Tema 5 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 54. El Defensor del Pueblo

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título. A tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 66. Cortes Generales

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Son inviolables.

Artículo 67. Incompatibilidades y prohibición del mandato imperativo

Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Y las reuniones de parlamentarios celebradas sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, ni podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68. El Congreso de los Diputados

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la provincia. El Congreso es elegido por cuatro años; el mandato termina cuatro años después de la elección o el día de disolución de la Cámara.

Artículo 69. El Senado

El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares cada isla con Cabildo o Consejo Insular es una circunscripción: tres Senadores para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno para Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos cada una. Además, cada Comunidad Autónoma designará un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. El Senado es elegido por cuatro años.

Artículo 70. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad

La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley —con la excepción de los miembros del Gobierno—, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales estará sometida al control judicial.

Artículo 71. Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias

Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato gozarán además de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra ellos será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y percibirán una asignación fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72. Autonomía de las Cámaras

Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales; los Reglamentos y su reforma requieren una votación final de totalidad por mayoría absoluta. Las Cámaras eligen sus Presidentes y los demás miembros de sus Mesas, y las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso. Los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus sedes.

Artículo 73. Períodos ordinarios de sesiones

Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre el primero, y de febrero a junio el segundo. Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; las extraordinarias se convocan sobre un orden del día determinado y se clausuran una vez agotado.

Artículo 74. Sesiones conjuntas de las Cámaras

Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras; en el primer caso el procedimiento se inicia en el Congreso y en los otros dos en el Senado, y si no hubiera acuerdo se intentará obtener mediante una Comisión Mixta paritaria cuyo texto votarán ambas Cámaras. Si aun así no se aprueba, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75. Funcionamiento en Pleno y en Comisiones

Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. Podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, aunque el Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de lo delegado. Quedan exceptuados de esa delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76. Comisiones de investigación

El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, y la ley regulará las sanciones por incumplir esa obligación.

Artículo 77. Peticiones dirigidas a las Cámaras

Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y el Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78. Las Diputaciones Permanentes

En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, asumir las facultades de las Cámaras conforme a los artículos 86 y 116 cuando estén disueltas o haya expirado su mandato, y velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas. Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes, y reunida la Cámara darán cuenta de los asuntos tratados.

Artículo 79. Adopción de acuerdos y quórum

Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y de las que para elección de personas fijen los Reglamentos. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80. Publicidad de las sesiones

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

Artículo 81. Leyes orgánicas

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82. Delegación legislativa y decretos legislativos

Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, nunca sobre las reservadas a ley orgánica. La delegación se otorga por ley de bases cuando se trata de formar un texto articulado, y por ley ordinaria cuando se trata de refundir varios textos en uno solo. Debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; se agota por el uso que haga de ella el Gobierno; no puede entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado; y no permite subdelegar en autoridades distintas del propio Gobierno.

Artículo 83. Límites de las leyes de bases

Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84. Oposición del Gobierno a la tramitación contraria a una delegación

Cuando una proposición de ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85. Denominación de los decretos legislativos

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86. Decretos-leyes

En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales con forma de Decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben someterse inmediatamente a debate y votación de totalidad del Congreso —convocado al efecto si no estuviera reunido— dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, y el Congreso ha de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87. Iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio de la iniciativa popular, que exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas, y no procederá en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni sobre la prerrogativa de gracia.

Artículo 88. Los proyectos de ley

Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89. Tramitación de las proposiciones de ley

La tramitación de las proposiciones de ley se regula por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del artículo 87. Las proposiciones que tome en consideración el Senado se remiten al Congreso para que se tramiten allí como tal proposición.

Artículo 90. Intervención del Senado: veto y enmiendas

Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da cuenta al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación. El Senado dispone de dos meses desde la recepción para, mediante mensaje motivado, oponer su veto —que requiere mayoría absoluta— o introducir enmiendas. El proyecto no puede ir al Rey sin que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.

Artículo 91. Sanción y promulgación de las leyes

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92. El referéndum consultivo

Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución.

Artículo 93. Tratados que atribuyen competencias a organizaciones internacionales

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94. Tratados que exigen autorización previa de las Cortes

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en cinco casos: tratados de carácter político; de carácter militar; los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados.

Artículo 95. Tratados contrarios a la Constitución

La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96. Los tratados internacionales en el ordenamiento interno

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Artículo 108. Responsabilidad política del Gobierno

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109. Derecho de información de las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110. Comparecencia del Gobierno ante las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. A su vez, los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y pueden solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artículo 111. Interpelaciones y preguntas

El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, y para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112. La cuestión de confianza

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113. Moción de censura

El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluirá un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción no podrá votarse hasta transcurridos cinco días desde su presentación.

Artículo 114. Efectos de la pérdida de confianza y de la moción de censura

Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey y se procederá a designar Presidente según el artículo 99. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara, nombrándole el Rey Presidente del Gobierno.

Artículo 115. Disolución de las Cámaras por el Presidente

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, y el decreto fijará la fecha de las elecciones. La propuesta no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, y no procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo previsto en el artículo 99.5.

Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

Artículo 136. El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se le rinden y son censuradas por él, y remite a las Cortes un informe anual comunicando, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades. Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces, y una ley orgánica regula su composición, organización y funciones.

Artículo 162. Legitimación ante el Tribunal Constitucional

Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas. Para el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 1

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción. También fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes. Es único en su orden, su jurisdicción alcanza todo el territorio nacional (sin perjuicio de los órganos fiscalizadores autonómicos que prevean los Estatutos) y depende directamente de las Cortes Generales.

Artículo 2

El Tribunal de Cuentas tiene dos funciones propias: a) la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público; y b) el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Artículo 3

El Tribunal de Cuentas es competente para su gobierno y régimen interior y para su personal, y puede dictar reglamentos sobre su funcionamiento y organización y sobre el estatuto de su personal y servicios. También puede dictar reglamentos de desarrollo de su Ley de Funcionamiento con regulaciones secundarias y auxiliares sobre el Estatuto de su personal. Los Reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.

Artículo 4

Integran el sector público: la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los Organismos autónomos y las Sociedades estatales y demás Empresas públicas. El Tribunal fiscaliza además las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público que perciban personas físicas o jurídicas, y la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos y de sus fundaciones y entidades vinculadas o dependientes, según las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007.

Artículo 5

Artículo 6

El Tribunal de Cuentas elabora su propio presupuesto. Ese presupuesto se integra en los Presupuestos Generales del Estado como una sección independiente y lo aprueban las Cortes Generales.

Artículo 7

Toda persona física o jurídica, pública o privada, debe suministrar al Tribunal los datos e informes que pida; la petición se hace por conducto del Ministerio, Comunidad Autónoma o Corporación Local. El incumplimiento puede acarrear multas coercitivas, y si se trata de justificantes de inversiones o gastos públicos no aportados en plazo se inicia de oficio expediente de reintegro. Las entidades de crédito colaboran; en cuentas de afiliación nunca se identifica a afiliados, y en las de otras aportaciones se identifica al aportante si lo acumulado en un año natural excede de 3.000 euros.

Artículo 8

Los conflictos sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas los resuelve el Tribunal Constitucional. Los requerimientos de inhibición que se hagan al Tribunal de Cuentas no suspenden el procedimiento respectivo, que sigue su curso aunque se formulen.

Artículo 9

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas consiste en someter la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. El Tribunal la ejerce en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.

Artículo 10

Por delegación de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas examina y comprueba la Cuenta General del Estado en el plazo de seis meses desde la fecha en que se haya rendido. Después, el Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva, que eleva a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.

Artículo 11

El Tribunal de Cuentas fiscaliza en particular: a) los contratos de la Administración del Estado y demás Entidades del sector público, cuando así esté establecido o el Tribunal lo considere conveniente; b) la situación y variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público; y c) los créditos extraordinarios y suplementarios y las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.

Artículo 12

El resultado de la fiscalización se expone en informes o memorias, ordinarias o extraordinarias, y en mociones o notas, que se elevan a las Cortes Generales y se publican en el BOE. Si afecta a Comunidades Autónomas o a sus entidades dependientes, el Informe se remite también a la Asamblea Legislativa de la Comunidad y se publica en su Boletín Oficial. El Tribunal hace constar las infracciones, abusos o prácticas irregulares observadas, con la responsabilidad en que a su juicio se haya incurrido y las medidas para exigirla.

Artículo 13

El Informe o Memoria anual del Tribunal a las Cortes Generales (art. 136.2 CE) analiza la Cuenta General del Estado y las demás del sector público y la gestión económica, entre otros extremos: observancia de la Constitución y normas de ingresos y gastos; ejecución de los Presupuestos; racionalidad del gasto con criterios de eficiencia y economía; programas de Sociedades estatales y Empresas públicas y empleo de subvenciones. Idéntico informe va cada año a las Asambleas autonómicas, e incluye una Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del ejercicio.

Artículo 14

El Tribunal de Cuentas propone, en su caso, las medidas para mejorar la gestión económico-financiera del sector público; no las adopta él. Si esas medidas afectan a la gestión de una Comunidad Autónoma o de entidades del sector público dependientes de ella, es la Asamblea Legislativa correspondiente, en el ámbito de su competencia, la que entiende de la propuesta y dicta, en su caso, las disposiciones necesarias para aplicarla.

Artículo 15

El enjuiciamiento contable es jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas y se ejerce sobre las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Se extiende también a los alcances de caudales o efectos públicos y a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.

Artículo 16

Quedan fuera de la jurisdicción contable: a) los asuntos atribuidos al Tribunal Constitucional; b) las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa; c) los hechos constitutivos de delito o falta; d) las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas a los órganos del Poder Judicial.

Artículo 17

La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena. Alcanza, solo a efectos de su función, a las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que sean elemento previo necesario para declarar la responsabilidad contable y estén directamente relacionadas con ella. Lo que decida sobre ellas no produce efectos fuera de la jurisdicción contable.

Artículo 18

Sobre unos mismos hechos, la jurisdicción contable es compatible con la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal. Si los hechos son constitutivos de delito, la responsabilidad civil la determina la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.

Artículo 19

El Tribunal de Cuentas tiene ocho órganos: el Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General.

Artículo 20

Corresponde al Presidente: representar al Tribunal; convocar y presidir el Pleno y la Comisión de Gobierno y decidir con voto de calidad los empates; ejercer la jefatura superior del personal y las funciones de su nombramiento, contratación, gobierno y administración; disponer los gastos propios y la contratación de obras, bienes, servicios, suministros y demás prestaciones; las demás que le reconozca la Ley, y resolver las cuestiones gubernativas no asignadas a otros órganos.

Artículo 21

El Pleno lo integran doce Consejeros de Cuentas (uno de ellos, el Presidente) y el Fiscal. Para su válida constitución se exige un cuórum de dos tercios de sus componentes y los acuerdos se adoptan por mayoría de asistentes. Le corresponde ejercer la función fiscalizadora, plantear los conflictos de competencias o atribuciones del Tribunal, conocer de los recursos de alzada contra resoluciones administrativas de sus órganos, aprobar y modificar los Reglamentos y lo que determine la Ley de Funcionamiento.

Artículo 22

La Comisión de Gobierno la forman el Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección. Le corresponde establecer el régimen de trabajo del personal, ejercer la potestad disciplinaria en caso de faltas muy graves del personal al servicio del Tribunal, distribuir los asuntos entre las Secciones, nombrar a los Delegados instructores y las demás facultades que le atribuya la Ley de Funcionamiento.

Artículo 23

La Sección de Fiscalización verifica la contabilidad de las Entidades del sector público y examina y comprueba las cuentas sometidas a fiscalización del Tribunal. Se organiza en departamentos sectoriales y territoriales, cada uno con un Consejero de Cuentas al frente; su estructura interna la determina la Ley de Funcionamiento. El Fiscal del Tribunal designa a los Abogados Fiscales adscritos al Departamento.

Artículo 24

La Sección de Enjuiciamiento se organiza en Salas formadas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, asistidas por uno o más Secretarios. Las Salas conocen de las apelaciones contra las resoluciones de primera instancia de los Consejeros de Cuentas en juicios de cuentas, procedimientos de reintegro por alcance y expedientes de cancelación de fianzas, y, en instancia o por recurso, de lo que determine la Ley de Funcionamiento.

Artículo 25

Los Consejeros de Cuentas resuelven, en primera o única instancia y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal, tres clases de asuntos: los juicios de las cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas.

Artículo 26

La instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance corresponde a los Delegados Instructores. Se nombran entre funcionarios públicos que presten servicio en la provincia donde ocurrieron los actos que puedan constituir alcance o entre funcionarios del propio Tribunal, y el cargo es de obligada aceptación. Donde los Estatutos de Autonomía hayan creado órganos propios de fiscalización, el Tribunal podrá delegar en ellos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales de responsabilidad contable.

Artículo 27

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas depende funcionalmente del Fiscal General del Estado, no del propio Tribunal, y está integrada por dos clases de miembros: el Fiscal y los Abogados Fiscales.

Artículo 28

La Secretaría General del Tribunal de Cuentas desempeña las funciones necesarias para el adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del Presidente, del Pleno y de la Comisión de Gobierno, en todo lo relativo al régimen interior del Tribunal.

Artículo 29

El Presidente del Tribunal de Cuentas se elige de entre sus miembros. Lo nombra el Rey, a propuesta del propio Tribunal en Pleno, y su mandato es de tres años.

Artículo 30

Los Consejeros de Cuentas los designan las Cortes Generales: seis el Congreso y seis el Senado, por mayoría de tres quintos de cada Cámara y para nueve años. Se eligen entre Censores del Tribunal, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios de Cuerpos con titulación superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Cada sexo debe suponer al menos el 40 % de los designados por cada Cámara. Son independientes e inamovibles.

Artículo 31

Los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento los designa el Tribunal, a propuesta del Pleno, y han de elegirse entre los Consejeros de Cuentas.

Artículo 32

El Fiscal del Tribunal de Cuentas ha de pertenecer a la Carrera Fiscal. Lo nombra el Gobierno, y la forma de ese nombramiento es la que determine el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 33

Los miembros del Tribunal tienen las causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones de los Jueces en la LOPJ. El Senador o Diputado nombrado renuncia al escaño antes de tomar posesión. No pueden ser Consejeros quienes en los dos años anteriores hayan sido: gestores, inspectores o interventores de ingresos y gastos públicos; directivos o consejeros de organismos autónomos y sociedades públicas; particulares que excepcionalmente manejen fondos públicos; perceptores de subvenciones públicas; o cuentadantes. Tampoco pueden ser comisionados para las funciones del artículo 7.4.

Artículo 34

Cuando un miembro del Tribunal de Cuentas procede de una Carrera o Cuerpo, su nombramiento implica que se le declare en excedencia especial o situación equivalente en esa Carrera o Cuerpo de procedencia.

Artículo 35

La responsabilidad civil o criminal de los miembros del Tribunal de Cuentas por actos en el ejercicio de sus funciones se exige ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. La disciplinaria del Presidente y de los Consejeros se deduce según la Ley de funcionamiento del Tribunal, y la del Fiscal, según el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo 36

El Presidente y los Consejeros de Cuentas solo pueden ser removidos por cinco causas: agotamiento del mandato, renuncia aceptada por las Cortes Generales, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo.

Artículo 37

El personal del Tribunal de Cuentas lo forman funcionarios con titulación adecuada, sujetos al régimen general de la Función Pública y a sus incompatibilidades, sin perjuicio de normas especiales. Su función es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo, con el ejercicio profesional y con actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso consultivas o de asesoramiento, si perjudican su imparcialidad o independencia o guardan relación con entidades no integradas en el sector público que usen fondos públicos fiscalizables o enjuiciables por el Tribunal.

Artículo 38

Quien, por acción u omisión contraria a la Ley, menoscabe caudales o efectos públicos debe indemnizar los daños y perjuicios. La responsabilidad puede ser directa o subsidiaria. La directa es siempre solidaria y abarca todos los perjuicios; la subsidiaria se limita a los perjuicios que sean consecuencia de los actos del responsable y puede moderarse de forma prudencial y equitativa. Ambas pasan a los causahabientes que acepten la herencia, expresa o tácitamente, pero solo hasta el importe líquido de esta.

Artículo 39

Quedan exentos de responsabilidad: quienes actúen por obediencia debida, siempre que hayan advertido por escrito la imprudencia o ilegalidad de la orden con sus razones; quienes se retrasen en rendir, justificar o examinar cuentas o en solventar reparos por incumplimiento de otros, si lo hicieron constar por escrito; y quienes cometieron actos amnistiados en los términos que establezca la ley.

Artículo 40

No se exige responsabilidad subsidiaria si se prueba que el presunto responsable no pudo cumplir sus obligaciones con los medios personales y materiales de que disponía cuando ocurrieron los hechos. Si no había imposibilidad material, pero el esfuerzo exigible al funcionario era desproporcionado respecto de la naturaleza de su cargo, la responsabilidad puede atenuarse conforme al artículo 38.

Artículo 41

Cuando las responsabilidades del artículo 38 se exijan en vía administrativa con arreglo a normas específicas, la autoridad que acuerde incoar el expediente debe comunicarlo al Tribunal de Cuentas, que puede recabar en cualquier momento el conocimiento del asunto. Las resoluciones de la Administración que declaren responsabilidades contables son recurribles ante el Tribunal de Cuentas y las resuelve la Sala correspondiente.

Artículo 42

Es responsable directo quien ejecute, fuerce o induzca a ejecutar, coopere o participe después para ocultar los hechos o impedir su persecución. Quien deba rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas y no lo haga en plazo, o con graves defectos, o no solvente sus reparos es requerido conminatoriamente. Desatendido en el plazo improrrogable, el Tribunal puede formar de oficio la cuenta a costa del moroso (si puede hacerlo sin él), imponer multas coercitivas o proponer su suspensión, destitución, cese o separación. Cabe pasar el tanto de culpa al Fiscal general del Estado por desobediencia.

Artículo 43

Son responsables subsidiarios quienes, por negligencia o demora en cumplir obligaciones que las Leyes o Reglamentos les atribuyen de modo expreso, hayan dado ocasión, directa o indirectamente, a que se menoscaben los caudales públicos o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial de las responsabilidades directas. La responsabilidad subsidiaria solo se exige cuando no hayan podido hacerse efectivas las directas.

Artículo 44

El Tribunal de Cuentas debe ajustar su actuación a los procedimientos que establezca su Ley de Funcionamiento, y hacerlo de acuerdo con lo previsto en la propia Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. El artículo no fija por sí mismo ningún trámite: remite la regulación de los procedimientos a esa otra ley.

Artículo 45

Los procedimientos de la función fiscalizadora se impulsan de oficio en todos sus trámites. La iniciativa corresponde al propio Tribunal de Cuentas, a las Cortes Generales y, en su ámbito, a las Asambleas Legislativas u otros órganos representativos análogos que se constituyan en las Comunidades Autónomas.

Artículo 46

El órgano del Tribunal de Cuentas competente para conocer de un asunto lo es también para todas sus incidencias y para ejecutar las resoluciones que dicte. La competencia de los órganos de la jurisdicción contable no es prorrogable y los propios órganos pueden apreciarla incluso de oficio, previa audiencia de las partes.

Artículo 47

Pueden actuar ante la jurisdicción contable quienes tengan interés directo en el asunto o sean titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. Las Administraciones públicas pueden ejercer toda clase de pretensiones ante el Tribunal sin declarar antes lesivos los actos que impugnen. La acción para exigir responsabilidad contable es pública en cualquier procedimiento jurisdiccional del Tribunal y nunca se exige fianza o caución, sin perjuicio de la responsabilidad criminal y civil de quien la ejerza indebidamente.

Artículo 48

Los funcionarios y el personal de las entidades del sector público legitimado para comparecer ante el Tribunal de Cuentas pueden hacerlo por sí mismos y asumir su propia defensa. La representación y defensa del Estado y de sus Organismos autónomos corresponde a los Abogados del Estado; la de Comunidades Autónomas, provincias y municipios, a sus propios Letrados, a los Abogados que designen o a los Abogados del Estado.

Artículo 49

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas pueden recurrirse en casación y revisión ante el Tribunal Supremo, en los casos y en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Artículo 1

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, que lo designan, para defender los derechos del Título I de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejerce las funciones que le encomiendan la Constitución y esta Ley.

Artículo 2

Lo eligen las Cortes Generales por cinco años y se relaciona con ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Una Comisión Mixta Congreso-Senado propone candidato (acuerdos por mayoría simple). El Pleno del Congreso se convoca en no menos de diez días; hacen falta tres quintos del Congreso y ratificación por la misma mayoría del Senado en veinte días como máximo. Si no se logra, nuevas propuestas en un mes como máximo y basta tres quintos del Congreso más mayoría absoluta del Senado. La Comisión da conformidad previa a los adjuntos.

Artículo 3

Artículo 4

Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado». El Defensor toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

Artículo 5

Cesa por renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad sobrevenida, notoria negligencia en sus obligaciones o condena firme por delito doloso. La vacante la declara el Presidente del Congreso en muerte, renuncia y expiración del mandato; en los demás casos deciden tres quintos de los componentes de cada Cámara, con debate y previa audiencia del interesado. El nuevo nombramiento se inicia en no más de un mes. Mientras, sustituyen interinamente los Adjuntos, por su orden.

Artículo 6

El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad; actúa con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad por las opiniones y actos en ejercicio de su cargo. En los demás casos, mientras ejerza sus funciones, solo puede ser detenido o retenido en flagrante delito, y la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las mismas reglas se aplican a sus Adjuntos.

Artículo 7

Ser Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político o propaganda política, servicio activo en cualquier Administración, afiliación a partido o funciones directivas en partido, sindicato, asociación o fundación (y empleo en ellos), carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en la incompatibilidad dentro de los diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta. Si es sobrevenida, se entiende que renuncia desde que se produjo.

Artículo 8

El Defensor del Pueblo está auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en quienes puede delegar funciones y que lo sustituyen por su orden en imposibilidad temporal y cese. Los nombra y separa el propio Defensor, previa conformidad de las Cámaras en la forma que fijen sus Reglamentos. Su nombramiento se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y se les aplica lo dispuesto para el Defensor en los artículos tercero, sexto y séptimo.

Artículo 9

El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos, conforme al artículo 103.1 de la Constitución y al respeto de los derechos de su Título primero. Sus atribuciones alcanzan a ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas.

Artículo 10

Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin que impidan hacerlo la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento penitenciario o cualquier relación especial de sujeción o dependencia. Diputados y Senadores individualmente, ciertas comisiones y, principalmente, la Comisión Mixta pueden pedir su intervención mediante escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentarle quejas en asuntos de su competencia.

Artículo 11

La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpe cuando las Cortes Generales no están reunidas, han sido disueltas o ha expirado su mandato; en esos casos se dirige a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tampoco interrumpen su actividad, ni el derecho de los ciudadanos a acceder a él, los estados de excepción o de sitio, sin perjuicio del artículo 55 de la Constitución.

Artículo 12

El Defensor del Pueblo puede, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias que define esta Ley. Para ello, los órganos similares de las Comunidades Autónomas coordinan sus funciones con las suyas, y el Defensor puede solicitar su cooperación.

Artículo 13

Las quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia que reciba el Defensor del Pueblo debe dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o dar traslado de ellas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación. Puede, además, referirse al tema en su informe general a las Cortes Generales.

