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La Constitución de 1978 y el Estado autonómico
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Crear cuenta gratisResumen
La transición partió de la legalidad anterior: las Cortes Españolas aprobaron la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976; se ratificó en referéndum el 15 de diciembre de 1976 (más del 94 % de votos afirmativos, con más del 77 % del electorado votando) y se publicó en el BOE el 5 de enero de 1977. Bases: soberanía popular y supremacía de la ley; Cortes bicamerales por sufragio universal, directo y secreto, proporcional en el Congreso y mayoritario en el Senado; 350 diputados y 207 senadores electos más 41 de designación real; procedimiento de reforma constitucional.
Explicación sencilla
Sitúa el punto de partida del proceso constituyente: según el Portal de la Constitución, el nuevo sistema democrático se estableció partiendo de la legalidad anterior y con sus instrumentos, y no sobre los escombros del sistema precedente, como había sido habitual.
Regla mnemotécnica
Tres meses seguidos: 18 de noviembre aprueban las Cortes, 15 de diciembre vota el pueblo, 5 de enero sale en el BOE. Y en las Cámaras, Proporcional el Congreso, Mayoritario el Senado: «P» antes que «M», igual que Congreso antes que Senado.
⚠️ Truco / trampa típica
Invertir los sistemas electorales: la Ley para la Reforma Política fijó sistema proporcional para el Congreso y mayoritario para el Senado, no al revés.
Don Juan Carlos de Borbón inició su reinado dentro del sistema de las llamadas Leyes Fundamentales del régimen anterior, que incluían la posibilidad de su modificación. Eso permitió establecer el nuevo sistema democrático partiendo de la legalidad anterior y valiéndose de sus instrumentos, como las Cortes Españolas, que el 18 de noviembre de 1976 aprobaron la Ley para la Reforma Política, inicio del proceso que culminaría en la Constitución de 1978. El Portal de la Constitución lo presenta como una novedad respecto de un pasado en el que las constituciones se establecían habitualmente sobre los escombros del sistema precedente. Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno el 3 de julio de 1976; su programa, presentado el 16 de julio, se comprometía a celebrar elecciones democráticas antes del 30 de junio de 1977. El Proyecto de Ley para la Reforma Política fue ratificado en referéndum nacional el 15 de diciembre de 1976 (convocado por el Real Decreto 2635/1976), con el voto afirmativo de más del 94 por ciento de los votantes, que eran más del 77 por ciento del electorado. La Ley se publicó en el BOE el 5 de enero de 1977. La Ley definió el nuevo sistema sobre la base de: - la soberanía popular y la supremacía de la ley; - unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado) elegidas por sufragio universal, directo y secreto, con sistema proporcional para el Congreso y mayoritario para el Senado; - un Congreso de 350 diputados y un Senado de 207 senadores electos más 41 de designación real; - un procedimiento de reforma constitucional. (Congreso de los Diputados, Portal de la Constitución: «Constitución de 1978» y «Las Cortes Constituyentes».)
Contrastada con: constitucion.congreso.es · constitucion.congreso.es
Resumen
Antes de las elecciones, el Real 12/1977 reguló la asociación política y el Real Decreto-ley 20/1977 aprobó las normas electorales. Convocadas por el Real Decreto 679/1977, se celebraron el 15 de junio de 1977 (586 candidaturas, participación del 79 %). Congreso: UCD 165 escaños y PSOE 103. Senado: UCD 106 y PSOE 35. Las Cámaras se reunieron por primera vez el 13 de julio (Junta Preparatoria), pero la Legislatura Constituyente comenzó oficialmente el 22 de julio de 1977, en sesión conjunta ante los Reyes.
Explicación sencilla
Estas fueron las Cortes que debatieron y aprobaron la Constitución, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Conviene distinguir las fechas de convocatoria, elección, primera reunión y comienzo oficial de la Legislatura Constituyente.
Regla mnemotécnica
13 de julio se sientan, 22 de julio empiezan: primero la Junta Preparatoria, después la sesión conjunta ante los Reyes.
⚠️ Truco / trampa típica
Tomar el 13 de julio de 1977 (primera ocupación de escaños, Junta Preparatoria) como comienzo oficial de la Legislatura Constituyente, que fue el 22 de julio.
Antes de las elecciones, el Real Decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero, reguló el derecho de asociación política conforme al principio de libertad, lo que permitió legalizar diversas formaciones políticas, y el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, aprobó las normas electorales. Las elecciones generales se convocaron por el Real Decreto 679/1977, de 15 de abril; concurrieron 586 candidaturas, con casi 6.000 candidatos a ambas Cámaras, y se celebraron el 15 de junio de 1977 con una participación del 79 por ciento del electorado. En el Congreso de los Diputados (350 escaños) los resultados principales fueron: - Unión de Centro Democrático: 6.309.517 votos (34,52 %) y 165 escaños; - Partido Socialista Obrero Español: 4.467.745 votos (24,44 %) y 103 escaños; - Alianza Popular: 16 escaños; Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE): 15; Partido Comunista de España: 12; Pacte Democrátic per Catalunya: 11; Partido Nacionalista Vasco y PSUC: 8 cada uno; PSP-US: 6. En el Senado (207 senadores electos) UCD obtuvo 106 escaños y el PSOE 35. Los diputados y senadores ocuparon sus escaños por primera vez el 13 de julio de 1977 para la Junta Preparatoria y la constitución interina de las Cámaras, pero la Legislatura Constituyente comenzó oficialmente el 22 de julio, con la sesión conjunta del Congreso y del Senado en presencia de los Reyes. Estas fueron las Cortes que debatieron y aprobaron la Constitución, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. (Congreso de los Diputados, Portal de la Constitución, «Las Cortes Constituyentes».)
Contrastada con: constitucion.congreso.es
Resumen
El 26 de julio de 1977 el Pleno del Congreso creó una Comisión Constitucional, constituida el 1 de agosto, que designó una Ponencia de siete diputados, los «Padres de la Constitución»: Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez-Llorca (UCD), Peces-Barba (Socialista), Fraga (AP), Solé Tura (Comunista) y Roca (Minoría Catalana). Celebró 29 sesiones reservadas; el anteproyecto se publicó el 5 de enero de 1978 y recibió más de 3.000 enmiendas. El Pleno aprobó el texto el 21 de julio de 1978 (258 a favor, 2 en contra, 14 abstenciones).
Explicación sencilla
Describe la primera fase del proceso constituyente, la del Congreso, que ejerció la iniciativa constitucional que le daba la Ley para la Reforma Política: Ponencia, Comisión y Pleno, con sus fechas y votaciones.
Regla mnemotécnica
3-1-1-1-1: tres de UCD y uno por cada uno de los demás (Socialista, AP, Comunista, Minoría Catalana) suman los siete ponentes.
⚠️ Truco / trampa típica
Atribuir a un ponente el grupo de otro: Solé Tura fue el ponente del Grupo Comunista y Roca Junyent el de la Minoría Catalana; por el Grupo Socialista estuvo Peces-Barba.
