Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo

Artículo 20

Título Segundo. Del procedimiento›Capítulo Cuarto. Obligación de colaboración de los organismos requeridos

En pocas palabras

Si la queja afecta a la conducta del personal al servicio de la Administración en su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo. El afectado responde por escrito, con documentos y testimonios, en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable a instancia de parte por la mitad. El Defensor puede comprobar su veracidad y proponer una entrevista; quien se niegue puede ser requerido para justificarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la denuncia de hechos delictivos.

Explicación sencilla

Regula la investigación de quejas sobre la conducta de empleados públicos: a quién se informa, cómo y en qué plazo responde el afectado, la entrevista ampliatoria y el carácter reservado del testimonio, salvo lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Regla mnemotécnica

Diez y la mitad: al menos diez días para responder y, si la parte lo pide, prórroga por la mitad del concedido.

Trampa típica de examen

Tomar los diez días como plazo fijo: el artículo solo dice que el plazo fijado al afectado en ningún caso será inferior a diez días, prorrogable a instancia de parte por la mitad del concedido.

Texto del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/1981 (LODP)

Uno. Cuando la queja a investigar afectare a la conducta de las personas al servicio de la Administración, en relación con la función que desempeñan, el Defensor del Pueblo dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u Organismo de quien aquél dependiera. Dos. El afectado responderá por escrito, y con la aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportunos, en el plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será inferior a diez días, pudiendo ser prorrogado, a instancia de parte, por la mitad del concedido. Tres. El Defensor del Pueblo podrá comprobar la veracidad de los mismos y proponer al funcionario afectado una entrevista ampliatoria de datos. Los funcionarios que se negaren a ello podrán ser requeridos por aquél para que manifiesten por escrito las razones que justifiquen tal decisión. Cuatro. La información que en el curso de una investigación pueda aportar un funcionario a través de su testimonio personal tendrá el carácter de reservada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de hechos que pudiesen revestir carácter delictivo.

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