Tema 52 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 11. Competencias del Parlamento de Andalucía

Corresponde al Parlamento el examen, enmienda, aprobación y control del Presupuesto. Se regulan por ley: créditos extraordinarios y suplementos de crédito; tributos propios; competencias normativas sobre tributos cedidos; recargos sobre tributos estatales; Deuda Pública; patrimonio y contratación; el régimen económico-financiero de las agencias administrativas y públicas empresariales y la autorización para crear las de régimen especial. El Parlamento goza de autonomía presupuestaria; Hacienda le libra sus dotaciones en el primer mes de cada trimestre, automáticamente y por cuartas partes.

Artículo 85. Ámbito del control interno y de la contabilidad pública

La actividad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de los consorcios del artículo 4 y de las demás entidades del artículo 5 está sometida al control interno de la Intervención General de la Junta de Andalucía y al régimen de contabilidad pública. Las entidades públicas vinculadas con consideración de Administración institucional, y los órganos e instituciones a los que se aplique su régimen jurídico, quedan sujetos al control interno de la Intervención General, salvo disposición distinta de su normativa específica.

Artículo 86. La Intervención General: carácter y estructura

La Intervención General es el superior órgano de control interno del sector público de la Junta de Andalucía y órgano directivo y gestor de la contabilidad pública; actúa con plena autonomía. Estructura: servicios centrales (Divisiones) e Intervenciones. Deben tener unidades de control interno las agencias públicas empresariales, consorcios y sociedades mercantiles en control financiero permanente. Su personal se adscribe orgánicamente al máximo órgano de dirección de la entidad y depende funcionalmente solo de la Intervención General, cuya previa conformidad exigen su contratación y cese.

Artículo 86 bis

Artículo 87. Deber de colaboración y asistencia jurídica

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe proporcionar, previo requerimiento del órgano de control actuante, los datos, informes o antecedentes con trascendencia para el control deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas. El Gabinete Jurídico asiste a los funcionarios citados por órganos jurisdiccionales por participar en actuaciones de control: lo solicita la persona titular de la Intervención General y lo autoriza la de la Jefatura del Gabinete Jurídico. La cesión de datos personales no requiere consentimiento del interesado.

Artículo 88. Modalidades y alcance del control interno

El control interno comprende dos modalidades: el control previo y el control financiero. Si los procedimientos objeto de control se formalizan mediante actuaciones administrativas automatizadas, la Intervención General de la Junta de Andalucía puede aprobar las instrucciones y directrices para adaptar los controles, por Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en todo caso puede realizar auditorías. Toda actuación de control de la Intervención debe tener previamente definido un alcance determinado, conforme a las normas de control previo o de control financiero.

Artículo 89. Concepto y actuaciones

El control previo se ejerce antes de que se formalicen o concierten las operaciones y verifica su legalidad. Comprende: fiscalización previa de gastos y obligaciones presupuestarias, informes previos de las modificaciones presupuestarias, control previo de determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero, comprobación material del gasto y control de las operaciones extrapresupuestarias. Están sujetas las Consejerías y agencias administrativas, con las excepciones de norma legal o reglamentaria. La Intervención General puede acordar controles posteriores.

Artículo 90. La fiscalización previa

La fiscalización previa examina los expedientes de gasto para verificar su legalidad: aprobación y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pagos de justificación posterior. El reparo, motivado, suspende la tramitación. Discrepancia: resuelve la Intervención General si reparó una Intervención; si el reparo es suyo o lo confirma, la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras hasta 150.000 euros y el Consejo de Gobierno en lo demás. No se fiscalizan en aprobación y disposición, entre otros, los contratos menores y los gastos del Capítulo II menores de 3.000 euros.

Artículo 91. Informes previos de las modificaciones presupuestarias

La Intervención General informa, con carácter previo, los expedientes de modificación presupuestaria que corresponde autorizar al Consejo de Gobierno. Los que compete autorizar a las personas titulares de las Consejerías, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c), y consorcios, los informan previamente las respectivas Intervenciones. Todo ello en los términos previstos reglamentariamente. El objeto del informe es verificar el cumplimiento de los preceptos de la Ley y de la Ley del Presupuesto que regulan el régimen jurídico de estos expedientes.

Artículo 92. La comprobación material del gasto

La comprobación material del gasto es la facultad de la Intervención de verificar la efectiva realización de obras, adquisiciones de bienes y servicios financiados con fondos públicos. Se ejerce concurriendo un representante de la Intervención General a los actos formales de recepción de los contratos, también por medios electrónicos en los supuestos que fije una resolución de la Intervención General. Los asesores o peritos se solicitan a la persona titular de la Intervención General. La Consejería de Hacienda establece los supuestos de solicitud de asesores y de asistencia obligatoria.

Artículo 92 bis. El control previo de determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero

La Intervención General puede acordar, por resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que se sometan a control previo determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero cuya importancia lo aconseje. Esa resolución fija el alcance general básico del control y puede remitirse a las aprobadas en el ámbito de la fiscalización previa del artículo 90.3. El control solo suspende la tramitación de los expedientes cuando la resolución lo disponga; la entidad en desacuerdo puede discrepar por el procedimiento del artículo 90.5.

Artículo 92 ter. El control de las operaciones extrapresupuestarias

Los pagos procedentes de obligaciones extrapresupuestarias que generen débitos a cargo de la tesorería exigen comprobar el carácter auxiliar, complementario o independiente al Presupuesto de la operación y que la obligación se reconoce y satisface sin previa imputación presupuestaria. Son extrapresupuestarias las operaciones que establezca la orden de la Consejería de Hacienda reguladora de la contabilidad pública. Antes del pago se controla el legítimo derecho del acreedor, la cuantía de la obligación, el saldo en la cuenta adecuada y la competencia del órgano proponente.

Artículo 93. Control financiero

El control financiero es un control posterior: comprueba que el funcionamiento económico-financiero del sector público se ajusta al ordenamiento y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera. Puede consistir en auditoría de cumplimiento, financiera, operativa o de programas. La Intervención General aprueba en el primer mes de cada ejercicio un plan de control, que se envía a la Cámara de Cuentas para su conocimiento. La denegación de opinión por causa imputable a la entidad se comunica a los titulares de la Consejería de adscripción y de Hacienda.

Artículo 94. Control financiero permanente

El control financiero permanente es una modalidad del control financiero que se aplica de forma regular. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno puede sustituir al control previo en determinados órganos o servicios; la Intervención General fija después sus condiciones. Las agencias de régimen especial quedan sometidas a él en todo caso, aunque el Consejo de Gobierno, a propuesta razonada de la Intervención General, puede someter todos o parte de sus gastos a control previo. El de los ingresos es permanente cuando lo disponga la Intervención General.

Artículo 95. Control financiero de subvenciones

La Intervención General de la Junta de Andalucía ejerce el control financiero de subvenciones sobre las personas o entidades beneficiarias y, en su caso, las entidades colaboradoras, para comprobar la adecuada y correcta obtención, destino y disfrute de las subvenciones. Cuando se considere preciso alcanza a personas vinculadas, proveedoras, clientes y demás relacionadas con las operaciones. Deben facilitar el libre acceso a locales y documentación y la obtención de copia. El personal funcionario encargado del control tiene la consideración de agente de la autoridad.

Artículo 95 bis. Informes de control financiero de subvenciones y sus efectos

El control financiero de subvenciones se documenta en diligencias e informes, que son documentos públicos y prueban los hechos salvo que se acredite lo contrario. Las actuaciones concluyen en doce meses como máximo, ampliables por especial complejidad u ocultación de información. Notificada la procedencia del reintegro, el órgano gestor acuerda su inicio en dos meses y lo comunica a la Intervención General en dos meses desde la recepción del informe. Si hay discrepancia e informe desfavorable, el órgano concedente opta en un mes. La Intervención General emite un informe anual.

Artículo 95 ter. Control de los fondos europeos

En el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, la Intervención General actúa como autoridad de auditoría o como órgano de control colaborador de esta, según se le asigne en cada programa operativo. Si detecta una causa de reintegro en una subvención, lo comunica al órgano concedente, y el órgano controlado le informa en el plazo máximo de dos meses sobre la evaluación efectuada. En FEAGA y FEADER actúa como Organismo de Certificación de las Cuentas del Organismo Pagador.

Artículo 96. Contratación de auditorías

La Consejería competente en materia de Hacienda tiene, con carácter exclusivo, la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad Autónoma, y la de cuentas anuales de las agencias públicas empresariales del artículo 2.b) y sociedades mercantiles sometidas a control financiero permanente. Las no sometidas a ese control deben recabar informe previo de la Intervención General antes de contratar auditorías. La Intervención General audita anualmente las cuentas de las fundaciones obligadas a auditarse y de los fondos carentes de personalidad jurídica.

Artículo 96 bis. Ámbito de aplicación, finalidad y principios orientadores

Las entidades de los artículos 2, 4 y 5 y los fondos carentes de personalidad jurídica están sometidos al sistema de supervisión continua. La Administración institucional lo está en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía. Quedan fuera del proceso las instituciones de autogobierno. Su finalidad es verificar que subsisten las circunstancias que justificaron la creación de las entidades y fondos, su sostenibilidad financiera y las causas que justifiquen su permanencia. Principios: autonomía e independencia, coordinación y ejercicio contradictorio.

Artículo 96 ter. Proceso de supervisión continua

Corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía planificar y ejecutar las actuaciones de control de supervisión continua. Sus resultados se plasman en un informe sujeto a procedimiento contradictorio, que podrá contener recomendaciones o propuestas. Los organismos y entidades sujetos y sus órganos de vinculación, dependencia, tutela o adscripción deben colaborar y suministrar la información y documentación solicitada en los plazos que se establezcan. La finalización del proceso se desarrollará en los términos que se determinen mediante Decreto.

Artículo 97. Sometimiento al régimen de contabilidad pública

Quedan sometidas al régimen de contabilidad pública, en los términos de esta Ley, la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias, las instituciones y las sociedades mercantiles del sector público andaluz. También lo están los consorcios definidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y las fundaciones del sector público andaluz, estas en virtud del artículo 57.3 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Artículo 97 bis. Período contable

El período contable coincide con el año natural. Como excepción, las normas de creación o los Estatutos de las entidades del sector público andaluz cuya actividad económica esté vinculada a ciclos estacionales pueden establecer otros períodos contables, que en todo caso serán de doce meses y siempre que esas entidades no estén incluidas en el Subsector Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional.

Artículo 98. Rendición de cuentas

Estar sujeto al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, por conducto de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Esa regla se aplica también al empleo de las subvenciones, cualquiera que sea la persona o entidad perceptora.

Artículo 99. Fines de la contabilidad pública

Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda organizar la contabilidad pública al servicio de estos fines: registrar la ejecución del Presupuesto; conocer el movimiento y la situación de la Tesorería General; registrar las variaciones, composición y situación del patrimonio; proporcionar los datos para formar y rendir la Cuenta General y demás cuentas; facilitar los datos para las cuentas económicas del sector público de Andalucía; rendir la información económica y financiera para la toma de decisiones, y cualquier otro que establezcan las disposiciones de aplicación.

Artículo 100. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro directivo de la contabilidad pública

La Intervención General es el centro directivo de la contabilidad pública. Somete a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda el Plan General de Contabilidad, los planes parciales o especiales y las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas. Promueve la potestad reglamentaria sobre las cuentas y puede dictar circulares e instrucciones. Inspecciona la contabilidad y dirige auditorías, aprueba las normas contables de los fondos del artículo 5.5 y determina las entidades obligadas a remitir información sobre estabilidad presupuestaria.

Artículo 101. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro gestor de la contabilidad pública

Como centro gestor de la contabilidad pública, la Intervención General de la Junta de Andalucía forma la Cuenta General; examina y prepara las cuentas que se rinden al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas; recaba cuentas y documentos; centraliza la información contable; suministra la información para las cuentas económicas (ante incumplimiento reiterado, requiere al titular para que la facilite en quince días); vigila e impulsa las oficinas de contabilidad, e instruye los procedimientos por falta de rendición de cuentas iniciados por la persona titular de Hacienda.

Artículo 102. Formación y cierre de las cuentas

Las cuentas que se rinden al Parlamento, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas se forman y cierran mensualmente, salvo las de agencias públicas empresariales del artículo 2.b), instituciones, sociedades mercantiles y fundaciones, que lo hacen anualmente. Esas agencias formulan sus cuentas en tres meses como máximo desde el cierre del ejercicio (igual si hay consolidación); se aprueban dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio y se remiten a Hacienda en el mes siguiente a su formulación o aprobación. Sus cuentas anuales se auditan antes de aprobarse.

Artículo 103. Verificación de la contabilidad pública

La contabilidad pública queda sometida a verificación, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Está a cargo de personal funcionario dependiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía y del que, en su caso, designen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Artículo 104. Publicación de información

La Consejería competente en materia de Hacienda publica trimestralmente tres bloques de datos: las operaciones de ejecución del Presupuesto; la situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias; y los demás que se consideren de interés.

Artículo 105. Contenido de la Cuenta General

La Cuenta General comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería del ejercicio. Para la Administración, sus agencias y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, sus estados son: balance, cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación del presupuesto (cuatro partes) y Memoria. Para sociedades mercantiles, fondos y fundaciones, las cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad. También: deuda pública, anticipos de tesorería, avales e inmovilizado.

Artículo 106. Documentación anexa a la Cuenta General

A la Cuenta General se unen tres documentos: la cuenta general de tesorería, la cuenta de operaciones extrapresupuestarias y una memoria sobre el cumplimiento de los objetivos programados, que indica los objetivos previstos y los alcanzados y el coste de los mismos.

Artículo 107. Formación de la Cuenta General

La Intervención General forma la Cuenta General con las cuentas de las entidades del sector público andaluz y los demás documentos que deban rendirse. La de cada año se forma antes del 30 de septiembre del siguiente y se remite al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación antes del 31 de octubre. Las agencias públicas empresariales del artículo 2.b), sociedades y fundaciones presentan sus cuentas aprobadas antes del 31 de julio; con periodo contable distinto del año natural, dentro de los siete meses siguientes a su terminación.

Artículo 107 bis. Información al Parlamento de Andalucía

La Consejería con competencia en materia de Hacienda remite cada trimestre a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía: la relación de expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados, con su documentación y justificación; las operaciones de ejecución del Presupuesto; la situación y movimiento de la Tesorería General; y la relación de avales autorizados por el Consejo de Gobierno, con la entidad avalada, el importe y las condiciones. También se le trasladan los acuerdos de emisión de Deuda Pública, con la cuantía y las condiciones de amortización.

Artículo 108. Responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

Las autoridades y demás personal de la Junta de Andalucía y de sus entidades que, por dolo, culpa o negligencia graves, ocasionen menoscabo en los fondos públicos con acciones u omisiones contrarias a esta Ley o a las leyes presupuestarias, económico-financieras, de contabilidad y de control aplicables deben indemnizar los daños y perjuicios, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria. La responsabilidad de quienes participaron en la resolución o el acto es mancomunada, salvo dolo, que es solidaria. En materia de tasas se está al artículo 11 de la Ley 4/1988.

