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Ley 7/2025, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía

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Art. 1Objeto de la leyLa ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo hace de conformidad con el artículo 188.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en el marco de la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas.
Art. 2Ámbito de aplicaciónLa ley se aplica a la Administración de la Junta; a las agencias administrativas, públicas empresariales y de régimen especial; a las instituciones de autogobierno del art. 99 del Estatuto y a las entidades de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007. Los consorcios del art. 12.3 de esa ley se rigen por lo previsto para las agencias y por sus estatutos; sociedades mercantiles y fundaciones, por el derecho privado salvo lo expresamente regulado aquí. En las universidades públicas, las competencias del Consejo de Gobierno y las consejerías se refieren a sus órganos de gobierno.
Art. 3Patrimonio de la Comunidad Autónoma de AndalucíaForman el Patrimonio de la Comunidad Autónoma los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta y de sus agencias, sea cual sea su naturaleza y título de adquisición. Las instituciones y las entidades de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007 carecen de patrimonio propio: lo que tengan adscrito o utilicen es, en todo caso, de la Administración de la Junta. Quedan fuera los recursos financieros de la hacienda pública. El Parlamento dispone de autonomía patrimonial. Consorcios del art. 12.3, sociedades mercantiles y fundaciones tienen patrimonios separados.
Art. 4Representación y ejercicio de facultades sobre el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de AndalucíaLas facultades dominicales sobre el Patrimonio de la Administración de la Junta y su representación extrajudicial corresponden, con carácter general, a la Consejería competente en materia de patrimonio a través de la Dirección General de Patrimonio, que además informa preceptivamente las normas que afecten al Patrimonio. La representación en juicio es del Gabinete Jurídico. Las agencias ejercen las facultades sobre sus patrimonios. Transigir o someter a arbitraje exige Decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta de esa Consejería y previo informe preceptivo del Gabinete Jurídico.
Art. 5ClasificaciónPor razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales. El Patrimonio estará siempre al servicio del interés general y a la satisfacción de los principios y objetivos públicos consagrados en el Estatuto de Autonomía. Su gestión se planifica racionalmente: optimización del uso en los bienes de dominio público; eficiencia y economía del aprovechamiento en los patrimoniales.
Art. 6Bienes y derechos de dominio público o demanialesSon demaniales los bienes y derechos de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público y aquellos a los que una ley otorgue expresamente ese carácter; en todo caso, los inmuebles que alojen servicios, oficinas o dependencias de los órganos y entidades del artículo 2.1. Se rigen por esta ley, su desarrollo y la normativa general y básica; supletoriamente, por el resto de la normativa estatal, el derecho administrativo y, en su defecto, el privado. Su gestión se ajusta a siete principios y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Art. 7Bienes y derechos de dominio privado o patrimonialesSon patrimoniales los bienes y derechos de titularidad pública que no sean demaniales. En todo caso lo son: los valores y títulos de acciones, participaciones u obligaciones de sociedades mercantiles y los contratos de futuro y opciones sobre ellas; los derechos de propiedad incorporal; y los derechos derivados de la titularidad de bienes patrimoniales. Supletoriamente se aplica el Derecho Administrativo a competencia y procedimiento y el derecho privado al resto. Pueden enajenarse y ser adquiridos por prescripción por terceros; no cabe embargarlos en tres supuestos tasados.
Art. 8Modos de adquirir y carácterLa Administración de la Junta adquiere por cualquier modo y, en particular: ley; expropiación; negocio jurídico oneroso o gratuito; prescripción adquisitiva y ocupación; adjudicación en procedimientos administrativos o judiciales; incorporación por reducción de capital o extinción de sociedades, disolución de consorcios o extinción de fundaciones, y traspasos. Las agencias, por las letras a), c), d), e) y f), y pueden ser beneficiarias de lo expropiado. Salvo disposición legal en contrario, se adquiere como patrimonial; lo transferido por el Estado u otra Administración conserva su carácter.
Art. 9Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoriaSi entre los bienes afectados hay alguno de la Junta o de sus agencias, la Consejería que tramita lo comunica inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio, que, previa audiencia de quien lo tenga adscrito, determina la viabilidad del cambio de destino. Si expropia otra Administración, esa Dirección General representa a la Junta como beneficiaria, pero los créditos para el justiprecio los pone la Consejería o agencia interesada. La reversión la tramita la Consejería que instó la expropiación y su reconocimiento implica la desafectación.
Art. 10Adquisiciones mediante negocio jurídico oneroso o gratuitoLas adquisiciones de bienes y derechos mediante negocio jurídico oneroso o gratuito se rigen por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de la normativa básica y de aplicación general sobre el patrimonio de las Administraciones públicas, y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil. Las adquisiciones de bienes muebles u otros derechos que estén dentro del ámbito del contrato de suministro o de cualquier otro de los regulados en la legislación de contratos del sector público se rigen por su normativa específica.
Art. 11Adquisición por prescripción adquisitiva y ocupaciónLa Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias podrán adquirir bienes por prescripción y por ocupación. Esas adquisiciones se hacen con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.
Art. 12Adquisición en procedimientos administrativos o judicialesLas adjudicaciones en apremio administrativo se rigen por la Ley 58/2003, General Tributaria, y el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005). En ejecuciones judiciales, el Gabinete Jurídico avisa inmediatamente al órgano territorial provincial de la apertura de plazos para pedir o aceptar la adjudicación. Si son inmuebles o derechos sobre ellos, hace falta autorización previa de la Dirección General de Patrimonio. En los demás casos, sin norma especial, cuatro reglas: informe previo favorable, notificación, incorporación y toma de posesión en vía administrativa.
Art. 13Adquisición de bienes y derechos derivada de reducción de capital o extinción de sociedades, disolución de consorcios o extinción de fundacionesLa Junta y sus agencias pueden adquirir bienes por reducción de capital o extinción de sociedades, extinción de fundaciones y disolución de consorcios. Sociedades: según sus estatutos y, en su caso, el Acuerdo del Consejo de Gobierno. Fundaciones del sector público: según el Acuerdo del Consejo de Gobierno que autorizó la extinción. Fundaciones ajenas: estatutos, cláusulas fundacionales o acuerdo del órgano de gobierno o del Protectorado. Consorcios: artículo 127 de la Ley 40/2015. Con inmuebles, informe previo de la Dirección General de Patrimonio. Siempre, acta de entrega.
Art. 14Adquisición por transferencias de competencias y serviciosPara inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes inmuebles traspasados de la Administración General del Estado a la Administración de la Junta de Andalucía es título suficiente la certificación, expedida por la Comisión Mixta Paritaria de Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía (prevista en la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía), de los acuerdos de traspasos debidamente promulgados. La certificación deberá contener los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria.
Art. 15Afectación de bienes y derechosLa afectación vincula bienes patrimoniales a un uso general o servicio público y los integra en el dominio público. Los de la Junta pueden afectarse a cualquier uso o servicio de la Junta y sus agencias; los de las agencias, solo a sus propios fines. Salvo norma con rango legal, exige acto expreso. Equivalen: uso público, notorio y continuado durante un año; prescripción u ocupación; expropiación forzosa; planes aprobados por el Consejo de Gobierno; y muebles para servicios o decoración. Las letras a) a d) se comunican a la Dirección General de Patrimonio. Consta en el Inventario General.
Art. 16Competencias y procedimiento para la afectación de bienes y derechosLa afectación de inmuebles de la Administración de la Junta la acuerda la persona titular de la Consejería de patrimonio, que incoa de oficio, a iniciativa propia o a propuesta de la Consejería o agencia interesada. La de muebles corresponde a las consejerías o agencias a las que queden adscritos; la de bienes de las agencias, a sus órganos competentes legal o estatutariamente. Surte efectos desde el acto, salvo que este disponga expresamente otra cosa. La recepción se formaliza en acta suscrita por representantes de la Consejería o agencia y de la Dirección General de Patrimonio.
Art. 17Afectaciones concurrentesLos bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias podrán afectarse a más de un uso general o servicio público, conforme al artículo 15.2, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí. La resolución que acuerde esa afectación determinará las facultades que corresponden a las diferentes consejerías o agencias respecto de la utilización, administración y defensa de los bienes y derechos afectados.
Art. 18Desafectación de los bienes y derechosCon la desafectación los bienes de dominio público pasan a patrimoniales al dejar de destinarse a uso general o servicio público. Ha de ser expresa y motivada, salvo en los supuestos legales, por el procedimiento y los órganos de la afectación; si son inmuebles, con informe de situación física, jurídica y de deudas. Los inmuebles desafectados de la Administración de la Junta los gestiona la Dirección General de Patrimonio, salvo adscripción justificada a otra Consejería o agencia; los muebles siguen en sus consejerías o agencias, salvo cambio de adscripción. Consta en el Inventario General.
Art. 19Concepto de mutación demanialLa mutación demanial es el acto por el que un bien o derecho del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se desafecta y, simultáneamente, se afecta a otro uso general o servicio público. Implica modificar los fines específicos a los que se vincula y, en su caso, alterar su adscripción orgánica. Debe hacerse de forma expresa, salvo lo previsto en el artículo 28 para la reestructuración orgánica, y se deja constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos.
Art. 20Mutación demanial internaLos bienes y derechos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias afectados a sus fines pueden afectarse a otros usos o servicios públicos (artículo 15.2). La mutación de inmuebles y derechos sobre ellos de la Administración de la Junta la acuerda el titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a petición de la Consejería o agencia interesada, previo informe de la de adscripción. La de bienes muebles, los titulares de las consejerías o agencias de adscripción. La de bienes de las agencias, los órganos previstos legal o estatutariamente.
Art. 21Mutación demanial externaLos bienes demaniales de la Junta pueden afectarse a usos o servicios de otras Administraciones, sin transferir la titularidad ni cambiar su calificación, si la legislación de estas prevé la reciprocidad; a las instituciones de la Unión Europea, mediante convenio y sin exigir esa previsión. Acuerda la persona titular de la Consejería de patrimonio; se inicia de oficio. La beneficiaria acepta antes las obligaciones, remite un informe anual a la Dirección General de Patrimonio y paga gastos y tributos. Se formaliza en documento administrativo. El incumplimiento provoca la reversión.
Art. 22Mutación demanial subjetivaLa titularidad de bienes demaniales de la Administración de la Junta puede transmitirse a otras Administraciones para uso general o servicio público de su competencia. Acuerda el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de patrimonio, previa petición de la interesada e informe de la Consejería o agencia que los tuviera adscritos. La beneficiaria acepta antes las obligaciones, informa anualmente a la Dirección General de Patrimonio y paga gastos y tributos. Se formaliza en documento administrativo. Si se incumple, procede la reversión, inscrita en el Registro de la Propiedad.
Art. 23Depuración física y jurídica de bienes inmuebles y derechosAntes de toda mutación demanial hay que depurar la situación física y jurídica del bien o derecho. Esa depuración incluye practicar el deslinde, pero solo si fuese necesario, e inscribirlo correctamente en el Registro de la Propiedad y en el Catastro si aún no lo estuviera.
Art. 24Aceptación de mutaciones demanialesLa aceptación de las mutaciones demaniales a favor de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde, si recaen sobre bienes inmuebles, a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio y, si son de bienes muebles, a la persona titular de la Consejería a la que vayan a quedar adscritos. Las mutaciones a favor de las agencias, para el cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados, las aceptan los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida esa competencia.
Art. 25AdscripciónLos bienes y derechos demaniales y patrimoniales de la Administración de la Junta pueden adscribirse a una Consejería o agencia (también a las instituciones y entidades del artículo 2.1 c) y d) y a ciertos consorcios). La adscripción atribuye uso, administración, gestión, mantenimiento, aseguramiento, conservación y obras, pero no altera la titularidad. Ha de ser expresa y motivada, con el procedimiento y los órganos de la afectación. La Dirección General de Patrimonio puede asumir facultades excepcionalmente o, tras requerimiento desatendido, ejercerlas por sus medios.
