Tema 35 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 1

La Ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, en la que se entiende comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, acordada imperativamente, sea quien sea su titular e implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. Quedan fuera las ventas forzosas reguladas por la legislación especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas.

Artículo 2

Solo pueden acordar la expropiación forzosa el Estado, la Provincia o el Municipio. Por causa de utilidad pública pueden ser además beneficiarios las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición. Por causa de interés social puede serlo, aparte de los indicados, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos.

Artículo 3

Las actuaciones del expediente expropiatorio se entienden, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considera propietario o titular a quien conste como tal en registros públicos que produzcan presunción de titularidad solo destruible judicialmente; en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales; y, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.

Artículo 4

Las diligencias se entienden también, siempre que lo soliciten y acrediten debidamente su condición, con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable y con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos. Para cada arrendatario se inicia el respectivo expediente incidental para fijar la indemnización que pueda corresponderle. Si la existencia de esos titulares resulta de los registros que menciona el artículo tercero, su citación en el expediente es preceptiva.

Artículo 5

Las diligencias se entienden con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere el artículo dieciocho, los propietarios o titulares no comparecen en el expediente, están incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o la propiedad es litigiosa. También son parte en el expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre el objeto que se trata de expropiar.

Artículo 6

Quienes no pueden enajenar sin permiso o resolución judicial los bienes que administran o disfrutan se consideran, sin embargo, autorizados para hacerlo en los supuestos de esta Ley. Las cantidades a que ascienda el justo precio se depositan a disposición de la autoridad judicial para que les dé el destino previsto en las Leyes vigentes.

Artículo 7

Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no impiden la continuación de los expedientes de expropiación forzosa. El nuevo titular se considera subrogado en las obligaciones y derechos del anterior.

Artículo 8

La cosa expropiada se adquiere libre de cargas. Sin embargo, puede conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado si se dan dos condiciones: que resulte compatible con el nuevo destino que haya de darse al objeto y que exista acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.

Artículo 9

Para proceder a la expropiación forzosa es indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social. Lo que se declara de utilidad pública o interés social es el fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.

Artículo 10

En la expropiación de inmuebles, la utilidad pública se entiende implícita en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto debe hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que las Leyes que regulan categorías determinadas de obras, servicios o concesiones hayan dispuesto otra cosa.

Artículo 11

En todos los casos no previstos en el artículo anterior y relativos a bienes inmuebles, la declaración de utilidad pública debe hacerse mediante Ley aprobada en Cortes, siempre que no se trate de los bienes que, con arreglo a esta Ley, se regulan por disposición especial.

Artículo 12

Respecto a los bienes muebles, la utilidad pública debe declararse expresa y singularmente mediante Ley en cada caso. La excepción: si esa u otra Ley han autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes, basta el acuerdo del Consejo de Ministros.

Artículo 13

El interés social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos, a los fines específicos de los artículos treinta y treinta y uno del Fuero de los Españoles, se sujeta, en cuanto a su declaración, al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.

Artículo 14

La concesión del título de Empresa de interés nacional lleva aneja, sin más, la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios. Esa declaración se refiere a las obras y servicios que requiera el cumplimiento de los fines de la Empresa.

Artículo 15

Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resuelve sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros pueden incluirse también, entre los bienes de necesaria ocupación, los indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate.

Artículo 16

Cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia se observa el régimen establecido al efecto en el Concordato vigente. En lo demás, la expropiación de esos bienes se ajusta a lo preceptuado en esta ley.

Artículo 17

A los efectos del artículo quince, el beneficiario de la expropiación debe formular una relación concreta e individualizada que describa, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Si el proyecto de obras y servicios comprende esa descripción material detallada, la necesidad de ocupación se entiende implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario sigue obligado a formular la relación, a los solos efectos de la determinación de los interesados.

Artículo 18

Recibida la relación señalada en el artículo anterior, el Gobernador civil abre información pública durante un plazo de quince días. En las expropiaciones realizadas por el Estado, la relación se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, y se comunica además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios.

Artículo 19

Cualquier persona puede aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación. En el caso del párrafo segundo del artículo diecisiete, cualquier persona puede formular alegaciones, pero a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación.

Artículo 20

Vistas las alegaciones de quienes comparezcan en la información pública, el Gobernador civil, tras las comprobaciones que estime oportunas, resuelve sobre la necesidad de la ocupación en el plazo máximo de veinte días. La resolución describe detalladamente los bienes y derechos afectados y designa nominalmente a los interesados con los que se entenderán los trámites sucesivos. Solo son interesados a estos efectos las personas definidas en los artículos tercero y cuarto.

Artículo 21

El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. Se publica en igual forma que la prevista en el artículo dieciocho para el acto que ordena abrir la información pública. Además, debe notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, pero solo en la parte que pueda afectarlas.

Artículo 22

Contra el acuerdo de necesidad de ocupación cabe recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente. Pueden interponerlo los interesados en el procedimiento expropiatorio y quienes hubieran comparecido en la información pública. Plazo para interponerlo: diez días desde la notificación personal o desde la publicación en los «Boletines Oficiales», según los casos. Plazo para resolver: veinte días. La interposición suspende hasta que se dicte resolución expresa. Contra la orden ministerial que resuelve no cabe la vía contencioso-administrativa.

