Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa

Capítulo ÚnicoCapítulo Único

• Art. 1Artículo 1La Ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, en la que se entiende comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, acordada imperativamente, sea quien sea su titular e implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. Quedan fuera las ventas forzosas reguladas por la legislación especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas.
• Art. 2Artículo 2Solo pueden acordar la expropiación forzosa el Estado, la Provincia o el Municipio. Por causa de utilidad pública pueden ser además beneficiarios las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición. Por causa de interés social puede serlo, aparte de los indicados, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos.
• Art. 3Artículo 3Las actuaciones del expediente expropiatorio se entienden, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considera propietario o titular a quien conste como tal en registros públicos que produzcan presunción de titularidad solo destruible judicialmente; en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales; y, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.
• Art. 4Artículo 4Las diligencias se entienden también, siempre que lo soliciten y acrediten debidamente su condición, con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable y con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos. Para cada arrendatario se inicia el respectivo expediente incidental para fijar la indemnización que pueda corresponderle. Si la existencia de esos titulares resulta de los registros que menciona el artículo tercero, su citación en el expediente es preceptiva.
• Art. 5Artículo 5Las diligencias se entienden con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere el artículo dieciocho, los propietarios o titulares no comparecen en el expediente, están incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o la propiedad es litigiosa. También son parte en el expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre el objeto que se trata de expropiar.
• Art. 6Artículo 6Quienes no pueden enajenar sin permiso o resolución judicial los bienes que administran o disfrutan se consideran, sin embargo, autorizados para hacerlo en los supuestos de esta Ley. Las cantidades a que ascienda el justo precio se depositan a disposición de la autoridad judicial para que les dé el destino previsto en las Leyes vigentes.
• Art. 7Artículo 7Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no impiden la continuación de los expedientes de expropiación forzosa. El nuevo titular se considera subrogado en las obligaciones y derechos del anterior.
• Art. 8Artículo 8La cosa expropiada se adquiere libre de cargas. Sin embargo, puede conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado si se dan dos condiciones: que resulte compatible con el nuevo destino que haya de darse al objeto y que exista acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.

Capítulo IDe los requisitos previos a la expropiación forzosa

• Art. 9Artículo 9Para proceder a la expropiación forzosa es indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social. Lo que se declara de utilidad pública o interés social es el fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
• Art. 10Artículo 10En la expropiación de inmuebles, la utilidad pública se entiende implícita en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto debe hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que las Leyes que regulan categorías determinadas de obras, servicios o concesiones hayan dispuesto otra cosa.
• Art. 11Artículo 11En todos los casos no previstos en el artículo anterior y relativos a bienes inmuebles, la declaración de utilidad pública debe hacerse mediante Ley aprobada en Cortes, siempre que no se trate de los bienes que, con arreglo a esta Ley, se regulan por disposición especial.
• Art. 12Artículo 12Respecto a los bienes muebles, la utilidad pública debe declararse expresa y singularmente mediante Ley en cada caso. La excepción: si esa u otra Ley han autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes, basta el acuerdo del Consejo de Ministros.
• Art. 13Artículo 13El interés social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos, a los fines específicos de los artículos treinta y treinta y uno del Fuero de los Españoles, se sujeta, en cuanto a su declaración, al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.
• Art. 14Artículo 14La concesión del título de Empresa de interés nacional lleva aneja, sin más, la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios. Esa declaración se refiere a las obras y servicios que requiera el cumplimiento de los fines de la Empresa.

