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Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas
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Crear cuenta gratisTítulo IFiscalización económico-financiera y jurisdicción contable
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Capítulo IEl Tribunal de Cuentas. Competencias y funciones
- Art. 1Artículo 1El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción. También fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes. Es único en su orden, su jurisdicción alcanza todo el territorio nacional (sin perjuicio de los órganos fiscalizadores autonómicos que prevean los Estatutos) y depende directamente de las Cortes Generales.
- Art. 2Artículo 2El Tribunal de Cuentas tiene dos funciones propias: a) la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público; y b) el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
- Art. 3Artículo 3El Tribunal de Cuentas es competente para su gobierno y régimen interior y para su personal, y puede dictar reglamentos sobre su funcionamiento y organización y sobre el estatuto de su personal y servicios. También puede dictar reglamentos de desarrollo de su Ley de Funcionamiento con regulaciones secundarias y auxiliares sobre el Estatuto de su personal. Los Reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.
- Art. 4Artículo 4Integran el sector público: la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los Organismos autónomos y las Sociedades estatales y demás Empresas públicas. El Tribunal fiscaliza además las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público que perciban personas físicas o jurídicas, y la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes, según las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007.
- Art. 5Artículo 5
- Art. 6Artículo 6El Tribunal de Cuentas elabora su propio presupuesto. Ese presupuesto se integra en los Presupuestos Generales del Estado como una sección independiente y lo aprueban las Cortes Generales.
- Art. 7Artículo 7Toda persona física o jurídica, pública o privada, debe suministrar al Tribunal los datos e informes que pida; la petición se hace por conducto del Ministerio, Comunidad Autónoma o Corporación Local. El incumplimiento puede acarrear multas coercitivas, y si se trata de justificantes de inversiones o gastos públicos no aportados en plazo se inicia de oficio expediente de reintegro. Las entidades de crédito colaboran; en cuentas de afiliación nunca se identifica a afiliados, y en las de otras aportaciones se identifica al aportante si lo acumulado en un año natural excede de 3.000 euros.
- Art. 8Artículo 8Los conflictos sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas los resuelve el Tribunal Constitucional. Los requerimientos de inhibición que se hagan al Tribunal de Cuentas no suspenden el procedimiento respectivo, que sigue su curso aunque se formulen.
Capítulo IILa función fiscalizadora del Tribunal
- Art. 9Artículo 9La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas consiste en someter la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. El Tribunal la ejerce en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.
- Art. 10Artículo 10Por delegación de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas examina y comprueba la Cuenta General del Estado en el plazo de seis meses desde la fecha en que se haya rendido. Después, el Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva, que eleva a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.
- Art. 11Artículo 11El Tribunal de Cuentas fiscaliza en particular: a) los contratos de la Administración del Estado y demás Entidades del sector público, cuando así esté establecido o el Tribunal lo considere conveniente; b) la situación y variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público; y c) los créditos extraordinarios y suplementarios y las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.
- Art. 12Artículo 12El resultado de la fiscalización se expone en informes o memorias, ordinarias o extraordinarias, y en mociones o notas, que se elevan a las Cortes Generales y se publican en el BOE. Si afecta a Comunidades Autónomas o a sus entidades dependientes, el Informe se remite también a la Asamblea Legislativa de la Comunidad y se publica en su Boletín Oficial. El Tribunal hace constar las infracciones, abusos o prácticas irregulares observadas, con la responsabilidad en que a su juicio se haya incurrido y las medidas para exigirla.
- Art. 13Artículo 13El Informe o Memoria anual del Tribunal a las Cortes Generales (art. 136.2 CE) analiza la Cuenta General del Estado y las demás del sector público y la gestión económica, entre otros extremos: observancia de la Constitución y normas de ingresos y gastos; ejecución de los Presupuestos; racionalidad del gasto con criterios de eficiencia y economía; programas de Sociedades estatales y Empresas públicas y empleo de subvenciones. Idéntico informe va cada año a las Asambleas autonómicas, e incluye una Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del ejercicio.
- Art. 14Artículo 14El Tribunal de Cuentas propone, en su caso, las medidas para mejorar la gestión económico-financiera del sector público; no las adopta él. Si esas medidas afectan a la gestión de una Comunidad Autónoma o de entidades del sector público dependientes de ella, es la Asamblea Legislativa correspondiente, en el ámbito de su competencia, la que entiende de la propuesta y dicta, en su caso, las disposiciones necesarias para aplicarla.
Capítulo IIIEl enjuiciamiento contable
- Art. 15Artículo 15El enjuiciamiento contable es jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas y se ejerce sobre las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Se extiende también a los alcances de caudales o efectos públicos y a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.
