Tema 54 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 136. El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se le rinden y son censuradas por él, y remite a las Cortes un informe anual comunicando, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades. Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces, y una ley orgánica regula su composición, organización y funciones.

Artículo 140. Del control de la gestión económico-financiera del sector público estatal

El control externo del sector público estatal corresponde al Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, en los términos de la Constitución, su ley orgánica y demás leyes. El control interno de la gestión económica y financiera lo ejerce la Intervención General de la Administración del Estado, con plena autonomía respecto de las autoridades y entidades cuya gestión controla.

Artículo 141. Control de subvenciones y ayudas

La Intervención General de la Administración del Estado controla a las entidades colaboradoras y a los beneficiarios de las subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal, y de las financiadas con fondos comunitarios, conforme a la Ley General de Subvenciones y a la normativa comunitaria.

Artículo 142. Objetivos del control

El control tiene cuatro objetivos: verificar el cumplimiento de la normativa, verificar el registro y contabilización de las operaciones y su reflejo en las cuentas, evaluar la buena gestión financiera (en especial la de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria) y verificar los objetivos de los centros gestores. Se realiza mediante la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. Para actuaciones automatizadas, puede adaptar los controles por resolución en el BOE, previa auditoría.

Artículo 143. Ámbito y ejercicio de control

La Intervención General de la Administración del Estado ejerce el control sobre todos los órganos y entidades del sector público estatal, a través de sus servicios centrales o de sus Intervenciones Delegadas. Si falta puesto específico, el Interventor General hace las designaciones funcionales precisas. En Defensa y en la Seguridad Social el control se ejerce a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social, dependientes funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 144. Principios de actuación y prerrogativas

La Intervención General ejerce el control según los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna. Sus funcionarios gozan de independencia funcional respecto de los titulares controlados y siguen la normativa y las instrucciones de la Intervención General. Las discrepancias en la función interventora se resuelven por procedimiento contradictorio (art. 155). Por convenio, con contraprestación económica, la Intervención General puede asumir actuaciones de mejora de la gestión ajenas al control.

Artículo 145. Deberes y facultades del personal controlador, deber de colaboración y asistencia jurídica

Los funcionarios de control guardan confidencialidad y secreto, y los datos obtenidos solo sirven para el control o para denunciar infracciones, responsabilidad contable o delito. Autoridades y personal del sector público deben colaborar, y cualquier persona debe facilitar datos con trascendencia para el control, previo requerimiento. Los servicios jurídicos del Estado asisten a los funcionarios citados judicialmente. La documentación de auditorías y control financiero se custodia cinco años desde el informe, ampliables si hay litigio.

Artículo 146. Informes generales de control

La Intervención General presenta cada año al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, un informe general con los resultados más significativos del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías, incluida la corrección de debilidades mediante planes de acción, y puede añadir otros controles. Una vez presentados, los informes generales se publican en la página web de la Intervención General. Puede además elevar al Consejo de Ministros informes cuyo conocimiento convenga anticipar.

Artículo 147. Control de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social

El Gobierno, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado y a iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social, aprueba las normas con que esta última controla las entidades del sistema de la Seguridad Social. Esas normas se basan en el título VI de la ley, que se aplica supletoriamente y, cuando proceda, directamente; sus referencias a órganos de la AGE se entienden hechas a los del Ministerio de Trabajo y a las entidades gestoras y servicios comunes.

Artículo 148. Definición

La función interventora controla, antes de su aprobación, los actos del sector público estatal que reconocen derechos o generan gastos, los ingresos y pagos derivados y la inversión o aplicación de sus fondos públicos, para que su gestión se ajuste a las normas. La fiscalización previa de los derechos e ingresos del Tesoro puede sustituirse reglamentariamente por las comprobaciones del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en la ordenación del pago y el pago material de devoluciones de ingresos indebidos.

Artículo 149. Ámbito de aplicación

La función interventora la ejercen la Intervención General de la Administración del Estado y sus interventores delegados sobre los actos de la AGE, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General, puede acordar motivadamente sustituirla por control financiero permanente en determinados tipos de expedientes, órganos u organismos, o en organismos autónomos cuya actividad lo justifique. Si participan varias Administraciones, se limita a las actuaciones de las citadas.

Artículo 150. Modalidades de ejercicio

La función interventora tiene dos modalidades: formal (verificar los requisitos legales del acuerdo examinando los documentos preceptivos del expediente) y material (comprobar la real y efectiva aplicación de los fondos). Comprende la fiscalización previa de actos que reconocen derechos, aprueban gastos, comprometen o mueven fondos; la intervención del reconocimiento de obligaciones y de la inversión; la formal de la ordenación del pago y la material del pago. El representante responde en proporción a sus medios, no de vicios ocultos.

Artículo 150 bis. Competencias

La distribución de competencias entre el Interventor General de la Administración del Estado y los interventores delegados se fija por vía reglamentaria. Las competencias del Interventor General en materia de función interventora pueden delegarse en los interventores delegados, y el Interventor General puede avocar para sí cualquier acto o expediente que considere oportuno.

Artículo 151. No sujeción a fiscalización previa

No se someten a fiscalización previa: los contratos menores y asimilados; los gastos periódicos y de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el periodo inicial; los gastos menores de 5.000 euros pagados por anticipo de caja fija; los de procesos electorales; las subvenciones nominativas; los contratos de acceso a bases de datos y suscripción a publicaciones no armonizados; y los gastos de emergencia (salvo la orden de pago a justificar). Tampoco los gastos menores de 5.000 euros con fondos a justificar por servicios en el extranjero.

Artículo 152. Fiscalización e intervención previa de requisitos básicos

El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General, puede limitar la fiscalización previa a requisitos básicos: crédito adecuado y suficiente (y el art. 47 en plurianuales o tramitación anticipada), órgano competente, competencia del órgano que dicta el acto, que las obligaciones correspondan a gastos fiscalizados, autorizaciones del Consejo de Ministros o del titular del departamento o Secretaría de Estado y otros extremos que fije el Consejo de Ministros. Se aplica el régimen general a los gastos que apruebe el Consejo de Ministros. Puede acordarse la validación automática.

Artículo 153. Fiscalización previa e Intervención de pagos a justificar y anticipos de caja fija

El artículo remite al reglamento la determinación de tres cosas: los requisitos que se verifican en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar; los de la constitución o modificación de los anticipos de caja fija y de sus reposiciones de fondos; y el procedimiento para intervenir sus cuentas justificativas.

Artículo 154. Reparos

Si la Intervención discrepa del contenido de los actos o del procedimiento, formula reparo por escrito con cita de los preceptos legales; el reparo suspende la tramitación hasta que se subsane o, si no se acepta, se resuelva la discrepancia. En el régimen general caben cinco casos de reparo. Si los defectos son no esenciales puede emitir informe favorable condicionado a subsanar antes de aprobar el expediente; si no se subsana, se tiene por formulado el reparo. En el régimen especial de requisitos básicos solo hay reparo si falta un extremo del artículo 152.1.

Artículo 155. Discrepancias

Si el órgano gestor no acepta el reparo, plantea discrepancia motivada por escrito ante la IGAE, por conducto de la Subsecretaría en los ministerios y de presidentes o directores en organismos y entidades. Reparo de una intervención delegada: resuelve la IGAE, y su resolución es obligatoria. En Defensa y en entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social conocen la Intervención General de la Defensa o la de la Seguridad Social; si estas formulan o confirman el reparo, resuelve la IGAE. Si el reparo es de la IGAE o lo confirma, resuelve definitivamente el Consejo de Ministros.

Artículo 156. Omisión de fiscalización

Si la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente hasta subsanarlo. El órgano de la IGAE que lo conozca emite un informe, sin naturaleza de fiscalización, para la autoridad que inició las actuaciones, con al menos: infracciones, prestaciones realizadas, procedencia de revisar los actos y existencia de crédito. El titular del departamento, sin poder delegar, acuerda en su caso someter el asunto al Consejo de Ministros, cuyo acuerdo favorable no exime de responsabilidades.

Artículo 157. Definición

El control financiero permanente se ejerce en los órganos y entidades del artículo siguiente. Consiste en verificar de forma continua, a través de la intervención delegada correspondiente, la situación y el funcionamiento económico-financiero de las entidades del sector público estatal, para comprobar que cumplen la normativa y directrices que les rigen, que su gestión se ajusta a la buena gestión financiera y, en particular, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero.

Artículo 158. Ámbito de aplicación

El control financiero permanente se ejerce sobre la AGE, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes (salvo que su ley disponga otra cosa), entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados cuando estén en los supuestos del artículo 100 LGSS, y entes del artículo 2.2.i) salvo norma específica. El Consejo de Ministros, a propuesta de Hacienda y a iniciativa de la IGAE, puede sustituirlo por auditoría pública en ciertas entidades públicas empresariales y entes del 2.2.i).