Capítulo IIDe la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos

• Art. 15Artículo 15Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resuelve sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros pueden incluirse también, entre los bienes de necesaria ocupación, los indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate.
• Art. 16Artículo 16Cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia se observa el régimen establecido al efecto en el Concordato vigente. En lo demás, la expropiación de esos bienes se ajusta a lo preceptuado en esta ley.
• Art. 17Artículo 17A los efectos del artículo quince, el beneficiario de la expropiación debe formular una relación concreta e individualizada que describa, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Si el proyecto de obras y servicios comprende esa descripción material detallada, la necesidad de ocupación se entiende implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario sigue obligado a formular la relación, a los solos efectos de la determinación de los interesados.
• Art. 18Artículo 18Recibida la relación señalada en el artículo anterior, el Gobernador civil abre información pública durante un plazo de quince días. En las expropiaciones realizadas por el Estado, la relación se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, y se comunica además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios.
• Art. 19Artículo 19Cualquier persona puede aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación. En el caso del párrafo segundo del artículo diecisiete, cualquier persona puede formular alegaciones, pero a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación.
• Art. 20Artículo 20Vistas las alegaciones de quienes comparezcan en la información pública, el Gobernador civil, tras las comprobaciones que estime oportunas, resuelve sobre la necesidad de la ocupación en el plazo máximo de veinte días. La resolución describe detalladamente los bienes y derechos afectados y designa nominalmente a los interesados con los que se entenderán los trámites sucesivos. Solo son interesados a estos efectos las personas definidas en los artículos tercero y cuarto.
• Art. 21Artículo 21El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. Se publica en igual forma que la prevista en el artículo dieciocho para el acto que ordena abrir la información pública. Además, debe notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, pero solo en la parte que pueda afectarlas.
• Art. 22Artículo 22Contra el acuerdo de necesidad de ocupación cabe recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente. Pueden interponerlo los interesados en el procedimiento expropiatorio y quienes hubieran comparecido en la información pública. Plazo para interponerlo: diez días desde la notificación personal o desde la publicación en los «Boletines Oficiales», según los casos. Plazo para resolver: veinte días. La interposición suspende hasta que se dicte resolución expresa. Contra la orden ministerial que resuelve no cabe la vía contencioso-administrativa.
• Art. 23Artículo 23Si la expropiación solo exige ocupar una parte de una finca rústica o urbana y, a consecuencia de ello, al propietario le resulta antieconómico conservar la parte no expropiada, este puede solicitar a la Administración que la expropiación comprenda la totalidad de la finca. Debe decidirse en el plazo de diez días. La resolución es susceptible del recurso de alzada previsto en el artículo anterior; no se da recurso contencioso-administrativo y se está a lo dispuesto en el artículo cuarenta y seis.

