Tema 49 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley

La Ley regula cuatro regímenes —presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control— de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz. También alcanza a los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a las fundaciones del sector público andaluz y a las demás entidades indicadas en la propia norma.

Artículo 2. Agencias

Cuatro clases de agencias se someten a la Ley, en los términos que la propia Ley establezca: las agencias administrativas; las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre; las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.b) de esa misma Ley; y las agencias de régimen especial.

Artículo 3. Instituciones

Las instituciones de la Junta de Andalucía se rigen por su legislación específica y por esta Ley en lo que les sea de aplicación. Sus bienes, derechos, acciones y recursos constituyen un patrimonio único afecto a sus fines.

Artículo 4. Consorcios

A los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 se les aplica el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad de esta Ley, en lo previsto en ella. Los que resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía durante un ejercicio mantienen hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio el régimen de sus Estatutos anteriores, excepto el de elaboración y aprobación de sus presupuestos. Su creación y extinción, y la adquisición y pérdida de la participación mayoritaria, requieren autorización del Consejo de Gobierno.

Artículo 5. Sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y otras entidades

Son sociedades mercantiles del sector público andaluz aquellas en que la Administración de la Junta, sus agencias y demás entidades de derecho público tienen más del cincuenta por ciento del capital, la mayoría de los votos o la facultad de nombrar al administrador único o a más de la mitad del órgano de administración. A las fundaciones y demás entidades con representación mayoritaria de la Junta se les aplica el régimen de la Ley; crearlas o extinguirlas exige autorización del Consejo de Gobierno, que también puede someter a control financiero a entidades ajenas al sector público andaluz.

Artículo 6. Hacienda de la Junta de Andalucía

A los efectos de la Ley, la Hacienda de la Junta de Andalucía es el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) de la Ley, y a las instituciones.

Artículo 7. Régimen jurídico de la actividad económico-financiera

Sin perjuicio de la legislación del Estado y de la normativa comunitaria aplicable, la actividad económico-financiera de la Hacienda de la Junta de Andalucía se regula por esta Ley y las normas dictadas en su desarrollo, por las leyes especiales en la materia dictadas por el Parlamento de Andalucía y por las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio. La Junta de Andalucía goza del mismo tratamiento que la ley establece para el Estado, tanto en sus prerrogativas como en sus beneficios fiscales.

Artículo 8. Principios rectores de la actividad económico-financiera

La Hacienda de la Junta de Andalucía cumple sus obligaciones económicas y las de sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c), e instituciones, mediante la gestión y aplicación de su haber, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia. Los gastos públicos del Presupuesto realizan una asignación equitativa de los recursos públicos; su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia y economía y a los principios de solidaridad y territorialidad. Los consorcios adscritos se atienen a esos mismos principios.

Artículo 9. Principios presupuestarios

La Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía se somete a ocho principios: estabilidad presupuestaria; eficiencia y economía; coordinación, transparencia y eficacia en la gestión; presupuesto anual; unidad de caja; intervención de todas las operaciones de contenido económico; contabilidad pública; y no afectación de los ingresos, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Las cuentas se rinden al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, que las censuran, y se someten al control del Parlamento de Andalucía.

Artículo 10. Principio de Presupuesto bruto

Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplican al Presupuesto por su importe íntegro. Queda prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. Se exceptúan las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el Tribunal o autoridad competente.

Artículo 11. Competencias del Parlamento de Andalucía

Corresponde al Parlamento el examen, enmienda, aprobación y control del Presupuesto. Se regulan por ley: créditos extraordinarios y suplementos de crédito; tributos propios; competencias normativas sobre tributos cedidos; recargos sobre tributos estatales; Deuda Pública; patrimonio y contratación; el régimen económico-financiero de las agencias administrativas y públicas empresariales y la autorización para crear las de régimen especial. El Parlamento goza de autonomía presupuestaria; Hacienda le libra sus dotaciones en el primer mes de cada trimestre, automáticamente y por cuartas partes.

Artículo 12. Competencias del Consejo de Gobierno

En las materias de la Ley, corresponde al Consejo de Gobierno: acordar la tramitación y aprobar el proyecto de Ley del Presupuesto y su remisión al Parlamento; aprobar los reglamentos de aplicación de la Ley; determinar las directrices de la política económico-financiera de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos; autorizar con carácter previo los actos o negocios jurídicos que conlleven gastos, en los supuestos previstos legalmente; y las demás funciones que le atribuyan las leyes y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 13. Competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda

Compete a la Consejería de Hacienda: proponer al Consejo de Gobierno disposiciones y acuerdos; elaborar y someterle el anteproyecto de Ley del Presupuesto; dictar disposiciones y resoluciones; administrar, gestionar y recaudar los derechos económicos, salvo lo atribuido a agencias administrativas y de régimen especial; velar por la ejecución del Presupuesto; ordenar los pagos; tutela financiera de los entes locales; impulsar la aplicación de las normas de estabilidad presupuestaria; proponer modificaciones de crédito que afecten a varias secciones para cubrir créditos ampliables insuficientes.

Artículo 14. Competencias de las Consejerías

Las Consejerías elaboran las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su Presupuesto (en la forma del artículo 35), administran los créditos para gastos y sus modificaciones, aprueban cuando les corresponda los actos o negocios que conlleven gastos y, en su caso, los elevan al Consejo de Gobierno para autorización previa, disponen o comprometen los gastos de su competencia, contraen o reconocen obligaciones en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía y proponen el pago a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 15. Competencias de las agencias administrativas, de régimen especial, y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), y consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía

Las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c), y los consorcios, elaboran el anteproyecto de su estado de gastos; administran, gestionan y recaudan sus propios derechos económicos, sin perjuicio de las competencias de la Agencia Tributaria de Andalucía; aprueban los actos o negocios que conlleven gastos y, en su caso, los elevan al Consejo de Gobierno por conducto de la persona titular de la Consejería; disponen gastos según el Presupuesto aprobado, reconocen obligaciones y ordenan los pagos.

Artículo 16. Recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

Recursos de la Hacienda Pública andaluza: los tributarios (producto de tributos propios, cedidos por el Estado y recargos sobre tributos estatales); las asignaciones y transferencias con cargo a recursos del Estado; la Deuda Pública y el recurso al crédito; la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial y otros fondos; otras asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado; las transferencias de la Unión Europea u otras Administraciones; los rendimientos del patrimonio e ingresos de derecho privado; las multas y sanciones; y cualquier otro que le pertenezca por ley.

Artículo 17. Órganos competentes para la administración de los recursos

Los recursos de la Hacienda de la Junta de Andalucía los administra la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda; los de las agencias e instituciones, las personas titulares de su Presidencia o Dirección, sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a otros órganos. Quienes administren esos recursos dependen de dicha Consejería o del órgano, agencia o institución correspondiente en su gestión, entrega o aplicación y en la rendición de cuentas. Las entidades privadas o particulares que manejen o custodien fondos o valores públicos deben prestar fianza.

Artículo 18. Regulación y aplicación de los tributos y demás ingresos

La Comunidad Autónoma establece, regula, gestiona, liquida, recauda, inspecciona y revisa sus tributos propios; en los estatales totalmente cedidos ejerce competencias normativas y, por delegación del Estado, de gestión, liquidación, recaudación, inspección y, en su caso, revisión. Su aplicación corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, que también recauda en periodo ejecutivo los demás ingresos de derecho público. La Consejería de Hacienda fija la política tributaria según las directrices del Consejo de Gobierno; este, a propuesta de su titular, organiza los servicios.

Artículo 19. Participaciones en el capital de las sociedades mercantiles

Las participaciones que la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias e instituciones tengan en el capital de las sociedades mercantiles forman parte de sus respectivos patrimonios. El artículo alcanza a las tres clases de titulares que nombra: la Administración, sus agencias y sus instituciones.

Artículo 19 bis. Fondos propios de las agencias públicas empresariales

Los fondos propios de las agencias públicas empresariales, que expresan las aportaciones de capital hechas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, forman parte del patrimonio de estas. Se registran en su contabilidad patrimonial como el capital aportado, en su caso, para la constitución o modificación de las agencias públicas empresariales. Generan a favor de la Administración y, en su caso, de sus agencias, derechos de participación en el reparto de las ganancias de la entidad y en el patrimonio resultante de su liquidación.

Artículo 20. Otros recursos económicos

Los restantes derechos económicos, es decir, los no mencionados en los artículos 18 y 19, se gestionan, recaudan, liquidan e inspeccionan con sujeción a tres referencias por este orden: los principios de la propia Ley, las leyes especiales que resulten aplicables y, solo supletoriamente, la normativa estatal sobre la materia.

Artículo 21. Régimen de los derechos económicos de la Hacienda Pública

No cabe enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda, ni conceder exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias, salvo por ley. Transigir o arbitrar exige Decreto acordado en Consejo de Gobierno y autorización del Parlamento si la cuantía litigiosa supera ocho millones de euros o, siendo inferior, si se acredita motivadamente que puede incidir en la estabilidad presupuestaria o la afectación de ingresos o que concurren los requisitos de un crédito extraordinario o suplemento. Los convenios concursales los autoriza el titular de la Consejería de Hacienda.