Artículo 14

El Defensor del Pueblo vela por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución también en el ámbito de la Administración Militar. Límite: su actuación no puede suponer una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.

Artículo 15

La queja se presenta firmada por el interesado, con su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos. Las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado, no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador y de toda queja se acusa recibo.

Artículo 16

La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no puede ser objeto de censura de ningún tipo. Tampoco pueden ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y esas personas.

Artículo 17

El Defensor registra y acusa recibo de las quejas, y las tramita o las rechaza; el rechazo, en escrito motivado, pudiendo informar de las vías oportunas. No examina quejas con resolución judicial pendiente y suspende el examen si se interpone demanda o recurso, aunque puede investigar los problemas generales planteados. Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el legítimo derecho de tercero. Sus decisiones no son recurribles.

Artículo 18

Admitida la queja, el Defensor promueve una investigación sumaria e informal y da cuenta de su contenido sustancial al Organismo o Dependencia procedente, para que su Jefe remita informe escrito en quince días como máximo, plazo ampliable a juicio del Defensor si hay circunstancias que lo aconsejen. La negativa o negligencia del funcionario o sus superiores a enviar el informe inicial puede calificarse de hostil y entorpecedora, hacerse pública de inmediato y destacarse en su informe anual o especial a las Cortes Generales.

Artículo 19

Todos los poderes públicos deben auxiliar al Defensor del Pueblo, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en un expediente de oficio, el Defensor, su Adjunto o la persona en quien delegue pueden personarse en cualquier centro de la Administración pública o afecto a un servicio público para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes. No puede negársele el acceso a ningún expediente o documentación relacionada, sin perjuicio del artículo veintidós.

Artículo 20

Si la queja afecta a la conducta del personal al servicio de la Administración en su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo. El afectado responde por escrito, con documentos y testimonios, en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable a instancia de parte por la mitad. El Defensor puede comprobar su veracidad y proponer una entrevista; quien se niegue puede ser requerido para justificarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la denuncia de hechos delictivos.

Artículo 21

Si el superior jerárquico u Organismo prohíbe al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo o entrevistarse con él, debe manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio Defensor. Desde entonces, el Defensor dirige cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias a ese superior jerárquico.

Artículo 22

El Defensor puede pedir a los poderes públicos todos los documentos necesarios, incluidos los secretos; su no remisión debe acordarla el Consejo de Ministros, con certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Investigaciones y trámites se hacen en la más absoluta reserva frente a particulares y organismos, sin perjuicio de lo que incluya en sus informes a las Cortes Generales. Si un documento secreto no remitido pudiera afectar de forma decisiva a la investigación, lo comunica a la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Artículo 23

Si las actuaciones revelan que la queja se originó presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo puede dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio. Con la misma fecha da traslado de ese escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.

Artículo 24

Artículo 25

Si el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones, conoce conductas o hechos presumiblemente delictivos, lo comunica de inmediato al Fiscal General del Estado. Este informa al Defensor periódicamente, o cuando lo solicite, del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia, y le comunica las posibles irregularidades administrativas que conozca el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 26

El Defensor del Pueblo puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso del ámbito local. No necesita en ningún caso la previa reclamación por escrito.

Artículo 27

Si el Defensor del Pueblo llama a informar a particulares que no han promovido la queja, los gastos que estos efectúen o los perjuicios materiales que se les causen serán correspondidos con cargo al presupuesto del Defensor del Pueblo, una vez justificados debidamente. No alcanza a quien promovió la queja.

Artículo 28

El Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración, pero puede sugerir que se modifiquen los criterios con que se dictaron. Si cumplir rigurosamente una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares con acto administrativo habilitante, puede instar a las autoridades administrativas competentes a ejercer sus potestades de inspección y sanción.

Artículo 29

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer dos recursos: el de inconstitucionalidad y el de amparo. Lo hace de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Artículo 30

Con ocasión de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo puede dirigir a autoridades y funcionarios advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias de nuevas medidas; estos deben responder por escrito en un mes como máximo. Si tras sus recomendaciones no hay medida adecuada ni se le dan razones, puede llevar antecedentes y recomendaciones al Ministro del Departamento o a la máxima autoridad de la Administración afectada; sin justificación adecuada, lo incluirá en su informe anual o especial con los nombres de los responsables.

Artículo 31

El Defensor del Pueblo informa al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión y de la respuesta de la Administración o funcionario, salvo que tengan carácter reservado o sean secretas. Si actuó a solicitud de un parlamentario o Comisión (apartado dos del artículo diez), les informa al término de sus investigaciones de los resultados y, si decide no intervenir, les informa razonando su desestimación. También comunica el resultado, positivo o negativo, a la autoridad, funcionario o dependencia afectados.

Artículo 32

El Defensor del Pueblo da cuenta cada año a las Cortes Generales de su gestión mediante un informe, que presenta cuando están reunidas en periodo ordinario de sesiones. Si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseja, puede presentar un informe extraordinario, que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si estas no estuvieran reunidas. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican.

Artículo 33

El informe anual recoge el número y tipo de quejas, las rechazadas y sus causas, las investigadas y su resultado, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones. No incluirá datos personales que permitan identificar públicamente a los interesados, sin perjuicio del artículo veinticuatro punto uno. Lleva un anexo para las Cortes Generales con la liquidación del presupuesto de la institución del periodo. Un resumen se expone oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras, y pueden intervenir los grupos parlamentarios para fijar su postura.

Artículo 34

El Defensor del Pueblo puede designar libremente a los asesores necesarios para ejercer sus funciones, pero debe hacerlo de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios.

Artículo 35

Quienes estén al servicio del Defensor del Pueblo, mientras permanezcan en él, se consideran personal al servicio de las Cortes. A los funcionarios que procedan de la Administración Pública se les reserva la plaza y el destino que tenían antes de su adscripción a la oficina del Defensor, y se les computa a todos los efectos el tiempo pasado en esa situación.

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 1

Una vez celebradas las elecciones generales al Congreso, la Cámara se reúne en sesión constitutiva, conforme al artículo 68.6 de la Constitución. El día y la hora de esa sesión no los decide el propio Congreso: son los que señale el Real Decreto de convocatoria.

Artículo 2

La sesión constitutiva la preside al principio la diputada o diputado electo de mayor edad presente en la Cámara. Le asisten los dos electos más jóvenes, que ocupan las Secretarías. Es una Mesa provisional que dirige la sesión hasta que se elige la Mesa definitiva.

Artículo 3

Abierta la sesión constitutiva por la Presidencia, una de las personas que ocupe la Secretaría lee el Real Decreto de convocatoria, la relación de cargos electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos, indicando qué electos podrían quedar afectados por su resolución. Después se elige la Mesa del Congreso por el procedimiento del artículo 37.

Artículo 4

Tras las votaciones, los elegidos ocupan sus puestos. La Presidencia presta y pide al resto el juramento o promesa de acatar la Constitución, llamándolos por orden alfabético; luego declara constituido el Congreso y levanta la sesión. La constitución se comunica por la Presidencia al Rey o a la Reina, al Senado y al Gobierno.

Artículo 5

La solemne sesión de apertura de la legislatura se celebra dentro de los quince días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva. El plazo se cuenta desde la sesión constitutiva, no desde las elecciones. Primero se constituye la Cámara y después, en ese plazo, se abre solemnemente la legislatura.

Artículo 6

Las diputadas y diputados asisten con voto al Pleno y a las Comisiones de que forman parte, y pueden asistir sin voto a las demás Comisiones. Tienen derecho a formar parte, al menos, de una Comisión y a ejercer las facultades del Reglamento. Pueden usar cualquier lengua oficial en alguna Comunidad Autónoma en toda la actividad parlamentaria, incluidas intervenciones orales y escritos.

Artículo 7

Para cumplir sus funciones, los diputados, previo conocimiento de su Grupo parlamentario, pueden recabar de las Administraciones públicas datos, informes o documentos que estas tengan. La solicitud va siempre por conducto de la Presidencia del Congreso, y la Administración debe entregar la documentación o explicar a la Presidencia, en plazo no superior a treinta días, las razones fundadas en derecho que lo impidan.

Artículo 8

Los diputados perciben una asignación económica para cumplir eficaz y dignamente su función, y tienen derecho a ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos indispensables. Todas sus percepciones tributan conforme a las normas generales. La Mesa del Congreso fija cada año su cuantía y modalidades dentro de las consignaciones presupuestarias.

Artículo 9

El Presupuesto del Congreso paga las cotizaciones a la Seguridad Social y a las Mutualidades de los diputados que, por su dedicación parlamentaria, dejan el servicio que motivaba su afiliación. El Congreso puede concertar con las Entidades Gestoras para ello y para afiliar a quienes lo deseen y no estuvieran de alta. Para el personal funcionario en excedencia por esa dedicación, se extiende a las cuotas de clases pasivas.

Artículo 10

Las diputadas y diputados gozan de inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus funciones, y la conservan aun después de haber cesado en su mandato. Lo protegido son las opiniones vertidas en el ejercicio de la función, y la protección no se pierde con el cese.

Artículo 11

Durante su mandato, los diputados gozan de inmunidad: solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, y no se les puede inculpar ni procesar sin la previa autorización del Congreso. La detención y la inculpación o procesamiento tienen reglas distintas: para la primera, flagrante delito; para las segundas, autorización previa.

Artículo 12

En cuanto conozca la detención de un diputado o diputada, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato, el Presidente o la Presidenta del Congreso adoptará de inmediato las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros.

Artículo 13

Recibido un suplicatorio, el Presidente o la Presidenta, previo acuerdo de la Mesa, lo remite en cinco días a la Comisión del Estatuto; no se admiten los que no vengan cursados y documentados según las leyes procesales. La Comisión concluye en treinta días como máximo, tras oír al diputado, por escrito en el plazo que fije u oralmente. Después la cuestión va al primer Pleno ordinario.

Artículo 14

En ocho días desde el acuerdo del Pleno que concede o deniega la autorización, la Presidencia lo traslada a la autoridad judicial y le advierte de que debe comunicar a la Cámara los autos y sentencias que afecten personalmente al diputado. Si la Cámara no se pronuncia en sesenta días naturales, computados en período de sesiones desde el día siguiente al recibo, el suplicatorio se entiende denegado.

Artículo 15

Artículo 16

Los miembros de la Cámara deben adecuar su conducta al Reglamento, respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, y no divulgar las actuaciones que, según el Reglamento, puedan tener excepcionalmente carácter secreto. Son tres deberes: ajustarse al Reglamento, respetar orden, cortesía y disciplina, y guardar el secreto de lo que sea secreto.

Artículo 17

Artículo 18

Los miembros de la Cámara están obligados a formular declaración de sus bienes patrimoniales. Los términos de esa declaración no los fija este artículo: son los previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El dato que hay que retener es el objeto de la declaración (los bienes patrimoniales) y la ley a la que se remite.

Artículo 19

Los diputados deben observar siempre las incompatibilidades de la Constitución y de la Ley Electoral. La Comisión del Estatuto eleva al Pleno sus propuestas sobre la situación de cada uno en veinte días desde la plena asunción de la condición de diputado o desde la comunicación, obligatoria, de cualquier cambio en su declaración. Declarada y notificada la incompatibilidad, hay ocho días para optar; si no se opta, se entiende que renuncia al escaño.

Artículo 20

El electo adquiere la condición plena de diputado cumpliendo tres requisitos a la vez: presentar en la Secretaría General la credencial de la Administración electoral, cumplimentar la declaración de actividades según la LOREG y prestar promesa o juramento de acatar la Constitución en la primera sesión plenaria a que asista. Sus derechos y prerrogativas valen desde la proclamación, pero tras tres sesiones plenarias sin adquirir la condición los pierde hasta que la adquiera.

Artículo 21

Los diputados quedan suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando proceda por las normas de disciplina del Reglamento, y cuando, concedido el suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, estén en prisión preventiva, mientras esta dure. También se suspenden derechos, prerrogativas y deberes si una sentencia firme condenatoria lo comporta o si su cumplimiento impide ejercer la función parlamentaria.

Artículo 22

Se pierde la condición de diputado por: decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación; fallecimiento o incapacitación declarada por decisión judicial firme; extinción del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara, sin perjuicio de la prórroga de los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente hasta la nueva Cámara; y renuncia presentada ante la Mesa del Congreso.

Artículo 23

Pueden formar Grupo Parlamentario quince o más diputados. También quienes integren una o varias formaciones que, sin llegar a ese mínimo, tengan al menos cinco escaños y una media del 10 por 100 de los votos válidos en las circunscripciones donde obtuvieron representación o el 3 por 100 en el conjunto de la Nación. No pueden formar Grupos separados quienes pertenezcan a un mismo partido ni quienes concurrieron en formaciones que no se enfrentaron en las elecciones.

Artículo 24

Los Grupos Parlamentarios se constituyen en los cinco días siguientes a la sesión constitutiva mediante escrito dirigido a la Mesa, firmado por quienes los forman, con la denominación, los nombres de sus miembros, de quien ejerza la portavocía y de sus posibles sustitutos. Quien no pertenezca a ningún Grupo puede asociarse a uno, si lo acepta su portavocía, en ese mismo plazo. Los asociados cuentan para los mínimos y para el reparto en Comisiones.

Artículo 25

Los miembros de la Cámara que, conforme a los artículos anteriores, no se integren en un Grupo Parlamentario en los plazos señalados quedan incorporados al Grupo Mixto. Además, nadie puede formar parte de más de un Grupo Parlamentario a la vez. Son dos reglas: el Grupo Mixto recoge a quien queda fuera y la pertenencia es a un único Grupo.

Artículo 26

Quien adquiera la condición de diputado después de la sesión constitutiva debe incorporarse a un grupo parlamentario en los cinco días siguientes a esa adquisición. Para ello debe constar la aceptación de la portavocía del grupo correspondiente; si no consta, queda incorporado al Grupo Parlamentario Mixto.

Artículo 27

El cambio de un Grupo Parlamentario a otro, salvo al Mixto, solo puede hacerse en los cinco primeros días de cada período de sesiones, aplicándose en todo caso lo dispuesto en el artículo anterior. Si un Grupo distinto del Mixto baja durante la legislatura de la mitad del mínimo exigido para constituirlo, queda disuelto y sus miembros pasan automáticamente al Grupo Mixto.

Artículo 28

El Congreso facilita a los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asigna, con cargo a su Presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable según su número de miembros; las cuantías las fija la Mesa dentro de la consignación presupuestaria. Los Grupos deben llevar una contabilidad específica de esa subvención y ponerla a disposición de la Mesa siempre que esta lo pida.

Artículo 29

Artículo 30

La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta su representación colegiada en los actos a que asista. La componen la Presidencia del Congreso, cuatro Vicepresidencias y cuatro Secretarías. La Presidencia dirige y coordina la acción de la Mesa.

Artículo 31

La Mesa organiza el trabajo y el gobierno interior; elabora el proyecto de Presupuesto del Congreso, dirige y controla su ejecución e informa al Pleno al final de cada ejercicio; ordena los gastos; califica los escritos parlamentarios y decide su admisibilidad y tramitación; programa la actuación de la Cámara y fija el calendario, previa audiencia de la Junta de Portavoces; y ejerce las demás funciones no atribuidas a otro órgano. Contra la calificación o tramitación cabe pedir reconsideración: decide definitivamente la Mesa, oída la Junta, por resolución motivada.

Artículo 32

La Presidencia del Congreso representa a la Cámara, asegura la marcha de los trabajos, dirige los debates y mantiene su orden, y ordena los pagos, sin perjuicio de delegaciones. Cumple y hace cumplir el Reglamento, interpretándolo en caso de duda y supliéndolo en caso de omisión; si al suplirlo quiere dictar una resolución de carácter general, necesita el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Ejerce además las funciones que le den la Constitución, las leyes y el Reglamento.

Artículo 33

Las Vicepresidencias, por su orden, sustituyen a la Presidencia y ejercen sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de esta. Además, desempeñan las demás funciones que les encomienden la Presidencia o la Mesa. La sustitución sigue el orden de las Vicepresidencias y cubre tres supuestos: vacante, ausencia o imposibilidad.

Artículo 34

Las Secretarías supervisan y autorizan, con el visto bueno de la Presidencia, las actas de las sesiones plenarias, de la Mesa y de la Junta de Portavoces y las certificaciones que se expidan. Asisten a la Presidencia en las sesiones para asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones, colaboran en los trabajos de la Cámara según disponga la Presidencia y ejercen las funciones que les encomienden la Presidencia o la Mesa.

Artículo 35

La Mesa se reúne cuando la convoca la Presidencia y la asesora la Secretaria o Secretario General, que redacta el acta y cuida, bajo la dirección de la Presidencia, de ejecutar los acuerdos. Sus reuniones son presenciales, aunque la Presidencia puede autorizar la participación telemática de un miembro en los supuestos del artículo 82.2, previo escrito justificado, bastando declaración responsable. La Mesa nombra al Secretario General, a propuesta de la Presidencia, entre letrados de las Cortes con más de cinco años de servicios efectivos.

Artículo 36

El Pleno elige a los miembros de la Mesa en la sesión constitutiva del Congreso. Hay que repetir la elección de la Mesa si las sentencias de los recursos contencioso-electorales cambian la titularidad de más del 10 por 100 de los escaños; esa nueva elección se hace cuando los nuevos miembros hayan adquirido la plena condición de diputados.

Artículo 37

Para la Presidencia se escribe un solo nombre en la papeleta y resulta elegido quien obtenga la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara; si nadie la logra en primera votación, se repite entre los dos más votados y gana quien obtenga más votos. Las cuatro Vicepresidencias se eligen a la vez, con un solo nombre por papeleta, y salen por orden las cuatro personas más votadas; igual las cuatro Secretarías. Los empates se resuelven con votaciones sucesivas entre los igualados.

Artículo 38

Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura se cubren por elección del Pleno, con el mismo procedimiento del artículo anterior (el 37), adaptado a la realidad de las vacantes que haya que cubrir. No hay sustitución automática: la vacante se cubre por elección del Pleno.

Artículo 39

Los portavoces de los grupos parlamentarios forman la Junta de Portavoces, que preside y convoca el Presidente o Presidenta del Congreso, por iniciativa propia o a petición de dos grupos o de la quinta parte de los miembros de la Cámara. Se da cuenta de sus reuniones al Gobierno, que puede enviar un representante con un asistente. Asisten al menos una Vicepresidencia, una Secretaría y el Secretario General; cada portavoz puede ir con un miembro de su Grupo sin voto. Decide por voto ponderado.

Artículo 40

Salvo norma en contrario, las Comisiones las forman quienes designen los Grupos, en el número que fije la Mesa, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a su peso en la Cámara. Los Grupos pueden sustituir a sus miembros comunicándolo por escrito a la Presidencia del Congreso; si es para un asunto, debate o sesión, basta comunicarlo verbalmente o por escrito a la Presidencia de la Comisión. Los miembros del Gobierno asisten con voz, pero solo votan en las Comisiones de que formen parte.

Artículo 41

Salvo las excepciones del Reglamento, cada Comisión elige de entre sus miembros una Mesa formada por una Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías, siguiendo las reglas de elección de la Mesa del Congreso adaptadas al número de puestos. Las reuniones de estas Mesas son presenciales, pero la Presidencia puede autorizar la participación telemática en los supuestos del artículo 82.2, previo escrito a la Presidencia de la Comisión con justificación, bastando declaración responsable.

Artículo 42

Las Comisiones las convoca su Presidencia, de acuerdo con la del Congreso, por iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Comisión. La Presidenta o el Presidente del Congreso puede convocar y presidir cualquier Comisión, pero solo vota en aquellas de que forme parte.

Artículo 43

Las Comisiones conocen de los asuntos que les encomiende la Mesa del Congreso según su competencia. La Mesa, por iniciativa propia o a petición de una Comisión interesada, puede acordar que otra u otras Comisiones informen antes sobre una cuestión de la competencia principal de una. Las Comisiones deben terminar cualquier asunto en dos meses como máximo, salvo que la Constitución o el Reglamento fijen otro plazo o la Mesa, por circunstancias excepcionales, acuerde ampliarlo o reducirlo.

Artículo 44

Por conducto de la Presidencia del Congreso, las Comisiones pueden recabar: información y documentación del Gobierno y de las Administraciones Públicas (aplicando el artículo 7.2); la presencia de miembros del Gobierno para que informen sobre asuntos de sus departamentos; la presencia de autoridades y personal funcionario competentes para informar a la Comisión; y la comparecencia de otras personas competentes en la materia para informar y asesorar a la Comisión.

Artículo 45

Los letrados y letradas prestan a las Comisiones, y a sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico jurídico necesario para sus tareas, y redactan los informes y dictámenes correspondientes, recogiendo los acuerdos adoptados. Su función es doble: asesorar jurídicamente y redactar los informes y dictámenes.

Artículo 46

Hay veintitrés Comisiones Permanentes Legislativas, de la Constitucional, Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa y Hacienda y Función Pública hasta las de Igualdad y Juventud e Infancia. Son también Comisiones Permanentes las que deban constituirse por disposición legal y las de Reglamento, Estatuto y Peticiones. Todas deben constituirse dentro de los diez días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso.

Artículo 47

La Comisión de Reglamento está formada por la Presidenta o el Presidente de la Cámara, que la preside, por los demás miembros de la Mesa del Congreso y por los miembros que designen los Grupos Parlamentarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento.

Artículo 48

La Comisión del Estatuto la forma un diputado o diputada de cada grupo parlamentario. Su Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría corresponden, por su orden, a los representantes de los tres grupos de mayor importancia numérica al comienzo de la Legislatura. Prepara las resoluciones del Pleno sobre el Estatuto de los diputados, salvo cuando la propuesta corresponda a la Presidencia o a la Mesa, y eleva al Pleno sus propuestas articuladas y razonadas.

Artículo 49

A la Comisión de Peticiones se le aplica lo establecido en el apartado 1 del artículo anterior. Examina cada petición, individual o colectiva, y puede remitirla, por conducto de la Presidencia, al Defensor del Pueblo, a la Comisión del Congreso que conozca del asunto, o al Senado, al Gobierno, a los Tribunales, al Ministerio Fiscal o a la Comunidad Autónoma, Diputación, Cabildo o Ayuntamiento que corresponda. Si no procede remitirla, puede archivarla sin más trámites. Siempre se acusa recibo y se comunica el acuerdo al peticionario.

Artículo 50

El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, puede crear otras Comisiones con carácter permanente durante la legislatura en que se adopte el acuerdo. Ese acuerdo fija cómo se reparten las competencias entre la nueva Comisión y las afectadas. Por el mismo procedimiento pueden disolverse esas Comisiones.

Artículo 51

Son Comisiones no Permanentes las que se crean para un trabajo concreto. Se extinguen cuando termina el trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la legislatura. Son dos causas de extinción: terminar su trabajo o, como límite máximo, el fin de la legislatura.

Artículo 52

El Pleno, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros, puede crear una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público. Esta elabora un plan de trabajo, puede nombrar Ponencias y requerir, por conducto de la Presidencia del Congreso, la presencia de cualquier persona. La notificación se hace con quince días de antelación (si hay urgente necesidad, nunca menos de tres). Decide por voto ponderado. Sus conclusiones, no vinculantes para los Tribunales, van en un dictamen que se discute en el Pleno.