Artículo 23

Si la expropiación solo exige ocupar una parte de una finca rústica o urbana y, a consecuencia de ello, al propietario le resulta antieconómico conservar la parte no expropiada, este puede solicitar a la Administración que la expropiación comprenda la totalidad de la finca. Debe decidirse en el plazo de diez días. La resolución es susceptible del recurso de alzada previsto en el artículo anterior; no se da recurso contencioso-administrativo y se está a lo dispuesto en el artículo cuarenta y seis.

Artículo 24

La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación pueden convenir libremente y por mutuo acuerdo la adquisición de los bienes o derechos; convenidos los términos de la adquisición amistosa, se da por concluido el expediente iniciado. Si en quince días no se llega al acuerdo, se sigue el procedimiento de los artículos siguientes, aunque las partes pueden alcanzar el mutuo acuerdo en cualquier estado posterior de la tramitación.

Artículo 25

El justo precio se determina una vez que es firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables. La firmeza de ese acuerdo es, por tanto, lo que da paso a la determinación del justo precio.

Artículo 26

La fijación del justo precio se tramita como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse. Se abre un expediente individual a cada propietario de bienes expropiables. El expediente es único en dos casos: cuando el objeto de la expropiación pertenece en comunidad a varias personas y cuando varios bienes constituyen una unidad económica.

Artículo 27

A los efectos del artículo anterior, se entiende que existe unidad económica en dos supuestos. En fincas rústicas o urbanas, cuando se hallen inscritas o sean susceptibles de inscripción bajo un mismo número, de acuerdo con la Ley Hipotecaria. En cosas muebles, cuando exista una universidad de hecho o de derecho.

Artículo 28

Cuando el objeto de la expropiación forzosa está constituido por valores mobiliarios, se forman tantas piezas separadas como clases de títulos hayan de expropiarse. Para ello se atiende a las características que puedan influir en su valoración.

Artículo 29

En cada expediente, la Administración requiere a los propietarios para que, en veinte días contados desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman el objeto que se expropia; pueden aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes. La valoración ha de ser forzosamente motivada y puede ir avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios se acomodan a las tarifas que apruebe la Administración y son siempre de cuenta de los propietarios.

Artículo 30

La Administración expropiante debe aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo de veinte días. Si la acepta, el justo precio queda determinado definitivamente y la Administración lo paga como requisito previo a la ocupación o disposición. Si la rechaza, extiende hoja de aprecio fundada, que se notifica al propietario; este, dentro de los diez días siguientes, puede aceptarla lisa y llanamente o rechazarla, y entonces tiene derecho a hacer alegaciones, con los métodos valorativos que juzgue más adecuados, y a aportar pruebas.

Artículo 31

Si el propietario rechaza el precio fundado ofrecido por la Administración, el expediente de justiprecio se pasa al Jurado provincial de expropiación. El paso al Jurado depende, pues, de ese rechazo del propietario.

Artículo 32

Hay un Jurado provincial de expropiación en cada capital de provincia. Preside el Magistrado que designe el Presidente de la audiencia. Vocales: un Abogado del Estado de la Delegación de Hacienda; dos funcionarios técnicos designados por esta; un representante de la Cámara Agraria Provincial si es propiedad rústica y, si no, de la Cámara de la Propiedad Urbana, de Comercio, Industria y Navegación, Colegio profesional u Organización empresarial; un Notario designado por el Decano del Colegio Notarial; y el Interventor territorial. En Ceuta y Melilla preside el Juez de Primera Instancia.

Artículo 33

Para constituirse y adoptar acuerdos válidamente, los Jurados necesitan en primera convocatoria la asistencia de todos sus miembros; en segunda, la del Presidente y dos Vocales, uno de los apartados a) o b) del artículo anterior y otro de los c) o d). Deciden por mayoría de votos. El Reglamento regula incompatibilidades, excusas, asistencias, dietas (a cargo del expropiante), sanciones y sustituciones. Las funciones administrativas y subalternas son del personal adscrito a los Gobiernos civiles; Secretario: un funcionario del Cuerpo Técnico-administrativo designado por el Gobernador.

Artículo 34

El Jurado de Expropiación decide ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación. Lo hace a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración.

Artículo 35

La resolución del Jurado de expropiación ha de ser necesariamente motivada, razonando los criterios de valoración seguidos en relación con lo dispuesto en la Ley. Se notifica a la Administración y al propietario, ultima la vía gubernativa y contra ella solo procede el recurso contencioso-administrativo. La fecha del acuerdo es el término inicial para la caducidad de la valoración establecida en el artículo 58 de la Ley.

Artículo 36

Las tasaciones se hacen según el valor de los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin contar las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que da lugar a la expropiación ni las previsibles para el futuro. Las mejoras posteriores a la incoación del expediente de expropiación no se indemnizan, salvo que se demuestre que eran indispensables para conservar los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo las realizadas de mala fe.