Artículo 22. Recaudación de los ingresos de Derecho Público

La recaudación puede ser en periodo voluntario o en ejecutivo (pago espontáneo o apremio). Liquidaciones de la Administración: notificadas del 1 al 15, hasta el día 20 del mes posterior; del 16 al último, hasta el día 5 del segundo mes posterior. Providencia de apremio: del 1 al 15, hasta el día 20 de ese mes; del 16 al último, hasta el día 5 del mes siguiente; siempre con prórroga al inmediato hábil siguiente. En sanciones no tributarias los plazos corren desde el día siguiente a la firmeza administrativa. La providencia de apremio tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.

Artículo 22 bis. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública

Los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública se hacen efectivos con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho Privado. Las cantidades que se adeuden a la Hacienda Pública en virtud de una relación jurídica de Derecho Privado pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y con las condiciones que establezca la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 23. Intereses de demora

Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Junta de Andalucía devengan intereses de demora cuando no se ingresan en plazo, en la forma y por el procedimiento de la normativa reguladora del ingreso. El interés de demora resulta de aplicar, para cada año o periodo del período de cálculo, el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Todo ello sin perjuicio de las especialidades tributarias, de lo dispuesto en la propia ley sobre reintegro y devoluciones voluntarias de subvenciones y de lo que prevean otras normas con rango de ley.

Artículo 24. Prescripción de los derechos

Salvo lo que establezcan las leyes reguladoras de cada recurso, prescribe a los cuatro años el derecho de la Hacienda a reconocer o liquidar créditos a su favor (desde el día en que el derecho pudo ejercitarse) y a exigir el pago de los reconocidos o liquidados (desde la fecha de su vencimiento). La prescripción se aplica de oficio, sin que la persona interesada tenga que invocarla. Al cómputo y la interrupción se aplican la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. Los derechos declarados prescritos causan baja en cuentas, previo expediente.

Artículo 24 bis. Derechos económicos de baja cuantía

No se liquidan las deudas de Derecho Público inferiores a la cuantía que cada año fije la Ley del Presupuesto como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación, salvo tasas, precios públicos, sanciones, recargos e intereses asociados a fraccionamientos. Además, la Intervención General anula y da de baja en contabilidad lo pendiente de cobro de un mismo deudor si el acumulado es inferior a la cuantía mínima fijada por esa Ley y son deudas en periodo ejecutivo con antigüedad superior a seis meses desde el vencimiento del periodo voluntario.

Artículo 25. Compensación de deudas

La compensación de deudas se rige por la Ley 58/2003, General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y la normativa propia andaluza aplicable. Son compensables, de oficio o a instancia de la persona o entidad obligada al pago, las deudas a favor de la Hacienda de la Junta derivadas de ingresos tributarios de gestión propia y demás ingresos de derecho público con los créditos reconocidos a favor de los deudores. Se efectúa mediante retención en las órdenes de pago expedidas a su favor, previo acuerdo de compensación notificado.

Artículo 26. Fuentes y exigibilidad de las obligaciones

Las obligaciones económicas nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen. Solo son exigibles cuando resulten de la ejecución del Presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas. Si derivan de prestaciones o servicios, no se paga hasta que el acreedor cumpla o garantice su obligación, salvo excepción en encargos a Administraciones o entidades instrumentales: anticipo máximo del 50 por 100 del encargo y, en obras, de hasta el 10 por 100 de la primera anualidad.

Artículo 27. Prerrogativas de la Hacienda Pública

Ningún Tribunal ni autoridad administrativa puede dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra bienes y derechos patrimoniales en tres supuestos alternativos: que estén materialmente afectados a un servicio o función pública, que sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o que sean valores o títulos del capital de sociedades mercantiles del sector público andaluz que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Los recursos financieros de la Tesorería General, incluidos los saldos de sus cuentas, se consideran siempre afectados.

Artículo 28. Cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas

El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda corresponde al órgano administrativo competente por razón de la materia, que acuerda el pago dentro de los límites y en la forma que establezca el Presupuesto. La ejecución de las órdenes de retención de órganos judiciales o administrativos sobre derechos de cobro corresponde a la Dirección General competente en materia de Tesorería; las agencias y consorcios determinan, en su ámbito, si existen derechos de cobro susceptibles de retención.

Artículo 29. Interés de demora

Si la Junta no paga a la persona o entidad acreedora dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o del reconocimiento de la obligación, debe abonarle el interés señalado en el apartado 2 del artículo 23 sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación; todo ello sin perjuicio de las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. En contratación del sector público y en expropiación forzosa se aplica su legislación específica.

Artículo 29 bis. Interés aplicable a devoluciones de ingresos indebidos no tributarios

En las devoluciones de ingresos indebidos no tributarios, el derecho a la devolución integra el importe ingresado más el resultado de aplicarle el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada periodo. Ese interés se calcula desde la fecha del ingreso hasta la fecha en la que se realice la propuesta de pago.

Artículo 30. Prescripción de las obligaciones

Salvo leyes especiales, prescriben a los cuatro años: a) el derecho al reconocimiento o liquidación de toda obligación no solicitada con la presentación de los documentos justificativos, desde que concluyó el servicio o la prestación; b) el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas no reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes, desde la notificación del reconocimiento o liquidación. La prescripción se interrumpe según el Código Civil, salvo leyes especiales. Lo prescrito es baja en cuentas previo expediente con audiencia.

Artículo 31. Concepto de Presupuesto de la Junta de Andalucía

De conformidad con el Estatuto de Autonomía, el Presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta, sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y determinadas agencias públicas empresariales, y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio. Recoge también las estimaciones de gastos e ingresos del resto de agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades del artículo 5.3.

Artículo 32. Ámbito temporal

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. A él se imputan dos cosas: los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los referidos créditos.

Artículo 33. Contenido del Presupuesto

El Presupuesto es único e incluye todos los gastos e ingresos de la Junta y demás entidades del artículo 31. Contiene: estados de gastos y de ingresos de la Junta y de sus agencias administrativas y de régimen especial; estados de gastos e ingresos de determinadas agencias públicas empresariales, de las instituciones y de los consorcios adscritos; presupuestos de explotación y de capital de las restantes agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades del artículo 5.3; y presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica.

Artículo 34. Estructura de los estados de gastos y de ingresos

La estructura del Presupuesto de gastos e ingresos la determina la Consejería competente en materia de Hacienda, según la organización de la Junta y sus entidades, la naturaleza económica de ingresos y gastos, los fines y objetivos de estos últimos y los programas de inversiones de los planes económicos vigentes. El estado de gastos aplica la clasificación orgánica, funcional por programas y económica, y los gastos de inversión se clasifican territorialmente; el de ingresos, la orgánica y económica. La clasificación económica contendrá las transferencias que financian agencias y consorcios.

Artículo 35. Procedimiento de elaboración

El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, el marco presupuestario a medio plazo y el límite de gasto no financiero. Consejerías y entidades remiten a esa Consejería sus anteproyectos antes del 1 de agosto. El estado de ingresos lo elabora dicha Consejería. El estado de gastos incluye el Fondo de Contingencia. El anteproyecto de Ley del Presupuesto se somete al Consejo de Gobierno previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos; al texto articulado se acompaña una memoria justificativa.

Artículo 36. Remisión al Parlamento

El proyecto de Ley del Presupuesto (texto articulado y estados de ingresos y de gastos) se remite al Parlamento de Andalucía al menos dos meses antes de expirar el Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación. Le acompañan diez documentos, letras a) a j): cuenta consolidada, memoria económica, liquidación del año anterior y avance de la del corriente, informe económico y financiero, clasificación por programas, informes de género, cambio climático e infancia, anexo de inversiones y anexo de personal. Todo se publica en el Portal de Transparencia tras su remisión.

Artículo 37. Prórroga del Presupuesto

Si el Parlamento de Andalucía no aprueba la Ley del Presupuesto antes del primer día del ejercicio en que ha de regir, se prorroga automáticamente el del ejercicio inmediatamente anterior, con la estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso, hasta que el nuevo se apruebe y se publique en el BOJA. La prórroga no afecta a las operaciones de capital y financieras de programas y servicios no incluidos en el Anexo de Inversiones del Presupuesto que se prorroga, ni a las transferencias corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios.

Artículo 38. Beneficios fiscales

Artículo 39. Especialidad cualitativa y cuantitativa de los créditos

Los créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad para la que se autorizaron y son limitativos y vinculantes: no caben compromisos por cuantía superior a su importe, y son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones infralegales que lo infrinjan. Regla general: vinculan a nivel de sección y servicio, por programas y económica a nivel de artículo. Reglas especiales: incentivos al rendimiento (artículo 15), Seguridad Social (concepto 160), atenciones protocolarias (subconcepto 226.01) y subvenciones nominativas. Son ampliables los que determine la Ley del Presupuesto.

Artículo 40. Gastos de carácter plurianual

Son gastos plurianuales los que se autorizan y comprometen con cargo a dos o más ejercicios; solo caben en los casos del apartado 2. Máximo: seis ejercicios para los párrafos a), b), e) y g), y diez para arrendamientos de inmuebles. Límites: 80, 70, 60 y 50 % para los párrafos a) y c); 40, 30 y 20 % para b), e), f) y g). Las modificaciones de límites con recursos propios las aprueba el Consejo de Gobierno; hasta 3.000.000 de euros por nivel de vinculación, puede autorizarlas la persona titular de Hacienda. En obras plurianuales se retiene además un diez por ciento de la adjudicación.

