Tema 34 del temario de Administrativo del Estado 2026

Artículo 46. Limitación de los compromisos de gasto

Los créditos para gastos son limitativos: no pueden adquirirse compromisos de gasto ni obligaciones por cuantía superior a los créditos autorizados en los estados de gastos. Los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades del título VII de la ley.

Artículo 47. Compromisos de gasto de carácter plurianual

Pueden adquirirse compromisos de gasto plurianuales si su ejecución empieza en el propio ejercicio. Como máximo cuatro ejercicios, y el gasto de cada ejercicio posterior no puede pasar del crédito inicial multiplicado por: 70 % el inmediato siguiente, 60 % el segundo y 50 % el tercero y el cuarto. En obras plurianuales (salvo abono total del precio) se retiene además un 10 % del importe de adjudicación. Estos límites no se aplican a la carga financiera de la Deuda ni a los arrendamientos de inmuebles. El Gobierno puede modificar porcentajes y anualidades en casos especialmente justificados.

Artículo 47 bis. Modificación y resolución de compromisos de gasto plurianuales

Si en un ejercicio posterior la Ley de Presupuestos no autoriza créditos suficientes para obligaciones plurianuales ya comprometidas: 1.º el órgano competente lo comunica al tercero tan pronto como lo sepa; 2.º si los créditos lo permiten, se reprograman las obligaciones con reajuste de anualidades; 3.º si no es posible, se acuerda la resolución del negocio fijando las compensaciones que procedan. Si la obligación estaba condicionada a la existencia de crédito, antes de resolver se valoran soluciones alternativas y se notifica de forma fehaciente al tercero.

Artículo 69. Principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera

El sector público estatal ajusta su gestión económico-financiera a la eficacia en los objetivos y a la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con objetividad y transparencia. Su programación y ejecución buscan desarrollar objetivos y controlar resultados, según las políticas de gasto del Gobierno y los recursos disponibles. El Estado coopera y se coordina con otras Administraciones para racionalizar recursos. Los titulares de los entes y órganos del sector público estatal responden de la consecución de los objetivos fijados.

Artículo 70. Sistema de objetivos

Los centros gestores del gasto responsables de los programas presupuestarios establecen un sistema de objetivos para su área de actuación, adecuado a su naturaleza y características, mediante la elaboración de los programas plurianuales del art. 30. Los sistemas de gestión y control del gasto público deben orientarse a asegurar los objetivos finales de los programas y a informar de su cumplimiento, de las desviaciones y de sus causas.

Artículo 71. Balance de resultados e informe de gestión

Los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los programas presupuestarios formulan un balance de resultados y un informe de gestión sobre el cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio en el programa plurianual de su centro. Ambos documentos se incorporan a la memoria de las correspondientes cuentas anuales, en los términos del art. 128.

Artículo 72. Evaluación de políticas de gasto

El Ministerio de Hacienda, en colaboración con los centros gestores de gastos, impulsa y coordina la evaluación continuada de las políticas de gasto, para asegurar que alcanzan sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden. La iniciativa y coordinación son del Ministerio; los centros gestores colaboran.

Artículo 73. Fases del procedimiento de la gestión de los gastos

La gestión del gasto del Estado, sus organismos autónomos, entidades con presupuesto limitativo y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social sigue cinco fases: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. La aprobación autoriza el gasto y reserva crédito, sin relación con terceros; el compromiso acuerda su realización y vincula frente a terceros; el reconocimiento declara un crédito exigible, previa acreditación de la prestación. Las fases pueden acumularse en un solo acto.

Artículo 74. Competencias en materia de gestión de gastos

Los Ministros y titulares de órganos con dotaciones diferenciadas aprueban y comprometen gastos y reconocen obligaciones (salvo lo reservado al Consejo de Ministros) y fijan los límites por debajo de los cuales esas competencias pasan a Secretarios de Estado y Subsecretario. En organismos autónomos compete a sus presidentes o directores, incluido el pago. Cabe desconcentrar por real decreto o delegar. Los convenios y contratos-programa de más de doce millones de euros requieren autorización del Consejo de Ministros, que implica la aprobación del gasto.

Artículo 75. Ordenación de pagos

Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, el Director General del Tesoro y Política Financiera es Ordenador General de pagos del Estado; bajo la del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social lo es de las entidades gestoras y servicios comunes. Las órdenes de pago se expiden a favor del acreedor de la propuesta de pago, aunque una Orden del Ministro de Economía puede permitir expedirlas a favor de intermediarios (habilitaciones, cajas pagadoras…).

Artículo 76. Embargo de derechos de cobro

Los embargos, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de compensación y actos análogos sobre derechos de cobro de particulares frente a la AGE o la Seguridad Social, pagaderos por sus Ordenaciones de Pagos, se comunican necesariamente a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la Tesorería General de la Seguridad Social. Deben identificar al afectado (nombre y NIF), el importe del embargo y el derecho de cobro afectado. Otros órganos de la AGE que los reciban solo los remiten al Tesoro si cumplen esos requisitos; si no, los devuelven motivadamente.

Artículo 77. Pagos indebidos y demás reintegros

Pago indebido: el hecho por error material, aritmético o de hecho a quien no tiene derecho de cobro o por cuantía superior a la reconocida. El perceptor debe restituirlo, y el órgano que cometió el error dispone de inmediato, de oficio, la restitución. Los demás reintegros se revisan por los procedimientos de revisión de oficio o los específicos de cada ingreso. Salvo normativa propia, el reintegro devenga el interés del art. 17 desde el pago hasta que se acuerde su procedencia o hasta la devolución voluntaria sin requerimiento; también si se incumplen las condiciones de entrega de fondos.

Artículo 78. Anticipos de caja fija y fondos de maniobra

Ministros y presidentes o directores de organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada, dictan las normas de pagos por anticipos de caja fija: provisiones extrapresupuestarias y permanentes a pagadurías, cajas y habilitaciones para gastos periódicos o repetitivos del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. En la Seguridad Social, los fondos de maniobra los regula el Director General de la TGSS. Límite global de anticipos: 7 % de ese capítulo (AECI hasta el 14 %; 10 % en el art. 23 del programa 222A de Interior). Fondos de maniobra: 3 %, elevable al 7 %.

Artículo 79. Pagos a justificar

Se libran fondos a justificar cuando, excepcionalmente, no puede aportarse la documentación justificativa al reconocer la obligación, cuando los servicios se prestan en el extranjero o en localidades sin dependencia del órgano. Solo se imputan obligaciones del ejercicio del libramiento; el Consejo de Ministros puede permitir atender con ellos gastos en el extranjero del año siguiente. La cuenta justificativa se rinde en tres meses (seis en expropiaciones y pagos en el extranjero), ampliables excepcionalmente a seis y doce. La cuenta se aprueba o repara en los dos meses siguientes.

Artículo 140. Del control de la gestión económico-financiera del sector público estatal

El control externo del sector público estatal corresponde al Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, en los términos de la Constitución, su ley orgánica y demás leyes. El control interno de la gestión económica y financiera lo ejerce la Intervención General de la Administración del Estado, con plena autonomía respecto de las autoridades y entidades cuya gestión controla.

Artículo 141. Control de subvenciones y ayudas

La Intervención General de la Administración del Estado controla a las entidades colaboradoras y a los beneficiarios de las subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal, y de las financiadas con fondos comunitarios, conforme a la Ley General de Subvenciones y a la normativa comunitaria.

Artículo 142. Objetivos del control

El control tiene cuatro objetivos: verificar el cumplimiento de la normativa, verificar el registro y contabilización de las operaciones y su reflejo en las cuentas, evaluar la buena gestión financiera (en especial la de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria) y verificar los objetivos de los centros gestores. Se realiza mediante la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. Para actuaciones automatizadas, puede adaptar los controles por resolución en el BOE, previa auditoría.

Artículo 143. Ámbito y ejercicio de control

La Intervención General de la Administración del Estado ejerce el control sobre todos los órganos y entidades del sector público estatal, a través de sus servicios centrales o de sus Intervenciones Delegadas. Si falta puesto específico, el Interventor General hace las designaciones funcionales precisas. En Defensa y en la Seguridad Social el control se ejerce a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social, dependientes funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 144. Principios de actuación y prerrogativas

La Intervención General ejerce el control según los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna. Sus funcionarios gozan de independencia funcional respecto de los titulares controlados y siguen la normativa y las instrucciones de la Intervención General. Las discrepancias en la función interventora se resuelven por procedimiento contradictorio (art. 155). Por convenio, con contraprestación económica, la Intervención General puede asumir actuaciones de mejora de la gestión ajenas al control.

Artículo 145. Deberes y facultades del personal controlador, deber de colaboración y asistencia jurídica

Los funcionarios de control guardan confidencialidad y secreto, y los datos obtenidos solo sirven para el control o para denunciar infracciones, responsabilidad contable o delito. Autoridades y personal del sector público deben colaborar, y cualquier persona debe facilitar datos con trascendencia para el control, previo requerimiento. Los servicios jurídicos del Estado asisten a los funcionarios citados judicialmente. La documentación de auditorías y control financiero se custodia cinco años desde el informe, ampliables si hay litigio.

Artículo 146. Informes generales de control

La Intervención General presenta cada año al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, un informe general con los resultados más significativos del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías, incluida la corrección de debilidades mediante planes de acción, y puede añadir otros controles. Una vez presentados, los informes generales se publican en la página web de la Intervención General. Puede además elevar al Consejo de Ministros informes cuyo conocimiento convenga anticipar.

Artículo 147. Control de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social

El Gobierno, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado y a iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social, aprueba las normas con que esta última controla las entidades del sistema de la Seguridad Social. Esas normas se basan en el título VI de la ley, que se aplica supletoriamente y, cuando proceda, directamente; sus referencias a órganos de la AGE se entienden hechas a los del Ministerio de Trabajo y a las entidades gestoras y servicios comunes.

