Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

Artículo 47. Procedimiento de investigación

En pocas palabras

El procedimiento de investigación se inicia de oficio, por iniciativa propia o por denuncia; ante denuncia, la Dirección General del Patrimonio del Estado decide su admisibilidad. La incoación se publica gratis en el BOE y se remite copia al ayuntamiento para su tablón. La Abogacía del Estado u órgano asesor informa sobre la admisibilidad de las pruebas. Acreditada la titularidad, se declara, se tasa, se incluye en el Inventario y se inscribe. Si no se resuelve en dos años desde el día siguiente a la publicación en el BOE, se archiva.

Explicación sencilla

Fija las bases del procedimiento de investigación de bienes estatales: iniciación, publicidad, prueba, efectos de la resolución y archivo por falta de resolución en plazo.

Regla mnemotécnica

Investigación: BOE gratis, copia al tablón municipal y dos años para resolver o al archivo.

Trampa típica de examen

Creer que el plazo de dos años se cuenta desde el acuerdo de incoación: se cuenta desde el día siguiente al de la publicación en el BOE.

Texto del artículo 47 de la Ley 33/2003 (LPAP)

Reglamentariamente se regulará el procedimiento que ha de seguirse para la investigación de los bienes y derechos, con sujeción a las siguientes normas: a) El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares. En el caso de denuncia, la Dirección General del Patrimonio del Estado resolverá sobre su admisibilidad y ordenará, en su caso, el inicio del procedimiento de investigación. b) El acuerdo de incoación del procedimiento de investigación se publicará gratuitamente en el "Boletín Oficial del Estado", sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Una copia del acuerdo será remitida al ayuntamiento en cuyo término radique el bien, para su exposición al público en el tablón de edictos. c) La Abogacía del Estado o los órganos a los que corresponda el asesoramiento jurídico de las entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado deberán emitir informe sobre la admisibilidad de las pruebas propuestas por los interesados. d) Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la Administración General del Estado sobre el bien o derecho, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión. e) Si el expediente de investigación no fuese resuelto en el plazo de dos años contados desde el día siguiente al de la publicación prevista en el párrafo b) de este artículo, el órgano instructor acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones.

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