Art. 26DesadscripciónSi un bien o derecho adscrito ya no es necesario para las competencias que motivaron su adscripción, o no se usa para su fin, la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio lo desadscribe y adscribe a la vez a otra Consejería o agencia. Quien lo tenía debe comunicarlo a la Dirección General de Patrimonio, que podrá incoar y tramitar el procedimiento, también por iniciativa propia. Hasta la resolución responde quien lo tiene. Si incumple el fin, la Dirección General podrá exigir su depuración física y jurídica y el valor de los deterioros o el coste de rehabilitación.
Art. 27DiscrepanciasSi las distintas consejerías y agencias discrepan sobre la adscripción de un bien o derecho, o sobre su administración, gestión, conservación, vigilancia y colaboración en la protección y defensa, decide la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, previa audiencia a los órganos interesados.
Art. 28Cambios de adscripción por reestructuración orgánicaEn los casos de reestructuración orgánica se entiende que los bienes y derechos continúan vinculados a los mismos fines, funciones o servicios, y se consideran adscritos a la Consejería o agencia a la que se atribuyan las respectivas competencias, sin necesidad de declaración expresa. Estas alteraciones las actualiza de oficio la Dirección General de Patrimonio en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Art. 29Reasignación de bienes y derechosLas reasignaciones de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía entre la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias las autoriza el Consejo de Gobierno. Lo hace a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.
Art. 30Incorporación por innecesariedadLos bienes y derechos de las agencias no necesarios para sus fines, sea cual sea su origen, se incorporan al Patrimonio de la Administración de la Junta sin compensación alguna. Las agencias deben comunicarlos a la Dirección General de Patrimonio, que incoa y tramita el procedimiento (también a iniciativa propia). Resuelve la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; si no se incorpora, la agencia puede enajenarlo. Se exceptúan los bienes adquiridos para devolverlos al tráfico jurídico patrimonial, garantizar la rentabilidad de reservas o responder de avales.
Art. 31Incorporación por extinción de agenciasSi se extingue una agencia, sus bienes y derechos se incorporan al Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus agencias en los términos que fije la ley o decreto de disolución, conforme a la normativa administrativa aplicable. El órgano o entidad designado como liquidador comunica el inicio de la liquidación a la Dirección General de Patrimonio y le acompaña una relación detallada de los bienes y derechos.
Art. 32Naturaleza y formalizaciónLas operaciones del capítulo se consideran, a todos los efectos, de mera reorganización interna del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, por ser actuaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias. No dan lugar a tanteo, retracto ni otro derecho de adquisición preferente de terceros, ni son causa de resolución ni de modificación distinta de la meramente subjetiva de las relaciones jurídicas sobre los bienes o derechos. Las inscripciones registrales se practican con la presentación del documento administrativo que contenga el acto o disposición que acuerde la operación.
Art. 33Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de AndalucíaSe crea la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, plataforma electrónica para difundir por internet las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales de la ley. El acceso es, con carácter general, libre y sin identificación previa. Alojar en ella la información es obligatorio y las webs institucionales enlazan a ella. Publica y actualiza el órgano competente para celebrar la operación; la dirección, gestión funcional y coordinación son de la Dirección General de Patrimonio. Los plazos se computan desde la publicación.
Art. 34Servicios de suscripciónPueden establecerse servicios de suscripción voluntarios para facilitar al tejido empresarial, a la sociedad civil y, en general, a cualquier persona interesada información actualizada y detallada sobre las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales. Los datos personales necesarios para gestionarlos se tratan conforme a la disposición adicional decimosegunda. Estos servicios deben integrarse en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía.
Art. 35Destino de los bienes y derechos de dominio públicoCon carácter general, el destino propio de los bienes y derechos de dominio público es su utilización para uno de estos dos fines: el uso general o la prestación de servicios públicos. El precepto lo formula expresamente «con carácter general».
Art. 36Necesidad de título habilitanteNadie puede ocupar bienes de dominio público del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni usarlos más allá del uso que corresponde a todos, sin título otorgado por la autoridad competente. Las autoridades autonómicas vigilan y actúan contra quien carezca de título. No se precisa título si un contrato del sector público celebrado por la Administración de la Junta o sus agencias habilita a ocupar un bien demanial suyo como medio instrumental necesario; si el bien está adscrito a otra Consejería o agencia, se exige su conformidad previa al inicio del procedimiento de contratación.
Art. 37Régimen jurídicoLa utilización de los bienes y derechos de dominio público destinados al uso general se rige, en su caso, por la legislación especial que los regule. Supletoriamente se aplican la propia Ley 7/2025, su normativa de desarrollo y la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas.
Art. 38Tipos de usoLos bienes de dominio público destinados al uso general admiten tres modalidades: uso común, especial y privativo. El común corresponde a todas las personas por igual y de forma indistinta, sin reconocimiento expreso de la Administración, con tres restricciones: no impedir o limitar el uso de los demás, uso racional y las limitaciones de la normativa y del acto de afectación. El especial, sin impedir el uso común, supone un exceso de utilización o un menoscabo de este. El privativo ocupa el dominio público o una porción, limitando o excluyendo su utilización por otras personas.
Art. 39Título habilitanteEl uso común de los bienes de dominio público es libre para todos, sin más límites que los derivados de su naturaleza, de los actos de afectación o adscripción y de las disposiciones aplicables. El uso especial y el uso privativo exigen un título previo: autorización si la ocupación se hace únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles y dura cuatro años o menos; concesión si se hace con obras o instalaciones fijas o dura más de cuatro años.
Art. 40Reservas demanialesLa Administración de la Junta de Andalucía puede reservarse el uso exclusivo de bienes de dominio público de su titularidad destinados al uso general, por razones de interés general o cuando lo establezca la legislación especial. Dura el tiempo indispensable para sus fines. La acuerda el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de patrimonio, se publica en el BOJA y se inscribe en el Registro de la Propiedad. Prevalece sobre otros usos y lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los derechos preexistentes incompatibles.
Art. 41Régimen jurídicoLos bienes y derechos destinados a la prestación de servicios públicos se utilizan conforme a la normativa reguladora del servicio de que se trate; esta ley y su normativa de desarrollo se aplican con carácter subsidiario. Si no hay normativa reguladora del servicio, se utilizan de conformidad con su afectación y con lo establecido en esta ley y su normativa de desarrollo. El uso y utilización de los edificios administrativos se rige por el título VI y por su normativa de desarrollo.
Art. 42Parque móvil de la Comunidad Autónoma de AndalucíaEl parque móvil de la Comunidad Autónoma de Andalucía es la flota de vehículos a disposición, por cualquier título jurídico, de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias, instituciones y entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía. Estos se destinan al servicio público y solo pueden usarse para necesidades derivadas de las funciones públicas encomendadas a la Comunidad Autónoma. Por reglamento se regulará su régimen, los servicios automovilísticos y el parque móvil de consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz.
Art. 43Ocupación de espacios en edificios destinados al servicio públicoLos terceros solo pueden ocupar espacios en edificios destinados al servicio público con carácter excepcional: para servicios al personal destinado en ellos y al público visitante (cafeterías, máquinas de venta automática, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales o análogos) o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos. No puede entorpecer ni menoscabar el uso del inmueble y se ampara, en su caso, en autorización o concesión (capítulo IV) o en un contrato conforme a la legislación de contratos del sector público (artículo 36.3).
Art. 44Condiciones de las autorizaciones y concesionesLa persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio podrá aprobar condiciones generales para categorías determinadas de autorizaciones o concesiones demaniales, que deben publicarse en la Plataforma de Publicidad Patrimonial. En su defecto, rigen las que establezca la Consejería o agencia a la que estén adscritos los bienes, de alcance general o para supuestos concretos, siempre con informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio. Las condiciones pueden contemplar obligaciones accesorias para la persona titular por razones de interés público.
Art. 45CompetenciaLas autorizaciones y concesiones sobre bienes y derechos demaniales las otorgan las personas titulares de las consejerías a las que estén adscritos. Si los bienes están adscritos a las agencias o son de su titularidad, las otorgan los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida esa facultad. A esos mismos órganos corresponde el seguimiento y control, la modificación, la interpretación, la autorización de la transmisión y la extinción.
Art. 46Régimen económicoLas concesiones demaniales pueden ser gratuitas, con contraprestación o con condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, o a las tasas de sus normas especiales. No hay tasa si el uso no lleva aparejada utilidad económica para la persona concesionaria o si las condiciones o contraprestaciones la anulan o hacen irrelevante; debe constar en los pliegos o clausulado. Lo mismo rige para las autorizaciones. Puede exigirse garantía al solicitante, y los gastos que la excedan podrán cobrarse por la vía de apremio.
Art. 47OtorgamientoEl otorgamiento de las autorizaciones y concesiones demaniales sigue el régimen básico de los artículos 92.1 y 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. Sobre un bien que ya tiene una concesión o autorización vigente pueden otorgarse otras nuevas, siempre que no sean incompatibles con ella, y ello sin perjuicio de las limitaciones que para los nuevos títulos deriven de la existencia de los originarios. Antes de otorgar las nuevas concesiones sobre el mismo bien hay que dar audiencia a la persona autorizada o concesionaria originaria.
Art. 48Procedimiento para el otorgamiento en régimen de concurrenciaSe inicia de oficio: a iniciativa propia, a propuesta de otros órganos o de persona interesada. Incoado, el expediente se somete a informe previo y vinculante de la Dirección General de Patrimonio. El órgano competente aprueba un pliego de condiciones; el anuncio o la convocatoria se publica en BOJA y en la Plataforma, con plazo no inferior a diez días para autorizaciones y treinta para concesiones. Si se inició a propuesta de persona interesada y no hay propuestas alternativas, se otorga directamente a la proponente. Plazo máximo para resolver y publicar: seis meses desde el acuerdo de inicio; sin resolución, podrá considerarse desestimada.
Art. 49Procedimiento para el otorgamiento directoEl otorgamiento directo de una autorización o concesión se inicia de oficio, a iniciativa propia, a propuesta de otros órganos o de persona interesada. El órgano competente justifica su necesidad o conveniencia para sus fines públicos, que el bien seguirá siendo dominio público y la procedencia de la adjudicación directa. Una vez incoado, informe previo y vinculante de la Dirección General de Patrimonio. Plazo máximo: seis meses desde el acuerdo de inicio; si no se notifica, puede considerarse desestimada la solicitud. La adjudicación se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial.
Art. 50Contenido mínimo del acto de otorgamientoLa resolución que otorga una autorización o concesión incluye, al menos: delimitación del bien, régimen de uso, régimen económico, garantía en su caso, asunción de gastos y tributos, licencias a costa del usuario con indemnidad de la Administración, responsabilidad por la ocupación, reserva de la facultad de inspección por la Consejería o agencia concedente, plazo, prórroga y subrogación (con previa autorización) y causas de extinción. Las autorizaciones añaden la revocación unilateral (art. 55.3); las concesiones, el rescate y, en su caso, obras e instalaciones fijas previa autorización.
Art. 51Constancia y comunicación de los títulos otorgadosDel otorgamiento de concesiones y de autorizaciones por plazo superior a un año debe tomarse constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si el título recae sobre bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía, la Consejería o agencia que lo otorgó ha de remitir la resolución de otorgamiento a la Dirección General de Patrimonio. Además, cada Consejería o agencia le informa anualmente del estado de los títulos en vigor sobre esos bienes y, en particular, del cumplimiento de su finalidad.