Artículo 37

Las tasaciones del propietario, de la Administración expropiante y del Jurado Provincial de Expropiación deben ajustarse en todo caso a las normas de valoración que se establecen en los artículos siguientes, salvo lo previsto en el artículo cuarenta y tres de la Ley.

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Las obligaciones, acciones, cuotas y demás modalidades de participación en el capital o en los beneficios de empresas mercantiles se estiman en la media aritmética de tres criterios: 1) la cotización media en el año anterior a la fecha de apertura del expediente; 2) la capitalización al tipo de interés legal del beneficio promedio de la Empresa en los tres ejercicios sociales anteriores; 3) el valor teórico de los títulos, que es la diferencia entre activo real y pasivo exigible en el último balance aprobado.

Artículo 41

Valora las concesiones administrativas cuya legislación especial no trae normas de valoración para expropiación o rescate. Primera: perpetuas de dominio público con canon, artículo 39 menos el canon capitalizado al interés legal. Segunda: de servicios públicos o mineras otorgadas hace más de tres años, rendimientos líquidos de los tres últimos años capitalizados al interés legal, sin bajar del valor material de las instalaciones afectas. Tercera: con menos de tres años o aún en plazo de instalación, artículo 43. Se aplica también a minas de minerales de interés militar y radiactivos.

Artículo 42

El justo precio de los derechos reales sobre bienes inmuebles no se calcula con reglas propias de este artículo: se practica con arreglo a las normas de valoración que señala la vigente legislación del impuesto sobre derechos reales.

Artículo 43

Propietario y Administración pueden tasar con los criterios estimativos que juzguen más adecuados si la evaluación hecha por los artículos anteriores no les resulta conforme con el valor real. El Jurado provincial de expropiación también, si el precio resulta notoriamente inferior o superior a ese valor. El régimen no se aplica en ningún caso a los inmuebles (solo la ley de valoración del suelo) y a los muebles solo si no tienen criterio particular en leyes especiales. Se empieza evaluando por las normas de la Ley; propietario o Administración proponen las rectificaciones y decide el Jurado.

Artículo 44

Cuando se expropia una finca arrendada, la Administración o entidad expropiante hace efectiva al arrendatario la indemnización que corresponda. Antes debe fijarla el Jurado de Expropiación, y su cuantía se determina aplicando las normas de la legislación de Arrendamientos.

Artículo 45

Si en el momento de la ocupación existen cosechas pendientes o se han efectuado labores de barbechera, unas y otras se indemnizan. El momento que cuenta es el de la ocupación, y la indemnización se abona «a quien corresponda»: el artículo no dice que sea al propietario.

Artículo 46

En el supuesto del artículo 23, cuando la Administración rechace la expropiación total, el justiprecio debe incluir la indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca. No es un pago aparte: se incluye en el propio justiprecio.

Artículo 47

En todos los casos de expropiación se abona al expropiado un cinco por ciento como premio de afección. Se paga además del justo precio fijado en la forma establecida en los artículos anteriores: se suma a él, no lo sustituye.

Artículo 48

Una vez determinado el justo precio, se paga la cantidad que resulte en el plazo máximo de seis meses. El pago se verifica mediante talón nominativo al expropiado, o por transferencia bancaria si el expropiado ha manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por ese medio.

Artículo 49

El pago del precio está exento de toda clase de gastos, de impuestos y de gravámenes o arbitrios, sean del Estado, de la Provincia o del Municipio. La exención alcanza incluso al de pagos del Estado, que no queda fuera de ella.

Artículo 50

Si el propietario rehúsa recibir el precio, o hay cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, el justiprecio se consigna, por la cantidad objeto de discordia, en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente. Aunque haya litigio o recurso pendiente, el expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización hasta el límite en que exista conformidad con la Administración; esa entrega es provisional y queda subordinada en todo caso al resultado del litigio.

Artículo 51

Pagado o consignado el justo precio, puede ocuparse la finca por vía administrativa o ejercitarse el derecho expropiado, si no se hizo ya por el procedimiento excepcional del artículo siguiente. En la ocupación de inmuebles, solo dependen del consentimiento del titular el domicilio de las personas físicas y jurídicas y los locales cerrados sin acceso al público. En los demás, la Administración expropiante entra y toma posesión directamente, cumplidas las formalidades de la Ley, recabando si es preciso del Delegado del Gobierno el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Artículo 52

Excepcionalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros, puede declararse urgente la ocupación, con retención de crédito en el expediente. La declaración cabe en cualquier momento y da por cumplida la necesidad de ocupación. El acta previa se notifica por cédula con ocho días de antelación mínima y la levantan el representante de la Administración, un perito y el Alcalde o Concejal en que delegue. La Administración formula el depósito previo, que se consigna en la Caja de Depósitos, y fija la indemnización por rápida ocupación, sin recurso. Luego ocupa en el plazo máximo de quince días.

Artículo 53

El acta de ocupación, extendida a continuación del pago y acompañada de sus justificantes, es título bastante para que el Registro de la Propiedad y los demás Registros públicos inscriban o tomen razón de la transmisión de dominio y cancelen, en su caso, las cargas, gravámenes y derechos reales que afectaran a la cosa expropiada. Surte iguales efectos el acta acompañada del justificante de la consignación del precio o del resguardo de depósito. Esos documentos son también títulos de inmatriculación en el Registro de la Propiedad.

