Tema 47 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto de la ley

La ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo hace de conformidad con el artículo 188.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en el marco de la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La ley se aplica a la Administración de la Junta; a las agencias administrativas, públicas empresariales y de régimen especial; a las instituciones de autogobierno del art. 99 del Estatuto y a las entidades de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007. Los consorcios del art. 12.3 de esa ley se rigen por lo previsto para las agencias y por sus estatutos; sociedades mercantiles y fundaciones, por el derecho privado salvo lo expresamente regulado aquí. En las universidades públicas, las competencias del Consejo de Gobierno y las consejerías se refieren a sus órganos de gobierno.

Artículo 3. Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Forman el Patrimonio de la Comunidad Autónoma los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta y de sus agencias, sea cual sea su naturaleza y título de adquisición. Las instituciones y las entidades de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007 carecen de patrimonio propio: lo que tengan adscrito o utilicen es, en todo caso, de la Administración de la Junta. Quedan fuera los recursos financieros de la hacienda pública. El Parlamento dispone de autonomía patrimonial. Consorcios del art. 12.3, sociedades mercantiles y fundaciones tienen patrimonios separados.

Artículo 4. Representación y ejercicio de facultades sobre el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Las facultades dominicales sobre el Patrimonio de la Administración de la Junta y su representación extrajudicial corresponden, con carácter general, a la Consejería competente en materia de patrimonio a través de la Dirección General de Patrimonio, que además informa preceptivamente las normas que afecten al Patrimonio. La representación en juicio es del Gabinete Jurídico. Las agencias ejercen las facultades sobre sus patrimonios. Transigir o someter a arbitraje exige Decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta de esa Consejería y previo informe preceptivo del Gabinete Jurídico.

Artículo 5. Clasificación

Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales. El Patrimonio estará siempre al servicio del interés general y a la satisfacción de los principios y objetivos públicos consagrados en el Estatuto de Autonomía. Su gestión se planifica racionalmente: optimización del uso en los bienes de dominio público; eficiencia y economía del aprovechamiento en los patrimoniales.

Artículo 6. Bienes y derechos de dominio público o demaniales

Son demaniales los bienes y derechos de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público y aquellos a los que una ley otorgue expresamente ese carácter; en todo caso, los inmuebles que alojen servicios, oficinas o dependencias de los órganos y entidades del artículo 2.1. Se rigen por esta ley, su desarrollo y la normativa general y básica; supletoriamente, por el resto de la normativa estatal, el derecho administrativo y, en su defecto, el privado. Su gestión se ajusta a siete principios y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales

Son patrimoniales los bienes y derechos de titularidad pública que no sean demaniales. En todo caso lo son: los valores y títulos de acciones, participaciones u obligaciones de sociedades mercantiles y los contratos de futuro y opciones sobre ellas; los derechos de propiedad incorporal; y los derechos derivados de la titularidad de bienes patrimoniales. Supletoriamente se aplica el Derecho Administrativo a competencia y procedimiento y el derecho privado al resto. Pueden enajenarse y ser adquiridos por prescripción por terceros; no cabe embargarlos en tres supuestos tasados.

Artículo 8. Modos de adquirir y carácter

La Administración de la Junta adquiere por cualquier modo y, en particular: ley; expropiación; negocio jurídico oneroso o gratuito; prescripción adquisitiva y ocupación; adjudicación en procedimientos administrativos o judiciales; incorporación por reducción de capital o extinción de sociedades, disolución de consorcios o extinción de fundaciones, y traspasos. Las agencias, por las letras a), c), d), e) y f), y pueden ser beneficiarias de lo expropiado. Salvo disposición legal en contrario, se adquiere como patrimonial; lo transferido por el Estado u otra Administración conserva su carácter.

Artículo 9. Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria

Si entre los bienes afectados hay alguno de la Junta o de sus agencias, la Consejería que tramita lo comunica inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio, que, previa audiencia de quien lo tenga adscrito, determina la viabilidad del cambio de destino. Si expropia otra Administración, esa Dirección General representa a la Junta como beneficiaria, pero los créditos para el justiprecio los pone la Consejería o agencia interesada. La reversión la tramita la Consejería que instó la expropiación y su reconocimiento implica la desafectación.

Artículo 10. Adquisiciones mediante negocio jurídico oneroso o gratuito

Las adquisiciones de bienes y derechos mediante negocio jurídico oneroso o gratuito se rigen por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de la normativa básica y de aplicación general sobre el patrimonio de las Administraciones públicas, y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil. Las adquisiciones de bienes muebles u otros derechos que estén dentro del ámbito del contrato de suministro o de cualquier otro de los regulados en la legislación de contratos del sector público se rigen por su normativa específica.

Artículo 11. Adquisición por prescripción adquisitiva y ocupación

La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias podrán adquirir bienes por prescripción y por ocupación. Esas adquisiciones se hacen con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.

Artículo 12. Adquisición en procedimientos administrativos o judiciales

Las adjudicaciones en apremio administrativo se rigen por la Ley 58/2003, General Tributaria, y el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005). En ejecuciones judiciales, el Gabinete Jurídico avisa inmediatamente al órgano territorial provincial de la apertura de plazos para pedir o aceptar la adjudicación. Si son inmuebles o derechos sobre ellos, hace falta autorización previa de la Dirección General de Patrimonio. En los demás casos, sin norma especial, cuatro reglas: informe previo favorable, notificación, incorporación y toma de posesión en vía administrativa.

Artículo 13. Adquisición de bienes y derechos derivada de reducción de capital o extinción de sociedades, disolución de consorcios o extinción de fundaciones

La Junta y sus agencias pueden adquirir bienes por reducción de capital o extinción de sociedades, extinción de fundaciones y disolución de consorcios. Sociedades: según sus estatutos y, en su caso, el Acuerdo del Consejo de Gobierno. Fundaciones del sector público: según el Acuerdo del Consejo de Gobierno que autorizó la extinción. Fundaciones ajenas: estatutos, cláusulas fundacionales o acuerdo del órgano de gobierno o del Protectorado. Consorcios: artículo 127 de la Ley 40/2015. Con inmuebles, informe previo de la Dirección General de Patrimonio. Siempre, acta de entrega.

Artículo 14. Adquisición por transferencias de competencias y servicios

Para inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes inmuebles traspasados de la Administración General del Estado a la Administración de la Junta de Andalucía es título suficiente la certificación, expedida por la Comisión Mixta Paritaria de Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía (prevista en la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía), de los acuerdos de traspasos debidamente promulgados. La certificación deberá contener los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria.

Artículo 15. Afectación de bienes y derechos

La afectación vincula bienes patrimoniales a un uso general o servicio público y los integra en el dominio público. Los de la Junta pueden afectarse a cualquier uso o servicio de la Junta y sus agencias; los de las agencias, solo a sus propios fines. Salvo norma con rango legal, exige acto expreso. Equivalen: uso público, notorio y continuado durante un año; prescripción u ocupación; expropiación forzosa; planes aprobados por el Consejo de Gobierno; y muebles para servicios o decoración. Las letras a) a d) se comunican a la Dirección General de Patrimonio. Consta en el Inventario General.

Artículo 16. Competencias y procedimiento para la afectación de bienes y derechos

La afectación de inmuebles de la Administración de la Junta la acuerda la persona titular de la Consejería de patrimonio, que incoa de oficio, a iniciativa propia o a propuesta de la Consejería o agencia interesada. La de muebles corresponde a las consejerías o agencias a las que queden adscritos; la de bienes de las agencias, a sus órganos competentes legal o estatutariamente. Surte efectos desde el acto, salvo que este disponga expresamente otra cosa. La recepción se formaliza en acta suscrita por representantes de la Consejería o agencia y de la Dirección General de Patrimonio.

Artículo 17. Afectaciones concurrentes

Los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias podrán afectarse a más de un uso general o servicio público, conforme al artículo 15.2, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí. La resolución que acuerde esa afectación determinará las facultades que corresponden a las diferentes consejerías o agencias respecto de la utilización, administración y defensa de los bienes y derechos afectados.

Artículo 18. Desafectación de los bienes y derechos

Con la desafectación los bienes de dominio público pasan a patrimoniales al dejar de destinarse a uso general o servicio público. Ha de ser expresa y motivada, salvo en los supuestos legales, por el procedimiento y los órganos de la afectación; si son inmuebles, con informe de situación física, jurídica y de deudas. Los inmuebles desafectados de la Administración de la Junta los gestiona la Dirección General de Patrimonio, salvo adscripción justificada a otra Consejería o agencia; los muebles siguen en sus consejerías o agencias, salvo cambio de adscripción. Consta en el Inventario General.

Artículo 19. Concepto de mutación demanial

La mutación demanial es el acto por el que un bien o derecho del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se desafecta y, simultáneamente, se afecta a otro uso general o servicio público. Implica modificar los fines específicos a los que se vincula y, en su caso, alterar su adscripción orgánica. Debe hacerse de forma expresa, salvo lo previsto en el artículo 28 para la reestructuración orgánica, y se deja constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos.

Artículo 20. Mutación demanial interna

Los bienes y derechos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias afectados a sus fines pueden afectarse a otros usos o servicios públicos (artículo 15.2). La mutación de inmuebles y derechos sobre ellos de la Administración de la Junta la acuerda el titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a petición de la Consejería o agencia interesada, previo informe de la de adscripción. La de bienes muebles, los titulares de las consejerías o agencias de adscripción. La de bienes de las agencias, los órganos previstos legal o estatutariamente.

Artículo 21. Mutación demanial externa

Los bienes demaniales de la Junta pueden afectarse a usos o servicios de otras Administraciones, sin transferir la titularidad ni cambiar su calificación, si la legislación de estas prevé la reciprocidad; a las instituciones de la Unión Europea, mediante convenio y sin exigir esa previsión. Acuerda la persona titular de la Consejería de patrimonio; se inicia de oficio. La beneficiaria acepta antes las obligaciones, remite un informe anual a la Dirección General de Patrimonio y paga gastos y tributos. Se formaliza en documento administrativo. El incumplimiento provoca la reversión.

Artículo 22. Mutación demanial subjetiva

La titularidad de bienes demaniales de la Administración de la Junta puede transmitirse a otras Administraciones para uso general o servicio público de su competencia. Acuerda el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de patrimonio, previa petición de la interesada e informe de la Consejería o agencia que los tuviera adscritos. La beneficiaria acepta antes las obligaciones, informa anualmente a la Dirección General de Patrimonio y paga gastos y tributos. Se formaliza en documento administrativo. Si se incumple, procede la reversión, inscrita en el Registro de la Propiedad.

Artículo 23. Depuración física y jurídica de bienes inmuebles y derechos

Antes de toda mutación demanial hay que depurar la situación física y jurídica del bien o derecho. Esa depuración incluye practicar el deslinde, pero solo si fuese necesario, e inscribirlo correctamente en el Registro de la Propiedad y en el Catastro si aún no lo estuviera.

Artículo 24. Aceptación de mutaciones demaniales

La aceptación de las mutaciones demaniales a favor de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde, si recaen sobre bienes inmuebles, a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio y, si son de bienes muebles, a la persona titular de la Consejería a la que vayan a quedar adscritos. Las mutaciones a favor de las agencias, para el cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados, las aceptan los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida esa competencia.

Artículo 25. Adscripción

Los bienes y derechos demaniales y patrimoniales de la Administración de la Junta pueden adscribirse a una Consejería o agencia (también a las instituciones y entidades del artículo 2.1 c) y d) y a ciertos consorcios). La adscripción atribuye uso, administración, gestión, mantenimiento, aseguramiento, conservación y obras, pero no altera la titularidad. Ha de ser expresa y motivada, con el procedimiento y los órganos de la afectación. La Dirección General de Patrimonio puede asumir facultades excepcionalmente o, tras requerimiento desatendido, ejercerlas por sus medios.

Artículo 26. Desadscripción

Si un bien o derecho adscrito ya no es necesario para las competencias que motivaron su adscripción, o no se usa para su fin, la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio lo desadscribe y adscribe a la vez a otra Consejería o agencia. Quien lo tenía debe comunicarlo a la Dirección General de Patrimonio, que podrá incoar y tramitar el procedimiento, también por iniciativa propia. Hasta la resolución responde quien lo tiene. Si incumple el fin, la Dirección General podrá exigir su depuración física y jurídica y el valor de los deterioros o el coste de rehabilitación.

Artículo 27. Discrepancias

Si las distintas consejerías y agencias discrepan sobre la adscripción de un bien o derecho, o sobre su administración, gestión, conservación, vigilancia y colaboración en la protección y defensa, decide la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, previa audiencia a los órganos interesados.

Artículo 28. Cambios de adscripción por reestructuración orgánica

En los casos de reestructuración orgánica se entiende que los bienes y derechos continúan vinculados a los mismos fines, funciones o servicios, y se consideran adscritos a la Consejería o agencia a la que se atribuyan las respectivas competencias, sin necesidad de declaración expresa. Estas alteraciones las actualiza de oficio la Dirección General de Patrimonio en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 29. Reasignación de bienes y derechos

Las reasignaciones de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía entre la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias las autoriza el Consejo de Gobierno. Lo hace a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

Artículo 30. Incorporación por innecesariedad

Los bienes y derechos de las agencias no necesarios para sus fines, sea cual sea su origen, se incorporan al Patrimonio de la Administración de la Junta sin compensación alguna. Las agencias deben comunicarlos a la Dirección General de Patrimonio, que incoa y tramita el procedimiento (también a iniciativa propia). Resuelve la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; si no se incorpora, la agencia puede enajenarlo. Se exceptúan los bienes adquiridos para devolverlos al tráfico jurídico patrimonial, garantizar la rentabilidad de reservas o responder de avales.

Artículo 31. Incorporación por extinción de agencias

Si se extingue una agencia, sus bienes y derechos se incorporan al Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus agencias en los términos que fije la ley o decreto de disolución, conforme a la normativa administrativa aplicable. El órgano o entidad designado como liquidador comunica el inicio de la liquidación a la Dirección General de Patrimonio y le acompaña una relación detallada de los bienes y derechos.

Artículo 32. Naturaleza y formalización

Las operaciones del capítulo se consideran, a todos los efectos, de mera reorganización interna del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, por ser actuaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias. No dan lugar a tanteo, retracto ni otro derecho de adquisición preferente de terceros, ni son causa de resolución ni de modificación distinta de la meramente subjetiva de las relaciones jurídicas sobre los bienes o derechos. Las inscripciones registrales se practican con la presentación del documento administrativo que contenga el acto o disposición que acuerde la operación.

Artículo 33. Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía

Se crea la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, plataforma electrónica para difundir por internet las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales de la ley. El acceso es, con carácter general, libre y sin identificación previa. Alojar en ella la información es obligatorio y las webs institucionales enlazan a ella. Publica y actualiza el órgano competente para celebrar la operación; la dirección, gestión funcional y coordinación son de la Dirección General de Patrimonio. Los plazos se computan desde la publicación.

Artículo 34. Servicios de suscripción

Pueden establecerse servicios de suscripción voluntarios para facilitar al tejido empresarial, a la sociedad civil y, en general, a cualquier persona interesada información actualizada y detallada sobre las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales. Los datos personales necesarios para gestionarlos se tratan conforme a la disposición adicional decimosegunda. Estos servicios deben integrarse en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía.

Artículo 35. Destino de los bienes y derechos de dominio público

Con carácter general, el destino propio de los bienes y derechos de dominio público es su utilización para uno de estos dos fines: el uso general o la prestación de servicios públicos. El precepto lo formula expresamente «con carácter general».

Artículo 36. Necesidad de título habilitante

Nadie puede ocupar bienes de dominio público del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni usarlos más allá del uso que corresponde a todos, sin título otorgado por la autoridad competente. Las autoridades autonómicas vigilan y actúan contra quien carezca de título. No se precisa título si un contrato del sector público celebrado por la Administración de la Junta o sus agencias habilita a ocupar un bien demanial suyo como medio instrumental necesario; si el bien está adscrito a otra Consejería o agencia, se exige su conformidad previa al inicio del procedimiento de contratación.

Artículo 37. Régimen jurídico

La utilización de los bienes y derechos de dominio público destinados al uso general se rige, en su caso, por la legislación especial que los regule. Supletoriamente se aplican la propia Ley 7/2025, su normativa de desarrollo y la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas.

Artículo 38. Tipos de uso

Los bienes de dominio público destinados al uso general admiten tres modalidades: uso común, especial y privativo. El común corresponde a todas las personas por igual y de forma indistinta, sin reconocimiento expreso de la Administración, con tres restricciones: no impedir o limitar el uso de los demás, uso racional y las limitaciones de la normativa y del acto de afectación. El especial, sin impedir el uso común, supone un exceso de utilización o un menoscabo de este. El privativo ocupa el dominio público o una porción, limitando o excluyendo su utilización por otras personas.

Artículo 39. Título habilitante

El uso común de los bienes de dominio público es libre para todos, sin más límites que los derivados de su naturaleza, de los actos de afectación o adscripción y de las disposiciones aplicables. El uso especial y el uso privativo exigen un título previo: autorización si la ocupación se hace únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles y dura cuatro años o menos; concesión si se hace con obras o instalaciones fijas o dura más de cuatro años.