Capítulo IIIDe la determinación del justo precio

• Art. 24Artículo 24La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación pueden convenir libremente y por mutuo acuerdo la adquisición de los bienes o derechos; convenidos los términos de la adquisición amistosa, se da por concluido el expediente iniciado. Si en quince días no se llega al acuerdo, se sigue el procedimiento de los artículos siguientes, aunque las partes pueden alcanzar el mutuo acuerdo en cualquier estado posterior de la tramitación.
• Art. 25Artículo 25El justo precio se determina una vez que es firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables. La firmeza de ese acuerdo es, por tanto, lo que da paso a la determinación del justo precio.
• Art. 26Artículo 26La fijación del justo precio se tramita como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse. Se abre un expediente individual a cada propietario de bienes expropiables. El expediente es único en dos casos: cuando el objeto de la expropiación pertenece en comunidad a varias personas y cuando varios bienes constituyen una unidad económica.
• Art. 27Artículo 27A los efectos del artículo anterior, se entiende que existe unidad económica en dos supuestos. En fincas rústicas o urbanas, cuando se hallen inscritas o sean susceptibles de inscripción bajo un mismo número, de acuerdo con la Ley Hipotecaria. En cosas muebles, cuando exista una universidad de hecho o de derecho.
• Art. 28Artículo 28Cuando el objeto de la expropiación forzosa está constituido por valores mobiliarios, se forman tantas piezas separadas como clases de títulos hayan de expropiarse. Para ello se atiende a las características que puedan influir en su valoración.
• Art. 29Artículo 29En cada expediente, la Administración requiere a los propietarios para que, en veinte días contados desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman el objeto que se expropia; pueden aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes. La valoración ha de ser forzosamente motivada y puede ir avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios se acomodan a las tarifas que apruebe la Administración y son siempre de cuenta de los propietarios.
• Art. 30Artículo 30La Administración expropiante debe aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo de veinte días. Si la acepta, el justo precio queda determinado definitivamente y la Administración lo paga como requisito previo a la ocupación o disposición. Si la rechaza, extiende hoja de aprecio fundada, que se notifica al propietario; este, dentro de los diez días siguientes, puede aceptarla lisa y llanamente o rechazarla, y entonces tiene derecho a hacer alegaciones, con los métodos valorativos que juzgue más adecuados, y a aportar pruebas.
• Art. 31Artículo 31Si el propietario rechaza el precio fundado ofrecido por la Administración, el expediente de justiprecio se pasa al Jurado provincial de expropiación. El paso al Jurado depende, pues, de ese rechazo del propietario.
• Art. 32Artículo 32Hay un Jurado provincial de expropiación en cada capital de provincia. Preside el Magistrado que designe el Presidente de la audiencia. Vocales: un Abogado del Estado de la Delegación de Hacienda; dos funcionarios técnicos designados por esta; un representante de la Cámara Agraria Provincial si es propiedad rústica y, si no, de la Cámara de la Propiedad Urbana, de Comercio, Industria y Navegación, Colegio profesional u Organización empresarial; un Notario designado por el Decano del Colegio Notarial; y el Interventor territorial. En Ceuta y Melilla preside el Juez de Primera Instancia.
• Art. 33Artículo 33Para constituirse y adoptar acuerdos válidamente, los Jurados necesitan en primera convocatoria la asistencia de todos sus miembros; en segunda, la del Presidente y dos Vocales, uno de los apartados a) o b) del artículo anterior y otro de los c) o d). Deciden por mayoría de votos. El Reglamento regula incompatibilidades, excusas, asistencias, dietas (a cargo del expropiante), sanciones y sustituciones. Las funciones administrativas y subalternas son del personal adscrito a los Gobiernos civiles; Secretario: un funcionario del Cuerpo Técnico-administrativo designado por el Gobernador.
• Art. 34Artículo 34El Jurado de Expropiación decide ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación. Lo hace a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración.
• Art. 35Artículo 35La resolución del Jurado de expropiación ha de ser necesariamente motivada, razonando los criterios de valoración seguidos en relación con lo dispuesto en la Ley. Se notifica a la Administración y al propietario, ultima la vía gubernativa y contra ella solo procede el recurso contencioso-administrativo. La fecha del acuerdo es el término inicial para la caducidad de la valoración establecida en el artículo 58 de la Ley.
• Art. 36Artículo 36Las tasaciones se hacen según el valor de los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin contar las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que da lugar a la expropiación ni las previsibles para el futuro. Las mejoras posteriores a la incoación del expediente de expropiación no se indemnizan, salvo que se demuestre que eran indispensables para conservar los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo las realizadas de mala fe.
• Art. 37Artículo 37Las tasaciones del propietario, de la Administración expropiante y del Jurado Provincial de Expropiación deben ajustarse en todo caso a las normas de valoración que se establecen en los artículos siguientes, salvo lo previsto en el artículo cuarenta y tres de la Ley.
• Art. 38Artículo 38
• Art. 39Artículo 39
• Art. 40Artículo 40Las obligaciones, acciones, cuotas y demás modalidades de participación en el capital o en los beneficios de empresas mercantiles se estiman en la media aritmética de tres criterios: 1) la cotización media en el año anterior a la fecha de apertura del expediente; 2) la capitalización al tipo de interés legal del beneficio promedio de la Empresa en los tres ejercicios sociales anteriores; 3) el valor teórico de los títulos, que es la diferencia entre activo real y pasivo exigible en el último balance aprobado.
• Art. 41Artículo 41Valora las concesiones administrativas cuya legislación especial no trae normas de valoración para expropiación o rescate. Primera: perpetuas de dominio público con canon, artículo 39 menos el canon capitalizado al interés legal. Segunda: de servicios públicos o mineras otorgadas hace más de tres años, rendimientos líquidos de los tres últimos años capitalizados al interés legal, sin bajar del valor material de las instalaciones afectas. Tercera: con menos de tres años o aún en plazo de instalación, artículo 43. Se aplica también a minas de minerales de interés militar y radiactivos.
• Art. 42Artículo 42El justo precio de los derechos reales sobre bienes inmuebles no se calcula con reglas propias de este artículo: se practica con arreglo a las normas de valoración que señala la vigente legislación del impuesto sobre derechos reales.
• Art. 43Artículo 43Propietario y Administración pueden tasar con los criterios estimativos que juzguen más adecuados si la evaluación hecha por los artículos anteriores no les resulta conforme con el valor real. El Jurado provincial de expropiación también, si el precio resulta notoriamente inferior o superior a ese valor. El régimen no se aplica en ningún caso a los inmuebles (solo la ley de valoración del suelo) y a los muebles solo si no tienen criterio particular en leyes especiales. Se empieza evaluando por las normas de la Ley; propietario o Administración proponen las rectificaciones y decide el Jurado.
• Art. 44Artículo 44Cuando se expropia una finca arrendada, la Administración o entidad expropiante hace efectiva al arrendatario la indemnización que corresponda. Antes debe fijarla el Jurado de Expropiación, y su cuantía se determina aplicando las normas de la legislación de Arrendamientos.
• Art. 45Artículo 45Si en el momento de la ocupación existen cosechas pendientes o se han efectuado labores de barbechera, unas y otras se indemnizan. El momento que cuenta es el de la ocupación, y la indemnización se abona «a quien corresponda»: el artículo no dice que sea al propietario.
• Art. 46Artículo 46En el supuesto del artículo 23, cuando la Administración rechace la expropiación total, el justiprecio debe incluir la indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca. No es un pago aparte: se incluye en el propio justiprecio.
• Art. 47Artículo 47En todos los casos de expropiación se abona al expropiado un cinco por ciento como premio de afección. Se paga además del justo precio fijado en la forma establecida en los artículos anteriores: se suma a él, no lo sustituye.

