Tema 36 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 132. Bienes de dominio público y Patrimonio Nacional

La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 1. Objeto de la ley

La Ley 33/2003 tiene un doble objeto: por un lado, establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas; por otro, regular la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes se rige por esta ley. A las comunidades autónomas, a las entidades de la Administración local y a sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes solo se les aplican los artículos o partes de artículos que enumera la disposición final segunda.

Artículo 3. Concepto

El patrimonio de las Administraciones públicas es el conjunto de sus bienes y derechos, sea cual sea su naturaleza y el título por el que los adquirieron o se les atribuyeron. Quedan fuera el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de su hacienda y, en las entidades públicas empresariales y análogas de comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que forman su tesorería.

Artículo 4. Clasificación

Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos del patrimonio de las Administraciones públicas se clasifican en dos grupos: de dominio público o demaniales, y de dominio privado o patrimoniales.

Artículo 5. Bienes y derechos de dominio público o demaniales

Son de dominio público los bienes y derechos de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público, y aquellos a los que una ley dé expresamente carácter demanial. Son en todo caso de dominio público estatal los del artículo 132.2 CE y los inmuebles de la AGE o sus organismos que alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de órganos constitucionales. Se rigen por sus leyes especiales; a falta de ellas, por esta ley; supletoriamente, por el derecho administrativo y, en su defecto, por el privado.

Artículo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público

La gestión y administración de los bienes demaniales se ajusta a siete principios: a) inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad; b) adecuación y suficiencia para su destino; c) aplicación efectiva al uso general o servicio público, salvo razones de interés público debidamente justificadas; d) dedicación preferente al uso común frente al privativo; e) ejercicio diligente de las prerrogativas, garantizando conservación e integridad; f) identificación y control mediante inventarios o registros; g) cooperación y colaboración entre Administraciones.

Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales

Son patrimoniales los bienes y derechos de titularidad de las Administraciones públicas que no sean demaniales. En la AGE y sus organismos son siempre patrimoniales los arrendamientos, las acciones, participaciones y obligaciones de sociedades mercantiles, los futuros y opciones sobre ellas, la propiedad incorporal y los derechos derivados de bienes patrimoniales. Se rigen por esta ley; supletoriamente, por el derecho administrativo en competencia y procedimiento, y por el privado en lo demás.

Artículo 8. Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales

La gestión de los bienes patrimoniales se ajusta a cinco principios: a) eficiencia y economía en la gestión; b) eficacia y rentabilidad en la explotación; c) publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en adquisición, explotación y enajenación; d) identificación y control mediante inventarios o registros; e) colaboración y coordinación entre Administraciones. Además, debe coadyuvar a las políticas públicas en vigor y, en particular, a la política de vivienda, en coordinación con las Administraciones competentes.

Artículo 9. Concepto

El Patrimonio del Estado lo integran el patrimonio de la Administración General del Estado y los de sus organismos públicos dependientes o vinculados. Los bienes de titularidad de la AGE los gestiona, administra y explota el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado; los de titularidad de los organismos públicos, ellos mismos, según sus normas de creación, organización o estatutos y siempre con sujeción a esta ley.

Artículo 10. Competencias

Reparte las competencias sobre el Patrimonio del Estado. Consejo de Ministros (a propuesta del Ministro de Hacienda): definir la política patrimonial y los criterios de actuación coordinada. Ministro de Hacienda: proponer reglamentos, velar por la política patrimonial, aprobar a propuesta de la DGPE los índices de ocupación de edificios administrativos. Departamentos ministeriales: ejecutar esa política y solicitar afectaciones. DGPE: proponer, supervisar y gestionar los bienes patrimoniales de la AGE. Organismos públicos: gestionar sus bienes.

Artículo 11. Desconcentración y avocación de competencias

Las competencias de adquisición, gestión, administración y enajenación de bienes y derechos del Patrimonio del Estado pueden desconcentrarse por real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. El Consejo de Ministros puede avocar discrecionalmente cualquiera de esos actos, y el órgano competente puede proponer al Ministro de Hacienda que se eleve el asunto al Consejo de Ministros.

Artículo 12. Actuación frente a terceros

La representación de la AGE en las actuaciones sobre sus bienes y derechos patrimoniales corresponde al Ministerio de Hacienda, que la ejerce por la Dirección General del Patrimonio del Estado y las Delegaciones de Economía y Hacienda; en el exterior, por el representante diplomático, que puede delegarla expresamente en funcionarios de la embajada o representación. La de los organismos públicos corresponde a quien la tenga legal o estatutariamente atribuida y, si no, a sus presidentes o directores. La representación en juicio se rige por la Ley 52/1997.

Artículo 13. Coordinación

En todos los departamentos ministeriales y organismos públicos existirán unidades encargadas de administrar, gestionar y conservar los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que tengan afectados o adscritos o cuya gestión les corresponda. Estas unidades coordinan su actuación con la Dirección General del Patrimonio del Estado. Además, el Ministerio de Hacienda estará representado en todas las entidades públicas que utilicen bienes o derechos del patrimonio de la AGE.

Artículo 14. Colaboración

El Ministerio de Hacienda, los departamentos ministeriales y los organismos públicos de la AGE colaboran recíprocamente en la gestión del Patrimonio del Estado. Departamentos y organismos pueden pedir a Hacienda los datos que necesiten para usar mejor los bienes afectados o adscritos; y Hacienda, a través de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales o de la DGPE, puede pedirles datos sobre uso y situación de los bienes afectados, adscritos, arrendados o propios.

Artículo 15. Modos de adquirir

Las Administraciones públicas pueden adquirir bienes y derechos por cualquier modo previsto en el ordenamiento jurídico. El artículo destaca en particular cinco: a) por atribución de la ley; b) a título oneroso, con o sin ejercicio de la potestad de expropiación; c) por herencia, legado o donación; d) por prescripción; e) por ocupación.