Artículo 148. Definición

La función interventora controla, antes de su aprobación, los actos del sector público estatal que reconocen derechos o generan gastos, los ingresos y pagos derivados y la inversión o aplicación de sus fondos públicos, para que su gestión se ajuste a las normas. La fiscalización previa de los derechos e ingresos del Tesoro puede sustituirse reglamentariamente por las comprobaciones del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en la ordenación del pago y el pago material de devoluciones de ingresos indebidos.

Artículo 149. Ámbito de aplicación

La función interventora la ejercen la Intervención General de la Administración del Estado y sus interventores delegados sobre los actos de la AGE, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General, puede acordar motivadamente sustituirla por control financiero permanente en determinados tipos de expedientes, órganos u organismos, o en organismos autónomos cuya actividad lo justifique. Si participan varias Administraciones, se limita a las actuaciones de las citadas.

Artículo 150. Modalidades de ejercicio

La función interventora tiene dos modalidades: formal (verificar los requisitos legales del acuerdo examinando los documentos preceptivos del expediente) y material (comprobar la real y efectiva aplicación de los fondos). Comprende la fiscalización previa de actos que reconocen derechos, aprueban gastos, comprometen o mueven fondos; la intervención del reconocimiento de obligaciones y de la inversión; la formal de la ordenación del pago y la material del pago. El representante responde en proporción a sus medios, no de vicios ocultos.

Artículo 150 bis. Competencias

La distribución de competencias entre el Interventor General de la Administración del Estado y los interventores delegados se fija por vía reglamentaria. Las competencias del Interventor General en materia de función interventora pueden delegarse en los interventores delegados, y el Interventor General puede avocar para sí cualquier acto o expediente que considere oportuno.

Artículo 151. No sujeción a fiscalización previa

No se someten a fiscalización previa: los contratos menores y asimilados; los gastos periódicos y de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el periodo inicial; los gastos menores de 5.000 euros pagados por anticipo de caja fija; los de procesos electorales; las subvenciones nominativas; los contratos de acceso a bases de datos y suscripción a publicaciones no armonizados; y los gastos de emergencia (salvo la orden de pago a justificar). Tampoco los gastos menores de 5.000 euros con fondos a justificar por servicios en el extranjero.

Artículo 152. Fiscalización e intervención previa de requisitos básicos

El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General, puede limitar la fiscalización previa a requisitos básicos: crédito adecuado y suficiente (y el art. 47 en plurianuales o tramitación anticipada), órgano competente, competencia del órgano que dicta el acto, que las obligaciones correspondan a gastos fiscalizados, autorizaciones del Consejo de Ministros o del titular del departamento o Secretaría de Estado y otros extremos que fije el Consejo de Ministros. Se aplica el régimen general a los gastos que apruebe el Consejo de Ministros. Puede acordarse la validación automática.

Artículo 153. Fiscalización previa e Intervención de pagos a justificar y anticipos de caja fija

El artículo remite al reglamento la determinación de tres cosas: los requisitos que se verifican en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar; los de la constitución o modificación de los anticipos de caja fija y de sus reposiciones de fondos; y el procedimiento para intervenir sus cuentas justificativas.

Artículo 154. Reparos

Si la Intervención discrepa del contenido de los actos o del procedimiento, formula reparo por escrito con cita de los preceptos legales; el reparo suspende la tramitación hasta que se subsane o, si no se acepta, se resuelva la discrepancia. En el régimen general caben cinco casos de reparo. Si los defectos son no esenciales puede emitir informe favorable condicionado a subsanar antes de aprobar el expediente; si no se subsana, se tiene por formulado el reparo. En el régimen especial de requisitos básicos solo hay reparo si falta un extremo del artículo 152.1.

Artículo 155. Discrepancias

Si el órgano gestor no acepta el reparo, plantea discrepancia motivada por escrito ante la IGAE, por conducto de la Subsecretaría en los ministerios y de presidentes o directores en organismos y entidades. Reparo de una intervención delegada: resuelve la IGAE, y su resolución es obligatoria. En Defensa y en entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social conocen la Intervención General de la Defensa o la de la Seguridad Social; si estas formulan o confirman el reparo, resuelve la IGAE. Si el reparo es de la IGAE o lo confirma, resuelve definitivamente el Consejo de Ministros.

Artículo 156. Omisión de fiscalización

Si la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente hasta subsanarlo. El órgano de la IGAE que lo conozca emite un informe, sin naturaleza de fiscalización, para la autoridad que inició las actuaciones, con al menos: infracciones, prestaciones realizadas, procedencia de revisar los actos y existencia de crédito. El titular del departamento, sin poder delegar, acuerda en su caso someter el asunto al Consejo de Ministros, cuyo acuerdo favorable no exime de responsabilidades.

Artículo 157. Definición

El control financiero permanente se ejerce en los órganos y entidades del artículo siguiente. Consiste en verificar de forma continua, a través de la intervención delegada correspondiente, la situación y el funcionamiento económico-financiero de las entidades del sector público estatal, para comprobar que cumplen la normativa y directrices que les rigen, que su gestión se ajusta a la buena gestión financiera y, en particular, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero.

Artículo 158. Ámbito de aplicación

El control financiero permanente se ejerce sobre la AGE, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes (salvo que su ley disponga otra cosa), entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados cuando estén en los supuestos del artículo 100 LGSS, y entes del artículo 2.2.i) salvo norma específica. El Consejo de Ministros, a propuesta de Hacienda y a iniciativa de la IGAE, puede sustituirlo por auditoría pública en ciertas entidades públicas empresariales y entes del 2.2.i).

Artículo 159. Contenido del control financiero permanente

El control financiero permanente incluye: verificar la normativa en lo que no alcanza la función interventora; seguir la ejecución presupuestaria y los objetivos; informar la distribución de resultados; comprobar la tesorería; otras actuaciones de las intervenciones delegadas; analizar operaciones y procedimientos; y, en ministerios y entidades de la Seguridad Social, verificar la información contable con técnicas de auditoría. Se documenta en informes, con uno anual, y se programa en el plan anual de control financiero permanente de la IGAE, modificable si hay causa que lo justifique.

Artículo 160. Informes de control financiero permanente

Los informes referidos en el párrafo e) del artículo 159.1 siguen, en elaboración, contenido y destinatarios, sus propias normas reguladoras. Los demás informes se rigen por las normas que apruebe la IGAE, que fijan su periodicidad, contenido, destinatarios y procedimiento de elaboración.

Artículo 161. Planes de acción y seguimiento de medidas correctoras

Cada ministerio elabora un Plan de Acción para corregir las deficiencias relevantes de los informes de control financiero permanente de la IGAE, propias y de sus entes adscritos, dependientes o tutelados. Lo remite a la IGAE en 3 meses desde que su titular recibe los informes y sigue su ejecución. La IGAE lo valora; si no lo ve adecuado, el ministro tiene un mes para modificarlo. Si no lo hace y las deficiencias son graves, o si no se remite el Plan, la IGAE lo eleva al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, para su toma de razón.

Artículo 162. Definición

La auditoría pública es la verificación posterior y sistemática de la actividad económico-financiera del sector público estatal. Se hace aplicando los procedimientos de revisión selectivos que contienen las normas de auditoría y las instrucciones que dicte la IGAE.

Artículo 163. Ámbito

La auditoría pública se ejerce, según lo previsto en el plan anual de auditorías del artículo 165, sobre todos los órganos y entidades del sector público estatal. Ello sin perjuicio de la función interventora, del control financiero permanente y de la auditoría privada de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, que la legislación mercantil impone a las sociedades mercantiles estatales.

Artículo 164. Formas de ejercicio

La auditoría pública tiene tres modalidades: de regularidad contable (revisa la información y documentación contable para comprobar su adecuación a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria); de cumplimiento (verifica que actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se ajustan a sus normas); y operativa (examen sistemático y objetivo de operaciones y procedimientos para valorar su racionalidad económico-financiera y su adecuación a la buena gestión, detectar deficiencias y recomendar correcciones). La IGAE puede combinar los tres objetivos.

Artículo 165. Plan anual de auditorías

La IGAE elabora cada año un plan de auditorías con las actuaciones del ejercicio: las que realiza directamente y las que se ejecutan a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social. El plan incluye también las actuaciones sobre ayudas y subvenciones públicas. La IGAE puede modificar las auditorías previstas cuando existan circunstancias que lo justifiquen.

Artículo 166. Informes de auditoría

Cada auditoría termina en un informe escrito según normas de la IGAE. Se remite siempre al titular de la entidad controlada, al Ministro de Hacienda y al del departamento de dependencia o adscripción; los presidentes de entes con consejo de administración o comité de auditoría deben remitírselos. Los de mutuas, a su titular y al órgano de dirección y tutela. Rigen los planes de acción del artículo 161. Los de cuentas anuales se rinden al Tribunal de Cuentas con las cuentas, y la IGAE envía cada año al Consejo de Ministros un informe resumen con las salvedades.

Artículo 167. Definición

La auditoría de las cuentas anuales es una modalidad de la de regularidad contable: verifica si las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultados y, en su caso, ejecución del presupuesto. En entidades con el Plan General de Contabilidad de la empresa revisa además que concuerde la información del informe del artículo 129.3. En fundaciones verifica, si lo determina el plan anual de auditorías, los fines fundacionales y principios de personal, contratación y ayudas, y siempre la ejecución de los presupuestos de explotación y capital. La IGAE puede ampliarla.

Artículo 168. Ámbito de la auditoría de cuentas anuales

La IGAE audita cada año las cuentas de organismos autónomos, agencias, entidades públicas empresariales, autoridades independientes, entes del 2.2.i), universidades no transferidas y mutuas. También de las fundaciones que reúnan al cierre dos de tres circunstancias: activo superior a 11.400.000 euros, ingresos superiores a 22.800.000 euros o más de 250 trabajadores de media; el cambio solo surte efecto si se repite dos ejercicios. El resto de fundaciones y las sociedades no obligadas, si están en el plan anual; los consorcios obligados y los fondos sin personalidad, salvo norma específica.