Artículo 53

La Mesa del Congreso puede acordar la creación de Comisiones no Permanentes distintas de las reguladas en el artículo anterior, y su posible carácter mixto o conjunto respecto de otras ya existentes. Puede hacerlo a iniciativa propia, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, y siempre previa audiencia de la Junta de Portavoces.

Artículo 54

Quien convoca el Pleno del Congreso es la Presidencia. Puede hacerlo por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara.

Artículo 55

En el salón de sesiones, las diputadas y los diputados se sientan según su adscripción a grupos parlamentarios y ocupan siempre el mismo escaño. Hay un banco especial para el Gobierno. Además de esas personas, solo acceden al salón el personal funcionario de las Cortes en el ejercicio de su cargo y quienes tengan autorización expresa de la Presidencia.

Artículo 56

La Diputación Permanente la preside la Presidenta o el Presidente del Congreso y la forman un mínimo de veintiún miembros, que representan a los grupos en proporción a su importancia numérica. Cada grupo designa sus titulares y otros tantos suplentes. La Diputación elige de entre sus miembros dos Vicepresidencias y dos Secretarías. La convoca la Presidencia, por iniciativa propia o a petición de dos grupos o de una quinta parte de sus miembros.

Artículo 57

La Diputación Permanente vela por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida. Si el Congreso se disuelve o expira su mandato, asume las facultades que el artículo 86 de la Constitución da al Congreso sobre los Decretos-leyes y ejerce las competencias del artículo 116 sobre los estados de alarma, excepción y sitio. Entre períodos de sesiones, ejercita la iniciativa del artículo 73.2 de la Constitución.

Artículo 58

Artículo 59

Tras unas elecciones generales, la Diputación Permanente informa al Pleno del Congreso de los asuntos que ha tratado y de las decisiones que ha adoptado. Lo hace cuando el nuevo Pleno ya se ha constituido.

Artículo 60

El Congreso dispone de los medios personales y materiales necesarios, en especial servicios técnicos, de documentación y de asesoramiento, y de traducción e interpretación de todas las lenguas oficiales en alguna Comunidad Autónoma. La Comisión de Presupuestos tiene medios propios para el asesoramiento técnico en lo que afecte al ingreso y al gasto público. La relación de puestos de trabajo y sus funciones las fija la Mesa del Congreso.

Artículo 61

El Congreso tiene cada año dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Fuera de ellos solo puede celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de sus miembros; la petición debe incluir el orden del día. La Presidencia la convoca y la Cámara sigue reunida hasta agotar ese orden del día.

Artículo 62

Por regla general, las sesiones se celebran de martes a viernes, ambos inclusive. Pueden celebrarse otros días por acuerdo del Pleno o de la Comisión, a iniciativa de sus Presidencias, de dos grupos o de una quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión; o por acuerdo de la Mesa del Congreso aceptado por la Junta de Portavoces.

Artículo 63

Las sesiones del Pleno son públicas salvo tres excepciones: cuestiones sobre el decoro de la Cámara o de sus miembros o la suspensión de alguno; debate de propuestas, dictámenes, informes o conclusiones de la Comisión del Estatuto que no afecten a las incompatibilidades; y acuerdo del Pleno por mayoría absoluta, a iniciativa de la Mesa, del Gobierno, de dos Grupos o de la quinta parte de los miembros. La solicitud se vota sin debate.

Artículo 64

Las sesiones de las Comisiones no son públicas, pero asisten con acreditación los medios de comunicación, salvo en las secretas. Son secretas si lo acuerda la Comisión por mayoría absoluta (a iniciativa de su Mesa, del Gobierno, de dos Grupos o de la quinta parte de sus componentes) y siempre en la Comisión del Estatuto. En las de Investigación, las comparecencias informativas siguen la regla general, salvo materias reservadas o secretas o coincidencia con actuaciones judiciales secretas.

Artículo 65

De cada sesión del Pleno y de las Comisiones se levanta acta con una relación sucinta de materias debatidas, intervinientes, incidencias y acuerdos. La firma una de las Secretarías con el visto bueno de la Presidencia y queda a disposición de los diputados en la Secretaría General. Si nadie reclama en los diez días siguientes a la sesión, se entiende aprobada; si hay reclamación, decide el órgano correspondiente en su siguiente sesión.

Artículo 66

Artículo 67

El orden del día del Pleno lo fija la Presidencia de la Cámara de acuerdo con la Junta de Portavoces; el de las Comisiones, su Mesa de acuerdo con la Presidencia, según el calendario de la Mesa del Congreso. El Gobierno puede pedir la inclusión prioritaria de un asunto que ya esté en condiciones de incluirse. La Junta de Portavoces, por urgencia y unanimidad, a iniciativa de un Grupo o del Gobierno, puede incluir un asunto aunque no haya cumplido los trámites.

Artículo 68

El orden del día del Pleno puede alterarse por acuerdo de este, a propuesta de la Presidencia o a petición de dos grupos o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. El de una Comisión, por acuerdo de esta, a propuesta de su Presidencia o a petición de dos grupos o de una quinta parte de los miembros de la Comisión. Si se trata de incluir un asunto, debe haber cumplido los trámites reglamentarios.

Artículo 69

Ningún debate puede empezar sin que antes se haya distribuido a todos los miembros con derecho a participar en el Pleno o en la Comisión el informe, dictamen o documentación que le sirva de base, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. La excepción es un acuerdo en contrario, debidamente justificado, de la Mesa del Congreso o de la Comisión.

Artículo 70

Nadie puede hablar sin haber pedido y obtenido la palabra de la Presidencia; quien no esté presente al ser llamado se entiende que renuncia. Los discursos son personales y de viva voz, desde la tribuna o el escaño, y en cualquier lengua oficial en alguna Comunidad Autónoma. Solo la Presidencia puede interrumpir al orador, por los motivos tasados. Cabe ceder el turno y sustituir a un miembro por otro del mismo grupo. El Gobierno habla cuando lo pide. Agotado el tiempo, la Presidencia retira la palabra tras indicar dos veces que se concluya.

Artículo 71

Si, a juicio de la Presidencia, en un debate se hacen alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un miembro de la Cámara, puede dársele la palabra por no más de tres minutos para contestar estrictamente a ellas, sin entrar en el fondo del asunto; si se excede, se le retira la palabra. Solo se contesta en la misma sesión o en la siguiente. Si la alusión afecta al decoro o dignidad de un grupo, puede hablar un miembro de este en las mismas condiciones.

Artículo 72

En cualquier momento del debate, cualquier miembro de la Cámara puede pedir la observancia del Reglamento, citando el artículo o artículos que reclama; no cabe debate y se acata lo que resuelva la Presidencia. También puede pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de normas o documentos que ilustren la materia; la Presidencia puede denegar las que considere no pertinentes o innecesarias.

Artículo 73

Quien en un debate sea contradicho en sus argumentaciones puede replicar o rectificar una sola vez y durante cinco minutos como máximo. Además, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces y valorando la importancia del debate, puede ordenar el debate y las votaciones, ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones y acumular todas las que en un asunto correspondan a un grupo.

Artículo 74

Si no hay precepto específico, en todo debate cabe un turno a favor y otro en contra, y las intervenciones no exceden de diez minutos, salvo precepto en contrario del Reglamento. En los debates de totalidad, los turnos son de quince minutos y, después, los demás Grupos Parlamentarios pueden fijar su posición en intervenciones de no más de diez minutos.

Artículo 75

El Grupo Mixto puede intervenir por un solo miembro y con el mismo tiempo que los demás grupos si todos sus componentes presentes lo acuerdan y lo comunican a la Presidencia por su portavoz. Sin acuerdo, sus miembros no pueden superar la tercera parte del tiempo de cada grupo ni intervenir más de tres; si esa tercera parte no llega a cinco minutos, el tiempo es la mitad y los miembros, dos. Ante discrepancias decide la Presidencia, que puede denegar la palabra a todos. El Mixto inicia todos los turnos generales de los Grupos.

Artículo 76

La Presidencia, de acuerdo con la Mesa, puede acordar en cualquier momento el cierre de una discusión cuando considere que el asunto está suficientemente debatido. También puede acordarlo a petición de la portavocía de un Grupo Parlamentario. Sobre esa petición de cierre pueden hablar un interviniente en contra y otro a favor, cinco minutos como máximo cada uno.

Artículo 77

Si quienes ocupan la Presidencia, las Vicepresidencias o las Secretarías de la Cámara o de la Comisión quieren intervenir en un debate, deben dejar su lugar en la Mesa. No pueden volver a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema de que se trate.

Artículo 78

Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos deben estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Si al votar, o después, resulta que no hay ese quorum, la votación se pospone como máximo dos horas. Si pasado ese plazo tampoco puede celebrarse válidamente, el asunto lo decide el órgano correspondiente en su siguiente sesión.

Artículo 79

Los acuerdos son válidos si los aprueba la mayoría simple de los miembros presentes del órgano, salvo las mayorías especiales de la Constitución, las Leyes orgánicas o el Reglamento. El voto es personal e indelegable, y nadie vota sobre resoluciones que afecten a su estatuto de diputado o diputada. Se computa como presente quien, pese a estar ausente, tenga autorización expresa de la Mesa para participar en la votación.

Artículo 80

Una votación no puede interrumpirse por ninguna causa. Mientras se desarrolla, la Presidencia no concede la palabra y ningún miembro de la Cámara puede entrar en el salón ni salir de él.

Artículo 81

La votación se hace a hora fija, anunciada previamente por la Presidencia, en los casos que prevé el Reglamento y en los que la Presidencia así lo acuerde por su singularidad o importancia. Si llegada esa hora el debate no ha terminado, la Presidencia señala una nueva hora para votar.

Artículo 82

La votación puede ser por asentimiento a la propuesta de la Presidencia, ordinaria, pública por llamamiento o secreta. La Mesa puede autorizar el voto telemático por embarazo, maternidad, paternidad, adopción, guarda o acogimiento y reproducción asistida; por salud, accidente, cuidado o fallecimiento de familiares hasta el segundo grado; por actos internacionales autorizados; y por otras situaciones excepcionales justificadas. Se solicita por escrito a la Mesa (basta declaración responsable), que fija el periodo y el sistema de verificación.

Artículo 83

Artículo 84

La Presidencia decide la forma de la votación ordinaria entre dos: levantándose primero quienes aprueban, después quienes desaprueban y por último quienes se abstienen; o por procedimiento electrónico que acredite el voto de cada diputado y los resultados totales. En la primera, la Presidencia ordena el recuento por las Secretarías si duda del resultado o si algún grupo lo reclama, incluso después de publicado.

Artículo 85

La votación es pública por llamamiento o secreta cuando lo exija el Reglamento o lo pidan dos grupos o una quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión. Si hay solicitudes contrarias, prevalece la de votación secreta. Nunca es secreta en los procedimientos legislativos ni cuando se decide por voto ponderado. La investidura, la moción de censura y la cuestión de confianza se votan siempre públicamente por llamamiento.

Artículo 86

En la votación pública por llamamiento, una de las Secretarías nombra a los miembros de la Cámara, que responden «sí», «no» o «abstención». El llamamiento sigue el orden alfabético del primer apellido y empieza por el diputado o diputada cuyo nombre se saca a suerte. El Gobierno y la Mesa votan al final.

Artículo 87

La votación secreta puede hacerse por procedimiento electrónico que dé el resultado total sin identificar a los votantes, o por papeletas en tres casos: cuando se trate de elección de personas, cuando lo decida la Presidencia y cuando la solicitud de voto secreto haya especificado esta modalidad. En la votación por papeletas, las diputadas y diputados son llamados nominalmente a la Mesa para depositar la papeleta en la urna.

Artículo 88

Si hay empate en una votación, se repite. Si persiste, se suspende la votación durante el plazo que la Presidencia estime razonable y después se vota de nuevo; si vuelve a empatar, se entiende desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición. En Comisión no hay empate si, votando igual todos los miembros de cada grupo, la igualdad puede resolverse ponderando los votos de cada grupo en el Pleno.

Artículo 89

Tras una votación o un conjunto de votaciones sobre una misma cuestión, cada Grupo puede explicar el voto durante cinco minutos como máximo. En proyectos y proposiciones de ley y en tratados o convenios internacionales, solo se explica tras la última votación (o tras la última de cada parte, si se dividieron); en esos casos la Presidencia puede ampliar el tiempo hasta diez minutos. No cabe explicación si la votación fue secreta o si todos los Grupos pudieron intervenir en el debate, salvo el Grupo que cambió su voto como consecuencia de este.

Artículo 90

Salvo disposición en contrario, los plazos del Reglamento señalados por días se cuentan en días hábiles y los señalados por meses, de fecha a fecha. No se cuentan los períodos en que el Congreso no celebra sesiones, salvo que el asunto esté incluido en el orden del día de una sesión extraordinaria; en ese caso, la Mesa fija los días que se habilitan solo para los trámites que permitan celebrarla.

Artículo 91

La Mesa de la Cámara puede prorrogar o reducir los plazos establecidos en el Reglamento. Salvo casos excepcionales, las prórrogas no pueden superar otro tanto del plazo (es decir, su misma duración) y las reducciones no pueden dejarlo por debajo de su mitad.

Artículo 92

Los documentos se presentan en el Registro de la Secretaría General del Congreso en los días y horas que fije la Mesa. Puede usarse cualquier lengua oficial en alguna Comunidad Autónoma; si no se usa el castellano, puede acompañarse una traducción a esa lengua. También se admiten los documentos presentados dentro de plazo en las Oficinas de Correos, si se cumplen los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 93

La Mesa del Congreso puede acordar que un asunto se tramite por procedimiento de urgencia, a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. Si el acuerdo se adopta con un trámite ya en curso, la urgencia se aplica a los trámites siguientes a ese.

Artículo 94

En la tramitación de urgencia, los plazos duran la mitad de los establecidos con carácter ordinario. Esta regla se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 del Reglamento, al que el propio precepto se remite expresamente.

Artículo 95

Las publicaciones oficiales del Congreso son dos: el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», en su Sección Congreso de los Diputados, y el «Diario de Sesiones», que comprende el del Pleno de la Cámara, el de la Diputación Permanente y el de las Comisiones.

Artículo 96

El «Diario de Sesiones» reproduce íntegramente, con sus incidentes, las intervenciones y acuerdos de las sesiones no secretas del Pleno, la Diputación Permanente y las Comisiones, en la lengua en que se pronunciaron y en castellano. De las sesiones secretas se levanta Acta taquigráfica, en esas mismas lenguas, cuyo único ejemplar custodia la Presidencia y pueden consultar los diputados previo acuerdo de la Mesa. Sus acuerdos se publican en el «Diario de Sesiones», salvo que la Mesa los declare reservados.

Artículo 97

En el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección Congreso, se publican los textos cuya publicación exija el Reglamento, sea necesaria para su conocimiento y tramitación o la ordene la Presidencia. Las iniciativas presentadas conforme al artículo 92.1 se publican en castellano y en la lengua oficial correspondiente. Por urgencia, la Presidencia puede ordenar que esos documentos se reproduzcan por otro medio mecánico y se repartan a los miembros del órgano que los debata, sin perjuicio de su constancia posterior en el Boletín.

Artículo 98

La Mesa facilita información a los medios, regula sus credenciales y fija sus requisitos. Se crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria con un miembro por grupo. Los periodistas acreditados respetan la cortesía y las directrices de la Mesa. Infracciones leves, graves y muy graves; sanciones: leves, apercibimiento y suspensión de hasta diez días hábiles; graves, de once días a tres meses; muy graves, de tres meses y un día a tres años o revocación. Prescripción: seis, tres y un mes. Resuelve la Mesa, previo informe del Consejo en quince días.

Artículo 99

La Mesa puede privar a una diputada o diputado de alguno o de todos los derechos de los artículos 6.º a 9.º del Reglamento en dos casos: si deja de asistir voluntariamente, de forma reiterada o notoria, a las Sesiones del Pleno o de las Comisiones; o si quebranta el deber de secreto del artículo 16. En este último caso, por su gravedad o por afectar a la seguridad del Estado, la Mesa puede proponer directamente al Pleno las medidas del artículo 101. El acuerdo, motivado, fija extensión y duración de las sanciones.

Artículo 100

La Presidencia puede imponer a un diputado o diputada dos medidas disciplinarias: la prohibición de asistir a una o dos sesiones y la expulsión inmediata. Lo hace en los términos que establece el propio Reglamento.

Artículo 101

El Pleno puede acordar la suspensión temporal en la condición de diputado o diputada por disciplina parlamentaria si, cumplida la sanción del artículo 99, persiste en su actitud; si porta armas en el recinto; si se niega a abandonar el salón tras ser expulsado; o si contraviene el artículo 17. Proponen la Mesa (tres primeros supuestos) o la Comisión del Estatuto (el cuarto); el Pleno decide en sesión secreta, con intervención de los portavoces. Si la causa pudiera ser delito, la Presidencia pasa el tanto de culpa al juez.

Artículo 102

Se llama a la cuestión a las oradoras y oradores siempre que se salgan de ella, ya por digresiones ajenas al punto de que se trate, ya por volver sobre lo ya discutido o votado. La Presidencia retira la palabra cuando se llega a la tercera llamada a la cuestión dentro de una misma intervención.

Artículo 103

Pueden ser llamados al orden tanto los miembros de la Cámara como quienes estén en el uso de la palabra, en cuatro casos: 1.º proferir palabras o verter conceptos ofensivos al decoro de la Cámara y de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad; 2.º faltar en los discursos a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones; 3.º alterar el orden de las sesiones con interrupciones o de cualquier otra forma; 4.º pretender seguir hablando una vez retirada la palabra.

Artículo 104

Quien sea llamado al orden tres veces en una misma sesión (advertido en la segunda de las consecuencias de la tercera) perderá, en su caso, la palabra, y la Presidencia, sin debate, podrá imponerle no asistir al resto de la sesión. Si el diputado sancionado no abandona el salón, la Presidencia adoptará medidas para hacer efectiva la expulsión y podrá prohibirle además asistir a la siguiente sesión. Ante ofensas (caso 1.º del artículo anterior), la Presidencia exigirá retirarlas y ordenará que no consten en el «Diario de Sesiones».

Artículo 105

La Presidencia, ejerciendo los poderes de policía del artículo 72.3 de la Constitución, vela por el orden en el recinto del Congreso y en todas sus dependencias. Para ello puede adoptar cuantas medidas considere oportunas, incluso poner a disposición judicial a las personas que perturben ese orden.

Artículo 106

Quien, en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y sea o no miembro de la Cámara, promueva desorden grave de obra o de palabra será expulsado inmediatamente. Si es miembro de la Cámara, la Presidencia además le suspenderá en el acto en su condición de tal hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y conforme al artículo 101, amplíe o agrave la sanción.

Artículo 107

En las sesiones públicas la Presidencia vela por el orden de las tribunas. Quienes en ellas den muestras de aprobación o desaprobación, perturben el orden o falten a la debida compostura serán expulsados inmediatamente del Palacio por indicación de la Presidencia, que, cuando lo estime conveniente, ordenará a los Servicios de Seguridad de la Cámara levantar diligencias por si hubiera delito o falta.

Artículo 108

La iniciativa legislativa ante el Congreso corresponde a: 1.º el Gobierno; 2.º el Senado, conforme a la Constitución y su propio Reglamento; 3.º las Asambleas de las Comunidades Autónomas, conforme a la Constitución y sus Estatutos y Reglamentos; 4.º los ciudadanos y ciudadanas, conforme al artículo 87.3 de la Constitución y su Ley Orgánica; 5.º el propio Congreso, en los términos del Reglamento.

Artículo 109

Los proyectos de ley que remite el Gobierno deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. La Mesa del Congreso ordena tres cosas: su publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas y su envío a la Comisión correspondiente.

Artículo 110

Publicado un proyecto, diputados y grupos tienen quince días para presentar enmiendas por escrito a la Mesa de la Comisión, con la firma del portavoz del Grupo (o su sustituto) a meros efectos de conocimiento; su falta puede subsanarse antes de empezar la discusión en Comisión. Las enmiendas son a la totalidad (devolución al Gobierno o texto alternativo; solo las presentan los Grupos) o al articulado (supresión, modificación o adición; las dos últimas con texto concreto). Disposiciones, título, rúbricas, ordenación y Exposición de Motivos cuentan como un artículo.

Artículo 111

Las enmiendas a un proyecto de ley que aumenten créditos o disminuyan ingresos presupuestarios necesitan la conformidad del Gobierno para tramitarse. La Ponencia remite al Gobierno, a través de la Presidencia del Congreso, las que a su juicio estén en ese caso. El Gobierno responde razonadamente en quince días; si calla, se entiende que está conforme. Si no fue consultado así, puede mostrar su disconformidad en cualquier momento de la tramitación.

Artículo 112

Hay debate de totalidad en el Pleno si se presentaron en plazo enmiendas a la totalidad; la Presidencia de la Comisión las traslada a la del Congreso para incluirlas en el orden del día. Cada enmienda puede dar lugar a un turno a favor y otro en contra. Se votan empezando por las de devolución. Si el Pleno devuelve el proyecto, queda rechazado y se comunica al Gobierno; si no, vuelve a la Comisión. Si aprueba un texto alternativo, pasa a la Comisión, se publica en el BOCG y se abre nuevo plazo de enmiendas solo al articulado.

Artículo 113

Terminado el debate de totalidad, si lo hubo, y en todo caso el plazo de enmiendas, la Comisión nombra en su seno una Ponencia de una o varias personas que, a la vista del texto y de las enmiendas al articulado, redacta un informe en quince días. La Mesa de la Comisión puede prorrogar ese plazo cuando la trascendencia o complejidad del proyecto lo exija, sin perjuicio del artículo 43.3.

Artículo 114

Tras el informe de la Ponencia empieza el debate en Comisión, artículo por artículo; en cada uno pueden hablar quienes presentaron enmiendas a ese artículo y los miembros de la Comisión. Las enmiendas a la Exposición de Motivos se discuten al final si la Comisión acuerda incorporarla como Preámbulo. Durante la discusión, la Mesa puede admitir nuevas enmiendas escritas de miembros de la Comisión que busquen un acuerdo por aproximación, y también las que corrijan errores técnicos, terminológicos o gramaticales.

Artículo 115

En la dirección de los debates de la Comisión, su Presidencia y su Mesa ejercen las funciones que el Reglamento da a la Presidencia y a la Mesa del Congreso. La Presidencia de la Comisión, de acuerdo con su Mesa, puede fijar el tiempo máximo de discusión de cada artículo, el de cada intervención (según el número de peticiones de palabra) y el total para concluir el dictamen.

Artículo 116

El dictamen de la Comisión lo firman su Presidencia y una de las Secretarías, y se remite a la Presidencia del Congreso para la tramitación que corresponda después. Son dos firmas: la de la Presidencia de la Comisión y la de una sola de sus Secretarías.

Artículo 117

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la terminación del dictamen, los grupos parlamentarios deben comunicar por escrito a la Presidencia de la Cámara qué votos particulares y enmiendas quieren defender en el Pleno. Solo caben los que fueron defendidos y votados en Comisión y no se incorporaron al dictamen.

Artículo 118

El debate en el Pleno puede empezar con la presentación de la iniciativa por un miembro del Gobierno y la del dictamen por un diputado de la Comisión, si ésta lo acuerda; ninguna puede pasar de quince minutos. La Presidencia, oídas la Mesa y la Junta de Portavoces, puede ordenar debates y votaciones por artículos, materias o grupos, y fijar de antemano el tiempo máximo del debate. Puede admitir enmiendas de corrección técnica; las de transacción solo si ningún Grupo se opone y suponen retirar las enmiendas transigidas.