Artículo 159. Contenido del control financiero permanente

El control financiero permanente incluye: verificar la normativa en lo que no alcanza la función interventora; seguir la ejecución presupuestaria y los objetivos; informar la distribución de resultados; comprobar la tesorería; otras actuaciones de las intervenciones delegadas; analizar operaciones y procedimientos; y, en ministerios y entidades de la Seguridad Social, verificar la información contable con técnicas de auditoría. Se documenta en informes, con uno anual, y se programa en el plan anual de control financiero permanente de la IGAE, modificable si hay causa que lo justifique.

Artículo 160. Informes de control financiero permanente

Los informes referidos en el párrafo e) del artículo 159.1 siguen, en elaboración, contenido y destinatarios, sus propias normas reguladoras. Los demás informes se rigen por las normas que apruebe la IGAE, que fijan su periodicidad, contenido, destinatarios y procedimiento de elaboración.

Artículo 161. Planes de acción y seguimiento de medidas correctoras

Cada ministerio elabora un Plan de Acción para corregir las deficiencias relevantes de los informes de control financiero permanente de la IGAE, propias y de sus entes adscritos, dependientes o tutelados. Lo remite a la IGAE en 3 meses desde que su titular recibe los informes y sigue su ejecución. La IGAE lo valora; si no lo ve adecuado, el ministro tiene un mes para modificarlo. Si no lo hace y las deficiencias son graves, o si no se remite el Plan, la IGAE lo eleva al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, para su toma de razón.

Artículo 162. Definición

La auditoría pública es la verificación posterior y sistemática de la actividad económico-financiera del sector público estatal. Se hace aplicando los procedimientos de revisión selectivos que contienen las normas de auditoría y las instrucciones que dicte la IGAE.

Artículo 163. Ámbito

La auditoría pública se ejerce, según lo previsto en el plan anual de auditorías del artículo 165, sobre todos los órganos y entidades del sector público estatal. Ello sin perjuicio de la función interventora, del control financiero permanente y de la auditoría privada de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, que la legislación mercantil impone a las sociedades mercantiles estatales.

Artículo 164. Formas de ejercicio

La auditoría pública tiene tres modalidades: de regularidad contable (revisa la información y documentación contable para comprobar su adecuación a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria); de cumplimiento (verifica que actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se ajustan a sus normas); y operativa (examen sistemático y objetivo de operaciones y procedimientos para valorar su racionalidad económico-financiera y su adecuación a la buena gestión, detectar deficiencias y recomendar correcciones). La IGAE puede combinar los tres objetivos.

Artículo 165. Plan anual de auditorías

La IGAE elabora cada año un plan de auditorías con las actuaciones del ejercicio: las que realiza directamente y las que se ejecutan a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social. El plan incluye también las actuaciones sobre ayudas y subvenciones públicas. La IGAE puede modificar las auditorías previstas cuando existan circunstancias que lo justifiquen.

Artículo 166. Informes de auditoría

Cada auditoría termina en un informe escrito según normas de la IGAE. Se remite siempre al titular de la entidad controlada, al Ministro de Hacienda y al del departamento de dependencia o adscripción; los presidentes de entes con consejo de administración o comité de auditoría deben remitírselos. Los de mutuas, a su titular y al órgano de dirección y tutela. Rigen los planes de acción del artículo 161. Los de cuentas anuales se rinden al Tribunal de Cuentas con las cuentas, y la IGAE envía cada año al Consejo de Ministros un informe resumen con las salvedades.

Artículo 167. Definición

La auditoría de las cuentas anuales es una modalidad de la de regularidad contable: verifica si las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultados y, en su caso, ejecución del presupuesto. En entidades con el Plan General de Contabilidad de la empresa revisa además que concuerde la información del informe del artículo 129.3. En fundaciones verifica, si lo determina el plan anual de auditorías, los fines fundacionales y principios de personal, contratación y ayudas, y siempre la ejecución de los presupuestos de explotación y capital. La IGAE puede ampliarla.

Artículo 168. Ámbito de la auditoría de cuentas anuales

La IGAE audita cada año las cuentas de organismos autónomos, agencias, entidades públicas empresariales, autoridades independientes, entes del 2.2.i), universidades no transferidas y mutuas. También de las fundaciones que reúnan al cierre dos de tres circunstancias: activo superior a 11.400.000 euros, ingresos superiores a 22.800.000 euros o más de 250 trabajadores de media; el cambio solo surte efecto si se repite dos ejercicios. El resto de fundaciones y las sociedades no obligadas, si están en el plan anual; los consorcios obligados y los fondos sin personalidad, salvo norma específica.

Artículo 169. Auditoría de cumplimiento

La IGAE realiza la auditoría de cumplimiento de los órganos y entidades del sector público estatal incluidos en el Plan anual de Auditorías. Comprende la verificación selectiva de la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, y de cualquier otro aspecto de la actividad económico-financiera de las entidades auditadas.

Artículo 170. Auditoría operativa

La IGAE realiza la auditoría operativa de los órganos y entidades incluidos en el Plan Anual de Auditorías, con el alcance que este fije, en tres modalidades: de programas presupuestarios (objetivos, seguimiento, fiabilidad de balances de resultados e informes de gestión y evaluación de resultados); de sistemas y procedimientos (estudio exhaustivo de un procedimiento de gestión financiera para detectar deficiencias u obsolescencia y proponer correcciones o su sustitución); y de economía, eficacia y eficiencia (valoración independiente del uso de los recursos públicos).

Artículo 171. Auditoría de contratos-programas y de seguimiento de planes de equilibrio financiero

Cuando, por contratos-programa u otros convenios con las entidades del artículo 68, las aportaciones del Estado dependan en su importe del cumplimiento de objetivos, de magnitudes financieras o de hipótesis macroeconómicas, la IGAE audita si la propuesta de liquidación formulada por el órgano previsto en el convenio se ajusta a esas condiciones. El Plan anual de Auditorías contemplará especialmente el control financiero de las entidades sometidas al Plan de Saneamiento del artículo 18 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria.

Artículo 172. Auditoría de los Planes iniciales de actuación

La IGAE revisa el cumplimiento de las previsiones de los planes iniciales de actuación de los organismos públicos (artículos 61 y 62 de la Ley 6/1997) para informar sobre si sus objetivos se ajustan a la realidad y si siguen existiendo las circunstancias que motivaron su creación. Con el mismo objetivo revisa las memorias de las fundaciones del sector público estatal (artículo 45.2 y 3 de la Ley 50/2002) y la de las sociedades mercantiles estatales de la disposición adicional duodécima.

Artículo 173. Auditoría de la cuenta de los tributos estatales

La cuenta de los tributos estatales y de los recursos de otras administraciones y entes públicos que gestiona la Agencia Estatal de Administración Tributaria se audita cada año, siguiendo el procedimiento que establezca al efecto la IGAE.

Artículo 174. Auditoría de las empresas colaboradoras de la Seguridad Social

La auditoría pública de las empresas colaboradoras la ejerce la Intervención General de la Seguridad Social, y se refiere a la gestión de la acción protectora a la que alude el artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 175. Auditoría de privatizaciones

La IGAE audita las operaciones de transmisión de sociedades mercantiles estatales, participaciones, acciones o unidades o ramas de negocio cuando representen una participación significativa en el patrimonio de la sociedad y, en todo caso, cuando supongan perder el control político sobre ellas. La auditoría recae sobre la cuenta del resultado económico y contable y la memoria explicativa que deben emitirse en cada operación de enajenación.

Artículo 1

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción. También fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes. Es único en su orden, su jurisdicción alcanza todo el territorio nacional (sin perjuicio de los órganos fiscalizadores autonómicos que prevean los Estatutos) y depende directamente de las Cortes Generales.

Artículo 2

El Tribunal de Cuentas tiene dos funciones propias: a) la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público; y b) el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Artículo 3

El Tribunal de Cuentas es competente para su gobierno y régimen interior y para su personal, y puede dictar reglamentos sobre su funcionamiento y organización y sobre el estatuto de su personal y servicios. También puede dictar reglamentos de desarrollo de su Ley de Funcionamiento con regulaciones secundarias y auxiliares sobre el Estatuto de su personal. Los Reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.

Artículo 4

Integran el sector público: la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los Organismos autónomos y las Sociedades estatales y demás Empresas públicas. El Tribunal fiscaliza además las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público que perciban personas físicas o jurídicas, y la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes, según las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007.

Artículo 5

Artículo 6

El Tribunal de Cuentas elabora su propio presupuesto. Ese presupuesto se integra en los Presupuestos Generales del Estado como una sección independiente y lo aprueban las Cortes Generales.