Artículo 169. Auditoría de cumplimiento

La IGAE realiza la auditoría de cumplimiento de los órganos y entidades del sector público estatal incluidos en el Plan anual de Auditorías. Comprende la verificación selectiva de la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, y de cualquier otro aspecto de la actividad económico-financiera de las entidades auditadas.

Artículo 170. Auditoría operativa

La IGAE realiza la auditoría operativa de los órganos y entidades incluidos en el Plan Anual de Auditorías, con el alcance que este fije, en tres modalidades: de programas presupuestarios (objetivos, seguimiento, fiabilidad de balances de resultados e informes de gestión y evaluación de resultados); de sistemas y procedimientos (estudio exhaustivo de un procedimiento de gestión financiera para detectar deficiencias u obsolescencia y proponer correcciones o su sustitución); y de economía, eficacia y eficiencia (valoración independiente del uso de los recursos públicos).

Artículo 171. Auditoría de contratos-programas y de seguimiento de planes de equilibrio financiero

Cuando, por contratos-programa u otros convenios con las entidades del artículo 68, las aportaciones del Estado dependan en su importe del cumplimiento de objetivos, de magnitudes financieras o de hipótesis macroeconómicas, la IGAE audita si la propuesta de liquidación formulada por el órgano previsto en el convenio se ajusta a esas condiciones. El Plan anual de Auditorías contemplará especialmente el control financiero de las entidades sometidas al Plan de Saneamiento del artículo 18 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria.

Artículo 172. Auditoría de los Planes iniciales de actuación

La IGAE revisa el cumplimiento de las previsiones de los planes iniciales de actuación de los organismos públicos (artículos 61 y 62 de la Ley 6/1997) para informar sobre si sus objetivos se ajustan a la realidad y si siguen existiendo las circunstancias que motivaron su creación. Con el mismo objetivo revisa las memorias de las fundaciones del sector público estatal (artículo 45.2 y 3 de la Ley 50/2002) y la de las sociedades mercantiles estatales de la disposición adicional duodécima.

Artículo 173. Auditoría de la cuenta de los tributos estatales

La cuenta de los tributos estatales y de los recursos de otras administraciones y entes públicos que gestiona la Agencia Estatal de Administración Tributaria se audita cada año, siguiendo el procedimiento que establezca al efecto la IGAE.

Artículo 174. Auditoría de las empresas colaboradoras de la Seguridad Social

La auditoría pública de las empresas colaboradoras la ejerce la Intervención General de la Seguridad Social, y se refiere a la gestión de la acción protectora a la que alude el artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 175. Auditoría de privatizaciones

La IGAE audita las operaciones de transmisión de sociedades mercantiles estatales, participaciones, acciones o unidades o ramas de negocio cuando representen una participación significativa en el patrimonio de la sociedad y, en todo caso, cuando supongan perder el control político sobre ellas. La auditoría recae sobre la cuenta del resultado económico y contable y la memoria explicativa que deben emitirse en cada operación de enajenación.

Artículo 136. El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se le rinden y son censuradas por él, y remite a las Cortes un informe anual comunicando, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades. Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces, y una ley orgánica regula su composición, organización y funciones.

Artículo 1

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción. También fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes. Es único en su orden, su jurisdicción alcanza todo el territorio nacional (sin perjuicio de los órganos fiscalizadores autonómicos que prevean los Estatutos) y depende directamente de las Cortes Generales.

Artículo 2

El Tribunal de Cuentas tiene dos funciones propias: a) la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público; y b) el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Artículo 3

El Tribunal de Cuentas es competente para su gobierno y régimen interior y para su personal, y puede dictar reglamentos sobre su funcionamiento y organización y sobre el estatuto de su personal y servicios. También puede dictar reglamentos de desarrollo de su Ley de Funcionamiento con regulaciones secundarias y auxiliares sobre el Estatuto de su personal. Los Reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.

Artículo 4

Integran el sector público: la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los Organismos autónomos y las Sociedades estatales y demás Empresas públicas. El Tribunal fiscaliza además las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público que perciban personas físicas o jurídicas, y la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes, según las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007.

Artículo 5

Artículo 6

El Tribunal de Cuentas elabora su propio presupuesto. Ese presupuesto se integra en los Presupuestos Generales del Estado como una sección independiente y lo aprueban las Cortes Generales.

Artículo 7

Toda persona física o jurídica, pública o privada, debe suministrar al Tribunal los datos e informes que pida; la petición se hace por conducto del Ministerio, Comunidad Autónoma o Corporación Local. El incumplimiento puede acarrear multas coercitivas, y si se trata de justificantes de inversiones o gastos públicos no aportados en plazo se inicia de oficio expediente de reintegro. Las entidades de crédito colaboran; en cuentas de afiliación nunca se identifica a afiliados, y en las de otras aportaciones se identifica al aportante si lo acumulado en un año natural excede de 3.000 euros.

Artículo 8

Los conflictos sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas los resuelve el Tribunal Constitucional. Los requerimientos de inhibición que se hagan al Tribunal de Cuentas no suspenden el procedimiento respectivo, que sigue su curso aunque se formulen.

Artículo 9

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas consiste en someter la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. El Tribunal la ejerce en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.

Artículo 10

Por delegación de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas examina y comprueba la Cuenta General del Estado en el plazo de seis meses desde la fecha en que se haya rendido. Después, el Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva, que eleva a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.

Artículo 11

El Tribunal de Cuentas fiscaliza en particular: a) los contratos de la Administración del Estado y demás Entidades del sector público, cuando así esté establecido o el Tribunal lo considere conveniente; b) la situación y variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público; y c) los créditos extraordinarios y suplementarios y las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.

Artículo 12

El resultado de la fiscalización se expone en informes o memorias, ordinarias o extraordinarias, y en mociones o notas, que se elevan a las Cortes Generales y se publican en el BOE. Si afecta a Comunidades Autónomas o a sus entidades dependientes, el Informe se remite también a la Asamblea Legislativa de la Comunidad y se publica en su Boletín Oficial. El Tribunal hace constar las infracciones, abusos o prácticas irregulares observadas, con la responsabilidad en que a su juicio se haya incurrido y las medidas para exigirla.

Artículo 13

El Informe o Memoria anual del Tribunal a las Cortes Generales (art. 136.2 CE) analiza la Cuenta General del Estado y las demás del sector público y la gestión económica, entre otros extremos: observancia de la Constitución y normas de ingresos y gastos; ejecución de los Presupuestos; racionalidad del gasto con criterios de eficiencia y economía; programas de Sociedades estatales y Empresas públicas y empleo de subvenciones. Idéntico informe va cada año a las Asambleas autonómicas, e incluye una Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del ejercicio.

Artículo 14

El Tribunal de Cuentas propone, en su caso, las medidas para mejorar la gestión económico-financiera del sector público; no las adopta él. Si esas medidas afectan a la gestión de una Comunidad Autónoma o de entidades del sector público dependientes de ella, es la Asamblea Legislativa correspondiente, en el ámbito de su competencia, la que entiende de la propuesta y dicta, en su caso, las disposiciones necesarias para aplicarla.

Artículo 15

El enjuiciamiento contable es jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas y se ejerce sobre las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Se extiende también a los alcances de caudales o efectos públicos y a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.

Artículo 16

Quedan fuera de la jurisdicción contable: a) los asuntos atribuidos al Tribunal Constitucional; b) las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa; c) los hechos constitutivos de delito o falta; d) las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas a los órganos del Poder Judicial.

Artículo 17

La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena. Alcanza, solo a efectos de su función, a las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que sean elemento previo necesario para declarar la responsabilidad contable y estén directamente relacionadas con ella. Lo que decida sobre ellas no produce efectos fuera de la jurisdicción contable.

Artículo 18

Sobre unos mismos hechos, la jurisdicción contable es compatible con la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal. Si los hechos son constitutivos de delito, la responsabilidad civil la determina la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.

Artículo 19

El Tribunal de Cuentas tiene ocho órganos: el Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General.

Artículo 20

Corresponde al Presidente: representar al Tribunal; convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno y decidir con voto de calidad los empates; ejercer la jefatura superior del personal y las funciones de su nombramiento, contratación, gobierno y administración; disponer los gastos propios y la contratación de obras, bienes, servicios, suministros y demás prestaciones; las demás que le reconozca la Ley, y resolver las cuestiones gubernativas no asignadas a otros órganos.

Artículo 21

El Pleno lo integran doce Consejeros de Cuentas (uno de ellos, el Presidente) y el Fiscal. Para su válida constitución se exige un cuórum de dos tercios de sus componentes y los acuerdos se adoptan por mayoría de asistentes. Le corresponde ejercer la función fiscalizadora, plantear los conflictos de competencias o atribuciones del Tribunal, conocer de los recursos de alzada contra resoluciones administrativas de sus órganos, aprobar y modificar los Reglamentos y lo que determine la Ley de Funcionamiento.

Artículo 22

La Comisión de Gobierno la forman el Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección. Le corresponde establecer el régimen de trabajo del personal, ejercer la potestad disciplinaria en caso de faltas muy graves del personal al servicio del Tribunal, distribuir los asuntos entre las Secciones, nombrar a los Delegados instructores y las demás facultades que le atribuya la Ley de Funcionamiento.

Artículo 23

La Sección de Fiscalización verifica la contabilidad de las Entidades del sector público y examina y comprueba las cuentas sometidas a fiscalización del Tribunal. Se organiza en departamentos sectoriales y territoriales, cada uno con un Consejero de Cuentas al frente; su estructura interna la determina la Ley de Funcionamiento. El Fiscal del Tribunal designa a los Abogados Fiscales adscritos al Departamento.