Capítulo IVDel pago y toma de posesión

• Art. 48Artículo 48Una vez determinado el justo precio, se paga la cantidad que resulte en el plazo máximo de seis meses. El pago se verifica mediante talón nominativo al expropiado, o por transferencia bancaria si el expropiado ha manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por ese medio.
• Art. 49Artículo 49El pago del precio está exento de toda clase de gastos, de impuestos y de gravámenes o arbitrios, sean del Estado, de la Provincia o del Municipio. La exención alcanza incluso al de pagos del Estado, que no queda fuera de ella.
• Art. 50Artículo 50Si el propietario rehúsa recibir el precio, o hay cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, el justiprecio se consigna, por la cantidad objeto de discordia, en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente. Aunque haya litigio o recurso pendiente, el expropiado tiene derecho a que se le entregue la indemnización hasta el límite en que exista conformidad con la Administración; esa entrega es provisional y queda subordinada en todo caso al resultado del litigio.
• Art. 51Artículo 51Pagado o consignado el justo precio, puede ocuparse la finca por vía administrativa o ejercitarse el derecho expropiado, si no se hizo ya por el procedimiento excepcional del artículo siguiente. En la ocupación de inmuebles, solo dependen del consentimiento del titular el domicilio de las personas físicas y jurídicas y los locales cerrados sin acceso al público. En los demás, la Administración expropiante entra y toma posesión directamente, cumplidas las formalidades de la Ley, recabando si es preciso del Delegado del Gobierno el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Art. 52Artículo 52Excepcionalmente, por acuerdo del Consejo de Ministros, puede declararse urgente la ocupación, con retención de crédito en el expediente. La declaración cabe en cualquier momento y da por cumplida la necesidad de ocupación. El acta previa se notifica por cédula con ocho días de antelación mínima y la levantan el representante de la Administración, un perito y el Alcalde o Concejal en que delegue. La Administración formula el depósito previo, que se consigna en la Caja de Depósitos, y fija la indemnización por rápida ocupación, sin recurso. Luego ocupa en el plazo máximo de quince días.
• Art. 53Artículo 53El acta de ocupación, extendida a continuación del pago y acompañada de sus justificantes, es título bastante para que el Registro de la Propiedad y los demás Registros públicos inscriban o tomen razón de la transmisión de dominio y cancelen, en su caso, las cargas, gravámenes y derechos reales que afectaran a la cosa expropiada. Surte iguales efectos el acta acompañada del justificante de la consignación del precio o del resguardo de depósito. Esos documentos son también títulos de inmatriculación en el Registro de la Propiedad.
• Art. 54Artículo 54El primitivo dueño o sus causahabientes pueden recobrar lo expropiado si no se ejecuta la obra o servicio, si hay parte sobrante o si desaparece la afectación. No hay reversión si a la vez se acuerda otra afectación de utilidad pública o interés social, ni si la afectación dura diez años desde el fin de la obra. Plazo para solicitarla: tres meses desde la notificación; sin ella, cabe antes de veinte años desde la toma de posesión (exceso o desafectación), tras cinco años sin iniciar la obra o con suspensión de más de dos años. Resuelve la Administración titular del bien.
• Art. 55Artículo 55Para ejercer la reversión hay que restituir la indemnización expropiatoria percibida, actualizada con el índice de precios al consumo entre la iniciación del expediente de justiprecio y el ejercicio del derecho; la Administración fija el importe en el acuerdo que reconoce la reversión. Por excepción, hay nueva valoración si hubo cambios de calificación jurídica, mejoras aprovechables o menoscabo de valor. Sin previo pago o consignación no hay toma de posesión, y debe hacerse en el plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad.

Capítulo VResponsabilidad por demora

• Art. 56Artículo 56Si transcurren seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin que el justo precio se haya determinado por resolución definitiva, la Administración expropiante culpable de la demora debe abonar al expropiado una indemnización: el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado. Se liquida con efectos retroactivos, una vez efectuado el justiprecio.
• Art. 57Artículo 57La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devenga el interés legal correspondiente a favor del expropiado. El devengo empieza cuando han transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo 48 y dura hasta que se proceda al pago.
• Art. 58Artículo 58Si transcurren cuatro años sin que la cantidad fijada como justo precio se haga efectiva o se consigne, hay que evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos del Capítulo III del mismo Título. Pero una vez efectuado el pago o realizada la consignación, no procede el derecho a la retasación, aunque haya transcurrido el plazo de cuatro años.

