Tema 2 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026

Artículo 10. Dignidad de la persona

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Artículo 11. Nacionalidad española

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, y en esos mismos países los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen aunque no exista reciprocidad.

Artículo 12. Mayoría de edad

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13. Derechos de los extranjeros

Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo lo que por reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley y atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos del derecho de asilo.

Artículo 14. Igualdad ante la ley

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 15. Derecho a la vida

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte.

Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que el orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal; los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17. Derecho a la libertad y seguridad

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus.

Artículo 18. Intimidad, domicilio y comunicaciones

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.

Artículo 19. Libertad de residencia y circulación

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. También a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley, con un límite tajante: ese derecho no podrá limitarse por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20. Libertad de expresión e información

Se reconocen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. No podrá restringirse mediante censura previa.

Artículo 21. Derecho de reunión y manifestación

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y su ejercicio no necesita autorización previa. En las reuniones en lugares de tránsito público y en las manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

Artículo 22. Derecho de asociación

Se reconoce el derecho de asociación. Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Las constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23. Participación política y acceso a cargos públicos

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24. Tutela judicial efectiva

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Artículo 25. Principio de legalidad penal y sancionadora

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyeran delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente entonces. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados; el preso conserva los derechos fundamentales de este Capítulo salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Y la Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27. Derecho a la educación

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes.

Artículo 28. Libertad sindical y derecho de huelga

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar ese derecho a las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará sus peculiaridades para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y crear o afiliarse a organizaciones internacionales; y nadie puede ser obligado a afiliarse. Se reconoce además el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29. Derecho de petición

Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

Artículo 30. Deber de defender a España

Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares y regulará la objeción de conciencia. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Los ciudadanos podrán ser requeridos para colaborar en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32. Derecho al matrimonio

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34. Derecho de fundación

Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Rige también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35. Derecho y deber de trabajar

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36. Colegios profesionales

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37. Negociación colectiva y conflictos colectivos

La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, y la ley que lo regule incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38. Libertad de empresa

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Artículo 39. Protección de la familia y de la infancia

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y la protección integral de los hijos —iguales ante la ley con independencia de su filiación— y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales.

Artículo 40. Progreso social y económico y política de empleo

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica, y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Fomentarán además la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41. Seguridad Social

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42. Protección de los trabajadores españoles en el extranjero

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43. Protección de la salud

Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44. Acceso a la cultura y a la ciencia

Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes lo violen se establecerán sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46. Conservación del patrimonio histórico y cultural

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47. Derecho a una vivienda digna

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48. Participación de la juventud

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49. Atención a las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para ese ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social en entornos universalmente accesibles, y fomentarán la participación de sus organizaciones, atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50. Suficiencia económica de las personas mayores

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51. Defensa de los consumidores y usuarios

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. Promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles. Y la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52. Organizaciones profesionales

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 53. Garantías de los derechos y libertades

Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30. Los principios del Capítulo III informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.

Artículo 54. El Defensor del Pueblo

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título. A tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 55. Suspensión de derechos y libertades

Los derechos de los artículos 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2 podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de sitio; se exceptúa el artículo 17.3 en el estado de excepción. Además, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, puedan suspenderse los derechos de los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3 para personas determinadas en relación con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. El uso injustificado o abusivo de esas facultades producirá responsabilidad penal.

Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

Artículo 1

Procede declarar los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible mantener la normalidad con los poderes ordinarios de las Autoridades competentes. Medidas y duración: las estrictamente indispensables para restablecer la normalidad, aplicadas de forma proporcionada. Al finalizar su vigencia decaen las competencias sancionadoras y preventivas y las medidas concretas adoptadas, salvo las sanciones firmes. La declaración no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.

Artículo 2

La declaración de cualquiera de los tres estados se publica de inmediato en el «Boletín Oficial del Estado» y se difunde obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen. Entra en vigor desde el instante mismo de su publicación en el BOE. También son de difusión obligatoria las disposiciones que dicte la Autoridad competente durante la vigencia de cada estado.