Artículo 24

La Sección de Enjuiciamiento se organiza en Salas formadas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, asistidas por uno o más Secretarios. Las Salas conocen de las apelaciones contra las resoluciones de primera instancia de los Consejeros de Cuentas en juicios de cuentas, procedimientos de reintegro por alcance y expedientes de cancelación de fianzas, y, en instancia o por recurso, de lo que determine la Ley de Funcionamiento.

Artículo 25

Los Consejeros de Cuentas resuelven, en primera o única instancia y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal, tres clases de asuntos: los juicios de las cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas.

Artículo 26

La instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance corresponde a los Delegados Instructores. Se nombran entre funcionarios públicos que presten servicio en la provincia donde ocurrieron los actos que puedan constituir alcance o entre funcionarios del propio Tribunal, y el cargo es de obligada aceptación. Donde los Estatutos de Autonomía hayan creado órganos propios de fiscalización, el Tribunal podrá delegar en ellos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales de responsabilidad contable.

Artículo 27

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas depende funcionalmente del Fiscal General del Estado, no del propio Tribunal, y está integrada por dos clases de miembros: el Fiscal y los Abogados Fiscales.

Artículo 28

La Secretaría General del Tribunal de Cuentas desempeña las funciones necesarias para el adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del Presidente, del Pleno y de la Comisión de Gobierno, en todo lo relativo al régimen interior del Tribunal.

Artículo 29

El Presidente del Tribunal de Cuentas se elige de entre sus miembros. Lo nombra el Rey, a propuesta del propio Tribunal en Pleno, y su mandato es de tres años.

Artículo 30

Los Consejeros de Cuentas los designan las Cortes Generales: seis el Congreso y seis el Senado, por mayoría de tres quintos de cada Cámara y para nueve años. Se eligen entre Censores del Tribunal, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios de Cuerpos con titulación superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Cada sexo debe suponer al menos el 40 % de los designados por cada Cámara. Son independientes e inamovibles.

Artículo 31

Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento los designa el Tribunal, a propuesta del Pleno, y han de elegirse entre los Consejeros de Cuentas.

Artículo 32

El Fiscal del Tribunal de Cuentas ha de pertenecer a la Carrera Fiscal. Lo nombra el Gobierno, y la forma de ese nombramiento es la que determine el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 33

Los miembros del Tribunal tienen las causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones de los Jueces en la LOPJ. El Senador o Diputado nombrado renuncia al escaño antes de tomar posesión. No pueden ser Consejeros quienes en los dos años anteriores hayan sido: gestores, inspectores o interventores de ingresos y gastos públicos; directivos o consejeros de organismos autónomos y sociedades públicas; particulares que excepcionalmente manejen fondos públicos; perceptores de subvenciones públicas; o cuentadantes. Tampoco pueden ser comisionados para las funciones del artículo 7.4.

Artículo 34

Cuando un miembro del Tribunal de Cuentas procede de una Carrera o Cuerpo, su nombramiento implica que se le declare en excedencia especial o situación equivalente en esa Carrera o Cuerpo de procedencia.

Artículo 35

La responsabilidad civil o criminal de los miembros del Tribunal de Cuentas por actos en el ejercicio de sus funciones se exige ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. La disciplinaria del Presidente y de los Consejeros se deduce según la Ley de funcionamiento del Tribunal, y la del Fiscal, según el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 36

El Presidente y los Consejeros de Cuentas solo pueden ser removidos por cinco causas: agotamiento del mandato, renuncia aceptada por las Cortes Generales, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo.

Artículo 37

El personal del Tribunal de Cuentas lo forman funcionarios con titulación adecuada, sujetos al régimen general de la Función Pública y a sus incompatibilidades, sin perjuicio de normas especiales. Su función es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo, con el ejercicio profesional y con actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso consultivas o de asesoramiento, si perjudican su imparcialidad o independencia o guardan relación con entidades no integradas en el sector público que usen fondos públicos fiscalizables o enjuiciables por el Tribunal.

Artículo 38

Quien, por acción u omisión contraria a la Ley, menoscabe caudales o efectos públicos debe indemnizar los daños y perjuicios. La responsabilidad puede ser directa o subsidiaria. La directa es siempre solidaria y abarca todos los perjuicios; la subsidiaria se limita a los perjuicios que sean consecuencia de los actos del responsable y puede moderarse de forma prudencial y equitativa. Ambas pasan a los causahabientes que acepten la herencia, expresa o tácitamente, pero solo hasta el importe líquido de esta.

Artículo 39

Quedan exentos de responsabilidad: quienes actúen por obediencia debida, siempre que hayan advertido por escrito la imprudencia o ilegalidad de la orden con sus razones; quienes se retrasen en rendir, justificar o examinar cuentas o en solventar reparos por incumplimiento de otros, si lo hicieron constar por escrito; y quienes cometieron actos amnistiados en los términos que establezca la ley.

Artículo 40

No se exige responsabilidad subsidiaria si se prueba que el presunto responsable no pudo cumplir sus obligaciones con los medios personales y materiales de que disponía cuando ocurrieron los hechos. Si no había imposibilidad material, pero el esfuerzo exigible al funcionario era desproporcionado respecto de la naturaleza de su cargo, la responsabilidad puede atenuarse conforme al artículo 38.

Artículo 41

Cuando las responsabilidades del artículo 38 se exijan en vía administrativa con arreglo a normas específicas, la autoridad que acuerde incoar el expediente debe comunicarlo al Tribunal de Cuentas, que puede recabar en cualquier momento el conocimiento del asunto. Las resoluciones de la Administración que declaren responsabilidades contables son recurribles ante el Tribunal de Cuentas y las resuelve la Sala correspondiente.

Artículo 42

Es responsable directo quien ejecute, fuerce o induzca a ejecutar, coopere o participe después para ocultar los hechos o impedir su persecución. Quien deba rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas y no lo haga en plazo, o con graves defectos, o no solvente sus reparos es requerido conminatoriamente. Desatendido en el plazo improrrogable, el Tribunal puede formar de oficio la cuenta a costa del moroso (si puede hacerlo sin él), imponer multas coercitivas o proponer su suspensión, destitución, cese o separación. Cabe pasar el tanto de culpa al Fiscal general del Estado por desobediencia.

Artículo 43

Son responsables subsidiarios quienes, por negligencia o demora en cumplir obligaciones que las Leyes o Reglamentos les atribuyen de modo expreso, hayan dado ocasión, directa o indirectamente, a que se menoscaben los caudales públicos o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial de las responsabilidades directas. La responsabilidad subsidiaria solo se exige cuando no hayan podido hacerse efectivas las directas.

Artículo 44

El Tribunal de Cuentas debe ajustar su actuación a los procedimientos que establezca su Ley de Funcionamiento, y hacerlo de acuerdo con lo previsto en la propia Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. El artículo no fija por sí mismo ningún trámite: remite la regulación de los procedimientos a esa otra ley.

Artículo 45

Los procedimientos de la función fiscalizadora se impulsan de oficio en todos sus trámites. La iniciativa corresponde al propio Tribunal de Cuentas, a las Cortes Generales y, en su ámbito, a las Asambleas Legislativas u otros órganos representativos análogos que se constituyan en las Comunidades Autónomas.

Artículo 46

El órgano del Tribunal de Cuentas competente para conocer de un asunto lo es también para todas sus incidencias y para ejecutar las resoluciones que dicte. La competencia de los órganos de la jurisdicción contable no es prorrogable y los propios órganos pueden apreciarla incluso de oficio, previa audiencia de las partes.

Artículo 47

Pueden actuar ante la jurisdicción contable quienes tengan interés directo en el asunto o sean titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. Las Administraciones públicas pueden ejercer toda clase de pretensiones ante el Tribunal sin declarar antes lesivos los actos que impugnen. La acción para exigir responsabilidad contable es pública en cualquier procedimiento jurisdiccional del Tribunal y nunca se exige fianza o caución, sin perjuicio de la responsabilidad criminal y civil de quien la ejerza indebidamente.

Artículo 48

Los funcionarios y el personal de las entidades del sector público legitimado para comparecer ante el Tribunal de Cuentas pueden hacerlo por sí mismos y asumir su propia defensa. La representación y defensa del Estado y de sus Organismos autónomos corresponde a los Abogados del Estado; la de Comunidades Autónomas, provincias y municipios, a sus propios Letrados, a los Abogados que designen o a los Abogados del Estado.

Artículo 49

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas pueden recurrirse en casación y revisión ante el Tribunal Supremo, en los casos y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Regla 1. Ambito de aplicación

Regla 2. Documentos contables

Toda operación de gestión de gastos del Estado entra en el sistema de información contable con documentos contables electrónicos, ajustados a los modelos del Ministerio de Hacienda, que los Servicios gestores remiten con firma electrónica a la oficina de contabilidad del Departamento. Solo por circunstancias excepcionales, si lo determina la IGAE a propuesta del responsable de esa oficina, cabe el papel. La oficina no toma razón y los devuelve si falta documentación o requisitos, si falta la justificación de la sección 10.ª del capítulo II o si la información es incoherente con el sistema.

Regla 3. Apertura del Presupuesto de Gastos

Una vez cargadas las estructuras presupuestarias en el sistema de información contable, la oficina de contabilidad de cada departamento ministerial registra la apertura de su Presupuesto de Gastos, incorporando como créditos iniciales los autorizados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada por las Cortes Generales.

Regla 4. Prórroga del Presupuesto de Gastos

Si al empezar el ejercicio no hay Ley de Presupuestos, se prorrogan automáticamente los del año anterior. El prorrogado se carga por los créditos iniciales del ejercicio anterior menos los de servicios o programas que deban terminar en él, sin documento contable específico. Aprobado el nuevo presupuesto, se ajusta lo cargado: produce efectos desde el 1 de enero, sus créditos son créditos iniciales y a ellos se imputan los gastos de la prórroga; si estos superan los créditos aprobados, el Departamento propone imputar el exceso a los créditos cuya minoración menos trastorne el servicio público.