Tras las elecciones de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa constitucional que le daba el artículo 3.º de la Ley para la Reforma Política: el 26 de julio de 1977 el Pleno aprobó una moción que creaba una Comisión Constitucional encargada de redactar un proyecto de Constitución. La Comisión se constituyó el 1 de agosto de 1977 y designó la Ponencia que redactaría el anteproyecto, formada por siete diputados, conocidos popularmente como los «Padres de la Constitución»: - por UCD, Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo; - por el Grupo Socialista, Gregorio Peces-Barba Martínez; - por Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne; - por el Grupo Comunista, Jordi Solé Tura; - por la Minoría Catalana, Miquel Roca Junyent. La Ponencia celebró 29 sesiones entre agosto y diciembre de 1977; por su carácter reservado no hay versión oficial de sus reuniones (la Revista de las Cortes Generales, núm. 2, 1984, publicó minutas y actas). El anteproyecto se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de 1978; las enmiendas superaron las 3.000, en 779 escritos, y el Informe de la Ponencia se publicó el 17 de abril de 1978. La Comisión, que había pasado a llamarse de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, debatió el informe en veinticuatro sesiones en mayo y junio. El Pleno del Congreso lo debatió en doce sesiones en julio y lo aprobó el 21 de julio de 1978 por 258 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. (Congreso de los Diputados, Portal de la Constitución, «Elaboración y aprobación» y «Ponencia Constitucional».)
Contrastada con: constitucion.congreso.es
Resumen
En el Senado el plazo de enmiendas acabó el 7 de agosto de 1978 (1.254 escritos); la Comisión de Constitución debatió en diecisiete sesiones y el Pleno aprobó las «Modificaciones» el 5 de octubre. Como había discrepancias, se constituyó una Comisión Mixta presidida por Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes; sus sesiones fueron secretas y su Dictamen se publicó el 28 de octubre. Ambas Cámaras lo votaron el 31 de octubre de 1978: Congreso 325 a favor; Senado 226 a favor.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl proyecto aprobado por el Congreso entró en el Senado, donde el plazo de enmiendas terminó el 7 de agosto de 1978 con 1.254 escritos. La Ponencia del Senado se reunió del 8 al 17 de agosto, sin tiempo para elaborar su informe. La Comisión de Constitución lo debatió en diecisiete sesiones, entre el 18 de agosto y el 14 de septiembre de 1978, y el Pleno del Senado, en diez sesiones entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, aprobó las «Modificaciones al Texto del Proyecto de Constitución remitido por el Congreso de los Diputados». Como había discrepancias entre los textos de las dos Cámaras, la Ley para la Reforma Política obligaba a constituir una Comisión Mixta de diputados y senadores que llegara a un texto único. La presidió Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes, y la formaron además los presidentes de las Cámaras (Fernando Álvarez de Miranda y Antonio Fontán), los diputados Jordi Solé Tura, Miquel Roca Junyent, José Pedro Pérez-Llorca y Alfonso Guerra, y los senadores José Vida Soria, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla, Antonio Jiménez Blanco y Fernando Abril Martorell. Sus sesiones fueron secretas y su Dictamen se publicó el 28 de octubre de 1978. El Dictamen se votó en sesiones plenarias de ambas Cámaras el 31 de octubre de 1978: - Congreso: 345 votos emitidos, 325 a favor, 6 en contra y 14 abstenciones; - Senado: 239 asistentes, 226 a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. El presidente de las Cortes declaró formalmente aprobado el Dictamen (Boletín Oficial de las Cortes de 6 de noviembre de 1978). (Congreso de los Diputados, Portal de la Constitución, «Elaboración y aprobación».)
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Resumen
El referéndum, convocado por el Real Decreto 2550/1978, se celebró el 6 de diciembre de 1978: aprobación por el 87,78 % de los votantes (58,97 % del censo). El Rey sancionó la Constitución el 27 de diciembre de 1978 en sesión conjunta solemne de Congreso y Senado en el Palacio de las Cortes; el BOE la publicó el 29 de diciembre (núm. 311), junto con las versiones en las restantes lenguas de España. Cronología: 21-7 Pleno del Congreso, 5-10 Pleno del Senado, 31-10 Comisión Mixta.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEn aplicación del artículo 3.º de la Ley para la Reforma Política, el Real Decreto 2550/1978, de 3 de noviembre, convocó el referéndum para aprobar el Proyecto de Constitución, que se celebró el 6 de diciembre de 1978 de acuerdo con el Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto. El Proyecto fue aprobado por el 87,78 por 100 de los votantes, que representaban el 58,97 por 100 del censo electoral. El Rey sancionó la Constitución en la sesión conjunta solemne del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de 1978. El Boletín Oficial del Estado la publicó el 29 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311); ese mismo día se publicaron también las versiones en las restantes lenguas de España. En síntesis, según el Portal de la Constitución, la Ponencia redactó dos proyectos, el segundo después de recibir más de 3.000 enmiendas; el texto fue discutido por la Comisión y el Pleno del Congreso, por los mismos órganos del Senado y por la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, y fue aprobado definitivamente por estas y, por abrumadora mayoría, en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Cronología básica: - 15 de junio de 1977: elecciones a Cortes; - 21 de julio de 1978: aprobación por el Pleno del Congreso; - 5 de octubre de 1978: fin del debate en el Pleno del Senado; - 31 de octubre de 1978: aprobación del Dictamen de la Comisión Mixta por ambas Cámaras; - 6 de diciembre de 1978: referéndum; - 27 de diciembre de 1978: sanción; - 29 de diciembre de 1978: publicación en el BOE. (Congreso de los Diputados, Portal de la Constitución, «Elaboración y aprobación» y «Constitución de 1978».)
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Resumen
Rasgos según el Portal de la Constitución: nace de una reforma desde la legalidad anterior; es «la constitución del consenso»; proclama la soberanía del pueblo español; ninguna confesión es estatal; posición transaccional en libertad de enseñanza y de empresa; Monarquía parlamentaria; primera Constitución que menciona a los partidos; reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas. Cuatro reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl Portal de la Constitución del Congreso destaca estos rasgos de la Constitución de 1978: - Nació de una reforma desde la legalidad anterior (las Leyes Fundamentales y la Ley para la Reforma Política), y no sobre los escombros del sistema precedente, como había sido habitual en la historia constitucional española. - Es, según el Portal, un hecho único en nuestra historia constitucional: no solo fue aceptada por todos, sino elaborada prácticamente por todos, con un espíritu de concordia; durante el debate se la describió como «la constitución del consenso». - Rebasadas las circunstancias históricas que pudieron justificar el principio de la soberanía compartida, proclama como principio originario la soberanía del pueblo español, constituido en un Estado social y democrático de derecho. - Declara que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», con relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. - Adopta una posición transaccional en la libertad de enseñanza y la libertad de empresa: las proclama explícitamente, pero abiertas a criterios diversos en su aplicación. - Acepta la Monarquía en su modalidad parlamentaria, entendida más como forma de Estado que como forma de Gobierno. - Por primera vez una Constitución menciona explícitamente a los partidos políticos (las de 1876 y 1931 los ignoraban). - Su gran novedad es el reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas (art. 2), con un Senado concebido como Cámara de representación territorial. Ha tenido cuatro reformas: 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales), 2011 (sustitución íntegra del art. 135), 2024 (art. 49, «personas con discapacidad») y 2026 (art. 69.3, circunscripciones de Ibiza y Formentera para el Senado). (Congreso de los Diputados, Portal de la Constitución, «Constitución de 1978».)