Artículo 40 bis. Gastos de tramitación anticipada

Son de tramitación anticipada los gastos cuyos expedientes se inician en el año anterior al ejercicio de su ejecución y contraprestación. La tramitación llega, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior a la adquisición del compromiso, salvo los expedientes de contratación, que pueden ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del contrato. Los gastos del artículo 40.2 se sujetan a los límites de la primera anualidad futura; el resto, al 50% del crédito del Presupuesto en que se inicien. El gasto queda condicionado a que exista crédito adecuado y suficiente.

Artículo 41. Incorporación de remanentes

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho. Pueden incorporarse al ejercicio inmediatamente siguiente los remanentes de: Fondos de Compensación Interterritorial; fondos de la Unión Europea e ingresos finalistas (hasta el límite de su financiación externa); créditos extraordinarios o suplementos; y operaciones de capital financiadas con recursos propios afectados por ley. Se incorporan hasta donde la financiación afectada esté asegurada y para los mismos gastos.

Artículo 42. Temporalidad de los créditos

Con cargo a los créditos de gastos solo pueden contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el año natural del ejercicio presupuestario. Como excepción, se aplican al Presupuesto vigente, en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones por liquidación de atrasos a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma y las derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. La Consejería competente en materia de Hacienda, a iniciativa de la Consejería correspondiente, determina a qué créditos se imputa su pago.

Artículo 43. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Ante un gasto que no puede demorarse al ejercicio siguiente, si no existe crédito (crédito extraordinario) o el consignado es insuficiente y no ampliable (suplemento de crédito), la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, eleva al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión al Parlamento de un proyecto de Ley que especifique los recursos concretos que lo financian. Si el Consejo de Gobierno ha acordado aplicar el Fondo de Contingencia, lo aprueba la persona titular de esa Consejería.

Artículo 44. Anticipos de tesorería

Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, puede conceder anticipos de tesorería para gastos inaplazables, con el límite, en cada ejercicio, del 2 por ciento de los créditos autorizados por la Ley del Presupuesto. Dos casos: expediente de crédito extraordinario o suplemento iniciado y con informe favorable de dicha persona titular, o ley aprobada cuyas obligaciones exijan esos créditos. Si el Parlamento no aprueba el proyecto de Ley, el anticipo se cancela con cargo a créditos de la Consejería o agencia.

Artículo 45. Transferencias de crédito

Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos, incluso creando créditos nuevos. No afectan a créditos extraordinarios ni a los incrementados con suplementos; no minoran créditos incrementados por transferencias ni ampliados; no incrementan créditos minorados por otras transferencias; y no pueden variar más del 20 por ciento el crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa. Estos límites no rigen, entre otros casos, para el Capítulo I. Si el informe de la Intervención discrepa de la propuesta, el expediente va a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 46. Generaciones de crédito

Las generaciones incrementan los créditos por ingresos no previstos o superiores a los del presupuesto inicial. Pueden generarlas, entre otros, aportaciones, préstamos de otras Administraciones, ventas de bienes y prestación de servicios, enajenaciones de inmovilizado, reembolsos de préstamos, recursos legalmente afectados y remanente de tesorería. Los ingresos de los párrafos a), b), c) y h) pueden venir de ejercicios cerrados; los de d), e) y f), excepcionalmente, del último trimestre del ejercicio anterior. Debe quedar asegurada la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 47. Modificaciones presupuestarias que corresponden a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda

Además de las competencias genéricas del artículo 45, la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda autoriza: transferencias que no excedan de 3.000.000 de euros; transferencias entre créditos de operaciones financieras de cualquier cuantía, salvo las de fondos carentes de personalidad jurídica; ampliaciones de crédito hasta una suma igual a las obligaciones de reconocimiento preceptivo; generaciones que no excedan de 3.000.000 o por ingresos efectivamente recaudados; y las incorporaciones del artículo 41.2. Resuelve si discrepa el informe de la Intervención.

Artículo 48. Modificaciones presupuestarias competencia del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de hacienda, autoriza: las transferencias de créditos que excedan de 3.000.000 de euros; las transferencias destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurídica; las generaciones de créditos que excedan de 3.000.000 de euros, salvo las generaciones por ingresos efectivamente recaudados y no previstos, o superiores a los del presupuesto inicial, y las del artículo 41.3, que corresponden a la persona titular de la Consejería; y las modificaciones de crédito del artículo 13.j).

Artículo 49. Minoración de créditos

La Consejería competente en materia de Hacienda minora de oficio, al fin del ejercicio, créditos disponibles en la misma cuantía de las generaciones y ampliaciones de crédito aprobadas con cargo a la declaración de no disponibilidad de otros créditos. Si fuera necesario, y oída la Consejería afectada, antes se reajustan al ejercicio siguiente los compromisos adquiridos cuyas obligaciones no hayan llegado a contraerse, fijando los límites de la anualidad futura en la cuantía necesaria para ese reajuste.

Artículo 50. Reposición de crédito

Los reintegros de pagos realizados con cargo a créditos presupuestarios podrán dar lugar a la reposición de esos créditos: el artículo lo formula como posibilidad («podrán»). La persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda queda habilitada para dictar las normas necesarias para el desarrollo de lo previsto en el artículo.

Artículo 51. Tramitación de las modificaciones presupuestarias

Todo acuerdo de modificación presupuestaria indica expresamente programa, servicio y concepto económico afectado. La propuesta expresa su incidencia en objetivos e indicadores, salvo en incorporaciones de remanentes y transferencias de crédito que no superen el 2 % del importe del programa que causa baja. El expediente que acumula operaciones lo aprueba, por orden de prioridad, el Consejo de Gobierno, el titular de Hacienda, el de la Consejería proponente o el de la agencia proponente, si fuera competente para alguna de ellas o por la cuantía global.

Artículo 52. Competencia en la gestión de los gastos

La gestión de los gastos compete a quienes puedan adoptar los actos administrativos o negocios jurídicos que los generen y ejecuten, sin perjuicio de la autorización previa del Consejo de Gobierno en los supuestos legalmente establecidos. Los actos de ejecución presupuestaria son actos debidos. Desconcentración y delegación se entienden siempre referidas a la gestión administrativa y a la presupuestaria. Hacienda podrá imputar al presupuesto del ente afectado obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento que hubieran ocasionado minoración de ingresos o incremento de gasto.

Artículo 52 bis. Ejecución del presupuesto de gastos

El presupuesto de gastos se ejecuta en cuatro fases: aprobación de la realización de gasto, disposición (compromiso de gasto frente a terceros), reconocimiento de la obligación (crédito exigible contra la Hacienda Pública y propuesta de pago) y ordenación del pago y pago material. Pueden acumularse en un solo acto en los supuestos que determine la consejería competente en materia de Hacienda. El Fondo de Contingencia financia únicamente crédito extraordinario, suplementos de crédito y ampliaciones; su aplicación la decide el Consejo de Gobierno, a propuesta de Hacienda.

Artículo 53. Competencias normativas

Las personas titulares de las Consejerías dictan las normas de desarrollo y ejecución de las actuaciones financiadas en las secciones presupuestarias a su cargo, en lo no atribuido expresamente a otro órgano. En las demás secciones: Hacienda en «Deuda Pública» y «A Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado»; Administración Pública y Hacienda en «Gastos de Diversas Consejerías», cada una en su ámbito; Agricultura en «Fondo Andaluz de Garantía Agraria», y Bienestar Social en «Pensiones Asistenciales».

Artículo 53 bis. Cumplimiento de obligaciones tributarias y otras de Derecho Público

Hacienda podrá satisfacer las deudas tributarias y de Derecho Público de la Junta en periodo ejecutivo: paga en todo caso si la providencia de apremio se le notificó a ella; si no, requiere al incumplidor para que el pago se realice en diez días como máximo y, de no acreditarse, paga. Se tramita pago extrapresupuestario por la Dirección General competente en materia de tesorería y el gasto se imputa en diez días como máximo. Para la minoración de ingresos por deducciones o compensaciones, insta la imputación en veinte días como máximo y, transcurridos, la efectúa.

Artículo 54. Ordenación de pagos

La ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. En las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c) y los consorcios, ordenan los pagos relativos a sus gastos las personas titulares de su Presidencia o Dirección. La Consejería de Hacienda podrá establecerles directrices y supervisa su cumplimiento. El régimen de la ordenación de pagos se regula por Decreto, a propuesta de la persona titular de Hacienda.

Artículo 55. Expedición de las órdenes de pago

Las órdenes de pago a cargo del Presupuesto de la Junta de Andalucía se expiden ajustándose al Plan sobre disposición de fondos de la Tesorería General, que establece el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. A las órdenes de pago se acompañan los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

Artículo 56. Pagos a justificar

Las órdenes de pago cuyos documentos no puedan acompañarse al expedirlas tienen el carácter de «a justificar», sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos presupuestarios. Sus perceptores deben justificar la aplicación de las cantidades en tres meses, plazo ampliable excepcionalmente hasta doce meses en los casos que reglamentariamente se determinen, y están sujetos al régimen de responsabilidades de la Ley. Durante el mes siguiente a la aportación de los documentos justificativos, el órgano competente aprueba o repara la cuenta.

