A2 · Bloque I · Organización del Estado y de la Administración Pública
Tema 1 del temario de Gestión de la Administración Civil del Estado 2026
La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La reforma de la Constitución.
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- Constitución Española · preámbulo, arts. 1–9, 166–169, DA 1.ª–4.ª, DT 1.ª–9.ª, DD 1.ª y DF 1.ª
- La Constitución de 1978 y el Estado autonómico · fichas 6–12
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En este tema: preámbulo, arts. 1–9, 166–169, DA 1.ª–4.ª, DT 1.ª–9.ª, DD 1.ª y DF 1.ª. Ver la norma
Preámbulo
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: garantizar la convivencia democrática; consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en sus derechos humanos, culturas, tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía; establecer una sociedad democrática avanzada; y colaborar con todos los pueblos de la Tierra.
Artículo 1. Estado social y democrático de Derecho
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Sus valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 2. Unidad y autonomía
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Artículo 3. Lenguas de España
El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las CCAA respectivas, de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza lingüística es patrimonio cultural.
Artículo 4. La bandera
La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Las CCAA podrán reconocer banderas propias, que se usarán junto a la de España.
Artículo 5. La capital
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Artículo 6. Partidos políticos
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.
Artículo 8. Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Artículo 9. Principios del art. 9.3
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 166. Iniciativa de reforma constitucional
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.
Artículo 167. Procedimiento ordinario de reforma
Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación por esa vía, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios. Aprobada por las Cortes, se someterá a referéndum de ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Artículo 168. Procedimiento agravado de reforma
Cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, se aprobará el principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y se disolverán inmediatamente las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y estudiar el nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación.
Artículo 169. Límite temporal a la reforma
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.
Disposición adicional primera
La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Si se actualiza con carácter general ese régimen foral, la actualización se hará, en su caso, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía: no fuera de ellos ni por encima de ellos.
Disposición adicional segunda
La mayoría de edad que declara el artículo 12 de la Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales, pero solo en el ámbito del Derecho privado. Es decir, la regla constitucional sobre la mayoría de edad convive con lo que los derechos forales amparen en materia de Derecho privado.
Disposición adicional tercera
Para modificar el régimen económico y fiscal del archipiélago canario hace falta un informe previo de la Comunidad Autónoma (o, en su caso, del órgano provisional autonómico, previsión pensada para el momento de aprobarse la Constitución). El dato clave: es un informe y es previo a la modificación.
Disposición adicional cuarta
Cuando en una Comunidad Autónoma tengan su sede más de una Audiencia Territorial, sus Estatutos de Autonomía podrán mantener las existentes y repartir entre ellas las competencias. Siempre de conformidad con la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este.
Disposición transitoria primera
Disposición de alcance histórico: en los territorios que, al aprobarse la Constitución, tenían un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores podían sustituir a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares en la iniciativa autonómica del artículo 143.2. Para ello necesitaban un acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.
Disposición transitoria segunda
Disposición de alcance histórico: se refería a los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y que, al promulgarse la Constitución, contaran con regímenes provisionales de autonomía. Podían proceder inmediatamente en la forma del artículo 148.2 si lo acordaban, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto se elaboraba según el artículo 151.2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.
Disposición transitoria tercera
Disposición de alcance histórico: la iniciativa del proceso autonómico que el artículo 143.2 atribuye a las Corporaciones locales o a sus miembros se entendió diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.
Disposición transitoria cuarta
Para que Navarra se incorpore al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la iniciativa no sigue el artículo 143: corresponde al Órgano Foral competente, que decide por mayoría de sus miembros, y debe ratificarse en referéndum aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si no prospera, solo puede reproducirse en distinto período del mandato del Órgano Foral y, en todo caso, transcurrido el plazo mínimo del artículo 143.
Disposición transitoria quinta
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si lo deciden sus Ayuntamientos, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, y lo autorizan las Cortes Generales mediante una ley orgánica, en los términos del artículo 144.
Disposición transitoria sexta
Disposición de alcance histórico: si se remitían varios proyectos de Estatuto a la Comisión Constitucional del Congreso, se dictaminaban por su orden de entrada en ella. El plazo de dos meses del artículo 151 empezaba a contar desde que la Comisión terminara el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente hubiera conocido.
Disposición transitoria séptima
Disposición de alcance histórico: los organismos provisionales autonómicos se consideraban disueltos en tres casos: a) una vez constituidos los órganos de los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a la Constitución; b) si la iniciativa autonómica no prosperaba por no cumplir los requisitos del artículo 143; c) si el organismo no había ejercido en el plazo de tres años el derecho que le reconocía la disposición transitoria primera.
Disposición transitoria octava
Disposición de alcance histórico: las Cámaras que aprobaron la Constitución asumieron las funciones del Congreso y del Senado, sin que su mandato pudiera ir más allá del 15 de junio de 1981. La promulgación de la Constitución abrió un período de treinta días para aplicar el artículo 99; en él, el entonces Presidente del Gobierno podía disolver (artículo 115) o dimitir y dar paso al artículo 99. Si había disolución sin ley electoral, se aplicaban las normas anteriores con las excepciones citadas.