Artículo 16. Carácter patrimonial de los bienes adquiridos

Salvo que una ley disponga otra cosa, los bienes y derechos que adquieren la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos como patrimoniales. Ello no impide que después se afecten al uso general o al servicio público.

Artículo 17. Inmuebles vacantes

Los inmuebles sin dueño pertenecen a la AGE, que los adquiere por ministerio de la ley, sin acto ni declaración alguna. Mientras no se incorporen efectivamente a su patrimonio por los trámites del artículo 47.d), no le generan obligaciones tributarias ni responsabilidades. Puede tomar posesión en vía administrativa si nadie los posee a título de dueño, sin perjuicio de terceros; si hay un poseedor en concepto de dueño, debe acudir a la jurisdicción civil.

Artículo 18. Saldos y depósitos abandonados

Son de la AGE los valores, dinero y demás muebles depositados en la Caja General de Depósitos o en entidades financieras, y los saldos de cuentas y libretas, si los interesados no realizan gestión alguna que implique ejercer su propiedad en veinte años. El efectivo y los saldos financian programas educativos y de accesibilidad para personas con discapacidad; los demás bienes los gestiona la DGPE, que puede enajenarlos. Las entidades depositarias deben comunicarlo a Hacienda y las auditorías deben reflejarlo.

Artículo 19. Adquisiciones a título oneroso

Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y voluntarias se rigen, en primer lugar, por esta ley y, de forma supletoria, por las normas del derecho privado, ya sea civil o mercantil.

Artículo 20. Normas especiales para las adquisiciones hereditarias

Las herencias se aceptan siempre a beneficio de inventario. Si una disposición gratuita se hace a una Administración para fines de competencia exclusiva de otra, se notifica a esta para que la acepte. Sin beneficiario, se entiende hecha a la Administración competente y, si concurren varias, a la de ámbito territorial superior según el domicilio del causante. Lo dejado a órganos estatales o al Estado se defiere a la AGE; lo dejado a órganos desaparecidos, a quien asumió sus funciones. La AGE o la comunidad autónoma llamada declara en vía administrativa su condición de heredero abintestato.

Artículo 20 bis. Procedimiento para la declaración de la Administración del Estado como heredera abintestato

El procedimiento de declaración de la Administración como heredera abintestato se inicia de oficio; en la AGE lo incoa el Director General del Patrimonio del Estado. Lo instruye la Delegación de Economía y Hacienda del último domicilio del causante en España (o, si nunca lo tuvo, la del lugar de la mayor parte de sus bienes). El acuerdo se publica en el BOE y en la web de Hacienda, con edictos en ayuntamientos durante un mes. Informa la Abogacía del Estado provincial; resuelve el Director General, previo informe de la Abogacía General, en un plazo máximo de un año.

Artículo 20 ter. Efectos de la declaración de heredero abintestato

La declaración administrativa de heredero abintestato implica aceptar a beneficio de inventario y permite tomar posesión de los bienes. Los bienes hallados después se incorporan y adjudican por resolución del Director General del Patrimonio del Estado, o por acuerdo del Delegado de Economía y Hacienda si la titularidad del causante es indubitada (registros, cuentas, valores). Esas resoluciones son título para inscribir o inmatricular. No hay responsabilidad de la AGE hasta la entrega o posesión efectiva, y la herencia está en administración hasta aprobarse la cuenta de liquidación.

Artículo 20 quáter. Liquidación del caudal hereditario

En posesión de la herencia, la AGE liquida los bienes y reparte lo obtenido según el artículo 956 del Código Civil. El Consejo de Ministros puede excluir de la liquidación todos o algunos bienes; el Director General del Patrimonio del Estado, los que convenga conservar para fines o servicios propios, compensando el exceso si superan el tercio de la AGE. Aprobada la cuenta e ingresado el importe, se genera crédito por las dos terceras partes del caudal relicto para fines de interés social. Para el premio por denuncia, con el artículo 1006 CC se suman ambos caudales.

Artículo 21. Adquisiciones a título gratuito

Acepta herencias, legados y donaciones a favor de la AGE el Ministro de Hacienda, salvo competencia del Ministro de Cultura por la Ley del Patrimonio Histórico; las donaciones de muebles con fin señalado las acepta el Ministro del departamento competente. En los organismos públicos aceptan sus presidentes o directores. Solo se aceptan disposiciones con gravamen si este no excede del valor de lo adquirido, según tasación pericial, o, si excede, por razones de interés público justificadas. La afectación permanente se entiende cumplida a los 30 años.

Artículo 22. Prescripción adquisitiva

Artículo 23. Ocupación

Artículo 24. Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria

Las adquisiciones por expropiación se rigen por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, la Ley 6/1998 del suelo u otras normas especiales. La afectación al uso general, al servicio público o a fines públicos se entiende implícita en la expropiación. La desafectación o mutación de destino posteriores no dan derecho a reversión si se hacen con los requisitos legales. La reversión la ofrece y tramita el ministerio u organismo que instó la expropiación, aunque el bien se afectara después a otro, y su reconocimiento implica la desafectación.

Artículo 25. Adjudicación de bienes y derechos en procedimientos de ejecución

Las adjudicaciones de bienes en procedimientos de apremio administrativo se rigen por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. En los procedimientos judiciales de ejecución que puedan acabar en adjudicaciones a favor de la AGE, el Abogado del Estado comunicará inmediatamente al Delegado de Economía y Hacienda la apertura de los plazos para pedir la adjudicación de los bienes embargados, para que este decida si conviene solicitarla.