Artículo 56 bis. Procedimiento de anticipo de caja fija

El anticipo de caja fija es un instrumento de gestión del gasto y del pago para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto de gastos periódicos o repetitivos, o de otros que determine por acuerdo motivado la persona titular de la Consejería de hacienda, previo informe de la Intervención General y de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. Los órganos gestores pagadores tienen un límite cuantitativo máximo para tramitar facturas, que se restituye al tramitar la justificación de las pagadas. Los gastos menores de 3.000 euros no se someten a intervención previa.

Artículo 57. Cierre del Presupuesto

El Presupuesto de cada ejercicio se liquida, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre; los ingresos y pagos pendientes quedan a cargo de la Tesorería, según las respectivas contracciones de derechos y obligaciones. La Tesorería aplica sus entradas y salidas por años naturales, cualquiera que sea el Presupuesto de contracción. Los ingresos que se realicen una vez cerrado el Presupuesto quedan desafectados del destino específico que, en su caso, les hubiera correspondido.

Artículo 58. Elaboración y aprobación de los Programas de actuación, inversión y financiación y Presupuestos de explotación y de capital

Las agencias públicas empresariales del artículo 33.2.f) y las entidades del artículo 5 elaboran un programa de actuación, inversión y financiación (inversiones reales y financieras, aportaciones y demás fuentes de financiación, objetivos y rentas esperadas, y memoria de evaluación económica de las inversiones) y, anualmente, un Presupuesto de explotación y otro de capital. Las propuestas se remiten a Hacienda, por conducto de la Consejería de que dependan, antes del 1 de agosto. Los programas se someten al acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de Hacienda.

Artículo 58 bis. Financiación de las entidades del sector público andaluz

Enumera los instrumentos con que el Presupuesto financia a las entidades del sector público andaluz: transferencias, subvenciones, encargos, contratos y otros. Las partidas con las transferencias de financiación del apartado 2.a) se modifican por el Consejo de Gobierno si la alteración supera el 10% del presupuesto de explotación o de capital de la entidad. Las transferencias de financiación son entregas dinerarias sin contrapartida directa para financiar de forma genérica la actividad propia; pueden ser de explotación o de capital, y lo no aplicado se reintegra a la Tesorería.

Artículo 58 ter. Limitación de los compromisos de determinadas agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz

Las agencias públicas empresariales del artículo 2.b) y las sociedades mercantiles del sector público andaluz bajo control financiero permanente no pueden adquirir compromisos de gastos corrientes o de inversión que superen los importes globales de sus programas de actuación, inversión y financiación y de sus presupuestos de explotación y capital. Los de ejercicios futuros se sujetan a los límites de los apartados 1 a 7 del artículo 40, modificables por el órgano competente de la entidad, previa autorización de Hacienda. Se crea un registro auxiliar de los compromisos con terceros.

Artículo 58 quater. Transferencias a entidades participadas por otras Administraciones Públicas y por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios adscritos

La actividad global de las entidades de Derecho Público de carácter interadministrativo adscritas a otras Administraciones, en las que participen la Administración de la Junta, sus agencias o consorcios adscritos, se financia con transferencias por la cantidad que resulte del coeficiente de financiación. También caben transferencias a sociedades mercantiles de otras Administraciones en las que la Administración de la Junta sea socio, si la totalidad de su capital es público y su objeto es de utilidad pública, interés social o promoción de una finalidad pública.

Artículo 59. Competencias de las Consejerías

La Consejería competente en materia de Hacienda establece la estructura básica del programa y la del Presupuesto de explotación y de capital; las entidades del Capítulo las desarrollan de acuerdo con sus necesidades. El control de eficacia del programa lo efectúa la Consejería de la que dependa directamente la entidad, conjuntamente con la Consejería competente en materia de Hacienda, en la forma que se establezca reglamentariamente y sin perjuicio de otras competencias.

Artículo 60. Adaptación de los programas y de los Presupuestos de explotación y capital

Aprobado el Presupuesto, durante el mes inmediato siguiente las agencias públicas empresariales del artículo 2.b) y las entidades y fondos carentes de personalidad jurídica de los apartados 2, 3 y 5 del artículo 5 ajustan, en su caso, sus presupuestos de explotación y de capital y sus programas, y los remiten a la Consejería de Hacienda para su publicación electrónica en el portal de la Junta. Si varían las transferencias a recibir o los importes globales, la modificación la aprueban los órganos directores de la entidad, con comunicación a Hacienda.

Artículo 61. Consorcios, fundaciones y otras entidades

Artículo 62. Convenios

Los convenios de la Junta con sus agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles del sector público andaluz u otras empresas no dependientes que disfruten de sus avales o reciban transferencias de su Presupuesto incluyen en cualquier caso cinco cláusulas: hipótesis macroeconómicas y sectoriales (indicando aquellas cuya modificación puede dar lugar a la cancelación); objetivos y métodos de evaluación; aportación o avales de la Junta; medios relativos a los objetivos ante las variaciones del entorno económico; y control de la ejecución por la Consejería de Hacienda.

Artículo 63. Agencias de régimen especial

Artículo 77. Información sobre activos financieros, pasivos financieros, pasivos contingentes, otorgamiento de garantías públicas y otras formas de afianzamiento o medidas de apoyo extrapresupuestario

Por prudencia financiera, deben informar a la Consejería competente en materia de Hacienda sobre sus activos y pasivos financieros, pasivos contingentes, garantías públicas y otras formas de afianzamiento o apoyo extrapresupuestario: las Consejerías, las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales, y las sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector público andaluz. De los fondos sin personalidad jurídica informa el agente financiero o las entidades gestoras. Envío mensual, en los quince primeros días de cada mes, y cuando la Consejería lo requiera.

Artículo 85. Ámbito del control interno y de la contabilidad pública

La actividad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de los consorcios del artículo 4 y de las demás entidades del artículo 5 está sometida al control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía y al régimen de contabilidad pública. Las entidades públicas vinculadas con consideración de Administración institucional, y los órganos e instituciones a los que se aplique su régimen jurídico, quedan sujetos al control interno de la Intervención General, salvo disposición distinta de su normativa específica.

Artículo 86. La Intervención General: carácter y estructura

La Intervención General es el superior órgano de control interno del sector público de la Junta de Andalucía y órgano directivo y gestor de la contabilidad pública; actúa con plena autonomía. Estructura: servicios centrales (Divisiones) e Intervenciones. Deben tener unidades de control interno las agencias públicas empresariales, consorcios y sociedades mercantiles en control financiero permanente. Su personal se adscribe orgánicamente al máximo órgano de dirección de la entidad y depende funcionalmente solo de la Intervención General, cuya previa conformidad exigen su contratación y cese.

Artículo 86 bis

Artículo 87. Deber de colaboración y asistencia jurídica

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe proporcionar, previo requerimiento del órgano de control actuante, los datos, informes o antecedentes con trascendencia para el control deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. El Gabinete Jurídico asiste a los funcionarios citados por órganos jurisdiccionales por participar en actuaciones de control: lo solicita la persona titular de la Intervención General y lo autoriza la de la Jefatura del Gabinete Jurídico. La cesión de datos personales no requiere consentimiento del interesado.

Artículo 88. Modalidades y alcance del control interno

El control interno comprende dos modalidades: el control previo y el control financiero. Si los procedimientos objeto de control se formalizan mediante actuaciones administrativas automatizadas, la Intervención General de la Junta de Andalucía puede aprobar las instrucciones y directrices para adaptar los controles, por Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en todo caso puede realizar auditorías. Toda actuación de control de la Intervención debe tener previamente definido un alcance determinado, conforme a las normas de control previo o de control financiero.

Artículo 89. Concepto y actuaciones

El control previo se ejerce antes de que se formalicen o concierten las operaciones y verifica su legalidad. Comprende: fiscalización previa de gastos y obligaciones presupuestarias, informes previos de las modificaciones presupuestarias, control previo de determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero, comprobación material del gasto y control de las operaciones extrapresupuestarias. Están sujetas las Consejerías y agencias administrativas, con las excepciones de norma legal o reglamentaria. La Intervención General puede acordar controles posteriores.

Artículo 90. La fiscalización previa

La fiscalización previa examina los expedientes de gasto para verificar su legalidad: aprobación y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pagos de justificación posterior. El reparo, motivado, suspende la tramitación. Discrepancia: resuelve la Intervención General si reparó una Intervención; si el reparo es suyo o lo confirma, la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras hasta 150.000 euros y el Consejo de Gobierno en lo demás. No se fiscalizan en aprobación y disposición, entre otros, los contratos menores y los gastos del Capítulo II menores de 3.000 euros.

Artículo 91. Informes previos de las modificaciones presupuestarias

La Intervención General informa, con carácter previo, los expedientes de modificación presupuestaria que corresponde autorizar al Consejo de Gobierno. Los que compete autorizar a las personas titulares de las Consejerías, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c), y consorcios, los informan previamente las respectivas Intervenciones. Todo ello en los términos previstos reglamentariamente. El objeto del informe es verificar el cumplimiento de los preceptos de la Ley y de la Ley del Presupuesto que regulan el régimen jurídico de estos expedientes.

Artículo 92. La comprobación material del gasto

La comprobación material del gasto es la facultad de la Intervención de verificar la efectiva realización de obras, adquisiciones de bienes y servicios financiados con fondos públicos. Se ejerce concurriendo un representante de la Intervención General a los actos formales de recepción de los contratos, también por medios electrónicos en los supuestos que fije una resolución de la Intervención General. Los asesores o peritos se solicitan a la persona titular de la Intervención General. La Consejería de Hacienda establece los supuestos de solicitud de asesores y de asistencia obligatoria.