Artículo 3

Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante los estados de alarma, excepción y sitio pueden impugnarse en vía jurisdiccional conforme a las leyes. Quien, por la aplicación de esos actos y disposiciones, sufra de forma directa, en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no le sean imputables tiene derecho a ser indemnizado de acuerdo con las leyes.

Artículo 4

El Gobierno, con base en el artículo 116.2 de la Constitución, puede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional ante: a) catástrofes, calamidades o desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, accidentes de gran magnitud); b) crisis sanitarias (epidemias, contaminación grave); c) paralización de servicios públicos esenciales, si no se garantizan los arts. 28.2 y 37.2 CE y concurre otra circunstancia del artículo; d) desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Artículo 5

Si los supuestos que permiten declarar el estado de alarma afectan exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de esa Comunidad puede solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma. La declaración no la hace él: solo puede pedirla.

Artículo 6

El estado de alarma se declara mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. El decreto fija el ámbito territorial, la duración y los efectos, y la duración no puede exceder de quince días. Solo puede prorrogarse con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en ese caso puede establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

Artículo 7

En el estado de alarma la Autoridad competente es el Gobierno. Cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad Autónoma, puede serlo, por delegación del Gobierno, el Presidente de esa Comunidad.

Artículo 8

El Gobierno da cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministra la información que le requiera. También le da cuenta de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con este.

Artículo 9

Declarada la alarma, las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado, los Cuerpos de Policía autonómicos y locales y los demás funcionarios y trabajadores a su servicio quedan bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en lo necesario para proteger personas, bienes y lugares, que puede imponerles servicios extraordinarios por duración o naturaleza. Si la Autoridad competente es un Presidente autonómico, puede requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actúan bajo sus mandos naturales.

Artículo 10

Incumplir o resistirse a las órdenes de la Autoridad competente durante la alarma se sanciona conforme a las leyes. Si lo hacen funcionarios, las Autoridades pueden suspenderlos de inmediato en sus cargos, pasar, en su caso, el tanto de culpa al juez y notificarlo al superior jerárquico para el expediente disciplinario. Si lo hacen Autoridades, la Autoridad competente puede asumir durante la vigencia las facultades de estas necesarias para cumplir las medidas acordadas.

Artículo 11

Además de lo previsto en el artículo 10, el decreto de declaración de alarma o los posteriores pueden: a) limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas a requisitos; b) practicar requisas temporales de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; c) intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales, salvo domicilios privados, dando cuenta a los Ministerios interesados; d) limitar o racionar servicios o artículos de primera necesidad; e) asegurar el abastecimiento.

Artículo 12

En los supuestos de las letras a) y b) del artículo 4, la Autoridad competente puede adoptar por sí, además de las demás medidas, las previstas en las normas sobre enfermedades infecciosas, medio ambiente, aguas e incendios forestales. En los de las letras c) y d), el Gobierno puede acordar la intervención de empresas o servicios y la movilización de su personal para asegurar su funcionamiento. Al personal movilizado se le aplica la normativa sobre movilización, que es siempre supletoria de este artículo.

Artículo 13

Si el ejercicio de derechos y libertades, el funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales u otro aspecto del orden público se alteran tan gravemente que no bastan las potestades ordinarias, el Gobierno puede pedir al Congreso autorización para declarar el estado de excepción. La solicitud debe recoger: efectos y derechos cuya suspensión se pide (solo los del art. 55.1 CE); medidas sobre esos derechos; ámbito territorial y duración, máximo treinta días; y cuantía máxima de las sanciones pecuniarias. El Congreso puede aprobarla tal cual o modificarla.

Artículo 14

Una vez obtenida la autorización del Congreso de los Diputados, el Gobierno declara el estado de excepción mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros, cuyo contenido ha de ser el autorizado por el Congreso.

