Artículo 13 bis. Remisión del expediente a la Intervención a través de sistemas informáticos
En pocas palabras
Si la propuesta y el acto se formalizan en documento electrónico, el resultado de la fiscalización o intervención previa también será electrónico, con firma del Interventor competente basada en certificado del art. 21.a) y b) del RD 1671/2009. La puesta a disposición, la formalización y la remisión se harán exclusivamente por una aplicación de la IGAE: a) en la que el gestor genera y tramita el expediente, o b) conectada con los sistemas propios del gestor mediante un servicio web. Cada aplicación se aprueba por resolución de la IGAE, que define legalidad, seguridad, normalización de accesos y conservación de soportes. El acceso personal exige certificado del art. 21.a) y b); el acceso desde otro sistema, del art. 19.
Explicación sencilla
Regula la fiscalización electrónica: impone que el expediente llegue a la Intervención solo por aplicaciones de la IGAE aprobadas por su resolución. Fija qué certificado se exige para firmar y para acceder, sujeta el acceso al Esquema Nacional de Seguridad y remite los formatos a las disposiciones de aprobación, dentro del catálogo de estándares de interoperabilidad.
Regla mnemotécnica
La resolución de la IGAE fija «Las Señas No Cambian»: Legalidad de la aplicación, Seguridad de aplicación, Normalización de los medios de acceso y Conservación de los soportes. Certificados: persona → art. 21.a) y b); sistema → art. 19.
Trampa típica de examen
Pensar que el acceso a las aplicaciones de la IGAE exige siempre el certificado del artículo 21.a) y b) del RD 1671/2009. Ese certificado solo se exige en el acceso personal; cuando el acceso se efectúa desde otro sistema se exige el del artículo 19.
Texto del artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995 (RDCI)
1. Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de fiscalización o intervención previa se formalicen en documento electrónico, el resultado de la fiscalización o intervención previa se formalizará igualmente en documento electrónico que incorporará la firma electrónica del Interventor competente. En este caso, la firma electrónica estará basada en certificado electrónico de los previstos en el artículo 21.a) y b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, para los documentos firmados por las Administraciones públicas, y se ajustará igualmente a lo dispuesto en la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado, publicada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 2. La puesta del expediente a disposición de la Intervención para su fiscalización o intervención, así como la formalización de su resultado en documento electrónico y la remisión posterior de éste y del expediente, se realizará exclusivamente a través de alguno de los siguientes sistemas de información y comunicación: a) Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado, en la que el órgano gestor genera y tramita el expediente. Esta aplicación informática deberá ser objeto de aprobación mediante resolución de la Intervención General de la Administración del Estado que definirá los aspectos relativos a: 1. Legalidad de la aplicación: adecuación del funcionamiento de la aplicación a los requisitos y trámites del procedimiento; 2. Seguridad de aplicación: preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos tratados por la aplicación; 3. Normalización de los medios de acceso: especificaciones técnicas sobre los medios y formatos de acceso; 4. Conservación de los soportes utilizados: proporción entre la durabilidad de los soportes y el tiempo en que deben mantenerse los datos en ellos incluidos. b) Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado para la citada finalidad, en los supuestos en que el órgano gestor genere y tramite el expediente mediante sistemas y aplicaciones propias. Esta aplicación informática deberá ser objeto de aprobación mediante resolución de la Intervención General de la Administración del Estado en los mismos términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 13 bis.2.a) anterior. Para facilitar la interoperabilidad de este sistema con los propios sistemas de gestión de los órganos gestores, la Intervención General de la Administración del Estado pondrá a su disposición un servicio web específico, ajustado a las Normas Técnicas de Interoperabilidad dictadas en desarrollo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, que permita la comunicación, a tal efecto, entre dichos órganos gestores y su correspondiente órgano de control. 3. El acceso y utilización por los órganos gestores de las aplicaciones desarrolladas por la Intervención General de la Administración del Estado, incluidas en los modelos de funcionamiento del apartado 2.a) y b), deberá ajustarse a lo establecido en las disposiciones sobre política de seguridad de los sistemas de información y procedimientos de control de accesos de la propia Intervención General de la Administración del Estado, basados en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, aprobado mediante Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y requerirá un certificado electrónico de los previstos en el artículo 21.a) y b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, cuando se trate de acceso personal, o de los previstos en el artículo 19 del mismo real decreto, cuando el acceso se efectúe desde otro sistema. 4. Los formatos admitidos para los documentos electrónicos incluidos en el expediente, así como los de su encapsulamiento, en los modelos de funcionamiento del apartado 2.a) y b), serán los que se establezcan en las disposiciones que aprueben las respectivas aplicaciones, y estarán dentro de los admitidos en la norma técnica de interoperabilidad del catálogo de estándares.
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