Artículo 3. Principios de ejercicio del control interno
En pocas palabras
La IGAE ejerce el control interno sometida a tres principios: autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. Sus funcionarios tienen independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas y siguen las instrucciones de la IGAE. La IGAE da cuenta de los resultados más relevantes a los órganos controlados y recomienda actuaciones. Da cuenta al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Economía y Hacienda, de los resultados de especial trascendencia o cuando no se adopten las medidas correctoras. La IGAE o sus Interventores Delegados pueden recabar directamente asesoramientos, informes, antecedentes y documentos. Si el órgano tiene competencia sobre toda la Administración, los pide en todo caso la IGAE. Puede interponer recursos y reclamaciones, e instar la lesividad y la revisión de oficio de los actos perjudiciales para la Hacienda Pública.
Explicación sencilla
Fija las reglas básicas con las que actúa la IGAE en todo su control interno. Fija los principios y la independencia funcional de los interventores. Ordena a quién se rinden los resultados y qué medios tiene la IGAE para obtener informes y documentos. También regula cómo reacciona frente a actos perjudiciales para la Hacienda Pública: recursos, lesividad y revisión de oficio.
Regla mnemotécnica
Los tres principios son A-D-C: Autonomía funcional, ejercicio Desconcentrado y procedimiento Contradictorio. Ante el Consejo de Ministros, la IGAE nunca va sola: va «a través del Ministro de Economía y Hacienda».
Trampa típica de examen
El error típico es creer que los Interventores Delegados pueden pedir directamente informes a órganos cuya competencia se extiende a toda la Administración. En ese caso los solicita en todo caso la Intervención General de la Administración del Estado.
Texto del artículo 3 del Real Decreto 2188/1995 (RDCI)
1. La Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometida a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. 2. El control interno de la Intervención General de la Administración del Estado se ejercerá con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto del control. A tales efectos, los funcionarios que realicen el mismo tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades cuya gestión controlen y ajustarán sus actuaciones a las instrucciones impartidas al efecto por el citado centro directivo. 3. La Intervención General de la Administración del Estado dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, este centro dará cuenta al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Economía y Hacienda, de los resultados que por su especial transcendencia considere adecuado elevar al mismo, o cuando los responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas. 4. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, la Intervención General de la Administración del Estado o sus Interventores Delegados, en el ejercicio de sus funciones de control interno, podrán recabar directamente de los distintos órganos de la Administración General e Institucional los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que consideren necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte. Cuando los asesoramientos e informes hayan de recabarse de órganos cuya competencia se extiende a la totalidad de dicha Administración, se solicitarán, en todo caso, por la Intervención General de la Administración del Estado. 5. La Intervención General de la Administración del Estado podrá interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la Hacienda Pública.
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