Art. 52ExtinciónLas autorizaciones y concesiones demaniales se extinguen por las causas básicas del artículo 100 de la Ley 33/2003 y por las de sus condiciones y cláusulas. Es automática la extinción por muerte de la persona física, extinción de la personalidad jurídica y vencimiento del plazo. El mutuo acuerdo solo cabe si no concurre otra causa imputable al usuario o concesionario y se formaliza en documento administrativo. El resto las acuerda el órgano competente, previa audiencia del titular. A los acreedores hipotecarios se les notifica la apertura de la extinción de la concesión por incumplimiento.
Art. 53Devolución de los bienes y destino de las obrasExtinguida la autorización o concesión, el interesado debe dejar libre el bien y entregar de inmediato la posesión a la Administración; si no, se inician los trámites del desahucio administrativo. Extinguida la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas deben ser demolidas por su titular o, subsidiariamente, por la Administración a su costa, salvo que el título previera expresamente mantenerlas o lo decida la autoridad competente para otorgarla. La adquisición es gratuita y libre de cargas y gravámenes. Debe remitirse la documentación técnica y jurídica de lo construido.
Art. 54DesafectaciónLa propuesta de desafectación de bienes con autorizaciones o concesiones lleva memoria justificativa; desafectados, estas se extinguen según el artículo 102.2 y 3 de la Ley 33/2003. Si eran de la Administración de la Junta, la persona titular de la Consejería de patrimonio declara la caducidad de las relaciones jurídicas y la Dirección General de Patrimonio exige derechos y cumple obligaciones mientras sigan vigentes; si eran de agencias, sus órganos competentes. Esa persona titular puede expropiar los derechos concesionales si mantenerlos perjudica el destino de los bienes o su enajenación.
Art. 55Reglas generalesLas autorizaciones se otorgan por tiempo determinado, máximo cuatro años incluidas las prórrogas. La prórroga la acuerda motivadamente el órgano competente para otorgarlas y nunca es tácita. La transmisión la autoriza el órgano que las otorgó; no se transmiten las que atienden a circunstancias personales o de número limitado, salvo que sus condiciones lo admitan. El órgano concedente puede revocarlas en cualquier momento por interés público, sin indemnización, en los casos del artículo 92.4 de la Ley 33/2003 y si los bienes son necesarios para actividades propias de la Junta o sus agencias.
Art. 56Autorización simplificadaLa Consejería o agencia que tenga adscritos bienes demaniales puede autorizar por adjudicación directa su uso para fines o funciones públicas o de interés general, esporádicos o temporales, por un máximo de un año. Se inicia a solicitud de persona interesada. En inmuebles hace falta informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio, salvo uso inferior a tres meses, conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos, o solicitud de una agencia dependiente de la Consejería que tenga adscrito el inmueble. Se revoca libremente sin indemnización. Resolver y notificar: treinta días; después, desestimada.
Art. 57Reglas generalesLas concesiones se otorgan por tiempo determinado, con un máximo de 75 años incluidas las prórrogas, salvo plazo menor en normas especiales. La prórroga la acuerda de forma motivada el órgano competente para otorgar la concesión y no cabe por consentimiento tácito. Otorgada la concesión, se formaliza en documento administrativo suscrito por ese órgano y la persona concesionaria, título suficiente para inscribirla en el Registro de la Propiedad. No pueden ser titulares quienes incurran en prohibición de contratar; si la prohibición sobreviene después del otorgamiento, la concesión se extingue.
Art. 58ObligacionesLa Consejería o agencia concedente debe respetar las cláusulas, poner los bienes a disposición de la persona concesionaria usando sus privilegios e indemnizarla, si procede, en caso de rescate. El titular debe pagar la tasa, satisfacer la contraprestación o cumplir las condiciones establecidas; conservar y no disponer del bien; y devolverlo en su estado primitivo, salvo deterioros por uso normal. Revierten los bienes y derechos inherentes a la concesión, los inseparables sin deterioro apreciable y los calificados como reversibles en el título. Ambas listas añaden lo de leyes especiales.
Art. 59Transmisión de la concesiónLa concesión puede transmitirse inter vivos con autorización previa de la Consejería o agencia concedente y acreditando el pago de los impuestos; el nuevo titular se subroga en derechos y obligaciones. No es transmisible si se otorgó condicionada a circunstancias personales o si la concesión lo prohíbe expresamente. Vender acciones, participaciones o cuotas es transmisión si da participación mayoritaria o cambia el control efectivo. También exigen autorización previa la fusión, absorción, escisión y otras modificaciones estructurales. La transmisión inter vivos va en escritura pública.
Art. 60Derechos reales sobre las obrasEl titular de una concesión tiene derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para la actividad autorizada, regido por los artículos 97 y 98 de la Ley 33/2003. Los derechos de carácter inmobiliario solo se ceden o transmiten inter vivos, por causa de muerte o por fusión, absorción o escisión, por el plazo de la concesión y a personas con previa conformidad del órgano que la otorga. Solo se hipotecan para garantizar préstamos que financien esas obras, con previa autorización de ese órgano; la hipoteca se extingue con el plazo de la concesión.
Art. 61Titulización de derechos de cobroLos derechos de cobro de los créditos con garantía hipotecaria a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente pueden cederse, total o parcialmente, mediante la emisión de participaciones hipotecarias a fondos de titulización hipotecaria. Esos fondos se rigen por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. La regla se formula conforme al artículo 99.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, como normativa de aplicación general.
Art. 62Rescate de la concesiónLas consejerías o agencias que otorgaron una concesión de dominio público pueden rescatarla, exclusivamente por razones de interés público y previo informe de la Dirección General de Patrimonio. El titular es indemnizado por el perjuicio material surgido de la extinción anticipada, conforme al artículo 101.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre. Los derechos de las personas acreedoras hipotecarias con garantía inscrita en el Registro de la Propiedad en la fecha del rescate se tienen en cuenta para determinar la cuantía y los receptores de la indemnización.
Art. 63Derecho de adquisición preferenteSi se acuerda la enajenación onerosa de bienes patrimoniales, los titulares de derechos vigentes de concesiones otorgadas cuando el bien era demanial tienen derecho preferente a adquirirlos: treinta días naturales desde la notificación fehaciente de la decisión de enajenar, el precio y las demás condiciones esenciales; sin notificación o vendido en condiciones distintas, cuarenta y cinco días naturales desde la inscripción de la venta en el Registro de la Propiedad. No surge en la cesión gratuita ni en la transferencia de titularidad a Administraciones públicas y demás entes del apartado 3.
Art. 64Destino de los bienes y derechos de dominio privadoCon carácter general, el destino propio de los bienes y derechos de dominio privado es su aprovechamiento, y ese aprovechamiento se guía por criterios de máxima eficiencia y economía para la hacienda pública. La regla se enuncia «con carácter general».
Art. 65Modos de aprovechamientoLa Administración de la Junta de Andalucía puede aprovechar sus bienes y derechos patrimoniales por sus propios medios o a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico. Las agencias también, respecto de los de su titularidad, pero solo si el aprovechamiento está vinculado a los fines, funciones o servicios que tengan encomendados. La explotación directa puede atribuirse a una agencia o a una sociedad mercantil del sector público andaluz; el órgano competente fija las condiciones, las medidas de entrega y las de vigilancia.
Art. 66Órganos competentesEn la Junta de Andalucía, el aprovechamiento de inmuebles de dominio privado lo acuerda, con carácter general, la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. Si el bien está adscrito a otra Consejería o agencia y el aprovechamiento se vincula a sus fines, funciones o servicios, decide su titular, previa autorización de la Dirección General de Patrimonio. En los muebles, en todo caso, la Consejería o agencia que los tenga adscritos. En las agencias, sus órganos legal o estatutariamente competentes, previa autorización de la Consejería de patrimonio si son inmuebles.
Art. 67Uso esporádico de bienes y derechos patrimonialesLa Consejería o agencia que tenga adscritos bienes o derechos patrimoniales puede autorizar, a solicitud de persona interesada, su uso esporádico o temporal por máximo un año si no contradice su aprovechamiento o explotación. En inmuebles se exige informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio, salvo uso inferior a tres meses, eventos como conferencias o seminarios, o solicitud de agencia dependiente de la Consejería de adscripción. Es revocable libremente sin indemnización. El usuario paga los gastos adicionales. Se resuelve y notifica en treinta días; el silencio desestima.
Art. 68Frutos y rentasLas rentas, frutos o percepciones de cualquier clase que produzcan los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ingresan en la hacienda pública autonómica, aplicándose a los conceptos pertinentes del presupuesto de ingresos, y se hacen efectivos conforme a las normas y procedimientos del derecho privado. Si la explotación conlleva la entrega de otros bienes, derechos o servicios, estos se integran en el Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus agencias, según corresponda, como patrimoniales.
Art. 69Proyectos públicos de aprovechamiento y explotaciónLas Administraciones y entidades del sector público del ámbito territorial de Andalucía pueden instar la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales de la comunidad autónoma radicados en su territorio, presentando proyectos que les afecten. Se ejecutan mediante las operaciones y negocios jurídicos patrimoniales de la ley, con sometimiento a su régimen jurídico. Resuelven las solicitudes los órganos señalados en el artículo 66; si implican operaciones o negocios cuya competencia es de otro órgano, hay que obtener su conformidad previa.
Art. 70Cesión a favor del sector públicoLos bienes y derechos de dominio privado de la Administración de la Junta de Andalucía cuya afectación o explotación no se considere necesaria ni previsible podrán cederse gratis, para fines de utilidad pública o interés social, a otras Administraciones públicas, a las fundaciones del sector público adscritas a estas y a las instituciones, agencias y organismos de la Unión Europea. Se cede la propiedad o solo el uso; si es solo el uso, la cesionaria podrá solicitar el cambio de destino, con los mismos trámites y requisitos. El acuerdo se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial.
Art. 71Cesión de uso a otras entidadesEl uso de bienes y derechos de dominio privado de la Administración de la Junta de Andalucía cuya afectación o explotación no sea necesaria ni previsible puede cederse gratis a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública. Plazo máximo: diez años, prórrogas incluidas; la prórroga la acuerda motivadamente el órgano competente para la cesión, nunca de forma tácita. Se inicia de oficio (a iniciativa propia, a propuesta de otros órganos o de entidad interesada); anuncio o convocatoria en BOJA y Plataforma de Publicidad Patrimonial, con plazo no inferior a diez días. Resolver y publicar: seis meses desde el acuerdo de inicio.
Art. 72Órganos competentesLas cesiones de bienes inmuebles o de derechos sobre estos las acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, salvo que tengan por objeto la propiedad del bien o derecho: entonces la competencia es del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de patrimonio. En el procedimiento se recaba informe de la Consejería o agencia a la que esté adscrito el bien o derecho. Las cesiones de bienes muebles las acuerda la persona titular de la Consejería o agencia de adscripción.
Art. 73Acuerdo de cesiónEl acuerdo de cesión expresa finalidad, condiciones, plazo para el cumplimiento o efectividad inicial del destino (máximo cinco años en inmuebles), duración, prórrogas y causas de resolución, que pueden incluir la revocación unilateral por interés público sin indemnización. La cesionaria asume gastos de conservación, mantenimiento y uso y los tributos. Se formaliza siempre en documento administrativo, salvo que una parte inste escritura pública, a su costa. Formaliza la persona titular de la Dirección General de Patrimonio (inmuebles) o el órgano que otorga (muebles), o su delegado.