Capítulo IDe la expropiación por zonas o grupos de bienes

• Art. 59Artículo 59Cuando la Administración tenga que expropiar grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideración de conjunto, el Consejo de Ministros puede acordar, mediante Decreto, que se aplique el procedimiento expropiatorio especial regulado en este capítulo.
• Art. 60Artículo 60El acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere el artículo anterior hace que se entienda cumplido el trámite de declaración de la necesidad de la ocupación. Alcanza a los bienes que hayan de ser expropiados según el proyecto y replanteo aprobados, y también según los reformados posteriores.
• Art. 61Artículo 61A efectos del justiprecio, la Administración formula un proyecto que clasifica las zonas o clases de bienes a expropiar en polígonos o grupos determinados, según su diferente naturaleza económica. A cada polígono o grupo le asigna precios máximos y mínimos de valoración, con módulos de aplicación en su caso.
• Art. 62Artículo 62Sobre el proyecto de precios máximos y mínimos por polígonos o grupos, debidamente razonados, se abre información pública por un mes. La Administración publica edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia donde radican los bienes y el extracto en el «Boletín Oficial del Estado» y en dos diarios de la capital de esa provincia, si los hubiere. Además notifica el proyecto a los Ayuntamientos y Entidades corporativas y sindicales con jurisdicción sobre las zonas e intereses afectados.
• Art. 63Artículo 63Las entidades notificadas según el artículo anterior, y cualquier otra que justifique un interés directo, pueden reclamar en la información pública únicamente sobre la clasificación en polígonos o grupos. Sobre los precios máximos y mínimos solo están legitimados para reclamar los titulares directos de los bienes o intereses expropiables según el Título primero de la Ley.
• Art. 64Artículo 64Si en el período de información pública no se presentan reclamaciones, la Administración eleva el proyecto de precios máximos y mínimos a acuerdo definitivo. Ese acuerdo definitivo es firme a todos los efectos.
• Art. 65Artículo 65Las reclamaciones sobre la clasificación de los bienes a expropiar en polígonos o grupos las considera la Administración antes de tomar acuerdo definitivo sobre ese extremo. El acuerdo debe recaer antes del mes siguiente al cierre de la información y es firme a todos los efectos.
• Art. 66Artículo 66Las reclamaciones sobre los precios máximos y mínimos dan lugar a que la Administración formule una hoja de aprecio definitivo sobre los precios controvertidos. Esa hoja se notifica al reclamante, que puede rechazarla lisa y llanamente dentro de los diez días siguientes.
• Art. 67Artículo 67Si el reclamante rechaza la hoja de aprecio de la Administración, el expediente pasa al Jurado Provincial de Expropiación, que fija definitivamente los precios máximos y mínimos controvertidos. Contra ese acuerdo puede reclamarse en vía contenciosa en los términos comunes del artículo ciento veintiséis.
• Art. 68Artículo 68Los precios máximos y mínimos del proyecto que se refieran a polígonos o grupos sobre los que no se haya suscitado discordia son acordados como firmes por la Administración. Lo no discutido queda, por tanto, firme por acuerdo de la propia Administración.
• Art. 69Artículo 69Una vez fijados definitivamente los precios máximos y mínimos con sus módulos de aplicación, son preceptivos para valorar las fincas o bienes de los polígonos o grupos respectivos. Solo se admiten diferencias entre las partes sobre su aplicación, que se lleva a cabo por el mismo procedimiento establecido por los artículos veintiséis y siguientes de la Ley.
• Art. 70Artículo 70Los precios máximos y mínimos conservan su vigencia durante los cinco años siguientes a la fecha de su acuerdo. En casos de extraordinaria alteración del valor de la moneda, el Consejo de Ministros, con audiencia del Consejo de Estado, puede acordar la revisión global o pormenorizada de esos precios antes de que venza la fecha de caducidad.

Capítulo IIDe la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad

• Art. 71Artículo 71Hay causa de interés social para la expropiación forzosa, además de en los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, cuando una Ley, con esa estimación expresa, ha declarado específicamente la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de una determinada función social y el propietario incumple esa directiva.
• Art. 72Artículo 72Para aplicar el supuesto anterior hacen falta cuatro requisitos: primero, la declaración positiva de que un bien o categoría de bienes debe sufrir determinadas transformaciones o ser utilizado de manera específica; segundo, que la formule una Ley o un Decreto acordado en Consejo de Ministros; tercero, que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación forzosa frente al incumplimiento; cuarto, que se haya fijado un plazo y a su vencimiento la función resulte total o sustancialmente incumplida por el propietario.
• Art. 73Artículo 73La expropiación de este capítulo impone al beneficiario la carga de cumplir la función desatendida, causa de la expropiación, en un plazo que no puede exceder del que se señaló al expropiado. Solo cuando el beneficiario sea la Administración y proceda incluir el cumplimiento de esa función en un plan de conjunto más extenso puede excederse ese límite.
• Art. 74Artículo 74Cuando el beneficiario de la expropiación incumple a su vez la función señalada, la Administración tiene la opción a que se refiere el apartado d) del artículo siguiente y, además, el Gobierno puede sancionar al beneficiario con multa hasta el límite de quinientas mil pesetas.
• Art. 75Artículo 75Rige el procedimiento general con particularidades: a) la declaración de necesidad de ocupación se sustituye por la de que concurren los requisitos del artículo setenta y dos; b) la Administración puede expropiar directamente para adjudicar a particulares o subastar, y el exceso sobre el precio del expediente es para el expropiado; c) desierta la subasta, segunda licitación con rebaja del veinticinco por ciento; d) desierta la segunda, la Administración puede adquirir la cosa o dejarla en estado público de venta; e) si no opta por adquirirla, el expediente caduca a los seis meses.