Artículo 15

Durante el estado de excepción, si el Gobierno quiere adoptar medidas distintas de las del decreto, debe pedir autorización al Congreso de los Diputados por el mismo procedimiento. Puede poner fin al estado de excepción antes de tiempo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta inmediatamente al Congreso. Si persisten las circunstancias, puede solicitar al Congreso una prórroga de hasta treinta días.

Artículo 16

En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede detener a cualquier persona si lo considera necesario para conservar el orden, siempre que existan al menos fundadas sospechas de que vaya a provocar alteraciones del orden público. La detención no puede exceder de diez días y el detenido conserva los derechos del art. 17.3 CE. Debe comunicarse al juez competente en veinticuatro horas, y el Juez puede en todo momento requerir información y conocer la situación del detenido personalmente o por delegación en el Juez de Instrucción.

Artículo 17

Si la autorización del Congreso suspende el art. 18.2 CE, la Autoridad gubernativa puede ordenar inspecciones y registros domiciliarios para esclarecer hechos presuntamente delictivos o mantener el orden público. Los hace ella o sus agentes con orden formal y escrita. Pueden presenciarlos el titular o encargado o familiares mayores de edad y, en todo caso, dos vecinos de la casa o inmediaciones (o, en su defecto, del pueblo o limítrofes); su asistencia es obligatoria. Se levanta acta firmada y se comunica inmediatamente al Juez competente con copia del acta.

Artículo 18

Si la autorización del Congreso suspende el art. 18.3 CE, la autoridad gubernativa puede intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, pero solo si es necesario para esclarecer hechos presuntamente delictivos o mantener el orden público. La intervención se comunica inmediatamente al Juez competente por escrito motivado.

Artículo 19

Artículo 20

Si se suspende el art. 19 CE, la autoridad gubernativa puede prohibir la circulación de personas y vehículos en horas y lugares concretos, exigir que se acredite la identidad e indicar itinerarios, delimitar zonas de protección o seguridad y prohibir en ciertos lugares la presencia de personas que dificulten la acción de la fuerza pública. Puede exigir a personas concretas avisar con dos días de antelación de sus salidas de la localidad, desplazarlas o fijarles residencia, con fundados motivos por su peligrosidad, y debe proveer los recursos necesarios.

Artículo 21

Si la autorización del Congreso suspende el art. 20, apartados 1.a) y d) y 5, de la Constitución, la Autoridad gubernativa puede suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, y ordenar el secuestro de publicaciones. Estas potestades no pueden llevar aparejado ningún tipo de censura previa.

Artículo 22

Si se suspende el art. 21 CE, la autoridad gubernativa puede someter a autorización previa, prohibir o disolver reuniones y manifestaciones. No puede prohibir, disolver ni someter a autorización previa las reuniones orgánicas de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales realizadas para sus fines constitucionales y conforme a sus Estatutos. Para entrar en los locales de reunión sus agentes necesitan autorización formal y escrita, salvo alteraciones graves del orden público constitutivas de delito, agresiones a las Fuerzas de Seguridad u otros casos de flagrante delito.

Artículo 23

Si la autorización del Congreso comprende la suspensión de los arts. 28.2 y 37.2 de la Constitución, la Autoridad gubernativa puede prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo durante el estado de excepción.

Artículo 24

En el estado de excepción los extranjeros en España deben hacer las comparecencias que se acuerden, cumplir las normas sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y observar las demás formalidades. Quien las contravenga o actúe en connivencia con perturbadores puede ser expulsado, salvo indicios de delito, en cuyo caso se le somete a los procedimientos judiciales. Apátridas y refugiados no expulsables quedan bajo el régimen de los españoles. La expulsión exige una justificación sumaria previa.

Artículo 25

Artículo 26

En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan alterar el orden público o contribuir a ello y suspender temporalmente sus actividades, dando cuenta a los Ministerios interesados. También puede ordenar el cierre provisional de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales similares.

Artículo 27

En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede ordenar las medidas necesarias de vigilancia y protección de edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e industrias o explotaciones de cualquier género. Para ello puede situar puestos armados en los lugares más apropiados, sin perjuicio de lo establecido en el art. 18.1 de la Constitución.

