autorización del Consejo de Gobierno, que también puede someter a control financiero a entidades ajenas al sector público andaluz.

Artículo 6. Hacienda de la Junta de Andalucía

A los efectos de la Ley, la Hacienda de la Junta de Andalucía es el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) de la Ley, y a las instituciones.

Artículo 7. Régimen jurídico de la actividad económico-financiera

Sin perjuicio de la legislación del Estado y de la normativa comunitaria aplicable, la actividad económico-financiera de la Hacienda de la Junta de Andalucía se regula por esta Ley y las normas dictadas en su desarrollo, por las leyes especiales en la materia dictadas por el Parlamento de Andalucía y por las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio. La Junta de Andalucía goza del mismo tratamiento que la ley establece para el Estado, tanto en sus prerrogativas como en sus beneficios fiscales.

Artículo 8. Principios rectores de la actividad económico-financiera

La Hacienda de la Junta de Andalucía cumple sus obligaciones económicas y las de sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c), e instituciones, mediante la gestión y aplicación de su haber, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia. Los gastos públicos del Presupuesto realizan una asignación equitativa de los recursos públicos; su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia y economía y a los principios de solidaridad y territorialidad. Los consorcios adscritos se atienen a esos mismos principios.

Artículo 9. Principios presupuestarios

La Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía se somete a ocho principios: estabilidad presupuestaria; eficiencia y economía; coordinación, transparencia y eficacia en la gestión; presupuesto anual; unidad de caja; intervención de todas las operaciones de contenido económico; contabilidad pública; y no afectación de los ingresos, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Las cuentas se rinden al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, que las censuran, y se someten al control del Parlamento de Andalucía.

Artículo 10. Principio de Presupuesto bruto

Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplican al Presupuesto por su importe íntegro. Queda prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. Se exceptúan las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el Tribunal o autoridad competente.

Artículo 11. Competencias del Parlamento de Andalucía

Corresponde al Parlamento el examen, enmienda, aprobación y control del Presupuesto. Se regulan por ley: créditos extraordinarios y suplementos de crédito; tributos propios; competencias normativas sobre tributos cedidos; recargos sobre tributos estatales; Deuda Pública; patrimonio y contratación; el régimen económico-financiero de las agencias administrativas y públicas empresariales y la autorización para crear las de régimen especial. El Parlamento goza de autonomía presupuestaria; Hacienda le libra sus dotaciones en el primer mes de cada trimestre, automáticamente y por cuartas partes.

Artículo 12. Competencias del Consejo de Gobierno

En las materias de la Ley, corresponde al Consejo de Gobierno: acordar la tramitación y aprobar el proyecto de Ley del Presupuesto y su remisión al Parlamento; aprobar los reglamentos de aplicación de la Ley; determinar las directrices de la política económico-financiera de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos; autorizar con carácter previo los actos o negocios jurídicos que conlleven gastos, en los supuestos previstos legalmente; y las demás funciones que le atribuyan las leyes y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 13. Competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda

Compete a la Consejería de Hacienda: proponer al Consejo de Gobierno disposiciones y acuerdos; elaborar y someterle el anteproyecto de Ley del Presupuesto; dictar disposiciones y resoluciones; administrar, gestionar y recaudar los derechos económicos, salvo lo atribuido a agencias administrativas y de régimen especial; velar por la ejecución del Presupuesto; ordenar los pagos; tutela financiera de los entes locales; impulsar la aplicación de las normas de estabilidad presupuestaria; proponer modificaciones de crédito que afecten a varias secciones para cubrir créditos ampliables insuficientes.

Artículo 14. Competencias de las Consejerías

Las Consejerías elaboran las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su Presupuesto (en la forma del artículo 35), administran los créditos para gastos y sus modificaciones, aprueban cuando les corresponda los actos o negocios que conlleven gastos y, en su caso, los elevan al Consejo de Gobierno para autorización previa, disponen o comprometen los gastos de su competencia, contraen o reconocen obligaciones en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía y proponen el pago a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 15. Competencias de las agencias administrativas, de régimen especial, y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), y consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía

Las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c), y los consorcios, elaboran el anteproyecto de su estado de gastos; administran, gestionan y recaudan sus propios derechos económicos, sin perjuicio de las competencias de la Agencia Tributaria de Andalucía; aprueban los actos o negocios que conlleven gastos y, en su caso, los elevan al Consejo de Gobierno por conducto de la persona titular de la Consejería; disponen gastos según el Presupuesto aprobado, reconocen obligaciones y ordenan los pagos.

Artículo 16. Recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

Recursos de la Hacienda Pública andaluza: los tributarios (producto de tributos propios, cedidos por el Estado y recargos sobre tributos estatales); las asignaciones y transferencias con cargo a recursos del Estado; la Deuda Pública y el recurso al crédito; la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial y otros fondos; otras asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado; las transferencias de la Unión Europea u otras Administraciones; los rendimientos del patrimonio e ingresos de derecho privado; las multas y sanciones; y cualquier otro que le pertenezca por ley.

Artículo 17. Órganos competentes para la administración de los recursos

Los recursos de la Hacienda de la Junta de Andalucía los administra la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda; los de las agencias e instituciones, las personas titulares de su Presidencia o Dirección, sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a otros órganos. Quienes administren esos recursos dependen de dicha Consejería o del órgano, agencia o institución correspondiente en su gestión, entrega o aplicación y en la rendición de cuentas. Las entidades privadas o particulares que manejen o custodien fondos o valores públicos deben prestar fianza.

Artículo 18. Regulación y aplicación de los tributos y demás ingresos

La Comunidad Autónoma establece, regula, gestiona, liquida, recauda, inspecciona y revisa sus tributos propios; en los estatales totalmente cedidos ejerce competencias normativas y, por delegación del Estado, de gestión, liquidación, recaudación, inspección y, en su caso, revisión. Su aplicación corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, que también recauda en periodo ejecutivo los demás ingresos de derecho público. La Consejería de Hacienda fija la política tributaria según las directrices del Consejo de Gobierno; este, a propuesta de su titular, organiza los servicios.

Artículo 19. Participaciones en el capital de las sociedades mercantiles

Las participaciones que la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias e instituciones tengan en el capital de las sociedades mercantiles forman parte de sus respectivos patrimonios. El artículo alcanza a las tres clases de titulares que nombra: la Administración, sus agencias y sus instituciones.

Artículo 19 bis. Fondos propios de las agencias públicas empresariales

Los fondos propios de las agencias públicas empresariales, que expresan las aportaciones de capital hechas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, forman parte del patrimonio de estas. Se registran en su contabilidad patrimonial como el capital aportado, en su caso, para la constitución o modificación de las agencias públicas empresariales. Generan a favor de la Administración y, en su caso, de sus agencias, derechos de participación en el reparto de las ganancias de la entidad y en el patrimonio resultante de su liquidación.

Artículo 20. Otros recursos económicos

Los restantes derechos económicos, es decir, los no mencionados en los artículos 18 y 19, se gestionan, recaudan, liquidan e inspeccionan con sujeción a tres referencias por este orden: los principios de la propia Ley, las leyes especiales que resulten aplicables y, solo supletoriamente, la normativa estatal sobre la materia.

