LGT

Ley 58/2003, General Tributaria

Cada artículo incluye explicación, mnemotecnia y una trampa típica de examen.

Toca un artículo para leerlo con su explicación, su mnemotecnia y la trampa típica de examen. Con tu cuenta gratis estudias la norma entera en una página, marcas lo que llevas y haces tests.

Crear cuenta gratis

Art. 1Objeto y ámbito de aplicaciónLa LGT fija los principios y normas generales del sistema tributario español y se aplica a todas las Administraciones tributarias (art. 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª CE), sin perjuicio del Convenio de Navarra y del Concierto Económico del País Vasco. También rige las actuaciones de asistencia mutua con la UE, convenios para evitar la doble imposición u otros convenios internacionales; la asistencia mutua puede incluir actuaciones ante obligados tributarios y participa de la naturaleza de las relaciones internacionales (art. 149.1.3.ª CE).
Art. 2Concepto, fines y clases de los tributosLos tributos son ingresos públicos consistentes en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública por realizarse el supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de sostener los gastos públicos; también pueden servir a la política económica general. Se clasifican en tasas (uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o servicios o actividades de derecho público), contribuciones especiales (beneficio o aumento de valor por obras o servicios públicos) e impuestos (sin contraprestación, por capacidad económica).
Art. 3Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributarioLa ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad; se prohíbe cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que minore la deuda devengada. La aplicación del sistema se basa en proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos de las obligaciones formales, respetando los derechos y garantías de los obligados.
Art. 4Potestad tributariaLa potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las comunidades autónomas y las entidades locales pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las demás entidades de derecho público solo pueden exigir tributos cuando una ley así lo determine.
Art. 5La Administración tributariaLa Administración tributaria la integran los órganos y entidades de derecho público que ejercen las funciones de los títulos III a VII de la ley. En el Estado, aplicación de tributos, potestad sancionadora y revisión corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda salvo encomienda legal; según su ley de creación, corresponden a la AEAT, salvo la nulidad de pleno derecho (art. 217) y las reclamaciones económico-administrativas. CCAA y entidades locales ejercen sus competencias según su normativa; la asistencia mutua es de la AEAT. Caben acuerdos y fórmulas de colaboración.
Art. 6Impugnabilidad de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sancionesEl ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tienen carácter reglado, no discrecional, y pueden impugnarse tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, en los términos que establezcan las leyes.
Art. 7Fuentes del ordenamiento tributarioLos tributos se rigen, por este orden, por la Constitución; los tratados o convenios con cláusulas tributarias (en especial los de doble imposición, art. 96 CE); las normas de la UE y otros organismos con competencias atribuidas (art. 93 CE); la LGT, las leyes de cada tributo y demás leyes tributarias; y los reglamentos de desarrollo y, en lo local, las ordenanzas fiscales. En el Estado, el Ministro de Hacienda dicta disposiciones de desarrollo por orden ministerial cuando lo prevea la ley o reglamento. Son supletorios el derecho administrativo general y el derecho común.
Art. 8Reserva de ley tributariaDeben regularse siempre por ley, entre otros: los elementos que determinan la cuantía de la deuda (hecho imponible, devengo, bases, tipo) y las presunciones sin prueba en contrario; los pagos a cuenta y su importe máximo; obligados y responsables; los beneficios fiscales; recargos e intereses de demora; plazos de prescripción y caducidad y causas de interrupción de la prescripción; infracciones y sanciones; la obligación de declarar; la condonación, moratorias y quitas; los actos reclamables en vía económico-administrativa; y las intervenciones permanentes.
Art. 9Identificación y derogación expresa de las normas tributariasLas leyes y reglamentos con normas tributarias deben mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes. Las leyes y reglamentos que modifiquen normas tributarias deben contener una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas.