Artículo 40. Reservas demaniales

La Administración de la Junta de Andalucía puede reservarse el uso exclusivo de bienes de dominio público de su titularidad destinados al uso general, por razones de interés general o cuando lo establezca la legislación especial. Dura el tiempo indispensable para sus fines. La acuerda el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de patrimonio, se publica en el BOJA y se inscribe en el Registro de la Propiedad. Prevalece sobre otros usos y lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los derechos preexistentes incompatibles.

Artículo 41. Régimen jurídico

Los bienes y derechos destinados a la prestación de servicios públicos se utilizan conforme a la normativa reguladora del servicio de que se trate; esta ley y su normativa de desarrollo se aplican con carácter subsidiario. Si no hay normativa reguladora del servicio, se utilizan de conformidad con su afectación y con lo establecido en esta ley y su normativa de desarrollo. El uso y utilización de los edificios administrativos se rige por el título VI y por su normativa de desarrollo.

Artículo 42. Parque móvil de la Comunidad Autónoma de Andalucía

El parque móvil de la Comunidad Autónoma de Andalucía es la flota de vehículos a disposición, por cualquier título jurídico, de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias, instituciones y entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía. Estos se destinan al servicio público y solo pueden usarse para necesidades derivadas de las funciones públicas encomendadas a la Comunidad Autónoma. Por reglamento se regulará su régimen, los servicios automovilísticos y el parque móvil de consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz.

Artículo 43. Ocupación de espacios en edificios destinados al servicio público

Los terceros solo pueden ocupar espacios en edificios destinados al servicio público con carácter excepcional: para servicios al personal destinado en ellos y al público visitante (cafeterías, máquinas de venta automática, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales o análogos) o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos. No puede entorpecer ni menoscabar el uso del inmueble y se ampara, en su caso, en autorización o concesión (capítulo IV) o en un contrato conforme a la legislación de contratos del sector público (artículo 36.3).

Artículo 44. Condiciones de las autorizaciones y concesiones

La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio podrá aprobar condiciones generales para categorías determinadas de autorizaciones o concesiones demaniales, que deben publicarse en la Plataforma de Publicidad Patrimonial. En su defecto, rigen las que establezca la Consejería o agencia a la que estén adscritos los bienes, de alcance general o para supuestos concretos, siempre con informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio. Las condiciones pueden contemplar obligaciones accesorias para la persona titular por razones de interés público.

Artículo 45. Competencia

Las autorizaciones y concesiones sobre bienes y derechos demaniales las otorgan las personas titulares de las consejerías a las que estén adscritos. Si los bienes están adscritos a las agencias o son de su titularidad, las otorgan los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida esa facultad. A esos mismos órganos corresponde el seguimiento y control, la modificación, la interpretación, la autorización de la transmisión y la extinción.

Artículo 46. Régimen económico

Las concesiones demaniales pueden ser gratuitas, con contraprestación o con condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, o a las tasas de sus normas especiales. No hay tasa si el uso no lleva aparejada utilidad económica para la persona concesionaria o si las condiciones o contraprestaciones la anulan o hacen irrelevante; debe constar en los pliegos o clausulado. Lo mismo rige para las autorizaciones. Puede exigirse garantía al solicitante, y los gastos que la excedan podrán cobrarse por la vía de apremio.

Artículo 47. Otorgamiento

El otorgamiento de las autorizaciones y concesiones demaniales sigue el régimen básico de los artículos 92.1 y 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. Sobre un bien que ya tiene una concesión o autorización vigente pueden otorgarse otras nuevas, siempre que no sean incompatibles con ella, y ello sin perjuicio de las limitaciones que para los nuevos títulos deriven de la existencia de los originarios. Antes de otorgar las nuevas concesiones sobre el mismo bien hay que dar audiencia a la persona autorizada o concesionaria originaria.

Artículo 48. Procedimiento para el otorgamiento en régimen de concurrencia

Se inicia de oficio: a iniciativa propia, a propuesta de otros órganos o de persona interesada. Incoado, el expediente se somete a informe previo y vinculante de la Dirección General de Patrimonio. El órgano competente aprueba un pliego de condiciones; el anuncio o la convocatoria se publica en BOJA y en la Plataforma, con plazo no inferior a diez días para autorizaciones y treinta para concesiones. Si se inició a propuesta de persona interesada y no hay propuestas alternativas, se otorga directamente a la proponente. Plazo máximo para resolver y publicar: seis meses desde el acuerdo de inicio; sin resolución, podrá considerarse desestimada.

Artículo 49. Procedimiento para el otorgamiento directo

El otorgamiento directo de una autorización o concesión se inicia de oficio, a iniciativa propia, a propuesta de otros órganos o de persona interesada. El órgano competente justifica su necesidad o conveniencia para sus fines públicos, que el bien seguirá siendo dominio público y la procedencia de la adjudicación directa. Una vez incoado, informe previo y vinculante de la Dirección General de Patrimonio. Plazo máximo: seis meses desde el acuerdo de inicio; si no se notifica, puede considerarse desestimada la solicitud. La adjudicación se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial.

Artículo 50. Contenido mínimo del acto de otorgamiento

La resolución que otorga una autorización o concesión incluye, al menos: delimitación del bien, régimen de uso, régimen económico, garantía en su caso, asunción de gastos y tributos, licencias a costa del usuario con indemnidad de la Administración, responsabilidad por la ocupación, reserva de la facultad de inspección por la Consejería o agencia concedente, plazo, prórroga y subrogación (con previa autorización) y causas de extinción. Las autorizaciones añaden la revocación unilateral (art. 55.3); las concesiones, el rescate y, en su caso, obras e instalaciones fijas previa autorización.

Artículo 51. Constancia y comunicación de los títulos otorgados

Del otorgamiento de concesiones y de autorizaciones por plazo superior a un año debe tomarse constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si el título recae sobre bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía, la Consejería o agencia que lo otorgó ha de remitir la resolución de otorgamiento a la Dirección General de Patrimonio. Además, cada Consejería o agencia le informa anualmente del estado de los títulos en vigor sobre esos bienes y, en particular, del cumplimiento de su finalidad.

Artículo 52. Extinción

Las autorizaciones y concesiones demaniales se extinguen por las causas básicas del artículo 100 de la Ley 33/2003 y por las de sus condiciones y cláusulas. Es automática la extinción por muerte de la persona física, extinción de la personalidad jurídica y vencimiento del plazo. El mutuo acuerdo solo cabe si no concurre otra causa imputable al usuario o concesionario y se formaliza en documento administrativo. El resto las acuerda el órgano competente, previa audiencia del titular. A los acreedores hipotecarios se les notifica la apertura de la extinción de la concesión por incumplimiento.

Artículo 53. Devolución de los bienes y destino de las obras

Extinguida la autorización o concesión, el interesado debe dejar libre el bien y entregar de inmediato la posesión a la Administración; si no, se inician los trámites del desahucio administrativo. Extinguida la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas deben ser demolidas por su titular o, subsidiariamente, por la Administración a su costa, salvo que el título previera expresamente mantenerlas o lo decida la autoridad competente para otorgarla. La adquisición es gratuita y libre de cargas y gravámenes. Debe remitirse la documentación técnica y jurídica de lo construido.

Artículo 54. Desafectación

La propuesta de desafectación de bienes con autorizaciones o concesiones lleva memoria justificativa; desafectados, estas se extinguen según el artículo 102.2 y 3 de la Ley 33/2003. Si eran de la Administración de la Junta, la persona titular de la Consejería de patrimonio declara la caducidad de las relaciones jurídicas y la Dirección General de Patrimonio exige derechos y cumple obligaciones mientras sigan vigentes; si eran de agencias, sus órganos competentes. Esa persona titular puede expropiar los derechos concesionales si mantenerlos perjudica el destino de los bienes o su enajenación.

Artículo 55. Reglas generales

Las autorizaciones se otorgan por tiempo determinado, máximo cuatro años incluidas las prórrogas. La prórroga la acuerda motivadamente el órgano competente para otorgarlas y nunca es tácita. La transmisión la autoriza el órgano que las otorgó; no se transmiten las que atienden a circunstancias personales o de número limitado, salvo que sus condiciones lo admitan. El órgano concedente puede revocarlas en cualquier momento por interés público, sin indemnización, en los casos del artículo 92.4 de la Ley 33/2003 y si los bienes son necesarios para actividades propias de la Junta o sus agencias.

Artículo 56. Autorización simplificada

La Consejería o agencia que tenga adscritos bienes demaniales puede autorizar por adjudicación directa su uso para fines o funciones públicas o de interés general, esporádicos o temporales, por un máximo de un año. Se inicia a solicitud de persona interesada. En inmuebles hace falta informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio, salvo uso inferior a tres meses, conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos, o solicitud de una agencia dependiente de la Consejería que tenga adscrito el inmueble. Se revoca libremente sin indemnización. Resolver y notificar: treinta días; después, desestimada.

Artículo 57. Reglas generales

Las concesiones se otorgan por tiempo determinado, con un máximo de 75 años incluidas las prórrogas, salvo plazo menor en normas especiales. La prórroga la acuerda de forma motivada el órgano competente para otorgar la concesión y no cabe por consentimiento tácito. Otorgada la concesión, se formaliza en documento administrativo suscrito por ese órgano y la persona concesionaria, título suficiente para inscribirla en el Registro de la Propiedad. No pueden ser titulares quienes incurran en prohibición de contratar; si la prohibición sobreviene después del otorgamiento, la concesión se extingue.

Artículo 58. Obligaciones

La Consejería o agencia concedente debe respetar las cláusulas, poner los bienes a disposición de la persona concesionaria usando sus privilegios e indemnizarla, si procede, en caso de rescate. El titular debe pagar la tasa, satisfacer la contraprestación o cumplir las condiciones establecidas; conservar y no disponer del bien; y devolverlo en su estado primitivo, salvo deterioros por uso normal. Revierten los bienes y derechos inherentes a la concesión, los inseparables sin deterioro apreciable y los calificados como reversibles en el título. Ambas listas añaden lo de leyes especiales.

Artículo 59. Transmisión de la concesión

La concesión puede transmitirse inter vivos con autorización previa de la Consejería o agencia concedente y acreditando el pago de los impuestos; el nuevo titular se subroga en derechos y obligaciones. No es transmisible si se otorgó condicionada a circunstancias personales o si la concesión lo prohíbe expresamente. Vender acciones, participaciones o cuotas es transmisión si da participación mayoritaria o cambia el control efectivo. También exigen autorización previa la fusión, absorción, escisión y otras modificaciones estructurales. La transmisión inter vivos va en escritura pública.

Artículo 60. Derechos reales sobre las obras

El titular de una concesión tiene derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para la actividad autorizada, regido por los artículos 97 y 98 de la Ley 33/2003. Los derechos de carácter inmobiliario solo se ceden o transmiten inter vivos, por causa de muerte o por fusión, absorción o escisión, por el plazo de la concesión y a personas con previa conformidad del órgano que la otorga. Solo se hipotecan para garantizar préstamos que financien esas obras, con previa autorización de ese órgano; la hipoteca se extingue con el plazo de la concesión.

Artículo 61. Titulización de derechos de cobro

Los derechos de cobro de los créditos con garantía hipotecaria a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente pueden cederse, total o parcialmente, mediante la emisión de participaciones hipotecarias a fondos de titulización hipotecaria. Esos fondos se rigen por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. La regla se formula conforme al artículo 99.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, como normativa de aplicación general.

Artículo 62. Rescate de la concesión

Las consejerías o agencias que otorgaron una concesión de dominio público pueden rescatarla, exclusivamente por razones de interés público y previo informe de la Dirección General de Patrimonio. El titular es indemnizado por el perjuicio material surgido de la extinción anticipada, conforme al artículo 101.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. Los derechos de las personas acreedoras hipotecarias con garantía inscrita en el Registro de la Propiedad en la fecha del rescate se tienen en cuenta para determinar la cuantía y los receptores de la indemnización.

Artículo 63. Derecho de adquisición preferente

Si se acuerda la enajenación onerosa de bienes patrimoniales, los titulares de derechos vigentes de concesiones otorgadas cuando el bien era demanial tienen derecho preferente a adquirirlos: treinta días naturales desde la notificación fehaciente de la decisión de enajenar, el precio y las demás condiciones esenciales; sin notificación o vendido en condiciones distintas, cuarenta y cinco días naturales desde la inscripción de la venta en el Registro de la Propiedad. No surge en la cesión gratuita ni en la transferencia de titularidad a Administraciones públicas y demás entes del apartado 3.

Artículo 64. Destino de los bienes y derechos de dominio privado

Con carácter general, el destino propio de los bienes y derechos de dominio privado es su aprovechamiento, y ese aprovechamiento se guía por criterios de máxima eficiencia y economía para la hacienda pública. La regla se enuncia «con carácter general».

Artículo 65. Modos de aprovechamiento

La Administración de la Junta de Andalucía puede aprovechar sus bienes y derechos patrimoniales por sus propios medios o a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico. Las agencias también, respecto de los de su titularidad, pero solo si el aprovechamiento está vinculado a los fines, funciones o servicios que tengan encomendados. La explotación directa puede atribuirse a una agencia o a una sociedad mercantil del sector público andaluz; el órgano competente fija las condiciones, las medidas de entrega y las de vigilancia.

Artículo 66. Órganos competentes

En la Junta de Andalucía, el aprovechamiento de inmuebles de dominio privado lo acuerda, con carácter general, la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. Si el bien está adscrito a otra Consejería o agencia y el aprovechamiento se vincula a sus fines, funciones o servicios, decide su titular, previa autorización de la Dirección General de Patrimonio. En los muebles, en todo caso, la Consejería o agencia que los tenga adscritos. En las agencias, sus órganos legal o estatutariamente competentes, previa autorización de la Consejería de patrimonio si son inmuebles.

Artículo 67. Uso esporádico de bienes y derechos patrimoniales

La Consejería o agencia que tenga adscritos bienes o derechos patrimoniales puede autorizar, a solicitud de persona interesada, su uso esporádico o temporal por máximo un año si no contradice su aprovechamiento o explotación. En inmuebles se exige informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio, salvo uso inferior a tres meses, eventos como conferencias o seminarios, o solicitud de agencia dependiente de la Consejería de adscripción. Es revocable libremente sin indemnización. El usuario paga los gastos adicionales. Se resuelve y notifica en treinta días; el silencio desestima.

Artículo 68. Frutos y rentas

Las rentas, frutos o percepciones de cualquier clase que produzcan los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ingresan en la hacienda pública autonómica, aplicándose a los conceptos pertinentes del presupuesto de ingresos, y se hacen efectivos conforme a las normas y procedimientos del derecho privado. Si la explotación conlleva la entrega de otros bienes, derechos o servicios, estos se integran en el Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus agencias, según corresponda, como patrimoniales.

Artículo 69. Proyectos públicos de aprovechamiento y explotación

Las Administraciones y entidades del sector público del ámbito territorial de Andalucía pueden instar la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales de la comunidad autónoma radicados en su territorio, presentando proyectos que les afecten. Se ejecutan mediante las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales de la ley, con sometimiento a su régimen jurídico. Resuelven las solicitudes los órganos señalados en el artículo 66; si implican operaciones o negocios cuya competencia es de otro órgano, hay que obtener su conformidad previa.

Artículo 70. Cesión a favor del sector público

Los bienes y derechos de dominio privado de la Administración de la Junta de Andalucía cuya afectación o explotación no se considere necesaria ni previsible podrán cederse gratis, para fines de utilidad pública o interés social, a otras Administraciones públicas, a las fundaciones del sector público adscritas a estas y a las instituciones, agencias y organismos de la Unión Europea. Se cede la propiedad o solo el uso; si es solo el uso, la cesionaria podrá solicitar el cambio de destino, con los mismos trámites y requisitos. El acuerdo se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial.

Artículo 71. Cesión de uso a otras entidades

El uso de bienes y derechos de dominio privado de la Administración de la Junta de Andalucía cuya afectación o explotación no sea necesaria ni previsible puede cederse gratis a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública. Plazo máximo: diez años, prórrogas incluidas; la prórroga la acuerda motivadamente el órgano competente para la cesión, nunca de forma tácita. Se inicia de oficio (a iniciativa propia, a propuesta de otros órganos o de entidad interesada); anuncio o convocatoria en BOJA y Plataforma de Publicidad Patrimonial, con plazo no inferior a diez días. Resolver y publicar: seis meses desde el acuerdo de inicio.

Artículo 72. Órganos competentes

Las cesiones de bienes inmuebles o de derechos sobre estos las acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, salvo que tengan por objeto la propiedad del bien o derecho: entonces la competencia es del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de patrimonio. En el procedimiento se recaba informe de la Consejería o agencia a la que esté adscrito el bien o derecho. Las cesiones de bienes muebles las acuerda la persona titular de la Consejería o agencia de adscripción.

Artículo 73. Acuerdo de cesión

El acuerdo de cesión expresa finalidad, condiciones, plazo para el cumplimiento o efectividad inicial del destino (máximo cinco años en inmuebles), duración, prórrogas y causas de resolución, que pueden incluir la revocación unilateral por interés público sin indemnización. La cesionaria asume gastos de conservación, mantenimiento y uso y los tributos. Se formaliza siempre en documento administrativo, salvo que una parte inste escritura pública, a su costa. Formaliza la persona titular de la Dirección General de Patrimonio (inmuebles) o el órgano que otorga (muebles), o su delegado.

