Tema 3 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Artículo 54. El Defensor del Pueblo

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título. A tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 66. Cortes Generales

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Son inviolables.

Artículo 67. Incompatibilidades y prohibición del mandato imperativo

Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Y las reuniones de parlamentarios celebradas sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, ni podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68. El Congreso de los Diputados

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la provincia. El Congreso es elegido por cuatro años; el mandato termina cuatro años después de la elección o el día de disolución de la Cámara.

Artículo 69. El Senado

El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares cada isla con Cabildo o Consejo Insular es una circunscripción: tres Senadores para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno para Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos cada una. Además, cada Comunidad Autónoma designará un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. El Senado es elegido por cuatro años.

Artículo 70. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad

La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley —con la excepción de los miembros del Gobierno—, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales estará sometida al control judicial.

Artículo 71. Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias

Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato gozarán además de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra ellos será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y percibirán una asignación fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72. Autonomía de las Cámaras

Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales; los Reglamentos y su reforma requieren una votación final de totalidad por mayoría absoluta. Las Cámaras eligen sus Presidentes y los demás miembros de sus Mesas, y las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso. Los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus sedes.

Artículo 73. Períodos ordinarios de sesiones

Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre el primero, y de febrero a junio el segundo. Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; las extraordinarias se convocan sobre un orden del día determinado y se clausuran una vez agotado.

Artículo 74. Sesiones conjuntas de las Cámaras

Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras; en el primer caso el procedimiento se inicia en el Congreso y en los otros dos en el Senado, y si no hubiera acuerdo se intentará obtener mediante una Comisión Mixta paritaria cuyo texto votarán ambas Cámaras. Si aun así no se aprueba, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75. Funcionamiento en Pleno y en Comisiones

Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. Podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, aunque el Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de lo delegado. Quedan exceptuados de esa delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76. Comisiones de investigación

El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, y la ley regulará las sanciones por incumplir esa obligación.

Artículo 77. Peticiones dirigidas a las Cámaras

Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y el Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78. Las Diputaciones Permanentes

En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, asumir las facultades de las Cámaras conforme a los artículos 86 y 116 cuando estén disueltas o haya expirado su mandato, y velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas. Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes, y reunida la Cámara darán cuenta de los asuntos tratados.

Artículo 79. Adopción de acuerdos y quórum

Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y de las que para elección de personas fijen los Reglamentos. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80. Publicidad de las sesiones

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

Artículo 81. Leyes orgánicas

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82. Delegación legislativa y decretos legislativos

Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, nunca sobre las reservadas a ley orgánica. La delegación se otorga por ley de bases cuando se trata de formar un texto articulado, y por ley ordinaria cuando se trata de refundir varios textos en uno solo. Debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; se agota por el uso que haga de ella el Gobierno; no puede entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado; y no permite subdelegar en autoridades distintas del propio Gobierno.

Artículo 83. Límites de las leyes de bases

Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84. Oposición del Gobierno a la tramitación contraria a una delegación

Cuando una proposición de ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85. Denominación de los decretos legislativos

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86. Decretos-leyes

En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales con forma de Decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben someterse inmediatamente a debate y votación de totalidad del Congreso —convocado al efecto si no estuviera reunido— dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, y el Congreso ha de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87. Iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio de la iniciativa popular, que exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas, y no procederá en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni sobre la prerrogativa de gracia.

Artículo 88. Los proyectos de ley

Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89. Tramitación de las proposiciones de ley

La tramitación de las proposiciones de ley se regula por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del artículo 87. Las proposiciones que tome en consideración el Senado se remiten al Congreso para que se tramiten allí como tal proposición.

Artículo 90. Intervención del Senado: veto y enmiendas

Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da cuenta al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación. El Senado dispone de dos meses desde la recepción para, mediante mensaje motivado, oponer su veto —que requiere mayoría absoluta— o introducir enmiendas. El proyecto no puede ir al Rey sin que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.

Artículo 91. Sanción y promulgación de las leyes

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92. El referéndum consultivo

Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución.

Artículo 93. Tratados que atribuyen competencias a organizaciones internacionales

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94. Tratados que exigen autorización previa de las Cortes

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en cinco casos: tratados de carácter político; de carácter militar; los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados.

Artículo 95. Tratados contrarios a la Constitución

La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96. Los tratados internacionales en el ordenamiento interno

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Artículo 1

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, que lo designan, para defender los derechos del Título I de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejerce las funciones que le encomiendan la Constitución y esta Ley.

