Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

Artículo 43. Régimen de control judicial

En pocas palabras

Contra las actuaciones de defensa patrimonial hechas conforme al procedimiento no cabe la tutela sumaria de la posesión (art. 250.4.º LEC) y esas demandas no se admiten. Los actos que afecten a derechos civiles solo son recurribles en vía contencioso-administrativa por infracción de normas de competencia y procedimiento, agotada la vía administrativa. Quien se considere perjudicado en su propiedad u otros derechos civiles puede acudir al orden civil, previa reclamación en vía administrativa.

Explicación sencilla

Delimita el control judicial de las prerrogativas de defensa del patrimonio: cierra la vía interdictal, reduce el control contencioso a competencia y procedimiento y deja las cuestiones de propiedad al juez civil.

Regla mnemotécnica

Contencioso: solo C y P (Competencia y Procedimiento). La propiedad, al civil. Interdicto: no admitido.

Trampa típica de examen

Pensar que la acción de tutela sumaria de la posesión se admite contra estas actuaciones: no cabe y las demandas no serán admitidas a trámite.

Texto del artículo 43 de la Ley 33/2003 (LPAP)

1. Frente a las actuaciones que, en ejercicio de las facultades y potestades enumeradas en el artículo 41 de esta ley y de acuerdo con el procedimiento establecido, realicen las Administraciones públicas no cabrá la acción para la tutela sumaria de la posesión prevista en el artículo 250.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Las demandas en las que se ejercite esta pretensión no serán admitidas a trámite. 2. Los actos administrativos dictados en los procedimientos que se sigan para el ejercicio de estas facultades y potestades que afecten a titularidades y derechos de carácter civil sólo podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa. Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su derecho de propiedad u otros de naturaleza civil por dichos actos podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los órganos del orden jurisdiccional civil, previa reclamación en vía administrativa conforme a las normas del título VIII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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