Artículo 119

Si, terminado el debate y por la aprobación de un voto particular, una enmienda o la votación de los artículos, el texto puede resultar incongruente u oscuro, la Mesa de la Cámara, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, puede devolverlo a la Comisión para que en un mes haga una redacción armónica que respete los acuerdos del Pleno. Ese dictamen se somete al Pleno, que lo aprueba o rechaza en su conjunto en una sola votación.

Artículo 120

Cuando el Congreso aprueba un proyecto de ley, su Presidencia lo envía a la Presidencia del Senado junto con los antecedentes del proyecto y los documentos producidos durante su tramitación en la Cámara.

Artículo 121

Artículo 122

Si el Senado veta un proyecto, el debate en el Congreso sigue las reglas de los de totalidad y luego se vota el texto inicial del Congreso: si obtiene la mayoría absoluta de los miembros, el veto queda levantado. Si no, se vota de nuevo pasados dos meses desde la interposición del veto, y basta la mayoría simple de los votos emitidos; si tampoco la logra, el proyecto queda rechazado.

Artículo 123

Las enmiendas que propone el Senado se debaten y votan en el Congreso. Quedan incorporadas al texto del Congreso las que obtienen la mayoría simple de los votos emitidos; las que no la obtienen no se incorporan.

Artículo 124

Artículo 125

Las proposiciones de ley que el Senado haya tomado en consideración conforme a la Constitución las tramita el Congreso como proposiciones de ley, pero sin el trámite de toma en consideración, que ya se hizo en el Senado.

Artículo 126

Pueden proponer una proposición de ley del Congreso un diputado con la firma de catorce miembros más o un Grupo con la sola firma de su portavoz. La Mesa ordena publicarla y enviarla al Gobierno para que dé su criterio sobre la toma en consideración y su conformidad si aumenta créditos o reduce ingresos. Pasados treinta días sin negativa expresa del Gobierno, puede incluirse en el orden del día del Pleno. Se lee el criterio del Gobierno, se debate como los de totalidad y, si se toma en consideración, la Mesa la envía a Comisión y abre plazo de enmiendas.

Artículo 127

La Mesa del Congreso examina las proposiciones de ley de las Comunidades Autónomas y las de iniciativa popular para verificar que cumplen los requisitos legales. Si los cumplen, se tramitan como el artículo anterior, con una única especialidad: en las de una Asamblea autonómica, la defensa en la toma en consideración corresponde a la Delegación de esa Asamblea.

Artículo 128

El Gobierno puede retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación en la Cámara, con un único límite: que no haya recaído todavía acuerdo final de ésta. No necesita aceptación de ningún órgano.

Artículo 129

La retirada de una proposición de ley por su proponente produce pleno efecto por sí sola si se pide antes del acuerdo de toma en consideración. Una vez adoptado ese acuerdo, la retirada solo es efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.

Artículo 130

Se tramitan como Ley Orgánica los proyectos y proposiciones que así califique la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, conforme al artículo 81.1 de la Constitución y a la vista del criterio del Gobierno, del proponente o de la Ponencia. Tras el informe, la Comisión puede pedir a la Mesa que estudie si el proyecto es orgánico; si se califica así ya iniciado el debate en Comisión, este vuelve a su inicio. Las enmiendas con materia orgánica a un proyecto ordinario solo las admite la Mesa, consultada la Ponencia.

Artículo 131

Las Leyes Orgánicas siguen el procedimiento común con especialidades. Su aprobación exige mayoría absoluta de la Cámara en una votación final sobre el conjunto, anunciada con antelación por la Presidencia. Si se alcanza, el proyecto va al Senado; si no, vuelve a la Comisión, que debe emitir nuevo dictamen en un mes. Ese dictamen se debate como los de totalidad: con mayoría absoluta de los miembros se envía al Senado y, si no, se entiende rechazado.

Artículo 132

Si el Senado veta o enmienda un proyecto o proposición de Ley Orgánica se sigue el procedimiento común con dos salvedades: 1.ª ratificar el texto inicial y levantar el veto exige siempre mayoría absoluta de los miembros de la Cámara; 2.ª el texto con las enmiendas del Senado aceptadas se somete a una votación de conjunto: con mayoría absoluta queda aprobado; si no, queda ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas todas las enmiendas del Senado.

Artículo 133

Los Presupuestos Generales del Estado siguen el procedimiento legislativo común salvo lo previsto en esta Sección. Su proyecto tiene preferencia sobre los demás trabajos de la Cámara. Las enmiendas que aumenten créditos en algún concepto solo se admiten si, además de cumplir los requisitos generales, proponen una baja de igual cuantía en la misma Sección. Las que reduzcan ingresos necesitan la conformidad del Gobierno.

Artículo 134

El debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado se celebra en el Pleno y en él se fijan las cuantías globales de sus estados; acabado, el proyecto pasa de inmediato a la Comisión de Presupuestos. El debate versa sobre el articulado y el estado de autorización de gastos, sin perjuicio de otros documentos. Las Presidencias de la Comisión y de la Cámara, de acuerdo con sus Mesas, pueden ordenar debates y votaciones según la estructura del Presupuesto. El debate final en Pleno distingue el articulado y cada Sección.

Artículo 135

Las reglas de la Sección dedicada a la Ley de Presupuestos se aplican también a la tramitación y aprobación de los Presupuestos de los Entes Públicos cuya aprobación por las Cortes exija la ley.

Artículo 136

Cuando llega al Congreso un proyecto de Estatuto elaborado por los artículos 143, 144, 146 y la Disposición transitoria primera de la Constitución, la Mesa examina el texto y la documentación para comprobar los requisitos constitucionales. Si se cumplen, se tramita como proyecto de Ley Orgánica. Si falta algún trámite o hay un defecto de forma, se comunica a la Asamblea que lo elaboró y se suspende la tramitación hasta que se cumpla o subsane.

Artículo 137

Para un Estatuto elaborado por el artículo 151.2 de la Constitución y admitido a trámite por la Mesa, se abre un plazo de quince días para presentar motivos de desacuerdo, que deben estar respaldados al menos por un Grupo Parlamentario. A la vez, la Presidencia del Congreso notifica la resolución a la Asamblea proponente y la invita a designar, si no lo hizo antes, una Delegación que no exceda del número de miembros de la Comisión Constitucional, elegida entre sus miembros y con adecuada representación de sus formaciones políticas.

Artículo 138

El plazo de dos meses del artículo 151.2.2.º de la Constitución empieza a contarse desde el día en que termina el plazo para presentar los motivos de desacuerdo al proyecto de Estatuto. Su cómputo debe respetar lo previsto en la Disposición transitoria sexta de la Constitución.

Artículo 139

El mismo día en que empieza a contar el plazo de dos meses, la Comisión Constitucional, convocada al efecto, designa de su seno una Ponencia con representación adecuada de todos los Grupos de la Cámara. A la vez, la Delegación de la Asamblea proponente designa entre sus miembros una Ponencia que no puede superar en número a la de la Comisión Constitucional.

Artículo 140

Ambas Ponencias, presididas por el Presidente o Presidenta de la Comisión Constitucional, estudian juntas los motivos de desacuerdo. La Ponencia conjunta intenta en un mes desde su designación un acuerdo sobre un texto definitivo, que se vota por separado en cada Ponencia; hay acuerdo si es favorable la mayoría de cada una, en voto ponderado según el número de diputados de cada grupo o formación. Puede pedir la presencia de representantes del Gobierno y de expertos que asistieron a la Asamblea. De sus reuniones se levanta Acta.

Artículo 141

Terminados sus trabajos, y en todo caso al vencer el plazo de un mes del artículo anterior, la Ponencia conjunta remite su informe a la Comisión Constitucional y a la Delegación de la Asamblea, indicando los textos con acuerdo, los de desacuerdo y los votos particulares. El informe se publica y se somete de inmediato a la Comisión Constitucional y a la Delegación en reunión conjunta, presidida por quien presida la Comisión Constitucional.

Artículo 142

Reunida la Comisión conjunta, se concede un turno de defensa de quince minutos sobre cada texto acordado, cada texto discordante y cada voto particular, y la Presidencia de la Comisión puede permitir intervenciones de rectificación. Después, la Comisión y la Delegación votan por separado cada texto y se comprueba si hay acuerdo. Si se mantiene el desacuerdo, cada representación puede proponer devolver la cuestión a la Ponencia conjunta para que, en el plazo que se le señale, lo intente conforme al artículo 140.

Artículo 143

Tras deliberar y votar cada texto, se hace una votación de conjunto en la que la Comisión y la Delegación se pronuncian de nuevo por separado. Si ambos órganos están de acuerdo, se dan por superados los desacuerdos anteriores y el texto se entrega a la Presidencia de la Cámara para su tramitación ulterior. Si no hay acuerdo, se declara así y se notifica a la Presidencia de la Cámara a efectos del número 5.º del artículo 151.2 de la Constitución.

Artículo 144

Cuando el Gobierno comunica que un proyecto de Estatuto ha sido aprobado en referéndum, el Pleno del Congreso lo somete a voto de ratificación, tras un debate que sigue las normas de los debates de totalidad.

Artículo 145

Artículo 146

Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional de los artículos 166 y 167 de la Constitución siguen las normas de los proyectos y proposiciones de ley, pero las proposiciones deben ir suscritas por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los miembros de la Cámara. El texto se somete a una votación final que exige tres quintos de los miembros. Si no hay acuerdo con el Senado, se intenta mediante una Comisión Mixta paritaria, cuyo texto requiere también tres quintos. Si fracasa, con mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobarla por dos tercios.

Artículo 147

La revisión total de la Constitución o la parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II se debate en el Pleno como los de totalidad. Si dos tercios de los miembros votan el principio de revisión, la Presidencia del Congreso lo comunica a la del Senado; si allí también obtiene dos tercios, lo comunica a la del Gobierno para que someta a la sanción regia el Real Decreto de disolución. Las nuevas Cortes ratifican la decisión; acordada por ambas Cámaras, el nuevo texto exige dos tercios del Congreso y pasa al Senado.

Artículo 148

El acuerdo del Pleno que delega la competencia legislativa plena en las Comisiones se presume para todos los proyectos y proposiciones constitucionalmente delegables. Quedan fuera de la delegación el debate y votación de totalidad o de toma en consideración, y se respeta lo previsto en el artículo siguiente. Se aplica el procedimiento legislativo común, sin deliberación ni votación final en el Pleno.

Artículo 149

El Pleno puede recabar para sí la deliberación y votación final de los proyectos y proposiciones con competencia legislativa plena delegada, por acuerdo adoptado en la sesión del debate de totalidad o de la toma en consideración. En los demás casos, antes de iniciarse el debate en Comisión, puede avocar la aprobación final a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces; la propuesta se vota sin debate. Las Comisiones no tienen competencia plena sobre lo vetado o enmendado por el Senado si el Pleno de éste aprobó el veto o las enmiendas.

Artículo 150

Cuando la naturaleza del proyecto o proposición tomada en consideración lo aconseje o su sencillez lo permita, el Pleno, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, puede acordar su tramitación directa y en lectura única. Se debate con las normas de totalidad y el texto se vota en su conjunto en una sola votación: si es favorable, queda aprobado y va al Senado; si no, queda rechazado.

Artículo 151

La convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se debate y vota en el Pleno o en la Diputación Permanente antes de que pasen treinta días desde su promulgación (artículo 86.2 de la Constitución); puede incluirse en el orden del día en cuanto se publique en el BOE. Un miembro del Gobierno expone las razones y el debate sigue las normas de totalidad. Los votos afirmativos son a favor de convalidar. Convalidado, si un grupo lo pide y la Cámara lo acepta, se tramita como proyecto de ley por urgencia, sin enmiendas de totalidad de devolución. El acuerdo se publica en el BOE.

Artículo 152

En cuanto el Gobierno use la delegación legislativa del artículo 82 de la Constitución, debe dirigir al Congreso una comunicación con el texto articulado o refundido aprobado, que se publica en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».

Artículo 153

Si una ley de delegación encomienda al Congreso el control adicional de la legislación delegada (artículo 82.6 de la Constitución), se aplica este artículo. Si en el mes siguiente a la publicación del texto articulado o refundido ningún diputado o grupo formula objeciones, se entiende que el Gobierno usó bien la delegación. Si hay algún reparo, dirigido por escrito a la Mesa, ésta lo remite a la Comisión correspondiente, que dictamina en el plazo señalado; el dictamen se debate en Pleno con las normas generales. Los efectos del control son los que fije la ley de delegación.

Artículo 154

Cuando un tratado atribuya a una organización o institución internacionales el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, su celebración exige que las Cortes aprueben antes una Ley Orgánica de autorización. Esa ley se tramita conforme a lo que el propio Reglamento establece para las leyes de carácter orgánico.

Artículo 155

En los casos del artículo 94.1 de la Constitución, obligarse por tratados exige autorización previa de las Cortes. El Gobierno la pide enviando al Congreso el acuerdo del Consejo de Ministros, el texto, la memoria que justifique la solicitud y las reservas y declaraciones que pretenda formular; el Congreso se pronuncia sobre la autorización y sobre esas reservas y declaraciones. La solicitud se presenta en 90 días desde el acuerdo, ampliables hasta 180 en casos justificados (pasados los 90, el Gobierno debe motivar documentalmente el retraso). El Congreso acuerda en 60 días.

Artículo 156

La autorización de tratados se tramita por el procedimiento legislativo común con las particularidades del capítulo. Las propuestas de diputados y grupos son enmiendas a la totalidad si piden denegar o aplazar la autorización, o si proponen reservas o declaraciones no previstas por el tratado. Son enmiendas al articulado si proponen suprimir, añadir o modificar las reservas o declaraciones del Gobierno, o si formulan reservas o declaraciones previstas por el tratado.

Artículo 157

Si en la tramitación de un tratado en el Congreso surgen dudas sobre la constitucionalidad de alguna estipulación, el Pleno, a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara, puede requerir al Tribunal Constitucional (art. 95.2 CE). La tramitación se interrumpe y solo se reanuda si el Tribunal es favorable; si aprecia estipulaciones contrarias a la Constitución, solo puede tramitarse tras la revisión constitucional.

Artículo 158

Si el Congreso y el Senado discrepan sobre la autorización para celebrar tratados o convenios del artículo 94.1 de la Constitución, se intenta resolver con una Comisión Mixta (art. 74.2 CE), que presenta un texto que votan ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decide el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 159

De las comunicaciones que el Gobierno haga en cumplimiento del artículo 94.2 de la Constitución, y de los textos de los tratados o convenios correspondientes, se da cuenta inmediatamente, para su conocimiento, a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Artículo 160

Para denunciar un tratado o convenio se sigue el mismo procedimiento que el previsto para prestar el consentimiento del Estado en obligarse por ese tratado o convenio. Es decir, la salida del tratado se tramita igual que la entrada en él.

Artículo 161

La propuesta de Decreto que el Presidente o Presidenta del Gobierno eleve al Rey o a la Reina para convocar un referéndum consultivo sobre una cuestión política de especial trascendencia necesita la previa autorización del Congreso. El mensaje del Presidente se debate en el Pleno, con las normas del debate de totalidad, y la Presidencia del Congreso comunica la decisión a la del Gobierno.

Artículo 162

Declarado el estado de alarma, el Gobierno remite inmediatamente a la Presidencia del Congreso una comunicación con el Decreto del Consejo de Ministros, que pasa a la Comisión competente (puede recabar información). Para prorrogar los quince días del art. 116.2 CE debe pedir autorización al Congreso antes de que expiren. Los Grupos pueden presentar propuestas sobre alcance y condiciones hasta dos horas antes de la sesión. El debate es en Pleno, lo abre un miembro del Gobierno y sigue las normas de totalidad; se votan solicitud y propuestas y la decisión se traslada al Gobierno.

Artículo 163

Para declarar el estado de excepción o prorrogarlo, el Gobierno necesita la previa autorización del Congreso, y envía una comunicación que se tramita como la del estado de alarma. La autorización debe fijar expresamente los efectos, el ámbito territorial y la duración, que no puede exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.

Artículo 164

Si el Gobierno propone declarar el estado de sitio, el debate en el Pleno del Congreso sigue las normas del artículo 162. El estado de sitio queda declarado con el ámbito territorial, la duración y las condiciones de la propuesta que obtenga en el Pleno la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. La Presidencia lo comunica a la del Gobierno y ordena publicar la resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 165

En los estados de alarma, excepción y sitio, el asunto se somete inmediatamente al Pleno del Congreso, convocado al efecto si no está reunido, incluso en el período entre sesiones. Si el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato y se produce alguna de esas situaciones, las competencias que el capítulo da al Pleno las asume la Diputación Permanente.

Artículo 166

La comunicación de un acuerdo entre Comunidades Autónomas para gestionar y prestar sus servicios públicos la remite la Mesa a la Comisión Constitucional. Ante una comunicación del Senado que conceda o deniegue autorización para otros acuerdos de cooperación, la Mesa decide remitirla a esa Comisión, cuyo dictamen discute el Pleno como un debate de totalidad. Si el acuerdo coincide con el del Senado, la Presidencia lo comunica a los Presidentes autonómicos; si no, al Senado para nombrar la Comisión Mixta. Si su texto no se aprueba, decide el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 167

Cuando una ley estatal dictada al amparo del artículo 150.1 de la Constitución prevea una modalidad de control, ese control, en lo que respecta al Congreso, se lleva a cabo según lo previsto en el artículo 153 del Reglamento. El artículo no añade órgano, plazo ni trámite propio: es una remisión.

Artículo 168

La necesidad de que el Estado dicte leyes de armonización de las disposiciones normativas autonómicas, incluso en materias de competencia de las Comunidades, cuando lo exija el interés general, debe acordarla la mayoría absoluta de los miembros del Congreso en un debate con normas de totalidad. Pueden proponerlo el Gobierno, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de la Cámara. El acuerdo se comunica al Senado (art. 150.3 CE) y en la tramitación posterior no se admiten enmiendas que contradigan ese pronunciamiento.

Artículo 169

La iniciativa de acusación del artículo 102.2 de la Constitución debe formularse por escrito y firmarla al menos la cuarta parte de los miembros del Congreso; la Presidencia convoca entonces sesión secreta del Pleno. El debate sigue las normas de totalidad, y la persona afectada puede hablar en cualquier momento. La votación sigue el número 2.º del apartado 1 del artículo 87 y su hora se anuncia con antelación. Si la aprueba la mayoría absoluta, se comunica a la Presidencia del Tribunal Supremo; si no, se entiende rechazada.

Artículo 170

Conforme al artículo 99 de la Constitución, cuando llega al Congreso la propuesta de candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno, la Presidencia de la Cámara convoca el Pleno. Ese es el punto de partida del procedimiento de investidura en el Congreso.

Artículo 171

La sesión de investidura empieza con la lectura de la propuesta por una de las Secretarías. El candidato expone sin límite de tiempo su programa y pide la confianza. Tras la interrupción, interviene un representante por grupo que lo pida, 30 minutos; el candidato puede hablar cuantas veces quiera, con réplica de 10 minutos. Hay confianza con mayoría absoluta; si no, nueva votación 48 horas después con mayoría simple (antes, candidato 10 minutos y grupos 5). La Presidencia lo comunica al Rey o a la Reina para el nombramiento.

Artículo 172

Si en las votaciones de investidura la Cámara no otorga su confianza, se tramitan sucesivas propuestas por el mismo procedimiento. Si pasan dos meses desde la primera votación de investidura sin que ninguna candidatura obtenga la confianza, la Presidencia del Congreso somete a la firma del Rey o de la Reina el Decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones, y lo comunica a la Presidencia del Senado.

Artículo 173

El Presidente o Presidenta del Gobierno puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza, sobre su programa o sobre una declaración de política general, previa deliberación en el Consejo de Ministros. El artículo fija quién la plantea, ante quién, sobre qué objeto y con qué trámite previo.

Artículo 174

La cuestión de confianza se presenta en escrito motivado ante la Mesa, con certificación del Consejo de Ministros. Admitida, la Presidencia da cuenta a la Junta de Portavoces y convoca el Pleno. El debate sigue las normas de la investidura, con el Presidente del Gobierno y sus miembros en lugar del candidato. Se vota a la hora anunciada, nunca antes de veinticuatro horas desde la presentación. Hay confianza con la mayoría simple. El resultado se comunica al Rey o a la Reina y al Presidente del Gobierno.

Artículo 175

El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno adoptando una moción de censura. La moción debe proponerla, al menos, la décima parte de la Cámara, en escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso, e incluir un candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno que haya aceptado la candidatura.

Artículo 176

La Mesa del Congreso comprueba que la moción de censura cumple los requisitos del artículo anterior, la admite a trámite y da cuenta de su presentación al Presidente o Presidenta del Gobierno y a las portavocías de los grupos. Dentro de los dos días siguientes a la presentación pueden presentarse mociones alternativas, con los mismos requisitos y trámites de admisión.

Artículo 177

El debate de la moción de censura lo abre, sin límite de tiempo, un diputado firmante; después puede intervenir, también sin límite, el candidato propuesto para exponer su programa. Tras la interrupción, un representante de cada grupo que lo pida habla 30 minutos, con réplica de 10. Si hay varias mociones, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces, puede acordar debate conjunto, pero se votan por separado y por orden de presentación. Se vota a la hora anunciada, no antes de cinco días desde la presentación de la primera. Requiere mayoría absoluta; aprobada una, no se votan las demás.

Artículo 178

Si el Congreso aprueba una moción de censura, su Presidencia lo pone inmediatamente en conocimiento del Rey o de la Reina y del Presidente o Presidenta del Gobierno. El candidato o candidata incluido en la moción se considera que ha recibido la confianza de la Cámara a los efectos del artículo 99 de la Constitución.

Artículo 179

Quienes firmaron una moción de censura que fue rechazada no pueden firmar otra durante el mismo período de sesiones. A estos efectos, la moción presentada en un período entre sesiones se imputa al siguiente período de sesiones.

Artículo 180

Artículo 181

Las interpelaciones se presentan por escrito ante la Mesa del Congreso y versan sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general, del Gobierno o de algún departamento ministerial. La Mesa califica el escrito y, si su contenido no es propio de una interpelación, lo comunica a su autor o autora para que lo convierta en pregunta con respuesta oral o por escrito.

Artículo 182

Pasados quince días desde su publicación, la interpelación puede incluirse en el orden del día del Pleno. Tienen prioridad las de diputados o grupos que no hayan agotado en el período su cupo: una interpelación por cada diez diputados o fracción del grupo; después rige la prioridad de presentación. No puede haber más de una interpelación del mismo grupo por orden del día. Acabado el período, las pendientes se tramitan como preguntas con respuesta por escrito antes del siguiente, salvo que el interpelante quiera mantenerlas para ese período.

Artículo 183

Las interpelaciones se sustancian ante el Pleno: expone el autor o autora, contesta el Gobierno y hay sendos turnos de réplica. Las primeras intervenciones no pueden exceder de diez minutos ni las de réplica de cinco. Después puede hablar un representante de cada grupo parlamentario, salvo el del que procede la interpelación, cinco minutos para fijar su posición.