- Art. 16Artículo 16Quedan fuera de la jurisdicción contable: a) los asuntos atribuidos al Tribunal Constitucional; b) las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa; c) los hechos constitutivos de delito o falta; d) las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas a los órganos del Poder Judicial.
- Art. 17Artículo 17La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena. Alcanza, solo a efectos de su función, a las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que sean elemento previo necesario para declarar la responsabilidad contable y estén directamente relacionadas con ella. Lo que decida sobre ellas no produce efectos fuera de la jurisdicción contable.
- Art. 18Artículo 18Sobre unos mismos hechos, la jurisdicción contable es compatible con la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal. Si los hechos son constitutivos de delito, la responsabilidad civil la determina la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.
Título IIComposición y organización del Tribunal de Cuentas
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Capítulo IOrganos del Tribunal
Capítulo IIEl Presidente, el Pleno y la Comisión de Gobierno
- Art. 20Artículo 20Corresponde al Presidente: representar al Tribunal; convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno y decidir con voto de calidad los empates; ejercer la jefatura superior del personal y las funciones de su nombramiento, contratación, gobierno y administración; disponer los gastos propios y la contratación de obras, bienes, servicios, suministros y demás prestaciones; las demás que le reconozca la Ley, y resolver las cuestiones gubernativas no asignadas a otros órganos.
- Art. 21Artículo 21El Pleno lo integran doce Consejeros de Cuentas (uno de ellos, el Presidente) y el Fiscal. Para su válida constitución se exige un cuórum de dos tercios de sus componentes y los acuerdos se adoptan por mayoría de asistentes. Le corresponde ejercer la función fiscalizadora, plantear los conflictos de competencias o atribuciones del Tribunal, conocer de los recursos de alzada contra resoluciones administrativas de sus órganos, aprobar y modificar los Reglamentos y lo que determine la Ley de Funcionamiento.
- Art. 22Artículo 22La Comisión de Gobierno la forman el Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección. Le corresponde establecer el régimen de trabajo del personal, ejercer la potestad disciplinaria en caso de faltas muy graves del personal al servicio del Tribunal, distribuir los asuntos entre las Secciones, nombrar a los Delegados instructores y las demás facultades que le atribuya la Ley de Funcionamiento.
Capítulo IIILa Sección de Fiscalización
Capítulo IVLa Sección de Enjuiciamiento
- Art. 24Artículo 24La Sección de Enjuiciamiento se organiza en Salas formadas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, asistidas por uno o más Secretarios. Las Salas conocen de las apelaciones contra las resoluciones de primera instancia de los Consejeros de Cuentas en juicios de cuentas, procedimientos de reintegro por alcance y expedientes de cancelación de fianzas, y, en instancia o por recurso, de lo que determine la Ley de Funcionamiento.
- Art. 25Artículo 25Los Consejeros de Cuentas resuelven, en primera o única instancia y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal, tres clases de asuntos: los juicios de las cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas.
- Art. 26Artículo 26La instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance corresponde a los Delegados Instructores. Se nombran entre funcionarios públicos que presten servicio en la provincia donde ocurrieron los actos que puedan constituir alcance o entre funcionarios del propio Tribunal, y el cargo es de obligada aceptación. Donde los Estatutos de Autonomía hayan creado órganos propios de fiscalización, el Tribunal podrá delegar en ellos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales de responsabilidad contable.
Capítulo VLa Fiscalía
Capítulo VILa Secretaría General
Título IIILos miembros del Tribunal y el personal a su servicio
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Capítulo ILos miembros del Tribunal
- Art. 29Artículo 29El Presidente del Tribunal de Cuentas se elige de entre sus miembros. Lo nombra el Rey, a propuesta del propio Tribunal en Pleno, y su mandato es de tres años.
- Art. 30Artículo 30Los Consejeros de Cuentas los designan las Cortes Generales: seis el Congreso y seis el Senado, por mayoría de tres quintos de cada Cámara y para nueve años. Se eligen entre Censores del Tribunal, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios de Cuerpos con titulación superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Cada sexo debe suponer al menos el 40 % de los designados por cada Cámara. Son independientes e inamovibles.
- Art. 31Artículo 31Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento los designa el Tribunal, a propuesta del Pleno, y han de elegirse entre los Consejeros de Cuentas.
- Art. 32Artículo 32El Fiscal del Tribunal de Cuentas ha de pertenecer a la Carrera Fiscal. Lo nombra el Gobierno, y la forma de ese nombramiento es la que determine el Estatuto del Ministerio Fiscal.
