Real Decreto 2188/1995, régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado

Artículo 26. Intervención de la liquidación del gasto

En pocas palabras

Toda liquidación de gasto o reconocimiento de obligación a cargo del Tesoro Público está sometida a intervención previa, tanto si nace de la Ley como de negocios jurídicos válidamente celebrados. La Intervención conoce el expediente antes del acuerdo de liquidación o reconocimiento. En ese momento debe quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos para reconocer la obligación, incluido, en su caso, el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.

Explicación sencilla

Fija la fase de liquidación del gasto como momento sometido a intervención previa dentro de la función interventora. Determina cuándo actúa la Intervención (antes del acuerdo) y qué debe constar (acreditación documental de todos los requisitos), enlazando con la comprobación material de la inversión cuando proceda.

Regla mnemotécnica

Antes de liquidar, la Intervención mira el expediente: da igual que la obligación venga de la Ley o de un negocio jurídico; todo debe constar en papel (documentalmente) y la comprobación material de la inversión, solo «en su caso».

Trampa típica de examen

Afirmar que la Intervención conoce el expediente después del acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación, o que la intervención previa solo alcanza a las obligaciones nacidas de contratos: el texto exige conocimiento previo al acuerdo y abarca también las obligaciones que tienen su origen en la Ley.

Texto del artículo 26 del Real Decreto 2188/1995 (RDCI)

1. Las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones a cargo del Tesoro Público están sometidos a intervención previa, ya tengan su origen en la Ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados. 2. La Intervención conocerá el expediente con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación. En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación a cargo del Tesoro Público, entre los que se encontrará, en su caso, el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.

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