Artículo 54

El primitivo dueño o sus causahabientes pueden recobrar lo expropiado si no se ejecuta la obra o servicio, si hay parte sobrante o si desaparece la afectación. No hay reversión si a la vez se acuerda otra afectación de utilidad pública o interés social, ni si la afectación dura diez años desde el fin de la obra. Plazo para solicitarla: tres meses desde la notificación; sin ella, cabe antes de veinte años desde la toma de posesión (exceso o desafectación), tras cinco años sin iniciar la obra o con suspensión de más de dos años. Resuelve la Administración titular del bien.

Artículo 55

Para ejercer la reversión hay que restituir la indemnización expropiatoria percibida, actualizada con el índice de precios al consumo entre la iniciación del expediente de justiprecio y el ejercicio del derecho; la Administración fija el importe en el acuerdo que reconoce la reversión. Por excepción, hay nueva valoración si hubo cambios de calificación jurídica, mejoras aprovechables o menoscabo de valor. Sin previo pago o consignación no hay toma de posesión, y debe hacerse en el plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad.

Artículo 56

Si transcurren seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin que el justo precio se haya determinado por resolución definitiva, la Administración expropiante culpable de la demora debe abonar al expropiado una indemnización: el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado. Se liquida con efectos retroactivos, una vez efectuado el justiprecio.

Artículo 57

La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devenga el interés legal correspondiente a favor del expropiado. El devengo empieza cuando han transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo 48 y dura hasta que se proceda al pago.

Artículo 58

Si transcurren cuatro años sin que la cantidad fijada como justo precio se haga efectiva o se consigne, hay que evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos del Capítulo III del mismo Título. Pero una vez efectuado el pago o realizada la consignación, no procede el derecho a la retasación, aunque haya transcurrido el plazo de cuatro años.

Artículo 59

Cuando la Administración tenga que expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideración de conjunto, el Consejo de Ministros puede acordar, mediante Decreto, que se aplique el procedimiento expropiatorio especial regulado en este capítulo.

Artículo 60

El acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere el artículo anterior hace que se entienda cumplido el trámite de declaración de la necesidad de la ocupación. Alcanza a los bienes que hayan de ser expropiados según el proyecto y replanteo aprobados, y también según los reformados posteriores.

Artículo 61

A efectos del justiprecio, la Administración formula un proyecto que clasifica las zonas o clases de bienes a expropiar en polígonos o grupos determinados, según su diferente naturaleza económica. A cada polígono o grupo le asigna precios máximos y mínimos de valoración, con módulos de aplicación en su caso.

Artículo 62

Sobre el proyecto de precios máximos y mínimos por polígonos o grupos, debidamente razonados, se abre información pública por un mes. La Administración publica edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia donde radican los bienes y el extracto en el «Boletín Oficial del Estado» y en dos diarios de la capital de esa provincia, si los hubiere. Además notifica el proyecto a los Ayuntamientos y Entidades corporativas y sindicales con jurisdicción sobre las zonas e intereses afectados.

Artículo 63

Las entidades notificadas según el artículo anterior, y cualquier otra que justifique un interés directo, pueden reclamar en la información pública únicamente sobre la clasificación en polígonos o grupos. Sobre los precios máximos y mínimos solo están legitimados para reclamar los titulares directos de los bienes o intereses expropiables según el Título primero de la Ley.

Artículo 64

Si en el período de información pública no se presentan reclamaciones, la Administración eleva el proyecto de precios máximos y mínimos a acuerdo definitivo. Ese acuerdo definitivo es firme a todos los efectos.

Artículo 65

Las reclamaciones sobre la clasificación de los bienes a expropiar en polígonos o grupos las considera la Administración antes de tomar acuerdo definitivo sobre ese extremo. El acuerdo debe recaer antes del mes siguiente al cierre de la información y es firme a todos los efectos.

Artículo 66

Las reclamaciones sobre los precios máximos y mínimos dan lugar a que la Administración formule una hoja de aprecio definitivo sobre los precios controvertidos. Esa hoja se notifica al reclamante, que puede rechazarla lisa y llanamente dentro de los diez días siguientes.

Artículo 67

Si el reclamante rechaza la hoja de aprecio de la Administración, el expediente pasa al Jurado Provincial de Expropiación, que fija definitivamente los precios máximos y mínimos controvertidos. Contra ese acuerdo puede reclamarse en vía contenciosa en los términos comunes del artículo ciento veintiséis.

Artículo 68

Los precios máximos y mínimos del proyecto que se refieran a polígonos o grupos sobre los que no se haya suscitado discordia son acordados como firmes por la Administración. Lo no discutido queda, por tanto, firme por acuerdo de la propia Administración.

Artículo 69

Una vez fijados definitivamente los precios máximos y mínimos con sus módulos de aplicación, son preceptivos para valorar las fincas o bienes de los polígonos o grupos respectivos. Solo se admiten diferencias entre las partes sobre su aplicación, que se lleva a cabo por el mismo procedimiento establecido por los artículos veintiséis y siguientes de la Ley.