Artículo 21. Régimen de los derechos económicos de la Hacienda Pública

No cabe enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda, ni conceder exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias, salvo por ley. Transigir o arbitrar exige Decreto acordado en Consejo de Gobierno y autorización del Parlamento si la cuantía litigiosa supera ocho millones de euros o, siendo inferior, si se acredita motivadamente que puede incidir en la estabilidad presupuestaria o la afectación de ingresos o que concurren los requisitos de un crédito extraordinario o suplemento. Los convenios concursales los autoriza el titular de la Consejería de Hacienda.

Artículo 22. Recaudación de los ingresos de Derecho Público

La recaudación puede ser en periodo voluntario o en ejecutivo (pago espontáneo o apremio). Liquidaciones de la Administración: notificadas del 1 al 15, hasta el día 20 del mes posterior; del 16 al último, hasta el día 5 del segundo mes posterior. Providencia de apremio: del 1 al 15, hasta el día 20 de ese mes; del 16 al último, hasta el día 5 del mes siguiente; siempre con prórroga al inmediato hábil siguiente. En sanciones no tributarias los plazos corren desde el día siguiente a la firmeza administrativa. La providencia de apremio tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.

Artículo 22 bis. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública

Los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho Privado. Las cantidades que se adeuden a la Hacienda Pública en virtud de una relación jurídica de Derecho Privado pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y con las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 23. Intereses de demora

Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Junta de Andalucía devengan intereses de demora cuando no se ingresan en plazo, en la forma y por el procedimiento de la normativa reguladora del ingreso. El interés de demora resulta de aplicar, para cada año o periodo del período de cálculo, el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Todo ello sin perjuicio de las especialidades tributarias, de lo dispuesto en la propia ley sobre reintegro y devoluciones voluntarias de subvenciones y de lo que prevean otras normas con rango de ley.

Artículo 24. Prescripción de los derechos

Salvo lo que establezcan las leyes reguladoras de cada recurso, prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda a reconocer o liquidar créditos a su favor (desde el día en que el derecho pudo ejercitarse) y a exigir el pago de los reconocidos o liquidados (desde la fecha de su vencimiento). La prescripción se aplica de oficio, sin que la persona interesada tenga que invocarla. Al cómputo y la interrupción se aplican la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. Los derechos declarados prescritos causan baja en cuentas, previo expediente.

Artículo 24 bis. Derechos económicos de baja cuantía

No se liquidan las deudas de Derecho Público inferiores a la cuantía que cada año fije la Ley del Presupuesto como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación, salvo tasas, precios públicos, sanciones, recargos e intereses asociados a fraccionamientos. Además, la Intervención General anula y da de baja en contabilidad lo pendiente de cobro de un mismo deudor si el acumulado es inferior a la cuantía mínima fijada por esa Ley y son deudas en periodo ejecutivo con antigüedad superior a seis meses desde el vencimiento del periodo voluntario.

Artículo 25. Compensación de deudas

La compensación de deudas se rige por la Ley 58/2003, General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y la normativa propia andaluza aplicable. Son compensables, de oficio o a instancia de la persona o entidad obligada al pago, las deudas a favor de la Hacienda de la Junta derivadas de ingresos tributarios de gestión propia y demás ingresos de derecho público con los créditos reconocidos a favor de los deudores. Se efectúa mediante retención en las órdenes de pago expedidas a su favor, previo acuerdo de compensación notificado.

Artículo 26. Fuentes y exigibilidad de las obligaciones

Las obligaciones económicas nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen. Solo son exigibles cuando resulten de la ejecución del Presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas. Si derivan de prestaciones o servicios, no se paga hasta que el acreedor cumpla o garantice su obligación, salvo excepción en encargos a Administraciones o entidades instrumentales: anticipo máximo del 50 por 100 del encargo y, en obras, de hasta el 10 por 100 de la primera anualidad.

Artículo 27. Prerrogativas de la Hacienda Pública

Ningún Tribunal ni autoridad administrativa puede dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra bienes y derechos patrimoniales en tres supuestos alternativos: que estén materialmente afectados a un servicio o función pública, que sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o que sean valores o títulos del capital de sociedades mercantiles del sector público andaluz que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Los recursos financieros de la Tesorería General, incluidos los saldos de sus cuentas, se consideran siempre afectados.

Artículo 28. Cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas

El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda corresponde al órgano administrativo competente por razón de la materia, que acuerda el pago dentro de los límites y en la forma que establezca el Presupuesto. La ejecución de las órdenes de retención de órganos judiciales o administrativos sobre derechos de cobro corresponde a la Dirección General competente en materia de Tesorería; las agencias y consorcios determinan, en su ámbito, si existen derechos de cobro susceptibles de retención.

Artículo 29. Interés de demora

Si la Junta no paga a la persona o entidad acreedora dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o del reconocimiento de la obligación, debe abonarle el interés señalado en el apartado 2 del artículo 23 sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación; todo ello sin perjuicio de las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. En contratación del sector público y en expropiación forzosa se aplica su legislación específica.

Artículo 29 bis. Interés aplicable a devoluciones de ingresos indebidos no tributarios

En las devoluciones de ingresos indebidos no tributarios, el derecho a la devolución integra el importe ingresado más el resultado de aplicarle el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada periodo. Ese interés se calcula desde la fecha del ingreso hasta la fecha en la que se realice la propuesta de pago.

Artículo 30. Prescripción de las obligaciones

Salvo leyes especiales, prescriben a los cuatro años: a) el derecho al reconocimiento o liquidación de toda obligación no solicitada con la presentación de los documentos justificativos, desde que concluyó el servicio o la prestación; b) el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas no reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes, desde la notificación del reconocimiento o liquidación. La prescripción se interrumpe según el Código Civil, salvo leyes especiales. Lo prescrito es baja en cuentas previo expediente con audiencia.

Artículo 31. Concepto de Presupuesto de la Junta de Andalucía

De conformidad con el Estatuto de Autonomía, el Presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y determinadas agencias públicas empresariales, y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio. Recoge también las estimaciones de gastos e ingresos del resto de agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades del artículo 5.3.

Artículo 32. Ámbito temporal

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A él se imputan dos cosas: los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los referidos créditos.

Artículo 33. Contenido del Presupuesto

El Presupuesto es único e incluye todos los gastos e ingresos de la Junta y demás entidades del artículo 31. Contiene: estados de gastos y de ingresos de la Junta y de sus agencias administrativas y de régimen especial; estados de gastos e ingresos de determinadas agencias públicas empresariales, de las instituciones y de los consorcios adscritos; presupuestos de explotación y de capital de las restantes agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades del artículo 5.3; y presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica.

Artículo 34. Estructura de los estados de gastos y de ingresos

La estructura del Presupuesto de gastos e ingresos la determina la Consejería competente en materia de Hacienda, según la organización de la Junta y sus entidades, la naturaleza económica de ingresos y gastos, los fines y objetivos de estos últimos y los programas de inversiones de los planes económicos vigentes. El estado de gastos aplica la clasificación orgánica, funcional por programas y económica, y los gastos de inversión se clasifican territorialmente; el de ingresos, la orgánica y económica. La clasificación económica contendrá las transferencias que financian agencias y consorcios.

Artículo 35. Procedimiento de elaboración

El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, el marco presupuestario a medio plazo y el límite de gasto no financiero. Consejerías y entidades remiten a esa Consejería sus anteproyectos antes del 1 de agosto. El estado de ingresos lo elabora dicha Consejería. El estado de gastos incluye el Fondo de Contingencia. El anteproyecto de Ley del Presupuesto se somete al Consejo de Gobierno previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos; al texto articulado se acompaña una memoria justificativa.

