Real Decreto 2188/1995, régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado

Artículo 2. Formas de ejercicio

En pocas palabras

El control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se ejerce de dos formas: función interventora y control financiero. La función interventora controla los actos de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos que reconozcan derechos u obligaciones económicas, y los ingresos y pagos derivados. El control financiero comprueba que servicios, OOAA, sociedades y demás entes estatales se ajustan al ordenamiento y a la buena gestión financiera. Puede ser permanente. El control de eficacia lo ejerce la IGAE, sin juzgar decisiones políticas. Los órganos gestores deben establecer un sistema de seguimiento de objetivos.

Explicación sencilla

Define las dos únicas formas de control interno del sector público estatal y delimita su ámbito subjetivo. La interventora alcanza solo a la Administración del Estado y sus Organismos autónomos. El financiero se extiende a sociedades y demás entes, e incluye eficacia, eficiencia y contabilización. Fija además que el control de eficacia corresponde a la IGAE.

Regla mnemotécnica

Interventora = actos de AGE + OOAA (derechos, obligaciones, ingresos y pagos). Financiero = todos los entes, legalidad + buena gestión, puede ser permanente. Eficacia: la IGAE mide coste y rendimiento, pero no juzga la política. Objetivos: los gestores montan su propio sistema de seguimiento.

Trampa típica de examen

Creer que la función interventora alcanza también a las sociedades y demás entes públicos estatales. El texto la limita a la Administración del Estado y sus Organismos autónomos; son el control financiero los que se extiende a sociedades y demás entes.

Texto del artículo 2 del Real Decreto 2188/1995 (RDCI)

1. El control interno de la gestión económico financiera del sector público estatal se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero. 2. La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración del Estado y de sus Organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda Pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso. 3. El control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el aspecto económico-financiero, de los servicios, Organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, se ajusta al ordenamiento jurídico así como a los principios generales de buena gestión financiera. Este control comprenderá la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar éstos. Dicha función podrá ejercerse con carácter permanente. El control de eficacia, a ejercer por la Intervención General de la Administración del Estado, comprenderá el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, así como del cumplimiento de los objetivos de los correspondientes programas, sin que dicho control pueda emitir juicio sobre las decisiones de carácter político. El control de eficacia se realizará sin perjuicio del que cada departamento ministerial, en el ámbito de sus competencias, pueda desarrollar en esta materia, por sí mismo o en colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado. Cuando los presupuestos de los servicios o entidades públicas se formulen por programas, objetivos o planes de actuación el control financiero tendrá como objeto, entre otros, el examen, análisis y evaluación de los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aplicados por los órganos gestores, así como de cuantos documentos y antecedentes resulten necesarios para determinar el grado de fiabilidad de los datos contenidos en los informes que, con relación a la ejecución de los programas, deban rendir los órganos gestores responsables. A estos efectos, los órganos gestores habrán de establecer un sistema de seguimiento de objetivos adaptado a las necesidades propias de su gestión con la finalidad de poder evaluar el cumplimiento de los objetivos que han servido de base en la asignación de recursos.

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