Artículo 7

Toda persona física o jurídica, pública o privada, debe suministrar al Tribunal los datos e informes que pida; la petición se hace por conducto del Ministerio, Comunidad Autónoma o Corporación Local. El incumplimiento puede acarrear multas coercitivas, y si se trata de justificantes de inversiones o gastos públicos no aportados en plazo se inicia de oficio expediente de reintegro. Las entidades de crédito colaboran; en cuentas de afiliación nunca se identifica a afiliados, y en las de otras aportaciones se identifica al aportante si lo acumulado en un año natural excede de 3.000 euros.

Artículo 8

Los conflictos sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas los resuelve el Tribunal Constitucional. Los requerimientos de inhibición que se hagan al Tribunal de Cuentas no suspenden el procedimiento respectivo, que sigue su curso aunque se formulen.

Artículo 9

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas consiste en someter la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. El Tribunal la ejerce en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.

Artículo 10

Por delegación de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas examina y comprueba la Cuenta General del Estado en el plazo de seis meses desde la fecha en que se haya rendido. Después, el Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva, que eleva a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.

Artículo 11

El Tribunal de Cuentas fiscaliza en particular: a) los contratos de la Administración del Estado y demás Entidades del sector público, cuando así esté establecido o el Tribunal lo considere conveniente; b) la situación y variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público; y c) los créditos extraordinarios y suplementarios y las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.

Artículo 12

El resultado de la fiscalización se expone en informes o memorias, ordinarias o extraordinarias, y en mociones o notas, que se elevan a las Cortes Generales y se publican en el BOE. Si afecta a Comunidades Autónomas o a sus entidades dependientes, el Informe se remite también a la Asamblea Legislativa de la Comunidad y se publica en su Boletín Oficial. El Tribunal hace constar las infracciones, abusos o prácticas irregulares observadas, con la responsabilidad en que a su juicio se haya incurrido y las medidas para exigirla.

Artículo 13

El Informe o Memoria anual del Tribunal a las Cortes Generales (art. 136.2 CE) analiza la Cuenta General del Estado y las demás del sector público y la gestión económica, entre otros extremos: observancia de la Constitución y normas de ingresos y gastos; ejecución de los Presupuestos; racionalidad del gasto con criterios de eficiencia y economía; programas de Sociedades estatales y Empresas públicas y empleo de subvenciones. Idéntico informe va cada año a las Asambleas autonómicas, e incluye una Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del ejercicio.

Artículo 14

El Tribunal de Cuentas propone, en su caso, las medidas para mejorar la gestión económico-financiera del sector público; no las adopta él. Si esas medidas afectan a la gestión de una Comunidad Autónoma o de entidades del sector público dependientes de ella, es la Asamblea Legislativa correspondiente, en el ámbito de su competencia, la que entiende de la propuesta y dicta, en su caso, las disposiciones necesarias para aplicarla.

Artículo 15

El enjuiciamiento contable es jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas y se ejerce sobre las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Se extiende también a los alcances de caudales o efectos públicos y a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.

Artículo 16

Quedan fuera de la jurisdicción contable: a) los asuntos atribuidos al Tribunal Constitucional; b) las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa; c) los hechos constitutivos de delito o falta; d) las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas a los órganos del Poder Judicial.

Artículo 17

La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena. Alcanza, solo a efectos de su función, a las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que sean elemento previo necesario para declarar la responsabilidad contable y estén directamente relacionadas con ella. Lo que decida sobre ellas no produce efectos fuera de la jurisdicción contable.

Artículo 18

Sobre unos mismos hechos, la jurisdicción contable es compatible con la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal. Si los hechos son constitutivos de delito, la responsabilidad civil la determina la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.

Artículo 19

El Tribunal de Cuentas tiene ocho órganos: el Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General.

Artículo 20

Corresponde al Presidente: representar al Tribunal; convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno y decidir con voto de calidad los empates; ejercer la jefatura superior del personal y las funciones de su nombramiento, contratación, gobierno y administración; disponer los gastos propios y la contratación de obras, bienes, servicios, suministros y demás prestaciones; las demás que le reconozca la Ley, y resolver las cuestiones gubernativas no asignadas a otros órganos.

Artículo 21

El Pleno lo integran doce Consejeros de Cuentas (uno de ellos, el Presidente) y el Fiscal. Para su válida constitución se exige un cuórum de dos tercios de sus componentes y los acuerdos se adoptan por mayoría de asistentes. Le corresponde ejercer la función fiscalizadora, plantear los conflictos de competencias o atribuciones del Tribunal, conocer de los recursos de alzada contra resoluciones administrativas de sus órganos, aprobar y modificar los Reglamentos y lo que determine la Ley de Funcionamiento.

Artículo 22

La Comisión de Gobierno la forman el Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección. Le corresponde establecer el régimen de trabajo del personal, ejercer la potestad disciplinaria en caso de faltas muy graves del personal al servicio del Tribunal, distribuir los asuntos entre las Secciones, nombrar a los Delegados instructores y las demás facultades que le atribuya la Ley de Funcionamiento.

Artículo 23

La Sección de Fiscalización verifica la contabilidad de las Entidades del sector público y examina y comprueba las cuentas sometidas a fiscalización del Tribunal. Se organiza en departamentos sectoriales y territoriales, cada uno con un Consejero de Cuentas al frente; su estructura interna la determina la Ley de Funcionamiento. El Fiscal del Tribunal designa a los Abogados Fiscales adscritos al Departamento.

Artículo 24

La Sección de Enjuiciamiento se organiza en Salas formadas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, asistidas por uno o más Secretarios. Las Salas conocen de las apelaciones contra las resoluciones de primera instancia de los Consejeros de Cuentas en juicios de cuentas, procedimientos de reintegro por alcance y expedientes de cancelación de fianzas, y, en instancia o por recurso, de lo que determine la Ley de Funcionamiento.

Artículo 25

Los Consejeros de Cuentas resuelven, en primera o única instancia y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal, tres clases de asuntos: los juicios de las cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas.

Artículo 26

La instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance corresponde a los Delegados Instructores. Se nombran entre funcionarios públicos que presten servicio en la provincia donde ocurrieron los actos que puedan constituir alcance o entre funcionarios del propio Tribunal, y el cargo es de obligada aceptación. Donde los Estatutos de Autonomía hayan creado órganos propios de fiscalización, el Tribunal podrá delegar en ellos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales de responsabilidad contable.

Artículo 27

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas depende funcionalmente del Fiscal General del Estado, no del propio Tribunal, y está integrada por dos clases de miembros: el Fiscal y los Abogados Fiscales.

Artículo 28

La Secretaría General del Tribunal de Cuentas desempeña las funciones necesarias para el adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del Presidente, del Pleno y de la Comisión de Gobierno, en todo lo relativo al régimen interior del Tribunal.

Artículo 29

El Presidente del Tribunal de Cuentas se elige de entre sus miembros. Lo nombra el Rey, a propuesta del propio Tribunal en Pleno, y su mandato es de tres años.

Artículo 30

Los Consejeros de Cuentas los designan las Cortes Generales: seis el Congreso y seis el Senado, por mayoría de tres quintos de cada Cámara y para nueve años. Se eligen entre Censores del Tribunal, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios de Cuerpos con titulación superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Cada sexo debe suponer al menos el 40 % de los designados por cada Cámara. Son independientes e inamovibles.

Artículo 31

Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento los designa el Tribunal, a propuesta del Pleno, y han de elegirse entre los Consejeros de Cuentas.

Artículo 32

El Fiscal del Tribunal de Cuentas ha de pertenecer a la Carrera Fiscal. Lo nombra el Gobierno, y la forma de ese nombramiento es la que determine el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 33

Los miembros del Tribunal tienen las causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones de los Jueces en la LOPJ. El Senador o Diputado nombrado renuncia al escaño antes de tomar posesión. No pueden ser Consejeros quienes en los dos años anteriores hayan sido: gestores, inspectores o interventores de ingresos y gastos públicos; directivos o consejeros de organismos autónomos y sociedades públicas; particulares que excepcionalmente manejen fondos públicos; perceptores de subvenciones públicas; o cuentadantes. Tampoco pueden ser comisionados para las funciones del artículo 7.4.

Artículo 34

Cuando un miembro del Tribunal de Cuentas procede de una Carrera o Cuerpo, su nombramiento implica que se le declare en excedencia especial o situación equivalente en esa Carrera o Cuerpo de procedencia.

Artículo 35

La responsabilidad civil o criminal de los miembros del Tribunal de Cuentas por actos en el ejercicio de sus funciones se exige ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. La disciplinaria del Presidente y de los Consejeros se deduce según la Ley de funcionamiento del Tribunal, y la del Fiscal, según el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 36

El Presidente y los Consejeros de Cuentas solo pueden ser removidos por cinco causas: agotamiento del mandato, renuncia aceptada por las Cortes Generales, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo.