Artículo 26. Adjudicaciones de bienes y derechos en otros procedimientos judiciales o administrativos

Las demás adjudicaciones judiciales o administrativas se rigen por sus normas y por esta ley. Sin previsiones especiales, para adjudicar a la AGE: a) hace falta informe previo del Delegado de Economía y Hacienda, al que se comunica el bien, sus cargas y su situación posesoria; b) la adjudicación se notifica a la Delegación; c) la Delegación identifica y tasa pericialmente los bienes; d) después se formaliza la incorporación. Para los organismos públicos rigen esas reglas, pero la adjudicación la autoriza su presidente o director.

Artículo 27. Toma de posesión de los bienes adjudicados

La Administración puede tomar posesión de los bienes que se le hayan adjudicado en vía administrativa, sin acudir a los tribunales. Si es necesario, puede ejercer la potestad de desahucio que regula la sección 5.ª del capítulo V del título II de esta ley.

Artículo 28. Extensión

Las Administraciones públicas tienen la obligación de proteger y defender su patrimonio. Para ello deben proteger adecuadamente sus bienes y derechos, procurar su inscripción registral y ejercer las potestades administrativas y las acciones judiciales que procedan.

Artículo 29. Deber de custodia

Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del Patrimonio del Estado deben velar por su custodia y defensa en los términos de este título. Las mismas obligaciones tienen los titulares de concesiones y otros derechos sobre bienes de dominio público.

Artículo 30. Régimen de disponibilidad de los bienes y derechos

Los bienes demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los patrimoniales pueden enajenarse con el procedimiento y requisitos legales y pueden adquirirse por terceros por prescripción. No se pueden embargar los patrimoniales afectados materialmente a un servicio o función pública, entre otros supuestos. Si se embarga uno de la AGE, el departamento responsable compensa la pérdida. En embargos por deudas tributarias solo se acumulan deudas de un único obligado.

Artículo 31. Transacción y sometimiento a arbitraje

No se puede transigir, judicial ni extrajudicialmente, sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas sobre ellos, salvo mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.

Artículo 32. Obligación de formar inventario

Las Administraciones públicas deben inventariar sus bienes y derechos con detalle suficiente para identificarlos y reflejar su situación jurídica y su destino o uso. El Inventario General del Estado incluye todo el Patrimonio del Estado, salvo lo adquirido por organismos para devolverlo al tráfico o para provisiones técnicas obligatorias y lo que inventarían departamentos y organismos. Las acciones de sociedades mercantiles van a la contabilidad patrimonial y a un inventario auxiliar. El de CCAA y entidades locales incluirá, al menos, los inmuebles y los derechos reales sobre ellos.

Artículo 33. Estructura y organización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado

El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado está a cargo del Ministerio de Hacienda; lo lleva la DGPE, con las unidades patrimoniales de departamentos y organismos como órganos auxiliares. La DGPE inventaría directamente inmuebles y derechos reales, arrendamientos, muebles e incorporales no asignados a otros y valores y acciones. Departamentos y organismos inventarían, entre otros, sus muebles e infraestructuras. El Inventario no es registro público, sus datos no surten efectos frente a terceros y solo se consultan si forman parte de un expediente.

Artículo 34. Formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado

Las unidades de gestión patrimonial deben adoptar medidas para que conste de inmediato en el Inventario General del Estado todo hecho, acto o negocio relativo a sus bienes, y notificar a la DGPE los que afecten a la situación jurídica o física, o al destino o uso, de los bienes cuyo inventario lleva ese centro directivo. El Ministerio de Hacienda puede dictar instrucciones sobre la formación y actualización del Inventario y pedir los datos o documentos que necesite.

Artículo 35. Control de la inscripción en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado

No pueden realizarse actos de gestión o disposición sobre bienes del Patrimonio del Estado que no estén debidamente inscritos en el Inventario General. La verificación de altas, bajas y modificaciones del inventario forma parte del control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado. Las Abogacías del Estado advertirán en sus informes sobre la obligación de inventariar cuando no les conste la inclusión.

Artículo 36. Obligatoriedad de la inscripción

Las Administraciones públicas están obligadas a inscribir en los registros sus bienes y derechos inscribibles, demaniales o patrimoniales, y los actos y contratos sobre ellos con acceso registral; solo es potestativa la inscripción de los arrendamientos inscribibles. La solicita el órgano que adquirió el bien, dictó el acto o intervino en el contrato o, en su caso, el que lo administra y gestiona. En la AGE y sus organismos autónomos informa la Abogacía del Estado; en otras entidades dependientes, su órgano de asesoramiento jurídico.

Artículo 37. Título inscribible

La certificación del art. 206 sirve para reanudar el tracto si los titulares contradictorios no se oponen en 30 días desde el traslado; si son desconocidos, cuando las inscripciones tengan más de 30 años sin alteración y se publiquen edictos 30 días. La certificación administrativa permite cancelar o rectificar inscripciones a favor de la Administración por inexistencia de la finca (informe técnico) o mejor derecho de un tercero (informe de la Abogacía del Estado u órgano asesor). La orden estimatoria de la reclamación previa a la vía civil, notificada, es título para rectificar.

Artículo 38. Comunicación de ciertas inscripciones

Cuando se inscriben excesos de cabida o inmatriculaciones de fincas colindantes con otras de una Administración pública, el Registrador, además de hacer constar la limitación de efectos del art. 207 LH, debe comunicarlo a los órganos que administran esas fincas, indicando el titular (nombre, apellidos y domicilio si consta), la descripción de la finca y la mayor cabida. Si las colindantes son de la Administración General del Estado, se comunica al Delegado de Economía y Hacienda.

Artículo 39. Promoción de la inscripción

Si los registradores de la propiedad conocen la existencia de bienes o derechos de las Administraciones públicas que no estén debidamente inscritos, deben comunicarlo a los órganos a los que corresponda su administración, para que sean éstos quienes insten lo que proceda.