Artículo 36. Remisión al Parlamento

El proyecto de Ley del Presupuesto (texto articulado y estados de ingresos y de gastos) se remite al Parlamento de Andalucía al menos dos meses antes de expirar el Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación. Le acompañan diez documentos, letras a) a j): cuenta consolidada, memoria económica, liquidación del año anterior y avance de la del corriente, informe económico y financiero, clasificación por programas, informes de género, cambio climático e infancia, anexo de inversiones y anexo de personal. Todo se publica en el Portal de Transparencia tras su remisión.

Artículo 37. Prórroga del Presupuesto

Si el Parlamento de Andalucía no aprueba la Ley del Presupuesto antes del primer día del ejercicio en que ha de regir, se prorroga automáticamente el del ejercicio inmediatamente anterior, con la estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso, hasta que el nuevo se apruebe y se publique en el BOJA. La prórroga no afecta a las operaciones de capital y financieras de programas y servicios no incluidos en el Anexo de Inversiones del Presupuesto que se prorroga, ni a las transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios.

Artículo 38. Beneficios fiscales

Artículo 1. Objeto

El artículo 1 fija el objeto de la Ley 47/2003: regular el régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de intervención y el de control financiero. Su ámbito es el sector público estatal, no el de otras Administraciones. Hay que retener las cinco materias y el ámbito estatal.

Artículo 2. Sector público estatal

Sector público estatal = AGE + sector público institucional: organismos públicos (autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales), autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y fundaciones adscritos a la AGE, fondos sin personalidad, universidades no transferidas, entidades de la Seguridad Social y demás entes de derecho público dependientes. Incluye los órganos con dotación diferenciada sin personalidad, con contabilidad y control propios. No se aplica a las Cortes Generales.

Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional

A efectos de la ley, el sector público estatal se divide en tres: administrativo, empresarial y fundacional. El administrativo agrupa la AGE, organismos autónomos, autoridades administrativas independientes, universidades no transferidas, entidades de la Seguridad Social y entes de derecho público, consorcios y fondos que no producen en régimen de mercado o no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales. El empresarial, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y el resto. El fundacional, las fundaciones del sector público estatal.

Artículo 4. Régimen jurídico aplicable

El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta ley, sin perjuicio de normas especiales y de la normativa comunitaria. Se rigen por su normativa específica, entre otros, el sistema tributario, la Seguridad Social, el patrimonio, las relaciones financieras con comunidades autónomas y entidades locales, las Haciendas locales, las subvenciones y la contratación. Son supletorias las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho común.

Artículo 5. Concepto y derechos integrantes de la Hacienda Pública estatal

La Hacienda Pública estatal es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos. Sus derechos son de naturaleza pública o privada. Son de naturaleza pública los tributos y los demás derechos económicos de la AGE y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 6. Normas comunes a los derechos de la Hacienda Pública estatal

La administración de los derechos de la Hacienda Pública estatal corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias que esta u otras leyes den a otros departamentos o entidades. El manejo o custodia de fondos o valores públicos puede encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que fije el reglamento.

Artículo 7. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal

Los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal no pueden enajenarse, gravarse ni arrendarse fuera de los casos previstos en las leyes. Tampoco caben exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias salvo en los casos y formas legales (sin perjuicio del artículo 16). Y no se puede transigir judicial ni extrajudicialmente sobre ellos ni someterlos a arbitraje sino por real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno (sin perjuicio del artículo 10.2).

Artículo 8. Ejercicio de acciones judiciales por la Hacienda Pública estatal

Artículo 9. Normas generales

Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se rigen por esta sección y por sus normas especiales; la aplicación de los tributos, por la Ley General Tributaria. Si concurren organismos autónomos con la AGE, cobra con preferencia la AGE. La misma preferencia tienen los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta (con sus recargos o intereses). Si concurren créditos de la AGE con los de cuotas de la Seguridad Social, se imputan a prorrata de su importe.

Artículo 10. Prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal

La cobranza de los derechos de naturaleza pública goza de las prerrogativas de los tributos en la Ley General Tributaria y de las del Reglamento General de Recaudación. Son responsables solidarios, hasta el valor de lo que se hubiera podido embargar o enajenar, quienes incurran en el artículo 42.2 LGT; la declaración corresponde a la AEAT si gestiona el cobro. En concursos, Hacienda puede abstenerse o suscribir acuerdos; autoriza la AEAT en los créditos que gestiona, el órgano del organismo en los del FOGASA y el Ministro de Hacienda (delegable en la AEAT) en los restantes.

Artículo 11. Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal

Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal nacen y se adquieren según la normativa de cada derecho. Se extinguen por las causas de la Ley General Tributaria y por las demás que prevean las leyes. El procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción se rigen por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, sin perjuicio de esta ley y de la normativa de cada derecho.

Artículo 12. Providencia de apremio y suspensión del procedimiento de apremio

La providencia de apremio es título suficiente para iniciar el apremio y tiene la fuerza ejecutiva de una sentencia. El apremio puede suspenderse por recursos o reclamaciones en la forma legal o reglamentaria, y se suspende de inmediato y sin garantía si se demuestra error material, aritmético o de hecho, prescripción, ingreso, condonación, compensación, aplazamiento o suspensión de la deuda. En la tercería de dominio se suspende solo respecto de los bienes controvertidos, tras asegurar; en la de mejor derecho prosigue hasta la realización y el producto se consigna en depósito.

Artículo 13. Aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal

Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal por una relación de derecho público pueden aplazarse o fraccionarse, con interés de demora, en los casos y por el procedimiento del reglamento. Deben garantizarse salvo: las de baja cuantía, inferiores a las cifras que fije el Ministro de Hacienda; y cuando el deudor carezca de bienes suficientes y la ejecución afectara sustancialmente a la capacidad productiva y al empleo, salvo grave quebranto para la Hacienda. Las deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales siguen su legislación específica.

Artículo 14. Compensación de deudas

Las deudas públicas en gestión recaudatoria, voluntaria o ejecutiva, pueden compensarse total o parcialmente con créditos reconocidos al deudor, según el reglamento. Si se anula y sustituye una liquidación ingresada, la nueva se reduce en lo ingresado. Las deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales siguen su legislación. Las de organismos autónomos, Seguridad Social y demás entes de derecho público con la AGE se compensan si son vencidas, líquidas y exigibles, sin afectar a las cotizaciones sociales; igual entre entidades estatales de derecho público.

Artículo 15. Prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal

Salvo lo que digan las leyes de cada recurso, prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal a reconocer o liquidar créditos (desde que el derecho pudo ejercitarse) y a cobrar los reconocidos o liquidados (desde su notificación o, si no es preceptiva, desde su vencimiento). La prescripción se interrumpe según la Ley General Tributaria y se aplica de oficio. Los derechos prescritos se dan de baja en cuentas previo expediente, y las responsabilidades se rigen por la normativa de responsabilidad contable.

Artículo 16. Derechos económicos de baja cuantía

El Ministro de Hacienda puede disponer que no se liquiden o, en su caso, que se anulen y den de baja en contabilidad las liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que él mismo fije como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación.

Artículo 17. Intereses de demora

Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal devengan interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento, incluidas las recaudadas por entidades colaboradoras, cuentas restringidas, oficinas liquidadoras y demás entidades recaudadoras que no se ingresen en el Tesoro en plazo. El interés de demora es el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para cada año o periodo del cálculo. Quedan a salvo las especialidades tributarias.