Capítulo IIIDe la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico

• Art. 76Artículo 76La expropiación de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico, sean muebles o inmuebles, se lleva a cabo con arreglo a lo dispuesto en la propia Ley, con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes.
• Art. 77Artículo 77Una vez acordada la expropiación, el Gobernador civil de la provincia puede adoptar cuantas medidas sean necesarias para que no se alteren las condiciones características de la cosa o bien afectado.
• Art. 78Artículo 78El justo precio se determina mediante tasación pericial por una Comisión de tres académicos: uno designado por la Mesa del Instituto de España, otro por el Ministerio de Educación y Cultura y el tercero por el propietario del bien afectado. La designación puede recaer en académicos de las Academias de Distrito. Preside el primero de los indicados, que decide los empates con voto de calidad.
• Art. 79Artículo 79La Comisión prevista en el artículo anterior se reúne en el plazo de un mes desde la fecha de la Orden ministerial que acuerda la expropiación. En el mes siguiente debe formular, con informe motivado, el justo precio, que es ejecutorio para la Administración y para el expropiado. Ese justo precio en ningún caso puede ser inferior al que resulte de aplicar las disposiciones del Título II de la Ley.
• Art. 80Artículo 80El justo precio, a los efectos del precio que la legislación concede a los descubridores de objetos de interés para el Patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Nación, se determina conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores. Se mantienen los porcentajes de participación que reconoce la legislación del Ramo.
• Art. 81Artículo 81En los casos de expropiación, venta pública, subasta o liquidación de los bienes de este capítulo, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo, para sí o para otra persona pública, obligándose a pagar el precio en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo que el particular interesado acepte otras formas de pago. También puede ejercer el retracto, para sí o para otra persona pública, en un plazo de seis meses desde que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión, con las mismas condiciones de pago.
• Art. 82Artículo 82Se aplica el procedimiento general de la Ley a las expropiaciones de edificios y terrenos que impidan la contemplación de monumentos histórico-artísticos, que constituyan causa de riesgo o de cualquier perjuicio para el mismo, y de cuantos puedan destruir o aminorar la belleza o seguridad de los conjuntos de interés histórico-artístico.
• Art. 83Artículo 83La indemnización que proceda abonar por la ocupación temporal de inmuebles por causa de excavaciones arqueológicas se determina con arreglo a lo dispuesto en el capítulo séptimo de este mismo título. El artículo no fija cuantías ni plazos: solo remite a ese capítulo.
• Art. 84Artículo 84Las cuestiones derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este capítulo (el de la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico) se reservan a la jurisdicción contencioso-administrativa, con arreglo al título quinto de la Ley.

Capítulo IVDe la expropiación por Entidades locales o por razón de urbanismo

• Art. 85Artículo 85Las expropiaciones por razón de urbanismo y las que realicen las entidades locales se ajustan a la Ley de Régimen Local y demás aplicables y, en lo no previsto, a esta Ley, con tres cambios: 1.ª, el justo precio sigue las reglas y el procedimiento del capítulo tercero del título segundo; 2.ª, en el Jurado Provincial, el funcionario técnico del apartado b) del artículo treinta y dos lo designa la Corporación local interesada; 3.ª, las facultades de la Administración o autoridades gubernativas corresponden íntegramente, en los asuntos locales, a la Corporación o a sus organismos especiales.