Artículo 109. Infracciones

Son infracciones: a) incurrir en alcance o malversación en la administración de fondos de la Junta; b) administrar los recursos y derechos de la Hacienda sin sujetarse a las disposiciones sobre su liquidación, recaudación e ingreso en la Tesorería; c) comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente o con infracción de esta Ley o de la del Presupuesto; d) dar lugar a pagos indebidos al liquidar obligaciones o expedir documentos; e) no rendir las cuentas reglamentarias, rendirlas con notable retraso o con graves defectos; f) no justificar la inversión de los fondos del artículo 56.

Artículo 110. Diligencias previas

Conocidas las infracciones, los órganos superiores de las personas presuntamente responsables y los órganos competentes para la ordenación de los pagos instruyen las diligencias previas y adoptan las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Junta de Andalucía, y lo comunican inmediatamente a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y, en su caso, al Tribunal de Cuentas. La persona titular de la Intervención que advierta infracciones en el ejercicio de sus funciones lo pone en conocimiento de la persona titular de esa Consejería.

Artículo 111. Órganos competentes y procedimiento

En los supuestos de los apartados a) y e) del artículo 109 la responsabilidad la exige el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las competencias de la Cámara de Cuentas. En los demás se exige por procedimiento administrativo, dando conocimiento al Tribunal de Cuentas. Iniciar, nombrar instructor o instructora y resolver corresponde al Consejo de Gobierno cuando se tenga la condición de autoridad, y a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda en los demás casos. La resolución, con audiencia de la persona interesada, se pronuncia sobre los daños y perjuicios.

Artículo 112. Régimen de los perjuicios causados

Los perjuicios declarados en los procedimientos del artículo anterior son derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, gozan del régimen de los artículos 22 y 24 y se cobran, en su caso, por la vía de apremio. La Hacienda tiene derecho al interés del artículo 23 sobre el importe de alcances, malversaciones, daños y perjuicios desde el día que se produzcan los perjuicios. Si por insolvencia de la persona o entidad deudora directa la acción se deriva a las personas subsidiariamente responsables, el interés se calcula desde el día en que se les requiera el pago.

Artículo único. Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía

El artículo único del decreto aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía. El texto del reglamento no está en el propio artículo: se inserta a continuación del decreto. El artículo no contiene plazos, órganos ni cifras.

Artículo 1. Objeto

El Reglamento desarrolla la organización y las funciones que el Título V del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo) atribuye a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y también las funciones que en materia de subvenciones se le atribuyen en el Título VII del mismo texto.

Artículo 2. Carácter y autonomía de la Intervención General

La Intervención General es órgano superior de control interno, en su doble modalidad de control previo y control financiero, y órgano directivo y gestor de la contabilidad pública; además es el órgano directivo responsable de planificar y ejecutar la supervisión continua. Ejerce sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a sus potestades contables y de control. Esa autonomía la ostentan la persona titular y quienes realizan funciones de su ámbito competencial, sin perjuicio de las potestades de dirección y coordinación de aquella.

Artículo 3. El control interno de la Junta de Andalucía

Se somete al control interno de la Intervención General y al régimen de contabilidad la actividad financiera de la Administración de la Junta, sus entidades instrumentales, los consorcios del artículo 4 y entidades del artículo 5 del Texto Refundido, y las entidades públicas vinculadas, órganos e instituciones de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, salvo norma específica distinta. El control comprueba el ajuste al ordenamiento y los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera. Modalidades: previo y financiero; en gastos de personal, ambas.

Artículo 4. La contabilidad pública

La contabilidad pública del sector público andaluz es un sistema de información económico-financiera y presupuestaria que muestra la imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del presupuesto de cada entidad. Este sector lo integran la Administración de la Junta, sus agencias, las sociedades mercantiles, los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007, las fundaciones y demás entidades del artículo 5 del Texto Refundido. La Intervención General es centro directivo y gestor de la contabilidad y suministra la información del Subsector «Administración Regional».

Artículo 5. La supervisión continua

La supervisión continua comprueba tres cosas de las entidades y fondos del artículo 96 bis.1 del Texto Refundido sometidos por la ley a este sistema: la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de las causas que justifiquen su permanencia como el medio más idóneo para lograr sus fines. La Intervención General desarrolla la planificación y ejecución de estas actuaciones, que le atribuye el artículo 96 ter del Texto Refundido.

Artículo 6. Principios de actuación

En control interno, la Intervención General se somete a cinco principios: plena autonomía, suficiencia de medios, desconcentración (distribución de competencias del órgano directivo entre las Intervenciones en función de los gastos controlados), procedimiento contradictorio y alcance delimitado de sus actuaciones de control. En contabilidad pública, además de plena autonomía y ejercicio desconcentrado, se sujeta a seis: transparencia, claridad, relevancia, fiabilidad (el fondo económico de las operaciones prevalece sobre su forma), comparabilidad y prudencia en las estimaciones y valoraciones.

Artículo 7. Instrucciones, órdenes de servicio y consultas

La Intervención General dirige y coordina a todas las unidades que dependen de ella mediante instrucciones y órdenes de servicio. Se difunden por medios que aseguren un conocimiento inmediato y eficaz de sus destinatarios, obligan a todo el personal que dependa orgánica o funcionalmente de ella y se publican en el Portal de la Junta de Andalucía en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. Las consultas que deba resolver la persona titular, si tienen alcance general, se ponen en conocimiento de todas las personas a las que pueda afectar o interesar.

Artículo 8. Facultades del personal que desarrolla las funciones de control

Cuando el acto, documento o expediente lo requiera, los servicios centrales de la Intervención General y las Intervenciones pueden recabar directamente de los órganos de la Administración de la Junta o de las entidades del sector público andaluz asesoramientos jurídicos, informes técnicos, antecedentes y documentos. Si los asesoramientos e informes se piden a órganos con competencia en toda la Administración de la Junta, los solicita en todo caso la persona titular. La Intervención General puede instar la revisión de oficio de los actos que considere perjudiciales para la Hacienda Pública.

Artículo 9. Obligaciones de colaboración y asistencia jurídica

Las autoridades, quienes dirijan oficinas públicas, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios y quienes ejerzan funciones públicas o trabajen en ellas deben colaborar y apoyar al personal funcionario encargado del control; también los responsables de entidades a las que la Junta encomiende la gestión recaudatoria. Ese deber comprende el acceso a las oficinas y la entrega de la documentación, de cuya integridad deja constancia expresa el responsable de la entidad auditada. La persona titular de la Intervención General pide, cuando proceda, la asistencia del Gabinete Jurídico.

Artículo 10. Facultades en el ámbito del control financiero

El personal de la Intervención que realice los controles financieros tiene seis facultades: libre acceso a la documentación, incluidos programas y archivos informáticos; revisión de sistemas informáticos de gestión; libre acceso a locales e instalaciones del sector público de la Junta; libre acceso a locales de negocio y lugares de las actividades subvencionadas; obtención de copia o retención de facturas y documentos; y libre acceso a la información de cuentas bancarias. Si afecta al domicilio constitucionalmente protegido, se precisa consentimiento del interesado o autorización judicial.

Artículo 11. Deberes del personal que desarrolla las funciones de control

El personal dependiente funcionalmente de la Intervención General debe guardar la debida reserva; los datos obtenidos solo pueden usarse para los fines del Reglamento y cuando lo precise la normativa de las infracciones que puedan detectarse. Respeta la normativa de control interno y las instrucciones de la Intervención General. Si las personas a cargo de las Intervenciones aprecian hechos acreditados o comprobados que pudieran constituir infracción administrativa o responsabilidad contable, dan traslado mediante informe, por conducto de la persona titular, a los órganos competentes.

Artículo 12. Ejercicio profesional de la función de control

Los actos administrativos dictados en ejercicio de las funciones del Reglamento implican el desempeño profesional de funciones públicas por personal habilitado específicamente para ello. Todas las actuaciones de control previo o financiero y sus informes, la rendición de cuentas y los dictámenes como Autoridad de Auditoría de los fondos europeos deben estar suscritos por el personal funcionario competente que participe como persona interventora o auditora actuante, sin perjuicio de las funciones de dirección y coordinación y de las facultades de la persona titular de la Intervención General.

Artículo 13. Alcance del control interno

Toda actuación de control, sin excepción alguna, debe tener previamente definido un alcance. En control previo lo establecen la ley, el Reglamento y las resoluciones de la Intervención General; en el financiero, la ley, el Reglamento, los acuerdos del Consejo de Gobierno, en su caso, y el Plan Anual de Control Financiero o documentos de planificación. Tras el informe definitivo de control financiero no caben en informes posteriores incumplimientos del alcance comprobado, salvo nuevos hechos o circunstancias. Se altera modificando su instrumento con las formalidades de la aprobación inicial.

Artículo 14. Protección de datos de carácter personal

El tratamiento y la comunicación de los datos personales obtenidos por la Intervención General se someten al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018. Solo se tratan los datos adecuados, pertinentes y limitados a sus fines y funciones. La Intervención General no puede divulgarlos ni informar a quienes no puedan conocerlos por razón de sus funciones, ni usarlos con fines diferentes de los del Reglamento. Se comunican a los órganos competentes para iniciar los procedimientos de reintegro, sancionadores o penales. Da publicidad al inventario de actividades de tratamiento.

Artículo 15. Estructura

La Intervención General se estructura en Divisiones e Intervenciones. Las Divisiones, en torno a las que se organizan los servicios centrales, llevan a cabo las tareas generales y horizontales de dirección y coordinación de las funciones de control interno, contabilidad y supervisión continua y auxilio judicial. Las Intervenciones realizan de forma descentralizada el ejercicio de las funciones que les encomiende la persona titular, y pueden contar con Intervenciones adjuntas. La persona titular puede atribuir a esas unidades cometidos concretos y no habituales de ámbitos distintos.

Artículo 16. Adscripción orgánica y dependencia funcional

Los puestos de las personas a cargo de Divisiones, Intervenciones e Intervenciones adjuntas, y las jefaturas de sección o análogos, se adscriben a la Consejería competente en materia de Hacienda y se integran en la relación de puestos de la Intervención General. Los demás puestos de las Intervenciones se adscriben a Consejerías y agencias, con dependencia funcional exclusiva de la Intervención General, cuya persona titular puede proponer medidas de gestión de personal, informa los cambios de la relación de puestos que les afecten y se le comunica el inicio de los procedimientos disciplinarios.

Artículo 17. La persona titular de la Intervención General y sus funciones

La persona titular de la Intervención General tiene rango de titular de Viceconsejería y se nombra y separa por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, entre quienes reúnan los requisitos del artículo 17.5 de la Ley 9/2007. Ostenta la dirección orgánica y funcional de todos los servicios, dependencias y personal funcionario. Se le atribuyen de forma exclusiva las funciones del apartado 3, como aprobar el Plan Anual de Control Financiero, y dispone los medios y dicta las instrucciones de los controles específicos.

Artículo 18. Las personas responsables de las direcciones de División

La coordinación general y dirección se hace por Divisiones, con rango de subdirecciones generales, que tienen a su cargo las jefaturas de servicio e Intervenciones que fije la relación de puestos. La persona titular de la Intervención General atribuye la dirección de cada División a una persona interventora directora de División, a quien corresponde dirigir y coordinar su área funcional, el reparto ordinario de asuntos y efectuar propuestas a la persona titular, a quien sustituye la persona a cargo de División que designe y, a falta de designación expresa, la de más antigüedad como tal.

Artículo 19. Las personas titulares de las Intervenciones

Los interventores o interventoras son personas funcionarias responsables de las Intervenciones. Les corresponde suscribir los informes o dictar los actos que no estén reservados a la persona titular de la Intervención General. Esta establece la asignación de funciones de cada Intervención y, cuando sea necesario, encomienda a quien tenga asignada una Intervención la coordinación de otras. Las Intervenciones adjuntas actúan bajo las directrices de la persona titular de la Intervención de la que dependan. Las Intervenciones cuentan con la estructura de personal de sus relaciones de puestos.

Artículo 20. Sustitución de las personas a cargo de las Intervenciones

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona a cargo de una Intervención, la sustituye quien ocupe la Intervención adjunta; si hay más de una Intervención adjunta, los términos de la sustitución los determina «dicha persona», en palabras del artículo. Si no puede acudirse a ese mecanismo, la persona titular de la Intervención General dicta resolución por la que acumula temporalmente las funciones a otra persona que tenga encomendada una Intervención.

Artículo 21. Concepto y naturaleza

El control previo es el control de la legalidad, en el aspecto económico-financiero, de los actos, expedientes y operaciones de los que se deriven gastos u obligaciones de contenido económico, sea cual sea su forma jurídica. Se ejerce antes de adoptar el acto o acuerdo, sin perjuicio del control posterior o financiero. El informe desfavorable o nota de reparos tiene efectos suspensivos. Se aplica a Consejerías y agencias administrativas y a las operaciones de entidades sometidas a control financiero de la sección 4.ª.

Artículo 22. Actuaciones

El ejercicio del control previo comprende cinco actuaciones: a) la fiscalización previa de los gastos y de las obligaciones de carácter presupuestario; b) los informes previos de las modificaciones presupuestarias; c) el control previo de las operaciones de la sección 4.ª del capítulo; d) la comprobación material del gasto; y e) el control de las operaciones extrapresupuestarias.

Artículo 23. Concepto y objeto de la fiscalización previa

La fiscalización previa es el examen, antes de que se dicte la resolución, de los expedientes de gasto, para verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad económico-financiera. Expediente de gasto es el que contiene una propuesta para ejecutar un crédito presupuestario a través de las fases de autorización y disposición del gasto y de contracción y pago de las obligaciones, hasta su justificación. También se fiscalizan las modificaciones de contratos, de encargos a medios propios personificados y de subvenciones, aunque no tengan repercusión presupuestaria.

Artículo 24. Fases de la fiscalización previa

Se fiscalizan las fases de los expedientes de gasto, incluso si se tramitan de forma acumulada: a) autorización del gasto (órgano competente, crédito adecuado y suficiente, artículo 40 del Texto Refundido si hay compromisos para ejercicios futuros y legalidad de los trámites); b) compromiso o disposición (normativa de selección del tercero); c) reconocimiento de la obligación, que lleva implícita la propuesta de pago (legítimo derecho de la persona acreedora); d) justificación de los pagos de justificación posterior (requisitos de la justificación diferida).

Artículo 25. Competencias

La persona titular de la Intervención General fiscaliza los actos que deba aprobar o autorizar el Consejo de Gobierno, las modificaciones de contratos que haya fiscalizado la Intervención General y el compromiso de las subvenciones cuya concesión deba autorizar el Consejo de Gobierno. Las fases posteriores y toda la contabilización corresponden a la Intervención competente. Las Intervenciones fiscalizan lo demás en toda su amplitud. Si el crédito se contabiliza en distintas Intervenciones, fiscaliza la del órgano de contratación o convocante, salvo que deba autorizar el Consejo de Gobierno.