Artículo 184

Toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. La presenta el grupo interpelante, o el del diputado firmante, el día siguiente al de la sustanciación ante el Pleno. Admitida por la Mesa, si es congruente con la interpelación, se incluye en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, con enmiendas hasta seis horas antes. Se debate y vota como las proposiciones no de ley.

Artículo 185

Artículo 186

Las preguntas se presentan por escrito ante la Mesa del Congreso. No se admite la pregunta de exclusivo interés personal de quien la formula o de otra persona singularizada, ni la que suponga una consulta de índole estrictamente jurídica. La Mesa califica el escrito y admite la pregunta si se ajusta a lo establecido en el capítulo.

Artículo 187

Si quien formula la pregunta no indica nada, se entiende que pide respuesta por escrito. Si pide respuesta oral pero no especifica dónde, se entiende que ha de darse en la Comisión correspondiente.

Artículo 188

La pregunta oral en Pleno solo puede formular una cuestión escueta (un hecho, una situación, una información, una providencia del Gobierno o la remisión de un documento). Se presenta con la antelación que fije la Mesa: nunca más de una semana ni menos de cuarenta y ocho horas. Tienen prioridad quienes aún no hayan preguntado en el período; la Presidencia, de acuerdo con la Junta, fija cuántas y su reparto. Contesta el Gobierno, cabe réplica o repregunta y nueva intervención, sin pasar de cinco minutos. El Gobierno puede pedir una vez aplazarla a la sesión siguiente.

Artículo 189

Las preguntas con respuesta oral en Comisión pueden incluirse en el orden del día pasados siete días desde su publicación. Se tramitan como las del Pleno, pero con primeras intervenciones de diez minutos y réplicas de cinco. Pueden comparecer para responderlas quienes ocupen las Secretarías de Estado y las Subsecretarías. Al acabar el período de sesiones, las pendientes se tramitan como preguntas con respuesta por escrito, a contestar antes del siguiente período.

Artículo 190

La contestación por escrito a las preguntas debe darse dentro de los veinte días siguientes a su publicación, prorrogables, a petición motivada del Gobierno y por acuerdo de la Mesa del Congreso, por otro plazo de hasta veinte días más. Si el Gobierno no contesta en plazo, la Presidencia, a petición de quien preguntó, la incluye en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión competente, donde se trata como pregunta oral, y da cuenta al Gobierno.

Artículo 191

Artículo 192

La Presidencia de la Cámara puede acumular y ordenar que se debatan a la vez las interpelaciones o preguntas de un orden del día que traten del mismo tema o de temas conexos. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, puede declarar no admisibles a trámite las preguntas o interpelaciones cuyo texto incurra en los supuestos del número 1 del artículo 103 del Reglamento.

Artículo 193

Artículo 194

Las proposiciones no de ley se presentan por escrito a la Mesa del Congreso, que decide su admisibilidad, ordena en su caso su publicación y acuerda su tramitación ante el Pleno o la Comisión competente según la voluntad del Grupo proponente y la importancia del tema. Publicada, los Grupos pueden presentar enmiendas hasta seis horas antes de la sesión en que se debata. Su inclusión en el orden del día del Pleno sigue lo dispuesto para las interpelaciones en el apartado 2 del artículo 182.

Artículo 195

En el debate de una proposición no de ley interviene primero el grupo autor; después, un representante de cada grupo que haya presentado enmiendas y, a continuación, de los que no lo hayan hecho. Luego se vota la proposición con las enmiendas que acepte el proponente. La Presidencia de la Comisión o de la Cámara puede acumular a efectos de debate las proposiciones sobre un mismo tema o temas conexos.

Artículo 196

Cuando el Gobierno remite al Congreso una comunicación para su debate, en el Pleno o en Comisión, interviene primero un miembro del Gobierno y después puede hablar un miembro de cada grupo parlamentario, como máximo quince minutos. El Gobierno puede contestar de forma aislada, conjunta o agrupando por materias, y cada interviniente puede replicar como máximo diez minutos.

Artículo 197

Terminado el debate de una comunicación del Gobierno, se abre un plazo de treinta minutos para que los Grupos presenten ante la Mesa propuestas de resolución, que la Mesa admite si son congruentes con la materia. Cada propuesta admitida puede defenderse cinco minutos como máximo, y la Presidencia puede conceder un turno en contra por el mismo tiempo. Se votan por orden de presentación, salvo las que supongan el rechazo global de la comunicación, que se votan en primer lugar.

Artículo 198

Si el Gobierno remite un programa o plan pidiendo el pronunciamiento del Congreso, la Mesa lo envía a la Comisión competente. La Mesa de la Comisión organiza la tramitación y fija sus plazos; la Comisión designa, en su caso, una Ponencia. El debate en Comisión sigue lo previsto en el capítulo anterior, pero el plazo para presentar propuestas de resolución será de tres días si la Mesa del Congreso decidió que se debatan en el Pleno.

Artículo 199

El informe anual del Tribunal de Cuentas se tramita como los programas y planes del Gobierno (artículo anterior). Además, la Presidencia del Congreso, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, a petición de una Comisión, puede requerir al Tribunal de Cuentas, en los supuestos de su Ley Orgánica, para que remita informes, documentos o antecedentes sobre un asunto determinado.

Artículo 200

Recibido el informe anual o uno extraordinario del Defensor del Pueblo e incluido en el orden del día, la Defensora o Defensor expone oralmente un resumen ante el Pleno o, en su caso, ante la Diputación Permanente; después puede hablar un miembro de cada grupo, quince minutos como máximo. Diputados, grupos y Comisiones pueden pedir, por escrito motivado y a través de la Presidencia, que el Defensor investigue actos, resoluciones y conductas concretas de las Administraciones públicas que afecten a la ciudadanía.

Artículo 201

Los demás informes que, por disposición constitucional o legal, deban rendirse a las Cortes Generales o al Congreso siguen la tramitación de los artículos 196 y 197 del Reglamento, sin la intervención inicial del Gobierno. Según su naturaleza, pueden dar lugar o no a propuestas de resolución.

Artículo 202

Los miembros del Gobierno comparecen ante la Comisión correspondiente, a petición propia o cuando esta lo solicite, para celebrar una sesión informativa. Fases: exposición oral del Ministro o Ministra; suspensión de cuarenta y cinco minutos como máximo para que diputados y grupos preparen preguntas u observaciones; y contestación del miembro del Gobierno. Pueden comparecer asistidos de autoridades y personal funcionario de sus departamentos.

Artículo 203

Los miembros del Gobierno comparecen ante el Pleno o cualquier Comisión para informar sobre un asunto, a petición propia o por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces; la iniciativa de ese acuerdo corresponde a dos Grupos o a la quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión. Tras la exposición, cada Grupo interviene diez minutos y el Gobierno contesta sin votación. Excepcionalmente, la Presidencia, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta, puede abrir un turno de preguntas o aclaraciones de los diputados, fijando número o tiempo máximo.

Artículo 204

El Pleno acuerda las propuestas de los cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial y de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que corresponden al Congreso. Cada grupo propone hasta cuatro personas por institución e interviene cinco minutos como máximo; cada diputado escribe hasta cuatro nombres. Salen elegidas las cuatro más votadas que logren al menos tres quintos de los votos de los miembros del Congreso. Si no se cubren, hay votaciones sucesivas, con posible reducción de candidaturas; los empates se dirimen en otra votación.

Artículo 205

El sistema del artículo 204, adaptado a los puestos y requisitos legales, se aplica cuando una ley prevea la propuesta, aceptación o nombramiento de personas por mayoría cualificada del Congreso. Para las seis vocalías judiciales del Consejo: los candidatos, hasta treinta y seis, los presentan Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas según la Ley Orgánica del Poder Judicial; pasan directamente a votación del Pleno tras comprobar la Mesa los requisitos, sin comparecencia; los grupos explican su posición cinco minutos; cada miembro escribe hasta seis nombres.

Artículo 206

Si hay que elegir otras personas sin exigencia de mayoría cualificada, la elección se hace en la forma que proponga la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, y acepte el Pleno. Si la elección es directa por el Pleno, la propuesta de la Mesa debe contener una fórmula de sufragio restringido, en función del número de nombramientos y de la composición de la Cámara.

Artículo 207

Cuando el Congreso se disuelve o expira su mandato, caducan todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, salvo aquellos de los que, por la Constitución, deba conocer su Diputación Permanente.

Artículo 1

Tras las elecciones, los Senadores electos presentan en la Secretaría General de la Cámara la credencial expedida por la Junta Electoral Provincial; si sustituyen a otros que han cesado y ya terminó el mandato de esas Juntas, la expide la Junta Electoral Central. Los designados por las Comunidades Autónomas presentan credencial del órgano correspondiente de su Asamblea y, si su designación no coincide con la legislatura, nueva credencial o certificación tras las elecciones. Presentada la credencial, deben formular las declaraciones del artículo 26.

Artículo 2

El día que señale el Decreto de convocatoria de elecciones, dentro del plazo legal, los Senadores se reúnen en el Palacio del Senado en Junta Preparatoria. Preside quien figure primero en la lista de presentación de credenciales: abre la sesión, dispone que el Letrado Mayor lea la convocatoria y ordena dar cuenta de las impugnaciones contra la proclamación de Senadores, si las hay.

Artículo 3

Artículo 4

Tras formarse la Mesa de edad, el Senado se constituye definitivamente, salvo que las impugnaciones contra la proclamación de Senadores de elección directa afecten al 20 % o más de sus escaños: entonces la constitución es interina hasta que las impugnaciones resueltas confirmen al menos el 80 % de ellos. Constituido interinamente, solo examina incompatibilidades, salvo que se estime indispensable deliberar otro tema; esa iniciativa exige proposición de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores.

Artículo 4 bis

Elegida la Mesa de edad, los Senadores prestan juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Un Secretario de la Mesa de edad toma la declaración a su Presidente, y este a todos los Senadores, empezando por los Secretarios y siguiendo por orden alfabético. Se lee la fórmula «¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?» y cada Senador, ante la Presidencia, contesta «sí, juro» o «sí, prometo».

Artículo 5

En la sesión en que el Senado se constituya, interina o definitivamente, se elige la Mesa: Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios. Si la constitución fue interina, al constituirse definitivamente los miembros de la Mesa interina se entienden confirmados en sus cargos, salvo que al menos un Grupo parlamentario pida nuevas elecciones.

Artículo 6

Los cargos de la Mesa se eligen por papeletas. El Presidente lee antes los nombres de los candidatos y, en su caso, quién los propuso. Los Secretarios llaman a los Senadores, que depositan la papeleta en la urna tras comprobar los Letrados su identidad. Antes de concluir, el Presidente pregunta si queda alguien por votar. En el escrutinio, el Presidente o un Secretario extrae y lee en alta voz las papeletas, indicando votos en blanco y nulos.

Artículo 7

Para elegir al Presidente cada papeleta lleva un solo nombre y resulta elegido quien obtenga la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados hasta ese momento. Si nadie la alcanza, se repite la votación entre los empatados con más votos o, si no los hay, entre los dos más votados, y en esa segunda votación gana quien obtenga más votos.

Artículo 8

Los dos Vicepresidentes se eligen simultáneamente y cada Senador no puede escribir más de un nombre en la papeleta. Resultan elegidos, por orden correlativo, los dos que obtengan mayor número de votos. Si hay empate para alguna Vicepresidencia, se hacen nuevas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que uno consiga más que los restantes.

Artículo 9

Para elegir a los cuatro Secretarios, cada Senador escribe solo dos nombres en la papeleta y resultan elegidos, por orden de votos, los cuatro más votados. Si hay empate, se aplica respecto de los candidatos empatados lo previsto en el artículo 8.2: nuevas votaciones entre ellos hasta que uno obtenga más votos.

Artículo 10

Si una papeleta lleva más nombres de los necesarios, solo se computan, por su orden, los que correspondan según la elección y el resto se tiene por no escrito. La papeleta con menos nombres de los necesarios es válida. Es nula la que contenga nombres distintos a los propuestos o cualquier otra manifestación diversa.

Artículo 11

Artículo 11 bis

En su primera intervención ante el Pleno, el Presidente del Senado puede usar el castellano y las demás lenguas oficiales en alguna Comunidad Autónoma, conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía correspondiente. Si lo hace, el contenido de la intervención debe ser idéntico en las distintas lenguas.

Artículo 12

Para perfeccionar su condición, Senadores electos y designados deben: a) presentar la credencial en los treinta días siguientes a su expedición (la Cámara puede ampliarlo por enfermedad, imposibilidad física o circunstancias excepcionales); b) formular, junto con la credencial, las declaraciones del artículo 26; c) jurar o prometer acatar la Constitución en la constitución definitiva o, por enfermedad o imposibilidad física, en sesión posterior o por documento fehaciente en los tres meses siguientes a presentar la credencial. Sin ello no devengan derechos económicos ni ejercen funciones.

Artículo 13

Ya constituido definitivamente el Senado, si la incorporación de nuevos Senadores aumenta en más de un 15 % el número de miembros existentes, un Grupo parlamentario o veinticinco Senadores pueden pedir la elección de una nueva Mesa. La petición debe presentarse no más tarde de las cuarenta y ocho horas anteriores a la primera sesión plenaria del período de sesiones siguiente a aquel en que se produjo el aumento.

Artículo 14

Una vez constituido definitivamente el Senado, su Presidente lo comunica oficialmente al Rey, al Congreso de los Diputados y al Gobierno, y también a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Artículo 15

Artículo 16

La Comisión de Incompatibilidades emite en tres meses Dictamen sobre cada Senador (de lista si no propone incompatibilidad; individual en los demás casos). Los Senadores responden en un mes a sus requerimientos de documentación; si no, la Comisión puede dictaminar solo sobre quienes cumplieron, y el incumplimiento consta en el Dictamen y en su perfil web. Los Dictámenes van al Pleno; el afectado por uno individual interviene en el debate pero no vota. Las alteraciones de las declaraciones se comunican en treinta días.

Artículo 17

Artículo 18

Pérdida de la condición: anulación de la elección o proclamación por sentencia firme; inhabilitación absoluta o especial para cargo público; fallecimiento o resolución judicial sobre medidas de apoyo; pérdida de la elegibilidad; extinción del mandato (salvo Diputación Permanente, art. 46); en los designados, comunicación de su Asamblea; renuncia ante la Mesa; incompatibilidad declarada. Suspensión: disciplina parlamentaria; prisión provisional por auto de procesamiento o acto análogo mientras dure; sentencia firme condenatoria que lo comporte o impida temporalmente ejercer la función.

Artículo 19

Las vacantes que resulten de las causas del artículo anterior, de la nulidad de la elección o de cualquier otra causa se comunican a la Junta Electoral Central, al Gobierno o a la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma correspondiente, para que provean lo necesario para cubrirlas. No se puede renunciar al acta antes de que se haya resuelto sobre la validez de la elección.

Artículo 20

Los Senadores tienen el derecho y el deber de asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones de que formen parte, de votar en ellas y de desempeñar las funciones a que reglamentariamente estén obligados. Para presentar escritos en el Registro de la Cámara pueden usar cualquier lengua oficial en alguna Comunidad Autónoma, junto a su texto en castellano.

Artículo 20 bis

Los Senadores, previo conocimiento de su Grupo, pueden recabar datos, informes o documentos de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades. La solicitud va por la Presidencia del Senado; el requerido entrega o explica en máximo treinta días las razones jurídicas de la negativa. Si no responde, se entiende desestimada y cabe pedir a la Mesa que requiera su entrega en tres días improrrogables. Ante denegación o falta de entrega, en tres días puede pedirse a la Mesa que se pronuncie, que podrá pedir informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Artículo 21

Los Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo, y esta protección se mantiene aun después de haber cesado en su mandato.

Artículo 22

Durante su mandato los Senadores gozan de inmunidad: solo pueden ser detenidos en flagrante delito, comunicándose la detención a la Presidencia en 24 horas, y no pueden ser procesados sin suplicatorio autorizado por el Senado. La Mesa lo califica y la Comisión de Suplicatorios, en sesión secreta y oído el interesado, dictamina en máximo 30 días. El Pleno se informa en sesión secreta y el Presidente traslada el acuerdo al Tribunal Supremo en ocho días. Concedido y firme el procesamiento, la Cámara puede suspender al Senador por mayoría absoluta.

Artículo 23

Los Senadores tienen tratamiento de excelencia, vitalicio, y derecho a asignación, dietas e indemnizaciones por gastos necesarios. La Mesa del Senado fija modalidades, estructura y cuantía de sus percepciones y el régimen económico entre la disolución y la nueva constitución, dentro de las consignaciones presupuestarias. Se publican en la web y tributan con carácter general. El Senador que falte reiteradamente sin licencia de la Mesa puede ser privado de derechos económicos por uno o más meses, a propuesta de la Presidencia y por acuerdo de la Cámara por mayoría absoluta en sesión secreta.

Artículo 24

En territorio nacional, los Senadores tienen pase de libre circulación en los transportes colectivos que determine la Mesa o el pago, con cargo al Presupuesto de la Cámara, de sus gastos de viaje según las normas de la Mesa. Si por su dedicación causan baja en su régimen de Seguridad Social, pueden pedir nueva alta y el Senado abona las cotizaciones; también corren a su cargo las cuotas de Clases Pasivas y Mutualidades obligatorias. Un sistema de previsión contempla pensiones de retiro y otras prestaciones.

Artículo 25

Los Senadores pueden solicitar conocer las actas y documentos de los distintos órganos de la Cámara, con los límites previstos en el ordenamiento jurídico. Para denegarles ese conocimiento hace falta un acuerdo motivado de la Mesa.

Artículo 26

Con arreglo a los modelos que aprueben las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta, los Senadores deben formular declaración de actividades, de bienes patrimoniales y rentas y de intereses económicos. Se formulan al presentar la credencial y en los treinta días naturales siguientes a la pérdida de la condición o a la modificación de lo declarado. Se publican en la web del Senado, junto con las resoluciones de la Comisión de Incompatibilidades y del Pleno en esta materia.

Artículo 27

Cada Grupo parlamentario necesita al menos diez Senadores, y nadie puede estar en más de uno. Si durante la legislatura un Grupo baja de seis miembros, queda disuelto al final del período de sesiones en que ocurra. Quienes concurrieron por un mismo partido, federación, coalición o agrupación no pueden formar más de un Grupo, y su denominación debe ser conforme con la de las elecciones. Los Grupos tienen autonomía organizativa, usan las salas que asigne la Presidencia y reciben del Senado una aportación según sus componentes más un complemento fijo igual para todos, además de personal eventual.

Artículo 28

En cinco días hábiles desde la constitución del Senado, quienes quieran constituirse en Grupo parlamentario entregan en la Presidencia la relación nominal de sus miembros, firmada por todos, con la denominación del Grupo, el nombre de su Portavoz y, en su caso, de sus sustitutos. Para los Senadores elegidos por las Asambleas legislativas autonómicas, el plazo se cuenta, en su caso, desde la presentación de la última credencial. Las relaciones de componentes se hacen públicas.

Artículo 29

Los Senadores pueden incorporarse a cualquiera de los Grupos parlamentarios ya creados expresando su voluntad mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara. Ese escrito debe llevar el visto bueno del Portavoz del Grupo al que quieren incorporarse.

Artículo 30

Los Senadores que en los plazos del artículo 28 no se incorporen a un Grupo de denominación específica pasan al Grupo Mixto, que participa en la Cámara igual que los demás y comunica a la Mesa quiénes serán sus Portavoces. Quien por cualquier causa deje un Grupo de denominación específica se incorpora automáticamente al Mixto, salvo que en tres días se adscriba a otro Grupo ya constituido; el Portavoz del Mixto o el del otro Grupo da cuenta al Presidente.

Artículo 31

Si durante la legislatura cambia el número total de miembros de un Grupo parlamentario, su representación en las Comisiones y en la Diputación Permanente se ajusta, si es necesario, a la proporción que le corresponda en cada momento según su número de miembros. También se ajusta, si es necesario, el reparto de iniciativas parlamentarias y cuestiones administrativas que se distribuyan según la composición numérica de los Grupos.

Artículo 32

Dentro de los Grupos parlamentarios formados por Senadores elegidos en el territorio o designados por las Asambleas u órganos colegiados superiores de dos o más Comunidades Autónomas pueden constituirse Grupos territoriales; nadie puede estar en más de uno. Cada Grupo territorial necesita al menos tres Senadores elegidos en el territorio o designados por la Comunidad respectiva. Pueden intervenir en los casos y forma de los artículos 43 y 85.

Artículo 33

Quienes formen un Grupo territorial entregan en la Presidencia, a través de su Grupo parlamentario, la relación nominal de sus miembros. La firman todos sus componentes y el Portavoz del Grupo parlamentario al que están adscritos, e indica la denominación con referencia expresa al territorio y al partido, federación, coalición o agrupación, el nombre de su representante y, en su caso, de sus sustitutos.

Artículo 34

Artículo 35

La Mesa es el órgano rector del Senado y actúa bajo la autoridad y dirección de su Presidente. La asiste y asesora el Letrado Mayor, que es el Jefe de los Servicios y responde ante el Presidente de la Cámara.

Artículo 36

Corresponde a la Mesa: fijar el calendario de sesiones del Pleno y acordar con el Presidente el orden del día, oída la Junta de Portavoces; organizar las Comisiones; calificar los escritos parlamentarios y decidir su admisión y tramitación; el régimen y gobierno interiores; aprobar y controlar el Presupuesto; adaptar normas del ordenamiento a la Cámara; garantizar la transparencia; y lo demás que le atribuyan leyes y Reglamento. Contra la calificación que afecte a un Senador o Grupo cabe pedir reconsideración, resuelta por resolución motivada. Puede reunirse telemáticamente.

Artículo 37

El Presidente del Senado es Portavoz y representante nato de la Cámara; convoca y preside el Pleno, la Mesa, la Junta de Portavoces y la Diputación Permanente, y cualquier Comisión si lo considera conveniente; fija el orden del día del Pleno de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces; mantiene relaciones con el Gobierno; firma con un Secretario mensajes motivados y actas, y con un Vicepresidente las de la Junta de Portavoces; interpreta el Reglamento y suple sus lagunas de acuerdo con la Mesa de la Comisión del Reglamento; vela por su observancia y aplica la disciplina parlamentaria.

Artículo 38

El Presidente ejerce la autoridad suprema de la Cámara en el Palacio del Senado y en los demás edificios que dependen de él. Dicta las medidas necesarias para el buen orden dentro de su recinto y da las órdenes oportunas a los funcionarios y a los agentes del orden.

Artículo 39

El Presidente adopta las medidas necesarias frente a las personas del público que perturben de cualquier modo el orden en las tribunas o galerías. Además puede ordenar su expulsión en el acto y que los servicios de Seguridad de la Cámara levanten las oportunas diligencias por si los hechos pudieran constituir delito o falta.

Artículo 40

Los Vicepresidentes sustituyen al Presidente por su orden y ejercen sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad. Además, uno de los Vicepresidentes firma junto con el Presidente las actas de la Junta de Portavoces.

Artículo 41

Funciones de los Secretarios: uno de ellos, por su orden, firma con el Presidente las actas del Pleno, de la Mesa y de la Diputación Permanente; autorizan las comunicaciones y certificaciones oficiales que expida la Secretaría; uno firma con el Presidente los mensajes motivados del artículo 90.2 de la Constitución; asisten al Presidente para asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones; colaboran en los trabajos de la Cámara; y las demás que les encomienden el Presidente o la Mesa.