Art. 74Aplicación efectiva del bien al fin y su controlLos bienes y derechos cedidos deben destinarse a los fines previstos en el acuerdo de cesión, en la forma y condiciones establecidas. La Dirección General de Patrimonio controla la aplicación al fin de los bienes inmuebles y derechos sobre estos, pudiendo adoptar cuantas medidas de control sean necesarias; en los bienes muebles, el control corresponde a la Consejería o agencia de adscripción. Los cesionarios deben remitir una vez al año un informe de seguimiento sobre los usos del bien o derecho y el cumplimiento de las condiciones del acuerdo de cesión.
Art. 75Extinción y reversiónLa cesión se considera extinta, y los bienes revierten a la Administración cedente, si no se destinan al fin o uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejan de serlo después, si se niega su inspección, si no se remiten los informes de seguimiento, si se incumplen las cargas o condiciones impuestas o si llega el término fijado. Son de cuenta del cesionario los detrimentos o deterioros de los bienes o el coste de su rehabilitación, y no se le indemnizan los gastos hechos para cumplir las cargas o condiciones. La reversión se produce con todas las mejoras realizadas.
Art. 76Publicidad e inscripciónLa cesión y, en su caso, la reversión constan en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión se inscribe en el Registro de la Propiedad (propiedad de inmuebles o derechos reales sobre ellos) o en los registros públicos correspondientes (muebles o derechos sujetos a inscripción), y no surte efectos hasta entonces. En la inscripción constan el fin, las condiciones y cargas y la advertencia de extinción por incumplimiento. Los acuerdos de cesión y de extinción y reversión son títulos suficientes para inscribir y reclamar detrimentos o deterioros.
Art. 77Aceptación de cesiones gratuitasCesiones gratuitas a favor de la Administración de la Junta de Andalucía: si recaen sobre bienes inmuebles, las acepta la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; si son de bienes muebles, la persona titular de la Consejería a la que vayan a quedar adscritos. Cesiones gratuitas a favor de las agencias para el cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados: las aceptan los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida la competencia.
Art. 78Libertad de pactosLos contratos, convenios y demás negocios jurídicos patrimoniales se sujetan al principio de libertad de pactos. La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias pueden, para la consecución del interés público, celebrar cualesquiera de ellos, típicos o atípicos, previstos o no en la ley, y concertar los pactos que estimen convenientes, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico ni a los principios de buena administración. Caben bienes futuros, plazo, condición y modo, prestaciones accesorias y derechos de garantía.
Art. 79Régimen jurídicoPreparación y adjudicación de los negocios jurídicos patrimoniales: se rigen por esta ley, su normativa de desarrollo y la normativa de aplicación general y básica sobre patrimonio de las Administraciones públicas y, en lo no previsto, por los principios de la legislación de contratos del sector público. Efectos y extinción: esta ley, su normativa de desarrollo y las normas de derecho privado. Los negocios complejos (con prestaciones accesorias o de distintos tipos) van en expediente único y siguen, en competencia y procedimiento, las reglas del negocio que sea su objeto principal.
Art. 80Capacidad para contratar con la AdministraciónPueden celebrar negocios jurídicos patrimoniales con la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias las personas físicas y jurídicas con capacidad para contratar con arreglo a las normas civiles. No pueden hacerlo las personas de naturaleza privada que incurran en alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración previstas en la legislación de contratos del sector público. Además, el pliego de condiciones puede exigir, de forma motivada, requisitos adicionales en función del bien o derecho objeto del contrato o del interés público afectado.
Art. 81Consultas de interés del mercadoLas consultas de interés del mercado son consultas públicas potestativas, abiertas y no vinculantes para recabar información del tejido empresarial y la sociedad civil sobre iniciativas o proyectos que afecten al Patrimonio. Las realiza el órgano competente para celebrar el negocio jurídico, antes de iniciar el procedimiento patrimonial, pudiendo valerse del asesoramiento de terceros (excepcionalmente, operadores económicos). Se publican en la Plataforma de Publicidad Patrimonial, no dan derecho ni preferencia alguna y participar no impide intervenir después en la adjudicación.
Art. 82Expediente patrimonialAl expediente se incorpora el pliego de condiciones (objeto, régimen jurídico, pactos y condiciones y, si hay concurrencia, reglas de adjudicación); en la adjudicación directa puede sustituirse por una propuesta de contrato. Lo informa el Gabinete Jurídico o el órgano de asesoramiento jurídico de la agencia, salvo que se usen pliegos generales o modelos tipo, que puede aprobar la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio previo informe del Gabinete Jurídico. Cabe tramitar con bienes afectados si se desafectan antes de resolver. Con gastos, fiscalización previa.
Art. 83Pactos preliminaresCuando proceda la adjudicación directa, el órgano competente para celebrar el negocio jurídico puede alcanzar, con carácter previo, acuerdos preliminares que fijen las líneas directrices o criterios básicos del futuro negocio (objeto, precio, condiciones esenciales o análogos). Esos acuerdos quedan supeditados a la tramitación del procedimiento patrimonial: si este no se completa o se completa de modo sustancialmente diferente al contenido del acuerdo preliminar, quedan sin efecto, sin que de ello derive derecho o indemnización alguna.
Art. 84Procedimientos de adjudicaciónRegla general: adjudicación con publicidad y concurrencia, por subasta (tipo base en dinero y puja más alta), concurso (oferta más ventajosa en su conjunto), procedimiento negociado (licitador justificadamente elegido tras negociar) u oferta pública permanente (mejor postor). La directa cabe en los supuestos expresamente establecidos, con memoria justificativa. Antes de la perfección, las consejerías o agencias pueden suspender o desistir si cambian o desaparecen las razones iniciales o sobrevienen motivos de interés público, sin indemnización; el desistimiento ordena devolver las garantías.
Art. 85FormalizaciónAdquisición, enajenación, permuta o gravamen de inmuebles y derechos sobre estos: escritura pública cuando sea requisito constitutivo o necesaria para inscribir en el Registro de la Propiedad. Arrendamientos, explotación de inmuebles y negocios sobre muebles: documento administrativo, salvo que proceda o se estime conveniente inscribirlos en un registro público (entonces escritura; paga quien pidió elevarla). En inmuebles formaliza, con carácter general, la persona titular de la Dirección General de Patrimonio o en quien delegue; en agencias, sus órganos legales o estatutarios.
Art. 86ValoracionesEn adquisiciones onerosas, enajenaciones, permutas y demás negocios en que el valor tenga incidencia económica debe emitirse informe de valoración o tasación; en el resto valen otras valoraciones (expediente, Inventario General, registros oficiales). El valor de referencia es el de mercado, deducidas en su caso cargas y gravámenes. Sobre inmuebles los aprueba la Dirección General de Patrimonio; en arrendamientos, explotación y bienes muebles, el órgano competente para celebrar el negocio. Validez: un año desde su aprobación.
Art. 87Adecuación al finLa Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias pueden adquirir bienes y derechos, pero con una condición: que sean idóneos para los fines públicos a los que se pretenden destinar. El artículo no fija órgano, plazo ni cuantía: solo este requisito de idoneidad.
Art. 88Depuración física y jurídicaAntes de cualquier negocio jurídico de adquisición de un bien o derecho es necesaria la depuración de su situación física y jurídica. La exigencia es previa al negocio y alcanza a toda adquisición, sea de un bien o de un derecho.
Art. 89Órganos competentesEn la Administración de la Junta de Andalucía, la adquisición onerosa de inmuebles o derechos sobre ellos la acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, por propia iniciativa o a petición razonada de la Consejería o agencia interesada (que entonces debe tener créditos suficientes); tramita la Dirección General de Patrimonio. En muebles decide la Consejería que haya de utilizarlos, y el Consejo de Gobierno puede acordar la adquisición centralizada. En las agencias, sus órganos legales o estatutarios, previa autorización de esa Consejería si son inmuebles.
Art. 90ProcedimientoLas adquisiciones onerosas se hacen, con carácter general, por concurso o procedimiento negociado. También cabe participar en subastas de terceros, con autorización del órgano competente para la adquisición y precio máximo fijado. Adquisición directa en seis supuestos: peculiaridades, idoneidad, limitaciones del mercado o urgencia; vendedor del sector público; procedimiento desierto (precio y superficie alterables un 10 % y sin pasar un año desde el acuerdo); cuota de copropietario; adquisición preferente; inmueble arrendado más de cuatro años. Expediente: memoria y tasación aprobada.
Art. 91Precio aplazado y en especieEl pago del precio puede aplazarse, en los términos previstos en el pliego o proyecto de contrato y con sujeción al régimen de los gastos de carácter plurianual del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Además, parte del precio de las adquisiciones puede pagarse entregando otros bienes o derechos, con dos condiciones: que sean enajenables conforme a esta ley y que se haya obtenido la autorización del órgano competente para disponer del bien o derecho.
Art. 92Cargas y gravámenesRegla general: las adquisiciones se realizan libres de toda carga o gravamen incompatible con los fines determinantes de la adquisición. Si no hay tal incompatibilidad, pueden adquirirse bienes o derechos gravados con dos requisitos imprescindibles: justificar en el expediente la conveniencia para los intereses públicos de aceptarlos, y que la tasación tenga en cuenta la minusvaloración derivada de las cargas y gravámenes o se incorpore un informe de valoración de estas, en los términos del artículo 86.
Art. 93Bienes futuros y opcionesLa Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias pueden adquirir bienes o derechos futuros si están determinados o son susceptibles de determinación al acordarse la adquisición, en las condiciones específicas que se fijen. En todo caso, quien ofrece el bien o derecho futuro debe garantizar suficientemente el cumplimiento de sus obligaciones por cualquier modo admitido en derecho, y deben fijarse los requisitos que aseguren los términos y buen fin de la operación. Además, pueden concertar negocios jurídicos que constituyan a su favor un derecho a la adquisición de bienes o derechos.
Art. 94Adquisición de edificios en construcciónUn inmueble en construcción puede adquirirse por causas debidamente justificadas si: el suelo y lo ya edificado valen más que lo pendiente; el precio es determinado o determinable según parámetros ciertos; al firmar la escritura solo se abona suelo y obra realizada; el resto, a la entrega o contra certificaciones de obra; el plazo de terminación y entrega no excede de dos años, salvo autorización justificada de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; el vendedor garantiza la entrega y el adquirente asegura que se ajusta a lo estipulado.
Art. 95Órganos competentesPara la Administración de la Junta de Andalucía, las adquisiciones gratuitas de inmuebles y derechos sobre ellos las acepta la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. Muebles: la Consejería a la que vayan a quedar adscritos si se señaló su fin; si no, la titular de patrimonio. Dinero o saldos: la titular de la Consejería competente por razón de la materia si tienen fin determinado; si no, la de patrimonio. En las agencias aceptan sus órganos legales o estatutarios, previa autorización de la Consejería de patrimonio si son inmuebles. Renuncia quien puede aceptar.
Art. 96Reglas generales para las adquisiciones a título gratuitoNo se aceptan adquisiciones gratuitas si los gastos o cargas del bien superan su valor, salvo razones excepcionales de interés público justificadas; antes se tasa o valora conforme al artículo 86. La condición o modo de afectación permanente se entiende cumplida y consumada tras treinta años sirviendo al destino. Quien por cargo o empleo público conozca un testamento u oferta de donación lo comunica a la Consejería competente en materia de patrimonio o a la agencia beneficiaria. Si dona una Administración pública, basta documento administrativo, inscribible en el Registro de la Propiedad.
Art. 97ReversionesLa reversión de bienes y derechos adquiridos gratuitamente bajo condición o modo de afectación permanente a determinados fines solo procede si se incumplen esas condiciones o modos sin haber transcurrido el plazo fijado en el acuerdo de cesión o, en todo caso, el señalado en el artículo 96.2. La tramitan y reconocen los órganos competentes para la adquisición, a solicitud de persona interesada y previa acreditación de su derecho y del incumplimiento. Todo ello sin perjuicio de los supuestos de reversión en materia de expropiación forzosa.