Artículo 18. Gestión de derechos de naturaleza pública de la Seguridad Social y de las entidades del sector público estatal no integrantes de la Hacienda Pública estatal

Los demás ingresos de derecho público de las entidades del sector público estatal que no integran la Hacienda Pública estatal se gestionan según esta sección, sin perjuicio de su normativa propia. Las cuotas y demás ingresos de derecho público de la Seguridad Social se rigen por la Ley General de la Seguridad Social y sus disposiciones especiales y, en su defecto, por esta sección; en ese caso, las referencias al Ministerio de Hacienda se entienden hechas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Artículo 19. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal

Los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado. Las deudas de derecho privado pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y condiciones que fije el Ministro de Hacienda para las de la AGE y, conjuntamente, el Ministro de Hacienda y el del ministerio de adscripción para las de los organismos autónomos.

Artículo 20. Fuentes de las obligaciones

Artículo 21. Exigibilidad de las obligaciones

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal solo son exigibles si resultan de la ejecución de los presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. Si se deben por prestaciones o servicios, no se paga sin que el acreedor cumpla o garantice. En convenios y encomiendas no hay pago anticipado sin ejecutar y justificar, salvo ley especial; pero cabe pactar un anticipo para operaciones preparatorias de hasta el 10 % del total, con garantía salvo que el acreedor sea del sector público estatal o la normativa del gasto disponga otra cosa.

Artículo 22. Extinción de las obligaciones

Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas del Código Civil y del resto del ordenamiento jurídico. La gestión de los créditos presupuestarios para extinguirlas se hace conforme al título II de esta ley y a sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 23. Prerrogativas

Ningún tribunal ni autoridad puede embargar ni despachar ejecución contra bienes afectados a un servicio o función pública, bienes cuyos rendimientos o producto de enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, ni títulos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Las condenas a la Hacienda las cumple el órgano competente por razón de la materia, con cargo al crédito correspondiente; si hace falta modificar el presupuesto, el procedimiento debe concluir en tres meses desde la notificación.

Artículo 24. Intereses de demora

Si la Administración no paga al acreedor de la Hacienda Pública estatal en los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, debe abonarle sobre la cantidad debida el interés del artículo 17.2, desde que el acreedor, pasado ese plazo, reclame por escrito el cumplimiento. En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa rige su legislación específica.

Artículo 25. Prescripción de las obligaciones

Salvo leyes especiales, prescriben a los cuatro años: el derecho a que la Hacienda Pública estatal reconozca o liquide una obligación no solicitada con documentos justificativos (desde que concluyó el servicio o prestación o desde que el derecho pudo ejercitarse) y el derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas o liquidadas no reclamado por los acreedores o sus derechohabientes (desde la notificación del reconocimiento o liquidación). La prescripción se interrumpe según el Código Civil. Las obligaciones prescritas se dan de baja en cuentas previo expediente.

Artículo 26. Principios y reglas de programación presupuestaria

La programación presupuestaria se rige por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la Ley Orgánica 2/2012. Toda norma en elaboración, acto, contrato, convenio o actuación del sector público estatal que afecte a los gastos públicos debe valorar sus efectos y supeditarse estrictamente a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios plurianuales.

Artículo 27. Principios y reglas de gestión presupuestaria

La gestión del sector público estatal se somete a un presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en un escenario plurianual. Los créditos de los entes con presupuesto limitativo se destinan solo a la finalidad para la que se autorizaron, con el carácter limitativo y vinculante de su nivel de especificación. Los recursos atienden al conjunto de obligaciones, salvo afectación por ley. Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minoraciones salvo autorización legal expresa y las excepciones tasadas.

Artículo 28. Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad

Los escenarios presupuestarios plurianuales enmarcan cada año los Presupuestos Generales del Estado: programan la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo y fijan límites para los tres ejercicios siguientes. Se ajustan al objetivo de estabilidad del Estado y de la Seguridad Social, los confecciona el Ministerio de Hacienda, que da cuenta al Consejo de Ministros antes de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos, y constan de un escenario de ingresos y otro de gastos.

Artículo 29. Programas plurianuales ministeriales

Los escenarios plurianuales contienen la distribución orgánica de los recursos y se desarrollan en programas plurianuales a tres ejercicios, donde por centros gestores se fijan objetivos, acciones y dotaciones. Se remiten cada año al Ministerio de Hacienda. El de cada ministerio lo aprueba el Ministro; el de la Seguridad Social se elabora por separado. Los de entidades sin presupuesto limitativo se integran a efectos informativos. Contienen objetivos mensurables, actividad, medios, inversiones e indicadores de ejecución.

Artículo 30. Programas plurianuales de los centros gestores

Los programas plurianuales de los centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada ministerio, los elaboran los titulares de esos centros y su contenido se ajusta al fijado para el programa plurianual en el apartado 6 del artículo 29 de la Ley. Su procedimiento de elaboración y su estructura se establecen por orden del Ministro de Hacienda.

Artículo 31. Asignación presupuestaria y objetivos

Los Presupuestos Generales del Estado se adecuan a los escenarios plurianuales y atienden a los objetivos de los programas plurianuales de los departamentos ministeriales, sujetos siempre a las restricciones que el Gobierno determine para cumplir los objetivos de política económica del ejercicio. Las asignaciones a los centros gestores tienen en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de objetivos en ejercicios anteriores. Los objetivos instrumentales se relacionan con los finales en cuya consecución participan.

Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario

La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad; se prohíbe cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que minore la deuda devengada. La aplicación del sistema se basa en proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos de las obligaciones formales, respetando los derechos y garantías de los obligados.

Artículo 4. Potestad tributaria

La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las comunidades autónomas y las entidades locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las demás entidades de derecho público solo pueden exigir tributos cuando una ley así lo determine.

Artículo 7. Fuentes del ordenamiento tributario

Los tributos se rigen, por este orden, por la Constitución; los tratados o convenios con cláusulas tributarias (en especial los de doble imposición, art. 96 CE); las normas de la UE y otros organismos con competencias atribuidas (art. 93 CE); la LGT, las leyes de cada tributo y demás leyes tributarias; y los reglamentos de desarrollo y, en lo local, las ordenanzas fiscales. En el Estado, el Ministro de Hacienda dicta disposiciones de desarrollo por orden ministerial cuando lo prevea la ley o reglamento. Son supletorios el derecho administrativo general y el derecho común.

Artículo 8. Reserva de ley tributaria

Deben regularse siempre por ley, entre otros: los elementos que determinan la cuantía de la deuda (hecho imponible, devengo, bases, tipo) y las presunciones sin prueba en contrario; los pagos a cuenta y su importe máximo; obligados y responsables; los beneficios fiscales; recargos e intereses de demora; plazos de prescripción y caducidad y causas de interrupción de la prescripción; infracciones y sanciones; la obligación de declarar; la condonación, moratorias y quitas; los actos reclamables en vía económico-administrativa; y las intervenciones permanentes.

Concepto de presupuesto: definiciones doctrinales y legales

El DPEJ define el presupuesto (acepción financiera) como previsión de ingresos y programación de gasto de cualquier ente con actividad financiera, y el presupuesto público como expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que la administración puede, como máximo, reconocer y de los derechos que se prevean realizar en un ejercicio. Neumark (1976) lo ve como resumen sistemático y cifrado confeccionado en períodos regulares. La LGP (art. 32) y la LOFCA (art. 18.1) dan las definiciones legales estatal y autonómica.