Artículo 42

Artículo 43

La integran el Presidente, que la convoca, preside y dirige, y los Portavoces de los Grupos parlamentarios o miembros en quienes deleguen, que pueden ir acompañados de otro miembro del Grupo sin voto. Pueden asistir los Vicepresidentes, un representante del Gobierno con quien le asista y hasta dos representantes de los Grupos territoriales de un mismo Grupo parlamentario, designados por su Portavoz; y, en asuntos que afecten especialmente a una Comunidad, los representantes de sus Grupos territoriales. Sus actas las firman el Presidente y un Vicepresidente.

Artículo 44

La Junta de Portavoces debe ser oída para fijar: el calendario de sesiones plenarias de cada periodo y sus modificaciones; el orden del día de los Plenos; los criterios para ordenar y facilitar los debates y tareas parlamentarias; y las normas interpretativas o supletorias que pueda dictar la Presidencia. También se la oye para incluir en el orden del día del Pleno las comparecencias del artículo 182.

Artículo 44 bis

A iniciativa de uno o varios Grupos parlamentarios, la Junta de Portavoces, por unanimidad, puede someter al Pleno propuestas de Declaración Institucional sobre asuntos de interés general. En la sesión plenaria, uno de los Secretarios lee la Declaración, sin debate ni votación.

Artículo 45

En cuanto la Cámara se constituya definitivamente, se constituye la Diputación Permanente, presidida por el Presidente del Senado y con un mínimo de veintiún miembros. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija su número total y su reparto entre los Grupos en proporción a sus integrantes. Cada Grupo designa sus titulares y otros tantos suplentes.

Artículo 46

Los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente conservan su condición de Senador, con todos sus derechos y prerrogativas, aun después de expirado su mandato o disuelto el Senado, y hasta que se reúna el nuevo Senado que resulte elegido.

Artículo 47

En su reunión constitutiva, la Diputación Permanente elige entre sus miembros dos Vicepresidentes y dos Secretarios, que con el Presidente del Senado forman su Mesa. La elección sigue el procedimiento del artículo 53.3. La constitución se comunica al Gobierno y al Congreso de los Diputados.

Artículo 48

La Diputación Permanente se reúne cuando el Presidente lo considere oportuno y, necesariamente, el día antes de la Junta Preparatoria, cuando lo pida el Gobierno o cuando lo solicite al menos una cuarta parte de sus miembros. Le corresponde acordar sesiones extraordinarias fuera del periodo ordinario, tramitar como proyectos de ley decretos convalidados por el Congreso si las Cortes están disueltas o expiradas y este lo acordó, y velar por los poderes de la Cámara cuando no esté reunida.

Artículo 49

Las Comisiones son Permanentes (Legislativas y no Legislativas) y de Investigación o Especiales. Son Legislativas la General de las Comunidades Autónomas, la General de las Entidades Locales y las que apruebe el Pleno por mayoría absoluta al inicio de cada legislatura. Son no Legislativas las impuestas por ley y las de Asuntos Iberoamericanos, Incompatibilidades, Nombramientos, Peticiones, Reglamento, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Suplicatorios y Vigilancia de las contrataciones. Las de Investigación o Especiales se crean para un objetivo determinado.

Artículo 50

Las Comisiones Permanentes, Legislativas y no Legislativas, se constituyen para una legislatura; las de Investigación o Especiales, hasta que acaben sus trabajos o concluya el plazo para el que se crearon. En estas últimas, a solicitud de la propia Comisión, el Pleno puede acordar modificar su objeto o prorrogar su duración hasta que concluyan sus trabajos.

Artículo 51

Las Comisiones se componen de miembros designados por los Grupos en proporción a su peso en la Cámara, con al menos un representante de cada Grupo. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija el número total y su reparto en su primera reunión de cada período de sesiones, según la composición de los Grupos el primer día. En las Comisiones Generales de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales cada Grupo designa el doble. No pueden estar en la Comisión de Incompatibilidades quienes puedan estar incursos en incompatibilidad ni quienes ocupen cargos de libre designación del Gobierno.

Artículo 52

Tras la constitución del Senado, o al crearse una nueva Comisión durante la Legislatura, los Grupos comunican por escrito, en el plazo que fije el Presidente, qué miembros integran cada Comisión. Los Senadores que lo soliciten pueden quedar adscritos a Comisiones de las que no son miembros para recibir convocatorias y documentación, salvo dos excepciones: no reciben las actas, y en Comisiones secretas o a puerta cerrada solo acceden a la documentación previa solicitud a la Mesa de la Cámara.

Artículo 53

Las Comisiones se constituyen dentro de los diez días siguientes al fin del plazo para designar a sus miembros. En su primera reunión eligen una Mesa con un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, con las mismas normas que la Mesa de la Cámara, salvo que para Secretarios se escribe un solo nombre en la papeleta. Si ningún Grupo se opone, la propuesta puede aprobarse por asentimiento, sin votación por papeletas, aunque pueden manifestarse las posiciones de voto.

Artículo 54

Artículo 55

La Mesa de la Comisión General de las Comunidades Autónomas la forman un Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios, elegidos con las mismas normas que la Mesa del Senado. Si ningún Grupo parlamentario se opone, la propuesta para cubrir los puestos puede aprobarse por asentimiento, sin votación por papeletas; aun así, pueden manifestarse las posiciones de voto.

Artículo 56

Funciones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas: estudios autonómicos; informar el contenido autonómico de iniciativas (en leyes, entre su publicación y el fin del plazo de enmiendas); convenios y acuerdos entre Comunidades; ser informada por el Gobierno; informar leyes marco, de transferencia, de armonización y medidas del art. 155.1 CE; Fondo de Compensación Interterritorial; secciones presupuestarias de financiación autonómica (informes a la Comisión de Presupuestos); iniciativa legislativa; informe anual al Presidente del Senado; mociones al Pleno.

Artículo 56 bis. 1

Los Senadores designados por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (art. 69.5 CE) y los Senadores de Ceuta y Melilla que no sean miembros de la Comisión General de las Comunidades Autónomas serán avisados con antelación de sus sesiones. Pueden asistir a ellas e inscribirse en el registro de oradores para intervenir en todos sus debates.

Artículo 56 ter

Notificado el acuerdo del Comité preparatorio sobre el orden del día de la siguiente Conferencia de Presidentes, dos grupos o veinticinco senadores pueden proponer, motivadamente, incluir un asunto. Publicada la propuesta, se abre un plazo no superior a quince días para otras sobre el mismo objeto. La Comisión General de las Comunidades Autónomas eleva al Pleno dictamen en cinco días. El Pleno debate (defensa, dos turnos a favor y dos en contra, Portavoces; máximo diez minutos cada turno) y vota; la aprobada se remite a la Presidencia del Gobierno.

Artículo 56 quater. 1

La Mesa de la Comisión General de las Entidades Locales está integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios, elegidos con las normas de la elección de la Mesa del Senado. Si ningún Grupo parlamentario se opone, la propuesta puede aprobarse por asentimiento sin votación por papeletas, y aun así pueden manifestarse las posiciones de voto.

Artículo 57

Las Comisiones mixtas Congreso-Senado se constituyen en los casos previstos en la Constitución y las leyes o cuando lo acuerden ambas Cámaras. Salvo que el acuerdo o disposición de creación diga otra cosa, su número de miembros lo fijan conjuntamente las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, con criterios de proporcionalidad según la composición de los Grupos parlamentarios de las dos Cámaras.

Artículo 58

Si la Mesa del Senado estima que dos o más Comisiones son competentes por la materia, constituye una Comisión con miembros de las afectadas; sus Vocales los designan proporcionalmente esas Comisiones, conforme al art. 51.1 y 2. Además, el Presidente del Senado puede convocar en sesión conjunta a dos Comisiones, previa solicitud de estas, si ambas quieren debatir a la vez un mismo asunto; las Comisiones deciden de común acuerdo quién preside y ocupa los demás puestos de la Mesa.

Artículo 59

El Senado, a propuesta del Gobierno o de veinticinco Senadores, puede crear Comisiones de Investigación o Especiales para estudiar cualquier asunto de interés público; se constituyen según el art. 52. Si la propuesta es de una Comisión Mixta Congreso-Senado, su constitución requiere la previa aprobación de ambas Cámaras, y si se presenta y aprueba en el Senado se da traslado inmediato al Congreso.

Artículo 60

Constituidas, las Comisiones de Investigación o Especiales aprueban un plan de trabajo e informan periódicamente a la Mesa. Cambiar el objeto de una de Investigación exige nuevo acuerdo del Pleno, a propuesta del mismo autor. Pueden requerir la comparecencia de cualquier persona, salvo Jueces y Magistrados por su actividad jurisdiccional. Sus conclusiones se publican salvo acuerdo contrario, y no vinculan a los Tribunales. El Informe puede debatirse en Pleno: presentación de cinco minutos, turno a favor y en contra y Portavoces, sin pasar de diez minutos.

Artículo 61

Las Comisiones se reúnen convocadas por su Presidente o el de la Cámara, de oficio o a petición de un tercio de sus miembros, de lunes a viernes, con antelación mínima de setenta y dos horas salvo urgencia justificada. La convocatoria precisa día, hora y orden del día. Pueden reunirse martes y jueves de semana plenaria si no coinciden con el Pleno, y los miércoles plenarios antes o después. Máximo tres sesiones por mañana o tarde, con preferencia para iniciativas legislativas y luego asuntos con autoridades. Las dudas y excepciones las resuelve el Presidente del Senado.

Artículo 62

Cada miembro de una Comisión puede ser sustituido en cada sesión por un Senador de su mismo Grupo; el nombre del suplente se notifica al Presidente de la Comisión. Además, los Portavoces de los Grupos pueden hacer sustituciones en las Comisiones comunicándolo con antelación al Presidente de la Cámara. El sustituto no ocupa el cargo que, en su caso, tuviera el sustituido en la Comisión.

Artículo 63

Cualquier Senador puede asistir a las sesiones de cualquier Comisión. Si no es miembro, asiste sin voto, pero tiene voz para defender una enmienda de Senador individual, formular una pregunta de la que sea autor o intervenir en una comparecencia acordada a su solicitud o en cualquier otra iniciativa propuesta por él.

Artículo 64

A las deliberaciones y votaciones de las Comisiones se aplican todos los preceptos que regulan la deliberación y el voto del Pleno del Senado, salvo que una disposición expresa del Reglamento las regule de forma distinta.

Artículo 64 bis

Las actas de las sesiones de las Comisiones y los acuerdos de las reuniones de sus Mesas con sus Portavoces se publican en la página web del Senado una vez aprobados. Las actas que queden sin aprobar por el fin de la Legislatura también se publican en la web, con la advertencia de esa circunstancia.

Artículo 65

Los Grupos pueden designar Ponentes entre los miembros de una Comisión para informar proyectos y proposiciones de ley; las Ponencias se ratifican en la sesión de la Comisión en que se dictamina la iniciativa, como punto previo del orden del día. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija cuántos Ponentes corresponden a cada Grupo, con al menos uno por Grupo. Las Ponencias deciden por voto ponderado, que exige que los Ponentes de un mismo Grupo voten igual; el empate supone rechazo.

Artículo 65 bis

Las Comisiones o el Pleno pueden crear Ponencias de estudio. Como máximo funcionan seis a la vez, y no puede constituirse otra en una Comisión hasta que concluya la anterior. Duran como máximo un año natural desde su constitución, con una sola prórroga de hasta un año autorizada por el Pleno. Las forman miembros de la Comisión, con al menos uno por Grupo. Su Informe se aprueba por voto ponderado y pasa a la Comisión y, en su caso, al Pleno. Los Grupos pueden proponer modificaciones y presentar votos particulares en veinticuatro horas.

Artículo 66

Las Comisiones, o sus Mesas por delegación, pueden acordar comparecencias de miembros del Gobierno y autoridades y funcionarios del Sector Público Estatal, de oficio o a solicitud de un Grupo; su presencia se recaba a través del Presidente del Senado. Están obligados a comparecer.Ministro: hasta cuarenta minutos; Portavoces de menor a mayor, empezando por el Mixto, hasta quince; contestación hasta treinta; si lo acuerda el Presidente, nuevo turno de cinco; cierre del Ministro, quince. Para otras autoridades fija los tiempos el Presidente de la Comisión, oída la Mesa.

Artículo 67

Las Comisiones, o sus Mesas por delegación, pueden acordar la comparecencia de personas particulares, de oficio o a solicitud de un Grupo, para informarse sobre asuntos de su competencia. No puede acordarse la de Jueces y Magistrados sobre hechos de su actividad jurisdiccional. La presencia se recaba a través del Presidente de la Comisión, y los tiempos los fija este, oída la Mesa. Las Comisiones pueden recabar, a través del Presidente del Senado, información y documentación del Gobierno y de autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 68

Los Letrados ejercen ante la Mesa de las Comisiones las mismas funciones que el Letrado Mayor, a quien representan, ejerce respecto de la Mesa del Senado. En las Ponencias prestan el asesoramiento jurídico y técnico necesario y redactan, según los criterios adoptados por ellas, sus informes y los dictámenes, recogiendo los acuerdos de la Comisión.

Artículo 69

El Senado se reúne cada año en el Palacio del Senado en dos períodos ordinarios de sesiones: de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Salvo que una ley o el Reglamento digan otra cosa, en el cómputo de días solo cuentan los hábiles, y los sábados se consideran hábiles a efectos parlamentarios. Si un plazo termina en día inhábil, se prorroga al siguiente hábil.

Artículo 70

El Pleno, las Comisiones y sus órganos pueden celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los Senadores. Las reuniones meramente organizativas de los órganos de las Comisiones fuera del período de sesiones no necesitan esa habilitación. La solicitud debe concretar el orden del día, y el Presidente debe convocar dentro de los diez días siguientes a su recepción. La sesión extraordinaria concluye al agotarse su orden del día.

Artículo 71

El orden del día del Pleno lo fija el Presidente del Senado de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces; el Gobierno puede incluir un solo asunto prioritario. El de las Comisiones lo fija su Presidente, oída su Mesa y atendiendo al programa de trabajos; un tercio de sus miembros puede incluir un asunto prioritario. El Presidente del Senado puede convocar Comisiones fijando su orden del día y convoca siempre las extraordinarias y las conjuntas. Iniciada la sesión, el orden del día solo cambia por mayoría de presentes, a propuesta del Presidente o de un Grupo.

Artículo 72

Las sesiones plenarias del Senado son públicas, salvo que, a petición razonada del Gobierno o de cincuenta Senadores, la mayoría absoluta de la Cámara acuerde lo contrario. Además, son secretas en los casos previstos en el propio Reglamento.

Artículo 73

Los representantes de los medios de comunicación social acreditados ante el Senado pueden asistir a las sesiones públicas en las condiciones que fije la Mesa de la Cámara y, en todo caso, desde los lugares que tengan asignados.

Artículo 74

El público que asiste a las sesiones del Senado debe abstenerse de cualquier manifestación de aprobación o de desaprobación, y tampoco puede comunicarse en el salón de sesiones con ningún Senador.

Artículo 75

Los medios de comunicación acreditados pueden asistir a las sesiones de las Comisiones. Son secretas, en todo caso, las sesiones o puntos que traten de incompatibilidades, suplicatorios y cuestiones personales de los Senadores: no tienen Diario de Sesiones, solo una reproducción escrita custodiada por la Secretaría General. Las Comisiones pueden reunirse a puerta cerrada en otros asuntos si lo acuerda la mayoría absoluta de sus miembros, con la misma publicidad restringida que las sesiones secretas.

Artículo 76

El Pleno del Senado celebra sus sesiones preferentemente de martes a jueves, salvo que, al fijarse el orden del día de la sesión plenaria, se acuerde que se celebre en otro día de la semana.

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

El Presidente abre la sesión con la fórmula «se abre la sesión» y la cierra con «se levanta la sesión». Carece de valor cualquier acto realizado antes de pronunciar la fórmula de apertura o después de pronunciar la de cierre.

Artículo 81

Artículo 82

El Pleno y las Comisiones, si están debidamente convocados, abren sus sesiones sea cual sea el número de Senadores presentes. Ello no afecta a lo que el Reglamento disponga sobre quórum y requisitos para adoptar acuerdos.

Artículo 83

Los miembros del Gobierno que no son Senadores pueden asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Pleno y de las Comisiones. Los Diputados pueden asistir sin voz ni voto a las sesiones del Pleno y de las Comisiones del Senado que no sean secretas, situándose en el lugar que señale la Presidencia.

Artículo 84

Todo Senador interviene tras pedir y obtener la palabra; los discursos son sin interrupción y dirigidos a la Cámara, y pueden ilustrarse con elementos gráficos, nunca con fines ajenos al debate ni para tapar el escudo de la tribuna. Pueden cederse turnos en el mismo sentido y sustituirse por otro del mismo Grupo, previa comunicación al Presidente. Solo el Presidente interrumpe, para llamar al orden o a la cuestión, y puede excluir del Diario expresiones impropias. El Gobierno interviene cuando lo pida, hasta diez minutos. En mociones del Pleno se admiten las lenguas cooficiales.

Artículo 85

En los debates del Pleno sobre cuestiones que afecten especialmente a una o más Comunidades Autónomas, el Presidente, de acuerdo con los Portavoces de los Grupos respectivos, amplía el número de turnos de Portavoces previsto en el Reglamento para que intervengan los representantes de los Grupos Territoriales afectados. Si es necesario, el Presidente puede limitar el número y la duración de esas intervenciones.

Artículo 86

En el Pleno y en las Comisiones, los Portavoces intervienen en orden inverso al número de miembros de sus Grupos, empezando por el Grupo Mixto. Para un debate concreto puede acordarse otro orden: en el Pleno, por la Mesa oída la Junta de Portavoces; en Comisión, por la Mesa de la Comisión.

Artículo 87

Artículo 88

Las alusiones solo permiten al Senador aludido, a juicio de la Presidencia, contestar sobre su persona o sus actos, sin entrar en el fondo y durante no más de cinco minutos. Se contesta en la misma sesión, o en la siguiente si el aludido no estaba presente. Si el aludido ha fallecido o no está presente, puede defenderlo cualquier Senador, con preferencia uno de su Grupo. Si se ofende la dignidad de un Grupo o de su partido, la Presidencia puede dar a un representante hasta tres minutos para contestar estrictamente a la alusión.

Artículo 89

Durante la discusión o antes de votar, cualquier Senador puede pedir que se lea cualquier documento que ayude a ilustrar el asunto que se trata. La Presidencia puede denegar o cortar las lecturas que considere inoportunas o dilatorias.

Artículo 90

En cualquier momento de la discusión un Senador puede pedir que se observe el Reglamento, citando los artículos cuya aplicación reclama. Esa petición no abre debate alguno y debe acatarse lo que resuelva la Presidencia a la vista de la alegación.

Artículo 91

Si el Presidente o cualquier otro miembro de la Mesa interviene en un debate, debe abandonar la Mesa y no puede volver a ocuparla hasta que haya concluido la discusión del tema de que se trate.

Artículo 92

La votación puede ser por asentimiento, ordinaria (electrónica o a mano alzada) o nominal (llamamiento, papeletas o electrónica). La Mesa puede autorizar el voto electrónico remoto en el Pleno, salvo en el asentimiento, por embarazo, maternidad o paternidad, salud, cuidado de familiares, viajes autorizados, citaciones judiciales, Plenos autonómicos u otras situaciones excepcionales, con solicitud acreditada. En supuestos extraordinarios, la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, puede extenderlo. El voto es personal e indelegable; durante las votaciones nadie entra ni sale.

Artículo 93

Salvo las mayorías especiales de la Constitución, las leyes orgánicas o el Reglamento para elegir personas, los acuerdos se adoptan por mayoría simple de presentes si lo está la mitad más uno de los miembros del órgano. Se presume el quórum, pero hay que comprobarlo si antes de votar lo pide un Grupo o diez Senadores en Pleno o cinco en Comisión. Cuentan como presentes los ausentes autorizados por la Mesa para votar. En mayorías cualificadas, el Presidente puede ordenar la comprobación, y si falta quórum puede aplazar la votación.

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

La votación nominal pública procede en el Pleno a petición de al menos cincuenta Senadores y en Comisión de al menos cinco miembros, y puede hacerse por llamamiento o electrónicamente. Por llamamiento, un Secretario llama por orden alfabético y cada Senador responde desde su escaño «sí», «no» o «abstención»; quien empieza se decide por sorteo y la Mesa vota la última. Si es electrónica, el Secretario da cuenta del sentido de su voto cuando le corresponda por llamamiento.

Artículo 97

La votación nominal es secreta si lo piden cincuenta Senadores en el Pleno o un tercio de los miembros en Comisión, y también en la designación de cargos que no se provean automáticamente según el Reglamento. Puede hacerse por papeletas o electrónicamente, garantizando la reserva de la identidad del votante y del sentido del voto. Con papeletas, un Secretario llama por orden alfabético, el primero se elige por sorteo y la Mesa vota la última.

Artículo 98

Si hay solicitudes contradictorias para que una votación sea pública o secreta, fuera de los supuestos del apartado segundo del artículo anterior, la Presidencia somete antes a votación, como cuestión incidental, qué procedimiento debe aplicarse.

Artículo 99

Artículo 100

Si hay empate, la votación se repite hasta dos veces y, si persiste, se entiende desechado el texto, dictamen, artículo, proposición o cuestión. En suplicatorios o calificación de la conducta de un Senador, el empate equivale a denegar el suplicatorio o a no reprobar. En Comisión no hay empate si, estando presentes todos sus miembros y votando igual los de cada Grupo, puede dirimirse ponderando los votos de cada Grupo en el Pleno; si no se cumplen esos requisitos, se aplica la regla general.

Artículo 101

El Presidente llama al orden a los Senadores que profieran palabras ofensivas al decoro de la Cámara, sus miembros, las instituciones del Estado u otras personas o entidades, o que falten a las normas de los debates. Tras tres llamadas al orden en una misma sesión, puede prohibirles, sin debate, asistir al resto de ella, y extenderlo a la siguiente; si reinciden, se propone a la Cámara una sanción más grave. Si el sancionado se niega a salir, el Presidente hace efectiva su expulsión y lo suspende hasta un mes como máximo.

Artículo 102

Los Senadores no pueden portar armas en el Palacio del Senado; quien lo haga puede ser suspendido por la Mesa hasta un mes. Quien exhiba o use un arma durante una sesión es expulsado en el acto y suspendido un mes como mínimo; la Cámara, a propuesta de la Mesa o de cincuenta Senadores, puede agravarlo hasta un año, en la sesión inmediata y previa audiencia ante la Mesa. Igual correctivo se impone a quien agreda a un Senador o a un miembro del Gobierno en sesión. Solo cabe un turno de defensa de diez minutos, en sesión secreta, y se pierde la retribución proporcional.

Artículo 103

Los Senadores serán llamados a la cuestión siempre que notoriamente estén fuera de ella. El artículo prevé dos supuestos: las digresiones extrañas al punto de que se trate y volver nuevamente sobre lo que ya estuviere discutido y aprobado. La llamada exige que el apartamiento de la cuestión sea notorio.