Artículo 37

El personal del Tribunal de Cuentas lo forman funcionarios con titulación adecuada, sujetos al régimen general de la Función Pública y a sus incompatibilidades, sin perjuicio de normas especiales. Su función es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo, con el ejercicio profesional y con actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso consultivas o de asesoramiento, si perjudican su imparcialidad o independencia o guardan relación con entidades no integradas en el sector público que usen fondos públicos fiscalizables o enjuiciables por el Tribunal.

Artículo 38

Quien, por acción u omisión contraria a la Ley, menoscabe caudales o efectos públicos debe indemnizar los daños y perjuicios. La responsabilidad puede ser directa o subsidiaria. La directa es siempre solidaria y abarca todos los perjuicios; la subsidiaria se limita a los perjuicios que sean consecuencia de los actos del responsable y puede moderarse de forma prudencial y equitativa. Ambas pasan a los causahabientes que acepten la herencia, expresa o tácitamente, pero solo hasta el importe líquido de esta.

Artículo 39

Quedan exentos de responsabilidad: quienes actúen por obediencia debida, siempre que hayan advertido por escrito la imprudencia o ilegalidad de la orden con sus razones; quienes se retrasen en rendir, justificar o examinar cuentas o en solventar reparos por incumplimiento de otros, si lo hicieron constar por escrito; y quienes cometieron actos amnistiados en los términos que establezca la ley.

Artículo 40

No se exige responsabilidad subsidiaria si se prueba que el presunto responsable no pudo cumplir sus obligaciones con los medios personales y materiales de que disponía cuando ocurrieron los hechos. Si no había imposibilidad material, pero el esfuerzo exigible al funcionario era desproporcionado respecto de la naturaleza de su cargo, la responsabilidad puede atenuarse conforme al artículo 38.

Artículo 41

Cuando las responsabilidades del artículo 38 se exijan en vía administrativa con arreglo a normas específicas, la autoridad que acuerde incoar el expediente debe comunicarlo al Tribunal de Cuentas, que puede recabar en cualquier momento el conocimiento del asunto. Las resoluciones de la Administración que declaren responsabilidades contables son recurribles ante el Tribunal de Cuentas y las resuelve la Sala correspondiente.

Artículo 42

Es responsable directo quien ejecute, fuerce o induzca a ejecutar, coopere o participe después para ocultar los hechos o impedir su persecución. Quien deba rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas y no lo haga en plazo, o con graves defectos, o no solvente sus reparos es requerido conminatoriamente. Desatendido en el plazo improrrogable, el Tribunal puede formar de oficio la cuenta a costa del moroso (si puede hacerlo sin él), imponer multas coercitivas o proponer su suspensión, destitución, cese o separación. Cabe pasar el tanto de culpa al Fiscal general del Estado por desobediencia.

Artículo 43

Son responsables subsidiarios quienes, por negligencia o demora en cumplir obligaciones que las Leyes o Reglamentos les atribuyen de modo expreso, hayan dado ocasión, directa o indirectamente, a que se menoscaben los caudales públicos o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial de las responsabilidades directas. La responsabilidad subsidiaria solo se exige cuando no hayan podido hacerse efectivas las directas.

Artículo 44

El Tribunal de Cuentas debe ajustar su actuación a los procedimientos que establezca su Ley de Funcionamiento, y hacerlo de acuerdo con lo previsto en la propia Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. El artículo no fija por sí mismo ningún trámite: remite la regulación de los procedimientos a esa otra ley.

Artículo 45

Los procedimientos de la función fiscalizadora se impulsan de oficio en todos sus trámites. La iniciativa corresponde al propio Tribunal de Cuentas, a las Cortes Generales y, en su ámbito, a las Asambleas Legislativas u otros órganos representativos análogos que se constituyan en las Comunidades Autónomas.

Artículo 46

El órgano del Tribunal de Cuentas competente para conocer de un asunto lo es también para todas sus incidencias y para ejecutar las resoluciones que dicte. La competencia de los órganos de la jurisdicción contable no es prorrogable y los propios órganos pueden apreciarla incluso de oficio, previa audiencia de las partes.

Artículo 47

Pueden actuar ante la jurisdicción contable quienes tengan interés directo en el asunto o sean titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. Las Administraciones públicas pueden ejercer toda clase de pretensiones ante el Tribunal sin declarar antes lesivos los actos que impugnen. La acción para exigir responsabilidad contable es pública en cualquier procedimiento jurisdiccional del Tribunal y nunca se exige fianza o caución, sin perjuicio de la responsabilidad criminal y civil de quien la ejerza indebidamente.

Artículo 48

Los funcionarios y el personal de las entidades del sector público legitimado para comparecer ante el Tribunal de Cuentas pueden hacerlo por sí mismos y asumir su propia defensa. La representación y defensa del Estado y de sus Organismos autónomos corresponde a los Abogados del Estado; la de Comunidades Autónomas, provincias y municipios, a sus propios Letrados, a los Abogados que designen o a los Abogados del Estado.

Artículo 49

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas pueden recurrirse en casación y revisión ante el Tribunal Supremo, en los casos y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Artículo 1

En el marco de la Ley Orgánica 2/1982, la Ley 7/1988 tiene cuatro objetos: a) el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las atribuciones de sus órganos y el estatuto de sus miembros; b) los procedimientos de fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público y de las subvenciones, créditos, avales y otras ayudas que conceda; c) los procedimientos de enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes manejan caudales o efectos públicos; d) el Estatuto del Personal del Tribunal.

Artículo 2

Además de las de la Ley Orgánica 2/1982, el Presidente del Tribunal fija el orden del día del Pleno y de la Comisión de Gobierno; convoca pruebas selectivas; nombra al personal; ejerce la potestad disciplinaria por faltas graves; declara situaciones y jubilaciones; comunica las vacantes de Consejeros; ejerce la superior inspección; designa Consejeros para las Salas por rotación; nombra al personal eventual y dispone los gastos. Puede delegar en el Secretario general sus competencias de personal y contratación que no requieran autorización del Pleno o de la Comisión de Gobierno.

Artículo 3

El Pleno, además de lo que le atribuye la Ley Orgánica 2/1982, aprueba el programa anual de fiscalizaciones y lo eleva a la Comisión Mixta; acuerda iniciar fiscalizaciones; aprueba Informes, Mociones o Notas y los eleva; aprueba el anteproyecto de presupuesto; fija la organización departamental y crea Salas; dicta directrices técnicas; resuelve alzadas; elige y remueve al Secretario general, Interventor y Gabinete Técnico; incoa expedientes a Consejeros y conoce la recusación que afecte a todos o la mayoría de los Consejeros de una Sala.

Artículo 4

El Pleno se reúne, convocado por el Presidente con al menos cuarenta y ocho horas de antelación y con orden del día, una vez al mes como mínimo (salvo vacaciones), cuando el Presidente lo convoque con causa justificada o lo pidan tres miembros. Quórum: dos tercios de sus componentes; acuerdos por mayoría de asistentes salvo mayoría cualificada. Sin convocatoria vale si están todos y lo acuerdan por unanimidad. Fuera del orden del día solo con todos presentes y urgencia declarada por mayoría.

Artículo 5

Las deliberaciones del Pleno son reservadas y obligan a guardar secreto. Los Consejeros y el fiscal pueden hacer constar en acta su voto contrario y sus motivos si los aportan en los dos días siguientes al acuerdo; esos votos particulares escritos y motivados se incorporan a las Memorias, Informes, Mociones o Notas que se remitan. El Secretario general actúa como Secretario del Pleno con voz y sin voto (salvo lo previsto para la elección del Presidente) y redacta las actas.

Artículo 6

La Comisión de Gobierno, además de lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, mantiene relaciones con las Cortes a través de la Comisión Mixta; propone al Pleno la elección y remoción del Secretario general, Interventor y Director y adjuntos del Gabinete Técnico; aprueba bases y programas de pruebas selectivas; prepara el orden del día del Pleno; propone las relaciones de puestos; adscribe funcionarios; propone la contratación de expertos; ejerce facultades residuales de personal y autoriza contratos de más de cinco millones de pesetas o gastos no ordinarios.

Artículo 7

A la Comisión de Gobierno se le aplican las reglas del Pleno en cuatro aspectos: convocatoria, constitución, deliberaciones y levantamiento de actas. Así, su funcionamiento no tiene un régimen propio en esos puntos, sino que sigue el previsto para el Pleno.

Artículo 8

La Sección de Fiscalización ejerce las funciones de la Ley Orgánica 2/1982, examina los procedimientos de sus Departamentos sectoriales y territoriales y propone al Pleno los Informes, Mociones, Notas o medidas para las Cortes. La integran su Presidente y los Consejeros al frente de los Departamentos. Los sectoriales siguen, en lo posible, las grandes áreas de actividad económico-financiera, aunque las Entidades financieras, Sociedades estatales y Empresas públicas pueden adscribirse a uno o varios. Los territoriales fiscalizan Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Artículo 9

Los Departamentos sectoriales y territoriales de la Sección de Fiscalización verifican la contabilidad, examinan y comprueban las cuentas sometidas a fiscalización y tramitan los procedimientos fiscalizadores. Lo hacen conforme al plan de fiscalización aprobado, al que se unen las demás iniciativas de fiscalización, y conforme a las directrices técnicas que haya podido establecer el Pleno.

