Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo

Artículo 28

Título Tercero. De las resoluciones›Capítulo Primero. Contenido de las resoluciones

En pocas palabras

El Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración, pero puede sugerir que se modifiquen los criterios con que se dictaron. Si cumplir rigurosamente una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares con acto administrativo habilitante, puede instar a las autoridades administrativas competentes a ejercer sus potestades de inspección y sanción.

Explicación sencilla

Fija lo que el Defensor del Pueblo puede hacer con lo que descubre: no anula ni modifica actos, sino que sugiere cambios de criterio o de norma e insta a las autoridades competentes a inspeccionar y sancionar a los particulares que prestan servicios con habilitación administrativa.

Regla mnemotécnica

El Defensor no anula: sugiere (criterios y normas) e insta (inspección y sanción).

Trampa típica de examen

Afirmar que el Defensor del Pueblo puede modificar o anular los actos de la Administración: solo puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para producirlos.

Texto del artículo 28 de la Ley Orgánica 3/1981 (LODP)

Uno. El Defensor del Pueblo, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquéllos. Dos. Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma. Tres. Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo podrá instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción.

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