RDCI

Real Decreto 2188/1995, régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado

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Art. 1Ambito de aplicaciónEl control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se realiza en los términos del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y de este Reglamento. Recae sobre el conjunto de la actividad financiera y sobre los actos con contenido económico que la integran. Este control interno no se aplica a los órganos que no dependan del Gobierno o de la Administración General e Institucional del Estado.
Art. 2Formas de ejercicioEl control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se ejerce de dos formas: función interventora y control financiero. La función interventora controla los actos de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos que reconozcan derechos u obligaciones económicas, y los ingresos y pagos derivados. El control financiero comprueba que servicios, OOAA, sociedades y demás entes estatales se ajustan al ordenamiento y a la buena gestión financiera. Puede ser permanente. El control de eficacia lo ejerce la IGAE, sin juzgar decisiones políticas. Los órganos gestores deben establecer un sistema de seguimiento de objetivos.
Art. 3Principios de ejercicio del control internoLa IGAE ejerce el control interno sometida a tres principios: autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. Sus funcionarios tienen independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas y siguen las instrucciones de la IGAE. La IGAE da cuenta de los resultados más relevantes a los órganos controlados y recomienda actuaciones. Da cuenta al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Economía y Hacienda, de los resultados de especial trascendencia o cuando no se adopten las medidas correctoras. La IGAE o sus Interventores Delegados pueden recabar directamente asesoramientos, informes, antecedentes y documentos. Si el órgano tiene competencia sobre toda la Administración, los pide en todo caso la IGAE. Puede interponer recursos y reclamaciones, e instar la lesividad y la revisión de oficio de los actos perjudiciales para la Hacienda Pública.
Art. 4Deberes del personal controladorLos funcionarios de la función interventora o del control financiero deben guardar el debido sigilo. Los datos del control interno solo se usan para sus fines y para denunciar posibles infracciones administrativas o responsabilidades contables o penales. También pueden acceder a ellos las Comisiones Parlamentarias de Investigación. Según los hechos: a) delito, traslado a la IGAE, que lo remite al órgano competente; b) infracciones económico-presupuestarias de la Ley 19/2013, a la Oficina de Conflictos de Intereses; c) restantes responsabilidades contables, a los arts. 180 y 177 LGP; d) otras infracciones administrativas, a la Subsecretaría del Departamento. Otros accesos legales: al gestor directo.
Art. 5Facultades del personal controladorTres reglas sobre el personal controlador. Primera: las autoridades de cualquier naturaleza, los Jefes o Directores de oficinas públicas, Organismos autónomos y sociedades estatales, y quien ejerza funciones públicas o trabaje en esas entidades deben colaborar con los funcionarios de control. Segunda: el Servicio Jurídico del Estado da asistencia jurídica a los funcionarios citados por un órgano jurisdiccional por su participación en el control interno. Tercera: en el control financiero se pueden revisar los sistemas informáticos de gestión. El acceso a datos tributarios se sujeta a las normas básicas de control y seguridad de la DF 2.ª de la Ley 66/1997.
Art. 6Ambito de aplicaciónLa función interventora se aplica a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos de carácter administrativo. Se rige por el capítulo I y el artículo 99 del Título III del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y por este Título. Si en un procedimiento con contenido económico participan varias Administraciones públicas, solo se intervienen las actuaciones producidas en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos administrativos.
Art. 7Principios de ejercicioLa función interventora es interna y preventiva y garantiza, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria y de gestión de gastos, ingresos y aplicación de fondos públicos. Se ejerce al autorizar o aprobar gastos, comprobar inversiones, liquidar gastos o reconocer obligaciones, ordenar pagos y reconocer y liquidar derechos, y en los ingresos y pagos derivados. Tiene dos modalidades: formal (requisitos legales y documentos preceptivos del expediente) y material (real y efectiva aplicación de los fondos). Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones de la Intervención no prevalecen sobre las de los órganos de gestión; las discrepancias las resuelve definitivamente el Consejo de Ministros.
