Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas

Artículo 37

Título III. Los miembros del Tribunal y el personal a su servicio›Capítulo II. El personal al servicio del Tribunal

En pocas palabras

El personal del Tribunal de Cuentas lo forman funcionarios con titulación adecuada, sujetos al régimen general de la Función Pública y a sus incompatibilidades, sin perjuicio de normas especiales. Su función es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo, con el ejercicio profesional y con actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso consultivas o de asesoramiento, si perjudican su imparcialidad o independencia o guardan relación con entidades no integradas en el sector público que usen fondos públicos fiscalizables o enjuiciables por el Tribunal.

Explicación sencilla

Fija el estatuto del personal del Tribunal: régimen general de la Función Pública más un régimen de incompatibilidades reforzado, que alcanza incluso a las actividades consultivas y de asesoramiento cuando perjudiquen la imparcialidad o afecten a entidades privadas que manejan fondos públicos.

Regla mnemotécnica

Personal del Tribunal: régimen general de la Función Pública, pero incompatibilidad reforzada, incluso consultoría y asesoramiento.

Trampa típica de examen

Creer que las actividades consultivas y de asesoramiento quedan fuera de la incompatibilidad: el texto las incluye expresamente.

Texto del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/1982 (LOTCu)

Uno. El personal al servicio del Tribunal de Cuentas, integrado por funcionarios con titulación adecuada, sin perjuicio de las normas especiales que les sean de aplicación, estará sujeto al régimen general de la Función Pública y a sus incompatibilidades. Dos. El desempeño de la Función Pública en el Tribunal de Cuentas será incompatible con cualquier otra función, destino o cargo, así como con el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento, siempre que perjudiquen la imparcialidad o independencia profesional del funcionario, o guarden relación con Entidades que, no integrando el sector público, utilicen fondos públicos que deban ser fiscalizados o enjuiciados por el Tribunal de Cuentas.

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