Capítulo VDe la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones

• Art. 86Artículo 86Cuando sea preciso expropiar las tierras que sirven de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Consejo de Ministros acuerda el traslado de la población, de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas interesadas. Los preceptos del capítulo se aplican también a la expropiación de instalaciones industriales, siempre que concurran las mismas circunstancias.
• Art. 87Artículo 87La expropiación se lleva a cabo con arreglo a esta Ley y no se queda en las tierras de necesaria ocupación: comprende la totalidad de los bienes inmuebles sitos en el territorio de la Entidad afectada, salvo que los interesados soliciten que la expropiación se limite a aquellas tierras.
• Art. 88Artículo 88Los vecinos de la Entidad local tienen dos derechos: una indemnización por los perjuicios que les ocasione el traslado y ser instalados en una porción de terreno de características similares al territorio de la Entidad afectada.
• Art. 89Artículo 89Son perjuicios indemnizables tres conceptos: A) cambio forzoso de residencia, con gastos de viaje por traslado familiar, transportes de ajuar y elementos de trabajo y jornales perdidos durante esos transportes; B) reducción del patrimonio familiar, referida a las bajas en la producción agropecuaria por mermas de la superficie personalmente aprovechada (propiedad, arrendamiento y disfrute de terrenos comunales por razón de vecindad); C) quebrantos por interrupción de actividades profesionales, comerciales y manuales ejercidas personalmente por el interesado en el lugar de su residencia.
• Art. 90Artículo 90Los tipos de indemnización abonables por cada uno de los conceptos del artículo anterior se fijan a propuesta del órgano que reglamentariamente se determine por el Consejo de Ministros, y previo dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
• Art. 91Artículo 91Fijados los tipos de indemnización, el Gobernador civil o la autoridad competente en cada caso anuncia, en la forma prevista en el artículo dieciocho, que los interesados pueden solicitar en un plazo de quince días la indemnización a que crean tener derecho, precisando las circunstancias de hecho en que se fundan.
• Art. 92Artículo 92Presentadas las solicitudes, se fija la indemnización abonable a cada interesado. Contra el acuerdo que se adopte se puede reclamar ante el Jurado Provincial de expropiación en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a la notificación del acuerdo, cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros.
• Art. 93Artículo 93
• Art. 94Artículo 94Los vecinos pueden solicitar su instalación en el nuevo territorio de la Entidad al presentar la solicitud de indemnización del artículo noventa y uno. Por eso, al publicarse el anuncio previsto en ese artículo debe expresarse la necesidad de que, dentro del plazo en él fijado, los interesados presenten sus solicitudes sobre ese extremo.
• Art. 95Artículo 95Transcurrido el plazo del artículo anterior se forma una relación de vecinos, con descripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personal y directamente explotaban. Se expone al público quince días para rectificar errores materiales. Hechas las rectificaciones, se eleva al Consejo de Ministros para que, a través del Instituto Nacional de Colonización, se adquieran fincas adecuadas para establecer a los vecinos que lo hayan solicitado y para erigir la nueva Entidad local que sustituya a la desaparecida.
• Art. 96Artículo 96El Instituto Nacional de Colonización instala a los vecinos en el nuevo territorio y proporciona a cada uno, en arrendamiento o en propiedad, una vivienda o local de negocio de características similares a la que ocupaban. Se les adjudica también una finca o fincas análogas a las que cultivaban directa y personalmente, como propietarios o a título distinto, cuya propiedad pueden adquirir según la legislación especial de colonización. El patrimonio de la nueva Entidad local se adjudica conforme a esa legislación, con las indemnizaciones que deba percibir la Corporación local desaparecida.