Artículo 26. Momento y plazo para la realización de la fiscalización previa

La Intervención recibe el expediente con la propuesta y toda la documentación, emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de dictarse resolución. Fiscaliza en un plazo máximo de diez días desde el siguiente a la recepción, o cinco si se ha declarado urgente la tramitación. Si la documentación está incompleta, el plazo no empieza hasta recibir el último documento, justificante e informe. Se tendrá en cuenta el Decreto 5/2017. Si la Intervención usa la facultad del artículo 8.1, el plazo se suspende quince días y debe dar cuenta al órgano gestor.

Artículo 27. Remisión de expedientes, para su fiscalización, por medios electrónicos

El expediente se presenta en formato electrónico ante la Intervención competente, con documentos originales o copias auténticas y con las firmas electrónicas que garanticen la autenticidad, la identidad del emisor y la integridad e inalterabilidad del documento. A tal efecto, la Intervención General pone a disposición de los órganos gestores del gasto un escritorio de fiscalización que permite recibir toda clase de expedientes de gasto tramitados por medios electrónicos y sobre el que se lleva a cabo la actuación de control.

Artículo 28. Alcance de la fiscalización previa

El objeto de la fiscalización previa es el del artículo 90.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública: verificar que el contenido y la tramitación de los expedientes de gasto se ajustan a la legalidad. La persona titular de la Intervención General puede establecer, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que la comprobación se haga de forma limitada. El resultado es un juicio, favorable o desfavorable, formulado a la vista, exclusivamente, de la documentación del expediente aportado.

Artículo 29. Fiscalización previa de la justificación de los pagos de justificación posterior

La fiscalización de las justificaciones de los pagos de justificación posterior consiste en comprobar que el acreedor ha presentado los documentos acreditativos de la obligación contraída, de acuerdo con la naturaleza del gasto de que se trate. Si se trata de subvenciones no rige esta regla: se aplica lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 30. Reglas especiales de fiscalización en materia de subvenciones

En subvenciones, la persona titular de la Intervención General puede acordar que la fiscalización del compromiso se limite a los extremos de los párrafos a), b) y c) del artículo 90.3 del Texto Refundido y a los que ella determine, incluida la certificación del órgano instructor sobre los requisitos para ser beneficiarias. La justificación se fiscaliza sobre la comprobación formal del órgano concedente, que la certifica según el modelo aprobado por la persona titular de la Intervención General. En los reintegros, este emite la certificación del artículo 1.4.c) del Decreto-ley 1/2020.

Artículo 31. La fiscalización por muestreo

Cabe la fiscalización por muestreo en los gastos de personal, de subvenciones y cualesquiera otros que afecten a un gran número de actos, documentos o expedientes. Se acuerda por resolución de la persona titular de la Intervención General, que determina, entre otros aspectos: el ámbito subjetivo, objetivo y temporal (puede ser indefinido); la forma y plazos de puesta a disposición; el criterio de selección y el tamaño de la muestra; y el porcentaje de errores que obliga a ampliarla o a fiscalizarlo todo. Con un índice de errores inferior al umbral, se entiende fiscalizada toda la población.

Artículo 32. Exclusión y sustitución de la fiscalización previa

No están sometidos a fiscalización previa de la autorización y compromiso o disposición del gasto los supuestos del artículo 90.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Si la Intervención General establece para esos supuestos el control financiero posterior, la exclusión puede extenderse a todas sus fases e incluirá las actuaciones de tal naturaleza previstas en cada ejercicio en el Plan Anual de Control Financiero.

Artículo 33. La fiscalización favorable

Cuando, conforme a la verificación de los extremos a los que se extiende la fiscalización previa, de acuerdo con los artículos 28 a 30, el expediente se ajusta a la legalidad, se fiscaliza favorablemente. La fiscalización favorable se plasma mediante la firma de la persona interventora competente.

Artículo 34. Los reparos y observaciones

Si la Intervención discrepa del contenido de los actos o del procedimiento, formula reparos de forma motivada. El reparo suspende la tramitación hasta que sea solventado. Si el órgano lo acepta, subsana y remite de nuevo las actuaciones; si no, puede iniciar el procedimiento de discrepancia. En el régimen del artículo 28.2 solo hay reparo si se incumple algún extremo a comprobar. Si el ámbito no está delimitado, solo en cinco casos: crédito, competencia, legitimidad, prestación no acreditada u omisión de fiscalización. Las observaciones complementarias en ningún caso suspenden.

Artículo 35. Las discrepancias

El órgano afectado por un reparo puede formular discrepancia motivada, citando las normas en que se funda. Si el reparo es de una Intervención, conoce la persona titular de la Intervención General: la de la Viceconsejería expone sus razones en veinte días desde el reparo y se resuelve en diez desde el siguiente a recibir el expediente. Si repara la Intervención General o confirma el de una Intervención, resuelve la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras hasta 150.000 euros y el Consejo de Gobierno en los demás casos. La elevación se comunica con al menos cinco días de antelación.

Artículo 36. La omisión de fiscalización y convalidación del gasto

Omitida la fiscalización previa o la comprobación material preceptivas, no puede continuar la tramitación del gasto hasta resolver la omisión. La convalidación exige gasto realmente realizado, no excluido de fiscalización y con el trámite omitido; su único efecto es subsanar esa omisión. La Intervención emite informe: si el juicio es favorable, se somete al Consejo de Gobierno o a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras según el gasto sea o no superior a 150.000 euros. Si hay infracciones que puedan viciar de nulidad o anulabilidad, informa la asesoría jurídica en diez días.

Artículo 37. Supuestos en los que procede y competencia

La persona titular de la Intervención General emite el informe previo de los expedientes de modificación presupuestaria cuya autorización competa al Consejo de Gobierno. Las personas a cargo de las Intervenciones competentes informan las transferencias de crédito que deban autorizar las personas titulares de las Consejerías, de las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales del artículo 2.c) del Texto Refundido y de los consorcios de su artículo 4. Este régimen se aplica en todo caso, sea cual sea la modalidad de control interno del órgano que deba aprobarlas.

Artículo 38. Objeto y alcance del informe

Los informes de Intervención a los expedientes de modificaciones presupuestarias son preceptivos y, salvo los supuestos previstos legalmente, no vinculantes; se evacuan en diez días y verifican el cumplimiento del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública y de la Ley del Presupuesto vigente. Comprueban: la competencia del órgano, los supuestos de hecho habilitantes, los mecanismos de financiación, el procedimiento y los informes que deben recabarse y, en las transferencias de crédito, el sistema de limitaciones del artículo 45 del Texto Refundido.

Artículo 39. Alcance y efectos del control previo de la aprobación de gastos

La Intervención General puede acordar, por resolución publicada en el BOJA, que determinadas operaciones de las entidades sujetas a control financiero pasen control previo cuando su importancia lo aconseje; solo es suspensivo si la resolución lo dispone. Esa resolución fija el alcance general básico. La entidad puede discrepar del informe por el procedimiento del artículo 35. Si está sometida a contabilidad presupuestaria y omite el trámite o desatiende un informe desfavorable suspensivo, se aplica el artículo 36; si no lo está, se hace la comunicación especial del artículo 75.2.

Artículo 40. Alcance y efectos de la comprobación material del gasto

Por resolución motivada de la persona titular de la Intervención General, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, puede establecerse la comprobación material del gasto en los contratos como modalidad de control previo en el ámbito de gestión sometido a control financiero permanente. Si el resultado de la comprobación es desfavorable, tiene efectos suspensivos, que se desarrollan en los términos que establezca esa resolución.

Artículo 41. Competencias

Emite este tipo de informes la persona que tenga atribuidas las funciones de control financiero en la entidad de que se trate. La excepción son las operaciones que hayan de ser autorizadas por el Consejo de Gobierno: en ese caso es competente la persona titular de la Intervención General.

Artículo 42. Objeto y finalidad

La comprobación material del gasto es la facultad de la Intervención de verificar materialmente, antes del reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de obras, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios financiadas con fondos públicos. Se ejerce acudiendo una persona en representación de la Intervención General a los actos formales de recepción. Se extiende además a la ocupación efectiva o puesta en servicio por razones excepcionales de interés público, a las recepciones de emergencia y a los actos formales de cuantificación de lo ejecutado para liquidar el contrato.

Artículo 43. Supuesto de designación de representante y actuación en la comprobación material del gasto

Los supuestos en que es preceptivo solicitar a la Intervención General que designe una persona representante para el acto de recepción, y aquellos en que es preceptiva su concurrencia, los establece la Consejería competente en materia de Hacienda. Por orden de esa misma Consejería, que desarrolla el Reglamento, se fijan los términos de la comprobación material del gasto en los actos formales de recepción y los que rigen el pronunciamiento de la persona representante en el acta que ha de suscribirse.

Artículo 44. La persona representante de la Intervención General

La comprobación material del gasto la interviene la persona representante de la Intervención General, designada por su titular entre el personal funcionario adscrito al centro directivo. La designación puede hacerse particularmente para un gasto determinado, o con carácter general y permanente para todos los que afecten a una Consejería, centro directivo, organismo o servicio periférico en que se realice la función, o para la comprobación de un tipo o clase de gasto.

Artículo 45. El asesoramiento de la persona que representa a la Intervención General

Si hacen falta especiales conocimientos técnicos, la persona representante es asistida por personal funcionario o empleado público de la Administración General de la Junta de Andalucía de la especialidad correspondiente. Lo designa la persona titular de la Intervención General entre quienes no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, celebración o ejecución del gasto y, siempre que sea posible, de distinta Consejería, centro directivo u organismo. Su asistencia es preceptiva si es designado. Si la necesidad está justificada, se solicita contratar profesionales externos.

Artículo 46. Acta de recepción

El pronunciamiento de la persona representante de la Intervención General se plasma en el acta, que deben suscribir las personas que asistan al acto. En ella constan el resultado de la comprobación, las deficiencias, las medidas para subsanarlas y otros hechos relevantes. Si aprecia una modificación del contrato no fiscalizada o prestaciones ya recibidas y distribuidas, lo refleja e indica la necesidad de convalidar la omisión de la fiscalización previa. Ante un informe desfavorable, el órgano de contratación puede suscribir acta de discrepancia, que condiciona los efectos del acto negativo.

Artículo 47. Efectos de la comprobación

La Intervención competente para fiscalizar el gasto del contrato, en la fase de reconocimiento de obligación y propuesta de pago, debe comprobar que se aporta el acta de recepción positiva; si no, emite reparo con efectos suspensivos. Actúa igual si se omitió solicitar representante a la Intervención General siendo preceptivo, si no se convocó en tiempo y forma a la persona que la representa, o si se aporta acta de recepción contradictoria sin que se haya resuelto el procedimiento de discrepancia.

Artículo 48. Responsabilidad de la persona representante de la Intervención y de su personal asesor

La responsabilidad de la persona representante de la Intervención General y, en su caso, del personal asesor se valora de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles. No alcanza a los defectos o faltas de adecuación sin resultado tangible, susceptible de comprobación, ni a los vicios o elementos ocultos imposibles de detectar en ese momento. Si no se designó personal asesor técnico, queda limitada a lo detectable con la diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren cualificación técnica en el sector objeto de la inversión.

Artículo 49. Carácter extrapresupuestario de las operaciones

Las operaciones de tesorería que propongan pagos procedentes de obligaciones extrapresupuestarias requieren que la persona interventora con funciones de intervención de la tesorería desde la que se realiza el pago compruebe dos cosas: la procedencia del carácter extrapresupuestario de la operación y que la obligación cuyo pago se propone sea reconocida y satisfecha sin su previa imputación presupuestaria.

Artículo 50. Fiscalización de los pagos extrapresupuestarios

Las obligaciones de las que derivan propuestas de pago por operaciones extrapresupuestarias se fiscalizan con anterioridad al pago. La fiscalización consiste en comprobar que queda acreditado el legítimo derecho de la persona acreedora y la cuantía de la obligación cuyo pago se propone. También se comprueba la existencia de saldo en la cuenta adecuada y la competencia del órgano proponente del pago.

Artículo 51. Ámbito de aplicación

El capítulo se aplica al control de los gastos satisfechos mediante nóminas de retribuciones del personal que presta servicios en la Administración de la Junta de Andalucía, en sus agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en los consorcios de su artículo 4. A los gastos del personal no incluidos se les aplica la modalidad de control a que esté sometida la entidad en la que presten sus servicios.

Artículo 52. Personal de Consejerías y agencias administrativas

El control de los gastos satisfechos por nóminas de retribuciones del personal de las Consejerías y las agencias administrativas se desarrolla conforme a la sección 2.ª del Capítulo III del Reglamento, en todo lo que no sea incompatible con este capítulo, y con independencia del régimen de control del resto de gastos presupuestarios del servicio o agencia administrativa. Al personal al servicio de la Administración de Justicia retribuido por nómina se le aplica lo previsto en su normativa específica.

Artículo 53. Personal de agencias de régimen especial

En las agencias de régimen especial, el control de los gastos satisfechos por nóminas de retribuciones se desarrolla conforme a la sección 2.ª del capítulo III, en lo que no sea incompatible con los artículos siguientes y con independencia del régimen de control del resto de gastos presupuestarios de la agencia. En cambio, las nóminas del personal laboral propio de la agencia, no integrado en la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, están sometidas a control financiero permanente.

Artículo 54. Personal de agencias públicas empresariales y de consorcios

Los gastos satisfechos mediante nóminas de retribuciones del personal que presta servicios en las agencias públicas empresariales y en los consorcios a los que se refiere el artículo 51 están sometidos a control financiero o a control financiero permanente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 93 y 94 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 55. Tablas retributivas

Las tablas de contenido económico plasman los conceptos retributivos y los descuentos de general aplicación con sus importes y determinan el cálculo de las retribuciones del personal de Consejerías y agencias. La Intervención General fiscaliza regularmente, con carácter previo a su operatividad, las de SIRhUS. Las del personal de centros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud las fiscaliza la División que tenga asignado el control del gasto público sanitario, y las del personal docente, la Intervención Delegada de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 56. Control de actos y variaciones de contenido económico

Regla general: los actos o acuerdos en materia de personal de los que deriven obligaciones de contenido económico y las incidencias que varíen la nómina son objeto de control posterior conforme al artículo 58. Por resolución de la persona titular de la Intervención General, determinados actos pueden someterse a fiscalización previa a su adopción, y puede aplicarse control previo a las variaciones de la nómina, que se fiscalizan por muestreo al incluirse en ella. Lo sometido a fiscalización previa no sigue hacia la nómina sin fiscalización favorable o conformidad de su universo por muestreo.

Artículo 57. Fiscalización del reconocimiento de la obligación

A la fiscalización del reconocimiento de las obligaciones relativas a gastos de personal se le aplican las normas generales del Reglamento. En concreto se comprueba que la obligación responde a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados previamente con carácter favorable, y que el reconocimiento de la obligación se realiza por el órgano competente.