Artículo 40. Aranceles aplicables por los registradores de la propiedad

Cuando las obligadas al pago son Administraciones públicas, el arancel de los registradores por la práctica de los asientos se reduce. La cuantía de la reducción no la fija este artículo: es el porcentaje que establezca la normativa arancelaria registral.

Artículo 41. Facultades y prerrogativas

Para defender su patrimonio, las Administraciones tienen cuatro prerrogativas: investigar la situación de bienes y derechos presuntamente suyos, deslindar en vía administrativa sus inmuebles, recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida y desahuciar en vía administrativa a los poseedores de inmuebles demaniales extinguido su título. Las cuestiones civiles que surjan las conocen los órganos del orden civil. Las entidades públicas empresariales y asimilables solo pueden ejercerlas sobre bienes demaniales.

Artículo 42. Adopción de medidas cautelares

Iniciado un procedimiento para ejercer las potestades de defensa del patrimonio, el órgano competente para resolverlo puede adoptar las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia del acto final, conforme al art. 72 de la Ley 30/1992. Si hay peligro inminente de pérdida o deterioro del bien, puede adoptarlas incluso antes de iniciar el procedimiento, con los requisitos del art. 72.2.

Artículo 43. Régimen de control judicial

Contra las actuaciones de defensa patrimonial hechas conforme al procedimiento no cabe la tutela sumaria de la posesión (art. 250.4.º LEC) y esas demandas no se admiten. Los actos que afecten a derechos civiles solo son recurribles en vía contencioso-administrativa por infracción de normas de competencia y procedimiento, agotada la vía administrativa. Quien se considere perjudicado en su propiedad u otros derechos civiles puede acudir al orden civil, previa reclamación en vía administrativa.

Artículo 44. Comunicación de hechos punibles

Si al instruir los procedimientos de defensa del patrimonio aparecen indicios de delito o falta penal, previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano de asesoramiento jurídico de la entidad pública, los hechos se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal, y el procedimiento administrativo sigue tramitándose.

Artículo 45. Facultad de investigación

Las Administraciones públicas pueden investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio para determinar su titularidad cuando ésta no les conste de modo cierto.

Artículo 46. Órganos competentes

En bienes y derechos presuntamente de la AGE, incoa y resuelve la investigación el Director General del Patrimonio del Estado; en los de organismos públicos dependientes o vinculados, sus presidentes o directores. En la AGE y sus organismos autónomos es preceptivo el informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado antes de resolver, salvo que se resuelva el archivo; en otras entidades dependientes, el de su órgano de asesoramiento jurídico.

Artículo 47. Procedimiento de investigación

El procedimiento de investigación se inicia de oficio, por iniciativa propia o por denuncia; ante denuncia, la Dirección General del Patrimonio del Estado decide su admisibilidad. La incoación se publica gratis en el BOE y se remite copia al ayuntamiento para su tablón. La Abogacía del Estado u órgano asesor informa sobre la admisibilidad de las pruebas. Acreditada la titularidad, se declara, se tasa, se incluye en el Inventario y se inscribe. Si no se resuelve en dos años desde el día siguiente a la publicación en el BOE, se archiva.

Artículo 48. Premio por denuncia

Quien, sin estar obligado por su cargo o funciones, denuncia con los requisitos reglamentarios bienes o derechos presuntamente públicos cobra como premio el 10 % de su valor, si se incorporan al Patrimonio del Estado y la incorporación no se revoca. La resolución final dice si la denuncia reúne los requisitos. El premio se devenga al venderse los bienes, sobre el importe líquido de la venta; si no se venden, puede reclamarse a los cinco años de la incorporación, sin procedimiento pendiente de revocación, sobre el valor catastral.

Artículo 49. Asignación de fincas de reemplazo en procedimientos de concentración parcelaria

Cuando en una concentración parcelaria se asignan a la Administración General del Estado fincas de reemplazo sin titular, no hace falta tramitar el procedimiento de investigación. El acto o acuerdo de asignación es título suficiente para que la Administración tome posesión de ellas y las inscriba a su favor.

Artículo 50. Potestad de deslinde

Las Administraciones públicas pueden deslindar sus inmuebles de los de terceros en dos supuestos: cuando los límites sean imprecisos o cuando existan indicios de usurpación. Iniciado el deslinde administrativo y mientras se tramita, no puede instarse un procedimiento judicial con la misma pretensión.

Artículo 51. Órganos competentes

Deslinde de bienes patrimoniales de la AGE: lo incoa el Director General del Patrimonio del Estado, lo instruyen los Delegados de Economía y Hacienda y lo resuelve el Ministro de Hacienda. En bienes demaniales de la AGE, la incoación corresponde al titular del departamento ministerial que los tenga afectados o al que corresponda su gestión o administración. En bienes propios o adscritos a organismos públicos, la competencia es de sus presidentes o directores.

Artículo 52. Procedimiento de deslinde

El deslinde se inicia de oficio, por iniciativa propia o a petición de los colindantes, que pagan entonces los gastos (con su conformidad expresa y cobrables por apremio). El inicio se comunica al Registro para nota marginal, se publica gratis en el BOE y en el tablón del ayuntamiento y se notifica a los titulares de fincas colindantes. La resolución requiere informe de la Abogacía del Estado u órgano asesor, se notifica y se publica; firme, se amojona si hace falta y se inscribe. Plazo máximo: 18 meses desde el acuerdo de iniciación; si no, caducidad y archivo.

Artículo 53. Inscripción

Si la finca deslindada está inscrita en el Registro de la Propiedad, el deslinde administrativo también se inscribe, pero solo cuando sea firme. Además, la resolución que aprueba el deslinde es siempre título suficiente para que la Administración inmatricule los bienes, si contiene los demás extremos que exige el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Artículo 54. Sobrantes de deslindes de dominio público

Los terrenos sobrantes de los deslindes de inmuebles demaniales pueden desafectarse según el capítulo I del título III. A esos deslindes acude un representante del Ministerio de Hacienda cuando la competencia no sea de este departamento, citado a través de la Delegación de Economía y Hacienda donde radiquen los bienes. El Director General del Patrimonio del Estado puede instar a ministerios y organismos el deslinde de sus inmuebles demaniales para precisar su extensión y detectar sobrantes.