Artículo 70

Los precios máximos y mínimos conservan su vigencia durante los cinco años siguientes a la fecha de su acuerdo. En casos de extraordinaria alteración del valor de la moneda, el Consejo de Ministros, con audiencia del Consejo de Estado, puede acordar la revisión global o pormenorizada de esos precios antes de que venza la fecha de caducidad.

Artículo 71

Hay causa de interés social para la expropiación forzosa, además de en los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando una Ley, con esa estimación expresa, ha declarado específicamente la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de una determinada función social y el propietario incumple esa directiva.

Artículo 72

Para aplicar el supuesto anterior hacen falta cuatro requisitos: primero, la declaración positiva de que un bien o categoría de bienes debe sufrir determinadas transformaciones o ser utilizado de manera específica; segundo, que la formule una Ley o un Decreto acordado en Consejo de Ministros; tercero, que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación forzosa frente al incumplimiento; cuarto, que se haya fijado un plazo y a su vencimiento la función resulte total o sustancialmente incumplida por el propietario.

Artículo 73

La expropiación de este capítulo impone al beneficiario la carga de cumplir la función desatendida, causa de la expropiación, en un plazo que no puede exceder del que se señaló al expropiado. Solo cuando el beneficiario sea la Administración y proceda incluir el cumplimiento de esa función en un plan de conjunto más extenso puede excederse ese límite.

Artículo 74

Cuando el beneficiario de la expropiación incumple a su vez la función señalada, la Administración tiene la opción a que se refiere el apartado d) del artículo siguiente y, además, el Gobierno puede sancionar al beneficiario con multa hasta el límite de quinientas mil pesetas.

Artículo 75

Rige el procedimiento general con particularidades: a) la declaración de necesidad de ocupación se sustituye por la de que concurren los requisitos del artículo setenta y dos; b) la Administración puede expropiar directamente para adjudicar a particulares o subastar, y el exceso sobre el precio del expediente es para el expropiado; c) desierta la subasta, segunda licitación con rebaja del veinticinco por ciento; d) desierta la segunda, la Administración puede adquirir la cosa o dejarla en estado público de venta; e) si no opta por adquirirla, el expediente caduca a los seis meses.

Artículo 76

La expropiación de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico, sean muebles o inmuebles, se lleva a cabo con arreglo a lo dispuesto en la propia Ley, con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 77

Una vez acordada la expropiación, el Gobernador civil de la provincia puede adoptar cuantas medidas sean necesarias para que no se alteren las condiciones características de la cosa o bien afectado.

Artículo 78

El justo precio se determina mediante tasación pericial por una Comisión de tres académicos: uno designado por la Mesa del Instituto de España, otro por el Ministerio de Educación y Cultura y el tercero por el propietario del bien afectado. La designación puede recaer en académicos de las Academias de Distrito. Preside el primero de los indicados, que decide los empates con voto de calidad.

Artículo 79

La Comisión prevista en el artículo anterior se reúne en el plazo de un mes desde la fecha de la Orden ministerial que acuerda la expropiación. En el mes siguiente debe formular, con informe motivado, el justo precio, que es ejecutorio para la Administración y para el expropiado. Ese justo precio en ningún caso puede ser inferior al que resulte de aplicar las disposiciones del Título II de la Ley.

Artículo 80

El justo precio, a los efectos del precio que la legislación concede a los descubridores de objetos de interés para el Patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Nación, se determina conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores. Se mantienen los porcentajes de participación que reconoce la legislación del Ramo.

Artículo 81

En los casos de expropiación, venta pública, subasta o liquidación de los bienes de este capítulo, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo, para sí o para otra persona pública, obligándose a pagar el precio en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo que el particular interesado acepte otras formas de pago. También puede ejercer el retracto, para sí o para otra persona pública, en un plazo de seis meses desde que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión, con las mismas condiciones de pago.

Artículo 82

Se aplica el procedimiento general de la Ley a las expropiaciones de edificios y terrenos que impidan la contemplación de monumentos histórico-artísticos, que constituyan causa de riesgo o de cualquier perjuicio para el mismo, y de cuantos puedan destruir o aminorar la belleza o seguridad de los conjuntos de interés histórico-artístico.

Artículo 83

La indemnización que proceda abonar por la ocupación temporal de inmuebles por causa de excavaciones arqueológicas se determina con arreglo a lo dispuesto en el capítulo séptimo de este mismo título. El artículo no fija cuantías ni plazos: solo remite a ese capítulo.

Artículo 84

Las cuestiones derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este capítulo (el de la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico) se reservan a la jurisdicción contencioso-administrativa, con arreglo al título quinto de la Ley.

Artículo 85

Las expropiaciones por razón de urbanismo y las que realicen las entidades locales se ajustan a la Ley de Régimen Local y demás aplicables y, en lo no previsto, a esta Ley, con tres cambios: 1.ª, el justo precio sigue las reglas y el procedimiento del capítulo tercero del título segundo; 2.ª, en el Jurado Provincial, el funcionario técnico del apartado b) del artículo treinta y dos lo designa la Corporación local interesada; 3.ª, las facultades de la Administración o autoridades gubernativas corresponden íntegramente, en los asuntos locales, a la Corporación o a sus organismos especiales.