Artículo 58. Control posterior de la nómina

El control posterior recae sobre nóminas ya satisfechas y lo ejercen las Intervenciones competentes por muestreo, según instrucciones de la Intervención General. Acaba en informes que aceptan la nómina o la rechazan motivadamente; ante el rechazo, el órgano gestor puede conformarse subsanando o formular discrepancia en diez días desde el día siguiente a recibir el informe. Mantenido el criterio de la Intervención, o pasados los diez días sin alegaciones, esta podrá suspender en una nueva nómina el concepto periódico indebido o de importe incorrecto.

Artículo 59. Concepto y naturaleza

El control financiero es una de las dos modalidades de control interno de la Intervención General. Comprueba el correcto y eficiente funcionamiento económico-financiero de la Administración de la Junta, sus entidades instrumentales, los consorcios y entidades de los artículos 4 y 5 del Texto Refundido y las entidades públicas vinculadas, salvo disposición distinta en su normativa específica; también verifica subvenciones, ingresos del Presupuesto y gastos cofinanciados con fondos europeos. Es posterior, usa técnicas de auditoría y sus informes, no suspensivos, dan lugar a recomendaciones.

Artículo 60. Supuestos de aplicación del control financiero

El objeto del control financiero descrito en el artículo anterior se lleva a cabo mediante procedimientos diferenciados, establecidos en el Reglamento, en tres ámbitos: el control financiero del sector público, el control financiero de subvenciones y el control financiero de los gastos cofinanciados con la Unión Europea.

Artículo 61. El control financiero de las Universidades Públicas andaluzas

La Intervención General, oído el Consejo Andaluz de Universidades, realiza anualmente, sobre las Universidades incluidas en el Plan Anual de Control, las actuaciones de control financiero acordadas por el Consejo de Gobierno para seguir la aplicación de los recursos aportados por la Junta. Su titular fija por resolución las normas y procedimientos de control. Los informes definitivos se remiten al Consejo Andaluz de Universidades y a los titulares de las Consejerías de Hacienda y de universidades. Se tienen en cuenta los capítulos V y VI, salvo el artículo de los informes de actuación.

Artículo 62. El Plan Anual de Control Financiero

En el primer mes de cada ejercicio, el titular de la Intervención General aprueba por resolución el Plan Anual de Control Financiero, con todas las actuaciones de control financiero del ejercicio y su alcance subjetivo y temporal. Diferencia las entidades sometidas a contabilidad presupuestaria de las que no. Puede modificarse por resolución del mismo titular si hay circunstancias que lo justifiquen. Se comunica a la Cámara de Cuentas de Andalucía para su conocimiento. Las actuaciones deben iniciarse en un año desde su aprobación y antes de aprobarse el siguiente Plan.

Artículo 63. Informes generales de control

La Intervención General presenta anualmente al Consejo de Gobierno, por conducto de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan Anual de Control Financiero de cada ejercicio, con especial referencia a los informes del control financiero permanente. Incluye la situación del seguimiento de las recomendaciones por sus destinatarios y cualquier otra información que se considere conveniente.

Artículo 64. Órganos competentes

El control financiero lo realiza la Intervención General a través de las Intervenciones a las que correspondan las actuaciones, que dirigen los trabajos y tienen a su cargo su planificación, ordenación y revisión y la coordinación del equipo de trabajo. Esas actuaciones se las encomienda la persona titular de la Intervención General, conforme al artículo 15.1.b), con los criterios orgánicos o funcionales que garanticen la mayor eficacia en su realización.

Artículo 65. Asesoramiento técnico y facultativo y contratación de auditorías externas

Si hacen falta conocimientos técnicos específicos, puede incorporarse al equipo una persona asesora de la Intervención actuante, empleado público; el titular de la Intervención General solicitará, cuando sea necesario y se justifique, contratar profesionales externos. La Intervención General puede acordar contratar firmas externas de auditoría si lo exigen las circunstancias del control o la insuficiencia de medios técnicos; la Intervención competente dirige, centraliza, revisa y aprueba los trabajos y suscribe los informes. Asesores y auditores deben guardar confidencialidad.

Artículo 66. Planificación y desarrollo de los trabajos

El control financiero, salvo los trabajos sometidos a normativa específica de la Comisión Europea, sigue las directrices de la Intervención General y las normas aplicables. En lo no previsto en el Reglamento, su planificación y desarrollo se sujetan a las instrucciones del titular de la Intervención General y, en su defecto, a las Normas de Auditoría del Sector Público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado. Se ejecuta con programas de trabajo. La Intervención actuante custodia los documentos de trabajo cinco años, salvo que una norma sectorial fije otro plazo.

Artículo 67. Informes de control financiero

Procedimiento contradictorio: informe provisional, alegaciones e informe definitivo, firmados por el titular de la Intervención que hizo el trabajo. Antes del provisional, el interventor puede comunicar al órgano gestor los resultados más significativos; es obligatorio si hay salvedades de especial relevancia, indicios de menoscabo de fondos públicos o de infracciones de la Ley 19/2013. Cabe prórroga, a solicitud del órgano gestor, como máximo igual al plazo inicial. Sin alegaciones, el provisional se eleva a definitivo; sin errores ni incumplimientos, puede omitirse el trámite.

Artículo 68. Objeto y finalidad

El control financiero del sector público es un control posterior que comprueba que su funcionamiento económico-financiero se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera. Su finalidad es promover la mejora de las técnicas y procedimientos de la gestión económico-financiera mediante recomendaciones económicas, financieras, patrimoniales, presupuestarias y procedimentales. Se desarrolla en dos modalidades: control financiero permanente o no permanente.

Artículo 69. Tipos de control financiero del sector público

El control financiero del sector público puede consistir en auditoría de cumplimiento (conformidad con normas y directrices), financiera (la contabilidad y las cuentas expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado), operativa (los procedimientos aseguran el cumplimiento de la normativa y la eficacia, eficiencia y economía), de programas (seguimiento y cumplimiento de objetivos) y revisión de los sistemas informáticos (fiabilidad, integridad, precisión y disponibilidad). La Intervención General puede decidir otros tipos de auditoría.

Artículo 70. Ámbito de aplicación

Se ejerce sobre la gestión económico-financiera de las agencias de régimen especial, las agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, los consorcios adscritos, las demás entidades del artículo 5 del Texto Refundido y las entidades públicas vinculadas, salvo norma específica distinta. Los órganos, servicios o gastos de Consejerías y agencias administrativas se someten si lo establece el Consejo de Gobierno. También lo están la gestión, liquidación, recaudación, anulación y rectificación de ingresos del Presupuesto.

Artículo 71. Actuaciones e informes de control financiero del sector público y tipos de opinión

Las actuaciones deben concluir, con carácter general, en doce meses, ampliables hasta doce más con autorización del titular de la Intervención General por especial complejidad motivada; el plazo corre desde la comunicación del inicio hasta el informe definitivo. La opinión puede ser no modificada o modificada; esta, con salvedades (incorrecciones significativas, pero no generalizadas), desfavorable (con evidencia suficiente y adecuada, incorrecciones significativas y generalizadas) o denegación de opinión (sin esa evidencia y con posibles efectos significativos y generalizados).

Artículo 72. Recomendaciones

Las recomendaciones de los informes de control financiero se destinan a mejorar las técnicas y procedimientos de la gestión económico-financiera y a corregir las actuaciones que lo requieran. El informe debe diferenciar las de especial relevancia, referidas a las salvedades identificadas como tales, cuya inobservancia durante seis meses podrá dar lugar a un informe de actuación, de las otras, dirigidas a una potencial mejora. Si se detectan incumplimientos significativos o debilidades en los sistemas de control, se recomendará mejorarlos o asegurar el cumplimiento de la normativa.

Artículo 73. Seguimiento de recomendaciones y su evaluación por la Intervención actuante

Recibidos los informes definitivos, las entidades controladas deben presentar en seis meses, ante sus órganos superiores de administración, un informe sobre el grado de implantación de las recomendaciones. Una vez aprobado por ese órgano, se traslada a la Consejería de la que dependa la entidad, a la Intervención actuante y a la Consejería competente en materia de Hacienda. La Intervención actuante lo evalúa y remite su valoración a los destinatarios del informe definitivo; en control financiero permanente, la valoración se hace con ocasión del siguiente informe que se emita.

Artículo 74. Informe de actuación

El titular de la Intervención General emite informe de actuación, a propuesta motivada de la Intervención actuante, cuando la entidad no adopta las recomendaciones y concurren todas estas: salvedades de especial relevancia con graves efectos negativos, medidas concretas de corrección posibles, competencia de la entidad para adoptarlas y responsabilidad imputable a ella; también por salvedades de especial relevancia de otra entidad. Da seis meses para implantar las medidas y quince días para manifestar conformidad o disconformidad. Si hay disconformidad, se somete al Consejo de Gobierno.

Artículo 75. Comunicaciones especiales

Procede comunicación especial cuando, en un control financiero, la entidad no colabora con la Intervención o no le da en plazo la información requerida, con resultado de denegación de opinión; se comunica a los titulares de la Consejería de adscripción y de la de Hacienda. También cuando, en entidades no sometidas a contabilidad presupuestaria, se detecta una infracción de la Ley 19/2013 por omitir el control previo preceptivo o por no paralizar la actuación tras informe desfavorable; se traslada además al Consejo de Gobierno si el gasto era de su competencia y se hizo sin su autorización.

Artículo 76. Contratación de auditorías

La Consejería de Hacienda contrata en exclusiva toda auditoría sobre órganos o entidades de la Comunidad Autónoma y sus agencias administrativas y de régimen especial, las agencias públicas empresariales del artículo 2.c) y los consorcios adscritos, y la de cuentas anuales de las del 2.b) y de las sociedades mercantiles con control financiero permanente. Las de las letras c), d) y e) exigen informe previo del titular de la Intervención General. Para cuentas anuales de fundaciones obligadas a auditarse y fondos sin personalidad jurídica, la Intervención General puede contratar firmas privadas.

Artículo 77. Concepto

El control financiero permanente es una modalidad del control financiero del sector público. Su objeto y finalidad son los previstos en el artículo 68, y se aplica de forma regular sobre el órgano, servicio o ente sometido a este tipo de control.

Artículo 78. Ámbito subjetivo de aplicación

Están sujetas a control financiero permanente las entidades para las que la ley establezca esa modalidad y aquellas otras entidades o gastos que determine el Consejo de Gobierno en virtud de la habilitación de la misma ley. El control financiero de los ingresos se realiza como control financiero permanente cuando lo disponga la Intervención General conforme al artículo 94.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que acuerda también las condiciones de ejercicio.

Artículo 79. Ámbito objetivo del control financiero permanente

La Intervención General determina el alcance y los objetivos de los informes de control financiero permanente. La auditoría de cumplimiento incluye como mínimo expedientes de gasto que supongan reconocimiento de obligaciones frente a terceros, expedientes de ingresos, gastos de personal y operaciones extrapresupuestarias (en entidades con contabilidad presupuestaria). En las entidades sin contabilidad presupuestaria se hace además una auditoría financiera con ocho aspectos mínimos. El plan de control de cada ejercicio puede ampliar ese alcance mínimo.

Artículo 80. Contabilización de documentos en entidades sometidas a control financiero permanente y al régimen de contabilidad presupuestaria

En el control financiero permanente de las entidades con contabilidad presupuestaria, las Intervenciones contabilizan en el presupuesto las operaciones sujetas a ese control, salvo que la Intervención General disponga lo contrario. Los documentos contables deben contener la mención expresa de que se trata de operaciones sujetas a control financiero permanente.

Artículo 81. Entidades no sujetas a control financiero permanente

La Intervención General incluye en el Plan Anual de Control Financiero los controles sobre agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público, fundaciones, consorcios y fondos carentes de personalidad jurídica no sujetos a control financiero permanente, en función de los medios disponibles. La selección atiende a razones de importancia cuantitativa y cualitativa y a cualquier otra circunstancia que lo haga conveniente. Además, la Intervención General puede acordar controles financieros a órganos o servicios sometidos a control previo cuando lo considere necesario.

Artículo 82. El control financiero de los ingresos: ámbito y competencias

La gestión de los ingresos del Presupuesto y la devolución de ingresos indebidos de cualquier naturaleza están sometidas a control financiero, salvo que se sometan a control financiero permanente por el artículo 78.2. El Plan Anual de Control Financiero comprende en todo caso el control de legalidad de los ingresos gestionados por la Junta de Andalucía en el ejercicio anterior. Si la Agencia Tributaria de Andalucía delega la gestión y liquidación, o recauda un organismo externo, el control de las devoluciones es el de los órganos competentes para tramitarlas y resolverlas.

Artículo 83. Finalidad

La auditoría de los estados financieros es la modalidad de auditoría financiera que verifica si las cuentas anuales representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto, y si contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Para algunas entidades es una exigencia normativa según su legislación específica, y es independiente de las comprobaciones de auditoría financiera incluidas en el alcance objetivo del artículo 69.1.b).

Artículo 84. Auditorías de cuentas anuales competencia de la Intervención General

Compete a la Intervención General, conforme al artículo 96.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las fundaciones del sector público andaluz obligadas a auditarse por su normativa específica y la de los fondos carentes de personalidad jurídica del artículo 5.5 de la misma Ley. Los trabajos están sometidos en todo caso a las normas de auditoría del sector público y para realizarlos se puede contratar a firmas privadas de auditoría.

Artículo 85. Objeto del control financiero de subvenciones

El control financiero de subvenciones verifica siete extremos: la adecuada y correcta obtención; el cumplimiento de las obligaciones de gestión y aplicación; la justificación; la realidad y regularidad de las actuaciones financiadas; la financiación de las actividades; los hechos no declarados a la Administración; y que la subvención, sola o con otras, no supere el coste de la actividad o inversión. Puede consistir, entre otras actuaciones, en el examen de registros contables o la comprobación material de inversiones. Con fondos de la Unión Europea se atiende a las disposiciones comunitarias.

Artículo 86. Personas y entidades sometidas al control financiero de subvenciones

El control financiero de subvenciones se ejerce respecto de las personas beneficiarias y, en su caso, las entidades colaboradoras, por las subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes otorgadas con cargo al Presupuesto, financiadas con fondos propios, con fondos de la Unión Europea o con subvenciones finalistas del Estado. Puede extenderse a personas vinculadas con las beneficiarias, proveedoras, clientes y demás relacionadas con las operaciones financiadas, a quienes se notifican las actuaciones que les conciernan.

Artículo 87. Obligación de colaboración y delimitación del alcance de la misma

Las personas beneficiarias, las entidades colaboradoras y las terceras personas relacionadas con la subvención deben colaborar y facilitar la documentación requerida por la Intervención General y por los órganos de control financiero según la normativa comunitaria. El personal funcionario encargado del control tiene la consideración de agente de la autoridad a efectos de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato. Las autoridades y quienes trabajen en oficinas o entidades del sector público deben prestarle colaboración y apoyo.

Artículo 88. Procedimiento de control financiero de subvenciones

Como regla general se seleccionan subvenciones con pago y justificación culminados a 31 de diciembre del año anterior. El inicio lo notifica la Intervención actuante. El procedimiento se resuelve en seis meses como máximo, ampliables por otro plazo igual con autorización de la persona titular de la Intervención General (especial complejidad u ocultación). Tres meses es el tope no computable del asesoramiento, la ampliación por aportación tardía y el fin de la suspensión sin medidas comunicadas. El plazo corre desde la comunicación del inicio hasta el informe definitivo.