Artículo 74. Aplicación efectiva del bien al fin y su control

Los bienes y derechos cedidos deben destinarse a los fines previstos en el acuerdo de cesión, en la forma y condiciones establecidas. La Dirección General de Patrimonio controla la aplicación al fin de los bienes inmuebles y derechos sobre estos, pudiendo adoptar cuantas medidas de control sean necesarias; en los bienes muebles, el control corresponde a la Consejería o agencia de adscripción. Los cesionarios deben remitir una vez al año un informe de seguimiento sobre los usos del bien o derecho y el cumplimiento de las condiciones del acuerdo de cesión.

Artículo 75. Extinción y reversión

La cesión se considera extinta, y los bienes revierten a la Administración cedente, si no se destinan al fin o uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejan de serlo después, si se niega su inspección, si no se remiten los informes de seguimiento, si se incumplen las cargas o condiciones impuestas o si llega el término fijado. Son de cuenta del cesionario los detrimentos o deterioros de los bienes o el coste de su rehabilitación, y no se le indemnizan los gastos hechos para cumplir las cargas o condiciones. La reversión se produce con todas las mejoras realizadas.

Artículo 76. Publicidad e inscripción

La cesión y, en su caso, la reversión constan en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión se inscribe en el Registro de la Propiedad (propiedad de inmuebles o derechos reales sobre ellos) o en los registros públicos correspondientes (muebles o derechos sujetos a inscripción), y no surte efectos hasta entonces. En la inscripción constan el fin, las condiciones y cargas y la advertencia de extinción por incumplimiento. Los acuerdos de cesión y de extinción y reversión son títulos suficientes para inscribir y reclamar detrimentos o deterioros.

Artículo 77. Aceptación de cesiones gratuitas

Cesiones gratuitas a favor de la Administración de la Junta de Andalucía: si recaen sobre bienes inmuebles, las acepta la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; si son de bienes muebles, la persona titular de la Consejería a la que vayan a quedar adscritos. Cesiones gratuitas a favor de las agencias para el cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados: las aceptan los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida la competencia.

Artículo 78. Libertad de pactos

Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos patrimoniales se sujetan al principio de libertad de pactos. La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias pueden, para la consecución del interés público, celebrar cualesquiera de ellos, típicos o atípicos, previstos o no en la ley, y concertar los pactos que estimen convenientes, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico ni a los principios de buena administración. Caben bienes futuros, plazo, condición y modo, prestaciones accesorias y derechos de garantía.

Artículo 79. Régimen jurídico

Preparación y adjudicación de los negocios jurídicos patrimoniales: se rigen por esta ley, su normativa de desarrollo y la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas y, en lo no previsto, por los principios de la legislación de contratos del sector público. Efectos y extinción: esta ley, su normativa de desarrollo y las normas de derecho privado. Los negocios complejos (con prestaciones accesorias o de distintos tipos) van en expediente único y siguen, en competencia y procedimiento, las reglas del negocio que sea su objeto principal.

Artículo 80. Capacidad para contratar con la Administración

Pueden celebrar negocios jurídicos patrimoniales con la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias las personas físicas y jurídicas con capacidad para contratar con arreglo a las normas civiles. No pueden hacerlo las personas de naturaleza privada que incurran en alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración previstas en la legislación de contratos del sector público. Además, el pliego de condiciones puede exigir, de forma motivada, requisitos adicionales en función del bien o derecho objeto del contrato o del interés público afectado.

Artículo 81. Consultas de interés del mercado

Las consultas de interés del mercado son consultas públicas potestativas, abiertas y no vinculantes para recabar información del tejido empresarial y la sociedad civil sobre iniciativas o proyectos que afecten al Patrimonio. Las realiza el órgano competente para celebrar el negocio jurídico, antes de iniciar el procedimiento patrimonial, pudiendo valerse del asesoramiento de terceros (excepcionalmente, operadores económicos). Se publican en la Plataforma de Publicidad Patrimonial, no dan derecho ni preferencia alguna y participar no impide intervenir después en la adjudicación.

Artículo 82. Expediente patrimonial

Al expediente se incorpora el pliego de condiciones (objeto, régimen jurídico, pactos y condiciones y, si hay concurrencia, reglas de adjudicación); en la adjudicación directa puede sustituirse por una propuesta de contrato. Lo informa el Gabinete Jurídico o el órgano de asesoramiento jurídico de la agencia, salvo que se usen pliegos generales o modelos tipo, que puede aprobar la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio previo informe del Gabinete Jurídico. Cabe tramitar con bienes afectados si se desafectan antes de resolver. Con gastos, fiscalización previa.

Artículo 83. Pactos preliminares

Cuando proceda la adjudicación directa, el órgano competente para celebrar el negocio jurídico puede alcanzar, con carácter previo, acuerdos preliminares que fijen las líneas directrices o criterios básicos del futuro negocio (objeto, precio, condiciones esenciales o análogos). Esos acuerdos quedan supeditados a la tramitación del procedimiento patrimonial: si este no se completa o se completa de modo sustancialmente diferente al contenido del acuerdo preliminar, quedan sin efecto, sin que de ello derive derecho o indemnización alguna.

Artículo 84. Procedimientos de adjudicación

Regla general: adjudicación con publicidad y concurrencia, por subasta (tipo base en dinero y puja más alta), concurso (oferta más ventajosa en su conjunto), procedimiento negociado (licitador justificadamente elegido tras negociar) u oferta pública permanente (mejor postor). La directa cabe en los supuestos expresamente establecidos, con memoria justificativa. Antes de la perfección, las consejerías o agencias pueden suspender o desistir si cambian o desaparecen las razones iniciales o sobrevienen motivos de interés público, sin indemnización; el desistimiento ordena devolver las garantías.

Artículo 85. Formalización

Adquisición, enajenación, permuta o gravamen de inmuebles y derechos sobre estos: escritura pública cuando sea requisito constitutivo o necesaria para inscribir en el Registro de la Propiedad. Arrendamientos, explotación de inmuebles y negocios sobre muebles: documento administrativo, salvo que proceda o se estime conveniente inscribirlos en un registro público (entonces escritura; paga quien pidió elevarla). En inmuebles formaliza, con carácter general, la persona titular de la Dirección General de Patrimonio o en quien delegue; en agencias, sus órganos legales o estatutarios.

Artículo 86. Valoraciones

En adquisiciones onerosas, enajenaciones, permutas y demás negocios en que el valor tenga incidencia económica debe emitirse informe de valoración o tasación; en el resto valen otras valoraciones (expediente, Inventario General, registros oficiales). El valor de referencia es el de mercado, deducidas en su caso cargas y gravámenes. Sobre inmuebles los aprueba la Dirección General de Patrimonio; en arrendamientos, explotación y bienes muebles, el órgano competente para celebrar el negocio. Validez: un año desde su aprobación.

Artículo 87. Adecuación al fin

La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias pueden adquirir bienes y derechos, pero con una condición: que sean idóneos para los fines públicos a los que se pretenden destinar. El artículo no fija órgano, plazo ni cuantía: solo este requisito de idoneidad.

Artículo 88. Depuración física y jurídica

Antes de cualquier negocio jurídico de adquisición de un bien o derecho es necesaria la depuración de su situación física y jurídica. La exigencia es previa al negocio y alcanza a toda adquisición, sea de un bien o de un derecho.

Artículo 89. Órganos competentes

En la Administración de la Junta de Andalucía, la adquisición onerosa de inmuebles o derechos sobre ellos la acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, por propia iniciativa o a petición razonada de la Consejería o agencia interesada (que entonces debe tener créditos suficientes); tramita la Dirección General de Patrimonio. En muebles decide la Consejería que haya de utilizarlos, y el Consejo de Gobierno puede acordar la adquisición centralizada. En las agencias, sus órganos legales o estatutarios, previa autorización de esa Consejería si son inmuebles.

Artículo 90. Procedimiento

Las adquisiciones onerosas se hacen, con carácter general, por concurso o procedimiento negociado. También cabe participar en subastas de terceros, con autorización del órgano competente para la adquisición y precio máximo fijado. Adquisición directa en seis supuestos: peculiaridades, idoneidad, limitaciones del mercado o urgencia; vendedor del sector público; procedimiento desierto (precio y superficie alterables un 10 % y sin pasar un año desde el acuerdo); cuota de copropietario; adquisición preferente; inmueble arrendado más de cuatro años. Expediente: memoria y tasación aprobada.

Artículo 91. Precio aplazado y en especie

El pago del precio puede aplazarse, en los términos previstos en el pliego o proyecto de contrato y con sujeción al régimen de los gastos de carácter plurianual del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Además, parte del precio de las adquisiciones puede pagarse entregando otros bienes o derechos, con dos condiciones: que sean enajenables conforme a esta ley y que se haya obtenido la autorización del órgano competente para disponer del bien o derecho.

Artículo 92. Cargas y gravámenes

Regla general: las adquisiciones se realizan libres de toda carga o gravamen incompatible con los fines determinantes de la adquisición. Si no hay tal incompatibilidad, pueden adquirirse bienes o derechos gravados con dos requisitos imprescindibles: justificar en el expediente la conveniencia para los intereses públicos de aceptarlos, y que la tasación tenga en cuenta la minusvaloración derivada de las cargas y gravámenes o se incorpore un informe de valoración de estas, en los términos del artículo 86.

Artículo 93. Bienes futuros y opciones

La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias pueden adquirir bienes o derechos futuros si están determinados o son susceptibles de determinación al acordarse la adquisición, en las condiciones específicas que se fijen. En todo caso, quien ofrece el bien o derecho futuro debe garantizar suficientemente el cumplimiento de sus obligaciones por cualquier modo admitido en derecho, y deben fijarse los requisitos que aseguren los términos y buen fin de la operación. Además, pueden concertar negocios jurídicos que constituyan a su favor un derecho a la adquisición de bienes o derechos.

Artículo 94. Adquisición de edificios en construcción

Un inmueble en construcción puede adquirirse por causas debidamente justificadas si: el suelo y lo ya edificado valen más que lo pendiente; el precio es determinado o determinable según parámetros ciertos; al firmar la escritura solo se abona suelo y obra realizada; el resto, a la entrega o contra certificaciones de obra; el plazo de terminación y entrega no excede de dos años, salvo autorización justificada de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; el vendedor garantiza la entrega y el adquirente asegura que se ajusta a lo estipulado.

Artículo 95. Órganos competentes

Para la Administración de la Junta de Andalucía, las adquisiciones gratuitas de inmuebles y derechos sobre ellos las acepta la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. Muebles: la Consejería a la que vayan a quedar adscritos si se señaló su fin; si no, la titular de patrimonio. Dinero o saldos: la titular de la Consejería competente por razón de la materia si tienen fin determinado; si no, la de patrimonio. En las agencias aceptan sus órganos legales o estatutarios, previa autorización de la Consejería de patrimonio si son inmuebles. Renuncia quien puede aceptar.

Artículo 96. Reglas generales para las adquisiciones a título gratuito

No se aceptan adquisiciones gratuitas si los gastos o cargas del bien superan su valor, salvo razones excepcionales de interés público justificadas; antes se tasa o valora conforme al artículo 86. La condición o modo de afectación permanente se entiende cumplida y consumada tras treinta años sirviendo al destino. Quien por cargo o empleo público conozca un testamento u oferta de donación lo comunica a la Consejería competente en materia de patrimonio o a la agencia beneficiaria. Si dona una Administración pública, basta documento administrativo, inscribible en el Registro de la Propiedad.

Artículo 97. Reversiones

La reversión de bienes y derechos adquiridos gratuitamente bajo condición o modo de afectación permanente a determinados fines solo procede si se incumplen esas condiciones o modos sin haber transcurrido el plazo fijado en el acuerdo de cesión o, en todo caso, el señalado en el artículo 96.2. La tramitan y reconocen los órganos competentes para la adquisición, a solicitud de persona interesada y previa acreditación de su derecho y del incumplimiento. Todo ello sin perjuicio de los supuestos de reversión en materia de expropiación forzosa.

Artículo 98. Normas especiales para adquisiciones hereditarias

Las herencias se entienden siempre aceptadas a beneficio de inventario. Las disposiciones por causa de muerte se entienden hechas a la Administración de la Junta de Andalucía si el disponente designa a alguno de sus órganos, a los órganos estatutarios o a la comunidad autónoma como tal, o si el testamento destina los bienes a una finalidad de su competencia; se respeta su voluntad siempre que sea posible. Si el órgano o agencia beneficiario ha desaparecido al abrirse la sucesión, se entienden hechas a los que asumieron sus competencias y, en su defecto, a dicha Administración.

Artículo 99. Órganos competentes

Arrendar muebles e inmuebles, y la novación, prórroga o resolución anticipada, compete a la Consejería o agencia interesada, que luego ejerce los derechos y cumple las obligaciones del arrendatario y gestiona las incidencias. En inmuebles se requiere informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio sobre la disponibilidad de inmuebles propios, salvo arrendamientos de plazo inferior a tres meses o para conferencias, seminarios, presentaciones, ferias, congresos u otros eventos. Si lo usan varias consejerías o agencias, compete a la Consejería competente en materia de patrimonio.

Artículo 100. Procedimiento

Los arrendamientos se conciertan, con carácter general, por concurso o procedimiento negociado. Cabe la forma directa por: peculiaridades de la necesidad, especial idoneidad del bien, limitaciones del mercado o urgencia; arrendador del sector público; inmueble en el extranjero; o procedimiento con publicidad declarado desierto, sin modificar las condiciones originales salvo precio y superficie (en un 10%) y antes de un año desde la resolución. La adjudicación, motivada, se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial. El expediente incorpora memoria y estudio económico.

Artículo 101. Reglas generales de los arrendamientos

No se arriendan inmuebles para servicios de la Junta o sus agencias si hay inmuebles propios disponibles para el mismo fin (o que puedan estarlo con obras más ventajosas) y compatibles, o arrendamientos vacantes. El contrato menciona que podrá usarlo cualquier órgano de la Junta o sus agencias. Sin cláusulas indemnizatorias por finalización, salvo resolución anticipada; si dura más de cuatro años, debe permitir resolverlo sin abonar toda la renta. Dejarlo libre antes de plazo se comunica a la Consejería de patrimonio con seis meses de antelación mínima. Nunca hay prórroga tácita.

Artículo 102. Contratos mixtos

Los contratos de arrendamiento financiero y los demás contratos mixtos de arrendamiento con opción de compra se concluyen aplicando las normas de competencia y procedimiento de los artículos 89 y 90 para la adquisición de inmuebles. En cambio, a efectos del artículo 40 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, sobre compromisos de gastos de carácter plurianual, estos contratos mixtos se consideran contratos de arrendamiento.

Artículo 103. Prohibición de donaciones

Está prohibida toda disposición gratuita de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La única salvedad son los supuestos expresamente establecidos en la propia ley o en la legislación especial: la excepción ha de estar prevista de forma expresa en una de esas dos fuentes.

Artículo 104. Órganos competentes

Disponer de inmuebles o derechos sobre ellos de la Junta compete a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio (sin perjuicio del artículo 72.1 para las cesiones); tramita la Dirección General de Patrimonio. De los muebles, a la persona titular de la Consejería que los tenga adscritos. En las agencias, a sus órganos según ley o estatutos, previa autorización de la Consejería de patrimonio si son inmuebles. Siempre se exige autorización previa del Consejo de Gobierno si el valor excede de 20 millones de euros (inmuebles) o de 10 millones (muebles).

Artículo 105. Depuración física y jurídica

Antes de cualquier negocio jurídico de disposición de un bien o derecho hay que depurar su situación física y jurídica. Excepción: puede disponerse sin esa depuración previa si se cumplen dos condiciones a la vez: que las circunstancias se pongan en conocimiento de la persona adquirente y que esta las acepte.

Artículo 106. Bienes y derechos litigiosos

Cabe disponer de bienes y derechos litigiosos de la Junta y sus agencias si el pliego o proyecto de contrato lo menciona expresamente, con al menos objeto, partes y referencia del pleito, y la plena asunción de riesgos por el adjudicatario; esa asunción figurará necesariamente en el documento o escritura de formalización. Si el litigio surge iniciado el procedimiento y ya no cabe cumplirlo, se retrotraen las actuaciones, salvo que convenga más suspender o desistir (artículo 84.3). Es litigioso desde que el órgano competente tiene constancia formal del ejercicio de la acción y de su contenido.

Artículo 107. Bienes y derechos susceptibles de enajenación

Pueden enajenarse los bienes y derechos patrimoniales que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias. Los bienes inmuebles pueden enajenarse con reserva del uso temporal, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas convenga al interés público. Ese uso puede instrumentarse con arrendamientos, de corta o larga duración, u otros contratos que habiliten para el uso, simultáneos a la enajenación y sometidos a sus mismas normas de competencia y procedimiento.