Características, marco jurídico y contenido del presupuesto

Para la Universidad de Cantabria el presupuesto es norma legal y principal instrumento financiero, con seis características: orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad, regularidad y justicia impositiva. Su marco jurídico: CE (art. 134), Ley 47/2003 y LO 2/2012, más la Orden anual de elaboración. El Gobierno lo elabora; las Cortes lo examinan, enmiendan y aprueban. La LGP (art. 33.2) fija su contenido, incluidos los objetivos de los gestores y los beneficios fiscales.

Clasificación de los principios presupuestarios; universalidad y anualidad

La Universidad de Cantabria clasifica los principios presupuestarios en tres clases: políticos (universalidad, unidad presupuestaria, especialidad, anualidad, competencia y publicidad), contables (presupuesto bruto, unidad de caja, especificación y ejercicio cerrado) y económicos (limitación del gasto público, neutralidad impositiva, equilibrio presupuestario y autoliquidación de la deuda). El DPEJ define universalidad (totalidad de gastos e ingresos, art. 134.1 CE) y anualidad (previsión anual, art. 134.2 CE); el ejercicio coincide con el año natural.

Las reglas de gestión presupuestaria del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria

El art. 27 LGP fija, además del presupuesto anual, tres reglas: los créditos se destinan solo a la finalidad específica para la que se autorizaron, con carácter limitativo y vinculante según su nivel de especificación; los recursos atienden el conjunto de las obligaciones, salvo afectación por ley; y derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minorar derechos para atender obligaciones salvo autorización legal expresa (con excepciones como las devoluciones de ingresos indebidos).

Estabilidad presupuestaria y demás principios de la programación presupuestaria

La exposición de motivos de la LGP sitúa tres principios (plurianualidad, transparencia y eficiencia) al servicio de la estabilidad presupuestaria. Desde 2012 el art. 26.1 LGP enumera siete: estabilidad, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a la LO 2/2012 (arts. 3 a 9), que desarrolla el art. 135 CE. El DPEJ define equilibrio (gastos no superiores a ingresos ordinarios), estabilidad (equilibrio o superávit estructural), plurianualidad y eficiencia.

La Hacienda Pública y la actividad financiera

La Ley General Presupuestaria (art. 5.1) define la Hacienda Pública estatal como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos; derechos y obligaciones equivalen a ingresos y gastos. La actividad financiera es obtener ingresos para gastarlos en las necesidades del común. Según la Universidad de Cantabria es pública, reglada, medial o instrumental, presupuestada, de triple contenido, cíclica y esencialmente política.

Concepto y autonomía del Derecho financiero

Sobre la actividad financiera concurren la Economía financiera (ciencia positiva, análisis económico), la Política financiera (ciencia normativa, elección de medios para los fines fijados), la Sociología financiera (repercusiones sociales) y el Derecho financiero (aspectos jurídicos). Ingresos, gastos y presupuesto se estudian juntos bajo los principios de justicia financiera. Para Calvo Ortega, la autonomía nace de unas relaciones sociales que necesitan ordenamiento propio y de principios específicos.

Contenido del Derecho financiero: Derecho tributario y Derecho financiero no tributario

El Derecho financiero tiene dos partes. El Derecho tributario, su contenido principal, estudia los ingresos tributarios en una Parte General y una Parte Especial (impuestos, tasas y contribuciones especiales). El Derecho financiero no tributario abarca ingresos no tributarios (crédito público, patrimonio público, precios públicos, monopolios y transferencias entre Administraciones), gastos y presupuesto. Las multas y sanciones quedan fuera: su función es reprimir y prevenir, no recaudar.

El artículo 31 de la Constitución: contenido, ubicación y antecedentes

El artículo 31 CE recoge en su apartado 1 los criterios de reparto de la carga tributaria (capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad y no confiscación), en el 2 la justicia material del gasto y en el 3 la legalidad tributaria. Está en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I, con las garantías del artículo 53.1. El deber de contribuir tiene antecedentes desde 1812; el gasto y la reserva de ley, no. Fuentes Quintana enmendó el apartado segundo.

El principio de generalidad

La generalidad nace del «Todos contribuirán…» del artículo 31.1 CE. Según la STC 96/2002, «todos» incluye a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio exteriorizan capacidad económica. Tiene doble significado: el deber no se limita a los españoles y se prohíben los privilegios. No impide exenciones: según la STC 10/2005 son válidas si responden a fines de interés general; no caben las intuitu personae.

El principio de igualdad tributaria

La igualdad (arts. 9 y 14 CE) exige en lo tributario tratar igual situaciones económicamente iguales. No prohíbe toda desigualdad, solo la artificiosa o injustificada (STC 76/1990). La lección 3 de la Universidad de Cantabria describe el razonamiento del Tribunal Constitucional en cuatro pasos: situaciones homogéneas, trato distinto, ausencia de justificación objetiva y razonable, y proporcionalidad. La STC 62/2023 lo resume en tres exigencias. También rige la igualdad en la aplicación de la ley.

El principio de capacidad económica

La capacidad económica es la regla básica del reparto de la carga tributaria. Cumple tres funciones: fundamento de la imposición (buscar la riqueza donde está), límite para el legislador (solo gravar circunstancias reveladoras de capacidad y modular la carga según su intensidad) y programa u orientación (el sistema debe reflejar la capacidad global). Índices: renta, patrimonio y consumo; Arranz añade el tráfico de riqueza. Hay que respetar el mínimo vital.

Los principios de progresividad y de no confiscatoriedad

Progresividad: al aumentar la riqueza, la contribución crece en proporción superior; cumple función redistributiva y se predica del sistema en su conjunto, por lo que un tributo proporcional no es inconstitucional. Su límite es no tener alcance confiscatorio. No confiscatoriedad: ligada a la capacidad económica y a la propiedad (art. 33 CE), impide agotar la riqueza imponible. Según la STC 150/1990, un IRPF con tipo medio del 100 % sería confiscatorio. Afecta a cada tributo y al sistema.

El principio de legalidad tributaria: fundamento y ámbito

La reserva de ley tributaria exige una ley para establecer tributos (arts. 31.3 y 133 CE). Se funda en la autoimposición («No taxation without representation»), la democracia en el reparto, la igualdad y la garantía de la propiedad. El artículo 31.3 habla de «prestación patrimonial de carácter público», concepto más amplio que «tributo», cuya nota es la coactividad (STC 185/1995): solicitud o recepción obligatoria, bien o servicio indispensable, o prestación en monopolio de hecho o de derecho.

El principio de legalidad tributaria: reserva relativa y colaboración del reglamento

Para el Tribunal Constitucional la reserva de ley tributaria es relativa: por ley van la creación del tributo, sus elementos esenciales (hecho imponible, sujeto pasivo, base, tipo y cuota) y las exenciones y beneficios fiscales. La concreción exigida a la ley es máxima en el hecho imponible y menor en el tipo o la base. Cabe la colaboración del reglamento si es indispensable y subordinada; es mayor en las tasas, en los elementos del quantum y en los municipios.

Principios del gasto público: asignación equitativa, eficiencia y economía, y legalidad

El artículo 31.2 CE pide una asignación equitativa de los recursos públicos y que la programación y ejecución del gasto respondan a la eficiencia y la economía. Según la sinopsis, es más un principio de ordenación del gasto que de justicia tributaria, con dos postulados: equidad en la asignación (juicio de valor sobre los fines, guiado por los arts. 39 a 52 CE) y eficiencia y economía (principio técnico). El artículo 133.4 CE añade la legalidad del gasto y de las obligaciones financieras.