Art. 10Ámbito temporal de las normas tributariasSalvo que dispongan otra cosa, las normas tributarias entran en vigor a los veinte días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda y se aplican por plazo indefinido, salvo que fijen uno determinado. Salvo disposición contraria, no son retroactivas: se aplican a los tributos sin período impositivo devengados desde su entrada en vigor y a los demás cuyo período se inicie desde entonces. Las normas sobre infracciones, sanciones y recargos son retroactivas para actos no firmes si resultan más favorables.
Art. 11Criterios de sujeción a las normas tributariasLos tributos se aplican según los criterios de residencia o territorialidad que establezca la ley en cada caso. A falta de previsión legal, los tributos de carácter personal se exigen según el criterio de residencia y los demás según el criterio de territorialidad más adecuado a la naturaleza del objeto gravado.
Art. 12Interpretación de las normas tributariasLas normas tributarias se interpretan según el art. 3.1 del Código Civil; los términos no definidos por la normativa tributaria se entienden en su sentido jurídico, técnico o usual. En el Estado, dictan disposiciones interpretativas el Ministro y los órganos del art. 88.5: las del Ministro obligan a todos los órganos de la Administración Tributaria; las de esos órganos vinculan a los encargados de aplicar los tributos. Se publican en el boletín oficial y pueden someterse a información pública antes de dictarse.
Art. 13CalificaciónLas obligaciones tributarias se exigen según la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, con independencia de la forma o denominación que le hayan dado los interesados y prescindiendo de los defectos que puedan afectar a su validez.
Art. 14Prohibición de la analogíaNo se admite la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible ni el de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
Art. 15Conflicto en la aplicación de la norma tributariaHay conflicto en la aplicación de la norma cuando se evita el hecho imponible o se minora la base o la deuda con actos o negocios notoriamente artificiosos o impropios para el resultado y sin efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. Para declararlo, la Administración necesita el previo informe favorable de la Comisión consultiva (art. 159). En la liquidación se aplica la norma de los actos usuales o se eliminan las ventajas obtenidas, con intereses de demora.
Art. 16SimulaciónCuando hay simulación, se grava el hecho imponible efectivamente realizado por las partes. La simulación la declara la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación, y esa calificación solo produce efectos tributarios. En la regularización se exigen intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente.
Art. 226Ámbito de las reclamaciones económico-administrativasPuede reclamarse en vía económico-administrativa en dos materias: la aplicación de los tributos del Estado o de sus recargos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado, sus entidades de derecho público y las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía; y cualquier otra materia que establezca un precepto legal del Estado expreso.
Art. 227Actos susceptibles de reclamación económico-administrativaSon reclamables los actos que reconozcan o denieguen derechos o declaren obligaciones o deberes y los de trámite que decidan el fondo o pongan fin al procedimiento: liquidaciones, rectificación de autoliquidaciones, comprobaciones de valor, beneficios fiscales, recaudación, sanciones y ciertas actuaciones de particulares. No cabe contra actos de la vía previa civil o laboral, los de procedimientos cuya resolución final está reservada al Ministro de Economía y Hacienda o al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, ni los excluidos por ley del Estado.
Art. 228Órganos económico-administrativosLas reclamaciones económico-administrativas las conocen en exclusiva los órganos económico-administrativos, con independencia funcional. En el Estado lo son el TEAC y los tribunales regionales y locales; también la Sala Especial para la Unificación de Doctrina. Cada comunidad autónoma y Ciudad con Estatuto fija su estructura revisora, sin perjuicio de la labor unificadora del TEAC y de esa Sala. Su competencia es irrenunciable e improrrogable y no puede alterarla la voluntad de los interesados.
Art. 229Competencias de los órganos económico-administrativosEl TEAC conoce en única instancia de reclamaciones contra actos de órganos centrales del Estado y de la AEAT, de órganos superiores autonómicos, de las que exijan oír al Consejo de Estado y de las interpuestas directamente ante él; en segunda instancia, de las alzadas ordinarias; y de unificación de criterio, revisión y rectificación de errores. Los TEAR y TEAL y los órganos autonómicos resuelven en única o primera instancia según la cuantía. Frente a particulares decide el domicilio fiscal del reclamante; si está fuera de España, el TEAC.