Artículo 108. Procedimiento

La enajenación se realiza por subasta, concurso o adjudicación directa. La forma ordinaria es la subasta pública, al alza o a la baja, en sobre cerrado o electrónica, a favor de la oferta económica más ventajosa. El concurso cabe cuando el bien sea adecuado para políticas públicas o actuaciones de utilidad pública o interés social. La enajenación directa procede en siete supuestos, entre ellos inmuebles de valor inferior a 120.000 euros o cuando lo disponga el Consejo de Gobierno por razones justificadas. Convocatoria y resolución se publican en la Plataforma de Publicidad Patrimonial.

Artículo 109. Subastas sucesivas

Si la subasta queda desierta, pueden convocarse hasta dos más de forma sucesiva. En cada una el tipo puede reducirse como máximo un veinticinco por ciento respecto al fijado para la anterior. Condición: que no hayan transcurrido más de veinticuatro meses desde la celebración de la primera. Las subastas pueden celebrarse en el mismo acto o en actos diferentes, pero en un mismo acto no pueden acumularse más de dos simultáneamente.

Artículo 110. Procedimiento negociado

Si la tercera subasta queda desierta y no han pasado más de veinticuatro meses desde su celebración, el órgano competente podrá publicar una convocatoria para presentar proposiciones económicas vinculantes de compra, o de otro negocio jurídico patrimonial si el pliego de la subasta lo previó expresamente. Se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial. Pasado el plazo de presentación, se comprueban las propuestas y se puede acordar negociar con quienes ofertaron. Se adjudica al oferente justificadamente elegido por mayor rentabilidad y mejores condiciones económicas.

Artículo 111. Oferta pública permanente

Lo que queda desierto en subasta o concurso pasa a la oferta pública permanente, con las condiciones del pliego y por su precio mínimo de licitación (cabe añadir pago aplazado). Se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial. Cualquier interesado puede presentar oferta vinculante; admitida, se publica y se abren diez días para propuestas que mejoren al menos un 10% el precio de la oferta inicial, y se adjudica al mejor postor. La Administración puede no incorporar o retirar bienes, motivándolo.

Artículo 112. Reglas generales para las enajenaciones

El procedimiento de enajenación se inicia de oficio: por iniciativa propia o a propuesta de la Consejería o agencia que tenga adscrito el bien o derecho o de persona interesada, si concurren, justificadas en el expediente, las circunstancias del artículo 107. El acuerdo de incoación lleva implícita la desafectación, en su caso, y la declaración de alienabilidad. Caben cláusulas de reparto de plusvalía si es posible un aumento de valor en un plazo determinado o por cumplirse determinadas condiciones. Participar supone aceptar incondicionadamente la convocatoria y el pliego, sin reservas.

Artículo 113. Garantía

Para participar en una enajenación hay que constituir garantía, fijada por el órgano competente para iniciar el procedimiento: entre el 5% y el 25% del precio de venta (enajenación directa) o del tipo de salida (procedimientos concurrenciales). Puede suprimirse en concurrenciales de inmuebles si el tipo no supera 20.000 euros y, en directas, por razones justificadas; si el tipo supera 2 millones, puede bajar del 5% con mínimo de 100.000 euros. Se constituye en la Caja General de Depósitos y se devuelve tras la adjudicación; al adjudicatario, formalizado el contrato.

Artículo 114. Aplazamiento del pago y pago en especie

El órgano competente para enajenar puede admitir el pago aplazado por un periodo no superior a diez años, siempre que se garantice con hipoteca, aval bancario, seguro de caución, condición resolutoria explícita u otra garantía suficiente. El interés no puede ser inferior al legal del dinero. El comprador puede pedir en cualquier momento la liquidación anticipada, con liquidaciones por períodos mensuales, o la de toda la deuda. Parte del precio puede pagarse con otros bienes o derechos si lo contemplaba el pliego de condiciones o el proyecto de contrato.

Artículo 115. Cargas y gravámenes

Sobre los bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía no pueden imponerse cargas y gravámenes salvo por una de estas dos vías: cumpliendo los requisitos establecidos para su enajenación o en virtud de ley. Son alternativas: basta una de las dos.

Artículo 116. Requisitos

La permuta de bienes y derechos patrimoniales exige dos requisitos: justificar su conveniencia y oportunidad por razones de interés público y que la diferencia de valor según tasación no supere el cincuenta por ciento del de mayor valor, compensándose en dinero u otros bienes y derechos. Si la supera, se tramita como adquisición o enajenación con pago de parte del precio en especie. Cabe permutar por bienes futuros determinados o determinables al perfeccionarse la permuta, con plazo de entrega, garantía y condición resolutoria expresa.

Artículo 117. Procedimiento

La permuta se rige por las normas de la enajenación de bienes o derechos y se tramita siempre por adjudicación directa. No obstante, el órgano competente para la permuta puede instar ofertas de inmuebles o derechos mediante un acto de invitación al público, difundido por la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de otros medios; entonces la adjudicataria se selecciona conforme al pliego de condiciones previamente elaborado. Al expediente se incorpora un pliego de condiciones si hay invitación, o una propuesta de contrato si es adjudicación directa.

Artículo 118. Pago en especie en los contratos de obras del sector público

En los contratos de obras puede preverse que el precio se pague total o parcialmente transmitiendo inmuebles o derechos sobre ellos de la Administración o agencia de la que depende quien licita. Requisitos: bienes enajenables y autorización previa a la licitación del órgano competente para disponer; criterios objetivos de valoración de las ofertas, que parten del valor de tasación; y, si son de agencias, además autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio. La propiedad se transmite al recibirse las obras, salvo que los pliegos dispongan otra cosa.

Artículo 119. Órganos competentes

La competencia para acordar la explotación de los bienes o derechos de dominio privado del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde a los órganos señalados en el artículo 66. El artículo 119 no nombra él mismo ningún órgano: se limita a remitir a ese precepto.

Artículo 120. Procedimiento

Los contratos de explotación de bienes y derechos patrimoniales se adjudican mediante concurso, cuya convocatoria se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía. Lo que quede desierto puede incorporarse a la oferta pública permanente. Procede la adjudicación directa por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, justificándolo en el expediente. Al expediente se incorporan una memoria y un estudio económico.

Artículo 121. Reglas generales de los contratos de explotación

Los contratos de explotación no pueden durar más de veinte años, prórrogas incluidas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas; la prórroga se acuerda de forma motivada por el órgano competente y nunca por consentimiento tácito. Para participar se exige garantía provisional no superior al 3% del precio total inicialmente estimado; la definitiva se rige por el derecho privado. La subrogación de un tercero requiere autorización expresa del órgano competente para adjudicar, salvo subrogación forzosa legalmente prevista. Cabe la explotación con opción de compra sobre inmuebles.

Artículo 122. Bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos

Define cuatro clases de bienes muebles: obsoletos (anticuados e inadecuados para su fin), deteriorados (daño o desgaste; en todo caso si valen menos del 25% del precio de adquisición), en desuso (útiles pero sin usar) y antieconómicos (cuestan más de lo que rinden). Los del Patrimonio Histórico de Andalucía no pueden serlo. Los declara el órgano de adscripción, indicando las características que lo motivan; el órgano competente por razón de la materia puede fijar criterios generales. Pueden entregarse como precio total o parcial de contratos, previa valoración.

Artículo 123. Principios e instrumentos de economía circular

La gestión de los bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía perseguirá un modelo de economía circular: uso eficiente durante su ciclo de vida, alargar su vida útil y priorizar su reutilización, reciclado y valorización, para minimizar los residuos y consumir de forma responsable. Los órganos y entidades del artículo 2.1 aplicarán el principio de jerarquía de residuos, conforme a la legislación de economía circular.

Artículo 124. Valoración económica

Para valorar los bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos, a efectos de los mecanismos del título, podrán utilizarse: las tarifas aprobadas por el órgano competente por razón de la materia para determinados grupos o categorías, el valor neto contable, el valor por referencia a las tablas de amortización, el valor residual y las reglas generales de valoración del artículo 86. El método empleado podrá atender a los bienes en sí mismos considerados o a sus componentes.

Artículo 125. Reutilización interna

Los órganos competentes por razón de la materia implementarán iniciativas para reutilizar bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos y alargar su vida útil; podrán crear bolsas de segunda oportunidad. Los de adscripción procurarán que los reutilice el sector público andaluz. Cabe su entrega, gratuita u onerosa, a entidades públicas o privadas que se comprometan, tras tratarlos, a devolverlos o ponerlos a disposición de la Junta o sus agencias para fines educativos, formativos y de investigación. Van implícitos los cambios de afectación, adscripción y reasignación.

Artículo 126. Restablecimiento del rendimiento o funcionalidad

Los órganos y entidades del artículo 2.1 podrán celebrar contratos para restablecer el rendimiento o funcionalidad de los bienes muebles obsoletos o deteriorados de su titularidad; estas prestaciones también podrán incluirse en los contratos de suministro que se celebren. Restablecido el rendimiento o funcionalidad conforme a lo anterior, la declaración de los bienes como obsoletos o deteriorados queda sin efecto de forma automática y sin necesidad de resolución expresa.

Artículo 127. Oferta pública permanente

Los bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos pueden enajenarse, sueltos o por lotes, en la oferta pública permanente del artículo 111, publicada en la Plataforma de Publicidad Patrimonial; implica desafectación, en su caso, y alienabilidad. Tras una oferta, hay diez días para mejorarla al menos un 10% y se adjudica al mejor postor. Tienen preferencia las gestoras de residuos autorizadas que adquieran para reutilizar, reciclar o valorizar y, antes de adjudicar, la adscripción que pida el sector público andaluz. La Administración puede retirarlos en cualquier momento.

Artículo 128. Adjudicación directa de equipos electrónicos

Los terminales, equipos o dispositivos tecnológicos, electrónicos o de telecomunicaciones móviles o portátiles y análogos, de uso individual de autoridades y personal empleado público, pueden enajenarse por adjudicación directa a la autoridad o empleado usuario y según la valoración del artículo 124. La enajenación no conlleva la de las aplicaciones ni del software, que habrán de adjudicarse previa depuración de licencias y medidas de seguridad y borrado; sí conlleva el cese de todos los servicios. La Agencia Digital de Andalucía define y aprueba la política de equipos, requisitos y medidas.

Artículo 129. Cesión gratuita de la titularidad

Si reutilizarlos internamente, restablecer su rendimiento o enajenarlos no es posible, no procede o resulta antieconómico, los bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos podrán cederse gratis a otras Administraciones públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, para fines de utilidad pública o interés social. También a gestoras de residuos, respetando publicidad, concurrencia e igualdad de trato y con trazabilidad. La enajenación se considera no posible tras un año en la oferta pública permanente sin ofertas o sin ofertas admisibles.

Artículo 130. Definición

Son edificios administrativos los inmuebles, locales y espacios destinados a usos administrativos de carácter general, sean oficinas o dependencias auxiliares; se asimilan los terrenos e inmuebles adquiridos para construir, rehabilitar o reformar con ese fin. Lo integran el inmueble, las dependencias auxiliares, el mobiliario y las máquinas e instalaciones: un todo inseparable salvo autorización expresa de la Dirección General de Patrimonio. Quedan fuera los dispositivos móviles o portátiles. Tipos: uso exclusivo, compartido y múltiple (este, declarado por resolución motivada).

Artículo 131. Política de los edificios administrativos

Compete a la Dirección General de Patrimonio: planificar la ubicación de las sedes de los servicios administrativos, centrales y territoriales, de los órganos y entidades del artículo 2.1; coordinar y optimizar el uso de los edificios administrativos; velar por su buena gestión; fijar reglas generales de uniformidad y uso eficiente; elaborar, modificar, coordinar y controlar el plan de sedes (artículo 133); supervisar su ejecución, e impulsar las inversiones necesarias. Puede recabar dictámenes, informaciones y documentos, hacer visitas de comprobación e inspección y dictar instrucciones.

Artículo 132. Principios de gestión de los edificios administrativos

La gestión y administración de los edificios administrativos se sujeta a seis criterios y principios: planificación global e integrada de las necesidades de inmuebles de uso administrativo; eficiencia, racionalidad y sostenibilidad; gestión unificada, con un único órgano responsable en cada inmueble; rentabilidad de las inversiones; imagen unificada, que transmita austeridad, eficiencia y dignidad; y coordinación por la Consejería competente en materia de hacienda y patrimonio de los aspectos económicos y patrimoniales de los anteriores.

Artículo 133. Plan de sedes administrativas

El Plan de sedes administrativas rige la ordenación de las sedes en los edificios administrativos. Lo elabora, modifica, coordina y controla la Consejería competente en materia de patrimonio; lo aprueba su titular, a propuesta de la Dirección General de Patrimonio. Incluye un calendario de ejecución, por cuyos plazos vela esa Dirección General. Es de obligada ejecución y lo implementan y financian las consejerías, agencias, instituciones y entidades afectadas, salvo disposición expresa en contrario. De los ahorros o gastos adicionales se da cuenta a la Dirección General de Presupuestos.

Artículo 134. Arrendamientos de inmuebles destinados a edificios administrativos

Para arrendar un inmueble como edificio administrativo, el expediente requiere informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, sin perjuicio del informe sobre disponibilidad de inmuebles del artículo 99; su contenido y alcance se desarrollarán reglamentariamente. La Consejería o agencia interesada lo solicitará, con la documentación necesaria, al menos seis meses antes de la fecha prevista para el inicio del contrato. No hace falta si el procedimiento se tramita con concurrencia y el contrato se ajusta a los criterios y condiciones fijados por la Dirección General de Patrimonio.

Artículo 135. Órganos competentes en materia de edificios administrativos

En cada Consejería, agencia, institución o entidad usuaria de un edificio administrativo, el órgano competente depende de quién lo usa: si son servicios centrales, el órgano directivo que tenga atribuida la competencia en materia de gestión patrimonial; si son servicios periféricos, los órganos territoriales de las consejerías o, en las entidades, la persona que designe la dirección de conformidad con lo previsto en sus estatutos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 136. Órgano responsable de la gestión y administración del edificio

Cada edificio administrativo tiene un único órgano responsable, designado por resolución de la Dirección General de Patrimonio; en los declarados múltiples lo es esa Dirección General, o los servicios periféricos de la Consejería competente en patrimonio si solo lo usan servicios territoriales. Gestiona los contratos (uno por servicio o suministro y edificio), asume los gastos, paga tributos, conserva y hace las obras, que comunica con tres meses de antelación al inicio de la contratación. En uso compartido o múltiple, cada usuario adquiere su mobiliario y su material de oficina.

Artículo 137. Comisión coordinadora del edificio de uso compartido o múltiple

En cada edificio de uso compartido o múltiple existe una Comisión coordinadora, órgano colegiado adscrito a la Consejería o agencia de la que dependa orgánicamente el órgano responsable de su gestión y administración. Se reúne al menos semestralmente o cuando lo solicite cualquiera de sus miembros, y una copia del acta se remite a la Dirección General de Patrimonio. Coordina, propone obras, informa proyectos de obras y, en los edificios de uso compartido, propone a esa Dirección General un nuevo órgano responsable. Su composición se determina reglamentariamente.

Artículo 138. Definición

Forman el patrimonio empresarial las acciones, participaciones y demás valores representativos del capital de sociedades mercantiles, obligaciones, obligaciones convertibles, futuros y opciones, derechos de suscripción preferente, créditos participativos y análogos que representen derechos para la Administración de la Junta y sus agencias. Los títulos de la Administración los custodia la Dirección General de Patrimonio; los de las agencias, ellas mismas, que le remiten un listado en el primer trimestre de cada año. Se rige por el derecho privado, sin perjuicio de esta ley.

Artículo 139. Representación

La representación de la Administración de la Junta de Andalucía ante las sociedades mercantiles en las que participe de forma directa, y el ejercicio de sus derechos de socio, corresponden a la Consejería competente en materia de patrimonio, a través de la Dirección General de Patrimonio, tengan o no esas sociedades la condición de sociedades mercantiles del sector público andaluz. Si las acciones o participaciones son de titularidad de las agencias, la representación corresponde al órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida esa competencia.

Artículo 140. Miembros del consejo de administración

Los representantes de la Administración de la Junta en los órganos de las sociedades con participación pública autonómica los designa la Dirección General de Patrimonio, a propuesta del titular de la Consejería o agencia de adscripción o de la que fijen los estatutos; los de las agencias, el órgano que tenga legal o estatutariamente la competencia. Recaen en el titular del órgano si es por razón del cargo y, si no, en profesionales cualificados, procurando presencia equilibrada. Fija seis principios, un seguro como el del personal alto cargo y remite el estatuto a reglamento.

Artículo 141. Reestructuración del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, puede acordar la incorporación de acciones y participaciones entre la Administración de la Junta, sus agencias, entidades de derecho público vinculadas o dependientes y sociedades mercantiles del sector público andaluz, sin sujeción a los procedimientos del capítulo III del título. El pleno dominio se adquiere desde la adopción del acuerdo, cuya copia es título suficiente. Se registran por el valor neto contable a fecha del acuerdo. No hay tanteo ni retracto y están exentas de cualquier tributo autonómico.

Artículo 142. Concepto y régimen jurídico

Son sociedades mercantiles del sector público andaluz aquellas en las que la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de derecho público cumplen alguno de estos criterios: participación directa o indirecta en el capital social superior al 50%, mayoría de los derechos de voto, o facultad de nombrar al administrador único o a más de la mitad de los miembros del órgano de administración. Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las especialidades de esta ley y de la normativa de derecho público que les sea de aplicación.