Artículo 10

La estructura interna de cada Departamento de la Sección de Fiscalización se adapta a las necesidades que en cada momento fije el Pleno del Tribunal. Se organiza en las unidades técnicas precisas para racionalizar y especializar el trabajo, dotadas de personal técnico, administrativo y auxiliar, y esas unidades pueden dividirse en otras subdivisiones según las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 11

La Sección de Enjuiciamiento la integran su Presidente y los Consejeros que conocen de los procedimientos jurisdiccionales en primera instancia o en las Salas. Cada Sala se compone del Presidente de la Sección y dos Consejeros, con uno o más Secretarios designados según el artículo 6, f), y el personal de Secretaría necesario. Existe una unidad administrativa para tramitar y vigilar las actuaciones instructoras previas en los procedimientos de reintegro por alcance.

Artículo 12

Además de sus funciones jurisdiccionales, la Sección de Enjuiciamiento prepara la Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del ejercicio y la propone al Pleno; somete al Pleno las modificaciones de su estructura y la creación de nuevas Salas cuando el número de asuntos lo aconseje; y sienta los criterios de reparto de asuntos entre las Salas y entre sus Consejeros.

Artículo 13

Los Consejeros de Cuentas titulares de los Departamentos sectoriales y territoriales de la Sección de Fiscalización representan a su departamento ante los demás órganos del Tribunal; impulsan, dirigen, distribuyen, coordinan e inspeccionan el trabajo del Departamento; aprueban, rectifican o rechazan las propuestas de las unidades; y ejercen la potestad disciplinaria en los supuestos de faltas leves.

Artículo 14

Además de la competencia jurisdiccional del artículo 53, los Consejeros de Cuentas adscritos a la Sección de Enjuiciamiento ejercen la vigilancia e inspección de los procedimientos de su competencia y la potestad disciplinaria sobre el personal de la Sección en caso de faltas leves.

Artículo 15

En el ejercicio de la función jurisdiccional, los Consejeros del Tribunal de Cuentas deben abstenerse cuando concurra justa causa y, si no lo hacen, pueden ser recusados. Las causas son las de las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil, y el incidente de recusación se tramita según esas Leyes, con las especialidades de esta Ley sobre el órgano que lo conoce y falla.

Artículo 16

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeta siempre a legalidad e imparcialidad, según su legislación orgánica. En especial: dictamina por escrito las Cuentas Generales y las Memorias, Mociones y Notas; es oída en las fiscalizaciones antes de su aprobación definitiva y puede pedir diligencias; conoce todos los procedimientos fiscalizadores y jurisdiccionales; y ejercita la acción de responsabilidad contable en juicios de cuentas y reintegros por alcance.

Artículo 17

La Secretaría General ejerce las funciones de la Ley Orgánica 2/1982 y la gestión, tramitación, documentación y registro de los asuntos del Presidente, el Pleno y la Comisión de Gobierno. El Secretario General se elige entre los funcionarios de los apartados a), b) y c) del artículo 89.2. Se organiza en unidades para expedientes y asuntos generales, gubernativos y de personal, económicos y presupuestarios, inspección de servicios, compras, informática, Registro General, Archivo y Biblioteca.

Artículo 18

Artículo 19

Bajo la dependencia orgánica del Presidente existe un Gabinete Técnico de asesoramiento y apoyo al Presidente, a los órganos colegiados y a los Presidentes de Sección. Su Director y hasta tres adjuntos los elige y remueve libremente el Pleno entre juristas o economistas. Su estructura, personal y medios los decide el Pleno a propuesta de la Comisión de Gobierno, dentro del presupuesto. Si el Director y los adjuntos son funcionarios en activo, pasan a servicios especiales.

Artículo 20

El Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal de Cuentas, a cargo de un Letrado del Estado-Jefe y los Letrados que se determinen, ejerce las funciones de la Ley Orgánica 2/1982. Representa y defiende al Tribunal ante el Tribunal Constitucional y los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social, como para el Estado, pero las autorizaciones que precisaría del Gobierno las concede el Pleno. Emite informes en Derecho a petición del Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno y los Consejeros.

Artículo 27

La función fiscalizadora del Tribunal es externa, permanente y consultiva y verifica que la actividad económico-financiera del sector público se ajuste a legalidad, eficiencia y economía. Si fiscalizan órganos autonómicos, el Tribunal informa a las Cortes partiendo de sus actuaciones. Puede usar resultados de control interno y de esos órganos, y técnicas de auditoría. Las inspecciones de expertos las acuerda el Pleno, que los designa, fija objetivos y plazos. Quienes actúan deben guardar secreto, bajo responsabilidad disciplinaria y penal.

Artículo 28

Los Informes, Mociones o Notas aprobados por el Pleno, con las alegaciones del artículo 44, se integran en el Informe o Memoria anual que se remite a las Cortes y, en lo que les afecte, a las Asambleas autonómicas y a los Plenos locales; incluye la Memoria de actuaciones jurisdiccionales. Examinado por la Comisión Mixta, se publican en el BOE sus resoluciones con el Informe. También se remite a los Gobiernos. Caben Memorias extraordinarias y Mociones o Notas con propuestas de mejora de la gestión.

Artículo 29

Los órganos de control externo autonómicos coordinan su actividad con el Tribunal de Cuentas mediante criterios y técnicas comunes que eviten duplicidades. Le remiten sus resultados, Informes o Memorias, Mociones o Notas sobre el sector público autonómico, con antecedentes para que el Tribunal pueda ampliar, comprobar e incorporar conclusiones. El Tribunal, por acuerdo plenario, puede pedirles concretas fiscalizaciones del sector autonómico o estatal, y donde no haya órgano de control externo puede crear secciones territoriales.

Artículo 30

El deber de colaboración alcanza a cualquier persona que tenga en depósito, custodia o administración fondos públicos o haya participado en su gestión, y a los perceptores de subvenciones o ayudas. La petición la dirige el Presidente del Tribunal al titular competente. El requerido debe acusar recibo y cumplir en el plazo señalado o razonar la imposibilidad. El incumplimiento permite al Pleno imponer multas reiterables, previa audiencia en plazo común de diez días, sin perjuicio de otras responsabilidades.

Artículo 31

La función fiscalizadora se ejerce mediante: a) el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado; b) de las Cuentas Generales y parciales de las entidades del sector público y de los perceptores de ayudas (subvenciones, créditos o avales); c) el examen de los expedientes de contratos del Estado y del sector público; d) de la situación y variaciones del patrimonio; e) de los expedientes de créditos extraordinarios, suplementarios y demás modificaciones presupuestarias; f) y cualquier otro adecuado.

Artículo 32

Los procedimientos de fiscalización se tramitan según el título IV de esta ley y, supletoriamente, según la Ley de Procedimiento Administrativo, salvo sus normas sobre condición de parte y legitimación para recurrir, y sin perjuicio del artículo 44.3. El Tribunal no da curso a peticiones de fiscalización que no provengan de las instancias del artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982.

Artículo 33

La Intervención General forma la Cuenta General del Estado, que debe ultimarse antes del 31 de agosto del año siguiente y remitirse al Tribunal en los dos meses siguientes a su conclusión. Recibida, los Departamentos de la Sección de Fiscalización la examinan y contrastan con las cuentas parciales; tras las comprobaciones, la deliberación en la Sección y la audiencia del Fiscal, el Pleno emite la Declaración definitiva y la eleva a las Cámaras, dando traslado al Gobierno.

Artículo 34

Todas las entidades del sector público del artículo 4.º de la Ley Orgánica 2/1982 deben rendir al Tribunal sus cuentas según su régimen de contabilidad. Son cuentadantes las autoridades, funcionarios o empleados que gestionan ingresos, gastos o patrimonio. También deben rendir cuentas los perceptores de subvenciones, créditos o avales públicos, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y los particulares que administren, recauden o custodien fondos públicos, hayan sido o no intervenidas las operaciones.

Artículo 35

Plazos de rendición: las cuentas que pasan por la Intervención General del Estado deben estar en el Tribunal en dos meses desde que esta las recibe, con las notas de defectos o reparos; las de otros conductos, en sus plazos o en dos meses desde el fin del período; las parciales remitidas directamente por los cuentadantes, en quince días; las de perceptores de ayudas, en dos meses desde el fin del ejercicio. Las Empresas Públicas remiten sus cuentas anuales, dentro de los seis meses siguientes a aprobarse el ejercicio, a la Intervención General, que las envía al Tribunal.