Art. 230Acumulación de reclamaciones económico-administrativasSe acumulan obligatoriamente: las de un mismo interesado sobre el mismo tributo y procedimiento; las de varios interesados sobre el mismo tributo y expediente, con idénticas cuestiones y mismo órgano; las de varios contra un mismo acto o actuación; y la reclamación contra una sanción con la de la deuda de la que deriva. Fuera de ello, el Tribunal puede acumular motivadamente reclamaciones conexas, dando 5 días a reclamantes distintos que no lo pidieron. Los acuerdos de acumulación son actos de trámite no recurribles. La acumulación no altera la competencia salvo en los casos a), c) y d).
Art. 231Funcionamiento de los Tribunales Económico-AdministrativosLos Tribunales Económico-Administrativos funcionan en Pleno, en Salas y de forma unipersonal. El Pleno lo forman el Presidente, los Vocales y el Secretario; las Salas, el Presidente, un Vocal al menos y el Secretario (puede nombrarse Presidente de Sala a un Vocal en los casos reglamentarios). Actúan de forma unipersonal el Presidente, los Presidentes de Sala, cualquier Vocal, el Secretario u otros órganos reglamentarios. El resto de su organización se regula por reglamento.
Art. 232Legitimados e interesados en las reclamaciones económico-administrativasPueden promover reclamaciones los obligados tributarios, los sujetos infractores y cualquier persona cuyos intereses legítimos resulten afectados. No están legitimados los funcionarios (salvo lesión directa de un derecho propio o de sus intereses legítimos), los particulares que obren por delegación de la Administración, los denunciantes, quienes asuman obligaciones tributarias por pacto o contrato y el órgano que dictó el acto. Los afectados pueden comparecer sin retrotraer la tramitación, y el poder del representante es subsanable.
Art. 233Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativaLa ejecución se suspende automáticamente si se garantizan el importe del acto, los intereses de demora y los recargos; las sanciones se suspenden sin garantía. Las garantías automáticas son solo depósito, aval o fianza solidaria de entidad de crédito o SGR o seguro de caución, y fianza de otros contribuyentes solventes. Caben otras garantías, dispensa por perjuicios de difícil o imposible reparación, o ninguna si hay error aritmético, material o de hecho. La suspensión se mantiene en todas las instancias; nunca se suspende la ejecución impugnada por recurso extraordinario de revisión.
Art. 234Normas generalesLas reclamaciones se tramitan en única o primera instancia. Se tiene por acreditada la representación voluntaria admitida por la Administración en el procedimiento del acto impugnado. Impulso de oficio; plazos sin prórroga y sin necesidad de declarar su finalización. Las notificaciones indican si el acto es definitivo, recursos, órgano y plazo. Es gratuito, pero si se desestima o inadmite y se aprecia temeridad o mala fe pueden imponerse costas, motivadas y cuantificadas; si hay alzada ordinaria, su eficacia queda supeditada a su confirmación.
Art. 235IniciaciónPlazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto (o a la constancia de la retención, ingreso a cuenta, repercusión o sustitución). Con silencio, desde que produce efectos; si luego hay resolución expresa, se remite al Tribunal y hay un mes para alegar. En factura, el mes empieza transcurrido un mes desde el requerimiento formal; en deudas periódicas, al acabar el período voluntario. El escrito va al órgano que dictó el acto, que lo remite al tribunal en un mes con el expediente; en retenciones, repercusiones, factura y sustitución, al tribunal.