Artículo 143. Constitución de sociedades mercantiles del sector público andaluz

La creación de sociedades mercantiles del sector público andaluz requiere autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería a la que haya de quedar adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razón de la materia, previo informe de la Consejería competente en materia de patrimonio. El acuerdo se ajusta al artículo 76.2 de la Ley 9/2007 y lleva implícita la aprobación del gasto cuando lo requiera la normativa de hacienda pública. Si autoriza la aportación de bienes o derechos, el informe de expertos independientes se sustituye por una tasación.

Artículo 144. Adscripción funcional

Las sociedades mercantiles del sector público andaluz se adscriben a la Consejería o agencia que determine la persona titular de la Presidencia de la Junta o, en su caso, el Consejo de Gobierno, cuyas competencias guarden relación específica con su objeto social; pueden ser varias, fijando la distribución funcional. La Consejería de adscripción fija las líneas generales y estratégicas, establece los sistemas de control para la supervisión financiera, propone nombramiento y remoción de administradores, ejerce el control funcional y de eficacia y tiene la iniciativa, informe o propuesta.

Artículo 145. Acuerdos sociales sometidos a autorización del Consejo de Gobierno

Las sociedades mercantiles del sector público andaluz necesitan autorización previa del Consejo de Gobierno para: modificaciones estatutarias que afecten a la razón, objeto o capital social o a los órganos de la sociedad; transformación, fusión, escisión y demás modificaciones estructurales; disolución voluntaria; operaciones que impliquen adquirir o perder esa condición; y otros supuestos de la ley o los estatutos. Se elevan a propuesta de la Consejería de adscripción, previo informe de las Consejerías competentes en patrimonio y en sector público instrumental.

Artículo 146. Sesiones

Los órganos de gobierno y administración y las juntas o asambleas de estas sociedades se convocan conforme a los estatutos y la legislación mercantil. La convocatoria incluye siempre orden del día y documentación; a los órganos de gobierno y administración se remite con al menos dos días hábiles de antelación, salvo urgente necesidad apreciada por la presidencia. Caben sesiones por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, que se entienden celebradas en el domicilio de la persona jurídica, y acuerdos sin sesión y por escrito si lo decide la presidencia y ningún miembro se opone.

Artículo 147. Inventario patrimonial

Las sociedades mercantiles del sector público andaluz formarán un inventario de los bienes y derechos de que sean titulares o que utilicen: no solo los propios, también los que usan. La Dirección General de Patrimonio podrá dictar instrucciones respecto a la formación y la actualización de ese inventario.

Artículo 148. Remisión de información y publicidad de la actividad societaria

En el primer trimestre de cada año, las sociedades mercantiles del sector público andaluz remiten a la Dirección General de Patrimonio el listado de acciones y participaciones sociales que titularicen. En la sección de transparencia de su web difunden la información relevante de su actividad que no sea reservada; en particular: estatutos o normas de creación, integrantes de sus órganos de administración, dirección, gestión y control, poderes y delegaciones, cuentas anuales, códigos de conducta o guías de buenas prácticas y la parte de su actividad vinculada a servicios de interés general.

Artículo 149. Competencia

La adquisición de valores societarios por la Administración de la Junta la acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; la de las agencias, su órgano competente, previo informe favorable de esa Consejería. Si la Comunidad pasa a ser partícipe mayoritario, directa o indirectamente, se necesita autorización previa del Consejo de Gobierno, también cuando ocurre de forma indirecta por adquisiciones de sociedades participadas. Formaliza por la Administración la persona titular de la Dirección General de Patrimonio o persona en quien delegue.

Artículo 150. Reglas generales

La adquisición de valores societarios puede hacerse aportando bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, previa autorización del órgano competente para su enajenación; el informe de expertos independientes se sustituye entonces por una tasación del artículo 86. El precio se fija por los métodos de valoración comúnmente aceptados y, si los títulos cotizan, es el de mercado en el momento y fecha de la operación, salvo que los servicios técnicos estimen que el volumen de negociación habitual no garantiza un precio de mercado adecuado y propongan motivadamente otro método. Si se busca obtener la propiedad de inmuebles o derechos, se exige tasación de los bienes inmuebles.

Artículo 151. Competencia

La enajenación de valores societarios por la Administración de la Junta la acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; la de las agencias, su órgano competente, previo informe favorable de esa Consejería. Autoriza el Consejo de Gobierno si se pierde la condición de partícipe mayoritario, directa o indirectamente, si se enajena la totalidad de las acciones o participaciones o si su valor supera diez millones de euros. Formaliza por la Administración la persona titular de la Dirección General de Patrimonio o persona en quien delegue.

Artículo 152. Reglas generales

La enajenación puede hacerse en mercados secundarios organizados o fuera de ellos. El importe se fija por los métodos de valoración comúnmente aceptados; si los títulos cotizan, es el valor de mercado en el momento y fecha de la operación, salvo propuesta razonada de otro método por los servicios técnicos. Si no cotizan, la venta es por concurso o subasta, y cabe enajenación directa en cuatro supuestos: limitaciones estatutarias o derechos de adquisición preferente; adquirente del sector público; subasta desierta o fallida (en un año desde su celebración); y venta a la propia sociedad.

Artículo 153. Régimen aplicable

Las disposiciones del capítulo en que se encuentra este artículo se aplican también, en lo que sea compatible, a las adquisiciones y enajenaciones de futuros y opciones, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, derechos de suscripción preferente, créditos participativos y otros títulos, valores o derechos análogos.

Artículo 154. Deber de protección y defensa

Los órganos y entidades del artículo 2.1 deben proteger y defender este Patrimonio y, en particular: investigar e inventariar sus bienes y derechos, promover inscripciones y anotaciones registrales, presentar declaraciones y regularizaciones catastrales, ejercitar potestades administrativas de defensa e interponer recursos y acciones judiciales. Sobre bienes de dominio público estatal o local adscritos a competencias autonómicas pueden ejercitar las potestades de esta ley. Quien tenga a su cargo bienes o derechos de ese Patrimonio debe velar por ellos y responde de los daños.

Artículo 155. Solicitud de información

La Dirección General del Catastro, los Registros de la Propiedad y los demás registros o archivos públicos deben facilitar a la Dirección General de Patrimonio, a requerimiento de esta, gratis y por medios electrónicos, la información sobre los bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma y los datos necesarios para el Inventario General (gestión o actualización) o para las facultades y prerrogativas del artículo 166, igual que están obligados respecto a la Administración General del Estado. Consejerías y agencias pueden recabarla sobre sus bienes y derechos propios o adscritos.

Artículo 156. Deber de colaboración

Las autoridades y el personal de los órganos y entidades del artículo 2.1 deben colaborar en la protección, defensa y administración del patrimonio: facilitan los datos, documentos o informes requeridos, comunican los hechos lesivos para su integridad física o jurídica y prestan auxilio. La unidad de la Policía Nacional adscrita a Andalucía colabora y asiste en la ejecución forzosa, sin perjuicio del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. La ciudadanía aporta lo que se le requiera y facilita inspecciones, conforme al artículo 62 de la Ley 33/2003.

Artículo 157. Seguros

Los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía estarán cubiertos por una póliza de aseguramiento en dos casos: cuando viniese establecido legalmente y cuando se considerase conveniente por su valor histórico-artístico, económico o de otra índole. Además, las personas concesionarias, cesionarias, usufructuarias y, en general, titulares de derechos de uso o aprovechamiento sobre esos bienes o derechos podrán ser obligadas a asegurarlos, de acuerdo con lo que establezca el correspondiente título habilitante.

Artículo 158. Obligación de formar inventario: finalidad y contenido

El Inventario General se integra por el inventario del Patrimonio de la Administración de la Junta y por los de los patrimonios propios de las agencias. La Dirección General de Patrimonio lo diseña, organiza, coordina y desarrolla, y forma el de la Administración con los órganos que tienen bienes adscritos como auxiliares; cada agencia forma el suyo. Quedan excluidos los muebles consumibles de vida útil inferior a un año o de valor unitario inferior al límite que fije la Consejería. Es público, electrónico y georreferenciado.

Artículo 159. Acceso a la información

El Inventario General no es registro público: sus datos son información de apoyo para la gestión interna y la definición de políticas autonómicas, no surten efectos frente a terceros ni sirven para hacer valer derechos frente a la Administración de la Junta o sus agencias. Otras Administraciones acceden según criterios de competencia, idoneidad y proporcionalidad, y la consulta la plantea su órgano competente en materia de patrimonio. Los terceros consultan cuando los datos formen parte de un expediente; la ciudadanía, conforme a la legislación de transparencia.

Artículo 160. Reflejo contable y actualización de la valoración

Todos los hechos y operaciones que afecten a los bienes y derechos integrantes del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrán reflejo contable, en los términos que determine la normativa de contabilidad aplicable. La valoración de los bienes y derechos inventariados y su actualización seguirán los criterios aplicados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Andalucía y, en especial, con las normas valorativas que según ese Plan tengan carácter obligatorio.

Artículo 161. Obligatoriedad de la inscripción

Los bienes y derechos inscribibles, demaniales o patrimoniales, y sus actos y contratos deben inscribirse en los registros públicos; la de arrendamientos de inmuebles en el Registro de la Propiedad es potestativa. Con carácter general inscribe la Dirección General de Patrimonio; las expropiaciones, el órgano que ejerza la potestad expropiatoria; concesiones y arrendamientos, quien los otorga o celebra; obras nuevas, el órgano de contratación; otros registros, el órgano de adscripción. Se anota en el Inventario y se inscribe a nombre de la Junta de Andalucía o de la agencia.

Artículo 162. Certificación administrativa

Por certificación administrativa pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma. La emite la Dirección General de Patrimonio para el Patrimonio de la Administración de la Junta y, en las agencias, los órganos que tengan atribuida la competencia. Sirve para cancelar o rectificar inscripciones: a) sin título escrito de dominio; b) inmueble inexistente o ilocalizable, con informe técnico preceptivo; c) mejor derecho de un tercero o doble inmatriculación, con informe previo del Gabinete Jurídico o del órgano asesor de la agencia.

Artículo 163. Actos con trascendencia registral y catastral

Para las actuaciones registrales y catastrales distintas de las recogidas en el artículo 161, el artículo distingue dos patrimonios. Si los bienes y derechos son del Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, son competentes tanto la Dirección General de Patrimonio, en colaboración con sus servicios periféricos, como las consejerías o agencias a las que estuvieran adscritos o a las que corresponda su gestión. Si son del patrimonio de las agencias, las acuerdan los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida esa competencia.

Artículo 164. Comunicaciones en materia de Registro de la Propiedad

Las comunicaciones de los registradores de la propiedad al conocer bienes o derechos de la Administración de la Junta de Andalucía no inscritos debidamente, por inscripciones de exceso de cabida o inmatriculaciones de fincas colindantes a su Patrimonio, o en cualquier otro supuesto de la normativa general sobre patrimonio de las Administraciones públicas y de la normativa hipotecaria, se dirigirán a la Dirección General de Patrimonio. Si los bienes y derechos son de titularidad de las agencias, se dirigirán directamente a estas.

Artículo 165. Aranceles aplicables por los registradores de la propiedad

El órgano competente debe verificar que el arancel registral que tengan que satisfacer la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias por la práctica de los asientos se haya calculado incluyendo la reducción en el porcentaje previsto en la normativa arancelaria registral.

Artículo 166. Facultades y prerrogativas

Para defender su patrimonio, la Administración de la Junta y sus agencias pueden: investigar los bienes y derechos que presumiblemente les pertenezcan, deslindar en vía administrativa sus inmuebles, recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida y desahuciar en vía administrativa a los poseedores de inmuebles demaniales una vez extinguido el título. Las agencias públicas empresariales solo las ejercen para defender bienes demaniales. De los procedimientos y de su resolución se deja constancia en el Inventario General.

Artículo 167. Facultad de inspección

La Administración de la Junta y sus agencias pueden inspeccionar su patrimonio para identificarlo, comprobar su estado de conservación, uso o destino, o ejercer las facultades del artículo 166. Es independiente y compatible con cualquier derecho de supervisión fijado en un título a favor de un tercero. En el Patrimonio de la Administración de la Junta la ejercen indistintamente la Dirección General de Patrimonio o la Consejería o agencia de adscripción; en bienes de las agencias, estas. Cabe en cualquier momento y sin anuncio previo, sin perjuicio de la autorización judicial.

Artículo 168. Ejecución forzosa

Ante la resistencia u obstaculización al ejercicio de las facultades y prerrogativas del capítulo pueden adoptarse, previo apercibimiento, las medidas conducentes a su ejecución. Caben multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes o derechos afectados, reiteradas por periodos de quince días. Sin tasación actualizada, puede tomarse el valor del inventario, o el catastral o el de referencia del Catastro si fueran superiores. Multas, gastos de la ejecución forzosa (a cargo de la persona responsable) y daños y perjuicios pueden cobrarse por apremio.

Artículo 169. Objeto

La facultad de investigación sirve para acreditar que un bien o derecho pertenece al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Solo entra en juego cuando su titularidad no consta de modo cierto: ese es el presupuesto del que depende. Recae tanto sobre bienes como sobre derechos.

Artículo 170. Órganos competentes

Bienes y derechos presumiblemente de la Administración de la Junta de Andalucía: competente la Dirección General de Patrimonio. Excepción: si son bienes muebles, la Consejería o agencia de adscripción, aquella a la que hayan de quedar adscritos o, en su defecto, la competente por razón de la materia. Bienes presuntamente del patrimonio de las agencias: los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida la competencia.

Artículo 171. Procedimiento de investigación

El procedimiento de investigación se inicia de oficio: iniciativa propia, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia; si hay denuncia, no iniciarlo exige motivación y notificación a los denunciantes. El acuerdo de incoación se publica en el BOJA. La propuesta de resolución la informa el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o el órgano de asesoramiento jurídico de la agencia. Acreditada la titularidad, se resuelve, se valora el bien, se incluye en el Inventario General y se inscribe en el Registro de la Propiedad. Caduca a los dos años del acuerdo de inicio.

Artículo 172. Objeto

El deslinde delimita los bienes inmuebles de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de otros que pertenecen a terceros. Procede en tres casos: límites desconocidos, límites imprecisos o indicios de usurpación. Conforme a la normativa básica de patrimonio de las Administraciones públicas, una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.

Artículo 173. Órganos competentes

Bienes y derechos del Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía: incoa, instruye y resuelve la Consejería o agencia que los tenga adscritos. Bienes y derechos de las agencias: los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida la competencia. En todo caso, la Dirección General de Patrimonio podrá requerir al órgano o entidad competente para que inicie el deslinde. Los terrenos sobrantes de deslindes de bienes demaniales podrán desafectarse en la forma del capítulo III del título I.

Artículo 174. Procedimiento de deslinde

El deslinde se inicia de oficio: iniciativa propia, orden superior, petición de otro órgano o entidad pública afectada o del propietario colindante. Si lo pide el colindante, los gastos son a su costa, con conformidad expresa en el expediente, y cabe el apremio. El acuerdo de inicio se comunica al Registro de la Propiedad, se publica en el BOJA y se notifica a los colindantes que puedan verse afectados. Informa la propuesta el Gabinete Jurídico o el órgano asesor jurídico de la agencia. Firme la resolución, se amojona si es necesario. Caduca a los dieciocho meses del acuerdo de inicio.

Artículo 175. Objeto

La recuperación posesoria restituye de oficio la posesión indebidamente perdida de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Demaniales: en cualquier momento. Patrimoniales: en vía administrativa solo si la iniciación del procedimiento se notifica antes de que transcurra un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación; pasado ese año, hay que ejercitar las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Artículo 176. Órganos competentes

Incoa e instruye la Consejería o agencia a la que estén adscritos los bienes. Resuelve la Dirección General de Patrimonio respecto de los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía; si son bienes muebles, resuelve el órgano de adscripción o el competente por razón de la materia. Bienes de las agencias: incoan, instruyen y resuelven los órganos con atribución legal o estatutaria. Bienes demaniales del patrimonio arqueológico: todo el procedimiento, la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico.

Artículo 177. Ejercicio de la potestad de recuperación

La recuperación se inicia de oficio: iniciativa propia, orden superior, petición de otro órgano o denuncia. Si la denuncia invoca un perjuicio en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, no iniciar debe motivarse y se notifica la decisión a los denunciantes. Previa audiencia y comprobada la usurpación, se requiere a la persona ocupante que cese en plazo no superior a diez días. La resolución es ejecutiva y no se admiten interdictos contra la Administración. Los gastos son de cuenta de quien causó la usurpación, exigibles por apremio. Caduca a los doce meses del acuerdo de inicio.

Artículo 178. Objeto

La facultad de desahucio sirve para recuperar en vía administrativa la posesión de los bienes demaniales. Procede cuando decaen o desaparecen el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.

Artículo 179. Órganos competentes

La competencia para ejercer la potestad de desahucio corresponde a la persona titular de la Consejería o de la agencia a la que se encuentre adscrito el bien. El criterio es la adscripción: si el bien está adscrito a una Consejería, su titular; si lo está a una agencia, la persona titular de esta.

