Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo

Artículo 19

Título Segundo. Del procedimiento›Capítulo Cuarto. Obligación de colaboración de los organismos requeridos

En pocas palabras

Todos los poderes públicos deben auxiliar al Defensor del Pueblo, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en un expediente de oficio, el Defensor, su Adjunto o la persona en quien delegue pueden personarse en cualquier centro de la Administración pública o afecto a un servicio público para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes. No puede negársele el acceso a ningún expediente o documentación relacionada, sin perjuicio del artículo veintidós.

Explicación sencilla

Es la base de los poderes de inspección del Defensor del Pueblo: impone a todos los poderes públicos un deber de auxilio preferente y urgente y le permite personarse en los centros y acceder a expedientes y documentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo veintidós.

Regla mnemotécnica

Preferente y urgente: así se auxilia al Defensor. Pueden entrar en los centros el Defensor, su Adjunto o la persona en quien delegue.

Trampa típica de examen

Pensar que el auxilio al Defensor del Pueblo se presta por el cauce ordinario: todos los poderes públicos deben prestarlo con carácter preferente y urgente.

Texto del artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 (LODP)

Uno. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones. Dos. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el Defensor del Pueblo su Adjunto, o la persona en quien él delegue, podrán personarse en cualquier centro de la Administración pública, dependientes de la misma a afectos a un servicio público, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria. Tres. A estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo veintidós de esta Ley.

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