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Resumen
El artículo 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento y garantiza, según García de Enterría, su supremacía normativa y su carácter de «vinculación más fuerte». La fórmula «el resto del ordenamiento jurídico» la introdujo el Senado. Consecuencias de la supremacía: inconstitucionalidad de las normas contrarias, procedimiento especial de reforma e interpretación conforme. El TC la llama «norma suprema» (STC 16/1982) y «norma fundamental y fundamentadora» (STC 9/1981).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 9.1 de la Constitución, que sujeta a los ciudadanos y a los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, garantiza, como ha resaltado García de Enterría, la supremacía normativa de la Constitución. Según la sinopsis del Congreso, no tiene precedentes con igual o análoga redacción en la historia constitucional española; en Derecho comparado se citan el artículo 20.3 de la Ley Fundamental de Bonn y el artículo 5 de la Constitución francesa. La fórmula «el resto del ordenamiento jurídico» la introdujo el Senado, para considerar a la Constitución parte del ordenamiento, dada su normatividad. Para García de Enterría, de este precepto se deduce no solo el carácter vinculante general de la Constitución, sino su carácter de «vinculación más fuerte». La Constitución es la norma suprema y no una mera declaración programática. La supremacía tiene tres consecuencias: - las demás normas deben estar en consonancia con sus mandatos, o serán declaradas inconstitucionales; - exige un procedimiento especial de reforma, como garantía de su estabilidad jurídica; - todas las normas deben interpretarse de conformidad con los preceptos constitucionales. El Tribunal Constitucional ha dicho que la Constitución, «lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento» (STC 16/1982, de 28 de abril), y que es «la norma fundamental y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico» (STC 9/1981, de 31 de marzo). (Sinopsis del artículo 9, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados, apartados «Contenido del precepto» y «Desarrollo normativo y jurisprudencial».)
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Resumen
La vinculación a la Constitución no es igual para todos (STC 101/1983): los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de vulnerarla (sin perjuicio de deberes positivos como los de los arts. 30 y 31); los poderes públicos, además, un deber general positivo de actuar conforme a ella. El juez ordinario no puede inaplicar la ley, pero sí cuestionarla ante el TC (STC 17/1981). García de Enterría y Aragón defienden el valor jurídico directo de principios y valores; Sánchez Agesta, su eficacia solo interpretativa.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa vinculación a la Constitución no es igual para todos. Según la STC 101/1983, los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que la vulnere (sin perjuicio de los deberes positivos que la propia Constitución establece, como los de los artículos 30 y 31), mientras que los titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución. Sobre la relación entre Constitución y ley, la STC 17/1981 explica que el constituyente prefirió sustraer al juez ordinario la posibilidad de inaplicar la ley que emana del legislador constituido, aunque no la de cuestionar su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es así «no sólo defensor de la Constitución, sino defensor también de la ley». La supremacía (art. 9.1) se ha reafirmado frente a normas que pretendían situarse por encima de ella: la STC 124/2017 declaró inconstitucional la Ley catalana 20/2017, «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República», recordando (con la STC 114/2017) que «ningún poder constituido puede pretender situarse por encima de la norma fundamental». El valor normativo alcanza también a los principios y valores: según la sinopsis del artículo 1, como han puesto de relieve García de Enterría o Aragón, los principios y valores reconocidos expresamente en la Constitución tienen valor y efectos jurídicos y son directamente aplicables. Sánchez Agesta, en cambio, subraya el carácter metajurídico de los valores superiores, con eficacia solo interpretativa. El Tribunal Constitucional se ha referido a la Constitución como orden de valores (SSTC 25/1981, 8/1983 y 35/1987, entre otras). (Sinopsis de los artículos 9 y 1, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados, apartados «Contenido del precepto» y «Desarrollo normativo y jurisprudencial».)
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Resumen
El artículo 1.1 define a España como «». Sus principios son supraprincipios o principios de principios (Santamaría). Para Garrorena, la fórmula es histórica e integradora; el orden histórico es Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social. Principios del Estado de Derecho: legalidad (9.1, 9.3 y 103.1), división de poderes, , tutela judicial (24) y responsabilidad administrativa (106). El TC ha basado en esta cláusula el cumplimiento y la motivación de las sentencias.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 1.1 define a España como «Estado social y democrático de Derecho». Según la sinopsis del Congreso, sus principios, al ser los primeros y fundamento de los demás, tienen la categoría de supraprincipios jurídicos o principios de principios (Santamaría): guían la actuación de todos los poderes públicos y son criterios interpretativos de todo el ordenamiento. Garrorena explica que la fórmula sigue una construcción histórica e integradora que condensa la organización de los Estados democrático-liberales europeos de la segunda mitad del siglo XX; el orden histórico sería Estado de Derecho, Estado democrático y, en fin, Estado social. Estas cláusulas solo adquieren sentido pleno proyectadas en otros artículos. El Estado de Derecho se basa en una serie de principios: - legalidad: parte del artículo 9.1, se reitera en el 9.3 y se concreta en el 103.1 para la Administración; - división de poderes: regulación de los poderes en títulos distintos; - reserva de ley: por ejemplo, artículos 53.1 y 81.1; - tutela judicial: derecho fundamental del artículo 24, desarrollado en el título VI; - responsabilidad administrativa: artículo 106. El Tribunal Constitucional se ha basado en la cláusula del Estado de Derecho para imponer el obligado cumplimiento de las sentencias judiciales o exigir su motivación (SSTC 67/1984 y 55/1987). En la STC 42/2014 recordó que las concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tienen cabida siempre que no se preparen o defiendan mediante una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y que su consecución se intente en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, cuyo respeto es «siempre y en todo caso, inexcusable». (Sinopsis del artículo 1, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados, apartados «Contenido del precepto» y «Desarrollo normativo y jurisprudencial».)