Artículo 92 bis. El control previo de determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero

La Intervención General puede acordar, por resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que se sometan a control previo determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero cuya importancia lo aconseje. Esa resolución fija el alcance general básico del control y puede remitirse a las aprobadas en el ámbito de la fiscalización previa del artículo 90.3. El control solo suspende la tramitación de los expedientes cuando la resolución lo disponga; la entidad en desacuerdo puede discrepar por el procedimiento del artículo 90.5.

Artículo 92 ter. El control de las operaciones extrapresupuestarias

Los pagos procedentes de obligaciones extrapresupuestarias que generen débitos a cargo de la tesorería exigen comprobar el carácter auxiliar, complementario o independiente al Presupuesto de la operación y que la obligación se reconoce y satisface sin previa imputación presupuestaria. Son extrapresupuestarias las operaciones que establezca la orden de la Consejería de Hacienda reguladora de la contabilidad pública. Antes del pago se controla el legítimo derecho del acreedor, la cuantía de la obligación, el saldo en la cuenta adecuada y la competencia del órgano proponente.

Artículo 93. Control financiero

El control financiero es un control posterior: comprueba que el funcionamiento económico-financiero del sector público se ajusta al ordenamiento y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera. Puede consistir en auditoría de cumplimiento, financiera, operativa o de programas. La Intervención General aprueba en el primer mes de cada ejercicio un plan de control, que se envía a la Cámara de Cuentas para su conocimiento. La denegación de opinión por causa imputable a la entidad se comunica a los titulares de la Consejería de adscripción y de Hacienda.

Artículo 94. Control financiero permanente

El control financiero permanente es una modalidad del control financiero que se aplica de forma regular. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno puede sustituir al control previo en determinados órganos o servicios; la Intervención General fija después sus condiciones. Las agencias de régimen especial quedan sometidas a él en todo caso, aunque el Consejo de Gobierno, a propuesta razonada de la Intervención General, puede someter todos o parte de sus gastos a control previo. El de los ingresos es permanente cuando lo disponga la Intervención General.

Artículo 95. Control financiero de subvenciones

La Intervención General de la Junta de Andalucía ejerce el control financiero de subvenciones sobre las personas o entidades beneficiarias y, en su caso, las entidades colaboradoras, para comprobar la adecuada y correcta obtención, destino y disfrute de las subvenciones. Cuando se considere preciso alcanza a personas vinculadas, proveedoras, clientes y demás relacionadas con las operaciones. Deben facilitar el libre acceso a locales y documentación y la obtención de copia. El personal funcionario encargado del control tiene la consideración de agente de la autoridad.

Artículo 95 bis. Informes de control financiero de subvenciones y sus efectos

El control financiero de subvenciones se documenta en diligencias e informes, que son documentos públicos y prueban los hechos salvo que se acredite lo contrario. Las actuaciones concluyen en doce meses como máximo, ampliables por especial complejidad u ocultación de información. Notificada la procedencia del reintegro, el órgano gestor acuerda su inicio en dos meses y lo comunica a la Intervención General en dos meses desde la recepción del informe. Si hay discrepancia e informe desfavorable, el órgano concedente opta en un mes. La Intervención General emite un informe anual.

Artículo 95 ter. Control de los fondos europeos

En el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, la Intervención General actúa como autoridad de auditoría o como órgano de control colaborador de esta, según se le asigne en cada programa operativo. Si detecta una causa de reintegro en una subvención, lo comunica al órgano concedente, y el órgano controlado le informa en el plazo máximo de dos meses sobre la evaluación efectuada. En FEAGA y FEADER actúa como Organismo de Certificación de las Cuentas del Organismo Pagador.

Artículo 96. Contratación de auditorías

La Consejería competente en materia de Hacienda tiene, con carácter exclusivo, la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad Autónoma, y la de cuentas anuales de las agencias públicas empresariales del artículo 2.b) y sociedades mercantiles sometidas a control financiero permanente. Las no sometidas a ese control deben recabar informe previo de la Intervención General antes de contratar auditorías. La Intervención General audita anualmente las cuentas de las fundaciones obligadas a auditarse y de los fondos carentes de personalidad jurídica.

Artículo 96 bis. Ámbito de aplicación, finalidad y principios orientadores

Las entidades de los artículos 2, 4 y 5 y los fondos carentes de personalidad jurídica están sometidos al sistema de supervisión continua. La Administración institucional lo está en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía. Quedan fuera del proceso las instituciones de autogobierno. Su finalidad es verificar que subsisten las circunstancias que justificaron la creación de las entidades y fondos, su sostenibilidad financiera y las causas que justifiquen su permanencia. Principios: autonomía e independencia, coordinación y ejercicio contradictorio.

Artículo 96 ter. Proceso de supervisión continua

Corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía planificar y ejecutar las actuaciones de control de supervisión continua. Sus resultados se plasman en un informe sujeto a procedimiento contradictorio, que podrá contener recomendaciones o propuestas. Los organismos y entidades sujetos y sus órganos de vinculación, dependencia, tutela o adscripción deben colaborar y suministrar la información y documentación solicitada en los plazos que se establezcan. La finalización del proceso se desarrollará en los términos que se determinen mediante Decreto.

Artículo 97. Sometimiento al régimen de contabilidad pública

Quedan sometidas al régimen de contabilidad pública, en los términos de esta Ley, la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias, las instituciones y las sociedades mercantiles del sector público andaluz. También lo están los consorcios definidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las fundaciones del sector público andaluz, estas en virtud del artículo 57.3 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Artículo 97 bis. Período contable

El período contable coincide con el año natural. Como excepción, las normas de creación o los Estatutos de las entidades del sector público andaluz cuya actividad económica esté vinculada a ciclos estacionales pueden establecer otros períodos contables, que en todo caso serán de doce meses y siempre que esas entidades no estén incluidas en el Subsector Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional.

Artículo 98. Rendición de cuentas

Estar sujeto al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, por conducto de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Esa regla se aplica también al empleo de las subvenciones, cualquiera que sea la persona o entidad perceptora.

Artículo 99. Fines de la contabilidad pública

Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda organizar la contabilidad pública al servicio de estos fines: registrar la ejecución del Presupuesto; conocer el movimiento y la situación de la Tesorería General; registrar las variaciones, composición y situación del patrimonio; proporcionar los datos para formar y rendir la Cuenta General y demás cuentas; facilitar los datos para las cuentas económicas del sector público de Andalucía; rendir la información económica y financiera para la toma de decisiones, y cualquier otro que establezcan las disposiciones de aplicación.

Artículo 100. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro directivo de la contabilidad pública

La Intervención General es el centro directivo de la contabilidad pública. Somete a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda el Plan General de Contabilidad, los planes parciales o especiales y las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas. Promueve la potestad reglamentaria sobre las cuentas y puede dictar circulares e instrucciones. Inspecciona la contabilidad y dirige auditorías, aprueba las normas contables de los fondos del artículo 5.5 y determina las entidades obligadas a remitir información sobre estabilidad presupuestaria.

Artículo 101. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro gestor de la contabilidad pública

Como centro gestor de la contabilidad pública, la Intervención General de la Junta de Andalucía forma la Cuenta General; examina y prepara las cuentas que se rinden al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas; recaba cuentas y documentos; centraliza la información contable; suministra la información para las cuentas económicas (ante incumplimiento reiterado, requiere al titular para que la facilite en quince días); vigila e impulsa las oficinas de contabilidad, e instruye los procedimientos por falta de rendición de cuentas iniciados por la persona titular de Hacienda.

Artículo 102. Formación y cierre de las cuentas

Las cuentas que se rinden al Parlamento, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas se forman y cierran mensualmente, salvo las de agencias públicas empresariales del artículo 2.b), instituciones, sociedades mercantiles y fundaciones, que lo hacen anualmente. Esas agencias formulan sus cuentas en tres meses como máximo desde el cierre del ejercicio (igual si hay consolidación); se aprueban dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio y se remiten a Hacienda en el mes siguiente a su formulación o aprobación. Sus cuentas anuales se auditan antes de aprobarse.

Artículo 103. Verificación de la contabilidad pública

La contabilidad pública queda sometida a verificación, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Está a cargo de personal funcionario dependiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía y del que, en su caso, designen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Artículo 104. Publicación de información

La Consejería competente en materia de Hacienda publica trimestralmente tres bloques de datos: las operaciones de ejecución del Presupuesto; la situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias; y los demás que se consideren de interés.

Artículo 105. Contenido de la Cuenta General

La Cuenta General comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería del ejercicio. Para la Administración, sus agencias y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, sus estados son: balance, cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación del presupuesto (cuatro partes) y Memoria. Para sociedades mercantiles, fondos y fundaciones, las cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad. También: deuda pública, anticipos de tesorería, avales e inmovilizado.

Artículo 106. Documentación anexa a la Cuenta General

A la Cuenta General se unen tres documentos: la cuenta general de tesorería, la cuenta de operaciones extrapresupuestarias y una memoria sobre el cumplimiento de los objetivos programados, que indica los objetivos previstos y los alcanzados y el coste de los mismos.