Artículo 55. Potestad de recuperación posesoria

Las Administraciones pueden recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida de sus bienes y derechos. Si son demaniales, en cualquier tiempo. Si son patrimoniales, la vía administrativa exige notificar el inicio del procedimiento antes de un año desde el día siguiente a la usurpación; pasado ese plazo, hay que acudir al orden jurisdiccional civil.

Artículo 56. Ejercicio de la potestad de recuperación

Con audiencia previa y comprobada la usurpación y su fecha de inicio, se requiere al ocupante para que cese en un plazo no superior a ocho días. Si se resiste, se adoptan las medidas de ejecución forzosa: auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o multas coercitivas de hasta el 5 % del valor de los bienes ocupados, reiteradas cada ocho días hasta el desalojo. Los gastos del procedimiento y los daños y perjuicios corren a cargo del usurpador y pueden cobrarse por apremio.

Artículo 57. Órganos competentes

En bienes de la AGE, las medidas de recuperación las acuerda el Delegado de Economía y Hacienda del lugar, dando cuenta al Director General del Patrimonio del Estado, o directamente éste. Si están adscritos a un organismo público o afectados a un ministerio, la competencia es del presidente o director del organismo o del ministro, que deben dar cuenta a la Dirección General del Patrimonio del Estado. En bienes de los organismos públicos estatales, deciden sus directores o presidentes.

Artículo 58. Potestad de desahucio

La potestad de desahucio permite a las Administraciones públicas recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaen o desaparecen el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.

Artículo 59. Ejercicio de la potestad de desahucio

El desahucio exige declarar antes la extinción o caducidad del título de uso del dominio público. Esa declaración, la liquidación posesoria y la indemnización, si procede, se resuelven en vía administrativa con audiencia del interesado. La resolución es ejecutiva, se notifica y se requiere al detentador para desocupar en un plazo no superior a ocho días. Si no lo hace, ejecución forzosa: auxilio policial o multas coercitivas de hasta el 5 % del valor, cada ocho días. Los gastos del desalojo, a su cargo y por apremio.

Artículo 60. Órganos competentes

Es competente para el desahucio administrativo el ministro titular del departamento que tenga afectados o adscritos los bienes o, si se trata de un organismo público, su presidente o director. La competencia sigue, por tanto, al órgano u organismo que tiene los bienes afectados o adscritos.

Artículo 61. Colaboración del personal al servicio de la Administración

El personal de las Administraciones públicas debe colaborar en la protección, defensa y administración del patrimonio público: facilitar a los órganos patrimoniales los informes y documentos que pidan, prestarles auxilio y cooperación y comunicarles los hechos que puedan dañar los bienes o lesionar los derechos de la Administración. En particular, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asisten a los órganos que ejercen las potestades del art. 41 en la ejecución forzosa de sus actos.

Artículo 62. Colaboración ciudadana

Los ciudadanos deben aportar a las Administraciones públicas, cuando éstas se lo requieran, los datos, documentos e informes que tengan y que sean relevantes para la gestión y defensa de sus bienes y derechos, y deben facilitarles las inspecciones y demás actos de investigación sobre esos bienes.

Artículo 63. Notificación de determinados actos y contratos

Los notarios que intervengan en actos o contratos sobre bienes de la AGE o de sus organismos públicos no otorgados por el Ministro de Hacienda, el Director General del Patrimonio del Estado o los Delegados de Economía y Hacienda deben remitir copia simple de la escritura a la Dirección General del Patrimonio y hacerlo constar en la matriz; sin esa manifestación, el registrador no inscribe. Si el asiento se practica por documento administrativo no otorgado por esos órganos, la comunicación la hace el registrador.

Artículo 64. Facilitación de información

El Catastro, los Registros de la Propiedad y los demás registros y archivos públicos deben dar gratis a la Dirección General del Patrimonio del Estado, cuando ésta lo pida, la información sobre bienes de la AGE y sus organismos públicos y los datos necesarios para gestionar o actualizar el Inventario General o ejercer las potestades del art. 41. También pueden pedirla las Administraciones públicas y los organismos públicos, por medio de sus presidentes o directores, respecto de sus bienes.

Artículo 65. Afectación de bienes y derechos patrimoniales al uso general o al servicio público

La afectación determina dos cosas: vincula los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público y, como consecuencia de esa vinculación, los integra en el dominio público. Hay que retener los dos destinos posibles (uso general o servicio público) y su efecto: la integración en el dominio público.

Artículo 66. Forma de la afectación

Salvo que la afectación venga de una norma con rango legal, requiere acto expreso del órgano competente que indique el bien, su fin, su integración en el dominio público y el órgano que ejercerá las competencias demaniales. Equivalen a la afectación expresa: el uso público, notorio y continuado; la usucapión vinculada al uso o servicio público; la expropiación; los planes o proyectos aprobados por el Consejo de Ministros; y la adquisición de muebles para servicios o decoración. Los inmuebles en construcción se entienden afectados al departamento que paga la obra.

Artículo 67. Afectaciones concurrentes

Un bien o derecho del Patrimonio del Estado puede afectarse a la vez a varios usos o servicios de la AGE o de sus organismos públicos, siempre que esos fines sean compatibles entre sí. La resolución que acuerda la afectación múltiple fija las facultades de cada departamento u organismo sobre su utilización, administración y defensa.