Artículo 89. Los informes de control financiero de subvenciones

Los resultados se plasman en informes con la estructura que fije la Intervención General, firmados por la persona a cargo de la Intervención actuante. El provisional se remite a la persona beneficiaria, al órgano concedente y, en su caso, a la entidad colaboradora para alegaciones en diez días; después se emite el definitivo, y sin alegaciones el provisional se eleva a definitivo. Si no se detectan errores o incumplimientos puede omitirse el trámite de alegaciones. Cabe un informe de recomendaciones al órgano concedente, que en seis meses informa de las implantadas.

Artículo 90. Actuaciones del órgano concedente

Si el informe de control financiero concluye que procede el reintegro total o parcial, el órgano concedente debe acordar y comunicar a la Intervención General el inicio del procedimiento de reintegro en el plazo máximo de dos meses desde su recepción. El acuerdo se notifica a la persona beneficiaria y/o entidad colaboradora. Si el control acabó por resistencia, excusa, obstrucción o negativa, solo caben alegaciones tendentes a constatar que no se produjo. La resolución no puede separarse del criterio del informe de la Intervención actuante, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 91. Procedimiento de discrepancia sobre los informes de control financiero de subvenciones

Iniciado el reintegro, el órgano gestor, antes de la propuesta de resolución de reintegro, puede plantear motivadamente discrepancia ante la persona titular de la Intervención General a través de la persona titular de la Viceconsejería de su departamento. La Intervención General informa en un mes desde la recepción; si el informe es desfavorable, el órgano concedente opta en un mes entre aceptar el criterio y continuar el reintegro o instar que se eleve el asunto al órgano competente por el procedimiento del artículo 35. La discrepancia suspende el plazo de resolución del reintegro.

Artículo 92. Informe de seguimiento de los informes con propuesta de reintegros

Los órganos concedentes deben notificar antes del 30 de marzo de cada ejercicio el estado de los procedimientos de reintegro propuestos en informes de control financiero de subvenciones de ejercicios anteriores. Con esa información, los servicios centrales de la Intervención General emiten antes del 30 de junio un informe anual de seguimiento. Sus destinatarios son, en todo caso, las personas titulares de las Consejerías de adscripción, para que se ordene el inmediato inicio y resolución del expediente, y se comunica a la Agencia Tributaria de Andalucía.

Artículo 93. Objeto

El control de los gastos cofinanciados por fondos europeos busca garantizar que se audite el adecuado funcionamiento de los sistemas de gestión y control de los Programas Operativos y la legalidad y regularidad del gasto declarado. La Intervención General audita las operaciones cuyo gasto se declaró a la Comisión Europea en el ejercicio contable anterior, analiza los sistemas de los organismos intermedios, audita las cuentas presentadas por la Autoridad de Certificación y, en su caso, realiza auditorías temáticas. También comprueba los sistemas de costes simplificados y emite opinión.

Artículo 94. Ejercicio del control

En el control de los gastos cofinanciados con fondos europeos, la Intervención General actúa como órgano de control interno de la Junta de Andalucía y, asimismo, en su condición de Autoridad de Auditoría o de órgano colaborador de control de los Programas Operativos de la Unión Europea. Debe cumplir los requisitos que establezcan los reglamentos comunitarios para el desarrollo de dicha función.

Artículo 95. Estrategia de auditoría

Para los Programas Operativos en los que la Intervención General es Autoridad de Auditoría se elabora la estrategia de auditoría. En ella se expone la planificación de las auditorías a realizar en el ejercicio en curso y en los dos ejercicios siguientes, así como la metodología de auditoría y el método de muestreo que se vayan a aplicar. La estrategia es objeto de actualización anual.

Artículo 96. Procedimiento de control

Si la Autoridad de Auditoría de un Programa Operativo es la Intervención General de la Administración del Estado, la de la Junta de Andalucía audita según la muestra que extraiga aquella sobre los gastos declarados en el ejercicio contable anterior al periodo de control; si lo es la Intervención General, elabora ella la muestra. El informe provisional se envía al órgano controlado, con diez días hábiles desde su recepción para alegar, y a la vez al organismo intermedio de la Autoridad de Gestión, con igual plazo. A las Autoridades de Gestión y de Certificación solo se les comunica.

Artículo 97. Actuaciones del seguimiento del control de operaciones de fondos europeos que financien subvenciones y ayudas

Si lo controlado son subvenciones o ayudas y el control detecta una causa de reintegro del artículo 37 de la Ley 38/2003, el órgano de control lo comunica al órgano concedente para que evalúe y, en su caso, exija el reintegro. El órgano controlado informa a la Intervención General en dos meses de su evaluación; si se acuerda el reintegro, sus servicios centrales hacen el seguimiento. El control posterior del órgano concedente puede ser: control financiero de subvenciones, auditoría operativa si hay errores recurrentes o controles específicos en el control financiero permanente.

Artículo 98. Planes de comprobación

Si la Intervención General detecta irregularidades sistémicas, el organismo intermedio del programa operativo debe elaborar un plan de comprobación para delimitar, en su caso, el error sistémico y adoptar las medidas correctoras necesarias. De ese plan se da traslado a la Intervención General, para que revise y valide el procedimiento aplicado y las conclusiones obtenidas. Del resultado se da cuenta en el informe anual.

Artículo 99. Dictamen e informe anual

Cada año, y para cada programa operativo en el que sea Autoridad de Auditoría, la Intervención General elabora los informes y dictámenes que establezca la normativa comunitaria. En ellos se exponen las principales conclusiones de las auditorías realizadas, se emite opinión sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión y control sobre la legalidad y regularidad del gasto anotado en las cuentas cuyo reembolso se ha solicitado a la Comisión Europea y se confirma la imagen veraz de las cuentas presentadas. El informe valora además las medidas implantadas por el organismo intermedio.

Artículo 100. La auditoría de FEAGA y FEADER

La Intervención General, como organismo de certificación de las cuentas del Organismo Pagador de los fondos europeos agrícolas, emite un dictamen sobre la regularidad, exactitud y veracidad de sus cuentas anuales, su sistema de control interno y la legalidad y corrección del gasto. Informe y dictamen se remiten a la Comisión Europea, al Organismo Pagador y a la autoridad competente. Su persona titular elabora la estrategia de auditoría. Si las recomendaciones requieren atención inmediata, el Organismo Pagador elabora un plan de acción. El seguimiento de estas es anual.

Artículo 101. Competencias, ámbito subjetivo de aplicación y finalidad

La Intervención General planifica y ejecuta la supervisión continua. Su finalidad es verificar que subsisten las circunstancias que justificaron la creación de las entidades y fondos, su sostenibilidad financiera y las causas que justifiquen su permanencia como medio más idóneo. Se programa en un plan anual, aprobado a la vez que el de control financiero; las condiciones se fijan por resolución de la Intervención General publicada en el BOJA. Los resultados van a los informes de control; un informe de evaluación va a las Consejerías de Hacienda y de Administración Pública.

Artículo 102. Principios orientadores del sistema de supervisión continua

Cuatro principios rigen la supervisión continua. Autonomía e independencia: plena autonomía respecto de lo controlado e independencia funcional de las personas funcionarias, sujetas a las instrucciones de la persona titular de la Intervención General. Coordinación: canal de comunicación con los órganos de tutela y coordinación con el control de eficacia de las Consejerías. Eficiencia en el empleo de los recursos públicos. Ejercicio contradictorio: alegaciones, antes de las conclusiones y recomendaciones definitivas, de la Consejería de adscripción y del propio organismo, entidad o fondo.

Artículo 103. Medios para lograr la finalidad del sistema

Como resultado de las actuaciones de supervisión continua se valorará formular tres cosas: recomendaciones de mejora (aspectos organizativos y estratégicos, gestión económica, presupuestaria y financiera, recursos humanos y materiales, gestión compartida y otros elementos de la Ley 9/2007, de 22 de octubre); propuestas de supresión en los casos previstos legalmente; y propuestas de transformación cuando la forma jurídica de las entidades no sea la adecuada conforme a los requisitos de la Ley 9/2007.

Artículo 104. Obligación de colaboración y de suministro de información

Los organismos y entidades del sector público andaluz incluidos en el sistema de supervisión continua deben aportar, en los plazos que se determinen, todos los antecedentes, documentos, programas o archivos que se les soliciten, a través de la herramienta que se habilite al efecto y cumpliendo los requisitos que esta establezca. Los órganos de vinculación, dependencia, tutela o adscripción contribuyen a dotar de operatividad al sistema facilitando información a la Intervención General en los términos de convenios, protocolos generales de actuación o instrumentos similares.

Artículo 105. Definición y competencias contables

La contabilidad pública es un sistema de registro, elaboración y comunicación de información sobre todos los ingresos, gastos, costos, patrimonio y otros hechos económicos que afecten al sector público regional. Para las entidades de ese sector, la Intervención General ordena las normas contables. Además es el órgano competente en la rendición de cuentas del resto de entidades del Subsector Administración Regional de Andalucía según el Sistema Europeo de Cuentas, y respecto de ellas suministra información contable en cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Artículo 106. Objeto

La contabilidad pública tiene por objeto mostrar la imagen fiel de cuatro cosas: la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo, el patrimonio, la situación financiera y los resultados. Esa imagen se muestra a través de estados e informes.

Artículo 107. Ámbito de aplicación de las normas contenidas en este capítulo

Las normas del capítulo se aplican a nueve tipos de entidades: la Administración de la Junta de Andalucía; las agencias administrativas, las de régimen especial y las públicas empresariales; las Instituciones de la Junta de Andalucía; los consorcios definidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre; las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz; y los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el Presupuesto de la Junta de Andalucía.

Artículo 108. Fines de la contabilidad

La contabilidad pública cumple fines en tres ámbitos. Gestión: registrar la ejecución del Presupuesto, conocer la Tesorería General y reflejar el patrimonio. Control: informar para las cuentas que se rinden al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas, para las cuentas económicas del sector público, para la estabilidad presupuestaria y para los controles de legalidad. Análisis y divulgación: informar sobre efectos económicos, para la toma de decisiones, a otros destinatarios, para la transparencia y para determinar los costes de los servicios públicos.

Artículo 109. Principios contables

Principios presupuestarios, en especial cuatro: imputación presupuestaria (por naturaleza económica y, los gastos, además por su finalidad; obligaciones al ejercicio en que se realicen, derechos al que se reconozcan o liquiden), desafectación, presupuesto bruto (importe íntegro, salvo devoluciones de ingresos indebidos) y presupuesto anual. Económico-patrimoniales, seis: gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. En conflicto prevalece el que mejor conduzca a la imagen fiel; si no basta, información complementaria en la memoria.

Artículo 110. Órganos responsables

Son órganos responsables de la contabilidad pública la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y la Intervención General, esta como centro directivo y gestor de la contabilidad pública. Las funciones contables de la Intervención General las desarrollan su persona titular y las distintas Intervenciones, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación y de acuerdo con las directrices que imparta dicho titular.

Artículo 111. Funciones ejercidas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda

A propuesta de la Intervención General, la persona titular de la Consejería de Hacienda aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera de las entidades sometidas a contabilidad presupuestaria, el Plan General de Contabilidad de las entidades instrumentales, los planes parciales o especiales y las normas de formulación de las cuentas anuales consolidadas; establece la rendición de estas; y determina los criterios generales de registro y presentación de la información contable y el contenido, estructura, normas de elaboración y criterios de consolidación de la Cuenta General.

Artículo 112. Funciones ejercidas por los servicios centrales de la Intervención General

Los servicios centrales de la Intervención General actúan en dos papeles. Como centro directivo: someten planes de contabilidad y normas de consolidación a la persona titular de la Consejería de Hacienda, elaboran los planes parciales o especiales, establecen reglas contables, inspeccionan la contabilidad y fijan los principios de la contabilidad analítica. Como centro gestor: gestionan las tablas del sistema de información contable, forman la Cuenta General y la presentan ante la Cámara de Cuentas de Andalucía, preparan las cuentas a rendir y llevan el Registro Contable de Facturas.

Artículo 113. Funciones ejercidas por las Intervenciones

Las Intervenciones contabilizan los documentos de las operaciones de los órganos gestores de su ámbito; efectúan las operaciones de traspaso y las del cierre del ejercicio; validan los datos antes de su anotación en el Registro Contable de Facturas, elaboran los informes trimestrales y emiten los requerimientos periódicos; siguen la justificación de los libramientos de justificación posterior; coordinan los centros contables bajo su dependencia jerárquica; y verifican, mediante auditorías y controles financieros, la existencia de obligaciones no registradas contablemente.

Artículo 114. Disposiciones generales

Las entidades enumeradas en el artículo 107 están sometidas al régimen de contabilidad pública. Esa sujeción comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, por conducto de la Intervención General.

Artículo 115. Sujetos de la obligación de la rendición de cuentas

Rinden cuentas: a) las autoridades y el personal funcionario que gestionen ingresos, gastos y demás operaciones de la Administración de la Junta; b) las personas titulares de la Presidencia o Dirección de agencias, instituciones, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones, entidades gestoras de fondos sin personalidad jurídica y otras entidades del sector público andaluz. Quien aporta información para las cuentas responde de su contenido. La responsabilidad de rendir es independiente de la contable. La persona titular de la Intervención General podrá fijar procedimiento y periodicidad.

Artículo 116. La Cuenta General

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería del ejercicio realizadas por la Administración de la Junta de Andalucía y por las agencias, instituciones, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, y fondos sin personalidad jurídica. Se contienen en los estados y documentación de los artículos 105 y 106 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 117. Rendición anual de la Cuenta General

La Cuenta General se forma y se rinde con carácter anual, conforme al procedimiento y plazos del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Se remite a dos órganos, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación, en las fechas previstas en el artículo 107.2 de dicho Texto Refundido.

Artículo 118. Formación de la Cuenta General

Las entidades cuyas cuentas se integran en la Cuenta General deben presentarlas a los servicios centrales de la Intervención General, debidamente aprobadas por su órgano competente, en los plazos del artículo 107.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en la forma que establezca la Intervención General. Esta podrá recabar la información que considere necesaria para la consolidación contable. La falta de remisión de cuentas no impide formar la Cuenta General con las cuentas recibidas.

Artículo 119. Información al Parlamento de Andalucía

Corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía formar los estados contables que deban rendirse periódicamente al Parlamento de Andalucía, en relación con el artículo 107 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Comprenden en todo caso tres contenidos: los estados de ejecución del Presupuesto, las operaciones de endeudamiento y el movimiento y situación de la Tesorería General.

Artículo 120. Publicación de información periódica

La Intervención General publica: cada mes, en el portal web de la Consejería competente en Hacienda, los resúmenes de ejecución de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas, de régimen especial y demás entidades sometidas a contabilidad presupuestaria; cada trimestre, las operaciones de ejecución del presupuesto, la situación y movimiento de la Tesorería General y los principales indicadores de la actividad económico-financiera; cada año, en el portal de transparencia de la Junta y en ese portal web, la Cuenta General y lo exigible por la normativa de transparencia.

