Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas
Artículo 48
Título V. Funcionamiento del Tribunal›Capítulo III. Los procedimientos judiciales
En pocas palabras
Los funcionarios y el personal de las entidades del sector público legitimado para comparecer ante el Tribunal de Cuentas pueden hacerlo por sí mismos y asumir su propia defensa. La representación y defensa del Estado y de sus Organismos autónomos corresponde a los Abogados del Estado; la de Comunidades Autónomas, provincias y municipios, a sus propios Letrados, a los Abogados que designen o a los Abogados del Estado.
Explicación sencilla
Determina quién defiende a cada parte pública en las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas: autodefensa posible del personal legitimado, Abogados del Estado para el Estado y sus Organismos autónomos, y tres opciones para comunidades, provincias y municipios.
Regla mnemotécnica
Estado: solo Abogado del Estado. Comunidades, provincias y municipios: 3 opciones: Letrados propios, Abogados designados o Abogados del Estado.
Trampa típica de examen
Creer que las Comunidades Autónomas, provincias y municipios no pueden ser defendidos por Abogados del Estado: el texto los incluye como tercera opción.
Texto del artículo 48 de la Ley Orgánica 2/1982 (LOTCu)
Uno. Los funcionarios y el personal al servicio de las Entidades del sector público legitimado para comparecer ante el Tribunal de Cuentas podrán hacerlo por sí mismos y asumir su propia defensa. Dos. La representación y defensa del Estado y de sus Organismos autónomos en las actuaciones a que se refiere la presente Ley corresponderá a los Abogados del Estado. La de las Comunidades Autónomas, provincias y municipios a sus propios Letrados, a los Abogados que designen o a los Abogados del Estado.
En qué tema del programa entra
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- Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía · Tema 52El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia y economía. La supervisión continua. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.
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