Art. 98Normas especiales para adquisiciones hereditariasLas herencias se entienden siempre aceptadas a beneficio de inventario. Las disposiciones por causa de muerte se entienden hechas a la Administración de la Junta de Andalucía si el disponente designa a alguno de sus órganos, a los órganos estatutarios o a la comunidad autónoma como tal, o si el testamento destina los bienes a una finalidad de su competencia; se respeta su voluntad siempre que sea posible. Si el órgano o agencia beneficiario ha desaparecido al abrirse la sucesión, se entienden hechas a los que asumieron sus competencias y, en su defecto, a dicha Administración.
Art. 99Órganos competentesArrendar muebles e inmuebles, y la novación, prórroga o resolución anticipada, compete a la Consejería o agencia interesada, que luego ejerce los derechos y cumple las obligaciones del arrendatario y gestiona las incidencias. En inmuebles se requiere informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio sobre la disponibilidad de inmuebles propios, salvo arrendamientos de plazo inferior a tres meses o para conferencias, seminarios, presentaciones, ferias, congresos u otros eventos. Si lo usan varias consejerías o agencias, compete a la Consejería competente en materia de patrimonio.
Art. 100ProcedimientoLos arrendamientos se conciertan, con carácter general, por concurso o procedimiento negociado. Cabe la forma directa por: peculiaridades de la necesidad, especial idoneidad del bien, limitaciones del mercado o urgencia; arrendador del sector público; inmueble en el extranjero; o procedimiento con publicidad declarado desierto, sin modificar las condiciones originales salvo precio y superficie (en un 10%) y antes de un año desde la resolución. La adjudicación, motivada, se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial. El expediente incorpora memoria y estudio económico.
Art. 101Reglas generales de los arrendamientosNo se arriendan inmuebles para servicios de la Junta o sus agencias si hay inmuebles propios disponibles para el mismo fin (o que puedan estarlo con obras más ventajosas) y compatibles, o arrendamientos vacantes. El contrato menciona que podrá usarlo cualquier órgano de la Junta o sus agencias. Sin cláusulas indemnizatorias por finalización, salvo resolución anticipada; si dura más de cuatro años, debe permitir resolverlo sin abonar toda la renta. Dejarlo libre antes de plazo se comunica a la Consejería de patrimonio con seis meses de antelación mínima. Nunca hay prórroga tácita.
Art. 102Contratos mixtosLos contratos de arrendamiento financiero y los demás contratos mixtos de arrendamiento con opción de compra se concluyen aplicando las normas de competencia y procedimiento de los artículos 89 y 90 para la adquisición de inmuebles. En cambio, a efectos del artículo 40 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, sobre compromisos de gastos de carácter plurianual, estos contratos mixtos se consideran contratos de arrendamiento.
Art. 103Prohibición de donacionesEstá prohibida toda disposición gratuita de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La única salvedad son los supuestos expresamente establecidos en la propia ley o en la legislación especial: la excepción ha de estar prevista de forma expresa en una de esas dos fuentes.
Art. 104Órganos competentesDisponer de inmuebles o derechos sobre ellos de la Junta compete a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio (sin perjuicio del artículo 72.1 para las cesiones); tramita la Dirección General de Patrimonio. De los muebles, a la persona titular de la Consejería que los tenga adscritos. En las agencias, a sus órganos según ley o estatutos, previa autorización de la Consejería de patrimonio si son inmuebles. Siempre se exige autorización previa del Consejo de Gobierno si el valor excede de 20 millones de euros (inmuebles) o de 10 millones (muebles).
Art. 105Depuración física y jurídicaAntes de cualquier negocio jurídico de disposición de un bien o derecho hay que depurar su situación física y jurídica. Excepción: puede disponerse sin esa depuración previa si se cumplen dos condiciones a la vez: que las circunstancias se pongan en conocimiento de la persona adquirente y que esta las acepte.
Art. 106Bienes y derechos litigiososCabe disponer de bienes y derechos litigiosos de la Junta y sus agencias si el pliego o proyecto de contrato lo menciona expresamente, con al menos objeto, partes y referencia del pleito, y la plena asunción de riesgos por el adjudicatario; esa asunción figurará necesariamente en el documento o escritura de formalización. Si el litigio surge iniciado el procedimiento y ya no cabe cumplirlo, se retrotraen las actuaciones, salvo que convenga más suspender o desistir (artículo 84.3). Es litigioso desde que el órgano competente tiene constancia formal del ejercicio de la acción y de su contenido.
Art. 107Bienes y derechos susceptibles de enajenaciónPueden enajenarse los bienes y derechos patrimoniales que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias. Los bienes inmuebles pueden enajenarse con reserva del uso temporal, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas convenga al interés público. Ese uso puede instrumentarse con arrendamientos, de corta o larga duración, u otros contratos que habiliten para el uso, simultáneos a la enajenación y sometidos a sus mismas normas de competencia y procedimiento.
Art. 108ProcedimientoLa enajenación se realiza por subasta, concurso o adjudicación directa. La forma ordinaria es la subasta pública, al alza o a la baja, en sobre cerrado o electrónica, a favor de la oferta económica más ventajosa. El concurso cabe cuando el bien sea adecuado para políticas públicas o actuaciones de utilidad pública o interés social. La enajenación directa procede en siete supuestos, entre ellos inmuebles de valor inferior a 120.000 euros o cuando lo disponga el Consejo de Gobierno por razones justificadas. Convocatoria y resolución se publican en la Plataforma de Publicidad Patrimonial.
Art. 109Subastas sucesivasSi la subasta queda desierta, pueden convocarse hasta dos más de forma sucesiva. En cada una el tipo puede reducirse como máximo un veinticinco por ciento respecto al fijado para la anterior. Condición: que no hayan transcurrido más de veinticuatro meses desde la celebración de la primera. Las subastas pueden celebrarse en el mismo acto o en actos diferentes, pero en un mismo acto no pueden acumularse más de dos simultáneamente.
Art. 110Procedimiento negociadoSi la tercera subasta queda desierta y no han pasado más de veinticuatro meses desde su celebración, el órgano competente podrá publicar una convocatoria para presentar proposiciones económicas vinculantes de compra, o de otro negocio jurídico patrimonial si el pliego de la subasta lo previó expresamente. Se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial. Pasado el plazo de presentación, se comprueban las propuestas y se puede acordar negociar con quienes ofertaron. Se adjudica al oferente justificadamente elegido por mayor rentabilidad y mejores condiciones económicas.
Art. 111Oferta pública permanenteLo que queda desierto en subasta o concurso pasa a la oferta pública permanente, con las condiciones del pliego y por su precio mínimo de licitación (cabe añadir pago aplazado). Se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial. Cualquier interesado puede presentar oferta vinculante; admitida, se publica y se abren diez días para propuestas que mejoren al menos un 10% el precio de la oferta inicial, y se adjudica al mejor postor. La Administración puede no incorporar o retirar bienes, motivándolo.
Art. 112Reglas generales para las enajenacionesEl procedimiento de enajenación se inicia de oficio: por iniciativa propia o a propuesta de la Consejería o agencia que tenga adscrito el bien o derecho o de persona interesada, si concurren, justificadas en el expediente, las circunstancias del artículo 107. El acuerdo de incoación lleva implícita la desafectación, en su caso, y la declaración de alienabilidad. Caben cláusulas de reparto de plusvalía si es posible un aumento de valor en un plazo determinado o por cumplirse determinadas condiciones. Participar supone aceptar incondicionadamente la convocatoria y el pliego, sin reservas.
Art. 113GarantíaPara participar en una enajenación hay que constituir garantía, fijada por el órgano competente para iniciar el procedimiento: entre el 5% y el 25% del precio de venta (enajenación directa) o del tipo de salida (procedimientos concurrenciales). Puede suprimirse en concurrenciales de inmuebles si el tipo no supera 20.000 euros y, en directas, por razones justificadas; si el tipo supera 2 millones, puede bajar del 5% con mínimo de 100.000 euros. Se constituye en la Caja General de Depósitos y se devuelve tras la adjudicación; al adjudicatario, formalizado el contrato.
Art. 114Aplazamiento del pago y pago en especieEl órgano competente para enajenar puede admitir el pago aplazado por un periodo no superior a diez años, siempre que se garantice con hipoteca, aval bancario, seguro de caución, condición resolutoria explícita u otra garantía suficiente. El interés no puede ser inferior al legal del dinero. El comprador puede pedir en cualquier momento la liquidación anticipada, con liquidaciones por períodos mensuales, o la de toda la deuda. Parte del precio puede pagarse con otros bienes o derechos si lo contemplaba el pliego de condiciones o el proyecto de contrato.
Art. 115Cargas y gravámenesSobre los bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía no pueden imponerse cargas y gravámenes salvo por una de estas dos vías: cumpliendo los requisitos establecidos para su enajenación o en virtud de ley. Son alternativas: basta una de las dos.
Art. 116RequisitosLa permuta de bienes y derechos patrimoniales exige dos requisitos: justificar su conveniencia y oportunidad por razones de interés público y que la diferencia de valor según tasación no supere el cincuenta por ciento del de mayor valor, compensándose en dinero u otros bienes y derechos. Si la supera, se tramita como adquisición o enajenación con pago de parte del precio en especie. Cabe permutar por bienes futuros determinados o determinables al perfeccionarse la permuta, con plazo de entrega, garantía y condición resolutoria expresa.
Art. 117ProcedimientoLa permuta se rige por las normas de la enajenación de bienes o derechos y se tramita siempre por adjudicación directa. No obstante, el órgano competente para la permuta puede instar ofertas de inmuebles o derechos mediante un acto de invitación al público, difundido por la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de otros medios; entonces la adjudicataria se selecciona conforme al pliego de condiciones previamente elaborado. Al expediente se incorpora un pliego de condiciones si hay invitación, o una propuesta de contrato si es adjudicación directa.
Art. 118Pago en especie en los contratos de obras del sector públicoEn los contratos de obras puede preverse que el precio se pague total o parcialmente transmitiendo inmuebles o derechos sobre ellos de la Administración o agencia de la que depende quien licita. Requisitos: bienes enajenables y autorización previa a la licitación del órgano competente para disponer; criterios objetivos de valoración de las ofertas, que parten del valor de tasación; y, si son de agencias, además autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio. La propiedad se transmite al recibirse las obras, salvo que los pliegos dispongan otra cosa.
Art. 119Órganos competentesLa competencia para acordar la explotación de los bienes o derechos de dominio privado del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde a los órganos señalados en el artículo 66. El artículo 119 no nombra él mismo ningún órgano: se limita a remitir a ese precepto.
Art. 120ProcedimientoLos contratos de explotación de bienes y derechos patrimoniales se adjudican mediante concurso, cuya convocatoria se publica en la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía. Lo que quede desierto puede incorporarse a la oferta pública permanente. Procede la adjudicación directa por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, justificándolo en el expediente. Al expediente se incorporan una memoria y un estudio económico.
Art. 121Reglas generales de los contratos de explotaciónLos contratos de explotación no pueden durar más de veinte años, prórrogas incluidas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas; la prórroga se acuerda de forma motivada por el órgano competente y nunca por consentimiento tácito. Para participar se exige garantía provisional no superior al 3% del precio total inicialmente estimado; la definitiva se rige por el derecho privado. La subrogación de un tercero requiere autorización expresa del órgano competente para adjudicar, salvo subrogación forzosa legalmente prevista. Cabe la explotación con opción de compra sobre inmuebles.