Artículo 104

Para facilitar el cumplimiento de los plazos del artículo 90.2 de la Constitución, el Presidente del Senado, por delegación de la Mesa, califica los proyectos y proposiciones de ley aprobados por el Congreso y remitidos al Senado, determina el procedimiento, los remite a la Comisión competente y ordena su publicación y la apertura del plazo de vetos y enmiendas. La documentación complementaria puede consultarse en la Secretaría General. La Mesa puede avocar esa delegación cuando sea necesario. Los procedimientos legislativos especiales se rigen por sus propias reglas.

Artículo 105

Artículo 106

El Senado dispone de dos meses, desde el día de la recepción del texto, para oponer su veto o introducir enmiendas mediante mensaje motivado. El plazo se refiere al período ordinario de sesiones; si termina en día inhábil se extiende al día hábil siguiente, y si concluye fuera del período se computan los días necesarios del siguiente. Cabe convocar sesiones extraordinarias. La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, puede modificar todos los plazos del procedimiento legislativo.

Artículo 107

Los Senadores o los Grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas o propuestas de veto en los diez días siguientes a la publicación del proyecto o proposición, plazo ampliable a petición de veinticinco Senadores por no más de cinco días. Deben ser escritas, justificadas y congruentes. Sin enmiendas o vetos, o sin aprobarse ninguno en Comisión, un Grupo puede pedir que pase al Pleno; si lo rechaza por mayoría absoluta en votación de totalidad, se entiende vetado. Si nadie lo pide en plazo, queda aprobado en los términos del Congreso.

Artículo 107 bis

La Mesa del Senado puede solicitar a otros órganos del Estado que elaboren informes sobre los proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. Para ello es necesaria la solicitud de un Grupo parlamentario: la petición de informes se hace a solicitud de un Grupo.

Artículo 108

Las proposiciones de ley de los Senadores van en texto articulado con exposición justificativa, suscritas por un Grupo o veinticinco Senadores (todos los del Grupo si este reúne distintas organizaciones políticas). La Mesa las califica y publica; se abre un plazo no superior a quince días para otras sobre el mismo objeto. En la toma en consideración, cada turno dura diez minutos como máximo. Aprobada, el Presidente la remite al Congreso. Ante demora injustificada, un Grupo o veinticinco Senadores pueden proponer un conflicto de atribuciones.

Artículo 109

Artículo 110

Recibido el texto legislativo por la Comisión competente, los Grupos parlamentarios pueden designar en cinco días, entre los miembros de la Comisión, una Ponencia que emita el Informe. La Ponencia se ratifica en la sesión de la Comisión que dictamine la iniciativa, como primer punto del orden del día. En su reunión pueden presentarse enmiendas transaccionales, propuestas de modificación y correcciones de errores técnicos, aritméticos, terminológicos o gramaticales; las correcciones aprobadas no se consideran enmienda a efectos del artículo 90.2 de la Constitución.

Artículo 111

Artículo 112

El informe de la Ponencia, con las enmiendas recibidas, se entrega al Presidente de la Comisión para que la convoque según el artículo 61; la Comisión debe reunirse en el plazo máximo de cinco días naturales. Con antelación suficiente, el informe queda a disposición de los Senadores en la Secretaría del Senado, y se remite a los miembros de la Comisión y a los Portavoces de los Grupos el informe y copia de las enmiendas y observaciones presentadas.

Artículo 113

La Comisión competente debe elaborar el Dictamen en los quince días siguientes a aquel en que finalice el plazo de la Ponencia para emitir su Informe, si se designó Ponencia; si no, el plazo se cuenta desde que finaliza el plazo de enmiendas. El Presidente del Senado, de acuerdo con la Mesa, puede ampliar o reducir ese plazo cuando lo aconseje el desarrollo del trabajo legislativo de la Cámara.

Artículo 114

En Comisión se debaten primero las propuestas de veto, por orden de Grupos de menor a mayor, anteponiendo las de Senadores (también de menor a mayor según su Grupo y empezando por el Grupo Mixto). Si se aprueba un veto, concluye el debate y se eleva al Pleno como Dictamen. Si no, se debaten las enmiendas por bloques, con un turno a favor y otro en contra de cada bloque, seguido de un turno de portavoces. Los tiempos los fijan los Presidentes de las Comisiones; el Presidente puede limitar intervenciones o, excepcionalmente, acordar otro orden de debate.

Artículo 115

En la sesión de Comisión, el Presidente puede admitir enmiendas transaccionales escritas, que sustituyen a las enmiendas en que se apoyan, deben ser congruentes con ellas y suscritas por sus autores. Contra su inadmisión cabe reconsideración ante la Mesa, y si esta la estima surte efectos en Pleno. Cualquier Grupo puede presentar por escrito correcciones de errores técnicos, aritméticos, terminológicos o gramaticales, que no son enmienda a efectos del artículo 90.2 CE. Caben propuestas de modificación sin apoyo en enmienda si las suscriben todos los Portavoces.

Artículo 116

Tras el debate se vota la propuesta de Informe de la Ponencia: aprobada, es el Dictamen; rechazada, el Presidente puede suspender la sesión para un nuevo texto. Si se rechaza o no hay acuerdo en plazo, se votan las enmiendas por Grupos de menor a mayor, primero las de Senadores individuales, salvo otro orden decidido por el Presidente de la Comisión; cabe votación separada en tres grupos. El Dictamen son las enmiendas aprobadas. Sin ninguna aprobada, el texto queda aprobado salvo solicitud de un Grupo conforme al artículo 107.3.

Artículo 117

Los Grupos o Senadores que defendieron vetos o enmiendas no aceptados por la Comisión pueden formular votos particulares y defenderlos ante el Pleno. Si la Comisión introduce enmiendas, transaccionales o propuestas de modificación del artículo 115, cabe voto particular para volver al texto remitido por el Congreso. El propósito de defender un voto particular se comunica por escrito al Presidente del Senado en las veinticuatro horas posteriores a la finalización de la sesión de la Comisión, salvo que su Presidente acuerde otro plazo por razones motivadas.

Artículo 118

Artículo 119

Desde el mismo día en que el Presidente del Senado convoca el Pleno, quedan a disposición de los Senadores en la Secretaría General de la Cámara los textos legislativos, los Dictámenes de las Comisiones y los votos particulares que se vayan a someter al Pleno.

Artículo 120

El debate en el Pleno empieza con la presentación del Dictamen por el representante que, en su caso, designe la Comisión, durante no más de cinco minutos. Si no hay propuestas de veto, hay debate de totalidad con un turno a favor y otro en contra y la intervención de los Portavoces que lo deseen, sin exceder cada intervención de diez minutos. El Presidente del Senado, oída la Junta de Portavoces, puede modificar los turnos y su duración.

Artículo 121

Si hay propuestas de veto, su autor (Senador o Portavoz del Grupo) las defiende en el Pleno durante no más de diez minutos: primero la aprobada por la Comisión y luego las demás de menor a mayor, anteponiendo las de Senadores individuales. Cabe un turno en contra de diez minutos tras cada defensa o uno único acumulado de diez minutos para todos los vetos, y después los Portavoces, no más de diez minutos. El debate de vetos excluye el de totalidad. Si el veto es el Dictamen, el Presidente, oída la Junta de Portavoces, puede votarlo antes de los votos particulares; si no, todo se vota al final.

Artículo 122

Aprobar una propuesta de veto exige el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores. También se entiende que el Senado veta un proyecto o proposición si, sometido a su consideración a solicitud de un Grupo parlamentario, lo rechaza por mayoría absoluta. En ambos casos, el Presidente del Senado declara que el Senado ha vetado el texto, da por concluido su debate y lo comunica a los Presidentes del Gobierno y del Congreso de los Diputados.

Artículo 123

Tras los vetos, los votos particulares se debaten por Grupos de menor a mayor, anteponiendo los de Senadores y empezando por el Grupo Mixto. Turno a favor: un minuto por enmienda, mínimo tres y máximo quince; turno en contra igual si es individual o, si es acumulado, la suma de los turnos a favor hasta quince minutos. Portavoces: hasta diez minutos con cien o más enmiendas, cinco con menos. Se votan enmiendas y vueltas al texto del Congreso, luego propuestas de modificación y correcciones, y al final lo enmendado en Comisión no afectado.

Artículo 124

Artículo 125

Durante la sesión plenaria pueden presentarse por escrito propuestas de modificación de los Dictámenes: si se apoyan en un voto particular, deben firmarlas la mayoría de los Portavoces que integren la mayoría de los Senadores, incluido el autor del voto; si no, la totalidad de los Portavoces. Deben ser congruentes. El Presidente del Senado las califica; la reconsideración ante la Mesa se pide por escrito y motivada, nunca verbalmente. Cualquier Grupo puede presentar correcciones de errores técnicos, aritméticos, terminológicos o gramaticales.

Artículo 126

Artículo 126 bis

Para la votación en Pleno, los Grupos pueden pedir votación separada de enmiendas, agrupadas solo en tres grupos: las que se voten a favor, las que se voten en contra y el resto. Ningún Grupo o Senador puede pedirla para sus propias enmiendas. La solicitud puede presentarse desde la convocatoria de la sesión plenaria hasta que se inicie en el Pleno el debate del proyecto o proposición. No cabe votar partes de enmiendas: se votan en su integridad.

Artículo 126 ter

Si el Senado veta, rechaza por mayoría absoluta conforme al artículo 107.3 o enmienda un texto, lo remite al Congreso a efectos del artículo 90.2 CE, comunicándolo al Gobierno. Si no veta, ni rechaza ni enmienda, o solo hace correcciones de error que no son enmienda, el texto queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales y se remite al Gobierno para cumplir el artículo 91 CE, comunicándolo al Congreso. Lo mismo ocurre si en el plazo de dos meses, o el aplicable, el Senado no ha hecho ninguna de esas actuaciones.

Artículo 127

El Gobierno puede retirar los proyectos de ley que haya presentado en cualquiera de las fases del procedimiento anteriores a su aprobación definitiva por la Cámara. La retirada la decide el propio Gobierno, y el límite temporal es la aprobación definitiva: antes de ella cabe en todas las fases.

Artículo 128

El Gobierno puede alegar, en los diez días siguientes a su publicación, que una proposición de ley o una enmienda es contraria a una delegación legislativa en vigor. Su propuesta, escrita y motivada, se publica de inmediato por orden de la Mesa y se incluye en el orden del día de la siguiente sesión plenaria. Se tramita como los conflictos entre órganos constitucionales del Estado y, hasta su resolución definitiva, quedan suspendidos los plazos del procedimiento legislativo.

Artículo 129

Si la naturaleza de un proyecto o proposición remitido por el Congreso lo aconseja o su simplicidad lo permite, el Pleno, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, puede acordar su tramitación en lectura única, tras un debate de totalidad con turnos de diez minutos. Solo caben propuestas de veto, en el plazo que señale la Mesa. Sin vetos, el debate tiene turnos de hasta diez minutos. Si se aprueba un veto o se rechaza el texto por mayoría absoluta, el Presidente declara el veto; si no, el texto queda definitivamente aprobado.

Artículo 130

El Senado puede acordar que un proyecto o proposición de ley lo apruebe la Comisión legislativa correspondiente, sin deliberación posterior en el Pleno. La propuesta puede venir de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores, y debe presentarse en los diez días siguientes a la publicación del texto. El Pleno, en la misma forma, puede decidir en cualquier momento volver al procedimiento ordinario.

Artículo 131

Aunque un proyecto o proposición se tramite con competencia legislativa delegada en la Comisión, si se presenta alguna propuesta de veto y la Comisión la aprueba, debe convocarse el Pleno del Senado para ratificarla o rechazarla. El veto aprobado en Comisión no tiene la última palabra en este procedimiento.

Artículo 132

En la tramitación con competencia legislativa delegada, la Comisión competente dispone, para deliberar y votar el texto, del período que quede hasta completar el plazo del artículo 106. Ese período se cuenta a partir de la recepción del texto legislativo por la Comisión. No se fija un plazo propio distinto: es lo que reste del plazo general.

Artículo 133

En los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso, el Senado dispone de veinte días naturales para ejercer sus facultades legislativas. La Mesa puede pedir los antecedentes necesarios para apreciar las razones de la urgencia. Además, la Mesa del Senado puede decidir aplicar el procedimiento de urgencia de oficio o a propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores.

Artículo 134

El plazo de veinte días naturales del procedimiento de urgencia se refiere al período ordinario de sesiones. Si concluyese fuera de él, se computan los días necesarios del siguiente período hasta completar los veinte días. Si el plazo acaba en día inhábil, se prorroga al día hábil siguiente.

Artículo 135

En urgencia, enmiendas y vetos se presentan en cuatro días desde la publicación, con una única prórroga de dos. Los Grupos pueden designar Ponencia en los dos días siguientes al fin de ese plazo; se ratifica como primer punto del orden del día de la Comisión y emite su Informe en cuatro días desde la conclusión del plazo de enmiendas. La Comisión dictamina en tres días desde el Informe o, sin Ponencia, en seis desde el fin del plazo de vetos y enmiendas. Los plazos son de días naturales y, si acaban en inhábil, se prorrogan al hábil siguiente.

Artículo 136

Cuando no sea aplicable el procedimiento de urgencia del artículo 133, la Mesa del Senado, a propuesta de la Junta de Portavoces, puede establecer que los proyectos legislativos se tramiten en el plazo de un mes. En ese caso se reducen a la mitad los plazos del procedimiento legislativo ordinario.

Artículo 137

Los convenios entre Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de sus servicios propios se comunican a las Cortes Generales con el carácter y efectos que fijen sus Estatutos. En los cinco días siguientes a la publicación del convenio y la comunicación, un Grupo o veinticinco Senadores pueden proponer que se decida si necesita autorización de las Cortes. La Comisión General de las Comunidades Autónomas eleva al Pleno dictamen en cinco días. La decisión se comunica inmediatamente al Congreso y a las Comunidades interesadas.

Artículo 138

Los proyectos de acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas se presentan ante el Senado y siguen el procedimiento legislativo ordinario con algunas especialidades. La Comisión General de las Comunidades Autónomas eleva al Pleno un dictamen razonado que propone conceder la autorización, denegarla u otorgarla con condicionamientos. Aprobado por el Pleno, el Presidente lo traslada al Congreso. Si las Cámaras no coinciden, se reúne la Comisión Mixta del artículo 74.2 CE, cuyos Senadores designa el Pleno en proporción a los Grupos; su texto se somete directamente a votación del Senado.

Artículo 139

En los convenios y acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas, la Comisión competente puede requerir a las Comunidades afectadas, a través del Presidente del Senado, para que en el plazo que se fije remitan antecedentes, datos y alegaciones y designen, si lo consideran procedente, a quienes las representen; esa representación puede recaer en un Senador.

Artículo 140

Los proyectos de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial se presentan ante el Senado y siguen el procedimiento legislativo ordinario, salvo lo previsto en el artículo 106 y concordantes y las reglas propias. La Comisión General de las Comunidades Autónomas elabora un dictamen con los criterios de distribución y la propuesta concreta de asignación entre Comunidades Autónomas y, en su caso, provincias y territorios no integrados en la organización provincial. Aprobado por el Pleno, se sigue lo previsto en los apartados 3 y siguientes del artículo 138.

Artículo 141

El Gobierno, la Comisión General de las Comunidades Autónomas o veinticinco Senadores pueden proponer al Senado que aprecie la necesidad de leyes estatales de armonización (art. 150.3 CE). Las propuestas indican la materia y llevan memoria justificativa; las de la Comisión se aprueban por mayoría simple a iniciativa de un Grupo o de al menos cinco de sus senadores. La Mesa las publica y las remite a la Comisión, que informa al Pleno en quince días. En el Pleno hay presentación del informe, defensa, turnos a favor y en contra y Portavoces, todos de diez minutos como máximo.

Artículo 142

Cuando las Cortes Generales ya han apreciado la necesidad de una ley de armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, los proyectos y proposiciones de esa ley se tramitan en el Senado conforme a las reglas generales del Reglamento, sin especialidades propias.

Artículo 143

Las Propuestas de reforma de Estatutos aprobadas por el Congreso siguen en el Senado el procedimiento ordinario con especialidades: calificación según el artículo 104 y remisión a la Comisión General de las Comunidades Autónomas; dos meses en período ordinario para vetar o enmendar; diez días para enmiendas y vetos, ampliables cinco a petición de 25 Senadores; sin enmiendas ni vetos, pasa directamente al Pleno. Cabe pedir la presencia de una delegación de la Asamblea proponente, que puede retirarla antes de la aprobación definitiva o del último pronunciamiento del Senado; cabe lectura única.

Artículo 144

Respecto de los Tratados y Convenios Internacionales que requieran autorización de las Cortes pueden presentarse propuestas de no ratificación, de aplazamiento o de reserva; el texto del Tratado no puede enmendarse. La no ratificación sigue lo dispuesto para las propuestas de veto. La reserva solo cabe si el Tratado la prevé o su contenido la admite, y la reserva y el aplazamiento siguen el régimen de las enmiendas. La Comisión competente eleva al Pleno una propuesta razonada sobre si debe concederse la autorización.

Artículo 145

Si el acuerdo del Senado sobre un Tratado o Convenio del artículo 94.1 de la Constitución difiere del adoptado antes por el Congreso, debe constituirse una Comisión mixta conforme al artículo 74.2 de la Constitución y al 57 del Reglamento. El texto que presente esa Comisión se somete directamente a votación del Pleno del Senado, y del acuerdo se da cuenta al Gobierno y al Congreso.

Artículo 146

Las comunicaciones del Gobierno sobre la conclusión de los Tratados y Convenios Internacionales del artículo 94.2 de la Constitución se remiten a las Comisiones competentes. Estas pueden, en su caso, informar al Pleno de la Cámara; no se prevé una votación de autorización.

Artículo 147

La Cámara, a propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores, puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si un Tratado o Convenio sometido a su consideración es contrario a la Constitución. Acordado el requerimiento, se suspende la tramitación hasta la decisión del Tribunal; si esta es negativa, el procedimiento continúa.

Artículo 148

La Ley de Presupuestos tiene preferencia en su tramitación sobre los demás trabajos de la Cámara. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, aprueba el calendario de su tramitación. El estudio y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sigue el procedimiento legislativo ordinario, salvo lo dispuesto en el capítulo del procedimiento presupuestario.

Artículo 149

La impugnación de una sección de los Presupuestos se formula mediante una propuesta de veto. Las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos que aumenten el crédito de algún concepto solo se admiten a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, proponen en la propia enmienda una baja de igual cuantía en la misma sección a la que se refieren.

Artículo 150

El debate del Presupuesto comprende el articulado y el estado de autorización de gastos, sin perjuicio de estudiar otros documentos que deban acompañarlo según la Ley General Presupuestaria. Concluido el plazo de vetos, estos se debaten y votan en sesión plenaria; si se aprueba alguno, termina la tramitación en el Senado. Si no, sigue en la Comisión competente, y su dictamen y los votos particulares mantenidos se debaten y votan en el Pleno.

Artículo 151

Las proposiciones de ley se remiten al Gobierno para que manifieste si acepta su tramitación cuando supongan aumento de créditos o disminución de ingresos; igual con las enmiendas, salvo en Presupuestos. Plazos de respuesta: diez días (proposiciones), cinco (enmiendas en procedimiento ordinario) y dos (urgencia); el silencio es conformidad. La disconformidad debe ser motivada. Con transaccionales y propuestas de modificación, el Gobierno se pronuncia antes de las últimas votaciones; en Comisión decide su admisión la Mesa de la Comisión y en el Pleno, la Mesa de la Cámara.

Artículo 152

Artículo 153

Una proposición de ley de reforma constitucional presentada en el Senado se somete a toma en consideración según el artículo 108. En todo caso, los plazos y el número y duración de los turnos de palabra los determina el Presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces.

Artículo 154

Recibido del Congreso un proyecto o proposición de reforma constitucional, la Mesa, o el Presidente por delegación, lo califica y admite, ordena su publicación, lo remite a la Comisión Constitucional y fija el plazo de enmiendas. Los Grupos pueden designar Ponencia. La Comisión Constitucional eleva su Dictamen al Pleno. Comisión y Ponencia observan los plazos fijados por la Presidencia, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces. El debate en Comisión sigue el procedimiento ordinario salvo que su Presidente acuerde otra cosa.

Artículo 155

En el Pleno, la reforma constitucional llegada del Congreso se debate así: el Senador designado por la Comisión presenta el Dictamen (no más de cinco minutos); siguen un turno a favor y otro en contra de diez minutos y la intervención de los Portavoces de los Grupos, también de diez minutos. La Presidencia, oída la Junta de Portavoces, puede ampliar los turnos. Después se debaten los votos particulares con las reglas del procedimiento legislativo ordinario, salvo que la Presidencia, oída la Junta, adopte otras.

Artículo 156

La reforma constitucional se aprueba en el Senado por tres quintos de Senadores en una votación final sobre el conjunto. Si el texto coincide con el del Congreso, se comunica a esa Cámara. Si difiere, el Senado elige a sus representantes en la Comisión Mixta paritaria, que elabora un texto común votado por ambas Cámaras; ese texto requiere también tres quintos. Si no se alcanzan, pero hay mayoría absoluta del Senado, el Presidente lo comunica al del Congreso a efectos del artículo 167.2 de la Constitución.

Artículo 157

Aprobada una reforma constitucional por las Cortes Generales, en los quince días siguientes una décima parte de los Senadores puede pedir, por escrito dirigido al Presidente del Senado, que se celebre un referéndum para ratificarla. El Presidente da traslado del escrito al Presidente del Gobierno para que se efectúe la convocatoria.

Artículo 158

Si la revisión es total o parcial y afecta al Título preliminar, a la sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, el proyecto o proposición va directamente al Pleno. Debate: un turno a favor y otro en contra de diez minutos y los portavoces que quieran, por el mismo tiempo, ampliable por la Presidencia oída la Junta. El principio de reforma exige dos tercios de Senadores; si se obtiene, el Presidente del Senado lo comunica al del Congreso y, acordada la disolución de las Cortes, al del Gobierno para convocar elecciones.

Artículo 159

Tras las elecciones, la nueva Cámara debe ratificar la reforma propuesta por mayoría absoluta de sus miembros. Después se abre plazo de enmiendas y se siguen los trámites de los artículos anteriores. La aprobación final de la reforma exige dos tercios del número de Senadores en una votación final sobre el conjunto del texto.

Artículo 160

Los Senadores pueden formular preguntas al Gobierno por escrito dirigido a la Presidencia. No se admiten las preguntas, escritas u orales, de exclusivo interés personal; las que sean una consulta estrictamente jurídica que requiera informe jurídico; las de materias ajenas a la competencia del Gobierno; las relativas a otro poder del Estado autónomo e independiente no sujeto a control parlamentario; las que sean una solicitud de informe del artículo 20.2; y las que atenten contra el decoro de la Cámara o la cortesía parlamentaria. La Mesa puede apreciar, excepcionalmente, otros supuestos.

Artículo 161

Si quien pregunta no indica cómo quiere la respuesta, se entiende que la pide por escrito. Si pide respuesta oral pero no especifica que sea en el Pleno, se entiende que se contestará en la Comisión competente por razón de la materia.

Artículo 162

Si se pide respuesta oral ante el Pleno, el escrito de la pregunta solo puede contener la escueta y estricta formulación de una sola cuestión. La Mesa, o los miembros de la Mesa en quienes delegue, califica el escrito y admite la pregunta si se ajusta a lo establecido en el capítulo.