Artículo 2

Lo eligen las Cortes Generales por cinco años y se relaciona con ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Una Comisión Mixta Congreso-Senado propone candidato (acuerdos por mayoría simple). El Pleno del Congreso se convoca en no menos de diez días; hacen falta tres quintos del Congreso y ratificación por la misma mayoría del Senado en veinte días como máximo. Si no se logra, nuevas propuestas en un mes como máximo y basta tres quintos del Congreso más mayoría absoluta del Senado. La Comisión da conformidad previa a los adjuntos.

Artículo 3

Artículo 4

Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado». El Defensor toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

Artículo 5

Cesa por renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad sobrevenida, notoria negligencia en sus obligaciones o condena firme por delito doloso. La vacante la declara el Presidente del Congreso en muerte, renuncia y expiración del mandato; en los demás casos deciden tres quintos de los componentes de cada Cámara, con debate y previa audiencia del interesado. El nuevo nombramiento se inicia en no más de un mes. Mientras, sustituyen interinamente los Adjuntos, por su orden.

Artículo 6

El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad; actúa con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad por las opiniones y actos en ejercicio de su cargo. En los demás casos, mientras ejerza sus funciones, solo puede ser detenido o retenido en flagrante delito, y la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las mismas reglas se aplican a sus Adjuntos.

Artículo 7

Ser Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político o propaganda política, servicio activo en cualquier Administración, afiliación a partido o funciones directivas en partido, sindicato, asociación o fundación (y empleo en ellos), carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en la incompatibilidad dentro de los diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta. Si es sobrevenida, se entiende que renuncia desde que se produjo.

Artículo 8

El Defensor del Pueblo está auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en quienes puede delegar funciones y que lo sustituyen por su orden en imposibilidad temporal y cese. Los nombra y separa el propio Defensor, previa conformidad de las Cámaras en la forma que fijen sus Reglamentos. Su nombramiento se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y se les aplica lo dispuesto para el Defensor en los artículos tercero, sexto y séptimo.

Artículo 9

El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos, conforme al artículo 103.1 de la Constitución y al respeto de los derechos de su Título primero. Sus atribuciones alcanzan a ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas.

Artículo 10

Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin que impidan hacerlo la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento penitenciario o cualquier relación especial de sujeción o dependencia. Diputados y Senadores individualmente, ciertas comisiones y, principalmente, la Comisión Mixta pueden pedir su intervención mediante escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentarle quejas en asuntos de su competencia.

Artículo 11

La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpe cuando las Cortes Generales no están reunidas, han sido disueltas o ha expirado su mandato; en esos casos se dirige a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tampoco interrumpen su actividad, ni el derecho de los ciudadanos a acceder a él, los estados de excepción o de sitio, sin perjuicio del artículo 55 de la Constitución.

Artículo 12

El Defensor del Pueblo puede, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias que define esta Ley. Para ello, los órganos similares de las Comunidades Autónomas coordinan sus funciones con las suyas, y el Defensor puede solicitar su cooperación.

Artículo 13

Las quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia que reciba el Defensor del Pueblo debe dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o dar traslado de ellas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación. Puede, además, referirse al tema en su informe general a las Cortes Generales.

Artículo 14

El Defensor del Pueblo vela por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución también en el ámbito de la Administración Militar. Límite: su actuación no puede suponer una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.

Artículo 15

La queja se presenta firmada por el interesado, con su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos. Las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado, no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador y de toda queja se acusa recibo.

Artículo 16

La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no puede ser objeto de censura de ningún tipo. Tampoco pueden ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y esas personas.

Artículo 17

El Defensor registra y acusa recibo de las quejas, y las tramita o las rechaza; el rechazo, en escrito motivado, pudiendo informar de las vías oportunas. No examina quejas con resolución judicial pendiente y suspende el examen si se interpone demanda o recurso, aunque puede investigar los problemas generales planteados. Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el legítimo derecho de tercero. Sus decisiones no son recurribles.

Artículo 18

Admitida la queja, el Defensor promueve una investigación sumaria e informal y da cuenta de su contenido sustancial al Organismo o Dependencia procedente, para que su Jefe remita informe escrito en quince días como máximo, plazo ampliable a juicio del Defensor si hay circunstancias que lo aconsejen. La negativa o negligencia del funcionario o sus superiores a enviar el informe inicial puede calificarse de hostil y entorpecedora, hacerse pública de inmediato y destacarse en su informe anual o especial a las Cortes Generales.