Artículo 180. Ejercicio de la potestad de desahucio

El desahucio se inicia de oficio: iniciativa propia, orden superior, petición de otro órgano o denuncia. Exige la previa declaración de extinción o caducidad del título que justificaba el uso de los bienes ocupados, hecha previa instrucción de un procedimiento con audiencia a la persona interesada. La propuesta la informa el Gabinete Jurídico o el órgano de asesoramiento jurídico de la agencia. La resolución es ejecutiva, se notifica y se requiere a la persona detentadora que desocupe o entregue el bien en plazo no superior a diez días. Caduca a los doce meses del acuerdo de inicio.

Artículo 181. Régimen jurídico

La potestad sancionadora se rige por los principios del capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, en el marco de este título y de la Ley 39/2015. Cometen infracción las personas físicas o jurídicas responsables dolosa o negligentemente de causar daños o perjuicios en bienes o derechos de la Comunidad Autónoma, o que los ocupen, utilicen, retengan o alteren indebidamente o incumplan sus deberes para con ellos, según lo tipificado en este título. Si el responsable está sometido al régimen de empleado público de la Administración de la Junta, rige el disciplinario de la Ley 5/2023.

Artículo 182. Infracciones

Los daños al patrimonio se gradúan por su importe: leve si no excede de 10.000 euros, grave si supera 10.000 y no excede de 500.000, y muy grave si supera 500.000; la infracción del deber de custodia sigue la misma escala. Es muy grave también la usurpación. Son graves las obras no autorizadas, retener bienes extinguido el título, usarlos sin título o de forma indebida, dificultar gravemente un servicio público, no colaborar y contravenir una cesión gratuita. Son leves el incumplimiento por los usuarios y cualquier otro incumplimiento.

Artículo 183. Sanciones

Multas: del tanto al duplo del valor de los daños en los supuestos de los apartados 1.a), 2.a) y 3.a) del artículo 182; para el resto, de 100.001 a 500.000 euros las muy graves, de 10.001 a 100.000 las graves y de 600 a 10.000 las leves. La reincidencia en graves o muy graves en tres años naturales permite inhabilitar de uno a tres años. La subsanación atenúa y permite reducir la multa hasta la mitad de la cuantía inferior; la falta de colaboración agrava. La valoración de los daños requiere informe del órgano competente en materia de patrimonio.

Artículo 184. Prescripción

Las infracciones prescriben al año si son leves, a los dos años si son graves y a los tres años si son muy graves. Las sanciones prescriben en esos mismos plazos: un año, dos años y tres años en caso de infracciones leves, graves y muy graves, respectivamente. El cómputo de estos plazos se efectúa de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 185. Órganos competentes

En los bienes y derechos de la Administración de la Junta de Andalucía resuelven los procedimientos sancionadores: la persona titular de la Dirección General de Patrimonio (infracciones leves), la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio (graves) y el Consejo de Gobierno (muy graves). En los de las agencias, las leves las resuelven los órganos competentes según su norma de creación o sus estatutos; las graves y muy graves, los órganos del apartado 1.

Artículo 186. Procedimiento sancionador

Para imponer las sanciones de este título se sigue el procedimiento del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especialidades previstas para el procedimiento sancionador. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores es de seis meses, contados desde la fecha del acuerdo de inicio.

Artículo 187. Ejecución

Las sanciones y obligaciones pecuniarias de este título pueden exigirse por apremio sobre el patrimonio de la persona infractora (capítulo VII del título IV de la Ley 39/2015). Si no restituye, repone o repara, cuando sea posible, el órgano competente para sancionar puede imponer multas coercitivas: reiterables por lapsos no inferiores a quince días y de hasta 3.000 euros cada una, según el retraso y la naturaleza y cuantía de los perjuicios. Si persiste la resistencia, o por eficacia o urgencia, procede la ejecución forzosa subsidiaria y, en su caso, la compulsión directa sobre las personas.

Artículo 188. Convenios patrimoniales y urbanísticos

La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias pueden celebrar protocolos generales de actuación, convenios o instrumentos similares con otras Administraciones públicas o con personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, para ordenar sus relaciones patrimoniales y urbanísticas en un determinado ámbito o para realizar actuaciones de esta ley sobre los bienes y derechos de sus respectivos patrimonios. Se les aplican las disposiciones básicas del capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015 y el capítulo II del título I de la Ley 9/2007.

Artículo 189. Libertad de estipulaciones

Los convenios del artículo 188 admiten las estipulaciones que se estimen necesarias o convenientes, salvo las contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración. Pueden ser meramente orientativos (declaraciones de intención) o recoger compromisos de operaciones concretas y determinadas, en cuyo caso son inmediatamente ejecutivos y obligatorios, forman un único negocio jurídico complejo y son título suficiente para inscribir. Su plazo es determinado (artículo 49 de la Ley 40/2015) y no afecta a la duración de las operaciones que conlleven.

Artículo 190. Órganos competentes

En la Administración de la Junta celebra estos convenios la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, por propia iniciativa o a petición razonada de la Consejería o agencia interesada. En las agencias, sus órganos competentes legal o estatutariamente, previa autorización de la Dirección General de Patrimonio si se trata de inmuebles o derechos sobre estos y la operación lo exigiese. Los titulares de consejerías y agencias pueden convenir sobre los bienes adscritos, previo informe favorable de esa Dirección General. Siempre, informe previo del Gabinete Jurídico.

Artículo 191. Comunicación de actuaciones urbanísticas e informe sectorial en materia de patrimonio

La aprobación de avance, inicial y definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística, y la modificación de las calificaciones de uso en los ya aprobados, deben notificarse con su documentación a la Dirección General de Patrimonio cuando afecten a bienes de la Administración de la Junta de Andalucía; si son de las agencias, a estas. Además, la aprobación inicial que afecte a bienes demaniales se somete a informe de la Dirección General de Patrimonio, o de las agencias si son suyos: no vinculante, plazo de tres meses y sentido favorable si no se emite.

Artículo 192. Ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística

Las cesiones y demás operaciones patrimoniales derivadas de la ejecución urbanística se rigen por la legislación urbanística, con estricta equidistribución de beneficios y cargas, y las acuerdan los órganos previstos en esta ley para cada negocio. Incorporar bienes demaniales a la ejecución del planeamiento exige desafectación previa si los usos previstos no son compatibles con los fines de la afectación (agencias: artículo 30). La incorporación de la Administración de la Junta de Andalucía exige adhesión expresa de la Dirección General de Patrimonio o de la agencia titular.

Artículo 193. Régimen urbanístico de los inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía

La ordenación urbanística que establezca la calificación en ningún caso afecta ni desafecta los inmuebles. La Dirección General de Patrimonio comunica la desafectación a las autoridades urbanísticas para que otorguen la nueva calificación, respetando la equidistribución de beneficios y cargas. Si pasan dos años desde que se notificó la desafectación sin nueva calificación, lo comunica al ayuntamiento, que responde desde esta notificación de su custodia y mantenimiento. Pasado el plazo para instar la expropiación por ministerio de la ley, la Dirección General instará la expropiación forzosa.

Artículo 1. Objeto de la ley

La Ley 33/2003 tiene un doble objeto: por un lado, establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas; por otro, regular la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes se rige por esta ley. A las comunidades autónomas, a las entidades de la Administración local y a sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes solo se les aplican los artículos o partes de artículos que enumera la disposición final segunda.

Artículo 3. Concepto

El patrimonio de las Administraciones públicas es el conjunto de sus bienes y derechos, sea cual sea su naturaleza y el título por el que los adquirieron o se les atribuyeron. Quedan fuera el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de su hacienda y, en las entidades públicas empresariales y análogas de comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que forman su tesorería.

Artículo 4. Clasificación

Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos del patrimonio de las Administraciones públicas se clasifican en dos grupos: de dominio público o demaniales, y de dominio privado o patrimoniales.

Artículo 5. Bienes y derechos de dominio público o demaniales

Son de dominio público los bienes y derechos de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público, y aquellos a los que una ley dé expresamente carácter demanial. Son en todo caso de dominio público estatal los del artículo 132.2 CE y los inmuebles de la AGE o sus organismos que alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de órganos constitucionales. Se rigen por sus leyes especiales; a falta de ellas, por esta ley; supletoriamente, por el derecho administrativo y, en su defecto, por el privado.

Artículo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público

La gestión y administración de los bienes demaniales se ajusta a siete principios: a) inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad; b) adecuación y suficiencia para su destino; c) aplicación efectiva al uso general o servicio público, salvo razones de interés público debidamente justificadas; d) dedicación preferente al uso común frente al privativo; e) ejercicio diligente de las prerrogativas, garantizando conservación e integridad; f) identificación y control mediante inventarios o registros; g) cooperación y colaboración entre Administraciones.

Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales

Son patrimoniales los bienes y derechos de titularidad de las Administraciones públicas que no sean demaniales. En la AGE y sus organismos son siempre patrimoniales los arrendamientos, las acciones, participaciones y obligaciones de sociedades mercantiles, los futuros y opciones sobre ellas, la propiedad incorporal y los derechos derivados de bienes patrimoniales. Se rigen por esta ley; supletoriamente, por el derecho administrativo en competencia y procedimiento, y por el privado en lo demás.

Artículo 8. Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales

La gestión de los bienes patrimoniales se ajusta a cinco principios: a) eficiencia y economía en la gestión; b) eficacia y rentabilidad en la explotación; c) publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en adquisición, explotación y enajenación; d) identificación y control mediante inventarios o registros; e) colaboración y coordinación entre Administraciones. Además, debe coadyuvar a las políticas públicas en vigor y, en particular, a la política de vivienda, en coordinación con las Administraciones competentes.

Artículo 9. Concepto

El Patrimonio del Estado lo integran el patrimonio de la Administración General del Estado y los de sus organismos públicos dependientes o vinculados. Los bienes de titularidad de la AGE los gestiona, administra y explota el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado; los de titularidad de los organismos públicos, ellos mismos, según sus normas de creación, organización o estatutos y siempre con sujeción a esta ley.

Artículo 10. Competencias

Reparte las competencias sobre el Patrimonio del Estado. Consejo de Ministros (a propuesta del Ministro de Hacienda): definir la política patrimonial y los criterios de actuación coordinada. Ministro de Hacienda: proponer reglamentos, velar por la política patrimonial, aprobar a propuesta de la DGPE los índices de ocupación de edificios administrativos. Departamentos ministeriales: ejecutar esa política y solicitar afectaciones. DGPE: proponer, supervisar y gestionar los bienes patrimoniales de la AGE. Organismos públicos: gestionar sus bienes.

Artículo 11. Desconcentración y avocación de competencias

Las competencias de adquisición, gestión, administración y enajenación de bienes y derechos del Patrimonio del Estado pueden desconcentrarse por real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. El Consejo de Ministros puede avocar discrecionalmente cualquiera de esos actos, y el órgano competente puede proponer al Ministro de Hacienda que se eleve el asunto al Consejo de Ministros.

Artículo 12. Actuación frente a terceros

La representación de la AGE en las actuaciones sobre sus bienes y derechos patrimoniales corresponde al Ministerio de Hacienda, que la ejerce por la Dirección General del Patrimonio del Estado y las Delegaciones de Economía y Hacienda; en el exterior, por el representante diplomático, que puede delegarla expresamente en funcionarios de la embajada o representación. La de los organismos públicos corresponde a quien la tenga legal o estatutariamente atribuida y, si no, a sus presidentes o directores. La representación en juicio se rige por la Ley 52/1997.

Artículo 13. Coordinación

En todos los departamentos ministeriales y organismos públicos existirán unidades encargadas de administrar, gestionar y conservar los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que tengan afectados o adscritos o cuya gestión les corresponda. Estas unidades coordinan su actuación con la Dirección General del Patrimonio del Estado. Además, el Ministerio de Hacienda estará representado en todas las entidades públicas que utilicen bienes o derechos del patrimonio de la AGE.

Artículo 14. Colaboración

El Ministerio de Hacienda, los departamentos ministeriales y los organismos públicos de la AGE colaboran recíprocamente en la gestión del Patrimonio del Estado. Departamentos y organismos pueden pedir a Hacienda los datos que necesiten para usar mejor los bienes afectados o adscritos; y Hacienda, a través de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales o de la DGPE, puede pedirles datos sobre uso y situación de los bienes afectados, adscritos, arrendados o propios.

Artículo 15. Modos de adquirir

Las Administraciones públicas pueden adquirir bienes y derechos por cualquier modo previsto en el ordenamiento jurídico. El artículo destaca en particular cinco: a) por atribución de la ley; b) a título oneroso, con o sin ejercicio de la potestad de expropiación; c) por herencia, legado o donación; d) por prescripción; e) por ocupación.

Artículo 16. Carácter patrimonial de los bienes adquiridos

Salvo que una ley disponga otra cosa, los bienes y derechos que adquieren la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos como patrimoniales. Ello no impide que después se afecten al uso general o al servicio público.

Artículo 17. Inmuebles vacantes

Los inmuebles sin dueño pertenecen a la AGE, que los adquiere por ministerio de la ley, sin acto ni declaración alguna. Mientras no se incorporen efectivamente a su patrimonio por los trámites del artículo 47.d), no le generan obligaciones tributarias ni responsabilidades. Puede tomar posesión en vía administrativa si nadie los posee a título de dueño, sin perjuicio de terceros; si hay un poseedor en concepto de dueño, debe acudir a la jurisdicción civil.

Artículo 18. Saldos y depósitos abandonados

Son de la AGE los valores, dinero y demás muebles depositados en la Caja General de Depósitos o en entidades financieras, y los saldos de cuentas y libretas, si los interesados no realizan gestión alguna que implique ejercer su propiedad en veinte años. El efectivo y los saldos financian programas educativos y de accesibilidad para personas con discapacidad; los demás bienes los gestiona la DGPE, que puede enajenarlos. Las entidades depositarias deben comunicarlo a Hacienda y las auditorías deben reflejarlo.

Artículo 19. Adquisiciones a título oneroso

Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y voluntarias se rigen, en primer lugar, por esta ley y, de forma supletoria, por las normas del derecho privado, ya sea civil o mercantil.

Artículo 20. Normas especiales para las adquisiciones hereditarias

Las herencias se aceptan siempre a beneficio de inventario. Si una disposición gratuita se hace a una Administración para fines de competencia exclusiva de otra, se notifica a esta para que la acepte. Sin beneficiario, se entiende hecha a la Administración competente y, si concurren varias, a la de ámbito territorial superior según el domicilio del causante. Lo dejado a órganos estatales o al Estado se defiere a la AGE; lo dejado a órganos desaparecidos, a quien asumió sus funciones. La AGE o la comunidad autónoma llamada declara en vía administrativa su condición de heredero abintestato.

Artículo 20 bis. Procedimiento para la declaración de la Administración del Estado como heredera abintestato

El procedimiento de declaración de la Administración como heredera abintestato se inicia de oficio; en la AGE lo incoa el Director General del Patrimonio del Estado. Lo instruye la Delegación de Economía y Hacienda del último domicilio del causante en España (o, si nunca lo tuvo, la del lugar de la mayor parte de sus bienes). El acuerdo se publica en el BOE y en la web de Hacienda, con edictos en ayuntamientos durante un mes. Informa la Abogacía del Estado provincial; resuelve el Director General, previo informe de la Abogacía General, en un plazo máximo de un año.

Artículo 20 ter. Efectos de la declaración de heredero abintestato

La declaración administrativa de heredero abintestato implica aceptar a beneficio de inventario y permite tomar posesión de los bienes. Los bienes hallados después se incorporan y adjudican por resolución del Director General del Patrimonio del Estado, o por acuerdo del Delegado de Economía y Hacienda si la titularidad del causante es indubitada (registros, cuentas, valores). Esas resoluciones son título para inscribir o inmatricular. No hay responsabilidad de la AGE hasta la entrega o posesión efectiva, y la herencia está en administración hasta aprobarse la cuenta de liquidación.

Artículo 20 quáter. Liquidación del caudal hereditario

En posesión de la herencia, la AGE liquida los bienes y reparte lo obtenido según el artículo 956 del Código Civil. El Consejo de Ministros puede excluir de la liquidación todos o algunos bienes; el Director General del Patrimonio del Estado, los que convenga conservar para fines o servicios propios, compensando el exceso si superan el tercio de la AGE. Aprobada la cuenta e ingresado el importe, se genera crédito por las dos terceras partes del caudal relicto para fines de interés social. Para el premio por denuncia, con el artículo 1006 CC se suman ambos caudales.

Artículo 21. Adquisiciones a título gratuito

Acepta herencias, legados y donaciones a favor de la AGE el Ministro de Hacienda, salvo competencia del Ministro de Cultura por la Ley del Patrimonio Histórico; las donaciones de muebles con fin señalado las acepta el Ministro del departamento competente. En los organismos públicos aceptan sus presidentes o directores. Solo se aceptan disposiciones con gravamen si este no excede del valor de lo adquirido, según tasación pericial, o, si excede, por razones de interés público justificadas. La afectación permanente se entiende cumplida a los 30 años.

