Ley 47/2003, General Presupuestaria
Artículo 156. Omisión de fiscalización
En pocas palabras
Si la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente hasta subsanarlo. El órgano de la IGAE que lo conozca emite un informe, sin naturaleza de fiscalización, para la autoridad que inició las actuaciones, con al menos: infracciones, prestaciones realizadas, procedencia de revisar los actos y existencia de crédito. El titular del departamento, sin poder delegar, acuerda en su caso someter el asunto al Consejo de Ministros, cuyo acuerdo favorable no exime de responsabilidades.
Explicación sencilla
Regula qué pasa cuando se ha saltado la fiscalización preceptiva: bloquea obligación y pago, exige un informe de la Intervención y reserva al titular del departamento, sin delegación, la decisión de llevar el asunto al Consejo de Ministros.
Regla mnemotécnica
Omisión = bloqueo + informe (no es fiscalización) + Ministro sin delegar → Consejo de Ministros, que no borra responsabilidades.
Trampa típica de examen
Creer que el acuerdo favorable del Consejo de Ministros sana la omisión a todos los efectos: no exime de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Texto del artículo 156 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria
1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se subsane dicha omisión en los términos previstos en este artículo. 2. En dichos supuestos, será preceptiva la emisión de un informe por parte del órgano de la Intervención General de la Administración del Estado que tenga conocimiento de dicha omisión que se remitirá a la autoridad que hubiera iniciado las actuaciones. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo los siguientes extremos: a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que se hubieran puesto de manifiesto de haber sometido el expediente a fiscalización o intervención previa en el momento oportuno. b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto. c) La procedencia de la revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento. d) La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes. Los interventores delegados darán cuenta de su informe a la Intervención General de la Administración del Estado en el momento de su emisión. 3. Corresponderá al titular del departamento al que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación, acordar, en su caso, el sometimiento del asunto al Consejo de Ministros para que adopte la resolución procedente. 4. El acuerdo favorable del Consejo de Ministros no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.
En qué tema del programa entra
- Administrativo del Estado · Tema 34El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. La ordenación del pago: concepto y competencia. Realización del pago: modos y perceptores. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas.
- Gestión de la Administración Civil del Estado · Tema 54Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas.
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