Art. 236TramitaciónEl tribunal pone de manifiesto el expediente, por plazo común de un mes, a los interesados que no alegaron en la interposición o pidieron este trámite, para alegaciones y pruebas (por vía electrónica si están obligados). Puede pedir informe al órgano autor del acto y lo traslada al reclamante. Testificales, periciales y declaración de parte: acta notarial o ante el secretario o funcionario delegado. Puede prescindirse de trámites si los datos están acreditados o hay inadmisibilidad evidente. Incidentes: resolución unipersonal posible y sin recurso.
Art. 237Extensión de la revisión en vía económico-administrativaLa reclamación somete al órgano todas las cuestiones de hecho y de derecho del expediente, planteadas o no, sin poder empeorar nunca la situación inicial del reclamante; las no planteadas se exponen a los interesados para alegar. Antes de plantear una cuestión prejudicial al TJUE: quince días de alegaciones a los interesados si no la pidieron y, en todo caso, quince días a la Administración tributaria autora del acto. El planteamiento suspende el procedimiento hasta recibir la resolución y suspende el cómputo de la prescripción.
Art. 238TerminaciónEl procedimiento termina por renuncia al derecho, desistimiento de la petición o instancia, caducidad de esta, satisfacción extraprocesal o resolución. En los cuatro primeros casos el tribunal acuerda motivadamente el archivo de las actuaciones, acuerdo que puede adoptarse a través de órganos unipersonales y que es revisable conforme al artículo 241 bis.
Art. 239ResoluciónEl tribunal debe resolver siempre; la resolución, motivada, decide todas las cuestiones. Puede ser estimatoria, desestimatoria o de inadmisibilidad; si hay defectos formales que mermaron la defensa, se anula y se retrotrae. Salvo retroacción, los actos de ejecución se notifican en un mes desde la entrada de la resolución en el registro del órgano ejecutor, sin intereses de demora desde el incumplimiento. Seis causas de inadmisibilidad (resoluble unipersonalmente). La doctrina reiterada del TEAC vincula a los demás tribunales y a la Administración tributaria.
Art. 240Plazo de resoluciónEl procedimiento dura un año en cualquiera de sus instancias, contado desde la interposición. Pasado ese plazo, el interesado puede entender desestimada la reclamación para interponer el recurso procedente, aunque el tribunal debe resolver siempre de forma expresa y los plazos de recurso se cuentan desde el día siguiente a la notificación de esa resolución expresa. Si pasa un año sin notificar resolución y se acordó la suspensión del acto, deja de devengarse el interés de demora.
Art. 241Recurso de alzada ordinarioContra las resoluciones de primera instancia de los tribunales regionales y locales y de los órganos autonómicos cabe alzada ordinaria ante el TEAC en un mes desde el día siguiente a la notificación. Si el recurrente estuvo personado, el escrito incluye alegaciones y pruebas, y solo se admiten las que no pudieron aportarse antes. Legitimados: interesados, Directores Generales del Ministerio, Directores de Departamento de la AEAT y órganos autonómicos equivalentes. La Administración puede pedir la suspensión, sin garantía, por riesgo para el cobro.
Art. 241 bisRecurso de anulaciónLas personas del artículo 241.3 pueden interponer recurso de anulación en 15 días ante el tribunal que dictó la resolución, solo si se declaró mal la inadmisibilidad, se tuvieron por inexistentes alegaciones o pruebas presentadas a tiempo o hay incongruencia completa y manifiesta. Cabe también contra el archivo de actuaciones. No cabe contra su propia resolución ni contra la del recurso extraordinario de revisión. Se resuelve sin más trámite en un mes (si no, desestimado) y suspende el plazo de la alzada ordinaria.
Art. 241 terRecurso contra la ejecuciónLos actos de ejecución deben ajustarse exactamente a la resolución. Si el interesado no está conforme, puede interponer este recurso en un mes desde el día siguiente a la notificación del acto, ante el órgano del Tribunal que dictó la resolución que se ejecuta. Se tramita por el procedimiento abreviado, salvo que se hubiera ordenado la retroacción (abreviado o general según la cuantía inicial). No hay suspensión si no se plantean cuestiones nuevas ni cabe reposición previa. Es inadmisible sobre temas ya decididos o que pudieron plantearse, o por las causas del 239.4.