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Resumen
Los principios del artículo 9.3 no son compartimentos estancos (STC 27/1981). Legalidad: «dogma básico de todo sistema democrático». Jerarquía: la Constitución en la cúspide. Publicidad: consecuencia ineluctable del Estado de derecho. Irretroactividad de lo sancionador desfavorable, que a contrario garantiza la penal favorable. Seguridad jurídica: «suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad». Responsabilidad: excepto el Rey. Interdicción de la arbitrariedad.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 9.3 consagra principios estructurales del ordenamiento propios del Estado de Derecho. Según el Tribunal Constitucional, no son compartimentos estancos: cada uno cobra valor en función de los demás y en tanto sirva para promover los valores superiores del Estado social y democrático de Derecho (STC 27/1981, de 20 de julio). - Legalidad: es un «dogma básico de todo sistema democrático» (STC 108/1986). - Jerarquía normativa: las normas de rango inferior no pueden oponerse a las superiores, y en la cúspide está la Constitución. - Publicidad de las normas: es «consecuencia ineluctable de la proclamación de España como un Estado de derecho» y está en íntima relación con la seguridad jurídica; son contrarias a ella las normas de imposible o muy difícil conocimiento (STC 179/1989). - Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: interpretada a contrario, garantiza la retroactividad de la ley penal favorable (STC 8/1981). - Seguridad jurídica: es «suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad», equilibrada de modo que permita promover la justicia y la igualdad en libertad (STC 27/1981); el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa (STC 46/1990). - Responsabilidad de los poderes públicos: desarrollada en los artículos 106 y 121; la única excepción es el Rey, cuya persona es inviolable (art. 56.3). - Interdicción de la arbitrariedad: el acto del legislativo es arbitrario cuando engendra desigualdad referida a las exigencias del artículo 9.2 (STC 27/1981). (Sinopsis del artículo 9, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados, apartados «Contenido del precepto» y «Desarrollo normativo y jurisprudencial».)
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Resumen
El Estado democrático se concreta en la participación del artículo 23. Indirecta: elegir representantes en elecciones periódicas por sufragio universal. Directa, con tres instrumentos: (87.3), referéndum consultivo (92) y participación en la Administración de Justicia (125). También mediante partidos, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales y organizaciones de consumidores y profesionales. El 1.2 es una fórmula de compromiso entre soberanía nacional y popular; solo el pueblo español es soberano (STC 42/2014).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la sinopsis del artículo 1, el Estado democrático tiene como principal concreción la participación pública, derecho fundamental del artículo 23, directa e indirecta, mediante el sufragio activo y pasivo. La participación indirecta supone elegir representantes en elecciones periódicas por sufragio universal, lo que conecta con los principios de temporalidad del poder y de igualdad del voto. La participación directa tiene tres grandes instrumentos: la iniciativa legislativa popular (art. 87.3), el referéndum consultivo (art. 92) y la participación en la Administración de Justicia (art. 125). También se participa mediante entidades garantizadas por la Constitución: partidos políticos (art. 6), sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), colegios profesionales (art. 36), organizaciones de consumidores y usuarios (art. 51) y organizaciones profesionales (art. 52). El artículo 1.2 («La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado») es, según la sinopsis, una fórmula de compromiso para superar la diferencia histórica entre soberanía nacional y soberanía popular. Al pueblo se le confiere el poder constituyente; por eso la revisión total de la Constitución exige referéndum (art. 168). El Tribunal Constitucional ha declarado que la titularidad de los cargos públicos solo es legítima cuando puede referirse, de manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular (STC 10/1983). En la STC 42/2014 afirmó que solo el pueblo español es soberano, «de manera exclusiva e indivisible», y que no cabe atribuir la soberanía a ninguna fracción de ese pueblo. El pluralismo político, por su parte, «permite contemplar en el marco de la Constitución diversas soluciones legales» (STC 6/1984). (Sinopsis del artículo 1, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados, apartados «Contenido del precepto» y «Desarrollo normativo y jurisprudencial».)
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El Estado social busca la «procura existencial» (Forsthoff): condiciones económicas y sociales mínimas promovidas por el intervencionismo estatal, que defendió Heller desde los años 20. Se manifiesta en el 9.2 (promover libertad e igualdad reales y efectivas, remover obstáculos, facilitar la participación), en el capítulo III del título I y en el título VII. Precedentes: arts. 46-48 de la Constitución de 1931 y 3.2 de la italiana. El 14 recoge la igualdad formal y el 9.2 la material; no discrimina favorecer a colectivos preteridos (STC 216/1991).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la sinopsis del artículo 1, el Estado social busca garantizar, en términos de Forsthoff, la «procura existencial»: unas condiciones económicas y sociales mínimas para los ciudadanos promovidas por el intervencionismo estatal, como defendió Heller a partir de los años 20 del siglo pasado. En la Constitución se manifiesta en el artículo 9.2, que encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Otras previsiones típicas del Estado social están en el capítulo III del título I (principios rectores de la política social y económica, como los artículos 40, 43, 44 o 47) y en el título VII (Economía y Hacienda). La sinopsis del artículo 9 señala como precedentes los artículos 46, 47 y 48 de la Constitución de 1931 y, en Derecho comparado, el artículo 3.2 de la Constitución italiana, de redacción casi idéntica. El Estado social reinterpreta la igualdad formal del Estado liberal e incorpora la igualdad material: junto a la igualdad formal del artículo 14, el 9.2 recoge la igualdad material. Doctrina del Tribunal Constitucional: - el 9.2 compromete la acción de los poderes públicos para alcanzar la igualdad sustancial entre los individuos, con independencia de su situación social (STC 39/1986); - puede imponer normas especiales que corrijan los efectos dispares de las disposiciones generales (STC 19/1988); - no es discriminatoria la acción de favorecimiento, siquiera temporal, de colectivos históricamente preteridos y marginados (STC 216/1991). (Sinopsis de los artículos 1 y 9, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados, apartados «Contenido del precepto» y «Desarrollo normativo y jurisprudencial».)
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Resumen
Incluir la economía en la Constitución fue una novedad en el constitucionalismo español. W. Eucken define la Constitución económica como «el conjunto de decisiones políticas o constitucionales sobre temas económicos». El TC la mencionó por primera vez en la STC 1/1982, que exige principios del orden económico de aplicación unitaria. Rasgos: abundancia de preceptos, flexibilidad e indeterminación, y dualismo interpretativo. Marco amplio y flexible, desde la economía de mercado, que admite desde una economía mixta de preponderancia pública a una de preponderancia privada.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la sinopsis del artículo 128, la inclusión de la economía en la Constitución de 1978 es una destacada novedad respecto del constitucionalismo histórico español. Los constituyentes incluyeron la llamada «Constitución económica», que W. Eucken define como «el conjunto de decisiones políticas o constitucionales sobre temas económicos», concepto propio del Estado de Bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal Constitucional se refirió a este concepto por primera vez en la STC 1/1982, de 28 de enero: a diferencia de las Constituciones liberales del siglo XIX, la de 1978 contiene varias normas que proporcionan el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica, y su conjunto compone la Constitución económica. La misma sentencia añade que esta implica unos principios básicos del orden económico de aplicación unitaria, exigencia «más imperiosa» en un Estado de estructura plural o compuesta; la unicidad del orden económico nacional es presupuesto para que el reparto de competencias económicas entre el Estado y las Comunidades Autónomas no conduzca a «resultados disfuncionales y desintegradores». La sinopsis del artículo 38 resume sus rasgos característicos: - la abundancia de preceptos constitucionales de naturaleza económica; - la flexibilidad e indeterminación de esos preceptos, porque se pretende una Constitución económica abierta y no sometida a modelos económicos fijos; - el dualismo en la interpretación de sus mandatos, desde la economía general o desde la distribución territorial del poder. La Constitución no establece un código rígido de política económica, sino un marco amplio y flexible que parte de la economía de mercado y que, según numerosa doctrina (Villar Palasí, Bassols Coma, Tomás Ramón Fernández o De la Cuadra-Salcedo), admitiría desde una economía mixta con preponderancia pública hasta una economía mixta con preponderancia privada. (Sinopsis de los artículos 128, apartado I, y 38, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados.)