Artículo 22. Prescripción adquisitiva

Artículo 23. Ocupación

Artículo 24. Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria

Las adquisiciones por expropiación se rigen por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, la Ley 6/1998 del suelo u otras normas especiales. La afectación al uso general, al servicio público o a fines públicos se entiende implícita en la expropiación. La desafectación o mutación de destino posteriores no dan derecho a reversión si se hacen con los requisitos legales. La reversión la ofrece y tramita el ministerio u organismo que instó la expropiación, aunque el bien se afectara después a otro, y su reconocimiento implica la desafectación.

Artículo 25. Adjudicación de bienes y derechos en procedimientos de ejecución

Las adjudicaciones de bienes en procedimientos de apremio administrativo se rigen por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. En los procedimientos judiciales de ejecución que puedan acabar en adjudicaciones a favor de la AGE, el Abogado del Estado comunicará inmediatamente al Delegado de Economía y Hacienda la apertura de los plazos para pedir la adjudicación de los bienes embargados, para que este decida si conviene solicitarla.

Artículo 26. Adjudicaciones de bienes y derechos en otros procedimientos judiciales o administrativos

Las demás adjudicaciones judiciales o administrativas se rigen por sus normas y por esta ley. Sin previsiones especiales, para adjudicar a la AGE: a) hace falta informe previo del Delegado de Economía y Hacienda, al que se comunica el bien, sus cargas y su situación posesoria; b) la adjudicación se notifica a la Delegación; c) la Delegación identifica y tasa pericialmente los bienes; d) después se formaliza la incorporación. Para los organismos públicos rigen esas reglas, pero la adjudicación la autoriza su presidente o director.

Artículo 27. Toma de posesión de los bienes adjudicados

La Administración puede tomar posesión de los bienes que se le hayan adjudicado en vía administrativa, sin acudir a los tribunales. Si es necesario, puede ejercer la potestad de desahucio que regula la sección 5.ª del capítulo V del título II de esta ley.

Artículo 28. Extensión

Las Administraciones públicas tienen la obligación de proteger y defender su patrimonio. Para ello deben proteger adecuadamente sus bienes y derechos, procurar su inscripción registral y ejercer las potestades administrativas y las acciones judiciales que procedan.

Artículo 29. Deber de custodia

Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del Patrimonio del Estado deben velar por su custodia y defensa en los términos de este título. Las mismas obligaciones tienen los titulares de concesiones y otros derechos sobre bienes de dominio público.

Artículo 30. Régimen de disponibilidad de los bienes y derechos

Los bienes demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los patrimoniales pueden enajenarse con el procedimiento y requisitos legales y pueden adquirirse por terceros por prescripción. No se pueden embargar los patrimoniales afectados materialmente a un servicio o función pública, entre otros supuestos. Si se embarga uno de la AGE, el departamento responsable compensa la pérdida. En embargos por deudas tributarias solo se acumulan deudas de un único obligado.

Artículo 31. Transacción y sometimiento a arbitraje

No se puede transigir, judicial ni extrajudicialmente, sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas sobre ellos, salvo mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.

Artículo 32. Obligación de formar inventario

Las Administraciones públicas deben inventariar sus bienes y derechos con detalle suficiente para identificarlos y reflejar su situación jurídica y su destino o uso. El Inventario General del Estado incluye todo el Patrimonio del Estado, salvo lo adquirido por organismos para devolverlo al tráfico o para provisiones técnicas obligatorias y lo que inventarían departamentos y organismos. Las acciones de sociedades mercantiles van a la contabilidad patrimonial y a un inventario auxiliar. El de CCAA y entidades locales incluirá, al menos, los inmuebles y los derechos reales sobre ellos.

Artículo 33. Estructura y organización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado

El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado está a cargo del Ministerio de Hacienda; lo lleva la DGPE, con las unidades patrimoniales de departamentos y organismos como órganos auxiliares. La DGPE inventaría directamente inmuebles y derechos reales, arrendamientos, muebles e incorporales no asignados a otros y valores y acciones. Departamentos y organismos inventarían, entre otros, sus muebles e infraestructuras. El Inventario no es registro público, sus datos no surten efectos frente a terceros y solo se consultan si forman parte de un expediente.

Artículo 34. Formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado

Las unidades de gestión patrimonial deben adoptar medidas para que conste de inmediato en el Inventario General del Estado todo hecho, acto o negocio relativo a sus bienes, y notificar a la DGPE los que afecten a la situación jurídica o física, o al destino o uso, de los bienes cuyo inventario lleva ese centro directivo. El Ministerio de Hacienda puede dictar instrucciones sobre la formación y actualización del Inventario y pedir los datos o documentos que necesite.

Artículo 35. Control de la inscripción en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado

No pueden realizarse actos de gestión o disposición sobre bienes del Patrimonio del Estado que no estén debidamente inscritos en el Inventario General. La verificación de altas, bajas y modificaciones del inventario forma parte del control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado. Las Abogacías del Estado advertirán en sus informes sobre la obligación de inventariar cuando no les conste la inclusión.

Artículo 36. Obligatoriedad de la inscripción

Las Administraciones públicas están obligadas a inscribir en los registros sus bienes y derechos inscribibles, demaniales o patrimoniales, y los actos y contratos sobre ellos con acceso registral; solo es potestativa la inscripción de los arrendamientos inscribibles. La solicita el órgano que adquirió el bien, dictó el acto o intervino en el contrato o, en su caso, el que lo administra y gestiona. En la AGE y sus organismos autónomos informa la Abogacía del Estado; en otras entidades dependientes, su órgano de asesoramiento jurídico.

Artículo 37. Título inscribible

La certificación del art. 206 sirve para reanudar el tracto si los titulares contradictorios no se oponen en 30 días desde el traslado; si son desconocidos, cuando las inscripciones tengan más de 30 años sin alteración y se publiquen edictos 30 días. La certificación administrativa permite cancelar o rectificar inscripciones a favor de la Administración por inexistencia de la finca (informe técnico) o mejor derecho de un tercero (informe de la Abogacía del Estado u órgano asesor). La orden estimatoria de la reclamación previa a la vía civil, notificada, es título para rectificar.

Artículo 38. Comunicación de ciertas inscripciones

Cuando se inscriben excesos de cabida o inmatriculaciones de fincas colindantes con otras de una Administración pública, el Registrador, además de hacer constar la limitación de efectos del art. 207 LH, debe comunicarlo a los órganos que administran esas fincas, indicando el titular (nombre, apellidos y domicilio si consta), la descripción de la finca y la mayor cabida. Si las colindantes son de la Administración General del Estado, se comunica al Delegado de Economía y Hacienda.

Artículo 39. Promoción de la inscripción

Si los registradores de la propiedad conocen la existencia de bienes o derechos de las Administraciones públicas que no estén debidamente inscritos, deben comunicarlo a los órganos a los que corresponda su administración, para que sean éstos quienes insten lo que proceda.

Artículo 40. Aranceles aplicables por los registradores de la propiedad

Cuando las obligadas al pago son Administraciones públicas, el arancel de los registradores por la práctica de los asientos se reduce. La cuantía de la reducción no la fija este artículo: es el porcentaje que establezca la normativa arancelaria registral.

Artículo 41. Facultades y prerrogativas

Para defender su patrimonio, las Administraciones tienen cuatro prerrogativas: investigar la situación de bienes y derechos presuntamente suyos, deslindar en vía administrativa sus inmuebles, recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida y desahuciar en vía administrativa a los poseedores de inmuebles demaniales extinguido su título. Las cuestiones civiles que surjan las conocen los órganos del orden civil. Las entidades públicas empresariales y asimilables solo pueden ejercerlas sobre bienes demaniales.

Artículo 42. Adopción de medidas cautelares

Iniciado un procedimiento para ejercer las potestades de defensa del patrimonio, el órgano competente para resolverlo puede adoptar las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia del acto final, conforme al art. 72 de la Ley 30/1992. Si hay peligro inminente de pérdida o deterioro del bien, puede adoptarlas incluso antes de iniciar el procedimiento, con los requisitos del art. 72.2.

Artículo 43. Régimen de control judicial

Contra las actuaciones de defensa patrimonial hechas conforme al procedimiento no cabe la tutela sumaria de la posesión (art. 250.4.º LEC) y esas demandas no se admiten. Los actos que afecten a derechos civiles solo son recurribles en vía contencioso-administrativa por infracción de normas de competencia y procedimiento, agotada la vía administrativa. Quien se considere perjudicado en su propiedad u otros derechos civiles puede acudir al orden civil, previa reclamación en vía administrativa.

Artículo 44. Comunicación de hechos punibles

Si al instruir los procedimientos de defensa del patrimonio aparecen indicios de delito o falta penal, previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano de asesoramiento jurídico de la entidad pública, los hechos se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal, y el procedimiento administrativo sigue tramitándose.

Artículo 45. Facultad de investigación

Las Administraciones públicas pueden investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio para determinar su titularidad cuando ésta no les conste de modo cierto.

Artículo 46. Órganos competentes

En bienes y derechos presuntamente de la AGE, incoa y resuelve la investigación el Director General del Patrimonio del Estado; en los de organismos públicos dependientes o vinculados, sus presidentes o directores. En la AGE y sus organismos autónomos es preceptivo el informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado antes de resolver, salvo que se resuelva el archivo; en otras entidades dependientes, el de su órgano de asesoramiento jurídico.

Artículo 47. Procedimiento de investigación

El procedimiento de investigación se inicia de oficio, por iniciativa propia o por denuncia; ante denuncia, la Dirección General del Patrimonio del Estado decide su admisibilidad. La incoación se publica gratis en el BOE y se remite copia al ayuntamiento para su tablón. La Abogacía del Estado u órgano asesor informa sobre la admisibilidad de las pruebas. Acreditada la titularidad, se declara, se tasa, se incluye en el Inventario y se inscribe. Si no se resuelve en dos años desde el día siguiente a la publicación en el BOE, se archiva.

Artículo 48. Premio por denuncia

Quien, sin estar obligado por su cargo o funciones, denuncia con los requisitos reglamentarios bienes o derechos presuntamente públicos cobra como premio el 10 % de su valor, si se incorporan al Patrimonio del Estado y la incorporación no se revoca. La resolución final dice si la denuncia reúne los requisitos. El premio se devenga al venderse los bienes, sobre el importe líquido de la venta; si no se venden, puede reclamarse a los cinco años de la incorporación, sin procedimiento pendiente de revocación, sobre el valor catastral.

Artículo 49. Asignación de fincas de reemplazo en procedimientos de concentración parcelaria

Cuando en una concentración parcelaria se asignan a la Administración General del Estado fincas de reemplazo sin titular, no hace falta tramitar el procedimiento de investigación. El acto o acuerdo de asignación es título suficiente para que la Administración tome posesión de ellas y las inscriba a su favor.

Artículo 50. Potestad de deslinde

Las Administraciones públicas pueden deslindar sus inmuebles de los de terceros en dos supuestos: cuando los límites sean imprecisos o cuando existan indicios de usurpación. Iniciado el deslinde administrativo y mientras se tramita, no puede instarse un procedimiento judicial con la misma pretensión.

Artículo 51. Órganos competentes

Deslinde de bienes patrimoniales de la AGE: lo incoa el Director General del Patrimonio del Estado, lo instruyen los Delegados de Economía y Hacienda y lo resuelve el Ministro de Hacienda. En bienes demaniales de la AGE, la incoación corresponde al titular del departamento ministerial que los tenga afectados o al que corresponda su gestión o administración. En bienes propios o adscritos a organismos públicos, la competencia es de sus presidentes o directores.

Artículo 52. Procedimiento de deslinde

El deslinde se inicia de oficio, por iniciativa propia o a petición de los colindantes, que pagan entonces los gastos (con su conformidad expresa y cobrables por apremio). El inicio se comunica al Registro para nota marginal, se publica gratis en el BOE y en el tablón del ayuntamiento y se notifica a los titulares de fincas colindantes. La resolución requiere informe de la Abogacía del Estado u órgano asesor, se notifica y se publica; firme, se amojona si hace falta y se inscribe. Plazo máximo: 18 meses desde el acuerdo de iniciación; si no, caducidad y archivo.

Artículo 53. Inscripción

Si la finca deslindada está inscrita en el Registro de la Propiedad, el deslinde administrativo también se inscribe, pero solo cuando sea firme. Además, la resolución que aprueba el deslinde es siempre título suficiente para que la Administración inmatricule los bienes, si contiene los demás extremos que exige el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Artículo 54. Sobrantes de deslindes de dominio público

Los terrenos sobrantes de los deslindes de inmuebles demaniales pueden desafectarse según el capítulo I del título III. A esos deslindes acude un representante del Ministerio de Hacienda cuando la competencia no sea de este departamento, citado a través de la Delegación de Economía y Hacienda donde radiquen los bienes. El Director General del Patrimonio del Estado puede instar a ministerios y organismos el deslinde de sus inmuebles demaniales para precisar su extensión y detectar sobrantes.

Artículo 55. Potestad de recuperación posesoria

Las Administraciones pueden recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida de sus bienes y derechos. Si son demaniales, en cualquier tiempo. Si son patrimoniales, la vía administrativa exige notificar el inicio del procedimiento antes de un año desde el día siguiente a la usurpación; pasado ese plazo, hay que acudir al orden jurisdiccional civil.

Artículo 56. Ejercicio de la potestad de recuperación

Con audiencia previa y comprobada la usurpación y su fecha de inicio, se requiere al ocupante para que cese en un plazo no superior a ocho días. Si se resiste, se adoptan las medidas de ejecución forzosa: auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o multas coercitivas de hasta el 5 % del valor de los bienes ocupados, reiteradas cada ocho días hasta el desalojo. Los gastos del procedimiento y los daños y perjuicios corren a cargo del usurpador y pueden cobrarse por apremio.

Artículo 57. Órganos competentes

En bienes de la AGE, las medidas de recuperación las acuerda el Delegado de Economía y Hacienda del lugar, dando cuenta al Director General del Patrimonio del Estado, o directamente éste. Si están adscritos a un organismo público o afectados a un ministerio, la competencia es del presidente o director del organismo o del ministro, que deben dar cuenta a la Dirección General del Patrimonio del Estado. En bienes de los organismos públicos estatales, deciden sus directores o presidentes.

Artículo 58. Potestad de desahucio

La potestad de desahucio permite a las Administraciones públicas recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaen o desaparecen el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.

Artículo 59. Ejercicio de la potestad de desahucio

El desahucio exige declarar antes la extinción o caducidad del título de uso del dominio público. Esa declaración, la liquidación posesoria y la indemnización, si procede, se resuelven en vía administrativa con audiencia del interesado. La resolución es ejecutiva, se notifica y se requiere al detentador para desocupar en un plazo no superior a ocho días. Si no lo hace, ejecución forzosa: auxilio policial o multas coercitivas de hasta el 5 % del valor, cada ocho días. Los gastos del desalojo, a su cargo y por apremio.

Artículo 60. Órganos competentes

Es competente para el desahucio administrativo el ministro titular del departamento que tenga afectados o adscritos los bienes o, si se trata de un organismo público, su presidente o director. La competencia sigue, por tanto, al órgano u organismo que tiene los bienes afectados o adscritos.

Artículo 61. Colaboración del personal al servicio de la Administración

El personal de las Administraciones públicas debe colaborar en la protección, defensa y administración del patrimonio público: facilitar a los órganos patrimoniales los informes y documentos que pidan, prestarles auxilio y cooperación y comunicarles los hechos que puedan dañar los bienes o lesionar los derechos de la Administración. En particular, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asisten a los órganos que ejercen las potestades del art. 41 en la ejecución forzosa de sus actos.

Artículo 62. Colaboración ciudadana

Los ciudadanos deben aportar a las Administraciones públicas, cuando éstas se lo requieran, los datos, documentos e informes que tengan y que sean relevantes para la gestión y defensa de sus bienes y derechos, y deben facilitarles las inspecciones y demás actos de investigación sobre esos bienes.

Artículo 63. Notificación de determinados actos y contratos

Los notarios que intervengan en actos o contratos sobre bienes de la AGE o de sus organismos públicos no otorgados por el Ministro de Hacienda, el Director General del Patrimonio del Estado o los Delegados de Economía y Hacienda deben remitir copia simple de la escritura a la Dirección General del Patrimonio y hacerlo constar en la matriz; sin esa manifestación, el registrador no inscribe. Si el asiento se practica por documento administrativo no otorgado por esos órganos, la comunicación la hace el registrador.

Artículo 64. Facilitación de información

El Catastro, los Registros de la Propiedad y los demás registros y archivos públicos deben dar gratis a la Dirección General del Patrimonio del Estado, cuando ésta lo pida, la información sobre bienes de la AGE y sus organismos públicos y los datos necesarios para gestionar o actualizar el Inventario General o ejercer las potestades del art. 41. También pueden pedirla las Administraciones públicas y los organismos públicos, por medio de sus presidentes o directores, respecto de sus bienes.

Artículo 65. Afectación de bienes y derechos patrimoniales al uso general o al servicio público

La afectación determina dos cosas: vincula los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público y, como consecuencia de esa vinculación, los integra en el dominio público. Hay que retener los dos destinos posibles (uso general o servicio público) y su efecto: la integración en el dominio público.