Artículo 107. Formación de la Cuenta General

La Intervención General forma la Cuenta General con las cuentas de las entidades del sector público andaluz y los demás documentos que deban rendirse. La de cada año se forma antes del 30 de septiembre del siguiente y se remite al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación antes del 31 de octubre. Las agencias públicas empresariales del artículo 2.b), sociedades y fundaciones presentan sus cuentas aprobadas antes del 31 de julio; con periodo contable distinto del año natural, dentro de los siete meses siguientes a su terminación.

Artículo 107 bis. Información al Parlamento de Andalucía

La Consejería con competencia en materia de Hacienda remite cada trimestre a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía: la relación de expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados, con su documentación y justificación; las operaciones de ejecución del Presupuesto; la situación y movimiento de la Tesorería General; y la relación de avales autorizados por el Consejo de Gobierno, con la entidad avalada, el importe y las condiciones. También se le trasladan los acuerdos de emisión de Deuda Pública, con la cuantía y las condiciones de amortización.

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 se integra por ocho bloques. Cinco son estados de gastos e ingresos: Junta de Andalucía y sus instituciones, agencias administrativas, agencias de régimen especial, consorcios adscritos y agencias públicas empresariales del artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007. Dos son presupuestos de explotación y de capital: sociedades mercantiles participadas mayoritariamente y fundaciones y demás entidades del artículo 5.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública. El último, los presupuestos de los fondos del artículo 5.5 del mismo texto.

Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1

Para ejecutar los programas integrados en los estados de gastos de los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 1 se aprueban créditos por 51.597.944.746 euros, que el artículo agrupa por funciones. Los estados de ingresos de esos mismos párrafos recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario, y su importe consolidado se detalla en columnas de Junta de Andalucía, agencias y consorcios, y total.

Artículo 3. Aprobación de los presupuestos de las entidades referidas en los párrafos f), g) y h) del artículo 1

Se aprueban los presupuestos de las entidades de los párrafos f), g) y h) del artículo 1 en los importes que el artículo indica, desglosados en presupuestos de explotación, presupuestos de capital y total. Caso singular: de conformidad con el artículo 97 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, el periodo de los presupuestos de explotación y capital y del programa de actuación, inversión y financiación de Cetursa Sierra Nevada, S.A., es de 1 de julio de 2025 a 30 de junio de 2026.

Artículo 4. Entidades que perciben transferencias de financiación en el Presupuesto para 2026

En el ejercicio 2026 perciben transferencias de financiación las entidades que el artículo relaciona, conforme al régimen de financiación de la actividad de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas. A esas entidades se les aplica lo establecido en los artículos 58 a 60 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en sus normas de desarrollo.

Artículo 5. Beneficios fiscales

Artículo 6. Vinculación de los créditos

Además de las reglas del artículo 39 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, rigen vinculaciones específicas para créditos financiados con recursos propios. Capítulo I: trece grupos (altos cargos y eventuales, plantilla presupuestaria, seguros…). Capítulo II: publicidad, asistencia sanitaria con medios ajenos, farmacia, energía eléctrica, telefonía, estudios técnicos y transporte sanitario. Capítulo IV: renta mínima de inserción social, farmacia, enseñanza concertada y Policía Nacional adscrita. Capítulo VII: materiales del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Artículo 7. Créditos ampliables

Durante 2026 son ampliables los créditos para: cuotas de la Seguridad Social y aportaciones al régimen de previsión social; trienios o antigüedad; sexenios del personal docente; haberes del personal laboral que deban incrementarse por normas legales, convenio colectivo o resolución administrativa o judicial firme; intereses, amortizaciones y gastos de deuda; quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta; los que lo sean según la legislación procesal del Estado; gastos financiados con transferencias del FEAGA; gratuidad de los libros de texto, y atención a la dependencia.

Artículo 8. Régimen presupuestario de la sanidad

La Consejería competente en materia de salud formula un contrato programa con el Servicio Andaluz de Salud (directrices, objetivos y recursos), y este desarrolla los suyos con sus centros o unidades de gestión. Todos se someten a informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda antes de suscribirse o modificarse. La cobertura de plantillas y los límites mensuales de gasto de personal requieren informe favorable previo de Hacienda. Salud informa a Hacienda cada mes de la ejecución; si hay desviaciones, concreta las medidas a adoptar dentro de los treinta días siguientes.

Artículo 9. Régimen presupuestario de la educación

La Consejería competente en materia de educación da cuenta a la de Hacienda, cada mes, de la programación de la oferta educativa y de la implantación de servicios y programas. Si resultan desviaciones respecto de los créditos disponibles, el informe mensual concreta las medidas a adoptar dentro de los treinta días siguientes. La cobertura de plantillas y los límites mensuales de gasto de personal requieren informe favorable previo de Hacienda, que se emite en cinco días validando la propuesta en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos; pasado el plazo sin emisión, se entiende validada.

Artículo 10. Régimen presupuestario del sistema de atención social

La Consejería competente en materia de políticas sociales da cuenta a la de Hacienda, cada mes, de la ejecución de los créditos de atención social a la dependencia. Si hay desviaciones, el informe mensual concreta las medidas a adoptar dentro de los treinta días siguientes. Las nuevas altas de beneficiarios se someten a los límites mensuales que fija la Consejería de políticas sociales, previo informe vinculante de Hacienda, emitido en cinco días; sin informe en plazo, la propuesta se entiende validada. Desviación es la existente entre el coste valorado de los beneficiarios y esos límites.

Artículo 11. Régimen presupuestario en las entidades instrumentales con contabilidad no presupuestaria del sector público andaluz

En dos meses desde la entrada en vigor de la ley, cada Consejería elabora un plan de ajuste individualizado para cada entidad instrumental adscrita en desequilibrio económico-financiero; lo aprueba la Consejería competente en materia de Hacienda. Las entidades en equilibrio llevan un seguimiento mensual de ingresos y gastos. Cada trimestre las Consejerías dan cuenta a Hacienda del cumplimiento del plan; si hay desviaciones, concretan medidas adicionales a adoptar dentro de los treinta días siguientes. Si se incumple, la persona titular de Hacienda puede adoptar medidas de control.

Artículo 12. Retribuciones del personal

A efectos del título, el sector público andaluz lo forman: instituciones y Administración de la Junta y agencias administrativas; agencias de régimen especial; agencias públicas empresariales, consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades del artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, y universidades públicas. En 2026 sus retribuciones no se incrementan respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de la disposición adicional tercera y de adecuaciones singulares y excepcionales.

Artículo 13. Oferta de empleo público para 2026 y otros instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades de personal

En 2026 puede incorporarse nuevo personal hasta el máximo de la legislación básica estatal, y no se contrata personal temporal salvo casos excepcionales y necesidades urgentes e inaplazables. En agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades, consorcios y fundaciones, contratar personal laboral no sujeto al VI Convenio Colectivo requiere autorización de la Consejería competente en materia de sector público instrumental, emitida en un mes o en quince días, previo informe favorable de Hacienda. También la requieren los contratos con empresas de trabajo temporal.

Artículo 14. Contratación de personal laboral temporal del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía para programas específicos o necesidades estacionales

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes que no pueda atender el personal laboral fijo cabe contratar personal laboral para programas específicos o necesidades estacionales. El contrato dura lo que el caso o la necesidad, con el límite de la normativa laboral. Contrataciones y prórrogas van con cargo al capítulo I y requieren autorización de la Consejería competente en materia de administración pública, emitida en un mes, previo informe favorable de Hacienda. Esa Consejería da cuenta de ellas a petición de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Artículo 15. Nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas o para la ejecución de programas de carácter temporal

Cabe nombrar personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas, por un máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho y con cargo al Capítulo I, y para ejecutar los programas de carácter temporal que el artículo señala, con cargo a la aplicación que financie el programa. En ambos casos autoriza la Consejería competente en materia de administración pública en un mes, el personal no ocupa plazas de la relación de puestos de trabajo y sus retribuciones equivalen a las de un puesto base, con factor de responsabilidad.

Artículo 16. Retribuciones de los altos cargos

En 2026, las retribuciones del personal alto cargo y asimilado de la Junta de Andalucía, de sus agencias, instituciones, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, consorcios y demás entidades del sector público andaluz se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II bis de la Ley 3/2005, de 8 de abril.

Artículo 17. Retribuciones del personal funcionario

Sueldo y trienios se fijan referidos a doce mensualidades. Las pagas extraordinarias son dos al año. El complemento específico no se incrementa respecto de 31 de diciembre de 2025 y se percibe en doce pagas iguales. El complemento de productividad lo concede la persona titular de la Consejería u órgano con créditos globales asignados, según criterios aprobados por el Consejo de Gobierno, y no origina derechos individuales para periodos sucesivos. La jornada reducida en los seis meses anteriores a junio o diciembre reduce proporcionalmente la paga extraordinaria.

Artículo 18. Retribuciones del personal laboral

Desde el 1 de enero de 2026 la masa salarial del personal laboral no crece respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2025. La integran las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2025, salvo prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, cotizaciones del empleador, indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos, suplidos y retribuciones del personal directivo. El personal laboral común fuera de convenio no puede superar la retribución de la alta dirección, salvo circunstancias especiales de interés público en sectores prioritarios, con informe favorable.