Regla 5. Procedimiento general

Aprobada una modificación de créditos por el órgano competente, debe comunicarse a la Dirección General de Presupuestos, que actualiza sus bases de datos y expide y autoriza los documentos MC (de modificación de créditos), que remite a la oficina de contabilidad del Departamento afectado.

Regla 5 bis. Modificaciones de crédito financiadas con cargo al Fondo de contingencia o mediante la minoración de otra aplicación

Si la modificación de crédito se financia con el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria o minorando otra aplicación, antes de tramitar el expediente se retiene el importe en las aplicaciones que se van a minorar. Aprobada, se expiden dos documentos MC: uno positivo para las aplicaciones que aumentan y otro negativo para la del Fondo de contingencia o la que sufre la baja. En el MC negativo se consigna el número de registro contable de la retención de crédito previa.

Regla 6. Transferencias de crédito

Antes de tramitar un expediente de transferencia de crédito se retiene su importe en las aplicaciones que se van a minorar (regla 15). Aprobada la transferencia, se expiden dos documentos MC: positivo para las aplicaciones que reciben crédito y negativo para las que lo transfieren. En el MC negativo se consigna el número de registro contable de la retención previa.

Regla 7. Adscripción de créditos

La adscripción de créditos consiste en afectar a un destino específico los créditos o dotaciones globales de los Presupuestos Generales del Estado. Se instrumenta mediante documentos MC de transferencias de crédito entre el concepto donde está autorizada la adscripción y el concepto, nuevo o ya existente, del Departamento al que se concede.

Regla 8. Anulaciones

Las anulaciones de las modificaciones de crédito se soportan en documentos análogos a los que originaron la operación anulada, pero de signo negativo, y siguen la misma tramitación que las reglas anteriores establecen para esa operación.

Regla 9. Creación de aplicaciones presupuestarias

Si, habiendo dotación en una o varias aplicaciones, se quieren imputar gastos a otras del mismo nivel de vinculación que no figuran en la contabilidad por carecer de dotación, el Servicio gestor pide a la oficina de contabilidad que cree la aplicación, sin transferencia de crédito. Debe dar cuenta a la oficina presupuestaria, y la solicitud puede sustituirse por una diligencia en el primer documento contable con cargo a la nueva aplicación.

Regla 10. Desglose de aplicaciones presupuestarias y reasignación de créditos

El desglose permite a los servicios gestores ejecutar sus créditos con mayor desagregación que la del presupuesto aprobado, en cualquiera de las clasificaciones orgánica, funcional o económica, sin alterar la vinculación jurídica. Se hace con un documento «Desglose» remitido a la oficina de contabilidad, comunicándolo a la oficina presupuestaria. La «Reasignación» modifica créditos desglosados: repone crédito a la aplicación de origen o lo reasigna entre aplicaciones del mismo nivel de desglose; se hace con documento «Reasignación» y la misma comunicación.

Regla 11. Delegación de competencias en los Servicios Territoriales

Delegada la gestión de gastos en la periferia, los centros gestores pueden distribuirles créditos. Para seguirlos en el sistema contable expiden un «Desglose» a la oficina de contabilidad del Departamento. Si no distribuyen o no usan el sistema, comunican la delegación a las oficinas de contabilidad de las delegaciones de Economía y Hacienda a través de la del Departamento. Aquellas registran retenciones para gastar y operaciones de ejecución; la del Departamento conserva las consultas y el registro de modificaciones, desgloses, retenciones para transferencia y no disponibilidades.

Regla 12. Desconcentración de competencias en los Servicios Territoriales

Cuando la gestión de gastos se desconcentra en los servicios periféricos del Ministerio, los centros gestores del gasto pueden hacer el seguimiento contable de esos créditos con el mismo procedimiento que la regla 11 prevé para la delegación de competencias.

Regla 13. Delimitación

Los créditos del Presupuesto de Gastos se consideran disponibles para el servicio gestor al que se asignan mientras no se realice alguna de las operaciones de cambio de situación de las reglas siguientes de la sección o se produzca la autorización de gastos de la regla 21.

Regla 14. Retención de créditos para gastar

Al iniciar un expediente de gasto, el Servicio Gestor pide certificar que hay crédito disponible (en los casos del capítulo III en que no es obligatorio, valora pedirlo) con un documento RC de retención de créditos para gastar, enviado a la oficina de contabilidad. Registrado, el crédito queda retenido y el sistema emite un certificado de existencia de crédito para el expediente. La IGAE puede autorizar por Resolución al Servicio Gestor a capturar él mismo los RC. Las anulaciones siguen la regla 18 y, si una norma lo establece, la oficina de contabilidad puede expedir el RC de oficio.

Regla 14 bis. Retención de créditos para bajas por anulación y otras minoraciones

Al iniciar un expediente de bajas por anulación u otras minoraciones se pide certificación de saldo disponible en la aplicación a minorar. La Oficina Presupuestaria del Departamento o, en su caso, la Dirección General de Presupuestos expide un RC «de retención de créditos para bajas por anulación y otras minoraciones» a la Oficina de Contabilidad; registrado, el crédito queda retenido y el certificado va al órgano solicitante. La IGAE puede autorizar por Resolución a la Oficina Presupuestaria (o a la DGP si expide ella) a capturar y registrar estos RC. Las anulaciones siguen la regla 18.

Regla 15. Retención de créditos para transferencias

Al iniciarse un expediente de transferencia se solicita certificación de saldo disponible en el crédito a minorar. La Oficina Presupuestaria del Departamento o, en su caso, la Dirección General de Presupuestos expide un RC de retención de créditos para transferencias a la oficina de contabilidad. Registrado, el crédito queda retenido y el certificado de existencia de crédito se remite al órgano solicitante para el expediente de modificación presupuestaria. La IGAE puede autorizar por Resolución la captura directa por la Oficina Presupuestaria (o la DGP). Las anulaciones siguen la regla 18.

Regla 16. No disponibilidad de créditos

Si el Gobierno acuerda la no disponibilidad de todo o parte de un crédito, la Dirección General de Presupuestos expide un RC de retención por no disponibilidad a la oficina presupuestaria, que comprueba si el crédito está desglosado: si no, lo envía directamente a la oficina de contabilidad; si sí, la registra en las aplicaciones afectadas con un nuevo RC que envía junto al original. La no disponibilidad no anula el crédito, pero sobre el saldo no disponible no pueden acordarse autorizaciones de gasto. Registrado el RC, el sistema emite certificaciones para los Servicios gestores afectados.

Regla 17. Operaciones complementarias

Si en la tramitación de las retenciones de las reglas anteriores hace falta una retención de crédito complementaria de otra anterior, se tramita igual que la retención a la que complementa y debe referenciarse a la retención inicial, según las normas de enlace de la regla 27.

Regla 18. Anulaciones

Para anular una retención de crédito, el órgano que la solicitó insta su anulación con un documento RC negativo enviado a la oficina de contabilidad. Si se debe a la renuncia a tramitar el gasto o la transferencia, el RC negativo se acompaña de la renuncia o desistimiento, si existen, o de una memoria justificativa, y del certificado de existencia de crédito expedido con la retención. El RC negativo se referencia a la retención que se anula, total o parcialmente (regla 27). Registrado, el sistema emite una certificación al órgano solicitante.

Regla 19. Retenciones sobre el límite para gastos de ejercicios posteriores

Al iniciar un gasto plurianual se pide certificar que la parte de ejercicios posteriores no supera los límites legales, salvo en los casos del capítulo III en que no es obligatorio. El Servicio Gestor expide un RC de ejercicios posteriores con el importe de cada ejercicio y lo envía a la oficina de contabilidad con el RC para gastar de la anualidad en curso. Registrado, se minoran los límites, las cuantías quedan reservadas y el sistema emite un certificado de suficiencia de límite de compromisos. La IGAE puede autorizar la captura directa. Complementarias y anulaciones: reglas 17 y 18.

Regla 19 bis. Registro de oficio de retenciones de crédito y retenciones sobre el límite para gastos de ejercicios posteriores en relación con determinadas operaciones

En expropiaciones forzosas, revisiones de precios y el 1 por 100 para el Patrimonio Histórico Español, el Servicio gestor envía de inmediato a la oficina de contabilidad los RC del ejercicio corriente y de ejercicios posteriores. Si no lo hace, la oficina le da treinta días para remitirlos o explicar cómo dará cobertura. Pasado el plazo, estima el importe y propone a la IGAE retenciones cautelares, preferentemente en el mismo capítulo y siempre en el mismo programa; la IGAE acuerda, oída la Subsecretaría, y la oficina registra de oficio los RC, sustituibles por otros de igual importe.

Regla 20. Delimitación

La ejecución de los gastos presupuestarios se realiza en tres fases: autorización del gasto, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación. La ordenación y ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas se rigen por la Orden que regule los procedimientos para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.

Regla 21. Autorización del gasto

La autorización es el acto por el que la autoridad competente aprueba la realización de un gasto, fijando su cuantía de forma cierta o, si no puede calcularse exactamente, de la forma más aproximada posible, y reservando para ello todo o parte del crédito. Aprobado el expediente, el Servicio gestor formula un documento A de ejercicio corriente y, en su caso, otro A de ejercicios posteriores con la distribución por anualidades. Si hubo retención previa, el A lo hace constar y referencia los RC (regla 27). Los A se remiten con sus justificantes a la oficina de contabilidad.

Regla 22. Compromiso del gasto

El compromiso o disposición es el acto por el que la autoridad competente, tras los trámites legales, acuerda o concierta con un tercero la realización de obras, servicios, transferencias, subvenciones, etc., previamente autorizados. Comprometido el gasto, el Servicio gestor formula un documento D de ejercicio corriente y, en su caso, otro D de ejercicios posteriores con la distribución por anualidades. Los D se remiten con sus justificantes a la oficina de contabilidad.