Art. 8CompetenciasEl Interventor general de la Administración del Estado fiscaliza previamente la aprobación de tres clases de gastos: los aprobados por el Consejo de Ministros o las Comisiones Delegadas del Gobierno; las modificaciones de gastos que ya fiscalizó la IGAE; y los que deban informar el Consejo de Estado o la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. Todo lo demás lo fiscalizan los Interventores delegados, según la competencia orgánica o territorial de la autoridad que acuerda el acto. Si varios Departamentos cofinancian un contrato, se atiende al órgano de contratación. Los delegados civiles salen del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado y los militares del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. Ambos pueden interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas.
Art. 9De las distintas fases de la intervenciónLa función interventora comprende cuatro fases: a) la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, acuerden movimientos de fondos y valores o puedan producirlos; b) la intervención de la liquidación del gasto y de la inversión; c) la intervención formal de la ordenación del pago; d) la intervención material del pago.
Art. 10Del contenido de la función interventoraEl artículo define las cuatro modalidades de la función interventora. 1) Fiscalización previa: examinar, antes de que se dicte la resolución, todo acto, documento o expediente que pueda producir derechos u obligaciones económicas o movimiento de fondos y valores. 2) Intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones: comprobar, antes de la resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos y que el acreedor ha cumplido o garantizado su prestación. La comprobación material de la inversión se rige por el artículo 28. 3) Intervención formal de la ordenación del pago: verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro Público. 4) Intervención material del pago: verificar que el pago lo ha dispuesto órgano competente y se hace al perceptor y por el importe establecidos.
Art. 11Fiscalización previa de derechos e ingresosLa fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público no se practica. Se sustituye por dos controles: el inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior que regula el artículo siguiente del Reglamento. Hay una excepción: la sustitución no alcanza a los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos. Esos actos se fiscalizan conforme a la sección quinta del capítulo siguiente.
Art. 12Control posterior de derechos e ingresosEl control posterior de los derechos e ingresos del Tesoro Público se hace mediante el ejercicio del control financiero permanente. Además, el Interventor general podrá establecer comprobaciones posteriores específicas sobre determinados tipos de liquidaciones. Datos a retener: la modalidad es el control financiero permanente, el órgano es el Interventor general, la facultad es potestativa («podrá») y solo alcanza a determinados tipos de liquidaciones.
Art. 13Momento y plazo para el ejercicio de la función interventoraLa Intervención recibe el expediente original completo cuando estén reunidos todos los justificantes, emitidos los informes preceptivos y pueda dictarse acuerdo. Si interviene el Consejo de Estado, antes del dictamen se comprueban los extremos exigidos y, después, solo su existencia material y su carácter favorable. Los documentos electrónicos llevan las firmas electrónicas necesarias. El plazo de fiscalización es de 10 días desde el siguiente a la recepción. Se reduce a 5 días si la tramitación es urgente o se aplica el régimen especial de los artículos 19 y siguientes. En los expedientes mixtos (papel y electrónico), el expediente se entiende completo al recibirse el último documento. El uso de la facultad del artículo 3.4 suspende el plazo, y la Intervención debe dar cuenta de ello al gestor.
Art. 13 bisRemisión del expediente a la Intervención a través de sistemas informáticosSi la propuesta y el acto se formalizan en documento electrónico, el resultado de la fiscalización o intervención previa también será electrónico, con firma del Interventor competente basada en certificado del art. 21.a) y b) del RD 1671/2009. La puesta a disposición, la formalización y la remisión se harán exclusivamente por una aplicación de la IGAE: a) en la que el gestor genera y tramita el expediente, o b) conectada con los sistemas propios del gestor mediante un servicio web. Cada aplicación se aprueba por resolución de la IGAE, que define legalidad, seguridad, normalización de accesos y conservación de soportes. El acceso personal exige certificado del art. 21.a) y b); el acceso desde otro sistema, del art. 19.
Art. 13 terFormalización del resultado de la función interventora en soporte papelSi la propuesta y el acto o resolución sometidos a fiscalización o intervención previa se formalizan en papel con firma manuscrita, el resultado de esa fiscalización o intervención previa también se formaliza en papel. Aun así, los documentos electrónicos que formen parte del expediente se ponen a disposición de la Intervención exclusivamente a través de la aplicación informática prevista en el apartado 2.b) del artículo anterior.
Art. 14Fiscalización de conformidadCuando el expediente fiscalizado o intervenido se ajusta a la legalidad, la Intervención expresa su conformidad mediante una diligencia firmada y sin necesidad de motivarla. Esa legalidad resulta de dos cosas: la verificación de los extremos a los que se extiende la función interventora y el resultado de las validaciones de la aplicación informática. Los términos de estas validaciones los fija una resolución de la Intervención General de la Administración del Estado.
Art. 15ReparosSi la Intervención discrepa del fondo o la forma de lo examinado, formula reparo por escrito, motivado en normas y con todas las objeciones. Suspende la tramitación hasta solventarse si se basa en: a) insuficiencia o inadecuación del crédito; b) graves irregularidades en la justificación de órdenes de pago o falta de acreditación del derecho del perceptor; c) omisión de requisitos o trámites esenciales, o riesgo de quebranto al Tesoro o a un tercero; d) comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. Si el órgano acepta el reparo, subsana y devuelve en quince días; si no lo acepta, inicia el procedimiento del artículo siguiente. Ante defectos no esenciales cabe fiscalización favorable condicionada a su subsanación antes de aprobar el expediente; si no se subsana, se considera formulado el reparo.
Art. 16DiscrepanciasSi el órgano gestor no acepta un reparo, plantea discrepancia a la Intervención en quince días, motivada y con cita de los preceptos legales. Si el reparo es de una Intervención Delegada, la resuelve la IGAE en quince días y su resolución es obligatoria para aquella. Si el reparo es de la IGAE, o esta confirma el de la Delegada y subsiste la discrepancia, resuelve definitivamente el Consejo de Ministros. El titular del Departamento lo comunica al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la IGAE, con al menos cinco días de antelación. La Secretaría del Consejo comunica el acuerdo.
Art. 17Régimen ordinarioSe someten a fiscalización previa todos los actos de los órganos del Estado y de sus Organismos autónomos administrativos que aprueben un gasto. Se incluyen los actos resolutorios de recursos administrativos con contenido económico y los convenios y actos análogos con contenido económico. Aprobar un gasto es decidir destinar créditos o fondos a un fin público. Los gastos de un solo acto o contrato se acumulan y no pueden fraccionarse. Se examinan los documentos e informes del expediente. Si el Consejo de Ministros lo acuerda, solo se comprueban los extremos del art. 95.3 LGP.
Art. 18Exención de fiscalización previaEl artículo excluye de la fiscalización previa cinco grupos de gastos. Son las subvenciones nominativas, los gastos de material no inventariable y los suministros menores. También los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, pero solo una vez intervenido el gasto del período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. Por último, otros gastos menores de 500.000 pesetas que se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
Art. 19Régimen especial de fiscalización limitada previaSi el Consejo de Ministros ha usado la facultad del artículo 95.3 de la Ley General Presupuestaria, la fiscalización e intervención previa solo comprueba: a) que existe crédito y que es adecuado (en los plurianuales, además, el artículo 61 LGP); b) que el gasto lo genera un órgano competente; c) otros extremos que fije el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la IGAE. Rige el régimen general para los gastos de cuantía indeterminada y los que deba aprobar el Consejo de Ministros.
Art. 20Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización limitada previaEn la fiscalización limitada previa, si no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 19, la Intervención formula reparo, en la forma y con los efectos previstos en la sección 1.ª del capítulo. Además, la Intervención puede formular las observaciones complementarias que considere convenientes. Estas observaciones no tienen en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes, y respecto a ellas no procede plantear discrepancia.
Art. 21Artículo 21
Art. 22Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificarLa fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar, que ponen fondos a disposición de los órganos pagadores del Estado y de sus organismos autónomos, comprueba cuatro requisitos: a) que la propuesta se basa en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos; b) que existe crédito y el propuesto es el adecuado; c) que se adapta a las normas de los Ministros y de los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos sobre su expedición; d) que el órgano pagador ha justificado en plazo la inversión de los fondos recibidos antes.
Art. 23Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fijaRegula qué comprueba la Intervención en la fiscalización previa de los anticipos de caja fija. Para constituirlos o modificarlos hay dos requisitos: a) acuerdo del Ministro, Presidente o Director del Organismo autónomo sobre la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado; b) propuesta de pago basada en resolución de autoridad competente. En las reposiciones de fondos hay tres: a) que el importe total de las cuentas justificativas coincida con el de los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos; b) propuestas basadas en resolución de autoridad competente; c) que exista crédito y el propuesto sea adecuado.
Art. 24Especialidades en cuanto al régimen de los reparosEn la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y de los anticipos de caja fija, el incumplimiento de los requisitos de esta sección motiva un reparo de la Intervención. Ese reparo se rige por las condiciones y efectos de la sección 1.ª del capítulo. Hay una excepción: no procede el reparo por falta de justificación de libramientos anteriores cuando, para evitar daños en el funcionamiento de los servicios, el Ministro, el Presidente o el Director del Organismo autónomo autoriza una orden de pago específica.
Art. 25Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fijaAl intervenir las cuentas justificativas de pagos a justificar y anticipos de caja fija: a) se comprueba que responden a gastos concretos y determinados, con el procedimiento aplicable, adecuados al fin de los fondos, con realización efectiva y conforme acreditada y pago a acreedor determinado por el importe debido; b) se examinan cuentas y justificantes de cada partida, pudiendo usar muestreo; c) el Interventor emite informe de conformidad o de defectos, cuya opinión se hace constar en la cuenta y que no tiene efectos suspensivos sobre su aprobación; d) el órgano gestor aprueba, en su caso, las cuentas y se remiten después al Tribunal de Cuentas.
Art. 26Intervención de la liquidación del gastoToda liquidación de gasto o reconocimiento de obligación a cargo del Tesoro Público está sometida a intervención previa, tanto si nace de la Ley como de negocios jurídicos válidamente celebrados. La Intervención conoce el expediente antes del acuerdo de liquidación o reconocimiento. En ese momento debe quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos para reconocer la obligación, incluido, en su caso, el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.
Art. 27Contenido de las comprobacionesEn la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones, y sin perjuicio del artículo 19, se comprueba: a) que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que aprobación y reconocimiento deban ser simultáneos; b) que los documentos justificativos se ajustan a la normativa y recogen siempre identificación del acreedor, importe exacto y prestaciones, servicios u otras causas de la obligación; c) la comprobación material, cuando proceda, de la obra, servicio, suministro o gasto, intervenida en su caso.
Art. 28Comprobación material de la inversiónLa comprobación material es la facultad de la Intervención de verificar, antes del reconocimiento de la obligación, que obras, servicios y adquisiciones se han realizado y se ajustan al contrato o encargo. La hace el representante designado por el Interventor General, con asesor técnico si es necesario. Se pide representante si la inversión es igual o superior a 50.000 € sin IVA, con 30 días hábiles de antelación (45 si es fuera de España). Se levanta acta. Su omisión impide reconocer la obligación y pagar.
Art. 29De la intervención formal del pago, objeto y contenidoSe someten a intervención formal de la ordenación del pago los actos que ordenan pagos con cargo al Tesoro Público. Se verifica que la orden de pago: 1) la dicta el órgano competente; 2) se ajusta al acto de reconocimiento de la obligación; 3) se acomoda al plan de disposición de fondos del Tesoro. El ajuste se comprueba con los documentos originales o con la certificación del acto y de su intervención. Si la propuesta llega por medios informáticos, hay ajuste si se libra según el procedimiento del art. 78.2 del TRLGP. Las retenciones judiciales y las compensaciones se acreditan con los acuerdos que las disponen, que también se intervienen.
Art. 30Conformidad y reparoSi la Intervención considera que las órdenes de pago cumplen los requisitos del artículo anterior, hace constar su conformidad mediante una diligencia firmada. La firma puede ir en el documento que contiene la orden o en el documento resumen de cargo a las cajas pagadoras. Si no se cumplen, formula un reparo motivado y por escrito. El reparo suspende la tramitación de la orden de pago hasta que se solvente.
Art. 31De la intervención material del pago, objeto y contenidoSe somete a intervención material del pago la ejecución de órdenes de pago que tengan por objeto: a) cumplir directamente obligaciones del Tesoro Público; b) situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados para pagar; c) mover fondos y valores entre cuentas del Tesoro. Solo verifica la identidad del perceptor y la cuantía del pago. Si hay conformidad, la Intervención firma los documentos de salida de fondos y valores. Si no la hay, formula reparo motivado y por escrito. El apartado 3 regula las transferencias informáticas, la firma electrónica y las auditorías de seguridad.
Art. 32De la omisión de intervenciónSi la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente hasta resolver la omisión. El Interventor general o el delegado lo manifiesta a la autoridad que inició el expediente y emite un informe, sin naturaleza de fiscalización, sobre infracciones, prestaciones realizadas y posibilidad y conveniencia de revisión. El titular del departamento puede someterlo al Consejo de Ministros, comunicándolo al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la IGAE, con cinco días de antelación y con una memoria.
Art. 33Ambito de aplicaciónEl control financiero de la IGAE recae sobre dos grupos de sujetos. a) Los servicios, Organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica. b) Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares, por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado o de sus organismos autónomos, o concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de las Comunidades Europeas. También alcanza a las entidades colaboradoras que participen en su concesión y gestión.
Art. 34Objetivo y competenciasEl control financiero (arts. 17 y 18 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, RDLeg 1091/1988) verifica que la gestión económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Lo ejerce la Intervención General de la Administración del Estado con plena autonomía e independencia, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones Delegadas y los funcionarios que designe. Su finalidad es promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión. Sus informes sirven para aplicar mejor la eficiencia y la economía en el gasto.
Art. 35Formas de ejercicioEl control financiero se ejerce mediante auditorías u otras técnicas, conforme a este Real Decreto y a las normas de auditoría e Instrucciones de la IGAE. La auditoría es la comprobación sistemática de la actividad económico-financiera de entes o programas presupuestarios. Sus modelos son: financiera, de cumplimiento, operativa, de programas presupuestarios y planes de actuación, y de sistemas y procedimientos de gestión financiera. Además caben siete técnicas (a-g), entre ellas la revisión de sistemas informáticos según los principios de fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad. Las normas de la IGAE se aplican también a los auditores contratados.
Art. 36Informes de control financiero provisionales y definitivosEl órgano que ha hecho el control emite un informe escrito con los hechos, las conclusiones y las recomendaciones. Ese informe es provisional y se remite al gestor directo (el titular del servicio, órgano o ente controlado). Este tiene un máximo de quince días desde la recepción para alegar. Si admite deficiencias, indicará las medidas y el calendario para solucionarlas. Con el provisional y las alegaciones se emite el informe definitivo. Si no hay alegaciones en plazo, el provisional se eleva a definitivo. El definitivo incluye las alegaciones y, en su caso, las observaciones del órgano de control sobre ellas.
Art. 37Destinatarios de los informes definitivosLa IGAE, por sí o por medio de sus delegados, remite los informes definitivos de control financiero: al gestor directo de la actividad controlada; a otro Estado miembro de la UE o a la Comisión Europea si el control se hizo a su solicitud o mandato; al titular del departamento, servicio, organismo o ente en cuya órbita esté el ente controlado, en la forma que determine la IGAE; y, en todo caso, al Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Al Ministro de Economía y Hacienda solo van los que el Interventor general estime necesarios. Si controlan interventores delegados, la IGAE fija qué informes le envían.
Art. 38Informes de actuaciónLa Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emite un informe de actuación dirigido al titular del Departamento del que dependa o al que esté adscrito el órgano o entidad controlada. Lo hace en tres casos. Primero, cuando hay deficiencias y no se presentan alegaciones, o las alegaciones no indican medidas ni calendario. Segundo, cuando hay discrepancias no aceptadas por el órgano de control. Tercero, cuando se manifestó conformidad pero no se adoptan medidas. El titular del Departamento tiene dos meses como máximo para manifestar su conformidad o disconformidad al Ministro de Economía y Hacienda. Si hay disconformidad, el Ministro, previo informe de la IGAE y en dos meses como máximo, someterá en su caso las actuaciones al Consejo de Ministros.
Art. 38 bisMedidas de corrección de anomalías detectadas en el control financiero. ReintegrosLos órganos gestores deben comunicar al órgano que hizo el control las medidas que adopten para corregir las deficiencias y, en su caso, el cumplimiento de los plazos de sus alegaciones. Si no adoptan las medidas o incumplen los plazos, el órgano de control lo comunica a la IGAE para el informe de actuación del artículo 38. Si el informe señala actuaciones inexcusables e inmediatas para reparar o evitar perjuicios a la Hacienda pública o a los entes controlados, el gestor tiene un plazo máximo de un mes para comunicar las medidas adoptadas y sus posibles discrepancias. Si el órgano de control discrepa, lo comunica a la IGAE para el posible informe de actuación. El apartado 3 está derogado. Todo ello sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría de Economía y Hacienda y de la Inspección General en responsabilidad contable (RD 700/1988).
Art. 39Informes al Consejo de MinistrosLa IGAE informa al Consejo de Ministros por tres vías. 1) Un informe trimestral con los resultados más relevantes del control financiero, elevado a través del Ministro de Economía y Hacienda. 2) Un informe anual, elaborado por la IGAE con los resultados más significativos del ejercicio, que el Ministro de Economía y Hacienda somete al Consejo. 3) Cuando la IGAE lo considere oportuno por su especial trascendencia, eleva actuaciones concretas, a través del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, al Ministro. El Ministro decide si las somete al Consejo. Estas actuaciones van acompañadas de un sucinto informe motivado.
Art. 40Del control financiero de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos administrativosEl artículo 40 fija dos reglas sobre el control financiero de la Administración General del Estado y de sus Organismos autónomos administrativos. Primera: se ejerce sobre sus órganos conforme a lo dispuesto en los capítulos I y II del Título III. Segunda: puede ejercerse de forma permanente, en los términos y con el alcance que determine la Intervención General de la Administración del Estado.
Art. 41Del control financiero en los Organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogosLos Organismos autónomos del Estado con actividades industriales, comerciales, financieras o análogas no tienen función interventora: quedan sometidos a control financiero de carácter permanente, que la sustituye. Ese control se ejerce sobre la totalidad de las operaciones que realicen, no solo sobre una parte o una muestra de ellas.
Art. 42Del control financiero de las sociedades estatales y entes públicosEl apartado 1 dispone que el control financiero sobre las sociedades estatales se ejerce conforme a lo dispuesto en este Título. Según el apartado 2, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, podrá determinar las entidades y entes de los artículos 6.1 b) y 6.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria sometidos a control financiero permanente, sin perjuicio de sus normativas específicas.
Art. 43Artículo 43
Art. 44Artículo 44
Art. 45Artículo 45
Art. 46Artículo 46