Artículo 36

Las cuentas se remiten al Tribunal con todos los justificantes que exijan leyes y reglamentos, salvo el trato especial de los mandamientos de pago «a justificar» y el derivado de la informatización. Pueden no enviarse los justificantes si así lo establece un reglamento o lo determina el Tribunal; en ese caso el cuentadante certifica, bajo su responsabilidad, que están a disposición del Tribunal en la oficina u Organismo, indicando si están todos o cuáles faltan y por qué.

Artículo 37

Las cuentas que llegan al Tribunal las examina y censura el Departamento correspondiente de la Sección de Fiscalización, que puede hacerlo de dos formas: revisándolas en su totalidad o aplicando técnicas de muestreo. El artículo no impone una sola de ellas.

Artículo 38

Cuando el Tribunal examina las cuentas de quienes reciben subvenciones, créditos o avales del sector público, el examen abarca dos cosas: comprobar que las cantidades se han aplicado a las finalidades para las que se concedieron y comprobar sus resultados.

Artículo 39

Todos los contratos del Estado y del sector público están sujetos a fiscalización, y en particular: los de gasto superior a cien millones de pesetas o que requirieron autorización especial del Consejo de Ministros u órgano superior; los de obras, gestión de servicios, suministros y otros por encima de ciertas cuantías según la forma de adjudicación; los de más de diez millones ampliados o modificados con incremento superior al 20 por 100 o que superen esos límites; y los de más de diez millones resueltos. Las Leyes de Presupuestos pueden modificar las cuantías.

Artículo 40

La fiscalización de los contratos del artículo 39 abarca todas sus fases: preparación, perfección y adjudicación, formalización, afianzamiento, ejecución, modificación y extinción. Los Centros, Organismos o Entidades que los celebren envían cada año al Tribunal una relación de ellos con copia autorizada de los documentos de formalización y de los que acrediten su cumplimiento o extinción, además de lo que el Tribunal les requiera.

Artículo 41

El Tribunal fiscaliza la situación y variaciones del patrimonio del Estado y demás entidades del sector público a través de los inventarios y de la contabilidad legalmente establecidos. Esa fiscalización comprende también la tesorería y los empréstitos y demás formas de endeudamiento, con sus aplicaciones o empleos.

Artículo 42

Si los créditos extraordinarios y suplementarios los concede el Gobierno o el ministerio competente en materia de hacienda a Organismos autónomos, la fiscalización comprueba que se respetó la Ley General Presupuestaria en el expediente de concesión y examina el empleo o aplicación del crédito. Si los aprueban las Cortes Generales, solo se fiscaliza el empleo o aplicación específica del crédito concedido.

Artículo 43

También se fiscalizan las transferencias de créditos (sea cual sea el órgano que las conceda), los créditos ampliables, las incorporaciones de créditos al ejercicio siguiente y cualquier otra modificación de los créditos iniciales. Los ministerios competentes en hacienda y, para el presupuesto de la Seguridad Social, en seguridad social comunican al Tribunal estas operaciones una vez finalizado el ejercicio.

Artículo 44

Tramitada la fiscalización y antes del proyecto de Informe, se ponen de manifiesto las actuaciones a los responsables fiscalizados (o a sus representantes legítimos) para alegaciones en un plazo no superior a treinta días, prorrogable por otro igual con justa causa, y a quienes los representaron en el período fiscalizado. Si hay nuevas comprobaciones, nueva audiencia. Luego el proyecto pasa al Ministerio Fiscal y al Servicio Jurídico del Estado (treinta días comunes como máximo), y el Pleno lo aprueba. Omitir la audiencia permite recurrir ante el Pleno, sin ulterior recurso.

Artículo 1. Ambito de aplicación

El control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se realiza en los términos del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y de este Reglamento. Recae sobre el conjunto de la actividad financiera y sobre los actos con contenido económico que la integran. Este control interno no se aplica a los órganos que no dependan del Gobierno o de la Administración General e Institucional del Estado.

Artículo 2. Formas de ejercicio

El control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se ejerce de dos formas: función interventora y control financiero. La función interventora controla los actos de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos que reconozcan derechos u obligaciones económicas, y los ingresos y pagos derivados. El control financiero comprueba que servicios, OOAA, sociedades y demás entes estatales se ajustan al ordenamiento y a la buena gestión financiera. Puede ser permanente. El control de eficacia lo ejerce la IGAE, sin juzgar decisiones políticas. Los órganos gestores deben establecer un sistema de seguimiento de objetivos.

Artículo 3. Principios de ejercicio del control interno

La IGAE ejerce el control interno sometida a tres principios: autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. Sus funcionarios tienen independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas y siguen las instrucciones de la IGAE. La IGAE da cuenta de los resultados más relevantes a los órganos controlados y recomienda actuaciones. Da cuenta al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Economía y Hacienda, de los resultados de especial trascendencia o cuando no se adopten las medidas correctoras. La IGAE o sus Interventores Delegados pueden recabar directamente asesoramientos, informes, antecedentes y documentos. Si el órgano tiene competencia sobre toda la Administración, los pide en todo caso la IGAE. Puede interponer recursos y reclamaciones, e instar la lesividad y la revisión de oficio de los actos perjudiciales para la Hacienda Pública.

Artículo 4. Deberes del personal controlador

Los funcionarios de la función interventora o del control financiero deben guardar el debido sigilo. Los datos del control interno solo se usan para sus fines y para denunciar posibles infracciones administrativas o responsabilidades contables o penales. También pueden acceder a ellos las Comisiones Parlamentarias de Investigación. Según los hechos: a) delito, traslado a la IGAE, que lo remite al órgano competente; b) infracciones económico-presupuestarias de la Ley 19/2013, a la Oficina de Conflictos de Intereses; c) restantes responsabilidades contables, a los arts. 180 y 177 LGP; d) otras infracciones administrativas, a la Subsecretaría del Departamento. Otros accesos legales: al gestor directo.

Artículo 5. Facultades del personal controlador

Tres reglas sobre el personal controlador. Primera: las autoridades de cualquier naturaleza, los Jefes o Directores de oficinas públicas, Organismos autónomos y sociedades estatales, y quien ejerza funciones públicas o trabaje en esas entidades deben colaborar con los funcionarios de control. Segunda: el Servicio Jurídico del Estado da asistencia jurídica a los funcionarios citados por un órgano jurisdiccional por su participación en el control interno. Tercera: en el control financiero se pueden revisar los sistemas informáticos de gestión. El acceso a datos tributarios se sujeta a las normas básicas de control y seguridad de la DF 2.ª de la Ley 66/1997.

Artículo 6. Ambito de aplicación

La función interventora se aplica a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos de carácter administrativo. Se rige por el capítulo I y el artículo 99 del Título III del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y por este Título. Si en un procedimiento con contenido económico participan varias Administraciones públicas, solo se intervienen las actuaciones producidas en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos administrativos.

Artículo 7. Principios de ejercicio

La función interventora es interna y preventiva y garantiza, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria y de gestión de gastos, ingresos y aplicación de fondos públicos. Se ejerce al autorizar o aprobar gastos, comprobar inversiones, liquidar gastos o reconocer obligaciones, ordenar pagos y reconocer y liquidar derechos, y en los ingresos y pagos derivados. Tiene dos modalidades: formal (requisitos legales y documentos preceptivos del expediente) y material (real y efectiva aplicación de los fondos). Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones de la Intervención no prevalecen sobre las de los órganos de gestión; las discrepancias las resuelve definitivamente el Consejo de Ministros.

Artículo 8. Competencias

El Interventor general de la Administración del Estado fiscaliza previamente la aprobación de tres clases de gastos: los aprobados por el Consejo de Ministros o las Comisiones Delegadas del Gobierno; las modificaciones de gastos que ya fiscalizó la IGAE; y los que deban informar el Consejo de Estado o la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. Todo lo demás lo fiscalizan los Interventores delegados, según la competencia orgánica o territorial de la autoridad que acuerda el acto. Si varios Departamentos cofinancian un contrato, se atiende al órgano de contratación. Los delegados civiles salen del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado y los militares del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. Ambos pueden interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas.

Artículo 9. De las distintas fases de la intervención

La función interventora comprende cuatro fases: a) la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, acuerden movimientos de fondos y valores o puedan producirlos; b) la intervención de la liquidación del gasto y de la inversión; c) la intervención formal de la ordenación del pago; d) la intervención material del pago.

Artículo 10. Del contenido de la función interventora

El artículo define las cuatro modalidades de la función interventora. 1) Fiscalización previa: examinar, antes de que se dicte la resolución, todo acto, documento o expediente que pueda producir derechos u obligaciones económicas o movimiento de fondos y valores. 2) Intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones: comprobar, antes de la resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos y que el acreedor ha cumplido o garantizado su prestación. La comprobación material de la inversión se rige por el artículo 28. 3) Intervención formal de la ordenación del pago: verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro Público. 4) Intervención material del pago: verificar que el pago lo ha dispuesto órgano competente y se hace al perceptor y por el importe establecidos.