Disposición transitoria novena
Disposición de alcance histórico: a los tres años de la primera elección de los miembros del Tribunal Constitucional se sorteó qué grupo de cuatro miembros de la misma procedencia cesaba y se renovaba. Solo a estos efectos se agruparon como de la misma procedencia los dos designados a propuesta del Gobierno y los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Tres años después se repitió entre los dos grupos no afectados por el primer sorteo; después, se aplica el artículo 159.3.
Disposición derogatoria única
La disposición derogatoria deroga la Ley 1/1977, para la Reforma Política, y las Leyes Fundamentales anteriores (Principios del Movimiento Nacional, Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo, Ley Constitutiva de las Cortes, Ley de Sucesión, Ley Orgánica del Estado y Ley de Referéndum Nacional). Considera definitivamente derogadas la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que afecte a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y la Ley de 21 de julio de 1876. Y deroga cuanto se oponga a la Constitución.
Disposición final única
La Constitución entra en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado; no hay periodo de vacatio. Además, se publicará también en las demás lenguas de España.
La Constitución de 1978 y el Estado autonómico
En este tema: fichas 6–12. Ver las fichas
Características generales: la «Constitución del consenso»
Rasgos según el Portal de la Constitución: nace de una reforma desde la legalidad anterior; es «la constitución del consenso»; proclama la soberanía del pueblo español; ninguna confesión es estatal; posición transaccional en libertad de enseñanza y de empresa; Monarquía parlamentaria; primera Constitución que menciona a los partidos; reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas. Cuatro reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3).
Valor normativo y supremacía de la Constitución
El artículo 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento y garantiza, según García de Enterría, su supremacía normativa y su carácter de «vinculación más fuerte». La fórmula «el resto del ordenamiento jurídico» la introdujo el Senado. Consecuencias de la supremacía: inconstitucionalidad de las normas contrarias, procedimiento especial de reforma e interpretación conforme. El TC la llama «norma suprema» (STC 16/1982) y «norma fundamental y fundamentadora» (STC 9/1981).
Alcance de la vinculación a la Constitución: poderes públicos, ciudadanos, jueces, valores
La vinculación a la Constitución no es igual para todos (STC 101/1983): los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de vulnerarla (sin perjuicio de deberes positivos como los de los arts. 30 y 31); los poderes públicos, además, un deber general positivo de actuar conforme a ella. El juez ordinario no puede inaplicar la ley, pero sí cuestionarla ante el TC (STC 17/1981). García de Enterría y Aragón defienden el valor jurídico directo de principios y valores; Sánchez Agesta, su eficacia solo interpretativa.
La fórmula del artículo 1.1 y el Estado de Derecho
El artículo 1.1 define a España como «Estado social y democrático de Derecho». Sus principios son supraprincipios o principios de principios (Santamaría). Para Garrorena, la fórmula es histórica e integradora; el orden histórico es Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social. Principios del Estado de Derecho: legalidad (9.1, 9.3 y 103.1), división de poderes, reserva de ley, tutela judicial (24) y responsabilidad administrativa (106). El TC ha basado en esta cláusula el cumplimiento y la motivación de las sentencias.
Los principios del artículo 9.3 en la jurisprudencia constitucional
Los principios del artículo 9.3 no son compartimentos estancos (STC 27/1981). Legalidad: «dogma básico de todo sistema democrático». Jerarquía: la Constitución en la cúspide. Publicidad: consecuencia ineluctable del Estado de derecho. Irretroactividad de lo sancionador desfavorable, que a contrario garantiza la retroactividad penal favorable. Seguridad jurídica: «suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad». Responsabilidad: excepto el Rey. Interdicción de la arbitrariedad.
El Estado democrático y la soberanía nacional
El Estado democrático se concreta en la participación del artículo 23. Indirecta: elegir representantes en elecciones periódicas por sufragio universal. Directa, con tres instrumentos: iniciativa legislativa popular (87.3), referéndum consultivo (92) y participación en la Administración de Justicia (125). También mediante partidos, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales y organizaciones de consumidores y profesionales. El 1.2 es una fórmula de compromiso entre soberanía nacional y popular; solo el pueblo español es soberano (STC 42/2014).
El Estado social y la igualdad material
El Estado social busca la «procura existencial» (Forsthoff): condiciones económicas y sociales mínimas promovidas por el intervencionismo estatal, que defendió Heller desde los años 20. Se manifiesta en el 9.2 (promover libertad e igualdad reales y efectivas, remover obstáculos, facilitar la participación), en el capítulo III del título I y en el título VII. Precedentes: arts. 46-48 de la Constitución de 1931 y 3.2 de la italiana. El 14 recoge la igualdad formal y el 9.2 la material; no discrimina favorecer a colectivos preteridos (STC 216/1991).
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