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Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo
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Crear cuenta gratisTítulo PrimeroNombramiento, cese y condiciones
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Capítulo PrimeroCarácter y elección
- Art. 1Artículo 1El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, que lo designan, para defender los derechos del Título I de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejerce las funciones que le encomiendan la Constitución y esta Ley.
- Art. 2Artículo 2Lo eligen las Cortes Generales por cinco años y se relaciona con ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Una Comisión Mixta Congreso-Senado propone candidato (acuerdos por mayoría simple). El Pleno del Congreso se convoca en no menos de diez días; hacen falta tres quintos del Congreso y ratificación por la misma mayoría del Senado en veinte días como máximo. Si no se logra, nuevas propuestas en un mes como máximo y basta tres quintos del Congreso más mayoría absoluta del Senado. La Comisión da conformidad previa a los adjuntos.
- Art. 3Artículo 3
- Art. 4Artículo 4Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado». El Defensor toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.
Capítulo SegundoCese y sustitución
Capítulo TerceroPrerrogativas e incompatibilidades
- Art. 6Artículo 6El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad; actúa con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad por las opiniones y actos en ejercicio de su cargo. En los demás casos, mientras ejerza sus funciones, solo puede ser detenido o retenido en flagrante delito, y la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las mismas reglas se aplican a sus Adjuntos.
- Art. 7Artículo 7Ser Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político o propaganda política, servicio activo en cualquier Administración, afiliación a partido o funciones directivas en partido, sindicato, asociación o fundación (y empleo en ellos), carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en la incompatibilidad dentro de los diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta. Si es sobrevenida, se entiende que renuncia desde que se produjo.
Capítulo CuartoDe los Adjuntos del Defensor del Pueblo
Título SegundoDel procedimiento
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Capítulo PrimeroIniciación y contenido de la investigación
- Art. 9Artículo 9El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos, conforme al artículo 103.1 de la Constitución y al respeto de los derechos de su Título primero. Sus atribuciones alcanzan a ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas.
- Art. 10Artículo 10Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin que impidan hacerlo la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento penitenciario o cualquier relación especial de sujeción o dependencia. Diputados y Senadores individualmente, ciertas comisiones y, principalmente, la Comisión Mixta pueden pedir su intervención mediante escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentarle quejas en asuntos de su competencia.
- Art. 11Artículo 11La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpe cuando las Cortes Generales no están reunidas, han sido disueltas o ha expirado su mandato; en esos casos se dirige a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tampoco interrumpen su actividad, ni el derecho de los ciudadanos a acceder a él, los estados de excepción o de sitio, sin perjuicio del artículo 55 de la Constitución.
Capítulo SegundoÁmbito de competencias
- Art. 12Artículo 12El Defensor del Pueblo puede, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias que define esta Ley. Para ello, los órganos similares de las Comunidades Autónomas coordinan sus funciones con las suyas, y el Defensor puede solicitar su cooperación.
- Art. 13Artículo 13Las quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia que reciba el Defensor del Pueblo debe dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o dar traslado de ellas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación. Puede, además, referirse al tema en su informe general a las Cortes Generales.
- Art. 14Artículo 14El Defensor del Pueblo vela por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución también en el ámbito de la Administración Militar. Límite: su actuación no puede suponer una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.
Capítulo TerceroTramitación de las quejas
- Art. 15Artículo 15La queja se presenta firmada por el interesado, con su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos. Las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado, no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador y de toda queja se acusa recibo.
- Art. 16Artículo 16La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no puede ser objeto de censura de ningún tipo. Tampoco pueden ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y esas personas.
- Art. 17Artículo 17El Defensor registra y acusa recibo de las quejas, y las tramita o las rechaza; el rechazo, en escrito motivado, pudiendo informar de las vías oportunas. No examina quejas con resolución judicial pendiente y suspende el examen si se interpone demanda o recurso, aunque puede investigar los problemas generales planteados. Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el legítimo derecho de tercero. Sus decisiones no son recurribles.
- Art. 18Artículo 18Admitida la queja, el Defensor promueve una investigación sumaria e informal y da cuenta de su contenido sustancial al Organismo o Dependencia procedente, para que su Jefe remita informe escrito en quince días como máximo, plazo ampliable a juicio del Defensor si hay circunstancias que lo aconsejen. La negativa o negligencia del funcionario o sus superiores a enviar el informe inicial puede calificarse de hostil y entorpecedora, hacerse pública de inmediato y destacarse en su informe anual o especial a las Cortes Generales.