Artículo 28

Cuando la alteración del orden público haya dado lugar a alguna de las circunstancias del artículo 4 o coincida con ellas, el Gobierno puede adoptar, además de las medidas propias del estado de excepción, las previstas en esta ley para el estado de alarma.

Artículo 29

Si durante el estado de excepción un funcionario o personal al servicio de una Administración pública o de una entidad o instituto público u oficial favorece con su conducta a los perturbadores del orden, la Autoridad gubernativa puede suspenderlo en su cargo, pasar el tanto de culpa al Juez competente y notificarlo al superior jerárquico para el expediente disciplinario.

Artículo 30

Si durante el estado de excepción el Juez aprecia hechos contrarios al orden público o a la seguridad ciudadana que puedan ser delito, oído el Ministerio Fiscal, decreta la prisión provisional del presunto responsable y la mantiene, según su arbitrio, durante ese estado. Los condenados en estos procedimientos no pueden beneficiarse de la remisión condicional mientras dure el estado de excepción.

Artículo 31

Cuando la declaración del estado de excepción afecta exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad Autónoma, la Autoridad gubernativa puede coordinar el ejercicio de sus competencias con el Gobierno de esa Comunidad.

Artículo 32

Ante una insurrección o acto de fuerza, producido o inminente, contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno puede proponer al Congreso la declaración del estado de sitio (art. 116.4 CE). La declaración fija ámbito territorial, duración y condiciones, y puede autorizar, además de lo previsto para alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías del detenido del art. 17.3 CE.

Artículo 33

Declarado el estado de sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa según el art. 97 CE, asume todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y en esta ley. Para ello designa la Autoridad militar que, bajo su dirección, ejecutará las medidas que procedan en el territorio afectado.

Artículo 34

Durante el estado de sitio la Autoridad militar publica y difunde los oportunos bandos, que contienen las medidas y prevenciones necesarias. Esos bandos deben ajustarse a la Constitución, a esta ley y a las condiciones de la declaración del estado de sitio.

Artículo 35

En la declaración del estado de sitio, el Congreso de los Diputados puede determinar qué delitos quedan sometidos a la Jurisdicción Militar mientras dure ese estado.

Artículo 36

Durante el estado de sitio las Autoridades civiles siguen ejerciendo las facultades que no se hayan conferido a la Autoridad militar conforme a esta ley. Además, deben dar a la Autoridad militar las informaciones que les solicite y todas las noticias sobre el orden público que conozcan.

Artículo 1

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, que lo designan, para defender los derechos del Título I de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejerce las funciones que le encomiendan la Constitución y esta Ley.

Artículo 2

Lo eligen las Cortes Generales por cinco años y se relaciona con ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Una Comisión Mixta Congreso-Senado propone candidato (acuerdos por mayoría simple). El Pleno del Congreso se convoca en no menos de diez días; hacen falta tres quintos del Congreso y ratificación por la misma mayoría del Senado en veinte días como máximo. Si no se logra, nuevas propuestas en un mes como máximo y basta tres quintos del Congreso más mayoría absoluta del Senado. La Comisión da conformidad previa a los adjuntos.

Artículo 3

Artículo 4

Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado». El Defensor toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

Artículo 5

Cesa por renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad sobrevenida, notoria negligencia en sus obligaciones o condena firme por delito doloso. La vacante la declara el Presidente del Congreso en muerte, renuncia y expiración del mandato; en los demás casos deciden tres quintos de los componentes de cada Cámara, con debate y previa audiencia del interesado. El nuevo nombramiento se inicia en no más de un mes. Mientras, sustituyen interinamente los Adjuntos, por su orden.

Artículo 6

El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad; actúa con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad por las opiniones y actos en ejercicio de su cargo. En los demás casos, mientras ejerza sus funciones, solo puede ser detenido o retenido en flagrante delito, y la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las mismas reglas se aplican a sus Adjuntos.