Artículo 86

Cuando sea preciso expropiar las tierras que sirven de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Consejo de Ministros acuerda el traslado de la población, de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas interesadas. Los preceptos del capítulo se aplican también a la expropiación de instalaciones industriales, siempre que concurran las mismas circunstancias.

Artículo 87

La expropiación se lleva a cabo con arreglo a esta Ley y no se queda en las tierras de necesaria ocupación: comprende la totalidad de los bienes inmuebles sitos en el territorio de la Entidad afectada, salvo que los interesados soliciten que la expropiación se limite a aquellas tierras.

Artículo 88

Los vecinos de la Entidad local tienen dos derechos: una indemnización por los perjuicios que les ocasione el traslado y ser instalados en una porción de terreno de características similares al territorio de la Entidad afectada.

Artículo 89

Son perjuicios indemnizables tres conceptos: A) cambio forzoso de residencia, con gastos de viaje por traslado familiar, transportes de ajuar y elementos de trabajo y jornales perdidos durante esos transportes; B) reducción del patrimonio familiar, referida a las bajas en la producción agropecuaria por mermas de la superficie personalmente aprovechada (propiedad, arrendamiento y disfrute de terrenos comunales por razón de vecindad); C) quebrantos por interrupción de actividades profesionales, comerciales y manuales ejercidas personalmente por el interesado en el lugar de su residencia.

Artículo 90

Los tipos de indemnización abonables por cada uno de los conceptos del artículo anterior se fijan a propuesta del órgano que reglamentariamente se determine por el Consejo de Ministros, y previo dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.

Artículo 91

Fijados los tipos de indemnización, el Gobernador civil o la autoridad competente en cada caso anuncia, en la forma prevista en el artículo dieciocho, que los interesados pueden solicitar en un plazo de quince días la indemnización a que crean tener derecho, precisando las circunstancias de hecho en que se fundan.

Artículo 92

Presentadas las solicitudes, se fija la indemnización abonable a cada interesado. Contra el acuerdo que se adopte se puede reclamar ante el Jurado Provincial de expropiación en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a la notificación del acuerdo, cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros.

Artículo 93

Artículo 94

Los vecinos pueden solicitar su instalación en el nuevo territorio de la Entidad al presentar la solicitud de indemnización del artículo noventa y uno. Por eso, al publicarse el anuncio previsto en ese artículo debe expresarse la necesidad de que, dentro del plazo en él fijado, los interesados presenten sus solicitudes sobre ese extremo.

Artículo 95

Transcurrido el plazo del artículo anterior se forma una relación de vecinos, con descripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personal y directamente explotaban. Se expone al público quince días para rectificar errores materiales. Hechas las rectificaciones, se eleva al Consejo de Ministros para que, a través del Instituto Nacional de Colonización, se adquieran fincas adecuadas para establecer a los vecinos que lo hayan solicitado y para erigir la nueva Entidad local que sustituya a la desaparecida.

Artículo 96

El Instituto Nacional de Colonización instala a los vecinos en el nuevo territorio y proporciona a cada uno, en arrendamiento o en propiedad, una vivienda o local de negocio de características similares a la que ocupaban. Se les adjudica también una finca o fincas análogas a las que cultivaban directa y personalmente, como propietarios o a título distinto, cuya propiedad pueden adquirir según la legislación especial de colonización. El patrimonio de la nueva Entidad local se adjudica conforme a esa legislación, con las indemnizaciones que deba percibir la Corporación local desaparecida.

Artículo 97

Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regulan por su legislación especial, incluso en lo relativo a los órganos, medios de valoración y recursos. En lo no previsto en esa legislación especial rige como supletoria la presente Ley.

Artículo 98

Las facultades de incoación y tramitación de los expedientes relacionados con los servicios de Obras Públicas corresponden a los Ingenieros Jefes de los Servicios respectivos, que asumen en esa materia las facultades que la Ley atribuye con carácter general a los Gobernadores civiles.

Artículo 99

Artículo 100

Si el Gobierno acuerda adquirir inmuebles en la zona militar de costas y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional, las expropiaciones se ajustan a los artículos 52 y 53 y el expediente lo tramita la Administración militar que corresponda según el ejército al que queden afectos los bienes. En el Jurado Provincial de Expropiación, el funcionario técnico del apartado b) del artículo 32 se sustituye por un técnico militar del Departamento respectivo, Vocal siempre que el Gobierno Militar de la provincia comunique su nombramiento al remitirse el expediente.

Artículo 101

En tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial que no sea para maniobras, las autoridades militares pueden utilizar, previa requisa, toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos, prestaciones personales y, en general, todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares.