Artículo 163

La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija cuántas preguntas van a cada Pleno, su reparto entre Grupos y el plazo de presentación en el Registro. En cada Grupo, el Portavoz decide la prioridad (si no indica otra cosa, orden de presentación). El Gobierno comunica, 48 horas antes como mínimo del plazo de presentación, qué Ministros no podrán asistir. Puede aplazar una respuesta motivadamente, dentro de un mes. Cabe sustituir preguntas por otras sobre acuerdos del Consejo de Ministros (antes de las veinte horas de ese día) o de especial actualidad (antes de las doce horas del lunes).

Artículo 164

Las preguntas las contesta el Presidente del Gobierno o un Ministro. El Presidente del Gobierno responde preguntas en el Pleno al menos una vez al mes en los periodos ordinarios de sesiones, salvo motivos justificados notificados a la Cámara. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, fija cuántas preguntas se le pueden dirigir en cada Pleno, su reparto entre Grupos y los tiempos de intervención.

Artículo 165

En cada sesión plenaria se dedican al menos sesenta minutos a las preguntas, salvo que el orden del día esté enteramente reservado a otros temas. Es un mínimo, no una duración fija.

Artículo 166

Artículo 167

Las preguntas orales en Pleno se formulan desde el escaño. El Senador formula escuetamente la pregunta, contesta el Gobierno, y caben réplica del Senador y dúplica del Gobierno. El Senador y el Ministro tienen cada uno tres minutos como máximo para sus dos turnos, sin que se apliquen los artículos 84.4 y 87.

Artículo 168

Las preguntas con respuesta oral en Comisión solo pueden contener la escueta formulación de una sola cuestión y pueden incluirse en el orden del día pasados siete días desde su publicación. El autor puede ser sustituido por otro Senador de su Grupo, comunicándolo por escrito a la Presidencia de la Comisión con la firma del Portavoz. Pueden responder los Secretarios de Estado, Subsecretarios y Secretarios Generales. Hay pregunta, respuesta, réplica y dúplica, con cinco minutos como máximo para cada uno en sus dos turnos.

Artículo 169

El Gobierno debe responder las preguntas escritas en veinte días desde su comunicación, prorrogables otros veinte si lo pide motivadamente y la Mesa lo acuerda. Si no responde a tiempo, el autor puede pedir que se convierta en pregunta oral en Comisión; la respuesta tardía no lo impide salvo que el Senador se dé por satisfecho y retire la solicitud. La Mesa determina la Comisión competente y, pasados siete días desde la publicación, la pregunta va a la primera sesión de esa Comisión a la que asista un alto cargo del Gobierno.

Artículo 170

Cualquier Senador puede interpelar al Gobierno, indicando de modo explícito el objeto de la interpelación. Se presenta por escrito dirigido al Presidente del Senado y debe versar sobre materias de la competencia del Gobierno. Se le aplican los criterios de inadmisión de preguntas del artículo 160.

Artículo 171

Artículo 172

La Mesa, oída la Junta de Portavoces, decide cuántas interpelaciones van al Pleno y su reparto entre los Senadores de cada Grupo, con criterio proporcional al tamaño de los Grupos y sin excluir nunca a ninguno. Las interpelaciones las contesta un Ministro. El Gobierno puede pedir motivadamente su aplazamiento por un mes como máximo, salvo que el autor acepte que se produzca más tarde.

Artículo 173

El Senador expone la interpelación y contesta el Ministro, con diez minutos como máximo cada uno. Después pueden volver a intervenir ambos por tres minutos como máximo cada uno. No más tarde del día siguiente al debate, el interpelante o su Grupo pueden presentar una moción consecuencia de interpelación, que debe ser congruente con ella.

Artículo 174

Las mociones pueden buscar que el Gobierno haga una declaración o remita a las Cortes un proyecto de ley sobre materia de su competencia, instar al Gobierno a adoptar medidas dentro de sus competencias, o que la Cámara declare sobre un asunto. No se admiten las que insten directamente a autoridades o Poderes no sujetos al control del Senado, las que pidan actuaciones a otros órganos o Poderes (incluidos los del Senado o el Congreso) sin respetar su autonomía, ni las contrarias a la Constitución y al ordenamiento. La Mesa puede apreciar otras causas de inadmisión.

Artículo 175

Las mociones las formulan los Grupos parlamentarios, aunque puedan nacer de la iniciativa de alguno de sus Senadores, por escrito a la Mesa y en el plazo que esta fije oída la Junta de Portavoces. La Mesa, oída la Junta, decide cuántas mociones van a cada Pleno y su reparto entre Grupos, de forma proporcional y sin excluir nunca a ninguno. Las mociones suscritas por todos los Grupos pueden incluirse en el orden del día al margen de esas reglas.

Artículo 176

Incluida una moción en el orden del día del Pleno, Senadores y Grupos pueden presentar enmiendas ante la Mesa hasta veinticuatro horas antes de la sesión; si es lunes o día posterior a festivo, el plazo acaba a la misma hora del último día hábil previo. Son de modificación, adición, supresión o sustitución y deben ser congruentes con la moción. Las califica la Mesa o la Presidencia por delegación; la reconsideración se pide en dos horas y la resuelve la Mesa antes de la sesión. La Presidencia puede modificar excepcionalmente estos plazos.

Artículo 176 bis

Debate de mociones en Pleno: primero un representante del Grupo firmante, siete minutos (si el firmante suscribe una enmienda a su moción, se entiende que la sustituye o se incorpora a ella); después los Grupos enmendantes, cinco minutos, por orden de presentación de las enmiendas; luego el autor de la moción acepta o rechaza las enmiendas en tres minutos, sin aceptación parcial; por último, los Portavoces que lo pidan, no más de cinco minutos.

Artículo 176 ter

Durante la sesión, los Grupos pueden presentar propuestas de modificación de la moción para alcanzar un acuerdo; su admisión exige el consentimiento del autor o autores de la moción. Se entregan a la Presidencia y las califica en el acto la Mesa o la Presidencia por delegación. La reconsideración de la inadmisión se pide por escrito y motivadamente, nunca de palabra. No dan lugar a debate. La moción se vota en sus términos, con las enmiendas aceptadas o según la propuesta admitida, y cabe votar por apartados si lo pide o acepta el Grupo autor.

Artículo 177

Las Comisiones pueden aprobar mociones, dentro de sus competencias y con las finalidades del artículo 174, presentadas por un Grupo o por cinco Senadores de la Comisión. El Presidente del Senado, de acuerdo con la Mesa, puede ordenar que el Pleno las ratifique. En Comisión, el número y reparto los fija el Presidente de la Comisión oída la Mesa, sin excluir a ningún Grupo; las enmiendas van desde la convocatoria hasta veinticuatro horas antes y las califica la Mesa de la Comisión; la reconsideración, en dos horas; los tiempos, el Presidente oída su Mesa.

Artículo 178

El Presidente de la Cámara informa de inmediato al Gobierno o al órgano correspondiente de la aprobación de las mociones de los apartados a) y d) del artículo 174. En los seis meses siguientes, el Gobierno o el órgano deben informar del cumplimiento dado, y ese informe lo publica la Cámara. Durante el primer mes hábil de cada período de sesiones, un miembro del Gobierno comparece ante la Comisión Constitucional para dar cuenta de esos informes, con tiempos fijados por el Presidente de la Comisión oída la Mesa.

Artículo 179

Artículo 180

Artículo 181

Artículo 182

El Presidente del Gobierno comparece ante el Pleno, a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, para informar sobre un asunto; la comparecencia la pueden pedir un Grupo o veinticinco senadores. Después intervienen los Grupos diez minutos (primero los solicitantes, de mayor a menor; luego el resto, de menor a mayor) y cabe réplica de hasta cinco. Los demás miembros del Gobierno comparecen con iguales requisitos: exposición hasta cuarenta minutos, Grupos diez, contestación hasta treinta, réplica de cinco y cierre de quince.

Artículo 182 bis

El Gobierno puede remitir comunicaciones e informes para su debate en el Senado. Tras la intervención de un miembro del Gobierno hay un turno a favor y otro en contra de diez minutos cada uno, y los Portavoces de los Grupos que lo deseen intervienen por el mismo tiempo. Del debate pueden derivarse mociones; la Mesa, oída la Junta de Portavoces, decide en qué sesión se tramitan y su procedimiento de debate y votación.

Artículo 183

Los informes que por imperativo legal deban someterse al Senado se tramitan y deliberan en la forma que disponga el Presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces.

Artículo 184

Para proponer, designar o elegir personas para cargos públicos, la Mesa abre plazo de candidaturas. Cada Grupo puede presentar como máximo tantos candidatos como puestos. La Mesa decide su admisión (si inadmite, el Grupo puede presentar otro) y remite las admitidas a la Comisión de Nombramientos. Para los seis Vocales judiciales del CGPJ presentan candidatos los Jueces y Magistrados (máximo treinta y seis), que van directamente al Pleno. Para los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, cada Asamblea Legislativa autonómica puede presentar hasta dos candidatos.

Artículo 185

La Comisión de Nombramientos la preside el Presidente del Senado y la forman los Portavoces de los Grupos, sustituibles por un Senador del mismo Grupo con escrito previo a la sesión. Decide por voto ponderado, también para el quórum. Comprobados los requisitos, puede acordar la comparecencia de los candidatos, por iniciativa propia o a petición de un Grupo. No se llevan al Pleno candidatos convocados que no comparezcan. La Comisión informa al Pleno sobre su idoneidad y la Presidencia puede proponer a la Mesa nuevos plazos de candidaturas.

Artículo 186

Un miembro de la Comisión de Nombramientos presenta el Informe en el Pleno (máximo cinco minutos) y hablan los Portavoces que quieran (máximo diez). Voto secreto, con tantos nombres como puestos. Nulos: nombres no propuestos por la Comisión o más nombres de los permitidos; en blanco: ningún nombre o todos los de una candidatura conjunta tachados. Salen elegidos los más votados que alcancen la mayoría exigida; si no, segunda votación y, si tampoco, la Mesa puede abrir nuevo plazo. El empate relevante se resuelve repitiendo la votación.

Artículo 187

Cuando el Tribunal Constitucional comunica al Senado el inicio de un proceso, la personación y las alegaciones las acuerda la Mesa de la Cámara, y la representación y defensa del Senado corresponden al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales. Si el proceso lo inicia la propia Cámara, el acuerdo del Pleno para plantearlo incluye ya la personación y las alegaciones por ese Cuerpo de Letrados.

Artículo 188

Para que el Pleno del Senado plantee un conflicto de atribuciones con otros órganos constitucionales del Estado, la propuesta debe presentarla un Grupo parlamentario o 25 Senadores, en texto escrito debidamente motivado.

Artículo 189

Si el Gobierno pide al Senado aprobar medidas del artículo 155.1 de la Constitución, presenta ante el Presidente un escrito con su contenido y alcance y la justificación del requerimiento al Presidente autonómico y de su incumplimiento. La Mesa lo remite a la Comisión General de las Comunidades Autónomas o constituye una Comisión conjunta. La Comisión, por medio del Presidente del Senado, pide antecedentes y alegaciones al Presidente autonómico y formula propuesta razonada. El Pleno la debate (dos turnos a favor y dos en contra de veinte minutos) y la aprueba por mayoría absoluta de Senadores.

Artículo 189 bis

Se incluyen siempre en el orden del día de la Conferencia de Presidentes los asuntos que pida la mayoría absoluta de los Senadores mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara.

Artículo 189 ter. Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia

La Memoria Anual del CGPJ sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia la remite la Mesa a la Comisión de Justicia. La presenta ante la Comisión el Presidente del CGPJ; después, los Portavoces disponen de diez minutos como máximo para preguntas u observaciones, que contesta el Presidente del CGPJ. Las mociones del artículo 174.1 c) sobre la Memoria deben respetar la independencia de la función jurisdiccional y se tramitan por los artículos 175 y siguientes. Los acuerdos del Pleno se comunican al CGPJ.

Artículo 189 quater. Informes del Defensor del Pueblo

Recibido un Informe del Defensor del Pueblo, anual o extraordinario, la Mesa lo remite a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. En el Pleno, el Defensor expone un resumen y, tras su ausencia, empiezan las deliberaciones: un representante de cada Grupo, de menor a mayor, interviene un máximo de diez minutos para fijar posición. Con este motivo no pueden presentarse mociones, sin perjuicio de las iniciativas reglamentarias que puedan proponerse.

Artículo 190

Las intervenciones y acuerdos de las sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente y de las Comisiones que no sean secretas ni a puerta cerrada se reproducen en el Diario de Sesiones, con constancia de las incidencias. Las Ponencias de Estudio pueden pedir a la Mesa la transcripción de sus sesiones. La Mesa puede acordar el régimen de publicidad de sus acuerdos y actas, la grabación de sus reuniones y la transcripción de intervenciones a requerimiento de los asistentes.

Artículo 191

Se publican, en la forma que disponga la Mesa del Senado, todas las iniciativas y expedientes parlamentarios y los demás textos cuya publicación exija el Reglamento. Si el autor presenta una iniciativa en castellano y además en una lengua oficial de una Comunidad Autónoma según la Constitución y su Estatuto, se publica también en esa lengua.

Artículo 192

Las peticiones que los españoles dirijan al Senado en ejercicio de su derecho de petición deben ajustarse a la forma y a los demás requisitos que establezca la ley. El artículo no fija esos requisitos: los remite a la ley.

Artículo 193

La Comisión de Peticiones examina las peticiones, individuales o colectivas, y tras deliberar puede: trasladarlas a la Comisión competente por la materia; trasladarlas a los Grupos para que promuevan alguna iniciativa; remitirlas, a través del Presidente del Senado, al Congreso, al Gobierno, a los Tribunales, al Ministerio Fiscal o a la autoridad territorial que corresponda (que informará de las medidas si se considera competente); o archivarlas sin más trámite. La Comisión o, en su defecto, cualquier Grupo puede elevar al Pleno una moción que asuma el contenido de una petición.

Artículo 194

Si las peticiones se admiten a trámite, los dictámenes de la Comisión se incluyen en alguna de las publicaciones oficiales de la Cámara. En todo caso, admitida o no la petición, la Comisión acusa recibo y comunica al peticionario el acuerdo adoptado.

Artículo 195

En cada período ordinario de sesiones, la Comisión de Peticiones informa al Senado de cuántas peticiones ha recibido, qué decidió y, en su caso, qué resolvieron las autoridades a las que las remitió. El Informe se publica y se considera en el Pleno sin votación: lo presenta el Senador que designe la Comisión (máximo cinco minutos) y después intervienen los Portavoces que lo pidan (máximo diez minutos), de menor a mayor.

Artículo 196

Las propuestas de reforma del Reglamento se presentan como las proposiciones de ley, pero sin remitirlas al Gobierno para su conformidad por aumento o disminución de créditos. Tomadas en consideración por el Pleno, van a la Comisión de Reglamento para dictamen, con posible Ponencia, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. El Pleno delibera sobre el Dictamen y los votos particulares igual que en ese procedimiento, y hay una votación final sobre la totalidad que exige mayoría absoluta de Senadores.

Artículo 1

En el marco de la Ley Orgánica 2/1982, la Ley 7/1988 tiene cuatro objetos: a) el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las atribuciones de sus órganos y el estatuto de sus miembros; b) los procedimientos de fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público y de las subvenciones, créditos, avales y otras ayudas que conceda; c) los procedimientos de enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes manejan caudales o efectos públicos; d) el Estatuto del Personal del Tribunal.

Artículo 2

Además de las de la Ley Orgánica 2/1982, el Presidente del Tribunal fija el orden del día del Pleno y de la Comisión de Gobierno; convoca pruebas selectivas; nombra al personal; ejerce la potestad disciplinaria por faltas graves; declara situaciones y jubilaciones; comunica las vacantes de Consejeros; ejerce la superior inspección; designa Consejeros para las Salas por rotación; nombra al personal eventual y dispone los gastos. Puede delegar en el Secretario general sus competencias de personal y contratación que no requieran autorización del Pleno o de la Comisión de Gobierno.

Artículo 3

El Pleno, además de lo que le atribuye la Ley Orgánica 2/1982, aprueba el programa anual de fiscalizaciones y lo eleva a la Comisión Mixta; acuerda iniciar fiscalizaciones; aprueba Informes, Mociones o Notas y los eleva; aprueba el anteproyecto de presupuesto; fija la organización departamental y crea Salas; dicta directrices técnicas; resuelve alzadas; elige y remueve al Secretario general, Interventor y Gabinete Técnico; incoa expedientes a Consejeros y conoce la recusación que afecte a todos o la mayoría de los Consejeros de una Sala.

Artículo 4

El Pleno se reúne, convocado por el Presidente con al menos cuarenta y ocho horas de antelación y con orden del día, una vez al mes como mínimo (salvo vacaciones), cuando el Presidente lo convoque con causa justificada o lo pidan tres miembros. Quórum: dos tercios de sus componentes; acuerdos por mayoría de asistentes salvo mayoría cualificada. Sin convocatoria vale si están todos y lo acuerdan por unanimidad. Fuera del orden del día solo con todos presentes y urgencia declarada por mayoría.

Artículo 5

Las deliberaciones del Pleno son reservadas y obligan a guardar secreto. Los Consejeros y el fiscal pueden hacer constar en acta su voto contrario y sus motivos si los aportan en los dos días siguientes al acuerdo; esos votos particulares escritos y motivados se incorporan a las Memorias, Informes, Mociones o Notas que se remitan. El Secretario general actúa como Secretario del Pleno con voz y sin voto (salvo lo previsto para la elección del Presidente) y redacta las actas.

Artículo 6

La Comisión de Gobierno, además de lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, mantiene relaciones con las Cortes a través de la Comisión Mixta; propone al Pleno la elección y remoción del Secretario general, Interventor y Director y adjuntos del Gabinete Técnico; aprueba bases y programas de pruebas selectivas; prepara el orden del día del Pleno; propone las relaciones de puestos; adscribe funcionarios; propone la contratación de expertos; ejerce facultades residuales de personal y autoriza contratos de más de cinco millones de pesetas o gastos no ordinarios.

Artículo 7

A la Comisión de Gobierno se le aplican las reglas del Pleno en cuatro aspectos: convocatoria, constitución, deliberaciones y levantamiento de actas. Así, su funcionamiento no tiene un régimen propio en esos puntos, sino que sigue el previsto para el Pleno.

Artículo 8

La Sección de Fiscalización ejerce las funciones de la Ley Orgánica 2/1982, examina los procedimientos de sus Departamentos sectoriales y territoriales y propone al Pleno los Informes, Mociones, Notas o medidas para las Cortes. La integran su Presidente y los Consejeros al frente de los Departamentos. Los sectoriales siguen, en lo posible, las grandes áreas de actividad económico-financiera, aunque las Entidades financieras, Sociedades estatales y Empresas públicas pueden adscribirse a uno o varios. Los territoriales fiscalizan Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Artículo 9

Los Departamentos sectoriales y territoriales de la Sección de Fiscalización verifican la contabilidad, examinan y comprueban las cuentas sometidas a fiscalización y tramitan los procedimientos fiscalizadores. Lo hacen conforme al plan de fiscalización aprobado, al que se unen las demás iniciativas de fiscalización, y conforme a las directrices técnicas que haya podido establecer el Pleno.

Artículo 10

La estructura interna de cada Departamento de la Sección de Fiscalización se adapta a las necesidades que en cada momento fije el Pleno del Tribunal. Se organiza en las unidades técnicas precisas para racionalizar y especializar el trabajo, dotadas de personal técnico, administrativo y auxiliar, y esas unidades pueden dividirse en otras subdivisiones según las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 11

La Sección de Enjuiciamiento la integran su Presidente y los Consejeros que conocen de los procedimientos jurisdiccionales en primera instancia o en las Salas. Cada Sala se compone del Presidente de la Sección y dos Consejeros, con uno o más Secretarios designados según el artículo 6, f), y el personal de Secretaría necesario. Existe una unidad administrativa para tramitar y vigilar las actuaciones instructoras previas en los procedimientos de reintegro por alcance.

Artículo 12

Además de sus funciones jurisdiccionales, la Sección de Enjuiciamiento prepara la Memoria de las actuaciones jurisdiccionales del ejercicio y la propone al Pleno; somete al Pleno las modificaciones de su estructura y la creación de nuevas Salas cuando el número de asuntos lo aconseje; y sienta los criterios de reparto de asuntos entre las Salas y entre sus Consejeros.

Artículo 13

Los Consejeros de Cuentas titulares de los Departamentos sectoriales y territoriales de la Sección de Fiscalización representan a su departamento ante los demás órganos del Tribunal; impulsan, dirigen, distribuyen, coordinan e inspeccionan el trabajo del Departamento; aprueban, rectifican o rechazan las propuestas de las unidades; y ejercen la potestad disciplinaria en los supuestos de faltas leves.

Artículo 14

Además de la competencia jurisdiccional del artículo 53, los Consejeros de Cuentas adscritos a la Sección de Enjuiciamiento ejercen la vigilancia e inspección de los procedimientos de su competencia y la potestad disciplinaria sobre el personal de la Sección en caso de faltas leves.

Artículo 15

En el ejercicio de la función jurisdiccional, los Consejeros del Tribunal de Cuentas deben abstenerse cuando concurra justa causa y, si no lo hacen, pueden ser recusados. Las causas son las de las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil, y el incidente de recusación se tramita según esas Leyes, con las especialidades de esta Ley sobre el órgano que lo conoce y falla.

Artículo 16

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeta siempre a legalidad e imparcialidad, según su legislación orgánica. En especial: dictamina por escrito las Cuentas Generales y las Memorias, Mociones y Notas; es oída en las fiscalizaciones antes de su aprobación definitiva y puede pedir diligencias; conoce todos los procedimientos fiscalizadores y jurisdiccionales; y ejercita la acción de responsabilidad contable en juicios de cuentas y reintegros por alcance.

Artículo 17

La Secretaría General ejerce las funciones de la Ley Orgánica 2/1982 y la gestión, tramitación, documentación y registro de los asuntos del Presidente, el Pleno y la Comisión de Gobierno. El Secretario General se elige entre los funcionarios de los apartados a), b) y c) del artículo 89.2. Se organiza en unidades para expedientes y asuntos generales, gubernativos y de personal, económicos y presupuestarios, inspección de servicios, compras, informática, Registro General, Archivo y Biblioteca.

Artículo 18

Artículo 19

Bajo la dependencia orgánica del Presidente existe un Gabinete Técnico de asesoramiento y apoyo al Presidente, a los órganos colegiados y a los Presidentes de Sección. Su Director y hasta tres adjuntos los elige y remueve libremente el Pleno entre juristas o economistas. Su estructura, personal y medios los decide el Pleno a propuesta de la Comisión de Gobierno, dentro del presupuesto. Si el Director y los adjuntos son funcionarios en activo, pasan a servicios especiales.

Artículo 20

El Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal de Cuentas, a cargo de un Letrado del Estado-Jefe y los Letrados que se determinen, ejerce las funciones de la Ley Orgánica 2/1982. Representa y defiende al Tribunal ante el Tribunal Constitucional y los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social, como para el Estado, pero las autorizaciones que precisaría del Gobierno las concede el Pleno. Emite informes en Derecho a petición del Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno y los Consejeros.