Artículo 19. Retribuciones del personal eventual

Con efectos de 1 de enero de 2026, las retribuciones del personal eventual de los artículos 8 y 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y del artículo 73 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, no se incrementan respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio del artículo 12.2 de la ley. Al personal eventual se le aplica el artículo 17.4 y 5 en relación con el complemento específico y con el complemento de productividad, respectivamente.

Artículo 20. Retribuciones del personal del Servicio Andaluz de Salud

En 2026 el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud percibe las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías del artículo 17.1, 2 y 3, y la cuantía anual del complemento de destino se satisface en catorce mensualidades. Los complementos específicos y de atención continuada no se incrementan respecto de 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de los incrementos que pudieran autorizarse; tampoco las restantes retribuciones complementarias ni las del restante personal. La productividad se percibe según las dotaciones presupuestarias que se prevean anualmente.

Artículo 21. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Durante 2026 el personal funcionario de carrera e interino de la Administración de Justicia del ámbito de la Comunidad Autónoma (Médicos Forenses, Secretarios de Justicia de Paz, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial) percibe las retribuciones básicas y complementarias de la normativa estatal de aplicación. La cuantía del complemento específico se fija a través de las relaciones de puestos de trabajo. La Consejería competente en materia de justicia fija la distribución del complemento de productividad y de las gratificaciones.

Artículo 22. Autorización de los costes de personal de las universidades de titularidad pública, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Se autorizan los costes de personal de las universidades públicas andaluzas por los importes que fija el artículo. Antes de negociar convenios o acuerdos que puedan afectar al Presupuesto, el órgano competente en materia de universidades solicita informe favorable de la Consejería de Hacienda, que se emite en quince días. La firma exige informe previo favorable de Hacienda. Excepcionalmente, para nuevas necesidades financiadas con recursos ajenos al Presupuesto, Hacienda puede autorizar el aumento de costes, previo informe favorable de su Dirección General de Presupuestos.

Artículo 23. Otras disposiciones en materia de personal

El personal de la Junta y sus altos cargos cobran las indemnizaciones por razón del servicio según su normativa específica; el directivo asimilado a alto cargo o con funciones ejecutivas de máximo nivel, según las normas de los altos cargos. Salud y Educación pueden fijar a interinos y sustitutos horarios inferiores a los generales, con reducción proporcional de retribuciones básicas y complementarias. Las retribuciones se entienden siempre íntegras. Los atrasos los abona el organismo o centro al que esté adscrito el puesto en el momento del abono.

Artículo 24. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás condiciones de trabajo

Determinar o modificar retribuciones y condiciones de trabajo exige informes previos favorables: de Hacienda para funcionarios y laborales del VI Convenio; de administración pública y Hacienda para docentes, estatutarios sanitarios, Justicia y resto; de sector público instrumental y Hacienda para laborales fuera del VI Convenio. Plazo máximo: quince días si es el inicio de una negociación y un mes en los demás supuestos, desde la recepción del expediente completo; sin informe en plazo, es desfavorable. Lo acordado contra informe o sin pedirlo es nulo de pleno derecho.

Artículo 25. Personal directivo de las entidades del sector público andaluz

Es personal directivo el que ocupa puestos determinados como tales en los Estatutos; si la ley de creación no prevé Estatutos, lo determina el órgano colegiado de gobierno a propuesta de la Dirección General. Su contratación se ajusta al modelo aprobado y requiere autorización previa del titular de la Consejería de adscripción e informe favorable de sector público instrumental (un mes; sin informe, desfavorable). Sus retribuciones tienen el límite que fije el Consejo de Gobierno. La indemnización completa exige no volver a vincularse como directivo en seis meses; se prorratea entre 182 días.

Artículo 26. De la plantilla presupuestaria

La plantilla presupuestaria es el conjunto de puestos dotados en el presupuesto, representada en el anexo de personal de la Ley del Presupuesto. En 2026 contempla solo las vacantes imprescindibles. Su coste no puede exceder de los créditos para retribuciones del capítulo I de cada Consejería, agencia y consorcio; en sociedades mercantiles y fundaciones, de la partida de gastos de personal de sus PAIF. Con carácter general la modifican los titulares de las Consejerías, mediante dotaciones y desdotaciones. El Consejo de Gobierno, a propuesta de Hacienda, puede modificarla o ampliarla.

Artículo 27. Autorización de gastos de carácter plurianual

En 2026, como excepción al artículo 40.4.b) del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, los gastos corrientes en bienes y servicios instrumentados mediante contratos, convenios y encargos a medios propios, cuando no puedan estipularse o resulten antieconómicos por un año, no pueden superar, sobre el crédito del ejercicio corriente, estos porcentajes: 60% en el ejercicio inmediatamente siguiente, 50% en el segundo, 40% en el tercero y 30% en el cuarto, en el quinto y en el sexto.

Artículo 28. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos

Hace falta acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar, antes de su aprobación, los actos o negocios que conlleven gastos de Consejerías, agencias y consorcios adscritos de importe global igual o superior a 8.000.000 euros, con exclusiones (secciones 32 y 35, transferencias de financiación, subvenciones nominativas y de imposición legal, entre otras). También para contratos pagados por arrendamiento financiero o con opción de compra de más de cuatro años desde la adjudicación. En materia contractual, el acuerdo debe concurrir antes de aprobar el expediente de contratación.

Artículo 29. Normas en materia de subvenciones y ayudas

Como excepción a la regla general, puede abonarse hasta el 100% de las subvenciones que se justifican después del cobro cuando se conceden a entidades sin ánimo de lucro con programas sociales (drogas y adicciones, exclusión social, infancia, discapacidad, mayores, violencia de género, cooperación al desarrollo, entre otros), a las corporaciones locales o cuando lo determine el Consejo de Gobierno a propuesta del titular del órgano concedente. En 2026 los órganos concedentes pueden dejar sin efecto convocatorias no resueltas y suspender o no realizar las futuras.

Artículo 30. Normas especiales en materia de financiación de las universidades públicas andaluzas

La efectiva distribución de los créditos de los conceptos presupuestarios 441 y 741 del programa 4.2.J de los servicios autofinanciados de la sección 15.00 se establece mediante orden de la Consejería competente en materia de universidades. Quedan fuera los subconceptos consignados nominativamente y las clasificaciones económicas 441.25, 441.26 (Movilidad Erasmus), 441.27 (Competencias Lingüísticas), 441.28 y 441.49 (Compensación becas Ministerio).

Artículo 31. Complemento a la financiación de los conciertos educativos y justificación de las cantidades abonadas por la Administración a los centros docentes concertados

Los módulos de conciertos educativos se incrementan en las cantidades asignadas a otros gastos, con efectos del 1 de enero al 31 de diciembre. En los conciertos singulares de Bachillerato y ciclos formativos de grado superior, el alumnado paga como financiación complementaria 18,03 euros por estudiante y mes durante diez meses, sin que la financiación total por unidad supere el módulo económico. Concluido el curso, los centros justifican lo recibido dentro de los tres últimos meses del año en que finalice, con la certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.

Artículo 32. De los avales

En 2026 los avales de la Junta por operaciones de crédito a corporaciones locales e instituciones de especial interés no pueden exceder de 30.000.000 euros, ni concentrarse en una misma entidad garantías que superen el 10% de ese importe. Los autoriza el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de los titulares de Hacienda y de la Consejería competente por razón de la materia. Fuera de esos supuestos solo se prestan avales con cargo al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.

Artículo 33. Incumplimiento de obligaciones frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social por otras entidades

Si las universidades públicas andaluzas incumplen obligaciones asumidas en los convenios suscritos con la Junta de Andalucía respecto a deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Junta retendrá créditos en los pagos que tuviera que hacer a la universidad correspondiente, hasta tanto no se subsane la incidencia que le dio origen.

Artículo 34. Créditos afectados por tasas e ingresos finalistas

Con cargo a créditos de servicios cuyo gasto tenga correlación con tasas, cánones y precios públicos, o que deban financiarse con ingresos específicos y predeterminados, solo pueden gestionarse gastos en la medida en que vaya asegurándose su financiación; Hacienda determina los conceptos y el procedimiento de afectación. Este régimen no se aplica a las agencias y consorcios adscritos financiados en más de un 90% con tasas, cánones y precios públicos; para ellos, Hacienda, transcurrido el primer semestre, establecerá en su caso medidas que aseguren la financiación.

Artículo 35. Operaciones de endeudamiento financiero a largo plazo

Se autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta del titular de Hacienda, a emitir deuda pública amortizable o concertar operaciones de crédito, en el interior o en el exterior, con el límite de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2026 no supere el de 1 de enero de 2026 en más de 223.261.680 euros. El límite es efectivo al término del ejercicio, puede sobrepasarse en su curso y se revisa automáticamente en cuatro casos. La emisión o formalización puede hacerse íntegra o fraccionadamente en 2026 y ejercicios siguientes.

Artículo 36. De las operaciones de endeudamiento de las entidades cuya deuda consolida con el sector Administración Junta de Andalucía y la obligación de información

Las sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones no pertenecientes al sector público andaluz, y otras entidades con personalidad jurídica, necesitan autorización previa del titular de Hacienda para concertar operaciones de crédito cuando se clasifiquen en el subsector Administración Regional. Agencias de régimen especial y públicas empresariales, sociedades, consorcios y fundaciones del sector público andaluz, esas entidades y las universidades públicas remiten cada mes a la Dirección General de tesorería y deuda pública información sobre su endeudamiento.