Regla 23. Reconocimiento de la obligación

El reconocimiento de la obligación es el acto por el que la autoridad competente acepta formalmente una deuda a favor de un tercero, por el «servicio hecho» o, en obligaciones no recíprocas, por el nacimiento de su derecho, previa acreditación documental. Salvo la excepción del punto 4, lleva implícita la propuesta de pago y se documenta con un OK. En operaciones específicas de la Deuda Pública cabe un documento O sin propuesta, que luego se formula con un documento K. Deben figurar las fechas del gasto y del acto, y no se mezclan en un documento gastos de fechas distintas.

Regla 24. Fases mixtas

Acumular en un único acto dos o más fases de ejecución del gasto produce los mismos efectos que acordarlas en actos separados. Si se acuerdan a la vez la autorización y el compromiso, se expide un documento mixto AD; si en un mismo acto se acumulan autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación, un documento mixto ADOK.

Regla 25. Transmisión de las propuestas de pago

Contabilizadas las operaciones del día, las oficinas de contabilidad obtienen una relación provisional con todas las propuestas de pago incorporadas ese día. Se comprueba con los documentos contables originales y se dejan en suspenso las mal contabilizadas. Después se obtiene la relación definitiva, que, autorizada por el jefe de contabilidad, se transmite por medios informáticos a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Las suspendidas siguen las normas de rectificación de errores.

Regla 26. Anulaciones

Las anulaciones de las operaciones indicadas en las reglas anteriores de la sección se soportan en documentos análogos a los de la operación, pero de signo negativo, que se expiden y tramitan igual que se indica en las reglas anteriores.

Regla 27. Del enlace entre operaciones

Las operaciones de un gasto deben estar interrelacionadas. Se dividen en operaciones de inicio (RC para gastos, o A, AD y ADOK sobre créditos disponibles) y de continuación (impulsan fases sucesivas o complementan otras). Las de continuación indican el número de registro contable de la operación a la que suceden o complementan: la autorización sobre créditos retenidos, el de la retención; el compromiso, el de la autorización; el reconocimiento, el del compromiso. Las complementarias, el de la complementada, y los documentos negativos, el de la operación anulada o minorada.

Regla 28. Normas para la expedición de pagos a justificar

Cuando un Departamento ministerial apruebe sus normas reguladoras de la expedición de pagos a justificar, debe darles traslado a la oficina de contabilidad, que toma razón de los conceptos presupuestarios a los que se aplican y de los límites cuantitativos que les afectan.

Regla 29. Contabilización de las propuestas de pago a justificar

Las propuestas de pago a justificar se contabilizan con documento ADOK o, en su caso, OK, a favor de la Caja Pagadora que pagará a los acreedores finales, con la clave de tipo de pago a justificar. Se envían a la oficina de contabilidad, que antes de contabilizar comprueba: que esos créditos admiten pagos a justificar según las normas del Departamento; que el importe está dentro de sus límites; que la Caja ha justificado los libramientos anteriores o está en plazo; y que hay crédito suficiente en el presupuesto vigente.

Regla 30. Justificación

Cuando una Caja Pagadora presenta la cuenta justificativa a su Unidad Central de Caja, esta lo comunica a la Oficina de Contabilidad expidiendo el documento «Control de Pagos a Justificar» de presentación de la cuenta; su registro imputa los pagos de la Caja a las cuentas de gasto o inversión. Aprobada la cuenta, la Unidad Central expide otro «Control de Pagos a Justificar» de aprobación. La Unidad Central une a la cuenta una certificación de la Oficina de Contabilidad de la toma de razón de la aprobación, para su remisión al Tribunal de Cuentas.

Regla 31. Prórrogas de los plazos de justificación

Si se autoriza una prórroga del plazo inicialmente fijado para justificar un pago a justificar, la Unidad Central de Caja expide el documento «Control de pagos a justificar» especificando la prórroga, y lo remite a la oficina de contabilidad junto con el acuerdo del Ministro o de quien este delegue.

Regla 32. Requerimiento de la cuenta justificativa

Si han transcurrido los plazos de presentación de la cuenta justificativa de un libramiento a justificar, y en su caso la prórroga, sin que la Intervención Delegada la haya recibido, la oficina de contabilidad lo pone de manifiesto en un informe a la Unidad Central de Caja del Departamento, para que esta requiera a la caja pagadora su presentación.

Regla 33. Pagos a justificar para atender gastos de emergencia

Los fondos a justificar para gastos de emergencia pueden contabilizarse aunque no se cumplan los requisitos del punto 2 de la regla 29, siempre que el libramiento esté aprobado. La falta de cuenta justificativa no paraliza nunca nuevos libramientos a la misma caja, cualquiera que sea el tiempo transcurrido; pero la oficina de contabilidad informa trimestralmente a los Centros gestores de la situación deudora de las cajas que lleven más de seis meses sin presentar la cuenta.

Regla 33 bis. Actualización de los saldos de Tesorería por provisiones de fondos para pagos a justificar

La actualización a fin de ejercicio de los saldos de las cuentas restringidas de pagos por las variaciones debidas a los pagos a justificar se hace según el procedimiento de la regla 37 de la propia Instrucción.

Regla 34. Establecimiento del sistema de anticipos de caja fija y distribución por cajas pagadoras

Cuando un Departamento ministerial establezca o modifique el anticipo de caja fija, o su distribución por cajas pagadoras, debe trasladar los acuerdos correspondientes a la oficina de contabilidad. Esos acuerdos van acompañados del documento Adopción/Distribución de anticipos de caja fija.

Regla 35. Situación de los fondos del anticipo de caja fija

Las entregas de fondos a los cajeros pagadores para constituir o aumentar el anticipo de caja fija se tramitan según las normas de desarrollo del Real Decreto 725/1989 y la Orden sobre procedimientos de pago de la AGE. Los Servicios gestores piden la ordenación y realización de esos pagos con propuestas de pago no presupuestarias, que remiten a su oficina de contabilidad para su registro. Se aplican al concepto contable que determine la Intervención General de la Administración del Estado.

Regla 35 bis. Límites a los cajeros pagadores por aplicaciones presupuestarias

Al inicio del ejercicio contable, los Departamentos ministeriales pueden fijar para cada cajero pagador límites de gasto por aplicación presupuestaria, mediante el documento contable RC-110 del presupuesto del cajero de ACF, con los importes máximos por aplicación. El Sistema de Información Contable controla esos gastos al nivel de vinculación que corresponda. Para las retenciones sobre el presupuesto del cajero necesarias en las reposiciones de fondos se expide un RC de «Retención sobre el presupuesto del cajero de ACF».

Regla 36. Reposiciones de fondos de anticipos de caja fija

La aplicación al presupuesto de los gastos pagados con el anticipo de caja fija y la propuesta de reposición de fondos al cajero pagador se contabilizan con un documento ADOK. Este se acompaña a la cuenta justificativa y se expide con cargo a las mismas aplicaciones y por los mismos importes que figuran en esa cuenta.

Regla 37. Actualización de los saldos de Tesorería por provisiones de fondos a fin de ejercicio

Para actualizar los saldos de Tesorería, los Departamentos con servicios en el exterior remiten a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, antes del 20 de enero, la situación a 31 de diciembre de sus cuentas «Tesoro Público. Provisión de Fondos» abiertas en el exterior. Con ella y con la de las cuentas de esa agrupación abiertas en España, la Dirección General envía a su Oficina de Contabilidad, antes del 1 de febrero, la información para actualizar la cuenta 575.

Regla 38. Concesión de los anticipos de Tesorería

Cuando el Gobierno aprueba la concesión de un anticipo de Tesorería, la Dirección General de Presupuestos expide un documento I, de concesión de anticipo de Tesorería, que se envía a la oficina de contabilidad del Departamento ministerial correspondiente.

Regla 39. Ejecución de gastos con cargo a anticipos de Tesorería

Los gastos que se realicen con cargo a un anticipo de Tesorería se tramitan igual que el resto de gastos: conforme a las reglas generales de la sección 1.ª del capítulo II de la Instrucción. La regla no establece ninguna especialidad propia para esta tramitación.

Regla 40. Cancelación de los anticipos de Tesorería

Aprobado el crédito extraordinario o suplemento que motivó el anticipo de Tesorería, se cancelan las operaciones hechas con el anticipo y se aplican al presupuesto corriente. La oficina de contabilidad, tras contabilizar el MC, expide de oficio un RC por lo gastado del anticipo y lo comunica al Servicio gestor, que expide los documentos de cancelación (negativos) y los de aplicación al presupuesto (positivos). La oficina registra primero los negativos y, validados, los positivos. Si el crédito no se aprueba, se cancela con los créditos del Departamento cuya minoración menos trastorne.

Regla 41. Delimitación

La tramitación de los expedientes de gasto puede iniciarse en un ejercicio anterior a aquel en el que vaya a comenzar su ejecución, siguiendo el procedimiento que regula la sección de tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Regla 42. Tramitación anticipada de expedientes de contratación

Los contratos pueden llegar a adjudicarse y formalizarse aunque su ejecución empiece el ejercicio siguiente. El pliego los somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente; el expediente lleva el certificado de límites, obtenido del SIC tras registrar un RC de «tramitación anticipada». Autorizado el gasto, documento A; si se adjudica y formaliza en el ejercicio, D; si se acumulan, AD. Al comienzo de cada ejercicio el SIC controla el crédito de la anualidad corriente y los límites de las siguientes.

Regla 43. Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos

En la tramitación anticipada de subvenciones y de otros gastos distintos de los contratos se respeta lo que diga la normativa específica de cada tipo de gasto sobre el trámite hasta el que se puede llegar y el número de anualidades, siguiendo el procedimiento de la regla anterior. Si esa normativa no lo regula, se puede llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al compromiso de gasto.