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Resumen
La libertad de empresa (art. 38) se ejerce en el marco de la economía de mercado y garantiza la libre empresa junto a la defensa de la productividad. Según la jurisprudencia: la defensa de la competencia es y límite, no mera restricción; se relaciona con la unidad de mercado, sin exigir condiciones idénticas en todo el territorio; no es absoluta, con doble garantía ( y contenido esencial); subjetivamente, es el derecho a iniciar y sostener una actividad empresarial «en libertad». El artículo 128 no contradice el 38.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLa libertad de empresa del artículo 38 forma parte de la Constitución económica y es, según la sinopsis del Congreso, uno de sus exponentes más significativos. Debe ejercerse en el marco de la economía de mercado, noción que no remite a un concepto técnico-jurídico cerrado, sino a consideraciones económicas que definen el modelo global del sistema económico y social. La jurisprudencia constitucional ha afirmado de manera constante que el artículo 38 garantiza el ejercicio de la libre empresa al tiempo que la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general. Sus líneas principales, según la sinopsis: - la defensa de la competencia es un presupuesto y un límite de la libertad de empresa, una exigencia estructural del mercado y no una mera restricción; - la libertad de empresa guarda relación con la unidad de la economía nacional y con la exigencia de un mercado único, aunque no obliga a que las condiciones de ejercicio de la actividad económica sean idénticas en todo el territorio; - no es un derecho absoluto e incondicionado; sus límites se aseguran con una doble garantía: la reserva de ley y un contenido esencial del que ni siquiera el legislador puede disponer; - en su dimensión subjetiva implica el derecho a iniciar y sostener una actividad empresarial «en libertad», con libertad para crear empresas, actuar en el mercado, fijar sus objetivos y dirigir y planificar su actividad. La sinopsis del artículo 128 añade que las SSTC 127/1994, 53/2014 y 108/2014, entre otras, niegan el carácter absoluto de la libertad de empresa y declaran legítimas las limitaciones derivadas de «las reglas que disciplinen, proporcionada y razonablemente, el mercado», entre ellas las del artículo 128; el Tribunal rechazó expresamente que este artículo contradijera el 38. (Sinopsis de los artículos 38 y 128, apartado II, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados.)
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Resumen
El artículo 128.1 subordina toda la riqueza del país al interés general. El 128.2 recoge: iniciativa pública económica, que rompió con la subsidiariedad anterior a 1978 (economía mixta, Parejo Alfonso); reserva al sector público, mediante ley, de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, que no equivale a demanialización y admite gestión privada por concesión; e intervención de empresas cuando lo exija el interés general: la titularidad sigue en manos de los propietarios y un órgano público dirige la gestión (STC 111/1983, RUMASA).
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 128 abre el título VII («Economía y Hacienda»). Su apartado 1 subordina al interés general toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad; se relaciona con la función social de la propiedad (STC 111/1983). El apartado 2 contiene tres aspectos: - Iniciativa pública en la actividad económica: supuso una ruptura radical con el principio de subsidiariedad anterior a 1978, según el cual el Estado solo podía intervenir si faltaba la iniciativa privada. Como señala Parejo Alfonso, coexisten los sectores privado y público en el llamado sistema de economía mixta, con idéntico rango constitucional. La iniciativa pública sigue limitada por el servicio al interés general (art. 103.1). - Reserva al sector público, mediante ley, de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio. Reserva y demanialización no son conceptos equivalentes, y la reserva puede hacerla el legislador estatal o el autonómico (STC 227/1988); debe estar justificada y ser proporcionada (SSTC 206/1990 y 127/1994) y no impide la gestión por particulares mediante técnicas concesionales (STC 73/2014). Solo cabe reservar recursos o servicios esenciales; para perfilar el concepto, la sinopsis acude a la STC 26/1981: actividades de las que derivan «prestaciones vitales o necesarias para la vida de una comunidad». - Intervención de empresas cuando lo exija el interés general: la titularidad sigue en manos de sus propietarios, pero su gestión la dirige un órgano público. La STC 111/1983 (caso RUMASA) admitió que la expresión «mediante ley» comprende leyes generales y leyes singulares y está abierta al decreto-ley en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La sinopsis concluye que los constituyentes incorporaron una Constitución económica abierta o flexible. (Sinopsis del artículo 128, apartados II a VI, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados.)
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Resumen
El Estado se distingue de sus entidades territoriales por la soberanía; estas tienen autonomía. Garrorena distingue Estados unitarios, compuestos (federales y confederales) y, en medio, descentralizados o regionales, categoría del Estado de las autonomías. Notas: entidades creadas en el marco de la Constitución pero no directamente por ella, no necesariamente homogéneas, sistema competencial abierto, sin Poder Judicial propio. Se inspira en el modelo italiano de 1947 y en el «Estado integral» de 1931. Para Santamaría Pastor hay un solo ordenamiento con subsistemas.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la sinopsis del artículo 137, el Estado se distingue de las entidades territoriales en que se divide por la soberanía; estas no gozan de soberanía, sino de autonomía. Siguiendo a Garrorena, se distinguen los Estados unitarios y los compuestos (federales y confederales) y, en un punto intermedio, los Estados descentralizados. A esta categoría de Estado regional pertenece el sistema de la Constitución de 1978, conocido en España como Estado de las autonomías: una descentralización del poder que parte del centralismo de un modelo unitario y lo distribuye entre entidades territoriales con capacidad política limitada, sin alcanzar el ejercicio de la soberanía. Características generales del Estado descentralizado: - el Estado crea las entidades territoriales en ejercicio de su soberanía; - se mantienen la unidad del Estado y su soberanía, con una sola Constitución y un único ordenamiento jurídico; - las entidades regionales se crean en el marco de la Constitución, pero no directamente por ella; - no tienen por qué ser homogéneas ni cubrir todo el territorio; - el sistema competencial no es cerrado: se fijan competencias exclusivas del Estado y el resto se define en cada caso; - las regiones no pueden asumir el Poder Judicial; - la división territorial se refleja en las instituciones centrales. El modelo español se inspira en el italiano de 1947 y en el «Estado integral» de la Constitución de 1931. Las Comunidades Autónomas se crean por ley orgánica, el Estatuto de Autonomía, que según Garrorena es norma materialmente constitucional para la Comunidad pero de rango legal en sentido formal. Como indica Santamaría Pastor, no hay una pluralidad de ordenamientos, sino uno solo con una pluralidad de subsistemas. (Sinopsis del artículo 137, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados, apartado «Contenido sistemático del precepto».)