Artículo 11. Fiscalización previa de derechos e ingresos

La fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público no se practica. Se sustituye por dos controles: el inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior que regula el artículo siguiente del Reglamento. Hay una excepción: la sustitución no alcanza a los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos. Esos actos se fiscalizan conforme a la sección quinta del capítulo siguiente.

Artículo 12. Control posterior de derechos e ingresos

El control posterior de los derechos e ingresos del Tesoro Público se hace mediante el ejercicio del control financiero permanente. Además, el Interventor general podrá establecer comprobaciones posteriores específicas sobre determinados tipos de liquidaciones. Datos a retener: la modalidad es el control financiero permanente, el órgano es el Interventor general, la facultad es potestativa («podrá») y solo alcanza a determinados tipos de liquidaciones.

Artículo 13. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora

La Intervención recibe el expediente original completo cuando estén reunidos todos los justificantes, emitidos los informes preceptivos y pueda dictarse acuerdo. Si interviene el Consejo de Estado, antes del dictamen se comprueban los extremos exigidos y, después, solo su existencia material y su carácter favorable. Los documentos electrónicos llevan las firmas electrónicas necesarias. El plazo de fiscalización es de 10 días desde el siguiente a la recepción. Se reduce a 5 días si la tramitación es urgente o se aplica el régimen especial de los artículos 19 y siguientes. En los expedientes mixtos (papel y electrónico), el expediente se entiende completo al recibirse el último documento. El uso de la facultad del artículo 3.4 suspende el plazo, y la Intervención debe dar cuenta de ello al gestor.

Artículo 13 bis. Remisión del expediente a la Intervención a través de sistemas informáticos

Si la propuesta y el acto se formalizan en documento electrónico, el resultado de la fiscalización o intervención previa también será electrónico, con firma del Interventor competente basada en certificado del art. 21.a) y b) del RD 1671/2009. La puesta a disposición, la formalización y la remisión se harán exclusivamente por una aplicación de la IGAE: a) en la que el gestor genera y tramita el expediente, o b) conectada con los sistemas propios del gestor mediante un servicio web. Cada aplicación se aprueba por resolución de la IGAE, que define legalidad, seguridad, normalización de accesos y conservación de soportes. El acceso personal exige certificado del art. 21.a) y b); el acceso desde otro sistema, del art. 19.

Artículo 13 ter. Formalización del resultado de la función interventora en soporte papel

Si la propuesta y el acto o resolución sometidos a fiscalización o intervención previa se formalizan en papel con firma manuscrita, el resultado de esa fiscalización o intervención previa también se formaliza en papel. Aun así, los documentos electrónicos que formen parte del expediente se ponen a disposición de la Intervención exclusivamente a través de la aplicación informática prevista en el apartado 2.b) del artículo anterior.

Artículo 14. Fiscalización de conformidad

Cuando el expediente fiscalizado o intervenido se ajusta a la legalidad, la Intervención expresa su conformidad mediante una diligencia firmada y sin necesidad de motivarla. Esa legalidad resulta de dos cosas: la verificación de los extremos a los que se extiende la función interventora y el resultado de las validaciones de la aplicación informática. Los términos de estas validaciones los fija una resolución de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 15. Reparos

Si la Intervención discrepa del fondo o la forma de lo examinado, formula reparo por escrito, motivado en normas y con todas las objeciones. Suspende la tramitación hasta solventarse si se basa en: a) insuficiencia o inadecuación del crédito; b) graves irregularidades en la justificación de órdenes de pago o falta de acreditación del derecho del perceptor; c) omisión de requisitos o trámites esenciales, o riesgo de quebranto al Tesoro o a un tercero; d) comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. Si el órgano acepta el reparo, subsana y devuelve en quince días; si no lo acepta, inicia el procedimiento del artículo siguiente. Ante defectos no esenciales cabe fiscalización favorable condicionada a su subsanación antes de aprobar el expediente; si no se subsana, se considera formulado el reparo.

Artículo 16. Discrepancias

Si el órgano gestor no acepta un reparo, plantea discrepancia a la Intervención en quince días, motivada y con cita de los preceptos legales. Si el reparo es de una Intervención Delegada, la resuelve la IGAE en quince días y su resolución es obligatoria para aquella. Si el reparo es de la IGAE, o esta confirma el de la Delegada y subsiste la discrepancia, resuelve definitivamente el Consejo de Ministros. El titular del Departamento lo comunica al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la IGAE, con al menos cinco días de antelación. La Secretaría del Consejo comunica el acuerdo.

Artículo 17. Régimen ordinario

Se someten a fiscalización previa todos los actos de los órganos del Estado y de sus Organismos autónomos administrativos que aprueben un gasto. Se incluyen los actos resolutorios de recursos administrativos con contenido económico y los convenios y actos análogos con contenido económico. Aprobar un gasto es decidir destinar créditos o fondos a un fin público. Los gastos de un solo acto o contrato se acumulan y no pueden fraccionarse. Se examinan los documentos e informes del expediente. Si el Consejo de Ministros lo acuerda, solo se comprueban los extremos del art. 95.3 LGP.

Artículo 18. Exención de fiscalización previa

El artículo excluye de la fiscalización previa cinco grupos de gastos. Son las subvenciones nominativas, los gastos de material no inventariable y los suministros menores. También los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, pero solo una vez intervenido el gasto del período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. Por último, otros gastos menores de 500.000 pesetas que se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

Artículo 19. Régimen especial de fiscalización limitada previa

Si el Consejo de Ministros ha usado la facultad del artículo 95.3 de la Ley General Presupuestaria, la fiscalización e intervención previa solo comprueba: a) que existe crédito y que es adecuado (en los plurianuales, además, el artículo 61 LGP); b) que el gasto lo genera un órgano competente; c) otros extremos que fije el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la IGAE. Rige el régimen general para los gastos de cuantía indeterminada y los que deba aprobar el Consejo de Ministros.

Artículo 20. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización limitada previa

En la fiscalización limitada previa, si no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 19, la Intervención formula reparo, en la forma y con los efectos previstos en la sección 1.ª del capítulo. Además, la Intervención puede formular las observaciones complementarias que considere convenientes. Estas observaciones no tienen en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes, y respecto a ellas no procede plantear discrepancia.

Artículo 21

Artículo 22. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar

La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar, que ponen fondos a disposición de los órganos pagadores del Estado y de sus organismos autónomos, comprueba cuatro requisitos: a) que la propuesta se basa en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos; b) que existe crédito y el propuesto es el adecuado; c) que se adapta a las normas de los Ministros y de los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos sobre su expedición; d) que el órgano pagador ha justificado en plazo la inversión de los fondos recibidos antes.

Artículo 23. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija

Regula qué comprueba la Intervención en la fiscalización previa de los anticipos de caja fija. Para constituirlos o modificarlos hay dos requisitos: a) acuerdo del Ministro, Presidente o Director del Organismo autónomo sobre la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado; b) propuesta de pago basada en resolución de autoridad competente. En las reposiciones de fondos hay tres: a) que el importe total de las cuentas justificativas coincida con el de los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos; b) propuestas basadas en resolución de autoridad competente; c) que exista crédito y el propuesto sea adecuado.

Artículo 24. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos

En la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y de los anticipos de caja fija, el incumplimiento de los requisitos de esta sección motiva un reparo de la Intervención. Ese reparo se rige por las condiciones y efectos de la sección 1.ª del capítulo. Hay una excepción: no procede el reparo por falta de justificación de libramientos anteriores cuando, para evitar daños en el funcionamiento de los servicios, el Ministro, el Presidente o el Director del Organismo autónomo autoriza una orden de pago específica.

Artículo 25. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija

Al intervenir las cuentas justificativas de pagos a justificar y anticipos de caja fija: a) se comprueba que responden a gastos concretos y determinados, con el procedimiento aplicable, adecuados al fin de los fondos, con realización efectiva y conforme acreditada y pago a acreedor determinado por el importe debido; b) se examinan cuentas y justificantes de cada partida, pudiendo usar muestreo; c) el Interventor emite informe de conformidad o de defectos, cuya opinión se hace constar en la cuenta y que no tiene efectos suspensivos sobre su aprobación; d) el órgano gestor aprueba, en su caso, las cuentas y se remiten después al Tribunal de Cuentas.

Artículo 26. Intervención de la liquidación del gasto

Toda liquidación de gasto o reconocimiento de obligación a cargo del Tesoro Público está sometida a intervención previa, tanto si nace de la Ley como de negocios jurídicos válidamente celebrados. La Intervención conoce el expediente antes del acuerdo de liquidación o reconocimiento. En ese momento debe quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos para reconocer la obligación, incluido, en su caso, el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.

