Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

Artículo 5. Bienes y derechos de dominio público o demaniales

En pocas palabras

Son de dominio público los bienes y derechos de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público, y aquellos a los que una ley dé expresamente carácter demanial. Son en todo caso de dominio público estatal los del artículo 132.2 CE y los inmuebles de la AGE o sus organismos que alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de órganos constitucionales. Se rigen por sus leyes especiales; a falta de ellas, por esta ley; supletoriamente, por el derecho administrativo y, en su defecto, por el privado.

Explicación sencilla

Define el dominio público por dos vías (afectación al uso general o al servicio público, o declaración expresa de una ley) y fija casos que lo son en todo caso, como los edificios administrativos estatales. También ordena las fuentes aplicables a estos bienes.

Regla mnemotécnica

Demanial por Afectación o por Ley (A = afectado al uso general o servicio público; L = ley que lo declare). Fuentes: especial → esta ley → administrativo → privado.

Trampa típica de examen

Pensar que el derecho privado se aplica antes que las normas generales del derecho administrativo: estas van primero y el privado solo en su defecto.

Texto del artículo 5 de la Ley 33/2003 (LPAP)

1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. 2. Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución. 3. Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público. 4. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio.

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