Artículo 66. Forma de la afectación

Salvo que la afectación venga de una norma con rango legal, requiere acto expreso del órgano competente que indique el bien, su fin, su integración en el dominio público y el órgano que ejercerá las competencias demaniales. Equivalen a la afectación expresa: el uso público, notorio y continuado; la usucapión vinculada al uso o servicio público; la expropiación; los planes o proyectos aprobados por el Consejo de Ministros; y la adquisición de muebles para servicios o decoración. Los inmuebles en construcción se entienden afectados al departamento que paga la obra.

Artículo 67. Afectaciones concurrentes

Un bien o derecho del Patrimonio del Estado puede afectarse a la vez a varios usos o servicios de la AGE o de sus organismos públicos, siempre que esos fines sean compatibles entre sí. La resolución que acuerda la afectación múltiple fija las facultades de cada departamento u organismo sobre su utilización, administración y defensa.

Artículo 68. Procedimiento para la afectación de bienes y derechos

La afectación de bienes del Patrimonio del Estado a los ministerios la acuerda el Ministro de Hacienda; instruye la Dirección General del Patrimonio del Estado, de oficio, por iniciativa propia o a propuesta del departamento interesado. La orden de afectación surte efectos con la recepción de los bienes y la firma del acta por los representantes del departamento y de la Dirección General. La afectación de bienes de organismos públicos la acuerda el ministro del que dependan, a propuesta de su presidente o director.

Artículo 69. Desafectación de los bienes y derechos de dominio público

Los bienes y derechos demaniales pasan a ser patrimoniales cuando se desafectan por dejar de destinarse al uso general o al servicio público. Salvo en los supuestos que la propia ley prevé, la desafectación debe hacerse siempre de forma expresa.

Artículo 70. Procedimiento para la desafectación de los bienes y derechos demaniales

Los bienes afectados a ministerios los desafecta el Ministro de Hacienda; incoa e instruye la Dirección General del Patrimonio del Estado, por iniciativa propia o a propuesta del departamento, previa depuración física y jurídica. La desafectación solo es efectiva con la recepción formal por Hacienda, mediante acta de entrega o acta de toma de posesión. Los bienes demaniales de organismos públicos los desafecta el ministro del que dependan, a propuesta de su presidente o director; los muebles de los ministerios, el titular del departamento.

Artículo 71. Mutaciones demaniales

La mutación demanial desafecta un bien del Patrimonio del Estado y lo afecta a la vez a otro uso o servicio de la AGE o sus organismos. Debe ser expresa, salvo en reestructuraciones orgánicas: si la disposición nada dice, los bienes siguen vinculados a sus fines y se entienden afectados al órgano que asuma las competencias sin declaración expresa. La mutación a otras Administraciones públicas no altera la titularidad ni el carácter demanial, y se aplica a las comunidades autónomas que prevean la recíproca.

Artículo 72. Procedimiento para la mutación demanial

La mutación de destino de los inmuebles de la Administración General del Estado compete al Ministro de Hacienda; la Dirección General del Patrimonio del Estado incoa e instruye, de oficio o a propuesta del departamento u organismo interesado, y la orden exige para su efectividad la firma de un acta. En muebles, la mutación la hacen los propios departamentos u organismos mediante actas de entrega y recepción. Entre organismos o hacia la AGE decide el Ministro de Hacienda a propuesta conjunta; dentro del organismo, su ministro a propuesta del presidente o director.

Artículo 73. Adscripción

Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado pueden adscribirse a sus organismos públicos para vincularlos directamente a un servicio de su competencia o para cumplir sus fines propios. En ambos casos la adscripción lleva implícita la afectación: el bien pasa al dominio público. Los bienes propios de un organismo también pueden adscribirse a los fines de otro. La adscripción no altera la titularidad del bien.

Artículo 74. Procedimiento para la adscripción

La adscripción la acuerda el Ministro de Hacienda. La instrucción corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que la incoa de oficio o a propuesta del organismo u organismos interesados, cursada a través del departamento del que dependan. Para ser efectiva requiere la firma de un acta por representantes de esa Dirección General y del organismo u organismos respectivos.

Artículo 75. Carácter finalista de la adscripción

Los bienes adscritos deben destinarse a los fines que motivaron la adscripción, en la forma y con las condiciones fijadas, en su caso, en el acuerdo. Cualquier alteración posterior de esas condiciones necesita autorización expresa del Ministro de Hacienda. La Dirección General del Patrimonio del Estado verifica que los bienes se aplican al fin de la adscripción y puede adoptar cuantas medidas sean necesarias.

Artículo 76. Competencias de los organismos públicos en relación con los bienes adscritos

Sobre los bienes y derechos que tienen adscritos, los organismos públicos ejercen las competencias demaniales y se encargan de su vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, conservación, mantenimiento y de las demás actuaciones que exija su correcto uso y utilización.

Artículo 77. Desadscripción por incumplimiento del fin

Si los bienes adscritos no se destinan al fin en el plazo fijado, dejan de destinarse o se incumplen otras condiciones, el Director General del Patrimonio del Estado puede requerir al organismo para que se ajuste al acuerdo de adscripción o proponer al Ministro de Hacienda la desadscripción. Lo mismo cabe si el organismo no ejerce sus competencias sobre los bienes. Desadscritos por incumplimiento, el titular puede exigir el valor actualizado de los detrimentos o deterioros, o el coste de su rehabilitación, previa tasación.

Artículo 78. Desadscripción por innecesariedad de los bienes

Cuando los bienes adscritos dejan de ser necesarios para los fines de la adscripción, se desadscriben, previa regularización, en su caso, de su situación física y jurídica por el organismo. La Dirección General del Patrimonio del Estado incoa y tramita el procedimiento, por iniciativa propia o por la comunicación que el organismo está obligado a cursar una vez comprobada la innecesariedad, y eleva la propuesta al Ministro de Hacienda.

Artículo 79. Recepción de los bienes

La desadscripción lleva implícita la desafectación. Para ser efectiva requiere la recepción formal del bien o derecho, documentada en un acta de entrega firmada por representantes de la Dirección General del Patrimonio del Estado y del organismo u organismos, o en un acta de toma de posesión levantada por esa Dirección General.

Artículo 80. Supuestos de incorporación

Los inmuebles y derechos reales de los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado que no les sean necesarios se incorporan al patrimonio de esta, previa desafectación en su caso. Se exceptúan, y pueden enajenarlos los propios organismos, los bienes que adquirieron para devolverlos al tráfico jurídico patrimonial según sus fines peculiares. Las entidades públicas empresariales con facultades de enajenación deben comunicar al Director General del Patrimonio del Estado que los inmuebles o derechos reales han dejado de serles necesarios.

Artículo 81. Procedimiento para la incorporación de bienes

La incorporación sigue las reglas de competencia y procedimiento del artículo 78, y la recepción la documenta el Ministerio de Hacienda como prevé el artículo 79. Si se suprime un organismo, sus bienes se incorporan mediante toma de posesión por el Ministerio de Hacienda, documentada en acta; el departamento del que dependía comunica la supresión a la Dirección General del Patrimonio del Estado con una relación de bienes. En organismos autónomos con facultades de enajenación, el Ministro de Hacienda puede acordar la no incorporación, y el organismo podrá enajenar.

Artículo 82. Constancia en el inventario

Todos los actos que alteran la situación jurídica de los bienes públicos —afectación, mutación demanial, desafectación, adscripción, desadscripción e incorporación— deben hacerse constar en el inventario patrimonial correspondiente.

Artículo 83. Régimen de publicidad registral

Si esos actos afectan a inmuebles o derechos reales, se toma razón en el Registro de la Propiedad por nota marginal o inscripción a favor del nuevo titular, y basta como título el acta correspondiente. En bienes del Patrimonio del Estado, si el acta no la firma un representante de la Dirección General del Patrimonio del Estado, el registrador no inscribe sin acreditar la comunicación del acto a ese Centro directivo. Si se suprime un organismo, la inscripción a favor de la Administración General del Estado se practica presentando la disposición de supresión.

Artículo 84. Necesidad de título habilitante

Nadie puede ocupar bienes de dominio público ni usarlos más allá del uso que corresponde a todos sin un título otorgado por la autoridad competente. Las autoridades que tutelan el dominio público vigilan esta regla y actúan contra quienes, sin título, los ocupen o se beneficien de un aprovechamiento especial, con las facultades del artículo 41. Concesiones y autorizaciones se rigen primero por su legislación especial y, en defecto o insuficiencia, por esta ley.

Artículo 85. Tipos de uso de los bienes de dominio público

Distingue tres usos del dominio público. Uso común: corresponde a todos por igual y el uso de unos no impide el de los demás. Aprovechamiento especial: sin impedir el uso común, supone peligrosidad o intensidad, preferencia en casos de escasez, una rentabilidad singular u otras circunstancias que exceden o menoscaban el uso de todos. Uso privativo: ocupa una porción del dominio público y limita o excluye su uso por otros.

Artículo 86. Títulos habilitantes

El uso común es libre, con los únicos límites de la naturaleza del bien, los actos de afectación o adscripción y las normas aplicables. El aprovechamiento especial y el uso privativo con instalaciones desmontables o bienes muebles requieren autorización, o concesión si duran más de cuatro años. El uso privativo con obras o instalaciones fijas exige siempre concesión administrativa.

Artículo 87. Bienes destinados a la prestación de servicios públicos reglados

La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se somete, en primer lugar, a las normas reguladoras de ese servicio y, solo de forma subsidiaria, a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Artículo 88. Bienes destinados a otros servicios públicos

Los bienes destinados a otros servicios públicos se utilizan conforme a lo previsto en el acto de afectación o adscripción y, en su defecto, según esta ley y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 89. Ocupación de espacios en edificios administrativos

Con carácter excepcional, terceros pueden ocupar espacios de edificios administrativos del patrimonio del Estado para servicios al personal o al público visitante (cafeterías, oficinas bancarias, cajeros, oficinas postales u otros análogos) o para explotar marginalmente espacios innecesarios. La ocupación no puede entorpecer el uso por los órganos alojados y requiere autorización (muebles o desmontables), concesión (instalaciones fijas) o un contrato que permita la ocupación conforme a la legislación de contratos que cita.

Artículo 90. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos

El ministro del departamento o el presidente o director del organismo que tenga afectados o adscritos bienes del Patrimonio del Estado puede autorizar su uso por terceros para fines públicos esporádicos o temporales, con informe favorable previo de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por cuatro años prorrogables por igual plazo. Para fundaciones estatales y organismos internacionales las otorga el Consejo de Ministros sin esos límites. Tampoco se sujetan a ellos las de menos de 30 días o para eventos.

Artículo 91. Condiciones de las autorizaciones y concesiones

El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, puede aprobar condiciones generales para categorías de concesiones y autorizaciones, publicadas en el BOE. Si no las hay, rigen las del ministro del departamento, que requieren informe previo favorable del Ministro de Hacienda, también preceptivo y vinculante para exceptuar las condiciones generales. Las autorizaciones y concesiones necesarias para ejecutar un contrato administrativo las otorga la Administración titular, son accesorias del contrato y no hacen falta si el contrato ya habilita la ocupación.

Artículo 92. Autorizaciones

Las autorizaciones se otorgan directamente a quien reúna las condiciones, salvo número limitado (concurrencia o, si no hay que valorar condiciones especiales, sorteo). No son transmisibles si cuentan circunstancias personales o su número es limitado, salvo que sus condiciones lo admitan. Su plazo máximo, con prórrogas, es de cuatro años. Son revocables en cualquier momento por interés público sin indemnización en los casos tasados. Pueden ser gratuitas, con contraprestación o condiciones, o sujetas a tasa; cabe exigir garantía, y el acuerdo debe incluir el contenido mínimo del apartado 7.

Artículo 93. Concesiones demaniales

Las concesiones demaniales se otorgan en régimen de concurrencia; cabe otorgamiento directo en los supuestos del artículo 137.4, en circunstancias excepcionales justificadas o en otros casos legales. Se formalizan en documento administrativo, que es título para inscribirlas en el Registro de la Propiedad. Son por tiempo determinado: máximo 75 años con prórrogas, salvo plazo menor en normas especiales. Pueden ser gratuitas, con contraprestación o condición, o sujetas a tasa. El acuerdo incluye las menciones del artículo 92.7, salvo la revocación unilateral sin indemnización.

Artículo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales

No pueden ser titulares de concesiones demaniales, en ningún caso, quienes incurran en alguna de las prohibiciones de contratar de la legislación de contratos que cita el artículo. Si el titular incurre en una de esas prohibiciones después de otorgada la concesión, esta se extingue.

Artículo 95. Competencia para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones

Otorgan las concesiones y autorizaciones sobre bienes demaniales del Patrimonio del Estado los ministros titulares de los departamentos a los que estén afectados o a los que corresponda su gestión o administración, o los presidentes o directores de los organismos públicos que los tengan adscritos o a cuyo patrimonio pertenezcan.

Artículo 96. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia

El procedimiento en concurrencia puede iniciarse de oficio o a solicitud. De oficio, el órgano justifica la necesidad, que el bien sigue siendo demanial y, en su caso, la adjudicación directa, y publica la convocatoria en el boletín estatal, autonómico o provincial; treinta días para peticiones. Si inicia un particular, la Administración puede invitar a otros por anuncio o, si no, publica la solicitud y abre 30 días para alternativas. Plazo máximo para resolver: seis meses; sin notificación, puede entenderse desestimada.

Artículo 97. Derechos reales sobre obras en dominio público

El concesionario tiene un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para la actividad autorizada por la concesión. Mientras dure la concesión y dentro de los límites de esta sección de la ley, ese título le da los derechos y obligaciones del propietario.

Artículo 98. Transmisión de derechos reales

Los derechos del concesionario sobre sus obras e instalaciones inmobiliarias solo pueden cederse o transmitirse entre vivos, por causa de muerte o por fusión, absorción o escisión, por el plazo de la concesión y a personas con previa conformidad de la autoridad que la otorga. Solo pueden hipotecarse para garantizar préstamos destinados a realizar, modificar o ampliar las obras fijas, con autorización previa de esa autoridad; sin ella, el registrador deniega la inscripción. Las hipotecas se extinguen al extinguirse el plazo de la concesión.

Artículo 99. Titulización de derechos de cobro

Los derechos de cobro de los préstamos hipotecarios del artículo 98 pueden cederse, total o parcialmente, mediante participaciones hipotecarias emitidas a fondos de titulización hipotecaria, regidos por la norma que cita. Además, pueden incorporarse a fondos de titulización de activos valores que representen participaciones en los derechos de cobro del concesionario por la explotación de la concesión, con autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del de Economía y del competente por razón de la materia, y previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Artículo 100. Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales

Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguen por: muerte o incapacidad del titular individual o extinción de la persona jurídica; falta de autorización previa en transmisiones o modificaciones por fusión, absorción o escisión; caducidad por vencimiento del plazo; rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización; mutuo acuerdo; impago del canon u otro incumplimiento grave, declarados por el órgano que lo otorgó; desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento; desafectación del bien; y cualquier otra causa prevista en sus condiciones.

Artículo 101. Destino de las obras a la extinción del título

Extinguida la concesión, el titular debe demoler las obras e instalaciones fijas, o lo hará la Administración por ejecución subsidiaria a su costa, salvo que el título prevea mantenerlas o lo decida la autoridad concedente; en ese caso las adquiere gratis y libres de cargas la Administración General del Estado o el organismo que otorgó la concesión. En el rescate anticipado se indemniza el perjuicio material, teniendo en cuenta a los acreedores hipotecarios inscritos. Estos son notificados de los expedientes de extinción por incumplimiento para defenderse y proponer un sustituto.

Artículo 102. Liquidación de concesiones y autorizaciones sobre bienes desafectados

La propuesta de desafectación exige memoria justificativa. Desafectados, se declara la caducidad de los títulos con plazo cumplido o con libre rescate sin plazo; los demás caducan al vencer sus plazos. Mientras no se extingan, mantienen su contenido pero pasan al Derecho privado y a la jurisdicción civil. Si los bienes son de la Administración General del Estado, declara la caducidad el Ministro de Hacienda y la Dirección General del Patrimonio del Estado ejerce derechos y deberes. Hacienda puede expropiar los derechos que perjudiquen el destino o la venta del bien.

Artículo 103. Derecho de adquisición preferente

Si se acuerda la enajenación onerosa de bienes patrimoniales, los titulares de derechos vigentes nacidos de concesiones otorgadas cuando eran demaniales tienen preferencia para adquirir lo concedido, si es enajenable. Plazo: 20 días naturales desde la notificación fehaciente de la decisión, precio y condiciones; sin notificación o con condiciones distintas, 30 días naturales desde la inscripción de la venta. No surge en cesiones gratuitas ni en transmisiones a Administraciones, organismos, fundaciones o instituciones públicas u organismos internacionales.

Artículo 104. Reservas demaniales

La Administración General del Estado puede reservarse el uso exclusivo de bienes suyos destinados al uso general para fines de su competencia cuando lo justifiquen razones de utilidad pública o interés general. La reserva dura solo el tiempo necesario para esos fines. La declara el Consejo de Ministros por acuerdo publicado en el BOE e inscrito en el Registro de la Propiedad. Prevalece sobre cualquier otro uso y lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios, de los derechos preexistentes incompatibles.