Artículo 19

Todos los poderes públicos deben auxiliar al Defensor del Pueblo, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en un expediente de oficio, el Defensor, su Adjunto o la persona en quien delegue pueden personarse en cualquier centro de la Administración pública o afecto a un servicio público para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes. No puede negársele el acceso a ningún expediente o documentación relacionada, sin perjuicio del artículo veintidós.

Artículo 20

Si la queja afecta a la conducta del personal al servicio de la Administración en su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo. El afectado responde por escrito, con documentos y testimonios, en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable a instancia de parte por la mitad. El Defensor puede comprobar su veracidad y proponer una entrevista; quien se niegue puede ser requerido para justificarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la denuncia de hechos delictivos.

Artículo 21

Si el superior jerárquico u Organismo prohíbe al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo o entrevistarse con él, debe manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio Defensor. Desde entonces, el Defensor dirige cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias a ese superior jerárquico.

Artículo 22

El Defensor puede pedir a los poderes públicos todos los documentos necesarios, incluidos los secretos; su no remisión debe acordarla el Consejo de Ministros, con certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Investigaciones y trámites se hacen en la más absoluta reserva frente a particulares y organismos, sin perjuicio de lo que incluya en sus informes a las Cortes Generales. Si un documento secreto no remitido pudiera afectar de forma decisiva a la investigación, lo comunica a la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Artículo 23

Si las actuaciones revelan que la queja se originó presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo puede dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio. Con la misma fecha da traslado de ese escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.

Artículo 24

Artículo 25

Si el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones, conoce conductas o hechos presumiblemente delictivos, lo comunica de inmediato al Fiscal General del Estado. Este informa al Defensor periódicamente, o cuando lo solicite, del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia, y le comunica las posibles irregularidades administrativas que conozca el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 26

El Defensor del Pueblo puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso del ámbito local. No necesita en ningún caso la previa reclamación por escrito.

Artículo 27

Si el Defensor del Pueblo llama a informar a particulares que no han promovido la queja, los gastos que estos efectúen o los perjuicios materiales que se les causen serán correspondidos con cargo al presupuesto del Defensor del Pueblo, una vez justificados debidamente. No alcanza a quien promovió la queja.

Artículo 28

El Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración, pero puede sugerir que se modifiquen los criterios con que se dictaron. Si cumplir rigurosamente una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares con acto administrativo habilitante, puede instar a las autoridades administrativas competentes a ejercer sus potestades de inspección y sanción.

Artículo 29

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer dos recursos: el de inconstitucionalidad y el de amparo. Lo hace de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Artículo 30

Con ocasión de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo puede dirigir a autoridades y funcionarios advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias de nuevas medidas; estos deben responder por escrito en un mes como máximo. Si tras sus recomendaciones no hay medida adecuada ni se le dan razones, puede llevar antecedentes y recomendaciones al Ministro del Departamento o a la máxima autoridad de la Administración afectada; sin justificación adecuada, lo incluirá en su informe anual o especial con los nombres de los responsables.

Artículo 31

El Defensor del Pueblo informa al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión y de la respuesta de la Administración o funcionario, salvo que tengan carácter reservado o sean secretas. Si actuó a solicitud de un parlamentario o Comisión (apartado dos del artículo diez), les informa al término de sus investigaciones de los resultados y, si decide no intervenir, les informa razonando su desestimación. También comunica el resultado, positivo o negativo, a la autoridad, funcionario o dependencia afectados.

Artículo 32

El Defensor del Pueblo da cuenta cada año a las Cortes Generales de su gestión mediante un informe, que presenta cuando están reunidas en periodo ordinario de sesiones. Si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseja, puede presentar un informe extraordinario, que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si estas no estuvieran reunidas. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican.

Artículo 33

El informe anual recoge el número y tipo de quejas, las rechazadas y sus causas, las investigadas y su resultado, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones. No incluirá datos personales que permitan identificar públicamente a los interesados, sin perjuicio del artículo veinticuatro punto uno. Lleva un anexo para las Cortes Generales con la liquidación del presupuesto de la institución del periodo. Un resumen se expone oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras, y pueden intervenir los grupos parlamentarios para fijar su postura.

Artículo 34

El Defensor del Pueblo puede designar libremente a los asesores necesarios para ejercer sus funciones, pero debe hacerlo de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios.

Artículo 35

Quienes estén al servicio del Defensor del Pueblo, mientras permanezcan en él, se consideran personal al servicio de las Cortes. A los funcionarios que procedan de la Administración Pública se les reserva la plaza y el destino que tenían antes de su adscripción a la oficina del Defensor, y se les computa a todos los efectos el tiempo pasado en esa situación.

Artículo 36

Artículo 37