Art. 122Bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicosDefine cuatro clases de bienes muebles: obsoletos (anticuados e inadecuados para su fin), deteriorados (daño o desgaste; en todo caso si valen menos del 25% del precio de adquisición), en desuso (útiles pero sin usar) y antieconómicos (cuestan más de lo que rinden). Los del Patrimonio Histórico de Andalucía no pueden serlo. Los declara el órgano de adscripción, indicando las características que lo motivan; el órgano competente por razón de la materia puede fijar criterios generales. Pueden entregarse como precio total o parcial de contratos, previa valoración.
Art. 123Principios e instrumentos de economía circularLa gestión de los bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía perseguirá un modelo de economía circular: uso eficiente durante su ciclo de vida, alargar su vida útil y priorizar su reutilización, reciclado y valorización, para minimizar los residuos y consumir de forma responsable. Los órganos y entidades del artículo 2.1 aplicarán el principio de jerarquía de residuos, conforme a la legislación de economía circular.
Art. 124Valoración económicaPara valorar los bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos, a efectos de los mecanismos del título, podrán utilizarse: las tarifas aprobadas por el órgano competente por razón de la materia para determinados grupos o categorías, el valor neto contable, el valor por referencia a las tablas de amortización, el valor residual y las reglas generales de valoración del artículo 86. El método empleado podrá atender a los bienes en sí mismos considerados o a sus componentes.
Art. 125Reutilización internaLos órganos competentes por razón de la materia implementarán iniciativas para reutilizar bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos y alargar su vida útil; podrán crear bolsas de segunda oportunidad. Los de adscripción procurarán que los reutilice el sector público andaluz. Cabe su entrega, gratuita u onerosa, a entidades públicas o privadas que se comprometan, tras tratarlos, a devolverlos o ponerlos a disposición de la Junta o sus agencias para fines educativos, formativos y de investigación. Van implícitos los cambios de afectación, adscripción y reasignación.
Art. 126Restablecimiento del rendimiento o funcionalidadLos órganos y entidades del artículo 2.1 podrán celebrar contratos para restablecer el rendimiento o funcionalidad de los bienes muebles obsoletos o deteriorados de su titularidad; estas prestaciones también podrán incluirse en los contratos de suministro que se celebren. Restablecido el rendimiento o funcionalidad conforme a lo anterior, la declaración de los bienes como obsoletos o deteriorados queda sin efecto de forma automática y sin necesidad de resolución expresa.
Art. 127Oferta pública permanenteLos bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos pueden enajenarse, sueltos o por lotes, en la oferta pública permanente del artículo 111, publicada en la Plataforma de Publicidad Patrimonial; implica desafectación, en su caso, y alienabilidad. Tras una oferta, hay diez días para mejorarla al menos un 10% y se adjudica al mejor postor. Tienen preferencia las gestoras de residuos autorizadas que adquieran para reutilizar, reciclar o valorizar y, antes de adjudicar, la adscripción que pida el sector público andaluz. La Administración puede retirarlos en cualquier momento.
Art. 128Adjudicación directa de equipos electrónicosLos terminales, equipos o dispositivos tecnológicos, electrónicos o de telecomunicaciones móviles o portátiles y análogos, de uso individual de autoridades y personal empleado público, pueden enajenarse por adjudicación directa a la autoridad o empleado usuario y según la valoración del artículo 124. La enajenación no conlleva la de las aplicaciones ni del software, que habrán de adjudicarse previa depuración de licencias y medidas de seguridad y borrado; sí conlleva el cese de todos los servicios. La Agencia Digital de Andalucía define y aprueba la política de equipos, requisitos y medidas.
Art. 129Cesión gratuita de la titularidadSi reutilizarlos internamente, restablecer su rendimiento o enajenarlos no es posible, no procede o resulta antieconómico, los bienes muebles obsoletos, deteriorados, en desuso o antieconómicos podrán cederse gratis a otras Administraciones públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, para fines de utilidad pública o interés social. También a gestoras de residuos, respetando publicidad, concurrencia e igualdad de trato y con trazabilidad. La enajenación se considera no posible tras un año en la oferta pública permanente sin ofertas o sin ofertas admisibles.
Art. 130DefiniciónSon edificios administrativos los inmuebles, locales y espacios destinados a usos administrativos de carácter general, sean oficinas o dependencias auxiliares; se asimilan los terrenos e inmuebles adquiridos para construir, rehabilitar o reformar con ese fin. Lo integran el inmueble, las dependencias auxiliares, el mobiliario y las máquinas e instalaciones: un todo inseparable salvo autorización expresa de la Dirección General de Patrimonio. Quedan fuera los dispositivos móviles o portátiles. Tipos: uso exclusivo, compartido y múltiple (este, declarado por resolución motivada).
Art. 131Política de los edificios administrativosCompete a la Dirección General de Patrimonio: planificar la ubicación de las sedes de los servicios administrativos, centrales y territoriales, de los órganos y entidades del artículo 2.1; coordinar y optimizar el uso de los edificios administrativos; velar por su buena gestión; fijar reglas generales de uniformidad y uso eficiente; elaborar, modificar, coordinar y controlar el plan de sedes (artículo 133); supervisar su ejecución, e impulsar las inversiones necesarias. Puede recabar dictámenes, informaciones y documentos, hacer visitas de comprobación e inspección y dictar instrucciones.
Art. 132Principios de gestión de los edificios administrativosLa gestión y administración de los edificios administrativos se sujeta a seis criterios y principios: planificación global e integrada de las necesidades de inmuebles de uso administrativo; eficiencia, racionalidad y sostenibilidad; gestión unificada, con un único órgano responsable en cada inmueble; rentabilidad de las inversiones; imagen unificada, que transmita austeridad, eficiencia y dignidad; y coordinación por la Consejería competente en materia de hacienda y patrimonio de los aspectos económicos y patrimoniales de los anteriores.
Art. 133Plan de sedes administrativasEl Plan de sedes administrativas rige la ordenación de las sedes en los edificios administrativos. Lo elabora, modifica, coordina y controla la Consejería competente en materia de patrimonio; lo aprueba su titular, a propuesta de la Dirección General de Patrimonio. Incluye un calendario de ejecución, por cuyos plazos vela esa Dirección General. Es de obligada ejecución y lo implementan y financian las consejerías, agencias, instituciones y entidades afectadas, salvo disposición expresa en contrario. De los ahorros o gastos adicionales se da cuenta a la Dirección General de Presupuestos.
Art. 134Arrendamientos de inmuebles destinados a edificios administrativosPara arrendar un inmueble como edificio administrativo, el expediente requiere informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, sin perjuicio del informe sobre disponibilidad de inmuebles del artículo 99; su contenido y alcance se desarrollarán reglamentariamente. La Consejería o agencia interesada lo solicitará, con la documentación necesaria, al menos seis meses antes de la fecha prevista para el inicio del contrato. No hace falta si el procedimiento se tramita con concurrencia y el contrato se ajusta a los criterios y condiciones fijados por la Dirección General de Patrimonio.
Art. 135Órganos competentes en materia de edificios administrativosEn cada Consejería, agencia, institución o entidad usuaria de un edificio administrativo, el órgano competente depende de quién lo usa: si son servicios centrales, el órgano directivo que tenga atribuida la competencia en materia de gestión patrimonial; si son servicios periféricos, los órganos territoriales de las consejerías o, en las entidades, la persona que designe la dirección de conformidad con lo previsto en sus estatutos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
Art. 136Órgano responsable de la gestión y administración del edificioCada edificio administrativo tiene un único órgano responsable, designado por resolución de la Dirección General de Patrimonio; en los declarados múltiples lo es esa Dirección General, o los servicios periféricos de la Consejería competente en patrimonio si solo lo usan servicios territoriales. Gestiona los contratos (uno por servicio o suministro y edificio), asume los gastos, paga tributos, conserva y hace las obras, que comunica con tres meses de antelación al inicio de la contratación. En uso compartido o múltiple, cada usuario adquiere su mobiliario y su material de oficina.
Art. 137Comisión coordinadora del edificio de uso compartido o múltipleEn cada edificio de uso compartido o múltiple existe una Comisión coordinadora, órgano colegiado adscrito a la Consejería o agencia de la que dependa orgánicamente el órgano responsable de su gestión y administración. Se reúne al menos semestralmente o cuando lo solicite cualquiera de sus miembros, y una copia del acta se remite a la Dirección General de Patrimonio. Coordina, propone obras, informa proyectos de obras y, en los edificios de uso compartido, propone a esa Dirección General un nuevo órgano responsable. Su composición se determina reglamentariamente.
Art. 138DefiniciónForman el patrimonio empresarial las acciones, participaciones y demás valores representativos del capital de sociedades mercantiles, obligaciones, obligaciones convertibles, futuros y opciones, derechos de suscripción preferente, créditos participativos y análogos que representen derechos para la Administración de la Junta y sus agencias. Los títulos de la Administración los custodia la Dirección General de Patrimonio; los de las agencias, ellas mismas, que le remiten un listado en el primer trimestre de cada año. Se rige por el derecho privado, sin perjuicio de esta ley.
Art. 139RepresentaciónLa representación de la Administración de la Junta de Andalucía ante las sociedades mercantiles en las que participe de forma directa, y el ejercicio de sus derechos de socio, corresponden a la Consejería competente en materia de patrimonio, a través de la Dirección General de Patrimonio, tengan o no esas sociedades la condición de sociedades mercantiles del sector público andaluz. Si las acciones o participaciones son de titularidad de las agencias, la representación corresponde al órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida esa competencia.
Art. 140Miembros del consejo de administraciónLos representantes de la Administración de la Junta en los órganos de las sociedades con participación pública autonómica los designa la Dirección General de Patrimonio, a propuesta del titular de la Consejería o agencia de adscripción o de la que fijen los estatutos; los de las agencias, el órgano que tenga legal o estatutariamente la competencia. Recaen en el titular del órgano si es por razón del cargo y, si no, en profesionales cualificados, procurando presencia equilibrada. Fija seis principios, un seguro como el del personal alto cargo y remite el estatuto a reglamento.
Art. 141Reestructuración del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma de AndalucíaEl Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, puede acordar la incorporación de acciones y participaciones entre la Administración de la Junta, sus agencias, entidades de derecho público vinculadas o dependientes y sociedades mercantiles del sector público andaluz, sin sujeción a los procedimientos del capítulo III del título. El pleno dominio se adquiere desde la adopción del acuerdo, cuya copia es título suficiente. Se registran por el valor neto contable a fecha del acuerdo. No hay tanteo ni retracto y están exentas de cualquier tributo autonómico.
Art. 142Concepto y régimen jurídicoSon sociedades mercantiles del sector público andaluz aquellas en las que la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de derecho público cumplen alguno de estos criterios: participación directa o indirecta en el capital social superior al 50%, mayoría de los derechos de voto, o facultad de nombrar al administrador único o a más de la mitad de los miembros del órgano de administración. Se rigen por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las especialidades de esta ley y de la normativa de derecho público que les sea de aplicación.
Art. 143Constitución de sociedades mercantiles del sector público andaluzLa creación de sociedades mercantiles del sector público andaluz requiere autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería a la que haya de quedar adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razón de la materia, previo informe de la Consejería competente en materia de patrimonio. El acuerdo se ajusta al artículo 76.2 de la Ley 9/2007 y lleva implícita la aprobación del gasto cuando lo requiera la normativa de hacienda pública. Si autoriza la aportación de bienes o derechos, el informe de expertos independientes se sustituye por una tasación.
Art. 144Adscripción funcionalLas sociedades mercantiles del sector público andaluz se adscriben a la Consejería o agencia que determine la persona titular de la Presidencia de la Junta o, en su caso, el Consejo de Gobierno, cuyas competencias guarden relación específica con su objeto social; pueden ser varias, fijando la distribución funcional. La Consejería de adscripción fija las líneas generales y estratégicas, establece los sistemas de control para la supervisión financiera, propone nombramiento y remoción de administradores, ejerce el control funcional y de eficacia y tiene la iniciativa, informe o propuesta.
