Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas

Artículo 1

Título I. Fiscalización económico-financiera y jurisdicción contable›Capítulo I. El Tribunal de Cuentas. Competencias y funciones

En pocas palabras

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción. También fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes. Es único en su orden, su jurisdicción alcanza todo el territorio nacional (sin perjuicio de los órganos fiscalizadores autonómicos que prevean los Estatutos) y depende directamente de las Cortes Generales.

Explicación sencilla

Es el artículo que define qué es el Tribunal de Cuentas: su posición como supremo órgano fiscalizador, su ámbito (Estado, sector público y partidos políticos), su alcance territorial y de quién depende. Son los rasgos de identidad que más se preguntan del órgano.

Regla mnemotécnica

Supremo, único y de las Cortes: supremo fiscalizador, único en su orden y dependiente directamente de las Cortes Generales.

Trampa típica de examen

Creer que, por ser único en su orden, excluye a los órganos de control autonómicos: el artículo deja a salvo los órganos fiscalizadores de cuentas que prevean los Estatutos de las Comunidades Autónomas.

Texto del artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1982 (LOTCu)

Uno. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica. Asimismo, corresponde al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos. Dos. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos. Depende directamente de las Cortes Generales.

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