La Constitución, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea

La Constitución fija las fuentes formales y materiales y recoge las bases financieras: justicia tributaria (art. 31), reserva de ley (31.3 y 133), potestad tributaria (133), sin iniciativa popular tributaria (87.3), Hacienda general exclusiva del Estado (149.1.14.ª), autonomía financiera autonómica (156 y 157). Tras ella, los tratados: por ley orgánica si atribuyen competencias (art. 93) y con autorización de las Cortes si afectan al deber de contribuir u obligan a la Hacienda. También son fuente las normas de la Unión.

La ley, el decreto-ley y el decreto legislativo en materia financiera

La ley es la fuente interna de máximo rango. El artículo 133.1 CE reserva al Estado, mediante ley, la potestad originaria para establecer tributos; el 133.2 permite a Comunidades Autónomas y corporaciones locales establecer y exigir tributos. No hay reserva de ley orgánica tributaria salvo previsión expresa (LOFCA). Cabe el decreto legislativo con una ley de bases precisa. El decreto-ley no puede afectar al deber de contribuir: no puede alterar el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos.

El reglamento, las órdenes interpretativas, las circulares y las demás fuentes

No hay reserva de reglamento: lo que puede regular se define por lo reservado a la ley; su objeto típico son las materias formales, de gestión o procedimiento y los detalles secundarios. Las órdenes interpretativas las dicta el Ministro de Hacienda y, publicadas en el BOE, vinculan a los órganos de gestión. Las circulares son internas y no vinculan a particulares ni a tribunales. Costumbre, uso y precedente administrativo no son fuente. Son supletorios el Derecho administrativo y el común.

Concepto, notas y clasificaciones de los ingresos públicos

Los ingresos públicos son cantidades de dinero que percibe un ente público para financiar su gasto y atender necesidades públicas. Notas (tema 2 de Arranz): son siempre dinero (en especie solo si está previsto), los percibe un ente público (lo «público» es el titular, no el régimen) y financian el gasto. Se clasifican por régimen jurídico (público o privado), por origen, por el ente que los percibe y por periodicidad (ordinarios y extraordinarios). Entre los de Derecho público, los tributarios son los de más volumen.

Ingresos de Derecho privado, de monopolio y transferencias

Ingresos patrimoniales: proceden de la explotación y enajenación de los bienes patrimoniales (los no afectados al uso general o al servicio público), e incluyen herencias, legados y sucesiones. Si el Estado participa como accionista en sociedades privadas, los beneficios que percibe son ingresos de Derecho privado. Del monopolio derivan ingresos tributarios, patrimoniales y monopolísticos en sentido estricto (Sainz de Bujanda). Las transferencias, entregas de dinero entre entes, comprenden participaciones en tributos y subvenciones.

El tributo: notas características, coactividad y fines

El tributo es el ingreso de Derecho público más característico (art. 2.1 LGT): prestación pecuniaria exigida por una Administración por realizar el supuesto al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de sostener el gasto público. Es obligación pecuniaria, a favor de un ente público, nacida del hecho imponible definido por ley. Rasgos: coactividad (obligación ex lege) y fundamento en la capacidad económica. Especies: impuesto, tasa y contribución especial, diferenciadas por el hecho imponible.

El impuesto y sus clases

Impuestos (art. 2.2.c LGT): tributos sin contraprestación cuyo hecho imponible pone de manifiesto la capacidad económica. Son el tributo más sofisticado, más usado y de más recaudación. Clases: directos (renta, patrimonio) e indirectos (consumo); instantáneos (se agotan) y periódicos (tracto sucesivo por períodos); objetivos (no atienden a circunstancias personales y familiares) y subjetivos (sí); reales (cada manifestación por separado) y personales (acumulan en un sujeto). También fiscales y extrafiscales.

La tasa y la contribución especial

Tasa: tributo por uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o por servicios o actividades en régimen de Derecho público que afecten o beneficien de modo particular al obligado, si no son de solicitud o recepción voluntaria o no los presta el sector privado. Su núcleo es una actividad administrativa provocada por el particular; el servicio debe prestarse efectivamente (si no, por causa no imputable, se devuelve) y su importe no puede superar el coste. Contribución especial: beneficio o aumento de valor por obras o servicios públicos.

El precio público y las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias

El precio público es un ingreso de Derecho público no tributario (art. 24 Ley 8/1989): contraprestación por servicios o actividades en régimen de Derecho público que, prestándose también por el sector privado, son de solicitud voluntaria. Frente a la tasa: es ex contractu, no ex lege; no le son aplicables los principios tributarios (reserva de ley, capacidad económica); y debe cubrir como mínimo los costes, mientras que el coste es el máximo de la tasa. La STC 185/1995 anuló parte de su regulación original.

Los ingresos crediticios: la Deuda pública

Los ingresos crediticios proceden de operaciones de crédito en que el prestatario es un ente público. El artículo 135.3 CE exige autorización por ley al Estado y a las Comunidades para emitir deuda o contraer crédito; el pago de intereses y capital tiene prioridad absoluta. Maastricht fijó el límite del 60 % del PIB. Según la fuente, la Deuda es un contrato real, unilateral, de Derecho público. Por plazo: Letras del Tesoro (hasta doce meses), Bonos (hasta cinco años) y Obligaciones (más de cinco).

El poder tributario del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales

Según la sinopsis del artículo 133 CE, Estado, Comunidades Autónomas y entes locales son titulares del poder financiero, pero no con la misma naturaleza. Sainz de Bujanda distinguió el poder originario del Estado y el derivado de Comunidades y entes locales; Cazorla Prieto, Martín Queralt y Lozano Serrano ven desfasado ese debate; Ferreiro Lapatza considera originario el del Estado y las Comunidades y derivado el local. Los tres sistemas forman un todo unitario y coordinado.

Los impuestos estatales y la recaudación tributaria

La sinopsis del artículo 31 CE enumera las leyes de los principales impuestos estatales (IRPF, No Residentes, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IVA, Especiales, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Transacciones Financieras y el temporal de solidaridad de las grandes fortunas), más la Ley de Tasas y Precios Públicos y los regímenes especiales. Según la AEAT, en 2025 los ingresos tributarios llegaron a 325.356 millones, un 10,4 % más que en 2024.

Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas

Las Comunidades de régimen común se financian según la Ley 22/2009 y cuentan con tributos estatales cedidos: Transmisiones Patrimoniales y AJD, Sucesiones y Donaciones, juego, tasas de servicios transferidos, Medios de Transporte, el 50 % del IRPF (tarifa autonómica), el 50 % del IVA, el 58 % de los Especiales de Fabricación y el 100 % de la Electricidad. La Ley 14/1996 les dio por primera vez competencias normativas, ampliadas por la Ley 21/2001. El juego es el cedido con más capacidad normativa.

Los tributos propios de las Comunidades Autónomas y los recargos

Las Comunidades pueden establecer tributos propios con los límites del artículo 157.2 CE y de la LOFCA, pero su recurso principal es la cesión de tributos estatales. Según Medidas 2025, todas las de régimen común salvo Madrid tienen impuestos propios: sobre el agua, emisión de gases, tierras en deficiente aprovechamiento (Andalucía y Asturias) y bolsas de plástico (solo Andalucía). Si el Estado grava el mismo hecho imponible, la Comunidad debe dejar sin efecto el suyo, con compensación (art. 6.2 LOFCA).

