Real Decreto 2188/1995, régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado

Artículo 1. Ambito de aplicación

En pocas palabras

El control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se realiza en los términos del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y de este Reglamento. Recae sobre el conjunto de la actividad financiera y sobre los actos con contenido económico que la integran. Este control interno no se aplica a los órganos que no dependan del Gobierno o de la Administración General e Institucional del Estado.

Explicación sencilla

Es el artículo que delimita el ámbito del Reglamento. Fija las dos normas que rigen el control interno (texto refundido de la LGP y el propio Reglamento) y su doble objeto: la actividad financiera en su conjunto y cada acto con contenido económico. Además excluye a los órganos ajenos al Gobierno y a la Administración General e Institucional del Estado.

Regla mnemotécnica

2 + 2 + 1: dos fuentes (texto refundido de la LGP + este Reglamento), dos objetos (el conjunto de la actividad financiera + los actos con contenido económico) y una exclusión: queda fuera lo que no depende del Gobierno ni de la Administración General e Institucional del Estado.

Trampa típica de examen

Creer que el control interno del Reglamento alcanza a cualquier órgano del Estado o que solo excluye a los que no dependan de la Intervención General o del Ministerio de Hacienda. El texto excluye a los órganos que no dependan del Gobierno o de la Administración General e Institucional del Estado.

Texto del artículo 1 del Real Decreto 2188/1995 (RDCI)

El control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal se realizará en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el presente Reglamento, sobre el conjunto de dicha actividad financiera y sobre los actos con contenido económico que la integran. El control interno a que se refiere el presente Reglamento no será de aplicación a los órganos que no dependan del Gobierno o de la Administración General e Institucional del Estado.

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