Artículo 7

Ser Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político o propaganda política, servicio activo en cualquier Administración, afiliación a partido o funciones directivas en partido, sindicato, asociación o fundación (y empleo en ellos), carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en la incompatibilidad dentro de los diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta. Si es sobrevenida, se entiende que renuncia desde que se produjo.

Artículo 8

El Defensor del Pueblo está auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en quienes puede delegar funciones y que lo sustituyen por su orden en imposibilidad temporal y cese. Los nombra y separa el propio Defensor, previa conformidad de las Cámaras en la forma que fijen sus Reglamentos. Su nombramiento se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y se les aplica lo dispuesto para el Defensor en los artículos tercero, sexto y séptimo.

Artículo 9

El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos, conforme al artículo 103.1 de la Constitución y al respeto de los derechos de su Título primero. Sus atribuciones alcanzan a ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas.

Artículo 10

Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin que impidan hacerlo la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento penitenciario o cualquier relación especial de sujeción o dependencia. Diputados y Senadores individualmente, ciertas comisiones y, principalmente, la Comisión Mixta pueden pedir su intervención mediante escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentarle quejas en asuntos de su competencia.

Artículo 11

La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpe cuando las Cortes Generales no están reunidas, han sido disueltas o ha expirado su mandato; en esos casos se dirige a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tampoco interrumpen su actividad, ni el derecho de los ciudadanos a acceder a él, los estados de excepción o de sitio, sin perjuicio del artículo 55 de la Constitución.

Artículo 12

El Defensor del Pueblo puede, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias que define esta Ley. Para ello, los órganos similares de las Comunidades Autónomas coordinan sus funciones con las suyas, y el Defensor puede solicitar su cooperación.

Artículo 13

Las quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia que reciba el Defensor del Pueblo debe dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o dar traslado de ellas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación. Puede, además, referirse al tema en su informe general a las Cortes Generales.

Artículo 14

El Defensor del Pueblo vela por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución también en el ámbito de la Administración Militar. Límite: su actuación no puede suponer una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.

Artículo 15

La queja se presenta firmada por el interesado, con su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos. Las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado, no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador y de toda queja se acusa recibo.

Artículo 16

La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no puede ser objeto de censura de ningún tipo. Tampoco pueden ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y esas personas.

Artículo 17

El Defensor registra y acusa recibo de las quejas, y las tramita o las rechaza; el rechazo, en escrito motivado, pudiendo informar de las vías oportunas. No examina quejas con resolución judicial pendiente y suspende el examen si se interpone demanda o recurso, aunque puede investigar los problemas generales planteados. Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el legítimo derecho de tercero. Sus decisiones no son recurribles.

Artículo 18

Admitida la queja, el Defensor promueve una investigación sumaria e informal y da cuenta de su contenido sustancial al Organismo o Dependencia procedente, para que su Jefe remita informe escrito en quince días como máximo, plazo ampliable a juicio del Defensor si hay circunstancias que lo aconsejen. La negativa o negligencia del funcionario o sus superiores a enviar el informe inicial puede calificarse de hostil y entorpecedora, hacerse pública de inmediato y destacarse en su informe anual o especial a las Cortes Generales.

Artículo 19

Todos los poderes públicos deben auxiliar al Defensor del Pueblo, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en un expediente de oficio, el Defensor, su Adjunto o la persona en quien delegue pueden personarse en cualquier centro de la Administración pública o afecto a un servicio público para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes. No puede negársele el acceso a ningún expediente o documentación relacionada, sin perjuicio del artículo veintidós.

Artículo 20

Si la queja afecta a la conducta del personal al servicio de la Administración en su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo. El afectado responde por escrito, con documentos y testimonios, en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable a instancia de parte por la mitad. El Defensor puede comprobar su veracidad y proponer una entrevista; quien se niegue puede ser requerido para justificarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la denuncia de hechos delictivos.