Art. 145Acuerdos sociales sometidos a autorización del Consejo de GobiernoLas sociedades mercantiles del sector público andaluz necesitan autorización previa del Consejo de Gobierno para: modificaciones estatutarias que afecten a la razón, objeto o capital social o a los órganos de la sociedad; transformación, fusión, escisión y demás modificaciones estructurales; disolución voluntaria; operaciones que impliquen adquirir o perder esa condición; y otros supuestos de la ley o los estatutos. Se elevan a propuesta de la Consejería de adscripción, previo informe de las Consejerías competentes en patrimonio y en sector público instrumental.
Art. 146SesionesLos órganos de gobierno y administración y las juntas o asambleas de estas sociedades se convocan conforme a los estatutos y la legislación mercantil. La convocatoria incluye siempre orden del día y documentación; a los órganos de gobierno y administración se remite con al menos dos días hábiles de antelación, salvo urgente necesidad apreciada por la presidencia. Caben sesiones por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, que se entienden celebradas en el domicilio de la persona jurídica, y acuerdos sin sesión y por escrito si lo decide la presidencia y ningún miembro se opone.
Art. 147Inventario patrimonialLas sociedades mercantiles del sector público andaluz formarán un inventario de los bienes y derechos de que sean titulares o que utilicen: no solo los propios, también los que usan. La Dirección General de Patrimonio podrá dictar instrucciones respecto a la formación y la actualización de ese inventario.
Art. 148Remisión de información y publicidad de la actividad societariaEn el primer trimestre de cada año, las sociedades mercantiles del sector público andaluz remiten a la Dirección General de Patrimonio el listado de acciones y participaciones sociales que titularicen. En la sección de transparencia de su web difunden la información relevante de su actividad que no sea reservada; en particular: estatutos o normas de creación, integrantes de sus órganos de administración, dirección, gestión y control, poderes y delegaciones, cuentas anuales, códigos de conducta o guías de buenas prácticas y la parte de su actividad vinculada a servicios de interés general.
Art. 149CompetenciaLa adquisición de valores societarios por la Administración de la Junta la acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; la de las agencias, su órgano competente, previo informe favorable de esa Consejería. Si la Comunidad pasa a ser partícipe mayoritario, directa o indirectamente, se necesita autorización previa del Consejo de Gobierno, también cuando ocurre de forma indirecta por adquisiciones de sociedades participadas. Formaliza por la Administración la persona titular de la Dirección General de Patrimonio o persona en quien delegue.
Art. 150Reglas generalesLa adquisición de valores societarios puede hacerse aportando bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, previa autorización del órgano competente para su enajenación; el informe de expertos independientes se sustituye entonces por una tasación del artículo 86. El precio se fija por los métodos de valoración comúnmente aceptados y, si los títulos cotizan, es el de mercado en el momento y fecha de la operación, salvo que los servicios técnicos estimen que el volumen de negociación habitual no garantiza un precio de mercado adecuado y propongan motivadamente otro método. Si se busca obtener la propiedad de inmuebles o derechos, se exige tasación de los bienes inmuebles.
Art. 151CompetenciaLa enajenación de valores societarios por la Administración de la Junta la acuerda la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio; la de las agencias, su órgano competente, previo informe favorable de esa Consejería. Autoriza el Consejo de Gobierno si se pierde la condición de partícipe mayoritario, directa o indirectamente, si se enajena la totalidad de las acciones o participaciones o si su valor supera diez millones de euros. Formaliza por la Administración la persona titular de la Dirección General de Patrimonio o persona en quien delegue.
Art. 152Reglas generalesLa enajenación puede hacerse en mercados secundarios organizados o fuera de ellos. El importe se fija por los métodos de valoración comúnmente aceptados; si los títulos cotizan, es el valor de mercado en el momento y fecha de la operación, salvo propuesta razonada de otro método por los servicios técnicos. Si no cotizan, la venta es por concurso o subasta, y cabe enajenación directa en cuatro supuestos: limitaciones estatutarias o derechos de adquisición preferente; adquirente del sector público; subasta desierta o fallida (en un año desde su celebración); y venta a la propia sociedad.
Art. 153Régimen aplicableLas disposiciones del capítulo en que se encuentra este artículo se aplican también, en lo que sea compatible, a las adquisiciones y enajenaciones de futuros y opciones, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, derechos de suscripción preferente, créditos participativos y otros títulos, valores o derechos análogos.
Art. 154Deber de protección y defensaLos órganos y entidades del artículo 2.1 deben proteger y defender este Patrimonio y, en particular: investigar e inventariar sus bienes y derechos, promover inscripciones y anotaciones registrales, presentar declaraciones y regularizaciones catastrales, ejercitar potestades administrativas de defensa e interponer recursos y acciones judiciales. Sobre bienes de dominio público estatal o local adscritos a competencias autonómicas pueden ejercitar las potestades de esta ley. Quien tenga a su cargo bienes o derechos de ese Patrimonio debe velar por ellos y responde de los daños.
Art. 155Solicitud de informaciónLa Dirección General del Catastro, los Registros de la Propiedad y los demás registros o archivos públicos deben facilitar a la Dirección General de Patrimonio, a requerimiento de esta, gratis y por medios electrónicos, la información sobre los bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma y los datos necesarios para el Inventario General (gestión o actualización) o para las facultades y prerrogativas del artículo 166, igual que están obligados respecto a la Administración General del Estado. Consejerías y agencias pueden recabarla sobre sus bienes y derechos propios o adscritos.
Art. 156Deber de colaboraciónLas autoridades y el personal de los órganos y entidades del artículo 2.1 deben colaborar en la protección, defensa y administración del patrimonio: facilitan los datos, documentos o informes requeridos, comunican los hechos lesivos para su integridad física o jurídica y prestan auxilio. La unidad de la Policía Nacional adscrita a Andalucía colabora y asiste en la ejecución forzosa, sin perjuicio del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. La ciudadanía aporta lo que se le requiera y facilita inspecciones, conforme al artículo 62 de la Ley 33/2003.
Art. 157SegurosLos bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía estarán cubiertos por una póliza de aseguramiento en dos casos: cuando viniese establecido legalmente y cuando se considerase conveniente por su valor histórico-artístico, económico o de otra índole. Además, las personas concesionarias, cesionarias, usufructuarias y, en general, titulares de derechos de uso o aprovechamiento sobre esos bienes o derechos podrán ser obligadas a asegurarlos, de acuerdo con lo que establezca el correspondiente título habilitante.
Art. 158Obligación de formar inventario: finalidad y contenidoEl Inventario General se integra por el inventario del Patrimonio de la Administración de la Junta y por los de los patrimonios propios de las agencias. La Dirección General de Patrimonio lo diseña, organiza, coordina y desarrolla, y forma el de la Administración con los órganos que tienen bienes adscritos como auxiliares; cada agencia forma el suyo. Quedan excluidos los muebles consumibles de vida útil inferior a un año o de valor unitario inferior al límite que fije la Consejería. Es público, electrónico y georreferenciado.
Art. 159Acceso a la informaciónEl Inventario General no es registro público: sus datos son información de apoyo para la gestión interna y la definición de políticas autonómicas, no surten efectos frente a terceros ni sirven para hacer valer derechos frente a la Administración de la Junta o sus agencias. Otras Administraciones acceden según criterios de competencia, idoneidad y proporcionalidad, y la consulta la plantea su órgano competente en materia de patrimonio. Los terceros consultan cuando los datos formen parte de un expediente; la ciudadanía, conforme a la legislación de transparencia.
Art. 160Reflejo contable y actualización de la valoraciónTodos los hechos y operaciones que afecten a los bienes y derechos integrantes del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrán reflejo contable, en los términos que determine la normativa de contabilidad aplicable. La valoración de los bienes y derechos inventariados y su actualización seguirán los criterios aplicados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Andalucía y, en especial, con las normas valorativas que según ese Plan tengan carácter obligatorio.
Art. 161Obligatoriedad de la inscripciónLos bienes y derechos inscribibles, demaniales o patrimoniales, y sus actos y contratos deben inscribirse en los registros públicos; la de arrendamientos de inmuebles en el Registro de la Propiedad es potestativa. Con carácter general inscribe la Dirección General de Patrimonio; las expropiaciones, el órgano que ejerza la potestad expropiatoria; concesiones y arrendamientos, quien los otorga o celebra; obras nuevas, el órgano de contratación; otros registros, el órgano de adscripción. Se anota en el Inventario y se inscribe a nombre de la Junta de Andalucía o de la agencia.
Art. 162Certificación administrativaPor certificación administrativa pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma. La emite la Dirección General de Patrimonio para el Patrimonio de la Administración de la Junta y, en las agencias, los órganos que tengan atribuida la competencia. Sirve para cancelar o rectificar inscripciones: a) sin título escrito de dominio; b) inmueble inexistente o ilocalizable, con informe técnico preceptivo; c) mejor derecho de un tercero o doble inmatriculación, con informe previo del Gabinete Jurídico o del órgano asesor de la agencia.
Art. 163Actos con trascendencia registral y catastralPara las actuaciones registrales y catastrales distintas de las recogidas en el artículo 161, el artículo distingue dos patrimonios. Si los bienes y derechos son del Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, son competentes tanto la Dirección General de Patrimonio, en colaboración con sus servicios periféricos, como las consejerías o agencias a las que estuvieran adscritos o a las que corresponda su gestión. Si son del patrimonio de las agencias, las acuerdan los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida esa competencia.
Art. 164Comunicaciones en materia de Registro de la PropiedadLas comunicaciones de los registradores de la propiedad al conocer bienes o derechos de la Administración de la Junta de Andalucía no inscritos debidamente, por inscripciones de exceso de cabida o inmatriculaciones de fincas colindantes a su Patrimonio, o en cualquier otro supuesto de la normativa general sobre patrimonio de las Administraciones públicas y de la normativa hipotecaria, se dirigirán a la Dirección General de Patrimonio. Si los bienes y derechos son de titularidad de las agencias, se dirigirán directamente a estas.
Art. 165Aranceles aplicables por los registradores de la propiedadEl órgano competente debe verificar que el arancel registral que tengan que satisfacer la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias por la práctica de los asientos se haya calculado incluyendo la reducción en el porcentaje previsto en la normativa arancelaria registral.
Art. 166Facultades y prerrogativasPara defender su patrimonio, la Administración de la Junta y sus agencias pueden: investigar los bienes y derechos que presumiblemente les pertenezcan, deslindar en vía administrativa sus inmuebles, recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida y desahuciar en vía administrativa a los poseedores de inmuebles demaniales una vez extinguido el título. Las agencias públicas empresariales solo las ejercen para defender bienes demaniales. De los procedimientos y de su resolución se deja constancia en el Inventario General.
Art. 167Facultad de inspecciónLa Administración de la Junta y sus agencias pueden inspeccionar su patrimonio para identificarlo, comprobar su estado de conservación, uso o destino, o ejercer las facultades del artículo 166. Es independiente y compatible con cualquier derecho de supervisión fijado en un título a favor de un tercero. En el Patrimonio de la Administración de la Junta la ejercen indistintamente la Dirección General de Patrimonio o la Consejería o agencia de adscripción; en bienes de las agencias, estas. Cabe en cualquier momento y sin anuncio previo, sin perjuicio de la autorización judicial.