Artículo 68. Procedimiento para la afectación de bienes y derechos

La afectación de bienes del Patrimonio del Estado a los ministerios la acuerda el Ministro de Hacienda; instruye la Dirección General del Patrimonio del Estado, de oficio, por iniciativa propia o a propuesta del departamento interesado. La orden de afectación surte efectos con la recepción de los bienes y la firma del acta por los representantes del departamento y de la Dirección General. La afectación de bienes de organismos públicos la acuerda el ministro del que dependan, a propuesta de su presidente o director.

Artículo 69. Desafectación de los bienes y derechos de dominio público

Los bienes y derechos demaniales pasan a ser patrimoniales cuando se desafectan por dejar de destinarse al uso general o al servicio público. Salvo en los supuestos que la propia ley prevé, la desafectación debe hacerse siempre de forma expresa.

Artículo 70. Procedimiento para la desafectación de los bienes y derechos demaniales

Los bienes afectados a ministerios los desafecta el Ministro de Hacienda; incoa e instruye la Dirección General del Patrimonio del Estado, por iniciativa propia o a propuesta del departamento, previa depuración física y jurídica. La desafectación solo es efectiva con la recepción formal por Hacienda, mediante acta de entrega o acta de toma de posesión. Los bienes demaniales de organismos públicos los desafecta el ministro del que dependan, a propuesta de su presidente o director; los muebles de los ministerios, el titular del departamento.

Artículo 71. Mutaciones demaniales

La mutación demanial desafecta un bien del Patrimonio del Estado y lo afecta a la vez a otro uso o servicio de la AGE o sus organismos. Debe ser expresa, salvo en reestructuraciones orgánicas: si la disposición nada dice, los bienes siguen vinculados a sus fines y se entienden afectados al órgano que asuma las competencias sin declaración expresa. La mutación a otras Administraciones públicas no altera la titularidad ni el carácter demanial, y se aplica a las comunidades autónomas que prevean la recíproca.

Artículo 72. Procedimiento para la mutación demanial

La mutación de destino de los inmuebles de la Administración General del Estado compete al Ministro de Hacienda; la Dirección General del Patrimonio del Estado incoa e instruye, de oficio o a propuesta del departamento u organismo interesado, y la orden exige para su efectividad la firma de un acta. En muebles, la mutación la hacen los propios departamentos u organismos mediante actas de entrega y recepción. Entre organismos o hacia la AGE decide el Ministro de Hacienda a propuesta conjunta; dentro del organismo, su ministro a propuesta del presidente o director.

Artículo 73. Adscripción

Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado pueden adscribirse a sus organismos públicos para vincularlos directamente a un servicio de su competencia o para cumplir sus fines propios. En ambos casos la adscripción lleva implícita la afectación: el bien pasa al dominio público. Los bienes propios de un organismo también pueden adscribirse a los fines de otro. La adscripción no altera la titularidad del bien.

Artículo 74. Procedimiento para la adscripción

La adscripción la acuerda el Ministro de Hacienda. La instrucción corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que la incoa de oficio o a propuesta del organismo u organismos interesados, cursada a través del departamento del que dependan. Para ser efectiva requiere la firma de un acta por representantes de esa Dirección General y del organismo u organismos respectivos.

Artículo 75. Carácter finalista de la adscripción

Los bienes adscritos deben destinarse a los fines que motivaron la adscripción, en la forma y con las condiciones fijadas, en su caso, en el acuerdo. Cualquier alteración posterior de esas condiciones necesita autorización expresa del Ministro de Hacienda. La Dirección General del Patrimonio del Estado verifica que los bienes se aplican al fin de la adscripción y puede adoptar cuantas medidas sean necesarias.

Artículo 76. Competencias de los organismos públicos en relación con los bienes adscritos

Sobre los bienes y derechos que tienen adscritos, los organismos públicos ejercen las competencias demaniales y se encargan de su vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, conservación, mantenimiento y de las demás actuaciones que exija su correcto uso y utilización.

Artículo 77. Desadscripción por incumplimiento del fin

Si los bienes adscritos no se destinan al fin en el plazo fijado, dejan de destinarse o se incumplen otras condiciones, el Director General del Patrimonio del Estado puede requerir al organismo para que se ajuste al acuerdo de adscripción o proponer al Ministro de Hacienda la desadscripción. Lo mismo cabe si el organismo no ejerce sus competencias sobre los bienes. Desadscritos por incumplimiento, el titular puede exigir el valor actualizado de los detrimentos o deterioros, o el coste de su rehabilitación, previa tasación.

Artículo 78. Desadscripción por innecesariedad de los bienes

Cuando los bienes adscritos dejan de ser necesarios para los fines de la adscripción, se desadscriben, previa regularización, en su caso, de su situación física y jurídica por el organismo. La Dirección General del Patrimonio del Estado incoa y tramita el procedimiento, por iniciativa propia o por la comunicación que el organismo está obligado a cursar una vez comprobada la innecesariedad, y eleva la propuesta al Ministro de Hacienda.

Artículo 79. Recepción de los bienes

La desadscripción lleva implícita la desafectación. Para ser efectiva requiere la recepción formal del bien o derecho, documentada en un acta de entrega firmada por representantes de la Dirección General del Patrimonio del Estado y del organismo u organismos, o en un acta de toma de posesión levantada por esa Dirección General.

Artículo 80. Supuestos de incorporación

Los inmuebles y derechos reales de los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado que no les sean necesarios se incorporan al patrimonio de esta, previa desafectación en su caso. Se exceptúan, y pueden enajenarlos los propios organismos, los bienes que adquirieron para devolverlos al tráfico jurídico patrimonial según sus fines peculiares. Las entidades públicas empresariales con facultades de enajenación deben comunicar al Director General del Patrimonio del Estado que los inmuebles o derechos reales han dejado de serles necesarios.