Artículo 121. Competencia

La remisión de la información económico-financiera de la normativa estatal de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se centraliza a través de la Intervención General, bajo los principios de lealtad institucional y de transparencia. Sus servicios centrales integran y rinden la información contable de las entidades clasificadas como Administración Pública de la Comunidad Autónoma según el Sistema Europeo de Cuentas. Esta podrá recabar información y articular procedimientos de agregación y consolidación; los sujetos del Subsector Comunidad Autónoma de Andalucía deben colaborar.

Artículo 122. Medios de remisión de la información

Las obligaciones de información se cumplen a través del sistema habilitado al efecto por la Administración General del Estado y mediante firma electrónica de la persona titular de la Intervención General, salvo en los casos en que se considere que no es necesaria su utilización. La remisión se hace mediante modelos normalizados o sistemas de carga masiva, en los plazos y por los procedimientos de remisión que determine la normativa estatal sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 123. Facultad de la Intervención General para cumplir con las obligaciones de suministro de información

La persona titular de la Intervención General podrá solicitar a todas las entidades integrantes del Subsector Administración Regional de Andalucía, según la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, la remisión de cuantos datos sean necesarios para cumplir las obligaciones del capítulo. Se hará mediante modelos normalizados o sistemas de carga masiva, en los plazos y por los procedimientos de remisión, incluidos los telemáticos, que determine la Intervención General.

Artículo 124. Obligaciones de suministro de información

Las obligaciones de información del capítulo derivan de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de cualquier requerimiento de información adicional del Ministerio con competencias en materia de Hacienda o, en su caso, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal u órgano similar. Las entidades responden del cumplimiento en cuanto a plazos, veracidad y exactitud del contenido y medio de remisión. Si hay incumplimiento, la persona titular de la Intervención General requiere que se atienda la obligación en los plazos y forma que se determinen.

Artículo 125. Competencias de la Intervención General

La Intervención General presta auxilio y colaboración a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a la Fiscalía Europea cuando se lo requieran, dentro de los límites de sus funciones y competencias. Su titular centraliza, apoya y asigna las peticiones al personal adscrito. La designación de peritos se sujeta al Decreto 4/2018, de 16 de enero; el auxilio a la Fiscalía Europea, al Reglamento (UE) 2017/1939 y a la Ley Orgánica 9/2021. La persona funcionaria que reciba una solicitud la pondrá en conocimiento inmediato de los servicios centrales, con traslado de la comunicación.

Artículo 126. Normas de reserva, secreto y protección de datos personales

En todas las actuaciones de auxilio judicial de la Intervención General se respetará escrupulosamente la reserva y secreto de las diligencias judiciales de los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las actuaciones de auxilio judicial, al Ministerio Fiscal y a la Fiscalía Europea se ajustan a las normas de protección de datos personales de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (artículos 235 bis, 236 bis y siguientes), la Ley Orgánica 7/2021, la Ley 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y la Ley Orgánica 9/2021.

Artículo 127. Realización de las tareas generales de auxilio judicial y de auxilio a las fiscalías

Salvo indicación en contrario del órgano judicial o fiscal, y sin perjuicio de lo previsto para las pericias judiciales, las actuaciones de auxilio las coordina y, en su caso, dirige la jefatura de la División de la Intervención General que corresponda por razones funcionales o materiales. Los informes los suscriben la persona o personas designadas y los remite la persona titular de la Intervención General. Las personas funcionarias encargadas tienen a su disposición todos los medios materiales de la Intervención General y los accesos necesarios a sus sistemas informáticos y bases de datos.

Artículo 128. Realización de las tareas de pericia judicial y pericia para las fiscalías

Si se pide una pericia para un órgano judicial o el Ministerio Fiscal, la persona titular de la Intervención General comunica el nombre de las personas designadas al órgano administrativo periférico de la Consejería competente en materia de justicia y al órgano judicial o fiscal. Procurará seleccionar a la persona funcionaria más idónea por formación, especialización y experiencia, que debe intervenir como perito si cuenta con la competencia técnica necesaria, salvo abstención o recusación. Cabe la designación individualizada. La pericia sigue las instrucciones del órgano que la recabó.

Artículo 129. Asistencia a mesas de contratación

En las mesas de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades dependientes o vinculadas consideradas Administración Pública debe figurar necesariamente entre los vocales una persona representante de la Intervención General. Ordinariamente es quien ejerce el control interno del órgano de contratación, o quien le sustituya. Por razones de eficacia, la persona titular de la Intervención General podrá designar a otras personas funcionarias y lo indica a los órganos de contratación. El alcance de sus funciones es el mismo que el de los demás vocales.

Artículo 130. Informe sobre la pertenencia a órganos colegiados

Los proyectos normativos de creación de órganos colegiados que contemplen la pertenencia a ellos de personal funcionario que ocupe puestos de trabajo en las Intervenciones de la estructura de la Intervención General deben ser informados preceptivamente por la persona titular de esta. El informe sirve para determinar si esa pertenencia resulta compatible con el principio de plena autonomía en el ejercicio de las funciones de control interno, regulado en el artículo 2.

Artículo 131. Funciones en materia de tesorería

Las Intervenciones que controlan el órgano directivo competente en tesorería, las Consejerías, agencias y consorcios adscritos ejercen: a) verificar que los pagos los ordena el órgano competente; b) firma mancomunada de la disposición de fondos, solo para constatar la competencia de los demás firmantes; c) control de saldos por conciliaciones y arqueos, con firma del acta; d) en la Caja General de Depósitos, actas de conciliación trimestrales y arqueos anuales; e) fiscalización de la resolución sobre cancelación de obligaciones; f) gestión conjunta del Fichero Central de Personas Acreedoras.

Artículo 132. Informes previos de las bases reguladoras de subvenciones

Los proyectos de bases reguladoras de subvenciones y sus modificaciones se someten, antes de aprobarse, a informe de la persona titular de la Intervención General: el último en emitirse, en quince días desde la entrada de la solicitud y solo sobre normativa económico-presupuestaria y contable. Lo pide el centro directivo designado por cada Consejería o, sin designación, la persona titular de su Secretaría General Técnica. Se acompañan plan estratégico y memoria justificativa y económica. Alcance: plan, requisitos que certifica el órgano instructor, forma y secuencia del pago, y justificación.

Artículo 133. Administración y custodia de la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía

La Intervención General administra y custodia la información registrada en la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía y suministra información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. La Base andaluza integra todas las subvenciones y ayudas de órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias que deban registrarse en la Base nacional. Fines: promover la transparencia, mejorar la gestión, ayudar a la planificación estratégica y luchar contra el fraude. Es además el instrumento de publicidad activa de las subvenciones (Ley 1/2014, de 24 de junio).

Artículo 134. Informe sobre la memoria justificativa de la propuesta de declaración de medio propio personificado

Corresponde a la Intervención General informar la memoria justificativa prevista en el apartado 3 del artículo 53 bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, con carácter previo a la declaración de medio propio. El informe versa sobre la acreditación en la memoria del cumplimiento de los requisitos para la consideración de medio propio personificado de la Junta de Andalucía a los efectos de los encargos regulados en esa ley.

Artículo 1

La Ley crea la Cámara de Cuentas de Andalucía como órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía. Le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas.

Artículo 2

A efectos de la Ley, componen el sector público de la Comunidad Autónoma: a) la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, sus Instituciones y empresas; b) las Corporaciones Locales del territorio andaluz y los Organismos Autónomos y Empresas Públicas de ellas dependientes; c) las Universidades Públicas de Andalucía; d) cuantos Organismos y Entidades sean incluidos por norma legal. Son fondos públicos todos los gestionados por el Sector Público Andaluz y las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas concedidas por sus órganos a cualquier persona física o jurídica.

Artículo 3

Corresponde a la Cámara de Cuentas: a) regular cuanto afecta a su gobierno, organización y personal, con una particularidad: la estructura orgánica del personal y sus retribuciones las determina la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales aplicables; b) elaborar el proyecto de su propio presupuesto, que se integra en el general de la Comunidad Autónoma como Sección independiente para su aprobación por el Parlamento de Andalucía. Su régimen de patrimonio y de contratación, ejercido a través de sus propios órganos, es el de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 4

Funciones propias, con total independencia: fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público andaluz (en todo caso, subvenciones, créditos, avales u otras ayudas), fiscalizar el cumplimiento de objetivos de los programas, asesorar al Parlamento y fiscalizar especialmente los contratos administrativos; además, las que le delegue el Tribunal de Cuentas. La Consejería de Hacienda le traslada, para examen y toma de razón, los contratos de la Junta de importe inicial superior a 25.000.000 de pesetas; la documentación se acompaña en los tres meses siguientes a la adjudicación.

Artículo 5

La Cámara de Cuentas debe realizar sus funciones según un programa previo confeccionado por ella misma, de acuerdo con su presupuesto, y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público andaluz. Esta actividad no puede verse mermada por el derecho de petición que corresponde al Parlamento, al Consejo de Gobierno o a las Entidades Locales.

Artículo 6

La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Cámara de Cuentas y al Parlamento de Andalucía. Además, pueden interesar la actuación fiscalizadora de la Cámara o la emisión de informe el Gobierno de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, estas previo acuerdo del respectivo Pleno. Esta segunda iniciativa ha de realizarse a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, que se pronunciará sobre la propuesta.

Artículo 7

La Cámara de Cuentas debe notificar el inicio de las actuaciones fiscalizadoras a los Consejeros, Directores o responsables de los Servicios, dependencias y establecimientos en general que vayan a ser controlados. La notificación ha de hacerse con una antelación mínima de diez días.

Artículo 8

La función fiscalizadora se ejerce, con sometimiento al ordenamiento jurídico, por cuatro procedimientos: a) examen y comprobación de la Cuenta General Anual de la Junta de Andalucía; b) examen y comprobación de las cuentas de las Corporaciones Locales; c) examen y comprobación de las cuentas de las Universidades Públicas, Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entidades del artículo 2.1; d) examen de las cuentas y documentos de las ayudas concedidas por el Sector Público a personas físicas o jurídicas, con comprobaciones, si fuera necesario, en la contabilidad de los beneficiarios.

Artículo 9

La Cámara de Cuentas puede requerir la colaboración y cooperación de los Entes mencionados en el artículo 2.º, que vienen obligados a prestarla. Además puede: a) exigir de los Organismos y Entidades del sector público andaluz los datos, informes, documentos o antecedentes que considere necesarios; b) inspeccionar y comprobar toda la documentación de las oficinas públicas, libros, metálicos y valores, dependencias, depósitos, almacenes y cuantos documentos, establecimientos y bienes considere necesarios. En los casos a) y b) no se aplica el plazo previsto en el artículo 7.º.

Artículo 10

Si no se atiende la información o documentación solicitada o se incumplen los plazos fijados, la Cámara lo pone en conocimiento del Parlamento de Andalucía y, además, puede: a) requerir conminatoriamente, por escrito, con un nuevo plazo perentorio y comunicación simultánea a los superiores de los obligados, proponiendo, si se considera oportuno, exigir responsabilidades; b) proponer a quien corresponda la exigencia de responsabilidades; c) si no se respeta el plazo perentorio, comunicar el incumplimiento a los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la Corporación Local.

Artículo 11

Presentación de cuentas a la Cámara: a) la General de la Junta, antes del 31 de octubre inmediato posterior al ejercicio; b) corporaciones locales, dentro del mes siguiente a su aprobación por los plenos y, en todo caso, antes del primero de noviembre inmediato posterior al ejercicio; c) universidades públicas, dentro del mes siguiente a su aprobación por los consejos sociales; d) organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades del artículo 2.1, en un mes desde su aprobación, si no deben rendirse consolidadas. La Cámara examina la Cuenta General en tres meses desde su presentación.

Artículo 12

El resultado de la fiscalización se expone en informes anuales o especiales: se elevan al Parlamento de Andalucía, se remiten al Tribunal de Cuentas y se publican en el BOJA. Si se refieren a la gestión de las Corporaciones Locales, se da traslado además a las propias Corporaciones, para que sus Plenos los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan. Si la Cámara advierte indicios de responsabilidad contable, lo traslada sin dilación al Tribunal de Cuentas; la instrucción de los procedimientos podrá efectuarla la Cámara conforme a la legislación de ese Tribunal.

Artículo 13

Antes de emitir cualquier informe definitivo, la Cámara de Cuentas comunica a los organismos controlados el resultado de su actuación. Esos organismos, en el plazo que se les fije en la comunicación, deben manifestarse sobre los reparos y recomendaciones recogidos en el informe provisional de la Cámara y sobre las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar.

Artículo 14

Los informes emitidos por los órganos de la Cámara tras las comunicaciones del artículo anterior ponen fin a cada actuación, una vez aprobados por su Pleno. Hacen constar: a) la observancia de la legalidad de la actividad económico-financiera del sector público y de los principios contables aplicables; b) el grado de cumplimiento de los objetivos y si la gestión se ha ajustado a los principios de economía y eficacia; c) la existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas irregulares; d) las medidas propuestas, en su caso, para mejorar la gestión de las Entidades fiscalizadas.

Artículo 15

El informe anual que la Cámara de Cuentas debe remitir al Parlamento de Andalucía, en el plazo que indica el artículo 11, contiene: el análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía; el análisis de la gestión económico-financiera de cuantas Entidades, Organismos u órganos sin personalidad jurídica hayan sido controlados en el ejercicio a que se refiera; y el de las medidas que, en su caso, hubiesen adoptado los órganos competentes.

Artículo 16

La Cámara de Cuentas está integrada por seis órganos: a) el Pleno; b) la Comisión de Gobierno; c) la persona titular de la Presidencia; d) la persona titular de la Vicepresidencia; e) los Consejeros; f) la Secretaría General. El artículo no nombra ningún otro.

Artículo 17

El Pleno lo componen siete Consejeros, entre los que se eligen Presidencia y Vicepresidencia. No puede constituirse ni actuar sin una de las dos y requiere la presencia de la mayoría de sus miembros. Acuerda por mayoría de los asistentes; los empates los dirime el voto de la Presidencia o de quien la sustituya. Se reúne cuando lo estime la Presidencia o lo propongan tres miembros. La convocatoria, con el orden del día, se notifica con cuarenta y ocho horas de antelación mínima, salvo urgencia. Fuera del orden del día solo se acuerda si están todos los miembros y la mayoría declara la urgencia.

Artículo 18

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Cuentas está formada por la persona titular de la Presidencia, por la persona titular de la Vicepresidencia y por otros dos Consejeros. A estos dos Consejeros los designa el Pleno.

Artículo 19

El Pleno aprueba: las disposiciones necesarias para los fines de la Cámara (a); el proyecto de presupuesto de la Cámara (b); los criterios y programas de actuación de Consejeros y personal, para unificar actuaciones (c); los informes sobre cuentas y gestión del sector público andaluz y cualquier informe o memoria para órganos externos (f); y las cuentas de su presupuesto que se rindan ante el Parlamento (g). Además, elige de entre sus miembros a Presidencia y Vicepresidencia (d), nombra el Secretario General (e) y ejerce las demás que le encomienden la Ley y sus normas de desarrollo (h).