Capítulo CuartoObligación de colaboración de los organismos requeridos
- Art. 19Artículo 19Todos los poderes públicos deben auxiliar al Defensor del Pueblo, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en un expediente de oficio, el Defensor, su Adjunto o la persona en quien delegue pueden personarse en cualquier centro de la Administración pública o afecto a un servicio público para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes. No puede negársele el acceso a ningún expediente o documentación relacionada, sin perjuicio del artículo veintidós.
- Art. 20Artículo 20Si la queja afecta a la conducta del personal al servicio de la Administración en su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo. El afectado responde por escrito, con documentos y testimonios, en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable a instancia de parte por la mitad. El Defensor puede comprobar su veracidad y proponer una entrevista; quien se niegue puede ser requerido para justificarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la denuncia de hechos delictivos.
- Art. 21Artículo 21Si el superior jerárquico u Organismo prohíbe al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo o entrevistarse con él, debe manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio Defensor. Desde entonces, el Defensor dirige cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias a ese superior jerárquico.
Capítulo QuintoSobre documentos reservados
Capítulo SextoResponsabilidades de las autoridades y funcionarios
- Art. 23Artículo 23Si las actuaciones revelan que la queja se originó presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo puede dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio. Con la misma fecha da traslado de ese escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.
- Art. 24Artículo 24
- Art. 25Artículo 25Si el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones, conoce conductas o hechos presumiblemente delictivos, lo comunica de inmediato al Fiscal General del Estado. Este informa al Defensor periódicamente, o cuando lo solicite, del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia, y le comunica las posibles irregularidades administrativas que conozca el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.
- Art. 26Artículo 26El Defensor del Pueblo puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso del ámbito local. No necesita en ningún caso la previa reclamación por escrito.
Capítulo SéptimoGastos causados a particulares
Título TerceroDe las resoluciones
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Capítulo PrimeroContenido de las resoluciones
- Art. 28Artículo 28El Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración, pero puede sugerir que se modifiquen los criterios con que se dictaron. Si cumplir rigurosamente una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares con acto administrativo habilitante, puede instar a las autoridades administrativas competentes a ejercer sus potestades de inspección y sanción.
- Art. 29Artículo 29El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer dos recursos: el de inconstitucionalidad y el de amparo. Lo hace de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
- Art. 30Artículo 30Con ocasión de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo puede dirigir a autoridades y funcionarios advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias de nuevas medidas; estos deben responder por escrito en un mes como máximo. Si tras sus recomendaciones no hay medida adecuada ni se le dan razones, puede llevar antecedentes y recomendaciones al Ministro del Departamento o a la máxima autoridad de la Administración afectada; sin justificación adecuada, lo incluirá en su informe anual o especial con los nombres de los responsables.
Capítulo SegundoNotificaciones y comunicaciones
Capítulo TerceroInforme a las Cortes
- Art. 32Artículo 32El Defensor del Pueblo da cuenta cada año a las Cortes Generales de su gestión mediante un informe, que presenta cuando están reunidas en periodo ordinario de sesiones. Si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseja, puede presentar un informe extraordinario, que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si estas no estuvieran reunidas. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican.
- Art. 33Artículo 33El informe anual recoge el número y tipo de quejas, las rechazadas y sus causas, las investigadas y su resultado, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones. No incluirá datos personales que permitan identificar públicamente a los interesados, sin perjuicio del artículo veinticuatro punto uno. Lleva un anexo para las Cortes Generales con la liquidación del presupuesto de la institución del periodo. Un resumen se expone oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras, y pueden intervenir los grupos parlamentarios para fijar su postura.
Título CuartoMedios personales y materiales
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Capítulo PrimeroPersonal
- Art. 34Artículo 34El Defensor del Pueblo puede designar libremente a los asesores necesarios para ejercer sus funciones, pero debe hacerlo de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios.
- Art. 35Artículo 35Quienes estén al servicio del Defensor del Pueblo, mientras permanezcan en él, se consideran personal al servicio de las Cortes. A los funcionarios que procedan de la Administración Pública se les reserva la plaza y el destino que tenían antes de su adscripción a la oficina del Defensor, y se les computa a todos los efectos el tiempo pasado en esa situación.
- Art. 36Artículo 36