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Resumen
El artículo 2 contiene tres principios: unidad, autonomía y solidaridad; con el artículo 1 integra los supraprincipios del ordenamiento (Santamaría). La unidad de la Nación española se refuerza con «indisoluble», «común» e «indivisible», añadidos en el debate en la Comisión Constitucional del Congreso. Consecuencias según Sánchez Agesta y Goig Martínez: unidad constituyente, internacional, del ordenamiento, fiscal y del territorio. Para el TC el Estado ocupa una posición de superioridad (SSTC 4/1982 y 76/1983) y no hay otra Nación que la española (STC 31/2010).
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl artículo 2 de la Constitución dice que esta «se fundamenta» en la unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Según la sinopsis del Congreso, integra, con el artículo 1, los supraprincipios jurídicos del ordenamiento (Santamaría) y contiene tres principios: unidad, autonomía y solidaridad. La unidad se predica de la Nación española y se refuerza con los calificativos «indisoluble», «común» e «indivisible». Las tres palabras se añadieron en el debate en la Comisión Constitucional del Congreso, para reforzar la condición unitaria de la nación; la indivisibilidad figura también en el artículo 5 de la Constitución italiana de 1947. El reconocimiento de la nación española se remonta a la Constitución de Cádiz (arts. 1 a 4). Según Sánchez Agesta y Goig Martínez, el principio de unidad tiene estas consecuencias políticas: - unidad constituyente (el poder constituyente pertenece al pueblo); - unidad en el orden internacional; - unidad del ordenamiento jurídico (arts. 9.1, 14 y 139.1); - unidad fiscal; - unidad del territorio como espacio político. También se reflejan en la unidad jurisdiccional (art. 123) y en las competencias exclusivas del Estado (art. 149). Para el Tribunal Constitucional, la Constitución «parte de la unidad de la Nación española que se constituye en Estado social y democrático de Derecho», unidad que «se traduce así en una organización -el Estado- para todo el territorio nacional» (STC 4/1981, FJ 3); por ello el Estado «queda colocado en una posición de superioridad» respecto de las Comunidades Autónomas y los entes locales (SSTC 4/1982 y 76/1983). La STC 31/2010 añade que la Constitución no conoce otra Nación que la española. (Sinopsis de los artículos 2 y 137, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados; STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3.)
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Resumen
Según Biscaretti, la descentralización puede ser administrativa (gestión de asuntos propios sin autogobierno) o política (poder legislativo y ejecutivo, pero sin Constitución ni poder judicial propios). La autonomía política tiene dimensiones normativa, financiera, organizativa y administrativa (Sánchez Agesta y Goig Martínez). Es un derecho garantizado por el TC. «Autonomía no es soberanía» y no puede oponerse a la unidad (STC 4/1981); la de las Comunidades es «cualitativamente superior» a la de los entes locales (STC 25/1981).
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la sinopsis del artículo 2, la autonomía no puede contradecir el principio de unidad. Siguiendo a Biscaretti, la descentralización puede ser administrativa o política: - la autonomía administrativa reconoce a entidades locales o regionales competencias para gestionar asuntos de su interés, pero no autogobierno; - la autonomía política da a las entidades territoriales poder político, que se traduce en poder legislativo y ejecutivo; no disponen, sin embargo, de Constitución ni de poder judicial propios, lo que la distingue del poder de los Estados miembros de una federación. La autonomía política tiene, según Sánchez Agesta y Goig Martínez, dimensiones normativa, financiera, organizativa y administrativa. El artículo 2 la concibe como un derecho, reconocido y garantizado, en última instancia por el Tribunal Constitucional. Para evitar territorios sin autonomía se vino a imponer, en cierto modo, el ejercicio de ese derecho en al menos dos provincias, Segovia y Almería, conforme al artículo 144.c). La autonomía se predica de nacionalidades y regiones; el término «nacionalidades» se introdujo para distinguirlas de la «nación», única en España. El Tribunal Constitucional, en la STC 4/1981 (FJ 3), estableció que «la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aún este poder tiene sus límites-, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido». La STC 25/1981 precisó que las Comunidades Autónomas gozan de una autonomía «cualitativamente superior a la administrativa que corresponde a los entes locales», porque se añaden potestades legislativas y gubernamentales que la configuran como autonomía de naturaleza política. (Sinopsis del artículo 2, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados; STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3.)
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La solidaridad es el punto de equilibrio entre unidad y autonomía. Alonso de Antonio: «corresponsabilidad de todas las partes [...] en los fines colectivos», y del conjunto hacia los intereses de los miembros. Ejemplo: la financiación autonómica (157 y 158); la recogen los artículos 138, 156 y 158.2. Dos dimensiones: económica y organizativa y competencial. Solozábal la asocia a la Constitución de la integración. TC: «corolario de la autonomía» (25/1981), «deber de auxilio recíproco» (18/1982), «recíproco apoyo y mutua lealtad» (96/1986).
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la sinopsis del artículo 2, la solidaridad es el punto de equilibrio entre los principios de unidad y autonomía. Alonso de Antonio la define así: «supone la corresponsabilidad de todas las partes que integran un conjunto en los fines colectivos, así como la del conjunto hacia los intereses propios de los miembros». Debe articularse entre las entidades que integran el Estado, en especial las Comunidades Autónomas, y ser reconocida por el propio Estado. Buen ejemplo es el sistema de financiación autonómica (arts. 157 y 158); reconocen expresamente la solidaridad los artículos 138, 156 y 158.2. La solidaridad tiene dos dimensiones: - económica, para garantizar un cierto equilibrio de recursos entre las regiones; - organizativa y competencial, que se manifiesta en la cooperación y la coordinación y en la participación, orgánica o funcional, de las regiones en el ámbito legislativo, en la toma de decisiones políticas o en la Administración. Por su importancia, Solozábal la asocia a la llamada Constitución de la integración. El Tribunal Constitucional la ha caracterizado así: - es «el corolario de la autonomía» (STC 25/1981); - es un «deber de auxilio recíproco» (STC 18/1982); - es un deber «de recíproco apoyo y mutua lealtad» (STC 96/1986); - es «concreción, a su vez, del más amplio deber de fidelidad a la Constitución» (STC 11/1986). Entre los principios de las relaciones interadministrativas del artículo 140.1 de la Ley 40/2015, citados por la sinopsis del artículo 137, figura la «solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución», junto a la lealtad institucional, la colaboración, la cooperación y la coordinación. (Sinopsis de los artículos 2 y 137, Portal de la Constitución, Congreso de los Diputados.)