Artículo 37. Operaciones financieras de activo

Durante 2026, y sin perjuicio de lo previsto para los avales en el artículo 32.4, las operaciones financieras de activo del artículo 2 de la Orden de 23 de septiembre de 2019 que tengan como destinatarias a las empresas solo pueden realizarse con cargo al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. Quedan excluidas las operaciones de adquisición de títulos representativos del capital social de empresas que no tengan la consideración de capital riesgo.

Artículo 38. Tasas

Para el año 2026, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía es el que resulta de aplicar el coeficiente 1,02 a la cuantía exigible para el año 2025. El artículo se refiere solo a las tasas de cuantía fija.

Artículo 39. Coeficiente corrector de tasas portuarias para el ejercicio 2026

Coeficientes correctores de tasas portuarias para 2026. T1 (buque), Garrucha: 1,10, para mercantes que carguen más de 25.000 toneladas en un máximo de 24 horas. T3 (mercancías): 0,80. T5 (embarcaciones deportivas y de recreo): Adra, Roquetas y Barbate 0,70; Punta Umbría, Ayamonte y Mazagón 0,80; El Terrón 0,90. Ocupación privativa y aprovechamiento especial de locales comerciales: Roquetas y Mazagón 0,70, Isla Cristina 0,60, Barbate 0,40. Ocupación privativa de rampas de varada en Punta Umbría: 0,20.

Artículo 40. Transferencias y delegaciones de competencias a las entidades locales

Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda y previo informe de la Consejería competente por razón de la materia y de la competente sobre régimen local, a realizar en el Presupuesto las adaptaciones técnicas precisas y las transferencias de créditos procedentes a favor de las entidades locales, cuando las partidas y cuantías se concreten en las leyes de transferencia o en los decretos de transferencia o delegación de competencias.

Artículo 41. Compensación de las deudas de las entidades locales a favor de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

Las deudas de las entidades locales a favor de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se compensan preferentemente con cargo a los créditos que esas entidades tengan reconocidos en el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 42. Información al Parlamento de Andalucía

El Consejo de Gobierno remite trimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social del Parlamento los gastos de inversiones reales y autorizaciones para contratar que le correspondan por cuantía, las modificaciones de plantillas presupuestarias y ciertos informes de actuación de la Intervención General. Hacienda remite, cada trimestre, datos de endeudamiento, operaciones financieras activas, anticipos a corporaciones locales e informes con subida retributiva. Las publicaciones, al Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo y a los grupos parlamentarios.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La orden dicta normas para elaborar el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2027 y regula su ámbito. Es norma técnica y necesaria para que el Gobierno andaluz presente al Parlamento el Proyecto de Ley. Contiene los criterios de presupuestación, la unidad y estructura de los estados presupuestarios y los procesos de elaboración y tramitación del anteproyecto, con sus plazos. Se aplica a la Administración de la Junta, sus instituciones, agencias y consorcios adscritos; también a sociedades mercantiles, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica.

Artículo 2. Criterios de presupuestación

El Presupuesto de 2027 se elabora en el marco del respeto a las reglas fiscales vigentes y la optimización en el uso de los recursos públicos. Su foco principal es financiar de forma eficiente y mejorar la red de servicios públicos, favoreciendo el bienestar de la ciudadanía, de acuerdo con las Estrategias y Planes aprobados. Las actuaciones de apoyo al sector productivo tendrán presente la simplificación administrativa, la reducción de cargas burocráticas y las prioridades de inversión, asegurando el aprovechamiento máximo de la financiación de la Unión Europea.

Artículo 3. Unidad de presupuestación

Artículo 4. Estructura presupuestaria

El Presupuesto integra los estados de gastos e ingresos y los beneficios fiscales. Ingresos: doble clasificación, orgánica (cinco subsectores) y económica; su partida tiene tres elementos: centro gestor (sección, servicio y órgano de gestión), posición presupuestaria y fondo. Gastos: triple clasificación, orgánica, funcional y económica; su partida tiene cuatro: centro gestor (sección, servicio y centro de gastos), posición presupuestaria (con el programa), fondo y proyecto presupuestario. De sociedades mercantiles, fundaciones y fondos se incluyen íntegramente los documentos a) a f).

Artículo 5. Proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto de Presupuesto y plazos

Los plazos se cuentan desde la apertura de GIRO y son por días naturales, salvo que se disponga otra cosa. Dotaciones de gastos y previsiones de ingresos se graban en el MEP en siete días desde su apertura; la información cualitativa, en el MIEP en los siete días siguientes al cierre de las previsiones en MEP. Los criterios de la envolvente de fondos europeos se comunican a la Dirección General de Presupuestos al menos diez días antes de la apertura. Comunicada la envolvente, el anteproyecto de gastos se formula en tres días hábiles. Al final se eleva por conducto de la Viceconsejería.

Artículo 6. Articulado del anteproyecto de Ley

La Viceconsejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos coordina la redacción del articulado del anteproyecto de Ley del Presupuesto. Las Consejerías le remiten las propuestas de normas de contenido presupuestario que consideren procedente incluir, acompañadas de una memoria explicativa y cuantificando, en su caso, su efecto sobre las cifras de ingresos o gastos. El plazo máximo de recepción lo comunica la Viceconsejería y las propuestas deben ajustarse al modelo de ficha del Anexo X.

Artículo 4

Funciones propias, con total independencia: fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público andaluz (en todo caso, subvenciones, créditos, avales u otras ayudas), fiscalizar el cumplimiento de objetivos de los programas, asesorar al Parlamento y fiscalizar especialmente los contratos administrativos; además, las que le delegue el Tribunal de Cuentas. La Consejería de Hacienda le traslada, para examen y toma de razón, los contratos de la Junta de importe inicial superior a 25.000.000 de pesetas; la documentación se acompaña en los tres meses siguientes a la adjudicación.

Artículo 8

La función fiscalizadora se ejerce, con sometimiento al ordenamiento jurídico, por cuatro procedimientos: a) examen y comprobación de la Cuenta General Anual de la Junta de Andalucía; b) examen y comprobación de las cuentas de las Corporaciones Locales; c) examen y comprobación de las cuentas de las Universidades Públicas, Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entidades del artículo 2.1; d) examen de las cuentas y documentos de las ayudas concedidas por el Sector Público a personas físicas o jurídicas, con comprobaciones, si fuera necesario, en la contabilidad de los beneficiarios.

Artículo 11

Presentación de cuentas a la Cámara: a) la General de la Junta, antes del 31 de octubre inmediato posterior al ejercicio; b) corporaciones locales, dentro del mes siguiente a su aprobación por los plenos y, en todo caso, antes del primero de noviembre inmediato posterior al ejercicio; c) universidades públicas, dentro del mes siguiente a su aprobación por los consejos sociales; d) organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades del artículo 2.1, en un mes desde su aprobación, si no deben rendirse consolidadas. La Cámara examina la Cuenta General en tres meses desde su presentación.

Artículo 12

El resultado de la fiscalización se expone en informes anuales o especiales: se elevan al Parlamento de Andalucía, se remiten al Tribunal de Cuentas y se publican en el BOJA. Si se refieren a la gestión de las Corporaciones Locales, se da traslado además a las propias Corporaciones, para que sus Plenos los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan. Si la Cámara advierte indicios de responsabilidad contable, lo traslada sin dilación al Tribunal de Cuentas; la instrucción de los procedimientos podrá efectuarla la Cámara conforme a la legislación de ese Tribunal.

Artículo 13

Antes de emitir cualquier informe definitivo, la Cámara de Cuentas comunica a los organismos controlados el resultado de su actuación. Esos organismos, en el plazo que se les fije en la comunicación, deben manifestarse sobre los reparos y recomendaciones recogidos en el informe provisional de la Cámara y sobre las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar.

Artículo 14

Los informes emitidos por los órganos de la Cámara tras las comunicaciones del artículo anterior ponen fin a cada actuación, una vez aprobados por su Pleno. Hacen constar: a) la observancia de la legalidad de la actividad económico-financiera del sector público y de los principios contables aplicables; b) el grado de cumplimiento de los objetivos y si la gestión se ha ajustado a los principios de economía y eficacia; c) la existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas irregulares; d) las medidas propuestas, en su caso, para mejorar la gestión de las Entidades fiscalizadas.

Artículo 15

El informe anual que la Cámara de Cuentas debe remitir al Parlamento de Andalucía, en el plazo que indica el artículo 11, contiene: el análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía; el análisis de la gestión económico-financiera de cuantas Entidades, Organismos u órganos sin personalidad jurídica hayan sido controlados en el ejercicio a que se refiera; y el de las medidas que, en su caso, hubiesen adoptado los órganos competentes.

Artículo 190. Ley del presupuesto

El Consejo de Gobierno elabora y ejecuta el presupuesto; el Parlamento lo examina, enmienda, aprueba y controla. Las proposiciones o enmiendas que aumenten créditos o reduzcan ingresos necesitan la conformidad del Consejo de Gobierno. Es único, anual, homogéneo con el Estado e incluye todos los ingresos y gastos de la Junta y sus entes. El proyecto se presenta al menos dos meses antes de que expire el corriente; si no está aprobado el primer día del ejercicio, se prorroga el anterior. La ley del presupuesto no crea tributos; los modifica si una ley tributaria sustantiva lo prevé.