Art. 242Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterioContra las resoluciones de tribunales regionales y locales y órganos autonómicos no recurribles en alzada ordinaria (y las autonómicas en única instancia), los Directores Generales del Ministerio, los Directores de Departamento de la AEAT y los órganos autonómicos equivalentes recurren si las estiman gravemente dañosas y erróneas o con criterios distintos a los de otros tribunales. Plazo: tres meses desde el día siguiente a la notificación o, si no se notificó, desde el conocimiento del contenido esencial. Se resuelve en tres meses, respetando la situación particular; los criterios vinculan.
Art. 243Recurso extraordinario para la unificación de doctrinaContra las resoluciones tributarias del TEAC recurre el Director General de Tributos del Ministerio si discrepa y, si el origen es autonómico, los Directores Generales de Tributos autonómicos. Resuelve la Sala Especial para la Unificación de Doctrina: Presidente del TEAC (preside), tres vocales del TEAC, Director General de Tributos, Director General de la AEAT, el Director General o de Departamento de la AEAT del que dependa el órgano autor del acto y Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Mayoría, voto de calidad en empate; seis meses; doctrina vinculante.
Art. 244Recurso extraordinario de revisiónCabe, a instancia de los interesados, contra actos firmes de la Administración tributaria y resoluciones firmes económico-administrativas si aparezcan documentos esenciales posteriores o imposibles de aportar que evidencien el error, cuando hayan influido documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme anterior o posterior, o cuando haya prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible así declarada por sentencia firme. Resuelve el TEAC (inadmisión unipersonal posible). Plazo: tres meses; resolución en seis meses, si no, desestimado.
Art. 245Ámbito de aplicaciónSe tramitan por el procedimiento abreviado las reclamaciones de cuantía inferior a la que fije el reglamento. Se resuelven en única instancia por los tribunales económico-administrativos, que pueden actuar de forma unipersonal. Se rige por esta sección, por sus normas reglamentarias de desarrollo y, en defecto de norma expresa, por lo dispuesto en el capítulo.
Art. 246IniciaciónEn el abreviado, el escrito de reclamación identifica al reclamante, el acto o actuación, el domicilio para notificaciones y el tribunal (y, en retenciones, repercusiones, factura o sustitución, a la persona recurrida y su domicilio), e incluye en su caso las alegaciones. Si necesita el expediente, el reclamante comparece ante el órgano que dictó el acto durante el plazo de interposición. Se adjunta copia del acto y las pruebas pertinentes. Se dirige al órgano de los apartados 3 y 5 del artículo 235.
Art. 247Tramitación y resoluciónEn el abreviado, el órgano puede resolver incluso antes de recibir el expediente si la documentación del reclamante acredita todos los datos necesarios. Plazo máximo para notificar: seis meses desde la interposición; pasado, el interesado puede considerar desestimada la reclamación para recurrir, aunque debe resolverse siempre expresamente y el plazo de recurso se cuenta desde la notificación de la resolución expresa. Si vence el plazo y se acordó la suspensión del acto, deja de devengarse el interés de demora.
Art. 248RecursosContra las resoluciones dictadas en el procedimiento abreviado no cabe recurso de alzada ordinario. Sí pueden proceder, en su caso, los demás recursos regulados en la sección anterior, es decir, los de la sección que regula los recursos en vía económico-administrativa del procedimiento general.
Art. 249Recurso contencioso-administrativoLas resoluciones que ponen fin a la vía económico-administrativa pueden recurrirse en vía judicial mediante recurso contencioso-administrativo, que se interpone ante el órgano jurisdiccional competente. Es el paso siguiente una vez agotada la vía económico-administrativa.