Artículo 20

A la Comisión de Gobierno de la Cámara de Cuentas le corresponden dos funciones, ambas sobre el personal: a) ejercer la dirección superior del personal de la Cámara y la potestad disciplinaria; b) aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal.

Artículo 21

A la Presidencia corresponde: a) representar a la Cámara; b) convocar y presidir Pleno y Comisión de Gobierno, con voto de calidad si hay empate; c) asignar tareas a los Consejeros según los programas que apruebe el Pleno; d) firmar los informes o memorias para el Parlamento, los órganos rectores de las entidades del sector público andaluz o el Tribunal de Cuentas; e) informar oralmente al Parlamento; f) nombrar a todo el personal; g) contratación, gobierno y administración, autorizando gastos y contratos; h) lo no atribuido a otros órganos y lo urgente del Pleno, dando cuenta inmediata.

Artículo 21 bis

A la persona titular de la Vicepresidencia le corresponde: a) sustituir a la de la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad; b) asistirla en las actuaciones de control de la Cámara; c) colaborar con ella en la mejora de la planificación de los métodos de trabajo; d) proponer a la Presidencia y al Pleno las medidas necesarias para la organización de los servicios comunes; e) las demás funciones que, siendo competencia de la Presidencia, esta le delegue.

Artículo 22

A los Consejeros, como órganos unipersonales de la Cámara, les corresponde: a) dirigir las actuaciones de control externo que tengan asignadas; b) elevar a la Presidencia los resultados de las fiscalizaciones para que, en su caso, las apruebe el Pleno; c) aprobar las propuestas de las unidades de fiscalización que de ellos dependan; d) proponer los gastos necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan; e) las demás funciones que les encomienden el Pleno, la Comisión de Gobierno o la Presidencia y puedan corresponderles con arreglo a la Ley.

Artículo 23

El Secretario general dirige la Secretaría General, a la que corresponden la organización y dirección de los servicios y, específicamente: a) redactar las actas y ejecutar los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno; b) elaborar el anteproyecto de presupuesto; c) redactar el proyecto de Memoria anual; d) asesorar jurídicamente a ambos órganos; e) la jefatura superior del personal, sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Gobierno; f) firmar las certificaciones; g) conservar y archivar documentos; h) lo que le asignen el Pleno, la Comisión de Gobierno o la Presidencia.

Artículo 24

Siete Consejeros, designados por tres quintas partes del Parlamento por seis años, renovados cada tres por 3/7 y 4/7. Cada grupo, salvo el Mixto, tiene derecho al menos a uno. No puede serlo quien el año inmediatamente anterior gestionó, inspeccionó o intervino ingresos y gastos del sector público en Andalucía, ni quien recibió subvenciones, avales o exenciones de entes del artículo 2. Nombra a la Presidencia el Presidente de la Junta a propuesta del Pleno; a la Vicepresidencia, el Pleno (tres años, reelegibles). Suplen: Vicepresidencia, Consejero más antiguo o, a igualdad, de más edad.

Artículo 25

Los Consejeros son independientes e inamovibles y se eligen entre personas de reconocida competencia profesional. Deben abstenerse o pueden ser recusados por: a) interés personal en el asunto o la Empresa, cuestión litigiosa pendiente o relación de servicio con algún interesado; b) parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con algún cuentadante; c) haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de lo fiscalizado; d) cualquier otra causa que, a juicio del Consejero afectado, pueda mermar su objetividad o independencia.

Artículo 26

El cargo de Consejero es incompatible con cualquier otra actividad, pública o privada, salvo la administración de su propio patrimonio. También lo es con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas o asesoras en Partidos Políticos, Centrales Sindicales, Organizaciones Empresariales y Colegios Profesionales. Si el nombrado Consejero es funcionario, pasa a la situación administrativa de servicios especiales.

Artículo 27

La persona titular de la Presidencia, la de la Vicepresidencia y los Consejeros solo pueden ser cesados por cinco causas: terminación de su mandato, renuncia aceptada por el Parlamento de Andalucía, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida o responsabilidad disciplinaria. Esta última se produce por incumplimiento grave de los deberes del cargo o por haber sido declarados, en sentencia firme, responsables civilmente por dolo o condenados por delito culposo o doloso.

Artículo 28

El artículo no regula por sí mismo el cese: deja dos cuestiones al Reglamento de la Ley. La primera, el procedimiento a seguir en cada uno de los supuestos de cese. La segunda, el órgano u órganos que deban declararlo.

Artículo 29

El personal al servicio de la Cámara de Cuentas está integrado por funcionarios con titulación adecuada, sujetos al régimen general de la función pública y a sus incompatibilidades, sin perjuicio de las normas especiales que les sean de aplicación. Además, desempeñar la función pública en la Cámara es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo y con cualquier actividad privada que no sea la administración del patrimonio propio.

Artículo 30

Los Auditores y el personal auxiliar de auditoría se encuadran bajo la dependencia directa de los Consejeros. El precepto liga ese encuadramiento a una finalidad: que la labor pueda desarrollarse eficazmente. El dato que hay que retener es que la dependencia es directa y lo es de los Consejeros.

Artículo 31

Los Auditores se seleccionan por oposición, concurso o concurso-oposición de entre personas que estén en posesión de un título de grado superior. El personal auxiliar de auditoría se selecciona igualmente por oposición, concurso o concurso-oposición, sin que el artículo mencione para él requisito de titulación.

Artículo 32

La Cámara de Cuentas de Andalucía dispone, asimismo, del personal técnico, administrativo, auxiliar y subalterno que sea necesario para el desarrollo de sus funciones. Ese personal se selecciona igualmente por oposición, concurso o concurso-oposición.

Artículo 33

La Cámara puede contratar, para actuaciones específicas, con Censores Jurados de Cuentas o con Economistas Auditores. Es una facultad («podrá»), no una obligación, y exige que se encuentren censados en el correspondiente Registro.

Artículo 34

La iniciativa a que se refiere el artículo 6.º, apartado primero, corresponde al Pleno del Parlamento de Andalucía. No obstante, también puede solicitar informes, memorias o dictámenes la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento, siempre que el acuerdo de petición se apruebe por mayoría simple de sus miembros que, a su vez, representen al menos la tercera parte de los miembros de la Comisión.

Artículo 35

La Cámara de Cuentas rinde a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, antes del 1 de marzo de cada año, una Memoria de las actuaciones que ha realizado en el año inmediato anterior. Esa Memoria incluye la liquidación de su presupuesto.

Artículo 1

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción. También fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes. Es único en su orden, su jurisdicción alcanza todo el territorio nacional (sin perjuicio de los órganos fiscalizadores autonómicos que prevean los Estatutos) y depende directamente de las Cortes Generales.

Artículo 2

El Tribunal de Cuentas tiene dos funciones propias: a) la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público; y b) el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Artículo 3

El Tribunal de Cuentas es competente para su gobierno y régimen interior y para su personal, y puede dictar reglamentos sobre su funcionamiento y organización y sobre el estatuto de su personal y servicios. También puede dictar reglamentos de desarrollo de su Ley de Funcionamiento con regulaciones secundarias y auxiliares sobre el Estatuto de su personal. Los Reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.

Artículo 4

Integran el sector público: la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los Organismos autónomos y las Sociedades estatales y demás Empresas públicas. El Tribunal fiscaliza además las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público que perciban personas físicas o jurídicas, y la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes, según las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007.

Artículo 5

Artículo 6

El Tribunal de Cuentas elabora su propio presupuesto. Ese presupuesto se integra en los Presupuestos Generales del Estado como una sección independiente y lo aprueban las Cortes Generales.

Artículo 7

Toda persona física o jurídica, pública o privada, debe suministrar al Tribunal los datos e informes que pida; la petición se hace por conducto del Ministerio, Comunidad Autónoma o Corporación Local. El incumplimiento puede acarrear multas coercitivas, y si se trata de justificantes de inversiones o gastos públicos no aportados en plazo se inicia de oficio expediente de reintegro. Las entidades de crédito colaboran; en cuentas de afiliación nunca se identifica a afiliados, y en las de otras aportaciones se identifica al aportante si lo acumulado en un año natural excede de 3.000 euros.

Artículo 8

Los conflictos sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas los resuelve el Tribunal Constitucional. Los requerimientos de inhibición que se hagan al Tribunal de Cuentas no suspenden el procedimiento respectivo, que sigue su curso aunque se formulen.

Artículo 9

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas consiste en someter la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. El Tribunal la ejerce en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.

Artículo 10

Por delegación de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas examina y comprueba la Cuenta General del Estado en el plazo de seis meses desde la fecha en que se haya rendido. Después, el Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva, que eleva a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.

Artículo 11

El Tribunal de Cuentas fiscaliza en particular: a) los contratos de la Administración del Estado y demás Entidades del sector público, cuando así esté establecido o el Tribunal lo considere conveniente; b) la situación y variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público; y c) los créditos extraordinarios y suplementarios y las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.

Artículo 12

El resultado de la fiscalización se expone en informes o memorias, ordinarias o extraordinarias, y en mociones o notas, que se elevan a las Cortes Generales y se publican en el BOE. Si afecta a Comunidades Autónomas o a sus entidades dependientes, el Informe se remite también a la Asamblea Legislativa de la Comunidad y se publica en su Boletín Oficial. El Tribunal hace constar las infracciones, abusos o prácticas irregulares observadas, con la responsabilidad en que a su juicio se haya incurrido y las medidas para exigirla.

Artículo 13

El Informe o Memoria anual del Tribunal a las Cortes Generales (art. 136.2 CE) analiza la Cuenta General del Estado y las demás del sector público y la gestión económica, entre otros extremos: observancia de la Constitución y normas de ingresos y gastos; ejecución de los Presupuestos; racionalidad del gasto con criterios de eficiencia y economía; programas de Sociedades estatales y Empresas públicas y empleo de subvenciones. Idéntico informe va cada año a las Asambleas autonómicas, e incluye una Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del ejercicio.

Artículo 14

El Tribunal de Cuentas propone, en su caso, las medidas para mejorar la gestión económico-financiera del sector público; no las adopta él. Si esas medidas afectan a la gestión de una Comunidad Autónoma o de entidades del sector público dependientes de ella, es la Asamblea Legislativa correspondiente, en el ámbito de su competencia, la que entiende de la propuesta y dicta, en su caso, las disposiciones necesarias para aplicarla.

Artículo 15

El enjuiciamiento contable es jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas y se ejerce sobre las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Se extiende también a los alcances de caudales o efectos públicos y a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.

Artículo 16

Quedan fuera de la jurisdicción contable: a) los asuntos atribuidos al Tribunal Constitucional; b) las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa; c) los hechos constitutivos de delito o falta; d) las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas a los órganos del Poder Judicial.

Artículo 17

La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena. Alcanza, solo a efectos de su función, a las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que sean elemento previo necesario para declarar la responsabilidad contable y estén directamente relacionadas con ella. Lo que decida sobre ellas no produce efectos fuera de la jurisdicción contable.

Artículo 18

Sobre unos mismos hechos, la jurisdicción contable es compatible con la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal. Si los hechos son constitutivos de delito, la responsabilidad civil la determina la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.

Artículo 19

El Tribunal de Cuentas tiene ocho órganos: el Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General.

Artículo 20

Corresponde al Presidente: representar al Tribunal; convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno y decidir con voto de calidad los empates; ejercer la jefatura superior del personal y las funciones de su nombramiento, contratación, gobierno y administración; disponer los gastos propios y la contratación de obras, bienes, servicios, suministros y demás prestaciones; las demás que le reconozca la Ley, y resolver las cuestiones gubernativas no asignadas a otros órganos.

Artículo 21

El Pleno lo integran doce Consejeros de Cuentas (uno de ellos, el Presidente) y el Fiscal. Para su válida constitución se exige un cuórum de dos tercios de sus componentes y los acuerdos se adoptan por mayoría de asistentes. Le corresponde ejercer la función fiscalizadora, plantear los conflictos de competencias o atribuciones del Tribunal, conocer de los recursos de alzada contra resoluciones administrativas de sus órganos, aprobar y modificar los Reglamentos y lo que determine la Ley de Funcionamiento.

Artículo 22

La Comisión de Gobierno la forman el Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección. Le corresponde establecer el régimen de trabajo del personal, ejercer la potestad disciplinaria en caso de faltas muy graves del personal al servicio del Tribunal, distribuir los asuntos entre las Secciones, nombrar a los Delegados instructores y las demás facultades que le atribuya la Ley de Funcionamiento.

Artículo 23

La Sección de Fiscalización verifica la contabilidad de las Entidades del sector público y examina y comprueba las cuentas sometidas a fiscalización del Tribunal. Se organiza en departamentos sectoriales y territoriales, cada uno con un Consejero de Cuentas al frente; su estructura interna la determina la Ley de Funcionamiento. El Fiscal del Tribunal designa a los Abogados Fiscales adscritos al Departamento.

Artículo 24

La Sección de Enjuiciamiento se organiza en Salas formadas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, asistidas por uno o más Secretarios. Las Salas conocen de las apelaciones contra las resoluciones de primera instancia de los Consejeros de Cuentas en juicios de cuentas, procedimientos de reintegro por alcance y expedientes de cancelación de fianzas, y, en instancia o por recurso, de lo que determine la Ley de Funcionamiento.

Artículo 25

Los Consejeros de Cuentas resuelven, en primera o única instancia y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal, tres clases de asuntos: los juicios de las cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas.

Artículo 26

La instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance corresponde a los Delegados Instructores. Se nombran entre funcionarios públicos que presten servicio en la provincia donde ocurrieron los actos que puedan constituir alcance o entre funcionarios del propio Tribunal, y el cargo es de obligada aceptación. Donde los Estatutos de Autonomía hayan creado órganos propios de fiscalización, el Tribunal podrá delegar en ellos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales de responsabilidad contable.

Artículo 27

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas depende funcionalmente del Fiscal General del Estado, no del propio Tribunal, y está integrada por dos clases de miembros: el Fiscal y los Abogados Fiscales.

Artículo 28

La Secretaría General del Tribunal de Cuentas desempeña las funciones necesarias para el adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del Presidente, del Pleno y de la Comisión de Gobierno, en todo lo relativo al régimen interior del Tribunal.

Artículo 29

El Presidente del Tribunal de Cuentas se elige de entre sus miembros. Lo nombra el Rey, a propuesta del propio Tribunal en Pleno, y su mandato es de tres años.

Artículo 30

Los Consejeros de Cuentas los designan las Cortes Generales: seis el Congreso y seis el Senado, por mayoría de tres quintos de cada Cámara y para nueve años. Se eligen entre Censores del Tribunal, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios de Cuerpos con titulación superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Cada sexo debe suponer al menos el 40 % de los designados por cada Cámara. Son independientes e inamovibles.

Artículo 31

Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento los designa el Tribunal, a propuesta del Pleno, y han de elegirse entre los Consejeros de Cuentas.