Artículo 27. Contenido de las comprobaciones

En la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones, y sin perjuicio del artículo 19, se comprueba: a) que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que aprobación y reconocimiento deban ser simultáneos; b) que los documentos justificativos se ajustan a la normativa y recogen siempre identificación del acreedor, importe exacto y prestaciones, servicios u otras causas de la obligación; c) la comprobación material, cuando proceda, de la obra, servicio, suministro o gasto, intervenida en su caso.

Artículo 28. Comprobación material de la inversión

La comprobación material es la facultad de la Intervención de verificar, antes del reconocimiento de la obligación, que obras, servicios y adquisiciones se han realizado y se ajustan al contrato o encargo. La hace el representante designado por el Interventor General, con asesor técnico si es necesario. Se pide representante si la inversión es igual o superior a 50.000 € sin IVA, con 30 días hábiles de antelación (45 si es fuera de España). Se levanta acta. Su omisión impide reconocer la obligación y pagar.

Artículo 29. De la intervención formal del pago, objeto y contenido

Se someten a intervención formal de la ordenación del pago los actos que ordenan pagos con cargo al Tesoro Público. Se verifica que la orden de pago: 1) la dicta el órgano competente; 2) se ajusta al acto de reconocimiento de la obligación; 3) se acomoda al plan de disposición de fondos del Tesoro. El ajuste se comprueba con los documentos originales o con la certificación del acto y de su intervención. Si la propuesta llega por medios informáticos, hay ajuste si se libra según el procedimiento del art. 78.2 del TRLGP. Las retenciones judiciales y las compensaciones se acreditan con los acuerdos que las disponen, que también se intervienen.

Artículo 30. Conformidad y reparo

Si la Intervención considera que las órdenes de pago cumplen los requisitos del artículo anterior, hace constar su conformidad mediante una diligencia firmada. La firma puede ir en el documento que contiene la orden o en el documento resumen de cargo a las cajas pagadoras. Si no se cumplen, formula un reparo motivado y por escrito. El reparo suspende la tramitación de la orden de pago hasta que se solvente.

Artículo 31. De la intervención material del pago, objeto y contenido

Se somete a intervención material del pago la ejecución de órdenes de pago que tengan por objeto: a) cumplir directamente obligaciones del Tesoro Público; b) situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados para pagar; c) mover fondos y valores entre cuentas del Tesoro. Solo verifica la identidad del perceptor y la cuantía del pago. Si hay conformidad, la Intervención firma los documentos de salida de fondos y valores. Si no la hay, formula reparo motivado y por escrito. El apartado 3 regula las transferencias informáticas, la firma electrónica y las auditorías de seguridad.

Artículo 32. De la omisión de intervención

Si la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente hasta resolver la omisión. El Interventor general o el delegado lo manifiesta a la autoridad que inició el expediente y emite un informe, sin naturaleza de fiscalización, sobre infracciones, prestaciones realizadas y posibilidad y conveniencia de revisión. El titular del departamento puede someterlo al Consejo de Ministros, comunicándolo al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la IGAE, con cinco días de antelación y con una memoria.

Artículo 33. Ambito de aplicación

El control financiero de la IGAE recae sobre dos grupos de sujetos. a) Los servicios, Organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica. b) Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares, por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado o de sus organismos autónomos, o concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de las Comunidades Europeas. También alcanza a las entidades colaboradoras que participen en su concesión y gestión.

Artículo 34. Objetivo y competencias

El control financiero (arts. 17 y 18 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, RDLeg 1091/1988) verifica que la gestión económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Lo ejerce la Intervención General de la Administración del Estado con plena autonomía e independencia, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones Delegadas y los funcionarios que designe. Su finalidad es promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión. Sus informes sirven para aplicar mejor la eficiencia y la economía en el gasto.

Artículo 35. Formas de ejercicio

El control financiero se ejerce mediante auditorías u otras técnicas, conforme a este Real Decreto y a las normas de auditoría e Instrucciones de la IGAE. La auditoría es la comprobación sistemática de la actividad económico-financiera de entes o programas presupuestarios. Sus modelos son: financiera, de cumplimiento, operativa, de programas presupuestarios y planes de actuación, y de sistemas y procedimientos de gestión financiera. Además caben siete técnicas (a-g), entre ellas la revisión de sistemas informáticos según los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad. Las normas de la IGAE se aplican también a los auditores contratados.

Artículo 36. Informes de control financiero provisionales y definitivos

El órgano que ha hecho el control emite un informe escrito con los hechos, las conclusiones y las recomendaciones. Ese informe es provisional y se remite al gestor directo (el titular del servicio, órgano o ente controlado). Este tiene un máximo de quince días desde la recepción para alegar. Si admite deficiencias, indicará las medidas y el calendario para solucionarlas. Con el provisional y las alegaciones se emite el informe definitivo. Si no hay alegaciones en plazo, el provisional se eleva a definitivo. El definitivo incluye las alegaciones y, en su caso, las observaciones del órgano de control sobre ellas.

Artículo 37. Destinatarios de los informes definitivos

La IGAE, por sí o por medio de sus delegados, remite los informes definitivos de control financiero: al gestor directo de la actividad controlada; a otro Estado miembro de la UE o a la Comisión Europea si el control se hizo a su solicitud o mandato; al titular del departamento, servicio, organismo o ente en cuya órbita esté el ente controlado, en la forma que determine la IGAE; y, en todo caso, al Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Al Ministro de Economía y Hacienda solo van los que el Interventor general estime necesarios. Si controlan interventores delegados, la IGAE fija qué informes le envían.

Artículo 38. Informes de actuación

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emite un informe de actuación dirigido al titular del Departamento del que dependa o al que esté adscrito el órgano o entidad controlada. Lo hace en tres casos. Primero, cuando hay deficiencias y no se presentan alegaciones, o las alegaciones no indican medidas ni calendario. Segundo, cuando hay discrepancias no aceptadas por el órgano de control. Tercero, cuando se manifestó conformidad pero no se adoptan medidas. El titular del Departamento tiene dos meses como máximo para manifestar su conformidad o disconformidad al Ministro de Economía y Hacienda. Si hay disconformidad, el Ministro, previo informe de la IGAE y en dos meses como máximo, someterá en su caso las actuaciones al Consejo de Ministros.

Artículo 38 bis. Medidas de corrección de anomalías detectadas en el control financiero. Reintegros

Los órganos gestores deben comunicar al órgano que hizo el control las medidas que adopten para corregir las deficiencias y, en su caso, el cumplimiento de los plazos de sus alegaciones. Si no adoptan las medidas o incumplen los plazos, el órgano de control lo comunica a la IGAE para el informe de actuación del artículo 38. Si el informe señala actuaciones inexcusables e inmediatas para reparar o evitar perjuicios a la Hacienda pública o a los entes controlados, el gestor tiene un plazo máximo de un mes para comunicar las medidas adoptadas y sus posibles discrepancias. Si el órgano de control discrepa, lo comunica a la IGAE para el posible informe de actuación. El apartado 3 está derogado. Todo ello sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría de Economía y Hacienda y de la Inspección General en responsabilidad contable (RD 700/1988).

Artículo 39. Informes al Consejo de Ministros

La IGAE informa al Consejo de Ministros por tres vías. 1) Un informe trimestral con los resultados más relevantes del control financiero, elevado a través del Ministro de Economía y Hacienda. 2) Un informe anual, elaborado por la IGAE con los resultados más significativos del ejercicio, que el Ministro de Economía y Hacienda somete al Consejo. 3) Cuando la IGAE lo considere oportuno por su especial trascendencia, eleva actuaciones concretas, a través del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, al Ministro. El Ministro decide si las somete al Consejo. Estas actuaciones van acompañadas de un sucinto informe motivado.

Artículo 40. Del control financiero de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos administrativos

El artículo 40 fija dos reglas sobre el control financiero de la Administración General del Estado y de sus Organismos autónomos administrativos. Primera: se ejerce sobre sus órganos conforme a lo dispuesto en los capítulos I y II del Título III. Segunda: puede ejercerse de forma permanente, en los términos y con el alcance que determine la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 41. Del control financiero en los Organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos

Los Organismos autónomos del Estado con actividades industriales, comerciales, financieras o análogas no tienen función interventora: quedan sometidos a control financiero de carácter permanente, que la sustituye. Ese control se ejerce sobre la totalidad de las operaciones que realicen, no solo sobre una parte o una muestra de ellas.

Artículo 42. Del control financiero de las sociedades estatales y entes públicos

El apartado 1 dispone que el control financiero sobre las sociedades estatales se ejerce conforme a lo dispuesto en este Título. Según el apartado 2, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, podrá determinar las entidades y entes de los artículos 6.1 b) y 6.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria sometidos a control financiero permanente, sin perjuicio de sus normativas específicas.

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46