Artículo 102

Fuera de los casos del artículo anterior solo pueden requisarse: alojamientos para personal, ganado y material; raciones de pan y pienso, combustible, alumbrado, alojamiento y lo necesario para asistir a enfermos o heridos; y medios terrestres, marítimos o aéreos de locomoción o transporte. Estas dos últimas prestaciones no exceden de veinticuatro horas cada vez. En grandes maniobras, la autoridad militar puede requisar propiedades rústicas y urbanas en el territorio y período previamente señalados. Por Decreto cabe la requisa, en vía de ensayo, de los medios de locomoción y transporte.

Artículo 103

En ningún caso puede exigirse la requisa de recursos superiores a los que posean los Municipios. Además, a los Municipios se les deben respetar siempre los víveres necesarios para la alimentación civil durante un tiempo prudencial.

Artículo 104

El derecho de requisa corresponde a la autoridad militar reglamentariamente determinada. Esa autoridad puede delegar el ejercicio del derecho, pero solo dentro de los límites autorizados.

Artículo 105

Toda prestación por requisa da derecho a una indemnización por el importe del servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado o de los daños y desperfectos que por su causa se produzcan. Las cantidades no pagadas en un plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se efectuó la requisa, devengan el interés legal. No es indemnizable la prestación de alojamiento, en casas particulares o en edificios públicos, de las fuerzas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y demás personas afectas a los mismos.

Artículo 106

El importe de las indemnizaciones lo fijan la Comisión Central de Valoraciones de requisas y las provinciales. La Central se nombra por Decreto y establece tarifas uniformes y las bases de valoración para las provinciales. Las provinciales se componen de cinco diputados provinciales designados por el Presidente de la Diputación, un Jefe de Intendencia y otro de Intervención, y las preside quien designe la autoridad militar; señalan precios cuando no hay tarifa general y los elevan a la aprobación de la Central. En territorios ocupados pueden constituirse Comisiones especiales de valoración.

Artículo 107

Las normas contenidas en este capítulo se desarrollarán, para su aplicación, mediante un Reglamento especial. Ese Reglamento lo dicta la Presidencia del Gobierno y exige previo informe del Consejo de Estado.

Artículo 108

La Administración, y las personas o entidades subrogadas en sus derechos, pueden ocupar temporalmente terrenos de un particular en cuatro casos: 1) estudios u operaciones facultativas de corta duración, para recoger datos para el proyecto o replanteo de una obra; 2) estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y otros que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública; 3) extracción de materiales necesarios para dichas obras; 4) por interés social, con los requisitos del artículo 72, para los trabajos que el propietario no hace por sí.

Artículo 109

Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal y de la imposición de servidumbres. Cuando su franqueamiento pueda ser de necesidad para los fines aludidos en el artículo anterior, debe obtenerse el permiso expreso de su morador.

Artículo 110

En el caso primero del artículo 108, el funcionario público encargado de los estudios, o el particular autorizado, debe llevar documentos que acrediten su misión, expedidos por la autoridad delegada del Gobierno en el lugar. Los perjuicios se abonan en el acto, previa tasación por peritos designados por el propietario y el facultativo encargado y, sin avenencia, por el Alcalde o su delegado. Si el propietario se resiste a dar el permiso o insiste en su negativa, se da cuenta al Gobernador civil o a la autoridad competente. El Gobernador puede retirar la autorización a instancia de parte.

Artículo 111

A efectos del número segundo del artículo 108, la declaración de utilidad pública o de interés social lleva consigo el derecho a las ocupaciones temporales que exija el fin concreto de la expropiación. Su necesidad se tramita conforme al capítulo II del título II, pero la resolución a que alude el artículo 21 es ejecutiva, sin perjuicio de los procedimientos ulteriores para determinar el justo precio. Si con el dueño de la finca ya se practicaron diligencias anteriores, se suprime la publicidad de las notificaciones, que son personales o, en su caso, por medio del Alcalde.

Artículo 112

Para las ocupaciones del artículo anterior, si es posible evaluar de antemano la indemnización, la Administración intenta antes de la ocupación un convenio con el propietario sobre su importe. El representante de la Administración, o el autorizado para la ocupación, ofrece la cantidad que considere ajustada y el interesado tiene diez días para contestar lisa y llanamente si acepta o rehúsa. Si acepta expresamente o no contesta en ese plazo, se paga o consigna la cantidad ofrecida y la finca puede ocuparse, sin que haya lugar a reclamación de índole alguna.

Artículo 113

Siempre que se rechace expresamente la oferta a que alude el artículo anterior, las partes elevan sus tasaciones, fundadas, al Jurado Provincial de Expropiación. El Jurado resuelve con carácter ejecutorio en el plazo de diez días, siguiéndose los trámites de los artículos 34 y siguientes de la Ley.

Artículo 114

Si no es posible señalar de antemano la importancia y duración de la ocupación, se intenta un convenio con el propietario para fijar una cantidad alzada suficiente para responder de su importe. En caso de desacuerdo, y para determinar en su día el importe definitivo, se procede en la forma del artículo anterior. Antes de ocupar sin haberse pagado el importe definitivo de la indemnización, se hace constar el estado de la finca en relación con cualquier circunstancia que pudiera ofrecer dudas para la valoración definitiva de los daños causados.