Artículo 32

El Fiscal del Tribunal de Cuentas ha de pertenecer a la Carrera Fiscal. Lo nombra el Gobierno, y la forma de ese nombramiento es la que determine el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 33

Los miembros del Tribunal tienen las causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones de los Jueces en la LOPJ. El Senador o Diputado nombrado renuncia al escaño antes de tomar posesión. No pueden ser Consejeros quienes en los dos años anteriores hayan sido: gestores, inspectores o interventores de ingresos y gastos públicos; directivos o consejeros de organismos autónomos y sociedades públicas; particulares que excepcionalmente manejen fondos públicos; perceptores de subvenciones públicas; o cuentadantes. Tampoco pueden ser comisionados para las funciones del artículo 7.4.

Artículo 34

Cuando un miembro del Tribunal de Cuentas procede de una Carrera o Cuerpo, su nombramiento implica que se le declare en excedencia especial o situación equivalente en esa Carrera o Cuerpo de procedencia.

Artículo 35

La responsabilidad civil o criminal de los miembros del Tribunal de Cuentas por actos en el ejercicio de sus funciones se exige ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. La disciplinaria del Presidente y de los Consejeros se deduce según la Ley de funcionamiento del Tribunal, y la del Fiscal, según el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 36

El Presidente y los Consejeros de Cuentas solo pueden ser removidos por cinco causas: agotamiento del mandato, renuncia aceptada por las Cortes Generales, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo.

Artículo 37

El personal del Tribunal de Cuentas lo forman funcionarios con titulación adecuada, sujetos al régimen general de la Función Pública y a sus incompatibilidades, sin perjuicio de normas especiales. Su función es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo, con el ejercicio profesional y con actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso consultivas o de asesoramiento, si perjudican su imparcialidad o independencia o guardan relación con entidades no integradas en el sector público que usen fondos públicos fiscalizables o enjuiciables por el Tribunal.

Artículo 38

Quien, por acción u omisión contraria a la Ley, menoscabe caudales o efectos públicos debe indemnizar los daños y perjuicios. La responsabilidad puede ser directa o subsidiaria. La directa es siempre solidaria y abarca todos los perjuicios; la subsidiaria se limita a los perjuicios que sean consecuencia de los actos del responsable y puede moderarse de forma prudencial y equitativa. Ambas pasan a los causahabientes que acepten la herencia, expresa o tácitamente, pero solo hasta el importe líquido de esta.

Artículo 39

Quedan exentos de responsabilidad: quienes actúen por obediencia debida, siempre que hayan advertido por escrito la imprudencia o ilegalidad de la orden con sus razones; quienes se retrasen en rendir, justificar o examinar cuentas o en solventar reparos por incumplimiento de otros, si lo hicieron constar por escrito; y quienes cometieron actos amnistiados en los términos que establezca la ley.

Artículo 40

No se exige responsabilidad subsidiaria si se prueba que el presunto responsable no pudo cumplir sus obligaciones con los medios personales y materiales de que disponía cuando ocurrieron los hechos. Si no había imposibilidad material, pero el esfuerzo exigible al funcionario era desproporcionado respecto de la naturaleza de su cargo, la responsabilidad puede atenuarse conforme al artículo 38.

Artículo 41

Cuando las responsabilidades del artículo 38 se exijan en vía administrativa con arreglo a normas específicas, la autoridad que acuerde incoar el expediente debe comunicarlo al Tribunal de Cuentas, que puede recabar en cualquier momento el conocimiento del asunto. Las resoluciones de la Administración que declaren responsabilidades contables son recurribles ante el Tribunal de Cuentas y las resuelve la Sala correspondiente.

Artículo 42

Es responsable directo quien ejecute, fuerce o induzca a ejecutar, coopere o participe después para ocultar los hechos o impedir su persecución. Quien deba rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas y no lo haga en plazo, o con graves defectos, o no solvente sus reparos es requerido conminatoriamente. Desatendido en el plazo improrrogable, el Tribunal puede formar de oficio la cuenta a costa del moroso (si puede hacerlo sin él), imponer multas coercitivas o proponer su suspensión, destitución, cese o separación. Cabe pasar el tanto de culpa al Fiscal general del Estado por desobediencia.

Artículo 43

Son responsables subsidiarios quienes, por negligencia o demora en cumplir obligaciones que las Leyes o Reglamentos les atribuyen de modo expreso, hayan dado ocasión, directa o indirectamente, a que se menoscaben los caudales públicos o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial de las responsabilidades directas. La responsabilidad subsidiaria solo se exige cuando no hayan podido hacerse efectivas las directas.

Artículo 44

El Tribunal de Cuentas debe ajustar su actuación a los procedimientos que establezca su Ley de Funcionamiento, y hacerlo de acuerdo con lo previsto en la propia Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. El artículo no fija por sí mismo ningún trámite: remite la regulación de los procedimientos a esa otra ley.

Artículo 45

Los procedimientos de la función fiscalizadora se impulsan de oficio en todos sus trámites. La iniciativa corresponde al propio Tribunal de Cuentas, a las Cortes Generales y, en su ámbito, a las Asambleas Legislativas u otros órganos representativos análogos que se constituyan en las Comunidades Autónomas.

Artículo 46

El órgano del Tribunal de Cuentas competente para conocer de un asunto lo es también para todas sus incidencias y para ejecutar las resoluciones que dicte. La competencia de los órganos de la jurisdicción contable no es prorrogable y los propios órganos pueden apreciarla incluso de oficio, previa audiencia de las partes.

Artículo 47

Pueden actuar ante la jurisdicción contable quienes tengan interés directo en el asunto o sean titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. Las Administraciones públicas pueden ejercer toda clase de pretensiones ante el Tribunal sin declarar antes lesivos los actos que impugnen. La acción para exigir responsabilidad contable es pública en cualquier procedimiento jurisdiccional del Tribunal y nunca se exige fianza o caución, sin perjuicio de la responsabilidad criminal y civil de quien la ejerza indebidamente.

Artículo 48

Los funcionarios y el personal de las entidades del sector público legitimado para comparecer ante el Tribunal de Cuentas pueden hacerlo por sí mismos y asumir su propia defensa. La representación y defensa del Estado y de sus Organismos autónomos corresponde a los Abogados del Estado; la de Comunidades Autónomas, provincias y municipios, a sus propios Letrados, a los Abogados que designen o a los Abogados del Estado.

Artículo 49

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas pueden recurrirse en casación y revisión ante el Tribunal Supremo, en los casos y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Artículo 130. Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Su composición, organización y funciones se regulará mediante ley.

Artículo 190. Ley del presupuesto

El Consejo de Gobierno elabora y ejecuta el presupuesto; el Parlamento lo examina, enmienda, aprueba y controla. Las proposiciones o enmiendas que aumenten créditos o reduzcan ingresos necesitan la conformidad del Consejo de Gobierno. Es único, anual, homogéneo con el Estado e incluye todos los ingresos y gastos de la Junta y sus entes. El proyecto se presenta al menos dos meses antes de que expire el corriente; si no está aprobado el primer día del ejercicio, se prorroga el anterior. La ley del presupuesto no crea tributos; los modifica si una ley tributaria sustantiva lo prevé.

Artículo 136. El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se le rinden y son censuradas por él, y remite a las Cortes un informe anual comunicando, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades. Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces, y una ley orgánica regula su composición, organización y funciones.

Artículo 27

La función fiscalizadora del Tribunal es externa, permanente y consultiva y verifica que la actividad económico-financiera del sector público se ajuste a legalidad, eficiencia y economía. Si fiscalizan órganos autonómicos, el Tribunal informa a las Cortes partiendo de sus actuaciones. Puede usar resultados de control interno y de esos órganos, y técnicas de auditoría. Las inspecciones de expertos las acuerda el Pleno, que los designa, fija objetivos y plazos. Quienes actúan deben guardar secreto, bajo responsabilidad disciplinaria y penal.

Artículo 28

Los Informes, Mociones o Notas aprobados por el Pleno, con las alegaciones del artículo 44, se integran en el Informe o Memoria anual que se remite a las Cortes y, en lo que les afecte, a las Asambleas autonómicas y a los Plenos locales; incluye la Memoria de actuaciones jurisdiccionales. Examinado por la Comisión Mixta, se publican en el BOE sus resoluciones con el Informe. También se remite a los Gobiernos. Caben Memorias extraordinarias y Mociones o Notas con propuestas de mejora de la gestión.

Artículo 29

Los órganos de control externo autonómicos coordinan su actividad con el Tribunal de Cuentas mediante criterios y técnicas comunes que eviten duplicidades. Le remiten sus resultados, Informes o Memorias, Mociones o Notas sobre el sector público autonómico, con antecedentes para que el Tribunal pueda ampliar, comprobar e incorporar conclusiones. El Tribunal, por acuerdo plenario, puede pedirles concretas fiscalizaciones del sector autonómico o estatal, y donde no haya órgano de control externo puede crear secciones territoriales.

Artículo 30

El deber de colaboración alcanza a cualquier persona que tenga en depósito, custodia o administración fondos públicos o haya participado en su gestión, y a los perceptores de subvenciones o ayudas. La petición la dirige el Presidente del Tribunal al titular competente. El requerido debe acusar recibo y cumplir en el plazo señalado o razonar la imposibilidad. El incumplimiento permite al Pleno imponer multas reiterables, previa audiencia en plazo común de diez días, sin perjuicio de otras responsabilidades.

Artículo 31

La función fiscalizadora se ejerce mediante: a) el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado; b) de las Cuentas Generales y parciales de las entidades del sector público y de los perceptores de ayudas (subvenciones, créditos o avales); c) el examen de los expedientes de contratos del Estado y del sector público; d) de la situación y variaciones del patrimonio; e) de los expedientes de créditos extraordinarios, suplementarios y demás modificaciones presupuestarias; f) y cualquier otro adecuado.

Artículo 32

Los procedimientos de fiscalización se tramitan según el título IV de esta ley y, supletoriamente, según la Ley de Procedimiento Administrativo, salvo sus normas sobre condición de parte y legitimación para recurrir, y sin perjuicio del artículo 44.3. El Tribunal no da curso a peticiones de fiscalización que no provengan de las instancias del artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982.

Artículo 33

La Intervención General forma la Cuenta General del Estado, que debe ultimarse antes del 31 de agosto del año siguiente y remitirse al Tribunal en los dos meses siguientes a su conclusión. Recibida, los Departamentos de la Sección de Fiscalización la examinan y contrastan con las cuentas parciales; tras las comprobaciones, la deliberación en la Sección y la audiencia del Fiscal, el Pleno emite la Declaración definitiva y la eleva a las Cámaras, dando traslado al Gobierno.

Artículo 34

Todas las entidades del sector público del artículo 4.º de la Ley Orgánica 2/1982 deben rendir al Tribunal sus cuentas según su régimen de contabilidad. Son cuentadantes las autoridades, funcionarios o empleados que gestionan ingresos, gastos o patrimonio. También deben rendir cuentas los perceptores de subvenciones, créditos o avales públicos, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y los particulares que administren, recauden o custodien fondos públicos, hayan sido o no intervenidas las operaciones.

Artículo 35

Plazos de rendición: las cuentas que pasan por la Intervención General del Estado deben estar en el Tribunal en dos meses desde que esta las recibe, con las notas de defectos o reparos; las de otros conductos, en sus plazos o en dos meses desde el fin del período; las parciales remitidas directamente por los cuentadantes, en quince días; las de perceptores de ayudas, en dos meses desde el fin del ejercicio. Las Empresas Públicas remiten sus cuentas anuales, dentro de los seis meses siguientes a aprobarse el ejercicio, a la Intervención General, que las envía al Tribunal.

Artículo 36

Las cuentas se remiten al Tribunal con todos los justificantes que exijan leyes y reglamentos, salvo el trato especial de los mandamientos de pago «a justificar» y el derivado de la informatización. Pueden no enviarse los justificantes si así lo establece un reglamento o lo determina el Tribunal; en ese caso el cuentadante certifica, bajo su responsabilidad, que están a disposición del Tribunal en la oficina u Organismo, indicando si están todos o cuáles faltan y por qué.

Artículo 37

Las cuentas que llegan al Tribunal las examina y censura el Departamento correspondiente de la Sección de Fiscalización, que puede hacerlo de dos formas: revisándolas en su totalidad o aplicando técnicas de muestreo. El artículo no impone una sola de ellas.

Artículo 38

Cuando el Tribunal examina las cuentas de quienes reciben subvenciones, créditos o avales del sector público, el examen abarca dos cosas: comprobar que las cantidades se han aplicado a las finalidades para las que se concedieron y comprobar sus resultados.

Artículo 39

Todos los contratos del Estado y del sector público están sujetos a fiscalización, y en particular: los de gasto superior a cien millones de pesetas o que requirieron autorización especial del Consejo de Ministros u órgano superior; los de obras, gestión de servicios, suministros y otros por encima de ciertas cuantías según la forma de adjudicación; los de más de diez millones ampliados o modificados con incremento superior al 20 por 100 o que superen esos límites; y los de más de diez millones resueltos. Las Leyes de Presupuestos pueden modificar las cuantías.

Artículo 40

La fiscalización de los contratos del artículo 39 abarca todas sus fases: preparación, perfección y adjudicación, formalización, afianzamiento, ejecución, modificación y extinción. Los Centros, Organismos o Entidades que los celebren envían cada año al Tribunal una relación de ellos con copia autorizada de los documentos de formalización y de los que acrediten su cumplimiento o extinción, además de lo que el Tribunal les requiera.

Artículo 41

El Tribunal fiscaliza la situación y variaciones del patrimonio del Estado y demás entidades del sector público a través de los inventarios y de la contabilidad legalmente establecidos. Esa fiscalización comprende también la tesorería y los empréstitos y demás formas de endeudamiento, con sus aplicaciones o empleos.

Artículo 42

Si los créditos extraordinarios y suplementarios los concede el Gobierno o el ministerio competente en materia de hacienda a Organismos autónomos, la fiscalización comprueba que se respetó la Ley General Presupuestaria en el expediente de concesión y examina el empleo o aplicación del crédito. Si los aprueban las Cortes Generales, solo se fiscaliza el empleo o aplicación específica del crédito concedido.

Artículo 43

También se fiscalizan las transferencias de créditos (sea cual sea el órgano que las conceda), los créditos ampliables, las incorporaciones de créditos al ejercicio siguiente y cualquier otra modificación de los créditos iniciales. Los ministerios competentes en hacienda y, para el presupuesto de la Seguridad Social, en seguridad social comunican al Tribunal estas operaciones una vez finalizado el ejercicio.

Artículo 44

Tramitada la fiscalización y antes del proyecto de Informe, se ponen de manifiesto las actuaciones a los responsables fiscalizados (o a sus representantes legítimos) para alegaciones en un plazo no superior a treinta días, prorrogable por otro igual con justa causa, y a quienes los representaron en el período fiscalizado. Si hay nuevas comprobaciones, nueva audiencia. Luego el proyecto pasa al Ministerio Fiscal y al Servicio Jurídico del Estado (treinta días comunes como máximo), y el Pleno lo aprueba. Omitir la audiencia permite recurrir ante el Pleno, sin ulterior recurso.