Artículo 81. Procedimiento para la incorporación de bienes

La incorporación sigue las reglas de competencia y procedimiento del artículo 78, y la recepción la documenta el Ministerio de Hacienda como prevé el artículo 79. Si se suprime un organismo, sus bienes se incorporan mediante toma de posesión por el Ministerio de Hacienda, documentada en acta; el departamento del que dependía comunica la supresión a la Dirección General del Patrimonio del Estado con una relación de bienes. En organismos autónomos con facultades de enajenación, el Ministro de Hacienda puede acordar la no incorporación, y el organismo podrá enajenar.

Artículo 82. Constancia en el inventario

Todos los actos que alteran la situación jurídica de los bienes públicos —afectación, mutación demanial, desafectación, adscripción, desadscripción e incorporación— deben hacerse constar en el inventario patrimonial correspondiente.

Artículo 83. Régimen de publicidad registral

Si esos actos afectan a inmuebles o derechos reales, se toma razón en el Registro de la Propiedad por nota marginal o inscripción a favor del nuevo titular, y basta como título el acta correspondiente. En bienes del Patrimonio del Estado, si el acta no la firma un representante de la Dirección General del Patrimonio del Estado, el registrador no inscribe sin acreditar la comunicación del acto a ese Centro directivo. Si se suprime un organismo, la inscripción a favor de la Administración General del Estado se practica presentando la disposición de supresión.

Artículo 84. Necesidad de título habilitante

Nadie puede ocupar bienes de dominio público ni usarlos más allá del uso que corresponde a todos sin un título otorgado por la autoridad competente. Las autoridades que tutelan el dominio público vigilan esta regla y actúan contra quienes, sin título, los ocupen o se beneficien de un aprovechamiento especial, con las facultades del artículo 41. Concesiones y autorizaciones se rigen primero por su legislación especial y, en defecto o insuficiencia, por esta ley.

Artículo 85. Tipos de uso de los bienes de dominio público

Distingue tres usos del dominio público. Uso común: corresponde a todos por igual y el uso de unos no impide el de los demás. Aprovechamiento especial: sin impedir el uso común, supone peligrosidad o intensidad, preferencia en casos de escasez, una rentabilidad singular u otras circunstancias que exceden o menoscaban el uso de todos. Uso privativo: ocupa una porción del dominio público y limita o excluye su uso por otros.

Artículo 86. Títulos habilitantes

El uso común es libre, con los únicos límites de la naturaleza del bien, los actos de afectación o adscripción y las normas aplicables. El aprovechamiento especial y el uso privativo con instalaciones desmontables o bienes muebles requieren autorización, o concesión si duran más de cuatro años. El uso privativo con obras o instalaciones fijas exige siempre concesión administrativa.

Artículo 87. Bienes destinados a la prestación de servicios públicos reglados

La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se somete, en primer lugar, a las normas reguladoras de ese servicio y, solo de forma subsidiaria, a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Artículo 88. Bienes destinados a otros servicios públicos

Los bienes destinados a otros servicios públicos se utilizan conforme a lo previsto en el acto de afectación o adscripción y, en su defecto, según esta ley y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 89. Ocupación de espacios en edificios administrativos

Con carácter excepcional, terceros pueden ocupar espacios de edificios administrativos del patrimonio del Estado para servicios al personal o al público visitante (cafeterías, oficinas bancarias, cajeros, oficinas postales u otros análogos) o para explotar marginalmente espacios innecesarios. La ocupación no puede entorpecer el uso por los órganos alojados y requiere autorización (muebles o desmontables), concesión (instalaciones fijas) o un contrato que permita la ocupación conforme a la legislación de contratos que cita.

Artículo 90. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos

El ministro del departamento o el presidente o director del organismo que tenga afectados o adscritos bienes del Patrimonio del Estado puede autorizar su uso por terceros para fines públicos esporádicos o temporales, con informe favorable previo de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por cuatro años prorrogables por igual plazo. Para fundaciones estatales y organismos internacionales las otorga el Consejo de Ministros sin esos límites. Tampoco se sujetan a ellos las de menos de 30 días o para eventos.

Artículo 91. Condiciones de las autorizaciones y concesiones

El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, puede aprobar condiciones generales para categorías de concesiones y autorizaciones, publicadas en el BOE. Si no las hay, rigen las del ministro del departamento, que requieren informe previo favorable del Ministro de Hacienda, también preceptivo y vinculante para exceptuar las condiciones generales. Las autorizaciones y concesiones necesarias para ejecutar un contrato administrativo las otorga la Administración titular, son accesorias del contrato y no hacen falta si el contrato ya habilita la ocupación.

Artículo 92. Autorizaciones

Las autorizaciones se otorgan directamente a quien reúna las condiciones, salvo número limitado (concurrencia o, si no hay que valorar condiciones especiales, sorteo). No son transmisibles si cuentan circunstancias personales o su número es limitado, salvo que sus condiciones lo admitan. Su plazo máximo, con prórrogas, es de cuatro años. Son revocables en cualquier momento por interés público sin indemnización en los casos tasados. Pueden ser gratuitas, con contraprestación o condiciones, o sujetas a tasa; cabe exigir garantía, y el acuerdo debe incluir el contenido mínimo del apartado 7.

Artículo 93. Concesiones demaniales

Las concesiones demaniales se otorgan en régimen de concurrencia; cabe otorgamiento directo en los supuestos del artículo 137.4, en circunstancias excepcionales justificadas o en otros casos legales. Se formalizan en documento administrativo, que es título para inscribirlas en el Registro de la Propiedad. Son por tiempo determinado: máximo 75 años con prórrogas, salvo plazo menor en normas especiales. Pueden ser gratuitas, con contraprestación o condición, o sujetas a tasa. El acuerdo incluye las menciones del artículo 92.7, salvo la revocación unilateral sin indemnización.