Capítulo VIDe las expropiaciones por causa de colonización o de obras públicas

Capítulo VIIDe la expropiación en materia de propiedad industrial

• Art. 99Artículo 99

Capítulo VIIIDe la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado

Capítulo IOcupaciones temporales

• Art. 108Artículo 108La Administración, y las personas o entidades subrogadas en sus derechos, pueden ocupar temporalmente terrenos de un particular en cuatro casos: 1) estudios u operaciones facultativas de corta duración, para recoger datos para el proyecto o replanteo de una obra; 2) estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y otros que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública; 3) extracción de materiales necesarios para dichas obras; 4) por interés social, con los requisitos del artículo 72, para los trabajos que el propietario no hace por sí.
• Art. 109Artículo 109Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal y de la imposición de servidumbres. Cuando su franqueamiento pueda ser de necesidad para los fines aludidos en el artículo anterior, debe obtenerse el permiso expreso de su morador.
• Art. 110Artículo 110En el caso primero del artículo 108, el funcionario público encargado de los estudios, o el particular autorizado, debe llevar documentos que acrediten su misión, expedidos por la autoridad delegada del Gobierno en el lugar. Los perjuicios se abonan en el acto, previa tasación por peritos designados por el propietario y el facultativo encargado y, sin avenencia, por el Alcalde o su delegado. Si el propietario se resiste a dar el permiso o insiste en su negativa, se da cuenta al Gobernador civil o a la autoridad competente. El Gobernador puede retirar la autorización a instancia de parte.
• Art. 111Artículo 111A efectos del número segundo del artículo 108, la declaración de utilidad pública o de interés social lleva consigo el derecho a las ocupaciones temporales que exija el fin concreto de la expropiación. Su necesidad se tramita conforme al capítulo II del título II, pero la resolución a que alude el artículo 21 es ejecutiva, sin perjuicio de los procedimientos ulteriores para determinar el justo precio. Si con el dueño de la finca ya se practicaron diligencias anteriores, se suprime la publicidad de las notificaciones, que son personales o, en su caso, por medio del Alcalde.
• Art. 112Artículo 112Para las ocupaciones del artículo anterior, si es posible evaluar de antemano la indemnización, la Administración intenta antes de la ocupación un convenio con el propietario sobre su importe. El representante de la Administración, o el autorizado para la ocupación, ofrece la cantidad que considere ajustada y el interesado tiene diez días para contestar lisa y llanamente si acepta o rehúsa. Si acepta expresamente o no contesta en ese plazo, se paga o consigna la cantidad ofrecida y la finca puede ocuparse, sin que haya lugar a reclamación de índole alguna.
• Art. 113Artículo 113Siempre que se rechace expresamente la oferta a que alude el artículo anterior, las partes elevan sus tasaciones, fundadas, al Jurado Provincial de Expropiación. El Jurado resuelve con carácter ejecutorio en el plazo de diez días, siguiéndose los trámites de los artículos 34 y siguientes de la Ley.
• Art. 114Artículo 114Si no es posible señalar de antemano la importancia y duración de la ocupación, se intenta un convenio con el propietario para fijar una cantidad alzada suficiente para responder de su importe. En caso de desacuerdo, y para determinar en su día el importe definitivo, se procede en la forma del artículo anterior. Antes de ocupar sin haberse pagado el importe definitivo de la indemnización, se hace constar el estado de la finca en relación con cualquier circunstancia que pudiera ofrecer dudas para la valoración definitiva de los daños causados.
• Art. 115Artículo 115En la ocupación temporal, las tasaciones se refieren siempre a los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, más los perjuicios causados en la finca o los gastos de restituirla a su primitivo estado. La tasación de una ocupación nunca debe alcanzar el valor de la finca. Si a la Administración le parece excesiva, puede pedir la valoración de la expropiación pura y simple y optar por ella siempre que su importe no exceda de una mitad de la de los daños y perjuicios causados.
• Art. 116Artículo 116En el caso tercero del artículo 108, el valor de los materiales solo se abona si el propietario los tenía recogidos y apilados antes de la notificación de su necesidad para la Administración, o si las canteras estaban abiertas y en explotación antes de esa fecha, acreditándose la necesidad de los materiales y los productos para su uso. Fuera de ese supuesto, debe acreditar que tienen un valor conocido en el mercado y que ha satisfecho la contribución de la industria en el trimestre anterior a la declaración de necesidad de la ocupación. No basta haber utilizado alguno en algún tiempo.
• Art. 117Artículo 117Cuando la conservación o reparación de una obra de utilidad pública exijan, en todo o en parte, la explotación permanente de una cantera, lo que procede es la expropiación, que se tramita por los trámites de la propia Ley.
• Art. 118Artículo 118Si la ocupación del caso cuarto del artículo 108 implica para el propietario la pérdida temporal de los beneficios que la propiedad pueda producir, la Administración debe abonarle una renta, determinada automáticamente en el valor del líquido imponible registrado. Si las obras de la Administración determinan en el futuro un aumento de los rendimientos económicos de la propiedad, la Administración ocupante tiene derecho al reembolso de la capitalización de dicho aumento, garantizado con hipoteca legal sobre la finca. Este gravamen es redimible en cualquier momento por el propietario.
• Art. 119Artículo 119Si, de acuerdo con la legislación vigente, el Estado decide por razones de interés público intervenir una empresa mercantil que haya cesado en el trabajo o haya sido temporalmente clausurada por sanción gubernativa, debe indemnizar a sus titulares el valor efectivo de los daños y deterioros extraordinarios de la maquinaria e instalaciones, siempre que se produzcan precisamente a causa de la intervención. Desaparecida la causa, los titulares pueden solicitar que cese la ocupación; si no les conviene continuar el negocio, lo manifiestan a la Administración, que puede decretar su expropiación.

Capítulo IIDe la indemnización por otros daños

• Art. 120Artículo 120Cuando por graves razones de orden o seguridad públicos, epidemias, inundaciones u otras calamidades, las Autoridades civiles adopten medidas que impliquen destrucción, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades de los diversos tipos de expropiación, el particular dañado tiene derecho a indemnización. Se rige por las normas sobre los daños de la ocupación temporal de inmuebles y el justiprecio de los muebles, y el expediente se inicia a instancia del perjudicado.
• Art. 121Artículo 121Da lugar a indemnización, con arreglo al mismo procedimiento, toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que la Ley se refiere, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas discrecionales no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios. En los servicios públicos concedidos paga el concesionario, salvo que el daño tenga su origen en una cláusula impuesta por la Administración y de ineludible cumplimiento para él.
• Art. 122Artículo 122El daño ha de ser, en todo caso, efectivo, evaluado económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. El derecho de reclamar prescribe al año del hecho que lo motivó. Presentada la reclamación, se entiende desestimada por el transcurso de cuatro meses sin que la Administración resuelva. Desde ese momento, o desde la notificación de la resolución expresa, en su caso, empieza a correr el plazo para el recurso contencioso-administrativo.
• Art. 123Artículo 123En los servicios concedidos, la reclamación se dirige a la Administración que otorgó la concesión, en la forma prevista en el párrafo segundo del artículo 122. Esa Administración resuelve tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 121. La resolución deja abierta la vía contencioso-administrativa, que pueden utilizar el particular o el concesionario, en su caso.