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El del Estatuto de 2007 sitúa las raíces del autonomismo en: la Constitución Federal Andaluza de Antequera (1883), primer texto que plasma la voluntad de autogobierno; la Asamblea de Ronda (1918), que aprobó bandera y escudo; el Manifiesto de Córdoba (1919), que describió a Andalucía como realidad nacional; y 1933, con el himno y un proyecto de Estatuto que la Guerra Civil frustró. Blas Infante fue reconocido Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983. Hitos: 4 de diciembre de 1977 y referéndum de 28 de febrero de 1980.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007 sitúa las raíces del ideal autonomista en la historia contemporánea: - el primer texto que plasma la voluntad de que Andalucía se constituya como entidad política con capacidad de autogobierno es la Constitución Federal Andaluza, redactada en Antequera en 1883; - en la Asamblea de Ronda de 1918 se aprobaron la bandera y el escudo andaluces; - el Manifiesto andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919; - durante la II República, en 1933, las Juntas Liberalistas de Andalucía aprobaron el himno andaluz, se formó en Sevilla la Pro-Junta Regional Andaluza y se proyectó un Estatuto; tres años más tarde, la Guerra Civil impidió la tramitación parlamentaria de un Estatuto ya en ciernes. El preámbulo vincula ese ideal a Blas Infante, que luchó por una Andalucía libre y solidaria y a quien el Parlamento de Andalucía reconoció como Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983. Añade que las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum de 28 de febrero de 1980 expresaron la voluntad del pueblo andaluz de situarse en la vanguardia de las aspiraciones de autogobierno de máximo nivel, y que Andalucía ha sido la única Comunidad con una fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía, expresada en las urnas mediante referéndum. En 1978 los andaluces respaldaron ampliamente el consenso constitucional, y hoy la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española. (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, preámbulo, BOE núm. 68, de 20 de marzo de 2007.)
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Según el Parlamento de Andalucía, el impulso inicial fue el 4 de diciembre de 1977 (cerca de millón y medio de manifestantes). Dos caminos: el «Pacto de Antequera» de 4 de diciembre de 1978 y el Decreto Ley 11/1978, de 27 de abril, que creó la Junta preautonómica, presidida por Plácido Fernández Viagas. La Junta de Rafael Escuredo acordó en Granada, el 21 de junio de 1979, seguir la vía del artículo 151; borrador en Carmona. En el referéndum de 28 de febrero de 1980 no se alcanzaron las mayorías exigidas, aunque el sí ganó en todas las provincias salvo Almería.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún el Parlamento de Andalucía, el impulso inicial del proceso autonómico puede fecharse el 4 de diciembre de 1977, cuando cerca de un millón y medio de andaluces se manifestaron en las capitales de provincia, convocados por los diputados y senadores elegidos en Andalucía, agrupados en la Asamblea de Parlamentarios. El proceso siguió dos caminos simultáneos: - la voluntad política: el «Pacto de Antequera» de 4 de diciembre de 1978, compromiso de todo el espectro de partidos para lograr la mayor autonomía posible en el más breve plazo; - la instrumentación jurídica: el Decreto Ley 11/1978, de 27 de abril, que instituyó la Junta de Andalucía como ente preautonómico, presidida por Plácido Fernández Viagas. Tras las elecciones de 1979, la Junta presidida por Rafael Escuredo acordó en Granada, el 21 de junio, seguir la vía del artículo 151 para lograr una autonomía con el mayor contenido competencial. Se sumaron de inmediato las diputaciones provinciales y más del noventa por ciento de los municipios. En Carmona se redactó un primer borrador del Estatuto. Frente a esta opción, UCD, desde el Gobierno, propugnaba reconducir todos los procesos, salvo los de Cataluña, Galicia y País Vasco, por la vía del artículo 143, lo que habría dado lugar a comunidades de primer y de segundo grado. En el referéndum de ratificación de la iniciativa (28 de febrero de 1980, según el preámbulo del Estatuto de 2007), el Gobierno central dificultó el resultado con una pregunta alambicada, una campaña reducida a quince días y la propaganda del partido gobernante a favor de la abstención. No se alcanzaron las mayorías cualificadas exigidas por la Constitución, aunque el sí triunfó en todas las provincias salvo Almería. (Parlamento de Andalucía, «El proceso autonómico», revisado el 23/02/2024; Ley Orgánica 2/2007, preámbulo.)
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Resumen
Tras el referéndum de iniciativa, el proceso solo podía seguir con una negociación política: los Acuerdos Autonómicos de 1981 (UCD y PSOE), que impusieron una organización institucional homogénea y la equiparación final de competencias. Se modificó la Ley de Referéndum para suplir la carencia de Almería con una pedida por sus diputados y senadores. El Estatuto, aprobado en Córdoba, se votó en referéndum el 20 de octubre de 1981. Elecciones el 23 de mayo de 1982 (109 diputados); Escuredo, primer presidente de la Junta.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún el Parlamento de Andalucía, tras el referéndum de iniciativa la continuación del proceso era legalmente imposible y solo podía superarse con una negociación política y una fórmula jurídica que reabriera el proceso. Ese acuerdo fueron los Acuerdos Autonómicos de 1981, suscritos por UCD y PSOE, que el Parlamento califica como seguramente la decisión política más trascendente tras la aprobación de la Constitución. Frente a la lectura inicial de dos clases de autonomías, impusieron una organización institucional homogénea para todas las Comunidades (asamblea legislativa elegida por sufragio universal, consejo de gobierno y presidente elegido por la asamblea) y la equiparación última de competencias, diferida en el tiempo. Para desbloquear el caso andaluz se modificó la Ley de Referéndum, de modo que la carencia de Almería pudo suplirse por una ley orgánica promulgada a solicitud de los diputados y senadores de esa provincia. El texto del Estatuto, cuyo primer borrador se había redactado en Carmona, se aprobó en Córdoba en 1981, según el Parlamento de Andalucía; se sometió a referéndum el 20 de octubre de 1981 y fue ratificado por las Cortes en diciembre de ese año. Así, Andalucía fue la única Comunidad Autónoma que alcanzó su autogobierno al amparo del artículo 151. La Junta Preautonómica convocó las primeras elecciones por Decreto 18/1982, de 8 de marzo; se celebraron el 23 de mayo de 1982 y eligieron 109 diputados (el Estatuto fijaba una horquilla de noventa a ciento diez). El Parlamento celebró su sesión constitutiva el 21 de junio de 1982 en los Reales Alcázares de Sevilla y eligió presidente a Antonio Ojeda Escobar; el 14 y 15 de julio fue investido Rafael Escuredo Rodríguez como primer presidente de la Junta de Andalucía. (Parlamento de Andalucía, «El proceso autonómico», revisado el 23/02/2024.)