Regla 44. Delimitación

Proyecto de gasto es cualquier unidad de gasto presupuestario definida por metas u objetivos perfectamente identificables, que puede ejecutarse con créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y extenderse a más de un ejercicio. Su seguimiento contable se hace en el subsistema de proyectos de gasto del sistema de información, según esta sección y las instrucciones de desarrollo que dicte la Intervención General de la Administración del Estado.

Regla 45. Estructura de la información relativa a proyectos de gasto

La información de proyectos de gasto se estructura en cuatro niveles: superproyecto (agrega varios proyectos con un mismo objetivo o conjunto de objetivos), proyecto (unidad de gasto definida en la regla anterior), expediente (unidad básica de gestión presupuestaria, por la que se ejecuta cada proyecto) y subexpediente o contrato (máximo detalle de cada compromiso de gasto de un expediente). La IGAE fija su codificación.

Regla 46. Proyectos de gasto que han de ser objeto de seguimiento

El subsistema de proyectos de gasto sigue todos los gastos que se realicen con cargo a los créditos del capítulo 6, «Inversiones reales», según la distribución en superproyectos y proyectos del «Anexo de inversiones reales y programación plurianual» que acompaña cada año a los Presupuestos Generales del Estado. Los servicios gestores pueden seguir también otros gastos por esta vía, definiendo superproyectos y proyectos según sus objetivos y necesidades.

Regla 47. Procedimiento de alta de los proyectos de gasto

Abierto el Presupuesto de Gastos, las oficinas de contabilidad dan de alta los proyectos de gasto. Los de los capítulos 1, 2, 4 y 7 se crean en el sistema según los definan y comuniquen los Servicios gestores; los del capítulo 6, incorporando los datos del «Anexo de inversiones reales y programación plurianual». Los nuevos proyectos nacidos de modificaciones presupuestarias se dan de alta con los datos de los gestores. Si un proyecto se ejecuta con créditos distintos de los del capítulo 6, antes del alta se desglosan las aplicaciones (regla 10).

Regla 48. Modificaciones de los créditos asignados a proyectos de gasto

Cuando una modificación presupuestaria afecte a créditos con cargo a los que se ejecutan proyectos de gasto, una vez registrada en el sistema se distribuye su importe entre los proyectos afectados, con la información que faciliten sus Servicios gestores. Se hace igual cuando durante el ejercicio deba cambiarse la asignación a proyectos de los créditos de una aplicación presupuestaria.

Regla 49. Alta de expedientes de gasto

Antes de incorporar al sistema la primera operación de un proyecto de gasto, debe darse de alta el expediente que se vaya a tramitar, con la información que facilite el Servicio gestor que ejecute el proyecto. En transferencias y subvenciones (capítulos 4 y 7), los expedientes se establecen según la convocatoria y se identifican por ella y su fecha de publicación en el BOE; si no hay convocatoria, por la norma que lo permita y su fecha de publicación en el BOE.

Regla 50. Ejecución de los proyectos de gasto

En los documentos contables de operaciones que afectan a proyectos de gasto, el expediente se identifica con el código del nivel expediente en retenciones de crédito y autorizaciones de gasto, y con el del nivel subexpediente o contrato en compromisos de gasto y reconocimiento de obligaciones. Además, al módulo de proyectos se incorpora la información específica que fije la IGAE, que tipifica los expedientes y decide qué datos se registran, suministrados por los Servicios gestores.

Regla 51. Delimitación

Se establece un periodo de cierre de la contabilidad económico-patrimonial de cada ejercicio, regulado en las reglas siguientes de la sección. En él se registran como transacciones del ejercicio que se cierra las que se hayan devengado en él y que a 31 de diciembre no hubieran sido contabilizadas.

Regla 52. Operaciones devengadas que deben quedar imputadas en la cuenta 413, “Acreedores por operaciones devengadas”

Lo devengado y no reconocido en un ejercicio se registra mediante OK o ADOK que los Servicios gestores remiten hasta el 30 de abril del siguiente; en la contabilidad económico-patrimonial del ejercicio anterior se usa la cuenta 413. Además, los gestores informan a la Intervención Delegada, hasta el 15 de febrero, de lo devengado y no contabilizado a 31 de diciembre; el órgano de control envía su informe definitivo hasta el 30 de abril y la oficina de contabilidad registra el documento «Operaciones devengadas» hasta el 15 de mayo, con fecha 31 de diciembre.

Regla 53. Otras operaciones de fin de ejercicio

La Secretaría General Técnica de cada Ministerio remite a la Intervención Delegada, antes del 15 de febrero, una memoria con los casos que puedan dar lugar a provisiones (litigios, responsabilidad patrimonial, obligaciones, intereses de demora) que superen 5.000.000 de euros por caso o materia, salvo que la Intervención Delegada comunique un umbral inferior. Valora el desembolso como probable (más del 50 %), posible (más del 10 % y menos del 50 %) o remoto (menos del 10 %). La Intervención Delegada expide, si procede, documentos «soporte de asientos directos».

Regla 54. Cierre del presupuesto y anulación de remanentes de crédito

El último día del ejercicio se cierra el presupuesto: se anulan los saldos de compromisos y autorizaciones y se ponen de manifiesto los remanentes de crédito, que también se anulan. Se anulan igualmente, en los gastos plurianuales, las autorizaciones de ejercicios posteriores pendientes de comprometer y las retenciones de ejercicios posteriores pendientes de autorizar. Lo hace la Oficina de Contabilidad sin expedir documento contable alguno.

Regla 55. Aplicación al nuevo presupuesto de los compromisos de gasto y otras operaciones

Cerrado un presupuesto y abierto el siguiente, se imputan a este, por orden: 1.º anualidades de compromisos plurianuales de años anteriores; 2.º ciertas retenciones pendientes de anular; 3.º compromisos pendientes de obligación contraídos con tercero identificado y ajeno a la AGE; 4.º autorizaciones del Mecanismo de Recuperación y REACT-UE; 5.º, 6.º y 9.º tramitación anticipada; 7.º y 8.º ciertas retenciones de expropiaciones y otros supuestos legales. Si falta crédito, el gestor tiene treinta días para decir qué hacer.

Regla 56. Actualización de la codificación

Si al empezar el nuevo ejercicio han cambiado los códigos de las clasificaciones orgánica, funcional o económica del presupuesto de gastos respecto al anterior, la oficina de contabilidad actualiza según las nuevas codificaciones los compromisos de gasto a imputar al ejercicio corriente y los imputados a ejercicios posteriores.

Regla 57. Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el pago

Si una obligación reconocida cuyo pago no se ha propuesto supera el plazo legal de prescripción, el Jefe de la oficina de contabilidad inicia el expediente de prescripción, que resuelve el responsable del Servicio gestor que autorizó el reconocimiento de la obligación. Aprobado el expediente, el Servicio gestor expide el documento PR de prescripción de obligaciones y lo remite a la oficina de contabilidad con la resolución aprobatoria.

Regla 58. Prescripción de órdenes de pago

Si una orden de pago supera el plazo legal de prescripción, el Jefe de Contabilidad de la caja pagadora inicia el expediente, que resuelve el Director general del Tesoro y Política Financiera o el Delegado provincial de Economía y Hacienda, según la caja pagadora en que esté situada la orden. Aprobado, el órgano que lo aprobó expide el documento PR y lo remite a su oficina de contabilidad con la resolución.

Regla 59. Cesiones de créditos frente a la Administración

El contratista que ceda sus créditos frente a la Administración lo notifica al Servicio gestor del gasto, con la documentación que acredite que la cesión es conforme a derecho, por factura electrónica, procedimiento electrónico o registro. Se inscribe en el Registro de cesiones de crédito de la AGE, integrado en el SIC, que le asigna un número. Con el dictamen favorable del Servicio Jurídico, el gestor expide el OK con ese número, cedente y cesionario, y la oficina de contabilidad certifica la toma de razón. En certificaciones anticipadas se usa un documento CA.

Regla 59 bis. Cuentas para el pago de nóminas y otros pagos en firme

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, con la información de la situación a 31 de diciembre de las cuentas corrientes de la AGE para el pago de nóminas y para otros pagos en firme, remite a su Oficina de Contabilidad, antes del 1 de febrero de cada año, los datos para actualizar a fin de ejercicio las cuentas 5761, «Cuenta para el pago de nóminas», y 5762, «Cuenta para otros pagos en firme».

Regla 60. Rectificación de errores

La rectificación de errores en la contabilización de operaciones de ejecución del Presupuesto de Gastos del Estado la inicia la oficina contable a la que corresponda registrar la operación afectada. Si otra oficina de las que intervienen en la ejecución del gasto detecta el error, debe ponerlo en su conocimiento. La IGAE desarrolla los procedimientos de rectificación según el tipo de error.

Regla 61. Delimitación

Toda operación de gestión de créditos o de ejecución del gasto registrada en el SIC debe acreditarse con un justificante electrónico; los que acompañan a los documentos contables electrónicos han de ser electrónicos. Si el original está en papel, se obtiene una copia auténtica electrónica (artículo 27 de la Ley 39/2015), firmada en formato ETSI TS 101 903 (XAdES). Los actos de gestión pueden soportarse en el propio documento contable electrónico si reúne los requisitos de eficacia: vale entonces como justificante y como documento contable.

Regla 62. Justificantes que han de acompañar a los documentos contables de gestión de créditos y ejecución de gasto

Justificantes por documento: apertura del presupuesto, la Ley de PGE publicada en el BOE, sin documento contable; MC, la resolución de la modificación (créditos extraordinarios y suplementos: referencia a la ley y su fecha en el BOE); RC positivos, ninguno; RC negativos, renuncia o memoria y certificado de existencia de crédito, o acuerdo de aprobación del gasto con memoria; A, el acuerdo que aprueba el gasto; D, la resolución, acuerdo o contrato; OK, la acreditación de la prestación o del derecho del acreedor; mixtos, los de todas sus fases; PR, el acuerdo de prescripción.