- Art. 33Artículo 33Los miembros del Tribunal tienen las causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones de los Jueces en la LOPJ. El Senador o Diputado nombrado renuncia al escaño antes de tomar posesión. No pueden ser Consejeros quienes en los dos años anteriores hayan sido: gestores, inspectores o interventores de ingresos y gastos públicos; directivos o consejeros de organismos autónomos y sociedades públicas; particulares que excepcionalmente manejen fondos públicos; perceptores de subvenciones públicas; o cuentadantes. Tampoco pueden ser comisionados para las funciones del artículo 7.4.
- Art. 34Artículo 34Cuando un miembro del Tribunal de Cuentas procede de una Carrera o Cuerpo, su nombramiento implica que se le declare en excedencia especial o situación equivalente en esa Carrera o Cuerpo de procedencia.
- Art. 35Artículo 35La responsabilidad civil o criminal de los miembros del Tribunal de Cuentas por actos en el ejercicio de sus funciones se exige ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. La disciplinaria del Presidente y de los Consejeros se deduce según la Ley de funcionamiento del Tribunal, y la del Fiscal, según el Estatuto del Ministerio Fiscal.
- Art. 36Artículo 36El Presidente y los Consejeros de Cuentas solo pueden ser removidos por cinco causas: agotamiento del mandato, renuncia aceptada por las Cortes Generales, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo.
Capítulo IIEl personal al servicio del Tribunal
Título IVLa responsabilidad contable
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Capítulo IDisposiciones comunes
- Art. 38Artículo 38Quien, por acción u omisión contraria a la Ley, menoscabe caudales o efectos públicos debe indemnizar los daños y perjuicios. La responsabilidad puede ser directa o subsidiaria. La directa es siempre solidaria y abarca todos los perjuicios; la subsidiaria se limita a los perjuicios que sean consecuencia de los actos del responsable y puede moderarse de forma prudencial y equitativa. Ambas pasan a los causahabientes que acepten la herencia, expresa o tácitamente, pero solo hasta el importe líquido de esta.
- Art. 39Artículo 39Quedan exentos de responsabilidad: quienes actúen por obediencia debida, siempre que hayan advertido por escrito la imprudencia o ilegalidad de la orden con sus razones; quienes se retrasen en rendir, justificar o examinar cuentas o en solventar reparos por incumplimiento de otros, si lo hicieron constar por escrito; y quienes cometieron actos amnistiados en los términos que establezca la ley.
- Art. 40Artículo 40No se exige responsabilidad subsidiaria si se prueba que el presunto responsable no pudo cumplir sus obligaciones con los medios personales y materiales de que disponía cuando ocurrieron los hechos. Si no había imposibilidad material, pero el esfuerzo exigible al funcionario era desproporcionado respecto de la naturaleza de su cargo, la responsabilidad puede atenuarse conforme al artículo 38.
- Art. 41Artículo 41Cuando las responsabilidades del artículo 38 se exijan en vía administrativa con arreglo a normas específicas, la autoridad que acuerde incoar el expediente debe comunicarlo al Tribunal de Cuentas, que puede recabar en cualquier momento el conocimiento del asunto. Las resoluciones de la Administración que declaren responsabilidades contables son recurribles ante el Tribunal de Cuentas y las resuelve la Sala correspondiente.
Capítulo IILa responsabilidad directa
Capítulo IIILa responsabilidad subsidiaria
Título VFuncionamiento del Tribunal
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Capítulo IDisposición común
Capítulo IILos procedimientos fiscalizadores
Capítulo IIILos procedimientos judiciales
- Art. 46Artículo 46El órgano del Tribunal de Cuentas competente para conocer de un asunto lo es también para todas sus incidencias y para ejecutar las resoluciones que dicte. La competencia de los órganos de la jurisdicción contable no es prorrogable y los propios órganos pueden apreciarla incluso de oficio, previa audiencia de las partes.
- Art. 47Artículo 47Pueden actuar ante la jurisdicción contable quienes tengan interés directo en el asunto o sean titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. Las Administraciones públicas pueden ejercer toda clase de pretensiones ante el Tribunal sin declarar antes lesivos los actos que impugnen. La acción para exigir responsabilidad contable es pública en cualquier procedimiento jurisdiccional del Tribunal y nunca se exige fianza o caución, sin perjuicio de la responsabilidad criminal y civil de quien la ejerza indebidamente.
- Art. 48Artículo 48Los funcionarios y el personal de las entidades del sector público legitimado para comparecer ante el Tribunal de Cuentas pueden hacerlo por sí mismos y asumir su propia defensa. La representación y defensa del Estado y de sus Organismos autónomos corresponde a los Abogados del Estado; la de Comunidades Autónomas, provincias y municipios, a sus propios Letrados, a los Abogados que designen o a los Abogados del Estado.
- Art. 49Artículo 49Las resoluciones del Tribunal de Cuentas pueden recurrirse en casación y revisión ante el Tribunal Supremo, en los casos y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.