Artículo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales

No pueden ser titulares de concesiones demaniales, en ningún caso, quienes incurran en alguna de las prohibiciones de contratar de la legislación de contratos que cita el artículo. Si el titular incurre en una de esas prohibiciones después de otorgada la concesión, esta se extingue.

Artículo 95. Competencia para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones

Otorgan las concesiones y autorizaciones sobre bienes demaniales del Patrimonio del Estado los ministros titulares de los departamentos a los que estén afectados o a los que corresponda su gestión o administración, o los presidentes o directores de los organismos públicos que los tengan adscritos o a cuyo patrimonio pertenezcan.

Artículo 96. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia

El procedimiento en concurrencia puede iniciarse de oficio o a solicitud. De oficio, el órgano justifica la necesidad, que el bien sigue siendo demanial y, en su caso, la adjudicación directa, y publica la convocatoria en el boletín estatal, autonómico o provincial; treinta días para peticiones. Si inicia un particular, la Administración puede invitar a otros por anuncio o, si no, publica la solicitud y abre 30 días para alternativas. Plazo máximo para resolver: seis meses; sin notificación, puede entenderse desestimada.

Artículo 97. Derechos reales sobre obras en dominio público

El concesionario tiene un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para la actividad autorizada por la concesión. Mientras dure la concesión y dentro de los límites de esta sección de la ley, ese título le da los derechos y obligaciones del propietario.

Artículo 98. Transmisión de derechos reales

Los derechos del concesionario sobre sus obras e instalaciones inmobiliarias solo pueden cederse o transmitirse entre vivos, por causa de muerte o por fusión, absorción o escisión, por el plazo de la concesión y a personas con previa conformidad de la autoridad que la otorga. Solo pueden hipotecarse para garantizar préstamos destinados a realizar, modificar o ampliar las obras fijas, con autorización previa de esa autoridad; sin ella, el registrador deniega la inscripción. Las hipotecas se extinguen al extinguirse el plazo de la concesión.

Artículo 99. Titulización de derechos de cobro

Los derechos de cobro de los préstamos hipotecarios del artículo 98 pueden cederse, total o parcialmente, mediante participaciones hipotecarias emitidas a fondos de titulización hipotecaria, regidos por la norma que cita. Además, pueden incorporarse a fondos de titulización de activos valores que representen participaciones en los derechos de cobro del concesionario por la explotación de la concesión, con autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del de Economía y del competente por razón de la materia, y previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Artículo 100. Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales

Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguen por: muerte o incapacidad del titular individual o extinción de la persona jurídica; falta de autorización previa en transmisiones o modificaciones por fusión, absorción o escisión; caducidad por vencimiento del plazo; rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización; mutuo acuerdo; impago del canon u otro incumplimiento grave, declarados por el órgano que lo otorgó; desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento; desafectación del bien; y cualquier otra causa prevista en sus condiciones.

Artículo 101. Destino de las obras a la extinción del título

Extinguida la concesión, el titular debe demoler las obras e instalaciones fijas, o lo hará la Administración por ejecución subsidiaria a su costa, salvo que el título prevea mantenerlas o lo decida la autoridad concedente; en ese caso las adquiere gratis y libres de cargas la Administración General del Estado o el organismo que otorgó la concesión. En el rescate anticipado se indemniza el perjuicio material, teniendo en cuenta a los acreedores hipotecarios inscritos. Estos son notificados de los expedientes de extinción por incumplimiento para defenderse y proponer un sustituto.

Artículo 102. Liquidación de concesiones y autorizaciones sobre bienes desafectados

La propuesta de desafectación exige memoria justificativa. Desafectados, se declara la caducidad de los títulos con plazo cumplido o con libre rescate sin plazo; los demás caducan al vencer sus plazos. Mientras no se extingan, mantienen su contenido pero pasan al Derecho privado y a la jurisdicción civil. Si los bienes son de la Administración General del Estado, declara la caducidad el Ministro de Hacienda y la Dirección General del Patrimonio del Estado ejerce derechos y deberes. Hacienda puede expropiar los derechos que perjudiquen el destino o la venta del bien.

Artículo 103. Derecho de adquisición preferente

Si se acuerda la enajenación onerosa de bienes patrimoniales, los titulares de derechos vigentes nacidos de concesiones otorgadas cuando eran demaniales tienen preferencia para adquirir lo concedido, si es enajenable. Plazo: 20 días naturales desde la notificación fehaciente de la decisión, precio y condiciones; sin notificación o con condiciones distintas, 30 días naturales desde la inscripción de la venta. No surge en cesiones gratuitas ni en transmisiones a Administraciones, organismos, fundaciones o instituciones públicas u organismos internacionales.

Artículo 104. Reservas demaniales

La Administración General del Estado puede reservarse el uso exclusivo de bienes suyos destinados al uso general para fines de su competencia cuando lo justifiquen razones de utilidad pública o interés general. La reserva dura solo el tiempo necesario para esos fines. La declara el Consejo de Ministros por acuerdo publicado en el BOE e inscrito en el Registro de la Propiedad. Prevalece sobre cualquier otro uso y lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios, de los derechos preexistentes incompatibles.

Artículo 79

El patrimonio de las entidades locales es el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen. Sus bienes son de dominio público o patrimoniales. Son de dominio público los destinados a un uso o servicio público, y son comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

Artículo 80

Los bienes comunales y los demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a ningún tributo. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.

Artículo 81

Para alterar la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales hace falta un expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante, la alteración es automática en dos casos: la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios, y la adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos.

Artículo 82

Las entidades locales tienen dos prerrogativas sobre sus bienes. La primera es recuperar por sí mismas su posesión: en cualquier momento los de dominio público y en el plazo de un año los patrimoniales. La segunda es el deslinde, que se ajusta a la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, a la de montes.

Artículo 83