Art. 168Ejecución forzosaAnte la resistencia u obstaculización al ejercicio de las facultades y prerrogativas del capítulo pueden adoptarse, previo apercibimiento, las medidas conducentes a su ejecución. Caben multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes o derechos afectados, reiteradas por periodos de quince días. Sin tasación actualizada, puede tomarse el valor del inventario, o el catastral o el de referencia del Catastro si fueran superiores. Multas, gastos de la ejecución forzosa (a cargo de la persona responsable) y daños y perjuicios pueden cobrarse por apremio.
Art. 169ObjetoLa facultad de investigación sirve para acreditar que un bien o derecho pertenece al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Solo entra en juego cuando su titularidad no consta de modo cierto: ese es el presupuesto del que depende. Recae tanto sobre bienes como sobre derechos.
Art. 170Órganos competentesBienes y derechos presumiblemente de la Administración de la Junta de Andalucía: competente la Dirección General de Patrimonio. Excepción: si son bienes muebles, la Consejería o agencia de adscripción, aquella a la que hayan de quedar adscritos o, en su defecto, la competente por razón de la materia. Bienes presuntamente del patrimonio de las agencias: los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida la competencia.
Art. 171Procedimiento de investigaciónEl procedimiento de investigación se inicia de oficio: iniciativa propia, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia; si hay denuncia, no iniciarlo exige motivación y notificación a los denunciantes. El acuerdo de incoación se publica en el BOJA. La propuesta de resolución la informa el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o el órgano de asesoramiento jurídico de la agencia. Acreditada la titularidad, se resuelve, se valora el bien, se incluye en el Inventario General y se inscribe en el Registro de la Propiedad. Caduca a los dos años del acuerdo de inicio.
Art. 172ObjetoEl deslinde delimita los bienes inmuebles de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de otros que pertenecen a terceros. Procede en tres casos: límites desconocidos, límites imprecisos o indicios de usurpación. Conforme a la normativa básica de patrimonio de las Administraciones públicas, una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
Art. 173Órganos competentesBienes y derechos del Patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía: incoa, instruye y resuelve la Consejería o agencia que los tenga adscritos. Bienes y derechos de las agencias: los órganos que legal o estatutariamente tengan atribuida la competencia. En todo caso, la Dirección General de Patrimonio podrá requerir al órgano o entidad competente para que inicie el deslinde. Los terrenos sobrantes de deslindes de bienes demaniales podrán desafectarse en la forma del capítulo III del título I.
Art. 174Procedimiento de deslindeEl deslinde se inicia de oficio: iniciativa propia, orden superior, petición de otro órgano o entidad pública afectada o del propietario colindante. Si lo pide el colindante, los gastos son a su costa, con conformidad expresa en el expediente, y cabe el apremio. El acuerdo de inicio se comunica al Registro de la Propiedad, se publica en el BOJA y se notifica a los colindantes que puedan verse afectados. Informa la propuesta el Gabinete Jurídico o el órgano asesor jurídico de la agencia. Firme la resolución, se amojona si es necesario. Caduca a los dieciocho meses del acuerdo de inicio.
Art. 175ObjetoLa recuperación posesoria restituye de oficio la posesión indebidamente perdida de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Demaniales: en cualquier momento. Patrimoniales: en vía administrativa solo si la iniciación del procedimiento se notifica antes de que transcurra un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación; pasado ese año, hay que ejercitar las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Art. 176Órganos competentesIncoa e instruye la Consejería o agencia a la que estén adscritos los bienes. Resuelve la Dirección General de Patrimonio respecto de los bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía; si son bienes muebles, resuelve el órgano de adscripción o el competente por razón de la materia. Bienes de las agencias: incoan, instruyen y resuelven los órganos con atribución legal o estatutaria. Bienes demaniales del patrimonio arqueológico: todo el procedimiento, la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico.
Art. 177Ejercicio de la potestad de recuperaciónLa recuperación se inicia de oficio: iniciativa propia, orden superior, petición de otro órgano o denuncia. Si la denuncia invoca un perjuicio en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, no iniciar debe motivarse y se notifica la decisión a los denunciantes. Previa audiencia y comprobada la usurpación, se requiere a la persona ocupante que cese en plazo no superior a diez días. La resolución es ejecutiva y no se admiten interdictos contra la Administración. Los gastos son de cuenta de quien causó la usurpación, exigibles por apremio. Caduca a los doce meses del acuerdo de inicio.
Art. 178ObjetoLa facultad de desahucio sirve para recuperar en vía administrativa la posesión de los bienes demaniales. Procede cuando decaen o desaparecen el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.
Art. 179Órganos competentesLa competencia para ejercer la potestad de desahucio corresponde a la persona titular de la Consejería o de la agencia a la que se encuentre adscrito el bien. El criterio es la adscripción: si el bien está adscrito a una Consejería, su titular; si lo está a una agencia, la persona titular de esta.
Art. 180Ejercicio de la potestad de desahucioEl desahucio se inicia de oficio: iniciativa propia, orden superior, petición de otro órgano o denuncia. Exige la previa declaración de extinción o caducidad del título que justificaba el uso de los bienes ocupados, hecha previa instrucción de un procedimiento con audiencia a la persona interesada. La propuesta la informa el Gabinete Jurídico o el órgano de asesoramiento jurídico de la agencia. La resolución es ejecutiva, se notifica y se requiere a la persona detentadora que desocupe o entregue el bien en plazo no superior a diez días. Caduca a los doce meses del acuerdo de inicio.
Art. 181Régimen jurídicoLa potestad sancionadora se rige por los principios del capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, en el marco de este título y de la Ley 39/2015. Cometen infracción las personas físicas o jurídicas responsables dolosa o negligentemente de causar daños o perjuicios en bienes o derechos de la Comunidad Autónoma, o que los ocupen, utilicen, retengan o alteren indebidamente o incumplan sus deberes para con ellos, según lo tipificado en este título. Si el responsable está sometido al régimen de empleado público de la Administración de la Junta, rige el disciplinario de la Ley 5/2023.
Art. 182InfraccionesLos daños al patrimonio se gradúan por su importe: leve si no excede de 10.000 euros, grave si supera 10.000 y no excede de 500.000, y muy grave si supera 500.000; la infracción del deber de custodia sigue la misma escala. Es muy grave también la usurpación. Son graves las obras no autorizadas, retener bienes extinguido el título, usarlos sin título o de forma indebida, dificultar gravemente un servicio público, no colaborar y contravenir una cesión gratuita. Son leves el incumplimiento por los usuarios y cualquier otro incumplimiento.
Art. 183SancionesMultas: del tanto al duplo del valor de los daños en los supuestos de los apartados 1.a), 2.a) y 3.a) del artículo 182; para el resto, de 100.001 a 500.000 euros las muy graves, de 10.001 a 100.000 las graves y de 600 a 10.000 las leves. La reincidencia en graves o muy graves en tres años naturales permite inhabilitar de uno a tres años. La subsanación atenúa y permite reducir la multa hasta la mitad de la cuantía inferior; la falta de colaboración agrava. La valoración de los daños requiere informe del órgano competente en materia de patrimonio.
Art. 184PrescripciónLas infracciones prescriben al año si son leves, a los dos años si son graves y a los tres años si son muy graves. Las sanciones prescriben en esos mismos plazos: un año, dos años y tres años en caso de infracciones leves, graves y muy graves, respectivamente. El cómputo de estos plazos se efectúa de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Art. 185Órganos competentesEn los bienes y derechos de la Administración de la Junta de Andalucía resuelven los procedimientos sancionadores: la persona titular de la Dirección General de Patrimonio (infracciones leves), la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio (graves) y el Consejo de Gobierno (muy graves). En los de las agencias, las leves las resuelven los órganos competentes según su norma de creación o sus estatutos; las graves y muy graves, los órganos del apartado 1.
Art. 186Procedimiento sancionadorPara imponer las sanciones de este título se sigue el procedimiento del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especialidades previstas para el procedimiento sancionador. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores es de seis meses, contados desde la fecha del acuerdo de inicio.
Art. 187EjecuciónLas sanciones y obligaciones pecuniarias de este título pueden exigirse por apremio sobre el patrimonio de la persona infractora (capítulo VII del título IV de la Ley 39/2015). Si no restituye, repone o repara, cuando sea posible, el órgano competente para sancionar puede imponer multas coercitivas: reiterables por lapsos no inferiores a quince días y de hasta 3.000 euros cada una, según el retraso y la naturaleza y cuantía de los perjuicios. Si persiste la resistencia, o por eficacia o urgencia, procede la ejecución forzosa subsidiaria y, en su caso, la compulsión directa sobre las personas.
Art. 188Convenios patrimoniales y urbanísticosLa Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias pueden celebrar protocolos generales de actuación, convenios o instrumentos similares con otras Administraciones públicas o con personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, para ordenar sus relaciones patrimoniales y urbanísticas en un determinado ámbito o para realizar actuaciones de esta ley sobre los bienes y derechos de sus respectivos patrimonios. Se les aplican las disposiciones básicas del capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015 y el capítulo II del título I de la Ley 9/2007.
Art. 189Libertad de estipulacionesLos convenios del artículo 188 admiten las estipulaciones que se estimen necesarias o convenientes, salvo las contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración. Pueden ser meramente orientativos (declaraciones de intención) o recoger compromisos de operaciones concretas y determinadas, en cuyo caso son inmediatamente ejecutivos y obligatorios, forman un único negocio jurídico complejo y son título suficiente para inscribir. Su plazo es determinado (artículo 49 de la Ley 40/2015) y no afecta a la duración de las operaciones que conlleven.
Art. 190Órganos competentesEn la Administración de la Junta celebra estos convenios la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, por propia iniciativa o a petición razonada de la Consejería o agencia interesada. En las agencias, sus órganos competentes legal o estatutariamente, previa autorización de la Dirección General de Patrimonio si se trata de inmuebles o derechos sobre estos y la operación lo exigiese. Los titulares de consejerías y agencias pueden convenir sobre los bienes adscritos, previo informe favorable de esa Dirección General. Siempre, informe previo del Gabinete Jurídico.
Art. 191Comunicación de actuaciones urbanísticas e informe sectorial en materia de patrimonioLa aprobación de avance, inicial y definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística, y la modificación de las calificaciones de uso en los ya aprobados, deben notificarse con su documentación a la Dirección General de Patrimonio cuando afecten a bienes de la Administración de la Junta de Andalucía; si son de las agencias, a estas. Además, la aprobación inicial que afecte a bienes demaniales se somete a informe de la Dirección General de Patrimonio, o de las agencias si son suyos: no vinculante, plazo de tres meses y sentido favorable si no se emite.
Art. 192Ejecución de los instrumentos de ordenación urbanísticaLas cesiones y demás operaciones patrimoniales derivadas de la ejecución urbanística se rigen por la legislación urbanística, con estricta equidistribución de beneficios y cargas, y las acuerdan los órganos previstos en esta ley para cada negocio. Incorporar bienes demaniales a la ejecución del planeamiento exige desafectación previa si los usos previstos no son compatibles con los fines de la afectación (agencias: artículo 30). La incorporación de la Administración de la Junta de Andalucía exige adhesión expresa de la Dirección General de Patrimonio o de la agencia titular.
Art. 193Régimen urbanístico de los inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de AndalucíaLa ordenación urbanística que establezca la calificación en ningún caso afecta ni desafecta los inmuebles. La Dirección General de Patrimonio comunica la desafectación a las autoridades urbanísticas para que otorguen la nueva calificación, respetando la equidistribución de beneficios y cargas. Si pasan dos años desde que se notificó la desafectación sin nueva calificación, lo comunica al ayuntamiento, que responde desde esta notificación de su custodia y mantenimiento. Pasado el plazo para instar la expropiación por ministerio de la ley, la Dirección General instará la expropiación forzosa.