Artículo 32. De la omisión de intervención
En pocas palabras
Si la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente hasta resolver la omisión. El Interventor general o el delegado lo manifiesta a la autoridad que inició el expediente y emite un informe, sin naturaleza de fiscalización, sobre infracciones, prestaciones realizadas y posibilidad y conveniencia de revisión. El titular del departamento puede someterlo al Consejo de Ministros, comunicándolo al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la IGAE, con cinco días de antelación y con una memoria.
Explicación sencilla
Regula la salida a un gasto tramitado sin la intervención preceptiva. Bloquea el reconocimiento de la obligación y el pago, y fija quién detecta la omisión, qué contenido mínimo tiene el informe y quién decide: el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento. El plazo de cinco días y el conducto de la IGAE son datos típicos de examen.
Regla mnemotécnica
El informe recoge IPR: Infracciones, Prestaciones realizadas y Revisión (posibilidad y conveniencia). Decide el Consejo de Ministros, con aviso al Ministro de Economía y Hacienda cinco días antes a través de la IGAE.
Trampa típica de examen
Se suele afirmar que el informe del interventor en caso de omisión tiene naturaleza de fiscalización o de reparo. El texto dice expresamente lo contrario.
Texto del artículo 32 del Real Decreto 2188/1995 (RDCI)
1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo. 2. Si el Interventor general de la Administración del Estado o los interventores delegados al conocer de un expediente observaran alguna de las omisiones indicadas en el número anterior, lo manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquél y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el titular del departamento ministerial de que aquélla proceda someter lo actuado a la decisión del Consejo de Ministros para que adopte la resolución a que hubiere lugar. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos: a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que, a juicio del interventor, se hayan producido en el momento en que se adoptó el acto sin fiscalización o intervención previa. b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto. c) La posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento. Los interventores delegados darán cuenta de su informe a la Intervención General de la Administración del Estado en el momento de su emisión. 3. Si el titular del departamento acordara someter el expediente a la decisión del Consejo de Ministros, lo comunicará al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, con cinco días de antelación a la reunión del Consejo en que se conozca del asunto. Al expediente se unirá una memoria que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa y, en su caso, las observaciones que estime convenientes respecto del informe de la Intervención.
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