Los tributos locales en el sistema tributario

Los entes locales tienen autonomía financiera (art. 142 CE) y pueden establecer y exigir tributos, pero no crearlos ex novo: carecen de potestad legislativa. La ley, estatal o autonómica, fija hecho imponible y sujeto pasivo, y la corporación decide su entrada en vigor y los reglamenta. Sus tributos propios son tasas, contribuciones especiales e impuestos, más recargos. Son obligatorios tres impuestos (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica) y potestativos dos (Construcciones e Incremento de Valor de los Terrenos).

Artículo 1. Objeto

La ley fija los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que debe adecuarse la política presupuestaria del sector público, orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo. También regula los procedimientos de aplicación: participación de los órganos de coordinación institucional, límites de déficit y deuda, supuestos excepcionales para superarlos, corrección de desviaciones y responsabilidad por incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo

A efectos de la ley, el sector público lo forman: 1) el sector Administraciones Públicas, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (Reglamento (CE) 2223/96), con cuatro subsectores: Administración central (Estado y organismos de la administración central), Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de Seguridad Social; y 2) el resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y entes de derecho público dependientes, sujetos solo a las normas de la ley que se refieran específicamente a ellos.

Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos se hará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea. Para las Administraciones Públicas, estabilidad es la situación de equilibrio o superávit estructural; para los entes del artículo 2.2, la posición de equilibrio financiero.

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera

Las actuaciones de las Administraciones y demás sujetos de la ley se someten al principio de sostenibilidad financiera: capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. Hay sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a proveedores no supera el plazo máximo de la normativa sobre morosidad. Las operaciones financieras se someten al principio de prudencia financiera.

Artículo 5. Principio de plurianualidad

Los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos de la ley se elaboran dentro de un marco presupuestario a medio plazo. Ese marco debe ser compatible con el principio de anualidad, que rige la aprobación y ejecución de los Presupuestos, y conforme con la normativa europea.

Artículo 6. Principio de transparencia

La contabilidad, los Presupuestos y las liquidaciones deben contener información suficiente para verificar la situación financiera, el cumplimiento de los objetivos y de los requerimientos europeos; los Presupuestos y cuentas generales integran a todos los sujetos de la ley. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera. Las Administraciones suministran la información necesaria. También son públicas las previsiones de la planificación presupuestaria, su metodología, supuestos y parámetros.

Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

Las políticas de gasto se encuadran en un marco de planificación plurianual, programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, los objetivos de política económica y los principios de estabilidad y sostenibilidad. La gestión de los recursos públicos se orienta por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, con políticas de racionalización del gasto. Las normas, actos, contratos, convenios y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos deben valorar sus repercusiones y supeditarse estrictamente a esos principios.

Artículo 8. Principio de responsabilidad

Las Administraciones que incumplan la ley o provoquen o contribuyan al incumplimiento de compromisos de España con la normativa europea o tratados asumen, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades derivadas, con audiencia garantizada de la afectada. El Estado no asume ni responde de los compromisos de Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y sus entes dependientes; las Comunidades no asumen los de las Corporaciones Locales y sus entes. Quedan a salvo las garantías financieras mutuas para proyectos específicos conjuntos.

Artículo 9. Principio de lealtad institucional

Las Administraciones Públicas actúan conforme al principio de lealtad institucional. Cada una debe: a) valorar el impacto de sus actuaciones en el resto de Administraciones; b) respetar el ejercicio legítimo de las competencias ajenas; c) ponderar todos los intereses públicos implicados, en especial los encomendados a otras Administraciones; d) facilitar a las demás la información que precisen, sobre todo la de suministro de información y transparencia; e) prestar la cooperación y asistencia activas que se le recaben.

Artículo 10. Disposiciones para la aplicación efectiva de la Ley y mecanismos de coordinación

Los sujetos de la ley deben incluir en sus normas presupuestarias los instrumentos y procedimientos para aplicar sus principios. Corresponde al Gobierno velar por esa aplicación en todo el ámbito subjetivo, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local y respetando la autonomía financiera de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. El Gobierno establecerá mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones.

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

Ninguna Administración puede incurrir en déficit estructural (déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales); con reformas estructurales, el conjunto puede llegar al 0,4 % del PIB nacional nominal o al límite europeo si es inferior. Excepcionalmente, Estado y Comunidades pueden tener déficit estructural por catástrofes, recesión grave o emergencia extraordinaria apreciadas por mayoría absoluta del Congreso, con plan de reequilibrio. Corporaciones Locales y Seguridad Social: equilibrio o superávit (la Seguridad Social, con excepción ligada a su Fondo de Reserva).

Artículo 12. Regla de gasto

El gasto computable de la Administración Central, Comunidades y Corporaciones Locales no puede crecer más que la tasa de referencia del PIB de medio plazo; si hay desequilibrio estructural o deuda por encima del objetivo, se sigue la senda de los planes económico-financieros y de reequilibrio. Gasto computable: empleos no financieros SEC, sin intereses, desempleo no discrecional, fondos finalistas ni transferencias de financiación. La tasa la calcula el Ministerio de Economía. Los cambios normativos en la recaudación mueven el gasto en igual cuantía. Los ingresos extra reducen deuda.

Artículo 13. Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera

La deuda del conjunto de Administraciones no puede superar el 60 % del PIB nacional nominal (o el límite europeo): 44 % Administración central, 13 % Comunidades y 3 % Corporaciones Locales; cada Comunidad, máximo 13 % de su PIB regional. Quien supere su límite no puede endeudarse en términos netos. Solo cabe superarlo en los casos del artículo 11.3, con plan de reequilibrio. Estado y Comunidades necesitan autorización por Ley para emitir deuda o contraer crédito. Las Administraciones publican su periodo medio de pago y tienen plan de tesorería.

Artículo 14. Prioridad absoluta de pago de la deuda pública

Los créditos para pagar intereses y capital de la deuda pública se entienden siempre incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos y no pueden ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El pago de intereses y capital de la deuda pública goza de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Artículo 15. Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas

En el primer semestre, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, fija los objetivos de estabilidad y de deuda para los tres ejercicios siguientes, en % del PIB. Antes del 1 de abril el Ministerio remite las propuestas y esos órganos informan en 15 días desde su recepción. El acuerdo va a las Cortes: Congreso y Senado se pronuncian; si el Senado rechaza, el Congreso puede ratificar por mayoría simple; si se rechazan, el Gobierno remite nuevo acuerdo en un mes.

Artículo 16. Establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas

Aprobados por el Gobierno los objetivos generales del artículo 15, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, propone objetivos de estabilidad y de deuda para cada Comunidad Autónoma. Después, el Gobierno los fija, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe pronunciarse en el plazo improrrogable de quince días desde que recibe la propuesta en su Secretaría.

Artículo 17. Informes sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto

Antes del 15 de octubre, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hace público su informe sobre la adecuación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a los objetivos y a la regla de gasto. Antes del 1 de abril eleva al Gobierno un informe sobre el cumplimiento de los objetivos en los Presupuestos iniciales. El Ministro de Hacienda eleva al Gobierno dos informes sobre el ejercicio anterior: el primero antes del 15 de abril y el segundo antes del 15 de octubre, que incluye además una previsión para el ejercicio corriente. Los informes se publican.

Artículo 18. Medidas automáticas de prevención

Las Administraciones siguen la ejecución y ajustan el gasto para no incumplir el objetivo al cierre, y vigilan el riesgo de sus avales. Si la deuda supera el 95 % de los límites del artículo 13.1, solo se permiten operaciones de tesorería. Los mecanismos de revalorización y ajuste de la Seguridad Social se fijan por norma con rango de Ley. El Ministerio de Hacienda sigue el periodo medio de pago de las Comunidades y el órgano interventor el de la Corporación Local; si se supera en más de 30 días el plazo de morosidad dos meses seguidos, hay comunicación de alerta y medidas.