Artículo 21

Si el superior jerárquico u Organismo prohíbe al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo o entrevistarse con él, debe manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio Defensor. Desde entonces, el Defensor dirige cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias a ese superior jerárquico.

Artículo 22

El Defensor puede pedir a los poderes públicos todos los documentos necesarios, incluidos los secretos; su no remisión debe acordarla el Consejo de Ministros, con certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Investigaciones y trámites se hacen en la más absoluta reserva frente a particulares y organismos, sin perjuicio de lo que incluya en sus informes a las Cortes Generales. Si un documento secreto no remitido pudiera afectar de forma decisiva a la investigación, lo comunica a la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Artículo 23

Si las actuaciones revelan que la queja se originó presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo puede dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio. Con la misma fecha da traslado de ese escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.

Artículo 24

Artículo 25

Si el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones, conoce conductas o hechos presumiblemente delictivos, lo comunica de inmediato al Fiscal General del Estado. Este informa al Defensor periódicamente, o cuando lo solicite, del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia, y le comunica las posibles irregularidades administrativas que conozca el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 26

El Defensor del Pueblo puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso del ámbito local. No necesita en ningún caso la previa reclamación por escrito.

Artículo 27

Si el Defensor del Pueblo llama a informar a particulares que no han promovido la queja, los gastos que estos efectúen o los perjuicios materiales que se les causen serán correspondidos con cargo al presupuesto del Defensor del Pueblo, una vez justificados debidamente. No alcanza a quien promovió la queja.

Artículo 28

El Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración, pero puede sugerir que se modifiquen los criterios con que se dictaron. Si cumplir rigurosamente una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares con acto administrativo habilitante, puede instar a las autoridades administrativas competentes a ejercer sus potestades de inspección y sanción.

Artículo 29

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer dos recursos: el de inconstitucionalidad y el de amparo. Lo hace de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Artículo 30

Con ocasión de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo puede dirigir a autoridades y funcionarios advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias de nuevas medidas; estos deben responder por escrito en un mes como máximo. Si tras sus recomendaciones no hay medida adecuada ni se le dan razones, puede llevar antecedentes y recomendaciones al Ministro del Departamento o a la máxima autoridad de la Administración afectada; sin justificación adecuada, lo incluirá en su informe anual o especial con los nombres de los responsables.

Artículo 31

El Defensor del Pueblo informa al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión y de la respuesta de la Administración o funcionario, salvo que tengan carácter reservado o sean secretas. Si actuó a solicitud de un parlamentario o Comisión (apartado dos del artículo diez), les informa al término de sus investigaciones de los resultados y, si decide no intervenir, les informa razonando su desestimación. También comunica el resultado, positivo o negativo, a la autoridad, funcionario o dependencia afectados.

Artículo 32

El Defensor del Pueblo da cuenta cada año a las Cortes Generales de su gestión mediante un informe, que presenta cuando están reunidas en periodo ordinario de sesiones. Si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseja, puede presentar un informe extraordinario, que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si estas no estuvieran reunidas. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican.

Artículo 33

El informe anual recoge el número y tipo de quejas, las rechazadas y sus causas, las investigadas y su resultado, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones. No incluirá datos personales que permitan identificar públicamente a los interesados, sin perjuicio del artículo veinticuatro punto uno. Lleva un anexo para las Cortes Generales con la liquidación del presupuesto de la institución del periodo. Un resumen se expone oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras, y pueden intervenir los grupos parlamentarios para fijar su postura.

Artículo 34

El Defensor del Pueblo puede designar libremente a los asesores necesarios para ejercer sus funciones, pero debe hacerlo de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios.

Artículo 35

Quienes estén al servicio del Defensor del Pueblo, mientras permanezcan en él, se consideran personal al servicio de las Cortes. A los funcionarios que procedan de la Administración Pública se les reserva la plaza y el destino que tenían antes de su adscripción a la oficina del Defensor, y se les computa a todos los efectos el tiempo pasado en esa situación.

Artículo 36

Artículo 37