Regla 63. Justificantes que han de acompañar a los documentos contables relativos a anticipos de Tesorería

Al documento I que registra el anticipo de Tesorería se une el acuerdo aprobatorio del Consejo de Ministros. Las operaciones A, D y OK y sus mixtas se justifican igual que en el presupuesto corriente. Los documentos negativos I, A, D y OK de cancelación bastan con la referencia a la Ley de crédito extraordinario o suplemento y su fecha en el BOE; si las Cortes no la aprueban, se justifican con el acuerdo que determine los créditos para cancelar. Los A, D y OK de aplicación al presupuesto se justifican con la referencia a su contabilización con cargo al anticipo.

Regla 64. Del registro y archivo de los documentos contables y sus justificantes

Registrado cada documento contable electrónico, el sistema genera y envía a los servicios gestores un justificante electrónico sellado de la toma de razón (importe, número y fecha). Las oficinas de contabilidad conservan electrónicamente en el SIC justificantes y documentos; en nóminas y clases pasivas, los resúmenes de nómina; en reposiciones de caja fija y cuentas de pagos a justificar, solo la cuenta justificativa; los pagos masivos no se archivan. Los gestores también los conservan, a disposición del Tribunal de Cuentas y de la IGAE.

Apartado primero. Ámbito de aplicación

Apartado segundo. Aprobación de los documentos contables

Se aprueban los modelos y normas de cumplimentación de documentos contables de los anexos, que sirven de soporte para registrar operaciones en el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado. Todos los documentos contables serán electrónicos y seguirán esos modelos y el procedimiento de tramitación electrónica que fije la Intervención General de la Administración del Estado. Excepcionalmente cabe el papel si lo determina la Intervención General, a propuesta del responsable de la oficina de contabilidad.

Apartado tercero. Expedición de los documentos contables

Los documentos contables electrónicos se autorizan con firma electrónica de quien tenga atribuidas las facultades. Los emitidos por actuación administrativa automatizada pueden autenticarse con sello electrónico basado en certificado reconocido o cualificado. Firma y sello siguen el formato ETSI TS 101 903 (XAdES). En un documento con fase O no se mezclan facturas registradas y no registradas en el Registro Contable de Facturas (salvo ADOK de reposición de ACF), y solo se agrupan varias facturas si comparten la fecha de inicio del cómputo de los plazos de abono del precio.

Apartado cuarto. Incorporación de datos al sistema de información contable

Los documentos contables electrónicos se remiten a las oficinas de contabilidad autorizados con firma electrónica y acompañados de sus justificantes electrónicos, para su anotación en el sistema de información contable; las autorizaciones previstas en la orden se hacen siempre por firma electrónica. La anotación actualiza todos los subsistemas afectados. Registrado el documento y generado el asiento, el propio sistema genera y remite a los servicios gestores un justificante electrónico de la toma de razón, sellado electrónicamente, con número y fecha de la operación.

Apartado quinto. Concepto

Son documentos de contabilidad del Presupuesto de Gastos los que sirven de soporte a las anotaciones contables derivadas de operaciones de gestión de créditos presupuestarios y de ejecución del Presupuesto de Gastos. Pueden afectar a cuatro agrupaciones: Presupuesto corriente, Presupuestos cerrados, Ejercicios posteriores y Tramitación anticipada.

Apartado sexto. Clases de documentos

Enumera los documentos contables del Presupuesto de Gastos (modelos en el anexo II): MC para modificaciones de créditos; desglose; RC de ejercicio corriente, de ejercicios posteriores, de tramitación anticipada y del cajero de ACF (con RC-102 para no disponibilidad y RC-110 para el presupuesto del cajero); A, D y AD de corriente, posteriores y tramitación anticipada; OK y ADOK; O solo para la Deuda del Estado cuando no se proponga el pago; K, PR, MD y diversos anexos. La anulación se hace con un documento idéntico de signo contrario.

Apartado séptimo. Autorización

Los documentos MC (modificación de créditos) y RC-102 (no disponibilidad) los autoriza el Director General de Presupuestos. Los demás, el responsable del órgano que gestione los créditos, salvo: RC de la oficina presupuestaria o de la Dirección General de Presupuestos (sus responsables), RC de oficio (jefe de contabilidad), PR de prescripción (responsable del órgano que aprobó el expediente de prescripción) y OK de contratos centralizados de la sección 31 (responsable del órgano en cuyo titular delegó el Ministro). Si soporta el acto administrativo, debe reunir sus requisitos de validez.

Anexo I, parte 1. Normas de cumplimentación de los documentos contables: notas 1 a 2

La nota 1 pide consignar el código y la denominación de la oficina contable del centro gestor afectado. La nota 2 fija las claves de operación de cada documento. MC: 030 créditos extraordinarios, 040 suplemento, 050 ampliación, 060/061 transferencias positivas/negativas, 070 incorporación de remanentes, 080 generados por ingresos, 090 bajas. RC corriente: 100 para gastar, 102 no disponibilidad, 110 presupuesto del cajero de ACF. A 200/210, AD 220/230, ADOK 260/270, D 300, O 410, OK 420, K 430, PR 460, I 000.

Anexo I, parte 2. Normas de cumplimentación de los documentos contables: notas 3 a 33

Signo: positivo y 0, o negativo y 1 (y barra en la casilla de la nota 3 si es negativo). Las operaciones negativas se titulan «Anulación de…», salvo transferencias negativas, rectificación-disminución y cancelaciones de Anticipos de Tesorería, que la llevan si son positivas. C. Modif. y Consol. (0 consolidable, 1 no) solo en documentos de la Dirección General de Presupuestos. La Cta. PGCP la rellena la oficina de contabilidad. Más de 20 anualidades: anexos. Forma de pago: no la cumplimenta el servicio gestor. Epígrafe de gasto opcional; la IGAE puede crear epígrafes.

Anexo I, parte 3. Normas de cumplimentación de los documentos contables: nota 34

La nota 34 fija la fecha del gasto. Arrendamientos, gastos de personal y periódicos: último día del mes o periodo. Obras: certificación ordinaria, último día del mes; final, traspaso de riesgos y ventajas; liquidación, fin del plazo de garantía. Servicios: liquidación, fin de la prestación. Indemnizaciones: firmeza de su liquidación. Sentencias: firmeza (sin constancia, notificación); costas: comunicación para su abono. Lo devengado en ejercicios anteriores: 31 de diciembre de cada ejercicio. Expropiación: fecha de ocupación. ACF y pagos a justificar: en blanco.

Anexo I, parte 4. Normas de cumplimentación de los documentos contables: notas 35 a 60

Notas 35 a 60. Total líquido: diferencia entre los importes de las notas 19 y 33. La autorización lleva fecha y firma del responsable competente. La toma de razón puede hacerse por certificación mecánica. La prórroga se expresa en meses. En los documentos de anticipos de caja fija: importe del acuerdo en letra (nota 52) y en cifras (56); el 7 % del capítulo II de la Sección a la fecha del acuerdo; los acuerdos anteriores solo si el capítulo II sube o baja; el total suma o resta según incremento o disminución.

Anexo I, parte 5. Normas de cumplimentación de los documentos contables: notas 61 a 120

Notas 61 a 120 del anexo I. Resumen contable: tipo/número, año de la numeración y ejercicio económico en que se registra. La cuenta PGCP de cada aplicación solo se indica si admite más de una cuenta; con documentos «Anexo», el documento complementado no rellena las notas 66, 68, 70 y 71. El importe va en letra y en cifras. Ingresos: datos del sujeto pasivo y hoja de arqueo. La certificación mecánica recoge como mínimo fecha, número de operación e importe. Asientos directos: cuentas al Debe (D) o al Haber (H) con su signo. Notas 107 a 120: campos de la deuda.

Anexo I, parte 6. Normas de cumplimentación de los documentos contables: notas 121 a 200

Notas 121 a 200 del anexo I. Las notas 121 a 196 definen los campos de los documentos de deuda: intereses explícitos, moneda extranjera y tipo de cambio, amortizaciones, conversiones, regularizaciones y rendimientos implícitos. Nota 197: el IB es el número de operación de inventario del Subsistema CIBI de la inversión, y se indica también en alquileres de inmuebles salvo que se tramiten por pagos a justificar, anticipos de caja fija o pagos en el exterior. Desglose y reasignación: orgánico, funcional o económico; la nota 200 cuenta las aplicaciones origen de la reasignación.

Anexo I, parte 7. Normas de cumplimentación de los documentos contables: notas 201 a 242

Notas 201 a 242 del anexo I. En la reasignación, el importe a reasignar debe igualar al reasignado. Normativa y finalidad de subvenciones (fase D): códigos de hasta seis dígitos; en transferencias, TRANSF. Pagos masivos: referencia GGGGG DDMMAAAA NNNNN, con secuencial que empieza cada año en 1. Justificante de descuento: doce dígitos y una letra. RCF: una o dos facturas, «Anexo información adicional»; más de dos, «Anexo adicional de facturas». La fecha de inicio del plazo de abono del precio es obligatoria en los OK a acreedores directos de los capítulos 2 y 6.

Anexo I, parte 8. Normas de cumplimentación de los documentos contables: notas 243 a 260

Notas 243 a 260 del anexo I. El NCIS de Sorolla distingue activos por encima y por debajo del umbral de activación y los importes que no son activo; es obligatorio en documentos con fase O del capítulo VI, salvo pagos a justificar o bienes del inventario CIBI. El órgano proponente marca si el cobro es embargable total o parcialmente o inembargable; con cajeros pagadores o habilitados distintos a los pagos masivos, no embargable. Códigos DIR3, fondos europeos (MRR) y referencias 1 a 4. PCSP y BDNS son alternativos. Importe sin IVA en OK y ADOK, salvo libramientos a justificar.