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Resumen
Manuel Chaves propuso la reforma el 28 de junio de 2001 para una «segunda modernización». En el Parlamento: el 29 de junio de 2004 se creó la Ponencia de Reforma (11 parlamentarios); el 2 de febrero de 2006 la Comisión de Desarrollo Estatutario aprobó el Dictamen; el 16 de febrero, toma en consideración (abstención de andalucistas y populares); el 2 de mayo de 2006 el Pleno aprobó la Proposición con mayoría de 3/5, por 67 votos a favor y 41 en contra, y la remitió al Congreso. Novedades: Derechos Sociales, Organización Territorial, Medio Ambiente, Medios de Comunicación.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la Junta de Andalucía, el presidente Manuel Chaves lanzó la propuesta de reformar el Estatuto el 28 de junio de 2001, en el Debate del Estado de la Comunidad, para acometer una «segunda modernización» de Andalucía y adecuarla a la «arquitectura europea». El 25 de junio de 2003 anunció un documento de propuestas, cuyas bases se hicieron públicas el 16 de diciembre de 2003, y en su investidura de 20 de abril de 2004 anunció el impulso definitivo. Tramitación en el Parlamento de Andalucía: - 29 de junio de 2004: acuerdo de crear, en el seno de la Comisión de Desarrollo Estatutario, la Ponencia de Reforma del Estatuto, con 11 parlamentarios; inició sus trabajos en septiembre de 2004 y oyó a representantes sociales, económicos y culturales y a expertos; - 27 y 28 de abril de 2005: los grupos registran un primer borrador de propuestas; - 2 de febrero de 2006: la Comisión de Desarrollo Estatutario aprueba el texto, que pasa a ser Dictamen; - 3 de febrero de 2006: los grupos Socialista e Izquierda Unida presentan la Proposición de ley de reforma, coincidente con el Dictamen; - 16 de febrero de 2006: toma en consideración en el Pleno, con los votos a favor de socialistas e IULV-CA y la abstención de andalucistas y populares; - 3 de abril de 2006: se constituye la ponencia que estudia la proposición y las enmiendas; - 2 de mayo de 2006: el Pleno aprueba la Proposición de Reforma con la mayoría cualificada de 3/5, por 67 votos a favor y 41 en contra (socialistas e IU a favor; populares y andalucistas en contra), y la remite al Congreso. Entre sus novedades estaban los títulos de Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, Organización Territorial, Medio Ambiente y Medios de Comunicación. (Junta de Andalucía, especial «Reforma del Estatuto de Andalucía», páginas «Fases» y «Cronología».)
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El 5 de mayo de 2006 la presidenta del Parlamento andaluz presentó en el Congreso la Propuesta de Reforma (246 artículos, 11 títulos). Congreso: toma en consideración el 23 de mayo (187 a favor); 285 enmiendas; Ponencia de 11 diputados y 11 parlamentarios andaluces; dictamen de la Comisión Constitucional el 25 de octubre; Pleno el 2 de noviembre (306 a favor de 308 presentes). Senado: ponencia el 27 de noviembre, Comisión General de las Comunidades Autónomas el 30 de noviembre y Pleno el 20 de diciembre de 2006 (242 a favor de 243 emitidos).
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún la Junta de Andalucía, la presidenta del Parlamento andaluz, María del Mar Moreno, presentó el 5 de mayo de 2006 en el registro del Congreso de los Diputados la Propuesta de Reforma del Estatuto, con 246 artículos, 11 títulos y seis disposiciones adicionales (el Estatuto vigente tenía 75 artículos, seis títulos, cuatro adicionales y seis transitorias; las transitorias pasaban a dos). Tramitación en el Congreso de los Diputados: - 23 de mayo de 2006: toma en consideración por el Pleno, con 187 votos a favor y la oposición de los 136 diputados del PP; - 5 de septiembre de 2006: fin del plazo de enmiendas, con 285 en total; - 13 de septiembre de 2006: se constituye la Ponencia del Congreso, formada por 11 diputados y otros tantos parlamentarios andaluces, que empieza a trabajar el 20 de septiembre; - 19 de octubre de 2006: la Comisión Constitucional inicia el debate; el 25 de octubre aprueba el dictamen con el apoyo de todos los miembros de las Cortes y de los 39 diputados del Parlamento andaluz, salvo los dos del Partido Andalucista; - 2 de noviembre de 2006: el Pleno del Congreso aprueba el Proyecto; de 308 diputados presentes, votaron a favor 306. Tramitación en el Senado: - 27 de noviembre de 2006: la ponencia aprueba el dictamen tal como llegó del Congreso; - 30 de noviembre de 2006: aprobación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con el apoyo de todos los grupos salvo los andalucistas; - 20 de diciembre de 2006: el Pleno del Senado aprueba la reforma, con 242 votos a favor de 243 emitidos y una abstención; según la Junta, el apoyo más amplio recibido hasta entonces por un texto de esta índole. (Junta de Andalucía, especial «Reforma del Estatuto de Andalucía», páginas «Fases» y «Cronología».)
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Resumen
El referéndum de ratificación se celebró el domingo 18 de febrero de 2007, convocado por la Junta por delegación del Consejo de Ministros. Resultados: 87,4 % a favor, 9,4 % en contra, 3 % en blanco; participación del 36,2 % (Jaén la más alta, Cádiz la más baja). El Rey lo rubricó el 19 de marzo de 2007 y entró en vigor el 20 de marzo, al publicarse en el BOE. Tiene , 11 títulos y 250 artículos. Lema: «Igualdad no significa uniformidad»; renueva el compromiso del 28-F de 1980.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl 9 de enero de 2007 el presidente Manuel Chaves informó al Consejo de Gobierno de la convocatoria del referéndum para ratificar la reforma el domingo 18 de febrero de 2007, después de que el Consejo de Ministros acordara delegar en la Junta la convocatoria y organización de la consulta. Estaban convocados más de seis millones de ciudadanos. Resultados (100 % de las mesas escrutadas): - votos afirmativos: 87,4 %; - votos en contra: 9,4 %; - papeletas en blanco: 3 %; - participación: 36,2 % (la más alta en Jaén, con un 44 %, y la más baja en Cádiz, con un 30,8 %). El Rey rubricó el nuevo Estatuto el 19 de marzo de 2007 (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía), que entró en vigor el 20 de marzo de 2007, con su publicación en el BOE. El texto final consta de un preámbulo, 11 títulos, 250 artículos, cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales. El preámbulo explica el porqué de la reforma: tras casi tres décadas, el Estado de las Autonomías había producido un rápido y eficaz proceso de descentralización, y se hacían necesarias reformas para profundizar el autogobierno y desarrollar los mecanismos de cohesión territorial, solidaridad y cooperación institucional. Parte del principio, planteado por Andalucía 25 años antes, de que «Igualdad no significa uniformidad», y aspira a «un Estatuto para el siglo XXI». Termina declarando que el pueblo andaluz ratifica el Estatuto «como renovación del compromiso manifestado el 28-F de 1980». (Junta de Andalucía, especial «Reforma del Estatuto de Andalucía», página «Cronología»; Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, preámbulo.)
Contrastada con: juntadeandalucia.es · boe.es