Artículo 115

En la ocupación temporal, las tasaciones se refieren siempre a los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, más los perjuicios causados en la finca o los gastos de restituirla a su primitivo estado. La tasación de una ocupación nunca debe alcanzar el valor de la finca. Si a la Administración le parece excesiva, puede pedir la valoración de la expropiación pura y simple y optar por ella siempre que su importe no exceda de una mitad de la de los daños y perjuicios causados.

Artículo 116

En el caso tercero del artículo 108, el valor de los materiales solo se abona si el propietario los tenía recogidos y apilados antes de la notificación de su necesidad para la Administración, o si las canteras estaban abiertas y en explotación antes de esa fecha, acreditándose la necesidad de los materiales y los productos para su uso. Fuera de ese supuesto, debe acreditar que tienen un valor conocido en el mercado y que ha satisfecho la contribución de la industria en el trimestre anterior a la declaración de necesidad de la ocupación. No basta haber utilizado alguno en algún tiempo.

Artículo 117

Cuando la conservación o reparación de una obra de utilidad pública exijan, en todo o en parte, la explotación permanente de una cantera, lo que procede es la expropiación, que se tramita por los trámites de la propia Ley.

Artículo 118

Si la ocupación del caso cuarto del artículo 108 implica para el propietario la pérdida temporal de los beneficios que la propiedad pueda producir, la Administración debe abonarle una renta, determinada automáticamente en el valor del líquido imponible registrado. Si las obras de la Administración determinan en el futuro un aumento de los rendimientos económicos de la propiedad, la Administración ocupante tiene derecho al reembolso de la capitalización de dicho aumento, garantizado con hipoteca legal sobre la finca. Este gravamen es redimible en cualquier momento por el propietario.

Artículo 119

Si, de acuerdo con la legislación vigente, el Estado decide por razones de interés público intervenir una empresa mercantil que haya cesado en el trabajo o haya sido temporalmente clausurada por sanción gubernativa, debe indemnizar a sus titulares el valor efectivo de los daños y deterioros extraordinarios de la maquinaria e instalaciones, siempre que se produzcan precisamente a causa de la intervención. Desaparecida la causa, los titulares pueden solicitar que cese la ocupación; si no les conviene continuar el negocio, lo manifiestan a la Administración, que puede decretar su expropiación.

Artículo 120

Cuando por graves razones de orden o seguridad públicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades, las Autoridades civiles adopten medidas que impliquen destrucción, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades de los diversos tipos de expropiación, el particular dañado tiene derecho a indemnización. Se rige por las normas sobre los daños de la ocupación temporal de inmuebles y el justiprecio de los muebles, y el expediente se inicia a instancia del perjudicado.

Artículo 121

Da lugar a indemnización, con arreglo al mismo procedimiento, toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que la Ley se refiere, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas discrecionales no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios. En los servicios públicos concedidos paga el concesionario, salvo que el daño tenga su origen en una cláusula impuesta por la Administración y de ineludible cumplimiento para él.

Artículo 122

El daño ha de ser, en todo caso, efectivo, evaluado económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. El derecho de reclamar prescribe al año del hecho que lo motivó. Presentada la reclamación, se entiende desestimada por el transcurso de cuatro meses sin que la Administración resuelva. Desde ese momento, o desde la notificación de la resolución expresa, en su caso, empieza a correr el plazo para el recurso contencioso-administrativo.

Artículo 123

En los servicios concedidos, la reclamación se dirige a la Administración que otorgó la concesión, en la forma prevista en el párrafo segundo del artículo 122. Esa Administración resuelve tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 121. La resolución deja abierta la vía contencioso-administrativa, que pueden utilizar el particular o el concesionario, en su caso.

Artículo 124

Con arreglo al artículo 32, párrafo segundo, del Fuero de los Españoles, nadie puede ser expropiado sino por causas de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.

Artículo 125

Si la Administración ocupa o intenta ocupar la cosa objeto de la expropiación sin haberse cumplido los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación y previo pago o depósito, según proceda, el interesado puede utilizar, aparte de los demás medios legales procedentes, los interdictos de retener y recobrar, para que los Jueces le amparen y, en su caso, le reintegren en su posesión amenazada o perdida.

Artículo 126

Contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera de las piezas separadas cabe recurso contencioso-administrativo, salvo el caso del artículo 22.3. Ambas partes pueden recurrir también los acuerdos sobre el justo precio; en este caso el recurso debe fundarse en lesión cuando la cantidad fijada sea inferior o superior en más de una sexta parte a la alegada por el recurrente o en trámite oportuno. En todo caso, puede fundarse en vicio sustancial de forma o en la violación u omisión de los preceptos de la Ley. Estos recursos son de turno preferente.

Artículo 127

Firme la sentencia dictada en vía contencioso-administrativa, se remiten copias de ella al Ministerio interesado, a la Presidencia del Gobierno y al de Hacienda, a los efectos oportunos. Si la sentencia se refiere a Entidades locales, se ejecuta con arreglo a su legislación especial.

Artículo 128

En todos los casos en que, con arreglo a esta Ley, la Administración esté obligada a indemnizar daños y perjuicios, la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa. La regla alcanza a «todos aquellos casos», sin que el artículo recoja excepción alguna.