Artículo 19. Advertencia de riesgo de incumplimiento

Si se aprecia riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto de una Comunidad Autónoma o una Corporación Local, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, formula una advertencia motivada, previa audiencia de la Administración. Da cuenta al Consejo de Política Fiscal y Financiera (si es Comunidad) o a la Comisión Nacional de Administración Local (si es Corporación Local), y la advertencia se hace pública. La advertida tiene un mes para adoptar medidas; si no lo hace o son insuficientes, se aplican medidas correctivas.

Artículo 20. Medidas automáticas de corrección

Constatado el incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto, el endeudamiento y avales de la Comunidad necesitan autorización del Estado; con plan idóneo, el crédito a corto plazo que no sea financiación exterior no la precisa. En Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 TRLRHL que incumplan estabilidad o deuda, su endeudamiento a largo plazo requiere autorización. Subvenciones y convenios de la Administración Central con Comunidades incumplidoras exigen informe favorable del Ministerio. Las medidas por morosidad cesan tras seis meses seguidos en plazo.

Artículo 21. Plan económico-financiero

Si se incumple el objetivo de estabilidad, el de deuda o la regla de gasto, la Administración incumplidora formula un plan económico-financiero que permita cumplir en el año en curso y el siguiente. Contenido mínimo: a) causas del incumplimiento; b) previsiones tendenciales de ingresos y gastos sin cambios de políticas; c) descripción, cuantificación y calendario de las medidas; d) previsiones de variables económicas y presupuestarias y sus supuestos; e) análisis de sensibilidad con escenarios alternativos. Si hay Procedimiento de Déficit Excesivo, se añade la información exigida.

Artículo 22. Plan de reequilibrio

La administración que haya incurrido en los supuestos del artículo 11.3 presenta un plan de reequilibrio con el contenido del artículo 21.2 y la senda para alcanzar el objetivo de estabilidad, desagregando ingresos, gastos y sus principales partidas. La que haya incurrido en los del artículo 13.3 incluye además la senda para alcanzar el objetivo de deuda, desagregando sus factores, y un análisis de la dinámica de la deuda con sus variables, otros factores de riesgo y la vida media de la deuda. Si hay Procedimiento de Déficit Excesivo, se añade la información exigida.

Artículo 23. Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio

Los planes se presentan, con informe previo de la Autoridad Independiente cuando sea preceptivo, en un mes desde que se constata el incumplimiento o se aprecian las circunstancias del artículo 11.3 se aprueban en dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no puede exceder de tres meses. Administración central: los elabora el Gobierno y los aprueban las Cortes. Comunidades: el Consejo de Política Fiscal y Financiera comprueba su idoneidad y puede pedir otro plan. Corporaciones Locales: aprueba el Pleno y, en las de los artículos 111 y 135, el Ministerio o la Comunidad tutelar.

Artículo 24. Informes de seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio

El Ministerio de Hacienda elabora trimestralmente un informe de seguimiento de los planes económico-financieros y de reequilibrio en vigor y el Ministro lo remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local. Si hay desviación, el Ministro requiere a la Administración que la justifique, aplique las medidas o incluya otras; si en el informe del trimestre siguiente persiste el incumplimiento, se aplican medidas coercitivas. En las Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 TRLRHL el seguimiento es semestral. Los informes se publican.

Artículo 25. Medidas coercitivas

Si el plan económico-financiero o de reequilibrio no se presenta, no se aprueba o se incumple, o si persiste la morosidad de la Comunidad en los términos del artículo, la Administración debe: a) aprobar en 15 días la no disponibilidad y retención de créditos; b) constituir, si lo pide el Ministerio, un depósito con intereses en el Banco de España del 0,2 % de su PIB nominal, que deja de devengar intereses a los 3 meses y puede convertirse en multa coercitiva tras otros 3. Si no basta, el Gobierno puede enviar una comisión de expertos, cuyas medidas son obligatorias.

Artículo 26. Medidas de cumplimiento forzoso

Si una Comunidad Autónoma no adopta la no disponibilidad de créditos, no constituye el depósito o no aplica las medidas de la comisión de expertos, el Gobierno, conforme al artículo 155 de la Constitución, requiere a su Presidente que lo haga en el plazo que indique; si no atiende, el Gobierno, con aprobación por mayoría absoluta del Senado, adopta las medidas de ejecución forzosa. Con las Corporaciones Locales actúa el Gobierno o la Comunidad con tutela financiera. La persistencia puede considerarse gestión gravemente dañosa y llevar a disolver los órganos de la Corporación.

Artículo 27. Instrumentación del principio de transparencia

Los Presupuestos se acompañan de información que relacione su saldo con la capacidad o necesidad de financiación según el SEC. Antes del 1 de octubre, Comunidades y Corporaciones Locales remiten al Ministerio de Hacienda las líneas fundamentales de sus Presupuestos. El Ministerio puede recabar información; como mínimo: proyectos iniciales, Presupuesto general y cuentas anuales, liquidaciones de las Corporaciones Locales, liquidaciones mensuales de las Comunidades, detalle de Corporaciones dependientes y otra información. Todas publican su periodo medio de pago.

Artículo 28. Central de información

El Ministerio de Hacienda mantiene una central de información pública sobre la actividad económico-financiera de las Administraciones. Bancos, cajas, demás entidades financieras y Administraciones remiten los datos. El Banco de España colabora suministrando la información sobre operaciones de crédito de Comunidades y Corporaciones Locales, y el Ministerio puede requerirle otros datos sobre su endeudamiento. La información está a disposición del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local. Una Orden ministerial fija datos, plazos y publicación.

Artículo 29. Plan presupuestario a medio plazo

Se elabora un plan presupuestario a medio plazo, incluido en el Programa de Estabilidad, que enmarca los presupuestos anuales y asegura su coherencia con los objetivos de estabilidad, de deuda y la regla de gasto. Abarca un periodo mínimo de tres años y contiene, entre otros: a) objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto; b) proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos, tendenciales y con el impacto de las medidas; c) supuestos de esas proyecciones; d) evaluación del efecto de las medidas en la sostenibilidad a largo plazo. Toda modificación o desviación debe explicarse.

Artículo 30. Límite de gasto no financiero

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprueban, cada uno en su ámbito, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, que marca el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos y excluye las transferencias de los sistemas de financiación de Comunidades y Corporaciones Locales. Antes del 1 de agosto, el Ministerio de Hacienda informa al Consejo de Política Fiscal y Financiera del límite del Estado y las Comunidades le remiten el que hayan aprobado.

Artículo 31. Fondo de contingencia

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluyen en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos (fondo de contingencia) para atender, cuando proceda, necesidades no discrecionales y no previstas en el Presupuesto inicial que surjan durante el ejercicio. Cada Administración fija su cuantía y condiciones de aplicación en el ámbito de sus competencias.

Artículo 32. Destino del superávit presupuestario

Si la liquidación presupuestaria arroja superávit, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales lo destinan a reducir su endeudamiento neto, con el límite del volumen de endeudamiento si fuera inferior al superávit. En la Seguridad Social, el superávit se aplica prioritariamente al Fondo de Reserva para atender necesidades futuras del sistema. Superávit es la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas, y endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo.