Artículo 33. Ambito de aplicación
En pocas palabras
El control financiero de la IGAE recae sobre dos grupos de sujetos. a) Los servicios, Organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica. b) Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares, por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado o de sus organismos autónomos, o concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de las Comunidades Europeas. También alcanza a las entidades colaboradoras que participen en su concesión y gestión.
Explicación sencilla
Abre el Título III y fija a quién alcanza el control financiero. Llega al sector público estatal, sin importar su forma jurídica. También llega a sujetos privados, pero solo por razón de las ayudas públicas recibidas, incluidas las financiadas con fondos de las Comunidades Europeas. Alcanza además a las entidades colaboradoras en su concesión y gestión.
Regla mnemotécnica
Dos bloques: dentro, el sector público estatal «cualesquiera que sean su denominación y forma jurídica», y fuera, quien recibe dinero público. Para el bloque de fuera, regla SCAA: Subvenciones, Créditos, Avales y demás Ayudas. El origen del dinero es PGE o fondos europeos, y se suman las entidades colaboradoras.
Trampa típica de examen
Creer que, en materia de ayudas, el control financiero solo alcanza a los beneficiarios. El artículo incluye también a las entidades colaboradoras que participan en la concesión y gestión.
Texto del artículo 33 del Real Decreto 2188/1995 (RDCI)
El control financiero se ejercerá respecto de los sujetos siguientes: a) Los servicios, Organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualesquiera que sean su denominación y forma jurídica. b) Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado o de sus organismos autónomos, o de otro modo concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de las Comunidades Europeas, así como las entidades colaboradoras que participen en el procedimiento para su concesión y gestión.
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